Un operativo de la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (UFERCO) llegó a inspeccionar las instalaciones del Sistema Nacional de Emergencias 911, tomar declaraciones y decomisar documentación sobre el uso de fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional en el gobierno anterior.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
Según un comunicado del Ministerio Público, la Uferco y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) buscan investigar los contratos de «Ciudad Segura» implementados por la empresa Dynamic Corporation en el Distrito Central, Choluteca, Comayagua, San Pedro Sula, Tela, Gracias y Santa Rosa de Copán. Además, la fiscalía general asegura que «unos contratos los firmó el titular de la Secretaría de Seguridad, y otros el titular del Sistema de Emergencias 911».
El contrato «Proyecto Ciudades Seguras» —suscrito con la finalidad de homologar los servicios que ya proporcionaba la empresa Dynamic Corporation al Estado de Honduras desde 2015— fue suscrito el 10 de septiembre de 2021 y se fijó con una duración de siete años, es decir, hasta el 2028. Sin embargo, el decreto que se aprobó para suscribir este contrato no contiene los detalles sobre el pago de servicios que realizaría el Estado de Honduras a la sociedad mercantil.
Pero en mayo de 2022 el Congreso Nacional derogó 19 fideicomisos, dentro de los cuales se anularon los fondos de la Tasa de Seguridad, a través de los cuales el Estado de Honduras pagaba los servicios de Dynamic Corporation.
Actualmente, el Sistema Nacional de Emergencia 911 se encuentra intervenido luego de que la empresa Dynamic Corporation anunciara que, debido a falta de pago, suspenderían el servicio de cámaras de seguridad desde septiembre de 2022.
Después de esto, en febrero de 2023, la presidenta Xiomara Castro anunció la intervención del 911, nombrando a Roberto Reina, Gosset Moncada y Gerardo Antonio Hernández como miembros de la comisión interventora. Sin embargo, desde julio, la abogada Miroslava Cerpas fue nombrada como la nueva presidenta de la comisión interventora.
En una nota de archivo un exempleado de la Tasa de Seguridad reveló a Contracorriente que la licenciada Pastora Bonilla —quien fue nombrada por la Xiomara Castro como Directora Ejecutiva del Comité de Administraciones y Adquisiciones de la Tasa de Seguridad Poblacional— no tenía intenciones de sacar a la luz estos documentos y que con su llegada a este ente despidió a empleados e integró a personal de su afinidad con mejores salarios.
Además, el director comercial de Dynamic Corporation, Oscar Castro, dijo a Contracorriente que, de febrero a septiembre de 2022, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro continuó recibiendo los informes mensuales de satisfacción de entrega de servicios por parte de Dynamic. Y también acompañaron a visitar las obras del edificio en construcción en Comayagua.
El 6 de junio el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció el despilfarro de más de 307 millones de lempiras por parte de funcionarios de la administración anterior que pertenecían al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). El CNA denunció por el delito de violación a los deberes de los funcionarios al expresidente Juan Orlando Hernández —quien se encuentra a la espera de un juicio en su contra por narcotráfico—, al fiscal general Oscar Chinchilla, al expresidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva, al exministro de Seguridad Julian Pacheco, y a los actuales diputados nacionalistas Reynaldo Sánchez y Rosa Adelina Pavón, entre otros.
