Pasaron los 180 días que la Ley HR-2615 estipulaba para que el Departamento de Estado presentara al Congreso de Estados Unidos la lista de actores involucrados en corrupción y afectación de la democracia en Guatemala, Honduras y El Salvador. La lista, conocida popularmente como Lista Engel, se ampliará por lo menos una vez al año e incluye sanciones migratorias contra los señalados. En el caso de Honduras, la mayoría de los señalados fueron acusados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) y la Unidad Fiscal contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC), el binomio anticorrupción que el gobierno de Hernández desarticuló.
Texto: Jennifer Avila
Fotografías: Martín Cálix
El Departamento de Estado desclasificó la lista que identifica a personas en El Salvador, Guatemala y Honduras que han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, han participado en hechos significativos de corrupción y en la obstrucción de investigaciones sobre «corrupción vinculada con contratos gubernamentales, soborno y extorsión, facilitación o transferencia de las ganancias por corrupción, incluyendo el lavado de dinero y actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de la corrupción gubernamentales y no gubernamentales».
Honduras aportó a esa lista 21 personas, el mayor número de actores corruptos de la región, de los cuales 18 han sido diputados en el Congreso Nacional, uno fue el funcionario a cargo de las compras por la pandemia de COVID-19 y la pareja presidencial de 2010-2014 Porfirio Lobo Sosa y Rosa Elena Bonilla. La mayoría fueron acusados o han estado vinculados a casos que la MACCIH-UFECIC presentó mientras estuvo en el país, antes que el Congreso Nacional presidido por Mauricio Oliva y el presidente del Ejecutivo Juan Orlando Hernández le dieran el tiro de gracia.
La lista incluye a diputados ya antes sancionados a través de la Ley Magnitsky como Óscar Nájera, diputado del departamento de Colón que va por su sexta reelección y otros que fueron mencionados en la Lista Torres, solicitada por la congresista Norma Torres hace unos meses, como la diputada Welsy Vasquez. Ocho de los mencionados van a la reelección para el Congreso Nacional en las próximas elecciones.
En una conferencia de prensa , Ricardo Zúñiga, el enviado especial de la Casa Blanca para el Triángulo Norte de Centroamérica dijo «el combate a la corrupción es un objetivo importante para la seguridad nacional de los Estados Unidos y, como saben, también el Presidente Biden y la Vicepresidenta Harris están muy enfocados en intentar aliviar las situaciones, las condiciones que están impulsando la migración irregular de Centroamérica.»
Además, agregó que «Estados Unidos quiere demostrar que está al lado de los ciudadanos, organizaciones y servidores públicos que están comprometidos con esfuerzos para promover el bienestar, mejor gobernanza, transparencia y esfuerzos contra la impunidad en Centroamérica.»
La lista generó, por una parte, la reacción de algunos de los señalados que minimizaron y hasta ridiculizaron estas sanciones. Aunque este medio llamó a cada uno de los implicados para conocer su reacción, ninguno respondió, sin embargo, se expresaron a través de redes sociales y conferencias de prensa, como es el caso del ex presidente Porfirio Lobo Sosa que se limitó a decir que estaba ofendido y no volvería a Estados Unidos, o el diputado Oscar Nájera que dijo que sus electores lo apoyarían más después de salir en la lista.
Por otro lado, el expresidente Manuel Zelaya Rosales indicó en su cuenta de twitter que la lista Engel atacaba al gobierno salvadoreño de Nayib Bukele mientras alienta al gobierno de Juan Orlando Hernández, a lo que Bukele añadió que «en la «Lista Engel de Honduras» no pusieron a ni un solo miembro del Gobierno, a pesar de que su Presidente y Ministros están acusados, con pruebas, de corrupción y narcotráfico y que tienen 8 años de estar en el Gobierno. Pero claro, ahí los intereses políticos son distintos. Ahí el interés es fortalecer al Partido Nacional de Honduras, para las elecciones presidenciales de noviembre.»
La relación entre Estados Unidos y el gobierno de Juan Orlando Hernández es tensa, la administración Biden ha decidido que su socio estratégico en Centroamérica sea Guatemala y no ha visitado al país para encontrarse con Hernández, quien ha sido señalado como co-conspirador en el tráfico de drogas en los juicios que se llevan a cabo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde fue condenado su hermano, el exdiputado nacionalista Antonio Hernández Alvarado.
Preguntamos a Zúñiga si hay consecuencias en la relación de Honduras con Estados Unidos por el hecho de que el gobierno impide la investigación y castigo de los señalados en actos de corrupción, tomando en cuenta que no fue renovado el mandato de la MACCIH, una misión que permitió la investigación y acusación de personas involucradas en redes de corrupción. Zúñiga enfatizó que «Infelizmente, lo que vemos es que cuando no hay una rendición de cuentas, esto puede representar un retroceso en el Estado del derecho, pero también, concretamente, disminuye la confianza de los mercados internacionales, de los socios internacionales, pero más que todo de la misma población de Honduras o de cualquier país de Centroamérica que se encuentra con este problema. Entonces, lo que estamos impulsando, lo que estamos apoyando, es incluir simplemente el cumplimiento del compromiso que las personas acusadas de corrupción tienen con su propia población. Es eso. Eso es lo que estamos tratando de fomentar: más confianza dentro del pueblo de Honduras y más esperanza, mostrando que habrá rendición de cuentas para todos los servidores públicos del país.»
Para la ex vocera de la MACCIH, la jurista Ana María Calderón, esta lista trae un mensaje de esperanza, sobre todo para la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) la unidad que quedó instalada tras la MACCIH pero que actualmente se encuentra debilitada.
«Yo diría que es un mensaje de esperanza para quienes están luchando contra la corrupción en Honduras en especial para el Ministerio Público y especialmente para los fiscales de UFERCO que todavía están llevando las investigaciones que dejó la MACCIH y los procesos que aún se encuentran judicializados. No es una tarea fácil puesto que su capacidad operativa se redujo al mínimo con la salida de la misión. También trae esperanza para la iniciativa regional para combatir la corrupción e impunidad en Centro América que está compuesta por algunas organizaciones de sociedad civil como el CNA, el FOSDEH, ASJ, ICEFI y ASONOG que son organizaciones sociedad civil que estuvieron muy vinculadas y de la mano con la lucha contra la corrupción que realizó la MACCIH en Honduras», expresó Calderón en entrevista con Contracorriente.
La ex vocera mencionó que la lista también trae un mensaje fuerte para los actores que impidieron que el Ministerio Público y la MACCIH llevaran a la justicia a funcionarios corruptos. En la lista figuran la diputada Sara Medina y el diputado Román Villeda quienes favorecieron la corrupción al cambiar la Ley del Presupuesto para limitar las facultades del Ministerio Público, algo que quedó institucionalizado con el nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional.
«Algunos de estos personajes han logrado el archivamiento o que se congelen sus procesos, los mega procesos que se iniciaron con la MACCIH, entonces, y yo aquí realmente voy a tomar la frase de la congresista Norma Torres, «El mundo los está mirando» esta lista evidencia que el mundo desde afuera los está mirando y que ya no va a haber impunidad», dijo.
Sin embargo en la lista no figuran el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y tampoco el secretario Tomás Zambrano también procesado y luego sobreseido por la Corte Suprema de Justicia por el caso «Pacto de impunidad» o «Fe de erratas» con el que pretendieron cambiar la ley para limitar las acciones investigativas de la fiscalía.
Calderón también cree que otro mensaje que quedó claro es que este gobierno de Estados Unidos no trabajará con socios que no tengan un compromiso serio con la lucha anticorrupción.
Fueron 14 casos los presentados por la MACCIH, la mayoría de los implicados han sido sobreseidos. Calderón cree que esta lista es un homenaje al trabajo de la misión. «Estos casos corresponden al binomio UFECIC-MACCIH que considero dejaron un buen legado. En estos listados efectivamente destacan por lo menos seis casos importantes, entre casos penales y casos de privación de dominio, por ejemplo «Red de diputados», de los 8 imputados, cinco están así completitos en la lista: Héctor Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Asencio, Dennis Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Sarabia. Este caso está congelado, sabemos que se creó una ley especial para poderlo archivar y hasta ahora sigue así lamentablemente.
El otro caso es «Pacto de impunidad» que se inició a raíz justamente de las artimañas o de los malos manejos de la norma para liberar a los de la «red de diputados», están en la lista: Sarah Ismela Medina Galo y a Román Villeda Aguilar. Del «Caso Pandora» son treinta y ocho diputados y están mencionados en esta lista José Celin Discua Elvir , Rodolfo Irías Navas, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Elvin Ernesto Santos Ordoñez y Elden Vásquez. Otro caso que desnudó la forma en que se apoderaban de los dineros públicos destinados para obras sociales a favor de los bolsillos de ciertos funcionarios es el caso «Arca abierta», cuyo requerimiento fiscal se presentó ante el poder judicial el once de diciembre de 2018 y tuvimos veintiún imputados, de los cuales en la lista aparecen seis: Juan Carlos Valenzuela Molina, Gladys Aurora López Calderón, Gustavo Alberto Pérez Cruz, Welsy Milena Vásquez López, Milton Jesús Puertos Oseguera y Audelia Rodríguez Rodríguez. Otro personaje que también aparece en esta lista es Rosa Elena Bonilla de Lobo quien está vinculada al caso «Caja chica de la primera dama» que vimos que fue la primera sentencia que se logró de los equipos integrados y luego ha seguido un destino un poco extraño», explicó.
Calderón agregó que otro de los mencionados en la lista, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, fue citado en el caso «Narco política» y que actualmente existe una línea de investigación en Honduras que ha seguido la UFERCO. «Este caso surgió a raíz de las declaraciones del narcotraficante Devis Rivera Madariaga en el que atribuía al candidato haberle financiado su campaña política y a cambio de recibieron ciertos beneficios para lavar dinero producto del narcotráfico a través de la empresa Inrimar para construir obras públicas en los departamentos de Olancho y Tocoa», agregó.
Las acciones que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos actualmente, además de la publicación de la lista pero siempre en el marco de la ley HR-2615, es un diagnóstico sobre causas de la migración y la efectividad de las acciones para mitigar esas causas, mientras que la sección tres de la ley requiere al secretario de Estado priorizar acciones para promover el crecimiento económico y el desarrollo inclusivos en la región.
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Por otro lado, Estados Unidos apoya las iniciativas ciudadanas como la Comisión Contra la Impunidad (CINOC) y la creación de una fuerza de tarea entre el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia que incluirá fiscales de Estados Unidos y expertos en Estado de derecho para investigar y procesar casos de corrupción con nexos en Estados Unidos, Guatemala y la región. Esa fuerza de tarea fue anunciada por la vicepresidenta Kamala Harris en su visita a Guatemala donde también dejó claro a la población centroamericana que las fronteras de Estados Unidos están cerradas y reforzadas, «Do not come» (no vengan), repitió, como siempre lo han hecho los gobiernos de este país del norte.
Mientras que en Honduras reina la incertidumbre en pleno año electoral -donde la mayoría de los señalados en la lista Engel van a reelección- y la relación entre Estados Unidos y Honduras sigue en entredicho, la población hondureña se enfrenta a la crisis económica que ha dejado la pandemia y dos tormentas tropicales que azotaron el país a finales del año pasado. Adicionalmente, el sistema de justicia sigue sin responder efectivamente a las denuncias ciudadanas de actos de corrupción que laceran los derechos de la mayoría de la población que ahora está en calamidad.
Calderón culminó diciendo que la UFERCO necesita apoyo para incrementar el número de fiscales y que aquellos fiscales que fueron certificados por la MACCIH sean ahora replicadores de esas buenas prácticas. «Y en cuanto a normatividad, varias cercenan las facultades al Ministerio Público, entonces pues esperemos que realmente los legisladores se sientan comprometidos y que reciban adecuadamente este mensaje para estar conscientes al momento de legislar.»
