La resiliencia de un pueblo que estuvo a punto de perder sus semillas

El 17 de noviembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, más conocida como «Ley de Monsanto». Organizaciones campesinas lucharon durante diez años contra esta legislación que no sólo amenazaba el libre cultivo de las especies nativas y criollas de Honduras, y obedecía a una industria alimentaria millonaria, sino que atentaba contra los saberes ancestrales de pueblos originarios que se enfrentan cada vez más con las sequías, inundaciones y otros efectos derivados de la crisis climática.


Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen

Roberto Campos, un agroecólogo de 47 años originario de Corralitos, una comunidad en Belén Gualcho, Ocotepeque, muestra en frascos con etiquetas cada una de las semillas que ha almacenado y cultivado por años. 

Una agroecólogo es alguien que se dedica al cultivo, siembra y cosecha de alimentos mediante la agricultura, pero empleando prácticas que contribuyen a la concientización de la conservación y fertilización de los suelos, la conexión de los saberes ancestrales con la madre tierra, y la producción de alimentos orgánicos con la finalidad de cuidar y preservar el medioambiente.

Ni Roberto, ni ninguna de las otras seis comunidades que se unen en este intercambio de semillas agroecológico, podrían haberlo hecho de no haber sido derogada la Ley de Monsanto, aprobada en 2012 por el Congreso de Honduras, que prohibía a las personas sembrar libremente semillas y que, en detrimento de los campesinos, beneficiaba a las empresas multinacionales de transgénicos y herbicidas. 

«Tenemos esta semilla –dice Roberto mientras agita un frasco de vidrio–, que se llama maíz raque y que tiene por lo menos unos cien años de vivir en la zona de nosotros. La diferencia de este maíz con el convencional es que no se uñeta muy fácil, es decir, que no se pudre».

En la mesa de don Roberto —quien representa a la comunidad Belén Gualcho— y de las otras 6 comunidades presentes en la feria de intercambio de semillas también hay maíz azul, frijol chinapopa y semillas de ayote, todo originario del occidente de Honduras.

También cuentan con protector de plagas, abono foliar y un fertilizante extraído del centro de la montaña, y del cual no se pueden revelar todos los ingredientes, asegura don Roberto entre risas, pero sí afirma que todos provienen de la naturaleza, que son orgánicos.

Las semillas para el intercambio se entregan en un paquete o en frascos. FotoCC/Fernando Destephen.

Sin embargo, durante más de 10 años, cualquier campesina o campesino que cultivara, intercambiara o guardara una especie vegetal como lo hace don Roberto, y sin tener un título de obtentor, podría haberse enfrentado a la legislación hondureña y a una multa de hasta diez mil días de salarios mínimos, es decir, casi 170,000 lempiras (6.872 dólares) en 2012.

En 2012, el Congreso Nacional aprobó la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, más conocida por las organizaciones campesinas como la «Ley de Monsanto». En el contexto de Honduras, esta Ley obligaba a las ciudadanas y ciudadanos a realizar un proceso para hacerse obtentor de una especie vegetal, gozando sólo de esta forma con los derechos de producción y de transmisión de esta.

Ana Julissa Guzmán, quien es coordinadora del proyecto «Bancos de semillas comunitarios para la conservación de la biodiversidad agroalimentaria en la Reserva de biósfera Cacique Lempira Señor de las Montañas» de la Organización para el Desarrollo de Corquín (Odeco), asegura que ni ella ni la comunidad tenían conocimiento de esta Ley, y que la finalidad de este intercambio de semillas es la revalorización y el rescate de las variedades nativas existentes en el occidente de Honduras.

«Nosotros dimos un paso importante en lo que es la formación de líderes en la Red de Agroecólogos y con los bancos de semillas comunitarios, ya que vienen siendo una de las alternativas más viables para poder conservar y preservar todas esas variedades nativas y criollas que se encuentran en las comunidades, porque nos damos cuenta de que el problema radica en la poca información que existe sobre esto», explica Ana Julissa.

Mesa de la reserva Cacique Lempira en el intercambio de semillas en Belén Gualcho, Ocotepeque. Foto CC/Fernando Destephen.

La Organización para el Desarrollo de Corquín (Odeco) se encarga de dar seguimiento a seis bancos de semillas en la Red de Agroecología de Ocotepeque; en gran escala, trabaja en la protección y conservación ambiental, y en la producción sostenible con adaptabilidad y resiliencia al cambio climático.

«El tema semilla es un tema complejo y creo que de poca comprensión por la mayoría de las personas incluyendo los compañeros campesinos y las personas indígenas», expresa Octavio Sánchez, director de la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (Anafae).

Octavio Sánchez explica que, desde la aprobación de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales en 2012, la asociación tuvo un posicionamiento en contra de esta legislación, pero con la poca información disponible a la ciudadanía sobre esta Ley fue una lucha silenciosa en contra de lo que parecía amenazar al sistema alimentario de todo un país.

En 2015, la Anafae interpuso el primer recurso de inconstitucionalidad a la CSJ en contra de la Ley de Monsanto, pero este fue rechazado en 2017. Luego, en 2018, la asociación interpuso otro recurso, argumentando que esta ley atentaba contra el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria, este fue admitido y finalmente se declaró a la «Ley de Monsanto» como inconstitucional a finales de 2021. El decreto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta hasta el 28 de octubre de 2022.

La sombra de una empresa agrícola multimillonaria

La Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales detalla en su artículo 14 que «el derecho a obtentor es independiente de las medidas adoptadas por Honduras para reglamentar en su territorio, la producción, el control y la comercialización del material de las variedades, o la importación de ese material».

Más adelante, en cuanto a las solicitudes de expedición de los títulos de obtentor de las variedades vegetales, la Ley explica que será la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del departamento de Certificación de Semillas del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa), quien verificará si se cumplen los requisitos legales y reglamentarios para otorgar el título de la variedad vegetal.

Pero la responsabilidad de dictaminar sobre las solicitudes de título obtentor de las variedades vegetales recae en el Comité Calificador de Variedades Vegetales, el cual tiene entre sus otras responsabilidades establecer las evaluaciones técnicas de campo o de laboratorio de las variedades vegetales. Después de esto, la SAG tendría que establecer un registro nacional de variedades vegetales a disposición de la ciudadanía.

El intercambio de semillas es un festival comunitario de intercambio no solo de semillas. sino también de libros y procesos para los cultivos. Foto CC/Fernando Destephen.

Contracorriente solicitó este registro de variedades vegetales existentes en el país con su respectivo titular, titulares o causahabientes de la variedad vegetal, su domicilio y representante legal. Además, el registro de quienes integran el Comité Calificador de Variedades Vegetales señalado en el artículo 33. La respuesta, extendida por Carlos Antonio Pacheco, director Técnico de Sanidad Vegetal de Senasa, es que la «Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales no fue aplicada debido a que no se elaboró el reglamento, así mismo le informo que la Ley fue derogada mediante un recurso de inconstitucionalidad, en fecha 17 de noviembre del 2021».

Sin embargo, para Octavio Sánchez, el hecho de que una ley otorgara por 10 años los derechos de multiplicación, venta, exportación e importación de una variedad vegetal a un particular o particulares, no solo representa los intereses de un grupo, sino la complicidad entre los grupos de poder y la industria alimentaria a nivel mundial.

«Esta Ley es una expresión del poder, de una multinacional que logró pasar a través de un congreso espurio una ley que le quita el derecho a la gente a alimentarse a producir sus alimentos con su propia semilla», manifiesta Octavio.

Mesa llena de frutas, plantas y semillas como parte de la exhibición en el intercambio de semillas. FotoCC/Fernando Destephen.
Variedad de semillas y granos para intercambiar. Las comunidades muestran los tipos de semilla de sus zonas. FotoCC/Fernando Destephen.
Frutos en una mesa de exhibición durante el intercambio de semillas en Belén, Gualcho, Ocotepeque. FotoCC/Fernando Destephen.

Según Sánchez, esta Ley amenazaba con privatizar el material genético que han manejado por años las comunidades y los pueblos originarios, negaba los derechos de los agricultores a guardar semillas y utilizarlas en una nueva siembra, y criminalizaba a los campesinos e indígenas por una práctica de sus saberes ancestrales: la libre circulación de semillas.

Tanto en Guatemala, México y Chile, la ley fue derogada después de que la ciudadanía demostrara su inconformidad con dicha legislación.

Según GRAIN, una organización sin fines de lucro a nivel internacional que apoya a campesinas y campesinos dedicados a la agricultura a pequeña escala, la aprobación de esta ley se dio en el marco de la Unión Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) la cual, asegura la organización, «trabaja exclusiva y explícitamente por la privatización de las semillas en todo el mundo, mediante la imposición de los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales».

A esta Ley se le denomina la Ley de Monsanto por la Monsanto Company, una de las grandes multinacionales dedicadas al negocio de la producción de herbicidas, la ingeniería genética de semillas y que ha sido, por años, el principal producto de organismos genéticamente modificados. En 2019, esta empresa fue condenada a pagar más de 80 millones de dólares por los efectos cancerígenos que causa uno de sus herbicidas. El químico que se identificó como dañino dentro del herbicida es denominado glifosato.

Además, en 2017, el Tribunal Internacional Monsanto —un grupo de cinco jueces que entregaron una opinión legal sobre las actividades de Monsanto— concluyó que «las actividades de esta empresa impactan de manera negativa los derechos humanos básicos» y señaló que se requiere de una mejor regulación para proteger a las víctimas de estas corporaciones. Este tribunal también concluyó que el derecho internacional debe ser mejorado para una protección más eficiente del medioambiente.

«Los impactos de la conducta de Monsanto sobre la biodiversidad también han afectado negativamente los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Estos impactos son aún más graves dada la estrecha dependencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales con el medioambiente. La ausencia de información adecuada sobre los riesgos que plantean los herbicidas y los OGM (Organismos genéticamente modificados), la falta de medidas adecuadas de mitigación, la falta de evaluaciones de impacto ambiental creíbles y la falta de consultas significativas subrayan la interferencia de Monsanto en los derechos humanos», cita unartículo que contiene las conclusiones de este tribunal.

Finalmente, y con el historial de demandas y una dudosa reputación, Monsanto fue adquirida por más de 66 mil millones de dólares en 2019 por Bayer, una empresa alemana de renombre dedicada a los farmacéuticos y, recientemente, a los agroquímicos.

Esto significa que lase 2,000 variedades de semillas cuya patente pertenece a Monsanto ahora son propiedad de la empresa alemana.

«¿Qué hacemos para quitarle la semilla al campesino? Emitimos leyes que prohíben que el campesino utilice semillas que no sean certificadas, que sea comprada en una empresa agropecuaria y que el Estado garantice que eso ocurra», manifiesta Octavio, quien asegura que, al aprobar la Ley de Monsanto, los congresistas no midieron las consecuencias que esto podría haber traído a Honduras.

Una planta de Tomillo sobresale de la mesa de exhibición. FotoCC/Fernando Destephen.

La Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales se derogó en Honduras cuando fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, pero esto no cambia el engranaje de toda una estructura agroalimentaria con gran poder a nivel mundial, asegura Octavio Sánchez.

«Una bolsa de maíz transgénico para sembrar una manzana de tierra vale alrededor de 5,000 lempiras (202.68 dólares), y en Honduras se cultivan alrededor de 500,000 manzanas de maíz anualmente. Estamos hablando de un negocio de aproximadamente 2,500 millones de lempiras al año, ¿Cuántas personas aquí en el país estarían interesadas en ser parte de ese negocio?», calcula Octavio.

«Cuando usted escucha que estas empresas están ofreciendo semilla de calidad y dicen que están recuperando la inversión por investigación y desarrollo, en realidad le están mintiendo, porque en realidad detrás del control de la semilla lo que hay es un gran negocio, y luego, el que controla la semilla también controla el sistema alimentario», explica Octavio haciendo referencia a la Monsanto y otras empresas que se dedican a la agroindustria.

Según datos de la Vía Campesina, un movimiento campesino internacional, el 30 % de la población del mundo son campesinos quienes proporcionan el 70 % de alimentos que consume la humanidad, el resto de alimentos, el 30 % restante que se consume, son maíces y sojas transgénicas destinadas a instalaciones ganaderas.

En este mismoartículo, Paul Nicholson, un pequeño productor perteneciente a esta organización, menciona que la agroindustria (la cual se dedica a la producción, industrialización y comercialización de productos agrícolas, ganaderos y forestales) es la causa del 55 % de los gases de efecto invernadero que contribuyen a los efectos del cambio climático.

Ligado a lo anterior está la erosión provocada por las malas prácticas agrícolas y forestales.

«La agroecología mantiene las semillas, la biodiversidad, la cultura y sabias prácticas campesinas, y contribuye a enfriar el planeta», indica el artículo.

Seguridad alimentaria, saberes ancestrales y la naturaleza

José Marcos Cortés es un joven lenca que pertenece a la Red de Agroecología de la Biósfera Cacique Lempira Señor de Las Montañas, en el municipio de San Marcos de Caiquín, Lempira. Él asegura que mediante la implementación de leyes que ordenen el control de las especies vegetales se pierden los orígenes de un pueblo.

«La semilla es algo que tenemos en nuestros hogares siempre, que es nativo y lo que nos identifica como lencas es el intercambio de semillas. Ya que si nos falta algo le podemos decir a un vecino o alguien que nos de esas semillas y así ir expandiendo lo que tenemos en nuestros lugares originarios. Por eso es importante reactivar la cultura indígena», apunta José Marcos.

Sobre la Ley de Monsanto, el agroecólogo expresa que este tipo de empresas no solo atentan contra el bienestar alimentario, sino contra el medioambiente, y contribuyen a la contaminación del planeta en gran escala.

«Si bien es cierto, una semilla transgénica mejorada comparada con esta –explica mientras señala un maíz de exhibición– me va a producir, pero la mejorada (genéticamente) el hielo la va a consumir si no la fumigo con el mismo herbicida que ellos me están ofreciendo».

Para Ana Julissa, de Odeco, la agroecología no solo trata del rescate a la semilla, sino de un tema social, que trata sobre el bienestar de la población y la tradición al respeto por la naturaleza. Además, en el trabajo de la agroecología el papel de las mujeres es fundamental.

«De las 51 familias que integran la Red de Agroecólogos, 28 de ellas son mujeres y son mujeres activas en el desarrollo del proyecto como tal. En el intercambio de semillas había muchas más mujeres porque tradicionalmente es la mujer la que se encarga de la selección de la selección de la semilla, son las que guardan las semillas en su casa, y son las que le dan el proceso de conservación y preservación», explica Ana Julissa.

El encargado de una mesa de exhibición contesta preguntas sobre los tipos de semillas que presenta en su stand. FotoCC/Fernando Destephen.

Sin embargo, la coordinadora del proyecto Odeco asegura que el machismo existente en las comunidades al interior del país hace que no se le dé el protagonismo a las mujeres en su labor por la conservación de las semillas.

«Cuando nosotros llegamos a las comunidades a socializar el proyecto y hablamos de los bancos, la mayoría de las mujeres dicen “que esté mi esposo”, pero nosotros les decimos que pueden estar ellas también, aunque sean sus maridos los que estén en el campo. Además, este proyecto también ha sido una forma de empoderar a jóvenes también por el relevo generacional y así conocer a diferentes líderes», asegura Julissa.

Octavio Sánchez, de Anafae, coincide con lo expuesto por Julissa. «Históricamente, fueron las mujeres las que se dieron cuenta que, al tirar las semillas de algunas frutas que comían, estas germinaban. Entonces fueron las mujeres las que le dieron origen a la agricultura al seleccionar y a cuidar aquellas semillas y aquellas plantas que les interesaban porque eran medicinales, ornamentales, alimenticias y lo demás», explica el director de la Anafae.

Sobre la agroecología, Sánchez considera importante la existencia de las distintas semillas en Honduras. Y explica que son ciertas características las que hacen que una especie vegetal funcione al ser cosechada en un ecosistema respectivo, esto porque las condiciones agroecológicas son diferentes.

Pétalos de Tilo en un canasto como parte de la muestra en el intercambio de semillas en Belén Gualcho, Ocotepeque. FotoCC/Fernando Destephen.

Octavio considera que, para asegurar una soberanía alimentaria, se debe tener más que solo el acceso a la semilla, sino también el acceso al agua y a la tierra, cosas que se ven cada vez más amenazadas por el cambio climático. Las sequías afectan a los campesinos y sus cultivos en el sur de Honduras, y las inundaciones las cosechas del Valle de Sula, al norte del país.

«El país tiene un Corredor Seco que cubre más de 100 municipios, sin embargo, también tenemos áreas con mucha humedad como el oriente del país principalmente», señala Octavio.

Como recordatorio, Octavio es puntual en su proceder sobre la liberación del mercado de semillas. En Honduras, desde la década de los 80 existe la Ley Nacional de Semillas, la cual manda a que toda semilla para uso agrícola pueda estar certificada a través del departamento de Certificación de Semillas (Cetisem) perteneciente al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa).

Aunque esto no atenta contra las semillas nativas o criollas existentes en Honduras, Octavio asegura que la población debería de tener más información sobre la importancia de las especies nativas y los organismos genéticamente modificados, y como el cuidado e información sobre este tema contribuye en el sistema alimentario democrático, la cultura de un país y a preservar el medioambiente.

«Las semillas están íntimamente ligadas al desarrollo de la humanidad. Es decir, ¿por qué yo cuido una semilla? Porque la semilla me cuida a mí, ya que al sembrarla me da el alimento que yo necesito y por lo tanto es un cuidado mutuo –dice Octavio, mientras se coloca ambas manos en el pecho, como si hablara desde lo profundo–. Cuando nosotros hablamos de esto, o hablábamos de esto, de que había una Ley que podía quitarnos las semillas, la gente no nos creía y decía: ¿Cómo nos van a quitar las semillas? Si yo siempre las he tenido».

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Fernando Destephen 1985 Tegucigalpa, Honduras. Fotoperiodista y contador de historias.
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Directora de Contra Corriente Periodista, artista y documentalista. Amante del cine, la música y la literatura. Cofundadora de Contra Corriente.
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