La noche del 14 de septiembre, después de una celebración religiosa en su comunidad, Juan López — regidor de la alcaldía de Tocoa y reconocido líder ambientalista en la región — fue acribillado dentro de su vehículo por un sicario en una motocicleta. La presidenta Xiomara Castro ha prometido poner todas las capacidades de las fuerzas del orden para investigar este asesinato. López había solicitado recientemente la renuncia voluntaria al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, militante del Partido Libre quien recientemente salió en un video en el que se le ve negociando con narcotraficantes y otros políticos importantes del actual gobierno.
Texto: Jennifer Avila con reportes de Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen
Cuando escribimos el perfil de Juan López en 2020, en plena pandemia, lo titulamos Cómo defender el medioambiente sin convertirse en mártir. Tenía sentido en ese entonces, después del asesinato de la reconocida ambientalista Berta Cáceres y de que Honduras fuera el país más letal para defender los recursos naturales; Juan destacaba por su esperanza, a pesar de haber sido encarcelado y constantemente amenazado, él continuaba al frente de una lucha muy desigual. Hoy ese titular no tiene sentido porque a Juan lo asesinaron.
Juan López fue un líder comunitario, un líder religioso de la Iglesia Católica y un defensor ambientalista. En los últimos días, de manera muy frontal, López solicitó la renuncia del alcalde Adán Fúnez, a quien venía denunciando por sus presuntos vínculos con el crimen organizado en la zona.
«[…] En caso contrario debe ser la fuerza popular que lo obligue a renunciar porque ya no es bajo estos términos la persona indicada para guiar los destinos del municipio», apuntó Juan en el contexto de la publicación del video en el que Fúnez y Carlos Zelaya aparecieron negociando sobornos con narcotraficantes.
Juan sobrevivió a muchas violencias en su lucha por defender la montaña Carlos Escaleras en Colón. En 2019, fue criminalizado por varios delitos, entre ellos incendio agravado y privación injusta de la libertad, y fue señalado por la policía de investigación como líder de una banda criminal, él junto a más de 30 ambientalistas fueron procesados y encarcelados. Sin embargo, Juan recientemente había denunciado nuevos procesos de criminalización que estaban preparando contra él y otros miembros de su comunidad.
También Juan y sus compañeros del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa sufrieron campañas de desprestigio por parte de personas vinculadas a la empresa minera Los Pinares, el titán al que Juan se enfrentó desde que esta empresa obtuvo irregularmente dos concesiones mineras en una zona protegida.
La ministra en funciones de la Secretaría de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, escribió en su cuenta de X «Condenamos vil asesinato contra Juan López, reconocido defensor de bienes comunes y públicos, regidor de la municipalidad de Tocoa, gran ser humano, gran luchador histórico, amigo entrañable. Exigimos Justicia, investigación y cárcel para sus cobardes asesinos […]» sin mencionar que Juan López contaba con medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que fue asesinado en su vehículo y en su comunidad en la que no tenía ninguna garantía de protección. Esto es algo que se repite en Honduras. La ambientalista y líder social, Berta Cáceres fue asesinada en 2016 contando con medidas de protección.
Esly Banegas, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA, dijo a Contracorriente a pocos minutos de este asesinato que, según información preliminar, fue una persona en motocicleta quien asesinó a Juan al salir del servicio religioso.
Además, aseguró que Juan y otros defensores del ambiente en la zona habían recibido diversas amenazas tras la serie de cabildos abiertos que Adán Fúnez impulsó a finales de 2023 e inicios de 2024 para la instalación de un proyecto de generación de energía de grupo EMCO y que habían respaldado varios funcionarios de gobierno, entre ellos Lucky Medina, el secretario de Recursos Naturales y Ambiente. Grupo EMCO también incluye la empresa minera Los Pinares de los empresarios Lenir Pérez y Ana Facussé. Pérez es investigado en Estados Unidos por su relación con la empresa Nucor Corporation.
Esly también explicó que las fuerzas de seguridad e investigación del Estado habían iniciado procesos de persecución y reactivado procesos de criminalización contra los defensores del medio ambiente.
Rita Romero, abogada del Comité le dijo a Contracorriente que «es un crimen pensado, quisiera creer que esto por lo menos dará su fruto poniendo sobre la mesa lo que ha significado la complicidad del Estado en esta muerte y muchas otras».
El padre Ismael Moreno, exdirector de Radio Progreso y reconocido líder social exigió públicamente que una comisión internacional acompañe al Ministerio Público en la investigación de este asesinato y que no quede en la impunidad ya que no se tiene confianza en las instituciones de investigación y justicia.
La organización Global Witness en su informe sobre las agresiones a defensores de la tierra y el medioambiente indicó en su más reciente informe que en Honduras en el año 2023 fueron asesinados 18 ambientalistas. Esto convierte a nuestro país en el más peligroso de Centroamérica para los activistas y es el tercero en América y en el planeta, solo detrás de Colombia y Brasil.
