En Honduras, diversas iniciativas ciudadanas han desnudado actos de corrupción en el manejo de alrededor de 2 mil millones de lempiras de presupuesto ejecutado para enfrentar la emergencia por #COVID19. Los fondos ejecutados presentan irregularidades como sobrevaloración de bienes e incumplimientos a la ley de contratación del Estado al haber proveedores con vínculos familiares con funcionarios. Ante las denuncias ciudadanas, el Estado se defiende aduciendo que es un error de subida de datos. El abogado y catedrático universitario Ramón Barrios ha identificado un grupo de personas, nuevos empresarios con vínculos políticos, que se están beneficiando de la crisis, aquí lo entrevistamos:
