El pasado 6 de abril de 2021, el Congreso de los Estados Unidos recibió una lista de funcionarios públicos de Guatemala, Honduras y El Salvador señalados por corrupción o narcotráfico en un reporte preparado por el Departamento de Estado. En el caso de Honduras, los mencionados son seis diputados actuales del Partido Nacional, cinco de ellos investigados por la MACCIH-UFECIC en el caso denominado “Arca Abierta”, y Oscar Nájera, diputado designado anteriormente por la Ley Magnitsky y recientemente sancionado también por el Reino Unido por estar involucrado en corrupción de alto impacto.
Texto: Jennifer Avila
Fotografía: Martín Cálix
“De acuerdo con los requisitos de la sección 7019 (e), este informe identifica a las siguientes personas en Honduras, Guatemala y El Salvador: funcionarios del gobierno que se sabe que han cometido o facilitado actos de “gran corrupción” o tráfico de estupefacientes; funcionarios electos que se sabe que recibieron fondos de campaña que son producto del narcotráfico u otras actividades ilícitas…; e individuos conocidos por haber facilitado el financiamiento de campañas políticas en cualquiera de los países del Triángulo Norte con el producto del narcotráfico u otras actividades ilícitas en los últimos dos años”, dice el reporte que recientemente salió a la luz y que ha sido presentado al Congreso de Estados Unidos a inicios de este año a petición de la congresista Norma Torres. Este documento se presenta antes de la esperada Lista Engel que será publicada por el nuevo gobierno de Joe Biden y no representa una acusación legal, más bien una advertencia sobre corrupción en los países del llamado “triángulo norte”.
Según el reporte, la lista incluye “personas de las que el Departamento tiene conocimiento por información de los medios, informes, información creíble o acusaciones de la conducta en cuestión”. En el caso de Honduras, los nombres revelados hasta ahora son: Juan Carlos Valenzuela Molina, Welsy Milena Vásquez Lopez, Milton Jesús Puerto Oseguera, Gustavo Alberto Pérez, Óscar Nájera y Gladys Aurora López. Todos son diputados en el Congreso Nacional de Honduras y representantes del Partido Nacional, el partido del actual presidente Juan Orlando Hernández, mencionado innumerables veces como co-conspirador para el tráfico de drogas en varios casos por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
A continuación la traducción de la sección 1: Altos funcionarios gubernamentales que cometieron o facilitaron corrupción o narcotráfico.
-Juan Carlos Valenzuela fue acusado en el caso de corrupción “Arca Abierta” investigado por la MACCIH por la malversación de $800,000 de varias agencias gubernamentales. Un tribunal desestimó provisionalmente el caso de Valenzuela en febrero de 2019.
-Welsy Milena Vásquez López, actual integrante del Congreso Nacional. Acusada en el caso de corrupción “Arca Abierta” investigado por la MACCIH por la malversación de $ 800,000 de varias agencias gubernamentales. El caso no procedió a juicio.
-Milton Jesus Puerto Oseguera, actual miembro del Congreso Nacional, acusado en el caso de corrupción “Arca Abierta” investigado por la MACCIH por la malversación de $ 800,000 de varias agencias gubernamentales. El caso no procedió a juicio.
-Gustavo Alberto Pérez, actual miembro del Congreso Nacional, acusado en el caso de corrupción “Arca Abierta” investigado por la MACCIH por la malversación de $ 800,000 de varias agencias gubernamentales. El caso no procedió a juicio.
-Oscar Nájera, actual miembro del Congreso Nacional. Presuntos vínculos con la organización de narcotráfico “los Cachiros”. Designado por el Departamento de Estado bajo 7031 (c) por corrupción significativa.
-Gladys Aurora López, integrante del Congreso Nacional. Acusada en el caso de corrupción “Arca Abierta” investigado por la MACCIH por malversación de $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
El diputado Óscar Nájera fue designado por la Ley Magnitsky pero también este año, el Reino Unido, designó al congresista en un mecanismo de sanción internacional similar a la Ley Magnitsky, “debido a su participación en importantes actos de corrupción”.
Según reportó el medio Proceso Digital “en su capacidad oficial, Óscar Ramón Nájera facilitó sobornos a funcionarios públicos que apoyaban a una importante organización de narcotráfico “Los Cachiros”. Conducta de esta naturaleza socava gravemente el estado de derecho y la confianza en las instituciones públicas de Honduras. Las sanciones incluyen una congelación de activos y prohibición de viajar, reza una nota del sitio oficial del Reino Unido”.
En 2017, Contracorriente ya reportaba las actividades sospechosas del diputado Nájera quien para ese entonces llevaba 27 años en el poder. En las elecciones primarias de 2021 fue el segundo diputado más votado del departamento de Colón en el norte de Honduras y va en la carrera política por su octava reelección en el Congreso Nacional, un órgano del Estado que él ha convertido en su feudo. A pesar de las denuncias de vínculos con el narcotráfico, este diputado nacionalista sigue gozando de inmunidad y lidera importantes comisiones legislativas, como la encargada de crear un reglamento para que la Consulta Previa Libre e Informada se legalice en Honduras.
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Por otro lado, el resto de congresistas mencionados en el reporte fueron investigados por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) a la que el mismo Congreso Nacional dio el tiro de gracia en 2019. La periodista Vienna Herrera reportó para este medio que los diputados recibieron dos millones de lempiras de Casa Presidencial ($83,333), tres millones del Congreso Nacional ($125,000) y 16 millones de la Secretaría de Finanzas ($666,000) en menos de dos meses mediante transferencias que se depositaron en la cuenta bancaria de Banco PROMERICA que tenía la Asociación Planeta Verde, una ong “de maletín”. La fiscalía señaló que posteriormente los fondos se trasladaron a las cuentas personales de diputados propietarios y suplentes, al igual que a sus familiares y terceras personas. El procedimiento de Planeta Verde es similar al Caso Pandora, donde a través de dos ONG’s se sacaron más de 283 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para financiar campañas políticas del partido Liberal y Nacional, como también favores particulares.
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La diputada Gladys Aurora López, además implicada en un conflicto medioambiental por represas que su esposo Arnold Castro construyó sin consulta en territorios indígenas, fue la diputada más votada del departamento de La Paz en las elecciones primarias de este año, lo que le garantiza una reelección en las elecciones generales de noviembre 2021. Una suerte diferente sufrió la diputada por el departamento de Cortés, Welsy Vásquez, quien no logró suficientes votos para asegurar la candidatura para su reelección en noviembre y quien, por esta razón, podría perder los beneficios que produce la impunidad.
Los diputados por el departamento de Lempira, Gustavo Alberto Pérez y Juan Carlos Valenzuela, quedaron fuera de la contienda electoral en esta ocasión mientras que el diputado Milton Jesús Puerto del departamento de Yoro logró su candidatura para la reelección siendo el segundo más votado de su departamento.
El 4 de agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia de Honduras dictó un sobreseimiento a favor de los implicados en el caso Arca Abierta, entre estos, Juan Carlos Valenzuela, Gladys Aurora López, Welsy Vásquez, Milton Puerto y Gustavo Pérez.
El pasado 28 de abril, Óscar Nájera dijo que retaba públicamente a las Naciones Unidas, a los derechos humanos y al mundo entero, tras la sanción impuesta por el Reino Unido. Aseguró es una acusación falsa y una vil mentira. “Me someto a la justicia divina y terrenal, soy un hombre limpio e inmaculado por más de 50 años trabajando en la producción de alimentos”, aseveró Nájera, según recoge el sitio Once Noticias.
En territorio nacional, todos estos diputados fueron liberados de los cargos presentados por la MACCIH y actualmente no enfrentan acusaciones por corrupción.
