Despertar entre palmeras y seguir en la pesadilla

El Bajo Aguán despertó del letargo. Los asesinatos habían bajado durante los últimos años, pero en 2017 la violencia repuntó. Un supuesto arreglo entre terratenientes, Estado y campesinos para detener el conflicto agrario, la recomposición de las estructuras criminales del narcotráfico tras la caída del imperio de los Cachiro y un año marcado por unas elecciones irregulares, hizo que el Aguán se despertara violentamente con una nueva generación que busca sobrevivir a las mismas raíces del conflicto, adormecido pero no resuelto.

En casa de Leo aún sigue estacionada la carreta con los impactos de las balas que lo mataron. Leo apenas tenía 13 años y a esa edad en el Bajo Aguán ya había dado su primera premonición de muerte: «Yo voy a morir al pie del caballo». Y así murió Leo, al pie del caballo mientras llevaba en su carreta una carga de fruta de palma africana que un grupo de campesinos en Rigores sacan de una finca de la empresa Dinant de Miguel Facussé. Su familia no habla mucho del caso por temor, cada veinte minutos –más o menos– pasa frente a su casa un niño así como Leo, cargando en una carreta palma africana, pasan y hay un silencio total. Todo mundo lo sabe, hay militares y policías en las entradas y salidas de esa comunidad y otras aledañas. El robo de palma de una finca abandonada por procesos de recuperación de tierras ha generado otro conflicto, uno interno. La presencia militar solo lo agudiza.

«Yo creo que primero mataron al caballo y a saber el niño cómo se puso, a saber cómo fue la muerte de mi niño», dice su abuela quien habla bajito no solo porque el llanto le corta la voz sino porque tiene miedo, la comunidad donde ella ha vivido por más de 40 años se ha convertido en una laberinto confuso donde le arrebataron a su pequeño nieto el pasado 15 de noviembre, a pocos días de las elecciones.

Según estadísticas de la Policía Nacional, de 2012 a 2017 en el Bajo Aguán las muertes bajaron en un 30%, después de que entre 2008 y 2010 más de 120 asesinatos se ejecutaran en el marco del conflicto agrario y esta emergencia llamara al Estado a establecer una unidad especial de investigación de muertes por el conflicto agrario del Ministerio Público en Tocoa, Colón, la UMVIBA (Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán).

Esta oficina de la fiscalía está instalada en una casa de habitación en un barrio de Tocoa. Al entrar, hay dos banderas, la del Ministerio Público a la par de la de Estados Unidos. Frente a frente están las oficinas del coordinador de fiscales y el asesor de la Embajada, Nelson Roena. Un grupo de investigadores muy jóvenes trabajan en una oficina colectiva, donde antes apenas había dos personas encargadas de todos los casos. El segundo al mando, el fiscal Juan Villalobos nos recibe y cuenta las bondades de la Embajada de Estados Unidos que hace posible el trabajo de la UMVIBA, desde el alquiler de la casa, el combustible, cosas más logísticas, dice.

«Si pueden ver esa planta de electricidad, fue una donación de la Embajada, de repente vienen muebles, mesas, sillas, televisores para algún tipo de conferencia, impresora, las tintas, combustible, a veces viáticos para los fiscales para realizar giras. Nos ayudaron con más de 40 exhumaciones que hicimos el año pasado, entonces en realidad para nosotros como institución es de enfrentarse a la burocracia que pedimos algo y se tardan demasiado, entonces Estados Unidos dice “pídanos a nosotros que ya tenemos el dinero aquí».

Hace 3 años que Villalobos es fiscal del Estado y el Aguán fue su primer destino. Es un hombre joven que tiene esperanza en que la institucionalidad funcione con el apoyo y la presión que ejerce la Embajada de Estados Unidos para que se aclare el panorama tan adverso del Aguán.

«Yo no podría decir que hubo un drástico, pero sí un gran número de reducción de las muertes provenientes de este conflicto agrario desde 2014. Para 2008, 2009, 2010, 2011 que era de entre 20 y 30 muertes al año. Cuando se crea la unidad en abril de 2014 ese año se lograron dos sentencias condenatorias. En 2015 hubo 2 muertes, en 2016 se recrudeció y hubo 5 muertes relacionadas al conflicto. De manera no oficial, sospechamos que por el ambiente político que hubo en el país el año pasado, hubo un repunte de 7 muertes relacionadas al conflicto», explica. Es inusual que un fiscal hable tanto de los casos y con tanta soltura ante la prensa.

Sobre el asesinato de Leo, Villalobos dice que está en investigación porque «el hecho de que un campesino muera no significa a ciencia cierta que haya sido por un conflicto agrario, pueda que haya sido por un problema amoroso, por uno personal, delincuencia común».

Pero la UMVIBA se esfuerza por mostrar que en el conflicto agrario las víctimas y victimarios no están muy demarcados. Las muertes violentas se dan en relación a la disputa de tierras que se ha venido suscitando entre campesinos, miembros de la empresa privada (como empresarios de palma, otros terratenientes independientes) y con el mismo Estado. Pero las trincheras no están claras y la UMVIBA tiene casos muy bien armados en los que las estructuras criminales están establecidas, sobre todo las que tienen que ver con movimientos campesinos infiltrados. Son pocos, muy contados los militares señalados por delitos contra la vida, dice el fiscal, y hay un solo caso en contra de guardias de seguridad de una empresa que al final no sufrió consecuencias penales.

Pero el caso de la banda de Céleo Rodríguez en el asentamiento campesino la Confianza del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) está cada vez más cuajado y la institucionalidad funciona en su máxima capacidad para  llegar al fondo.

«Los casos en su mayoría no son guardias y militares, sino que es más este tipo de bandas que se dedicaban a la lucha de poder en su momento», amplía. Cuando se le pregunta si hay agentes del Estado involucrados en las muertes dice que muy poco, a pesar que hay casos como el de los guardias de la empresa Agropalma propiedad del nicaragüense René Morales, que muestran cómo las estructuras militares controlan en este conflicto. Son exmilitares los imputados en este caso, son ellos los guardias de las fincas.

Pero comenzamos a tocar el tema y Villalobos nos da otro ejemplo: «Tenemos otra condena que se dio en el último cuarto de 2017 de esta banda que se hacían pasar por guardias de Dinant (empresa de la familia Facussé), se acercaban a sus mismos grupos campesinos y mataban a sus disidentes y la gente a quienes veían actuar era a los guardias de Dinant, por decirlo así. Esos uniformes eran los mismos que utilizaron guardias de Dinant que ellos asesinaron. Todo lo que estoy hablando son hechos probados, hechos que ya están en un tribunal y eso me permite divulgarlo. Mi punto de vista es que nosotros estamos trabajando para quedarnos sin trabajo, resolvemos estos casos y la unidad no tendría más razón de ser», dice Villalobos.

Cuando el presidente del MUCA, José Ángel Flores, fue asesinado con su junta directiva, dice Villalobos que fue una noticia dura para él, porque Flores había estado en su oficina un par de días antes para denunciar amenazas dentro de comunidad, conflictos internos. La banda de Céleo es a la que se refiere Villalobos y se le vincula con más de cien asesinatos, una banda liderada por el yerno de Rafael Alegría, diputado de LIBRE (Libertad y Refundación) y eterno dirigente agrario.

Alegría aseguró en su momento que su yerno el día que mataron al presidente del MUCA estaba en una clínica con sus dos nietas, quienes estaban enfermas. “Hay grupos mal intencionados que en algún tiempo dijeron que estaba armando una guerrilla y que la fuente era la inteligencia militar, fui donde el presidente Porfirio Lobo para que me explicara lo que estaba pasando y se aclaró el problema. Después me vincularon con entregar armas a los campesinos, exijo que se investigue y que no me involucren a mí en esas cosas porque todos conocen mi conducta”, expresó a medios de comunicación en octubre de 2016 cuando se dio el crimen.

«Venga el presidente que venga, nosotros seguiremos en la tierra»

Un grupo de campesinos jóvenes en un lote de una finca de Miguel Facussé en la comunidad Panamá de Tocoa, nos dice que tienen videos de policías recibiendo sobornos para dejar pasar a los campesinos con la palma para venderla afuera. Nos enseñan el video en el que se ve claramente a un policía embolsándose un rollito de papel, mientras se da la mano con un hombre. Nos enseñan el video y a menos de 100 metros hay una barricada de militares, detrás, una pequeña casa de bloques donde duermen los que están en turno porque allí, en ese sitio, alrededor de 25 familias se han instalado para recuperar 1200 hectáreas de tierra que la empresa DINANT de Miguel Facussé tiene cultivadas con palma africana.

Entraron a las tierras en 2012 tras la muerte de Gregorio Chávez, un campesino asesinado por guardias de Dinant en el lote 8 de la finca Panamá e intermitentemente han sido desalojados y han regresado. Ahora están instalados de nuevo.

Llueve copiosamente y los campesinos insisten en que les tomemos fotografías, no niegan el robo de palma porque aseguran estar muriendo de hambre y de todos modos la empresa no está cultivando mientras ellos tengan las tierras tomadas. El hambre no es algo que ellos dicen nada más, las condiciones en las que viven son infrahumanas, apenas han ajustado para un poco de arroz blanco ese día, y como llueve sin parar todo se queda atrapado en una mezcla de lodillo chicloso, los niños patalean charcos y el cielo está oscuro, todo es gris, triste y pobre en ese asentamiento. Las familias se protegen en champas de plástico y manacas para comer la masa blanca de arroz y un café bien dulce.

La crisis política no es determinante en el conflicto del Aguán. Angélica Gómez, una mujer con 6 hijos que se mantiene en el asentamiento dice que «venga el presidente que venga» ellos no se irán de la tierra. Los militares los han intentado desalojar pero ellos al día siguiente regresan a pesar de las amenazas. Angélica es esposa de Santos Torres, el líder del movimiento que en este lugar tiene el nombre del primer asesinado: Movimiento Campesino Gregorio Chávez. A Torres, justo después de las elecciones lo llevaron detenido por robo de palma africana.

«Nosotros luchamos porque nos mataron al finado Gregorio Chavez y al finado Alfredo Rodríguez. Pensamos seguir aquí, ya puede entrar el gobierno que entre seguimos en posición, aunque estemos durmiendo en estas varas, nosotros vamos a trabajar porque morimos de hambre. Los militares nos quitan la palma y cobran hasta 60 mil lempiras para recuperarla,  si no se agarran la palma para ellos» cuenta Angélica. Sus 4 hijos mayores fueron a cortar palma, su única hija tiene 15 años y es quien más le preocupa porque algunos militares ya la intentan seducir y la chica que apenas llegó a 6to grado corre el gran riesgo de ser violentada.

«A veces nos gritan, nos dicen malas palabras, nos dicen que estamos ricas, yo les digo que ella está muy pequeña, pero es que aquí hasta han violado mujeres», cuenta Angélica quien además explica que ver a los militares le da asco, nervios, inquietud, terror.

En 2012, la primera vez que los campesinos se organizaron tras el asesinato de Gregorio Chávez, el asentamiento fue desalojado y Dinant recuperó las tierras con apoyo de las Fuerzas Armadas. «Dispararon 20 mil tiros y 300 bombas lacrimógenas en ese desalojo», cuenta Santos Torres.

En 2014 volvieron a tomar la tierra pero en ese tiempo una banda delincuencial, según Torres contratada por Dinant, andaba en la comunidad amenazando a los campesinos hasta que lograron desalojar de nuevo la zona. Ahora en 2017 han regresado. «Aquí hay guardias vestidos de militar, el coronel Coca lo sabe, andan en una 3.0 blanca encapuchados y todo eso se ve desde aquí, continúa la amenaza contra nosotros», cuenta Torres. En el Aguán las historias de disfraces las cuentan en todos lados.

Al coronel Hugo Lorenzo Coca lo visitamos en el batallón de infantería y nos recibió aduciendo que él es un hombre de concordia y diálogo pero que «por la crisis política y social, con todas las acusaciones que recaen contra las Fuerzas Armadas, hay disposición de que no se den entrevistas sin previa autorización del Estado Mayor Conjunto». El coronel Coca nos dio la bienvenida preguntándonos si ya habíamos escuchado «las mentiras del Aguán».

El valle del Aguán es tierra de especulación, todo se presta para eso.

La comunidad alega que las 1200 hectáreas son tierras para la reforma agraria, que fueron compradas por Facussé de forma ilegal y ahora la negociación gira en torno al pago de «mejoras» por la tierra. El coronel Hugo Lorenzo Coca, nombrado como mediador en el conflicto agrario siendo jefe de la Operación Militar Xatruch, solo ha dilatado el problema, dice Torres.

Angélica, allí en su casa de manaca donde apenas tiene una hamaca y dos catres de caña brava, rodeada de sus niños pequeños asegura que ellos no quieren la palma africana, que lo que quieren es la tierra.

Pero la tierra del Aguán –el valle más productivo del país– está inundada de palmera aceitera. Entre 2004 y 2017, la superficie de palma africana se duplicó en el país, pasando de 69,000 hectáreas a cerca de 150 mil hectáreas, el tamaño de la ciudad de México. El presidente Juan Orlando Hernández prometió a inicio de su gobierno, en 2013, duplicar  los cultivos, así como la cantidad de plantas procesadoras, que en este momento son 15. Entre enero y junio de 2017 el principal exportador de aceite de palma fue Guatemala, con $166 millones, seguido de Honduras, con $136 millones, Costa Rica, con $61 millones, Nicaragua, con $9 millones, Panamá, con $6 millones y El Salvador, con $400 mil. Esos miles de dólares son inimaginables para Angélica que lo único que sueña es que no le maten a sus hijos y poder tener la tierra para criar «animalitos» y comer todos los días algo más que arroz blanco.

Intentamos hablar con Manuel Reyes, director del Instituto Nacional Agrario (INA) en el Aguán, pero a pesar de confirmar la cita no llegó y no contestó más. El INA es el encargado de solucionar el conflicto agrario, pero parece evadirlo.

Juan Frañó, director del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), ha estado 11 años asignado a Tocoa, ya poco le sorprende. El Conadeh funciona en una casa incautada a los Cachiro. Frañó se siente satisfecho por la reducción de muertes en el Aguán pero anticipa que la situación no se pondrá mejor, al contrario, la situación política puede recrudecer la violencia en la zona.

«Desde el proceso de resistencia al golpe de estado en 2009, hasta la inconformidad por las elecciones de 2013 y ahora la reelección de Juan Orlando Hernández, todo está relacionado con la problemática agraria porque aunque son situaciones políticas, los grupos campesinos siempre han apoyado a estas causas sociales, sobre todo de transformación y de lucha social contra el gobierno opresor, injusto, cruel y corrupto. En las puertas de este nuevo año ya se están anunciando las acciones de protesta sobre todo para este mes de enero ante la toma de posesión, esto debido a que las autoridades oficiales reconocieron a Juan Orlando como presidente de la república, pero los campesinos y demás movimientos populares a nivel nacional están organizando la acción de respuesta o protesta contra este tipo de situaciones», cuenta Frañó

Santos Torres no está de acuerdo y asegura que al menos, su movimiento, no solo se ha mantenido al margen de los movimientos históricos como MUCA, sino también al margen de la política partidaria. «La política allí queda y después nos dejan con el problema a nosotros», dice Torres, quien no confía en nadie. En el Aguán la inconformidad con el gobierno de Hernández no se personaliza y no mira partido político, trasciende los caudillos y las promesas políticas, en realidad no confían en nadie.

Cerca de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, el pasado 20 de enero Anselmo Torres, un campesino que se transportaba en una bicicleta hacia su trabajo fue abatido por una bala militar en medio de la represión a las protestas pactadas en el marco de un paro nacional. El Aguán se ha convertido en territorio de guerra, la logística militar con toda la potencia, la concordia del coronel Coca se traduce en más armas y convoys militares.

Esperando el día en que se lleven todo

«Mi hermana ya se quiere venir de Estados Unidos porque no aguanta el frío», cuenta una de las niñas en la comunidad de Luxon en Sabá, Colón. Su hermana tuvo que migrar porque en su comunidad no hay oportunidades, a ella incluso este año no la matricularán en la escuela porque la comunidad está bajo el asedio militar y en un conflicto con otra comunidad campesina que hace más peligroso que las niñas y los niños se movilicen hacia la escuela.

«Es que si me voy sola por las palmas me pueden agarrar», cuenta la niña que ahora solo espera que su hermana le ayude a irse a ella también. En Luxon casi todas las familias tienen a un miembro joven que ha migrado, a pesar de ser una comunidad campesina que se conformó por la recuperación de una tierra que fue ilegalmente vendida a un terrateniente local y pareciera que el sentimiento de pertenencia es fuerte.

Son 72 hectáreas en conflicto, parte de unas tierras adjudicadas a la cooperativa Unión San Francisco Limitada durante la reforma agraria, la cooperativa vendió irregularmente las tierras y ahora, los hijos de esos cooperativistas se tomaron las tierras en 2011 para sanearlas. Ésta es una zona vulnerable, a la rivera del Río Aguán, pero allí se han establecido los últimos 7 años. Tienen cultivos de palma africana, plátano, maíz y un centro comunal donde se reúnen. Las casas son de bloque y la comunidad no se ve sumida en la miseria, han logrado obtener varios proyectos apoyados por organizaciones sociales y de Derechos Humanos.

«Porque la zona es muy baja y es más rentable la palma a ellos como que les ha codiciado la situación y han querido de cualquier forma sacarnos de ese lugar», cuenta Jorge Mejía, miembro de la junta directiva de la cooperativa que conformaron desde 2011. Los ex cooperativistas se volvieron a unir y en 2014 comenzaron un litigio contra ellos.

Mantener enfrentados a los grupos campesinos parece una estrategia: el Instituto Nacional Agrario no resuelve, las Fuerzas Armadas mantienen el asedio y las organizaciones de Derechos Humanos tienen las manos atadas, todo es cuestión de tiempo.

Jessy tiene 26 años y 4 hijos. Desde los 16 comenzó a parir hijos y se dedicó al hogar hasta que su esposo le propuso unirse al proceso de recuperación de estas tierras. Jessy no quería, pero el hombre de la casa lo había decidido. Así, Jessy, se movió a ese potrero con sus niños y comenzó a involucrarse, un día su esposo decidió migrar a Estados Unidos y dejarle su puesto como socio de la cooperativa a ella. Ahora integra la junta directiva y es muy activa en su cargo, pero eso también le ha traído graves problemas, ahora está en un proceso judicial por usurpación de tierras y vive en una pequeña choza de adobe y manaca esperando el día que lleguen a desalojar su comunidad.

«Yo no les dirijo la palabra a los de la cooperativa, incluso por desgracia mis tíos, mis tías pasan allí, es un poco complicado pero a la vez por educación yo les saludo pero de ahí nada. Todo eso ha sucedido desde el tiempo que nos procesaron» cuenta Jessy quien debe ir a firmar a los Juzgados cada quince días como medida sustitutiva. La cooperativa paralela está conformada por familiares suyos y de los otros socios, en realidad es una comunidad que se parte entre el conflicto de tierra y rompe los lazos familiares.

Los socios de la otra cooperativa aducen que todo lo sembrado es de ellos y que les han usurpado sus cultivos, que no es de 2011 que están asentados en Luxon, sino desde hace al menos dos años.

Los riesgos son altos cuando los conflictos son internos mientras las autoridades se voltean para no ver.

«Los de la otra cooperativa dijeron en la audiencia que nosotros los hemos amenazado en la comunidad, pero es mentira, yo desde que entro no salgo, si mis hijos van a hacer mandados nosotros no volvemos, corremos riesgos porque estamos amenazados, estamos en el ojo de la bala y nosotros no vamos a  permitir perder esta tierra.» explica Jorge Mejía mientras Jessy dirige la asamblea de socios en la planta alta del barracón que les sirve de oficina y almacenamiento de granos.

A estas cooperativas solo las divide una calle y han delimitado con un cerco los cultivos de palma africana. Son vecinas.

Mientras los adultos platican, los más jóvenes, niños y niñas, ven videos de youtube en sus celulares. El barracón tiene wifi, la mayoría de la gente usa el internet para entretenerse pero sobre todo para mantenerse en contacto con sus seres queridos en Estados Unidos. La comunidad vive del cultivo pero también de la remesa.

Jessy acaba de despedirse de su única niña porque cumplió 9 años y quería estudiar, en la comunidad eso no iba a ser muy fácil, así que decidió enviarla donde su padre a Estados Unidos de manera indocumentada. Jessy se deprime, algunos días no sale de casa, piensa en todo a lo que ha tenido que decir adiós y piensa en el día que le toque ver destruida su comunidad por un desalojo.

Los nuevos rostros de la resistencia campesina

Son rostros a contraluz, tienen miedo. En la comunidad Guadalupe Carney es donde más tomas de carretera y represiones hubo en este tiempo de crisis post electoral, es una comunidad históricamente luchadora y ahora un grupo de más de 200 jóvenes lideran el movimiento campesino y se sienten amenazados.

Denia de apenas 19 años es una de las jóvenes en el grupo «Mártires del Tumbador». La comunidad Guadalupe Carney fue fundada en el año 2000 por el Movimiento Campesino del Aguán (MCA) tras recuperar un territorio que perteneció a las Fuerzas Armadas y después pasó a manos de ganaderos en los años 80s y 90s. Guadalupe Carney, el nombre que adopta la comunidad es en honor a un sacerdote jesuita que impulsó una reforma agraria que le diera los valles más ricos a los más pobres de Honduras. Carney desapareció en 1983, pero su iglesia siguió, es la iglesia católica que empuja a los campesinos.

En 2002, el Movimiento Campesino del Aguán entró a las tierras del antiguo Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), en la hacienda El Tumbador. Allí, militares dispararon asesinando a 5 de los líderes de este movimiento, hirieron de gravedad a otros. Denia solo tenía 14 años y fue allí cuando supo que debía hacer que la lucha de sus compañeros no quedara en vano.

En marzo de 2010 hicieron su primera toma de tierras. Ese día caminaron durante horas para entrar en las 250 hectáreas del diputado Óscar Nájera, nacionalista, mencionado por los Cachiros de estar en reuniones donde sobornaban al hijo del presidente Porfirio Lobo Sosa a cambio de protección.  Los campesinos acusan a Nájera y a los empresarios Miguel Facussé y Reynaldo Canales de haberse apropiado de 1200 hectáreas de tierra en ese territorio con jugadas políticas, la medición dejó afuera de la expropiación sus tierras.

Denia sueña tener esa tierra para sus futuros hijos, pero teme, le tiembla la boca, pide no fotografiarla de frente, revisa las fotos para aprobarlas y revisará las hechas a sus compañeros porque se cuidan con la razón de sus mártires en la memoria.

«Somos 25 mujeres y de ahí la mayoría son varones. Pero en el transcurso de la recuperación tierra solo quedaron como 135 personas que siguen en la lucha, es que los jóvenes al ver las represalias contra ellos se han ido retirando y es un camino que no es fácil. Cuando estuvimos pasaban los militares, como mandaderos del gobierno, pasaban todos los días intimidando, detuvieron a uno y la golpiza que les dieron que tampoco fue para menos», cuenta.

Pero los militares son campesinos igual que ellos, en este movimiento incluso hay jóvenes que estuvieron en las Fuerzas Armadas ya que en zonas tan deprimidas como ésta,  sin empleo y sin oportunidades de estudio, entrar al ejército es una oportunidad para sobrevivir ganando un poco más que lo que se gana en el campo como jornalero. Aquí, los sueños aunque van más allá de la tenencia de la tierra, no tienen condiciones de ser materializados. Son jóvenes con cortes de cabello modernos y con la mirada fija en el futuro, o en cómo dibujar un mejor futuro para ellos. Lo tienen claro, si acaso hay futuro será el que el grupo mismo se construya.

Estos chicos hablan de enfrentarse a los militares, que los conocen, esto se ha convertido en una guerra entre jóvenes.

«De aquí de la comunidad hay como cuatro compañeros en las FFAA y otros compañeros de la escuela, los he visto y hasta me han agredido aquí en las huelgas.

Pienso que uno desde pequeño tiene un mando y desde que uno elige una cosa así porque le gusta y hay jóvenes de nosotros que no nos ponemos a pensar a quién le vamos a hacer daño porque hay compañeros de aquí que no saben si va a andar su hermano, su familiar, su madre o su padre porque ahí ellos lo tienen que hacer porque ellos son mandados» cuenta José, él creció sin padre porque fue asesinado mientras regresaba de un día largo de trabajo en el campo, no se sabe quién, nunca se castigó al asesino y eso ha hecho que José luche por la tierra con mayor indignación. Y a José también casi lo matan en el campo un día que con 5 compañeros fueron a cortar leña a una finca de Miguel Facussé, un guardia de seguridad le disparó y solo le rozó la costilla, fue un accidente, dice José.

«Pues, la verdad solo Dios sabe porqué lo hace, porqué estamos sufriendo. Tal vez él tiene algo mejor para nosotros más allá. Hay que sufrir en este mundo para lograr algo», continúa José y piensa en sus compañeros de escuela que ahora ve con uniforme militar y que por mandato –de la vida quizá– son sus enemigos.

Mientras los jóvenes hablan con nosotros, en el kiosko en el centro de la comunidad hay una asamblea para determinar qué harán para protestar contra el fraude electoral, en contra de la violencia en las comunidades campesinas, la represión militar.

Allí en la asamblea está José Isabel Morales, un luchador agrario que estuvo 7 años preso injustamente, fue juzgado 3 veces por el mismo delito en el que se le acusó de incendiar la casa de la familia del comisionado Henry Osorto Canales y asesinar a 11 miembros de su familia por el conflicto de tierras en el CREM. Su inocencia se comprobó tras 7 años de cárcel y el mensaje de estigma contra la comunidad Guadalupe Carney sigue pesándoles. «Chabelo» –como cariñosamente le dicen en la comunidad– está preocupado, le cuesta creer que los jóvenes tomarán decisiones correctas, decisiones sin arrebato, desde la estrategia y no desde el resentimiento. Nadie quiere que vuelva a correr la sangre en el valle del Aguán, la sangre joven.

El 25 de enero de 2018, cuando las protestas contra el gobierno de Juan Orlando Hernández se recrudecían antes de su toma de posesión, en la Guadalupe Carney capturaron a Pedro Ulloa, un campesino de 63 años que además es conocido en la zona como miembro del Observatorio Permanente de Derechos Humanos. La fiscalía activó una orden de captura que Ulloa tenía desde hace 10 años, justo por el mismo delito del que acusaron a Chabelo. El 31 de enero, Ulloa fue liberado de cargos con un sobreseimiento provisional, pero el mensaje está dado: la comunidad Guadalupe Carney carga con las muertes de la familia del comisionado Osorto Canales y esto puede ser un condicionante de su lucha contra el gobierno, de su nuevo camino de conquista de la tierra.

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A Leo le hicieron un mural los compañeros de clase en la escuela, su abuela no soporta verlo. Con odio dice que ella sabe que ese crimen se quedará así, impune. Pudo haber sido un militar, un policía, un campesino, un traficante, un guardia “a saber”, dice mientras enlista. Su niño podía haber estado en otro sitio, en un lugar menos violento, menos confuso, un lugar con mejores oportunidades para un niño de 13 años. Carga culpa ella y toda la comunidad. Los jóvenes pasan cada tanto con una carreta llena de fruta de palma, todos cargan culpas en el Aguán. La tensión en casa de los abuelos de Leo, en la única calle de la comunidad, en la carretera de vuelta a la ciudad dice más que lo que la gente se atreve a decir.

El Aguán sigue siendo un territorio hostil.

Texto: Jennifer Avila

Fotografías: Martín Cálix