«Muchas personas están obligadas a huir por los efectos del cambio climático»: Ian Fry, relator de la ONU

Desplazamiento por los efectos del cambio climático, intimidación a defensores del medioambiente y falta de acción por parte del Estado de Honduras en políticas que garanticen el acceso al agua y alimentación, fueron algunos de los problemas que identificó Ian Fry, relator especial de la ONU  sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Contexto de Cambio Climáticos en su visita a Honduras.

 

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera 

 

«En cuanto a desplazamiento, fue evidente para mí que muchas personas están obligadas a huir por los efectos del cambio climático», dijo Ian Fry, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Contexto de Cambio Climático, siendo ese uno de sus principales hallazgos sobre las múltiples problemáticas que enfrenta el país en el contexto ambiental.

Después de 10 días en Honduras, Ian Fry indicó que el desplazamiento es producto de los efectos que se desprenden de tragedias ambientales como  las inundaciones, la erosión costera y los deslaves, contextos que afectan cada vez más a la población hondureña.Fry agregó que, si bien el Gobierno está haciendo esfuerzos para proteger a sus ciudadanos, estos no alcanzan. Explicó que existen falencias en la estrategia para mejorar la calidad de vida de la población afectada por el cambio climático. 

Un elemento llamativo es que encontró que en Honduras, a pesar de estos desastres, en los actores involucrados  predominan las diferencias políticas en lugar de la voluntad para implementar normativas para mitigar la crisis climática.

 

Sobre la protección de defensores del ambiente y de la tierra

Una sugerencia al Gobierno por parte de Ian Fry fue la firma del Acuerdo de Escazú, el cual tiene como finalidad el acceso a la información ambiental y la participación pública en los procesos de toma de decisiones y la justicia ambiental.

Además, este acuerdo —el cual fue creado y firmado en 2012 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Brasil— da la responsabilidad a los Estados de garantizar entornos seguros para las personas defensoras del ambiente y el territorio, de reconocer su labor y proteger sus derechos.

El relator mencionó que, según las autoridades hondureñas, este acuerdo de Escazú «está varado en un proceso político» lo cual es crítico porque dicha normativa podría ser una alternativa para que el Estado se comprometa a dar justicia a los defensores del ambiente.

En este contexto, en Honduras ha surgido la Red Hondureña por Escazú, conformada por distintas organizaciones de sociedad civil, y que por medio de conferencias de prensa y de protestas tiene por objetivo concientizar a la población en la importancia de adherirse a este acuerdo.

La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), por ejemplo, ha preguntado al gobierno por qué no es parte de este acuerdo, denunciando el desplazamiento sistemático de las poblaciones indígenas en el país por parte de empresarios del turismo, la industria extractiva, por militares, políticos, por el narcotráfico.

«El gobierno se presta a ello con su silencio», han dicho en sus pronunciamientos.

En su plan de gobierno la presidenta Xiomara Castro prometió actuar en favor de la protección del medioambiente, implementando un programa para «asegurar las estrategias de reciclaje de materiales sólidos, la reducción de contaminación en aire, aguas y suelo, el seguimiento a la huella de carbono de nuestra industria, y la prohibición de importar desechos tóxicos». Pero en la realidad esto no se ha visto reflejado.

Además, relacionado a la firma del Acuerdo de Escazú, el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, no ha detallado avances en la firma del mismo por parte de Honduras.

El 8 de septiembre 2022, el ministro Medina dijo que el Gobierno no se adherirá al acuerdo de manera forzada, ya que desde el Gobierno se trabaja a favor de la justicia climática con un robusto Presupuesto de la República destinado a estos temas y el acompañamiento de la presidenta Xiomara Castro a los defensores del medioambiente.

Ian Fry indicó que el Gobierno debe de hacer más por proteger a las personas que están protegiendo sus medios de vida. Durante su visita, dos defensores del ambiente y de la tierra recibieron ataques y uno fue asesinado.

El 19 de septiembre, Miriam Miranda, líder de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) fue víctima de un atentado en su contra, en el que cuatro hombres armados entraron a su casa de habitación. Posteriormente, Miranda declaró que este atentado está vinculado a la política de exterminio del pueblo garífuna por parte del Estado y que seguirán luchando para garantizar el acceso a la tierra al pueblo garífuna

Solo cuatro días antes, el defensor de derechos humanos y el ambiente, Ramiro Lara, sufrió un atentado en su vivienda ubicada en Santa Rosa de Copán. Lara se ha dedicado por años a la defensa del bosque en el occidente de Honduras.

El 24 de septiembre, asesinaron a José David Fortín, secretario general de la Cooperativa Agropecuaria Campesina Tarros Limitada en el Bajo Aguán. Según la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Fortín, presentó una denuncia al Ministerio Público en julio de este año por percusión y amenazas contra su vida

«El gobierno debe de hacer mucho más para proteger a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales: de los ataques de intereses empresariales, funcionarios del gobierno, policías corruptos y miembros de pandillas», manifestó Fry en la conferencia de prensa.

Entre 2012 y 2021, según Global Witness, 117 defensores de la tierra y del medioambiente han sido asesinados en Honduras. 

Un hombre traslada lo poco de lo que logró salvar de su casa inundada luego del paso de la tormenta tropical Julia. Foto CC/ Jorge Cabrera.

La necesidad de protección adecuada para personas desplazadas por el cambio climático

El relator especial en contexto de cambio climático subrayó la necesidad de que el gobierno de Honduras proporcione un estatus de personas refugiadas a los que son desplazados por los efectos del cambio climático como inundaciones, deslaves, erosión costera, entre otros.

Lo último debido a que en el estatuto de los refugiados de la Organización de Naciones Unidas a las personas que son desplazadas por efectos del cambio climático no se les reconocen sus derechos como a los que son considerados refugiados.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el cambio climático afecta a las personas dentro de sus propios países y, por lo regular, genera desplazamiento interno antes de alcanzar niveles que obligan a las personas a cruzar fronteras y estos se combinan con situación de violencia o conflictos armados que puedan existir en los países. En este sentido, Acnur explica que las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado son válidas.

Acnur también determinó que, después de los huracanes Eta e Iota en 2020, aproximadamente 247 mil personas han sido desplazadas al interior de Honduras, y otras 183 mil solicitaron protección internacional en otros países.

Otro de los hallazgos en la visita de Ian Fry al país fue la situación de las mujeres en el contexto de cambio climático. Fry señaló que, en su visita a Cedeño, zona sur de Honduras, quedó evidenciado que las mujeres son las principales afectadas por la emergencia climática.

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La  inseguridad alimentaria que enfrenta el país por la sequía —especialmente en la zona del Corredor Seco— es otra de las cosas que más alarman en Honduras, indicó Fry. En este sentido, el relator especial mencionó cómo el impacto de la sequía en los cultivos puede generar una crisis en la seguridad alimentaria del país.

«Las personas están desesperadas porque no pueden seguir con sus cultivos, y solo pueden cultivar en un ciclo [primera o postrera], lo cual causa graves problemas a su subsistencia familiar», finalizó diciendo Fry.

Según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, de diciembre desde 2022 hasta  febrero de 2023, más de 2 millones de personas en Honduras se encuentran en crisis alimentaria.

 

Durante  este período los departamentos con mayor severidad de inseguridad alimentaria fueron Gracias a Dios, Lempira, Santa Bárbara y Francisco Morazán, excluyendo al Distrito Central. Entre las razones de la crisis está el bajo poder adquisitivo por el incremento en la canasta básica, disminución de las áreas de siembra de granos básicos por el alto costo de los insumos agrícolas y la crisis climática por los efectos residuales de tormentas tropicales que han ocasionado pérdidas de cultivos por inundaciones o excesos de lluvia.

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Fernando Destephen 1985 Tegucigalpa, Honduras. Fotoperiodista y contador de historias.
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