La llama de Bastión del Sur

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Esa noche se fue la luz. La energía se interrumpió en el momento en que Wilfredo estaba siendo atendido en el Hospital del Sur en Choluteca luego de recibir un disparo por la espalda. Su madre, sus amigos, sus primos recuerdan con indignación ese momento. Quizá 5, quizá 10 minutos pasaron sin energía, se enfurecen cuando lo cuentan. Wilfredo Moncada era un muchacho de 17 años, líder en las protestas del único grupo que nunca dejó de tomarse las calles protestando por la ilegítima reelección de Juan Orlando Hernández en Honduras, en una zona empobrecida del país, sin acceso permanente a agua y a energía. El sur, sin embargo es ahora una de las zonas con mayor cantidad de proyectos de energía fotovoltaica del país. Los ingredientes de la crisis en el sur son comunes en muchas comunidades desde que se ha concesionado el territorio nacional para proyectos extractivos: confusión por falta de consulta y luego la división de las familias, violencia desatada y desplazamiento forzado.

Esa noche se fue la luz, como suele pasar en Choluteca.

29 de mayo de 2019: vuelve la represión

Un vehículo de la empresa Energía Honduras (EEH) se consume en llamas. Los medios locales de Choluteca rodean la escena en la que el Cuerpo de Bomberos apaga el fuego del armatoste que ha quedado después de que un grupo de manifestantes pasaran, vieran el vehículo estacionado en un habitual chequeo de medidores en el centro de la ciudad, advirtieran al conductor que se fuera y quemaran el carro de la empresa con todo y cables, escaleras y papeles.

Honduras entero estaba ardiendo en protestas ese día, la Plataforma en Defensa de la salud y educación pública que aglutinaba al Colegio Médico de Honduras (CMH) y a varios colegios magisteriales le habían devuelto a las calles el «Fuera Joh». Esta plataforma exigía la derogación de decretos que llamaban a una emergencia nacional que buscaba despedir cientos de maestros y médicos del sistema público y comprar de manera directa insumos para ambos rubros, algo que los líderes de este movimiento dijeron podía conllevar a más actos de corrupción. Pero en Choluteca ese día, quienes lideraban la movilización de maestros, enfermeras y médicos era el grupo Bastión del sur, los que nacieron el día en que Hernández se declaró ganador de las elecciones en 2017 y que han puesto varios descontentos como consigna de su lucha, uno de ellos es el mal servicio de la EEH. La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del colegio de médicos nos dijo en una entrevista en ese entonces que Honduras era un pasto seco, cualquier chispa lo incendiaba, no hay mejor analogía que esa en el árido sur.

Las protestas en Choluteca tienen tres chispas: piden la renuncia del presidente, exigen justicia por Wilfredo, joven asesinado por supuestos policías y sacan el enojo contra la EEH por los altos costos de un servicio de energía deficiente.

Cuando Bastión del sur lidera las movilizaciones, un vehículo de venta de agua carga no solo largas mangueras para abastecer a las personas que pagan por la escasez en la ciudad, sino también a un grupo de muchachos encapuchados con hondas, piedras y morteros. Allí anduvo Wilfredo varios meses, antes de ser asesinado.

«La quema del carro de la EEH no nos afecta porque sabemos que a todos nos está dañando el bolsillo», dice indignada una enfermera que camina a paso ligero dejando el carro quemado atrás. Han dicho que llega ya la policía a reprimir.

La Empresa Energía Honduras (EEH) fue contratada por el Estado aprobada la concesión para reducción de las pérdidas técnicas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) calculadas en 12 % y las no técnicas para un total de 17 % en disminución de la mora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que asciende a 19.5% dejando de percibir alrededor de 8,838 millones de lempiras anuales. Nuevas inversiones en un plazo de 7 años para expandir las redes de distribución y por ende, elevar la capacidad de distribución y condiciones de competitividad del país. Un proceso de tercerización de servicios que se ha vuelto muy común en Honduras, sobre todo porque es la base del modelo económico promovido por el gobierno de Hernández desde que fue presidente del Congreso Nacional después del golpe de Estado. Algo parecido de lo que se pretende hacer con el sistema de salud pública.

Los integrantes del consorcio son las empresas colombianas: ELÉCTRICA DE MEDELLIN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. / UNIÓN ELÉCTRICA S.A ENTERPRISE CONSULTING S.A.

El encarecimiento de la energía ha generado quejas en todo el país, por esto en junio de 2019 el mismo Juan Orlando Hernández amenazó incluso con cancelar el contrato a esta empresa, la inestabilidad que ha causado genera nerviosismo.

El pasado julio, Alejandro Kafatti, del Foro Social por la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) dijo al periódico digital Diario Tiempo, que el gobierno mantiene obsoleto el sistema de energía en el país. Kafatti concluye esto porque los informes anuales de la Secretaría de Finanzas indican que la inversión anual según destinos de la inversión central representó cerca de 15,883 millones, pero de esa cifra, al sector energético solo se le asignó 1.4% de la inversión real de la administración central, es decir 22 millones de lempiras.

Pero así como la maraña de cables de energía que adornan tétricamente las ciudades de Honduras, es la maraña de concesiones y contratos que derivan de la crisis energética y termina impactando en la vida de millones de hondureños.

Un día antes del incendio al carro de la EEH, nos reunimos con tres líderes de Bastión del sur en un negocio de comida de alguien de su confianza, a mediodía tratando de vencer la fatiga que puede provocar estar en una temperatura de 40 grados centígrados sin aire acondicionado.

Allí estaban Aleida, Juan Manuel y Daniel, quienes se unieron a las protestas cuando a Hernández lo declararon ganador. Choluteca ha sido históricamente una ciudad nacionalista, cuna del presidente actual del Congreso Nacional y posible candidato nacionalista a la presidencia en las próximas elecciones, Mauricio Oliva. Esta vez la gente votó por Salvador Nasralla, cuenta Aleida, y Hernández se impuso. Desde ese entonces han aprendido a sortear amenazas, gas lacrimógeno, allanamientos a sus casas, acusaciones por daño, robo y hasta narcotráfico y ahora con el peso de un muchacho de 17 años muerto, asesinado presuntamente por un agente de la Policía Nacional. A pesar de todo lo que ha ocurrido en alrededor de 200 protestas a un ritmo de dos veces por semana, los miembros con los que hablamos cuentan las cosas con mucha naturalidad, normalizando todo, incluso cuando cuentan sus más íntimos impulsos para seguir en la lucha.

Aleida se dedicaba a hacer tortillas para vender, era muy conocida en la ciudad por esto, pero la vida le cambió cuando murió su primera nieta, en 2014. A los 10 meses la niña dejó de crecer, no aumentaba de peso, con 21 meses pesaba 17 libras. Comenzó un tratamiento en el sistema público de salud, tomaba la cuarta parte de una pastilla cuyo nombre, Aleida, ya se olvidó. Cuando la niña tenía como 16 meses la pastilla no le estaba ayudando.

Esto pasó en 2014, cuando se hablaba de «las pastillas de harina», Aleida está convencida que su nieta es víctima de los casos de corrupción que implicaron en su momento a la diputada nacionalista Lena Gutiérrez, absuelta por el caso Astropharma en el que se acusaba a su laboratorio de vender placebos al sistema de salud pública. La herida de Aleida es la herida de un país sin acceso a la salud y con redes de corrupción impunes.

«Nosotros sabemos que ese tratamiento no estaba bueno. Por eso yo tengo rencor y por eso no he tenido miedo», dice Aleida y se le quiebra la voz cuando nos muestra en su celular la fotografía de la niña. Y dice que no tiene miedo, que en una protesta le hicieron disparos y que no se hizo a un lado, no corrió, enfrentó al agresor y le dijo: dame en el pecho. Todos cayeron al suelo, un par de jóvenes trataron de defenderla tirando piedras con sus hondas.

Juan Manuel la apoya, le consuela: tu nieta fue víctima de las pastillas de harina. Aleida perdió a su nieta y también a su hija quien no encontró más camino que el de irse indocumentada a otro país.

Aleida, Juan Manuel y Daniel nos hablaron de un movimiento autónomo que a pesar que tiene un tinte político muy fuerte, por ser su principal demanda la renuncia de JOH, tiene un detonante que varía de las protestas en el resto del país: el descontento por el servicio de energía eléctrica que en el sur de Honduras se ha vuelto todo un tema. Esta zona la de mayor cantidad de proyectos de energía renovable, los que ahora están cambiando la matriz energética y que forman parte fundamental del plan de desarrollo del actual gobierno para el sur de Honduras.

Paralelamente a esa implementación del plan con el concesionamiento del territorio para la minería y la generación de energía solar, se abrieron nuevas rutas del narcotráfico que influyeron en el aumento de la violencia en la zona. Mucho pasa en el sur, pero poco importa, al menos eso es con lo que venimos los que nos trasladamos desde el norte o el centro del país, que el sur de Honduras siempre se ha parecido más a otro país.

Eso arrastra a la gente a las calles en Choluteca, un pariente asesinado, un ser amado muerto sin acceso a la salud, una factura de energía impagable, un voto esperanzador tirado a la basura.

Daniel interrumpe.

—El gran incremento de dinero para las Fuerzas Armadas y nada para la salud, es otro punto, somos un país además gobernado por ladrones, los que tienen las mejores prevendas son las Fuerzas Armadas.

Daniel tiene unos treinta años, tiene ya varios meses sin trabajo y sus antecedentes penales manchados por haber sido acusado por disturbios en medio de una protesta.

«Estaba trabajando en un restaurante y me pidieron los antecedentes policiales, para no perder inicié sin eso, me hice el tonto como que no había escuchado nada, a los 5 meses me los volvieron a pedir, ni modo tuve que afrontar, le expliqué yo y les mostré mis documentos de audiencia, así empieza uno a estorbar», cuenta y dice que a veces le dan ganas de irse, algunos primos suyos lo han intentado también. «Se organizan para ponernos como delincuentes, vándalos, nos excluyen», dice Daniel, pero él ha encontrado un propósito en las calles de Choluteca.

Según la coordinadora de la Asociación Para Una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), Hedme Castro, en una entrevista para Radio Progreso, en los dos últimos años, explicaba que 86 personas han sido criminalizadas por manifestarse en contra de los abusos y violaciones a los derechos humanos. Estas personas han sido acusadas por daños contra la EEH, contra los proyectos fotovoltaicos y contra algunos comercios de Choluteca por protestas que terminaron en saqueos.

Juan Manuel es el mayor de todos en Bastión del sur, el dueño de la cisterna de agua que vende a los pobladores de Choluteca cada semana ante la escasez, pero los miércoles y los sábados se convierte en el transporte de los más jóvenes que van a la protesta. Juan Manuel se fue en la caravana que en octubre de 2018 se organizó para pedir asilo en Estados Unidos y regresó voluntariamente, dice que ya sabe cómo es dar entrevistas porque en esos días habló con muchos periodistas y hasta les cantó un par de canciones de protesta, porque él antes de cualquier cosa es músico.

«Después de las elecciones se decía que hay gente que nos financia las armas, pero no les paramos bola porque las FFAA tienen sus grupos de inteligencia y uno tiene que estar atento», explica. Juan Manuel ha sido agredido múltiples veces en las protestas, perseguido, golpeado hasta quedar inconsciente, y frente a él han golpeado o llevado detenidos a sus muchachos, a los que él lleva en su cisterna.

En Bastión del sur, en cada protesta hay algunos que llevan las tortillas, unas señoras hacen tamales, y hay quienes recolectan los cartuchos de bomba lacrimógena que quedan después de cada enfrentamiento y venden el aluminio para sostenerse y aportar al grupo.

«Los jóvenes anduvieron este fin de semana trabajando en limpieza de calles para levantar el perfil de Bastión del sur, los habían estigmatizado tanto de que eran mareros, que eran los que mataban por cuestiones de droga. Esto pasó porque se les salió de las manos las represiones, nosotros ya en los últimos combates estábamos pensando en armarnos, todo eso trae otras cosas, pero gracias al acercamiento de Quintín que logró que quitaran la policía de las protestas ya son 5 semanas sin gas», cuenta Juan Manuel, el último día quizá de ese pacto que entre el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano y el director departamental de la policía hicieron para calmar un poco el ambiente en la ciudad.

El 29 de mayo la policía reprimió, asaltó la protesta que Bastión del sur acompañaba pero que realmente iba con las demandas de la plataforma de salud y educación. La movilización había dejado el carro de la EEH en llamas atrás y continuaba caminando por el centro de Choluteca. La Policía Nacional aceleró con su tanqueta negra detrás de la gente, a los que se habían quedado en la cola de la marcha les fue peor y eran las señoras maestras y enfermeras que no podían correr. La tanqueta avanzaba rápido y todo se nubló con el gas. Los jóvenes de Bastión al frente se bajaron de la cisterna con sus morteros y hondas, directo a enfrentar a los policías.

La batalla duró varias horas, los dueños de negocios en el centro han logrado una estrategia de cierre rápido de sus tiendas cuando hay represiones, tienen práctica y tienen sus formas de apoyar a la gente que se ahoga con el gas, comparten agua, llevan a los más vulnerables a lugares seguros, aconsejan hacia dónde correr para que el gas pegue menos.

Este día se reanudaron las batallas entre Bastión y la Policía. Sin diálogo, sin plazo para desalojar, la policía atacó por la espalda, Bastión contraatacó dispersándose, tomándose las entradas y salidas de la ciudad. Humo negro y humo blanco se ven al mismo tiempo en Choluteca.

Wilfredo y los jóvenes de Bastión

30 de mayo: queman vehículo de la EEH

A lo lejos se ve humo negro, otro carro de la EEH quemado. No habían llegado ni siquiera los bomberos, quizá por el pesar de gastar la poca agua que hay en la ciudad para apagar esos fuegos. La ciudad de Choluteca está sitiada por jóvenes quemando llantas, encapuchados, ya la policía está cansada de perseguirlos.

Choluteca estaba tomada pero en el parque frente a la Policía Nacional, estaba doña Doris, la madre de Wilfredo. En el parque y en las protestas la gente hablaba de Juan Orlando Hernández y los señalamientos sobre su aparición en una lista de investigados por la DEA, de cómo ya le queda poco tiempo en la presidencia y de que no se van a cansar hasta que deje la silla que no se ganó.

Mientras tanto en las entradas y salidas de Choluteca, los chicos del Bastión, niños de entre 12 y 17 años, con guantes, capuchas y lanza morteros artesanales, se iban de frente contra los policías, los maestros, médicos y demás salían corriendo.

Doña Doris, la madre de Wilfredo, venía del lado donde salían los refuerzos policiales y nos dijo que escuchó cuando les dijeron por la radio que llevaran más gas y las escopetas. Se preocupó por sus sobrinos y los demás chicos del barrio que Wilfredo dejó en la lucha. Yo le dije que vi niños muy pequeños con guantes, listos para regresarles las bombas lacrimógenas a los policías, ella me dijo: “esa fue escuela que les dejó Wilfredo, mi hijo me llegaba con las manos todas llagadas porque agarraba las bombas así con la viva mano y se las tiraba a los policías”:

En esos días, el comisario Marcos Nahín Andara, que apenas había sido trasladado de Santa Bárbara a Choluteca hace tres semanas nos atendió en su oficina de la Dirección Policial de Investigación. «El director me mandó porque estaban subiendo los delitos contra la integridad como el homicidio, al parecer casi todas las muertes son generadas por pelea de territorios por narcomenudeo, nosotros cubrimos toda la zona sur, Valle y Choluteca.

Nosotros manejamos un promedio de denuncias de robo a celulares, a viviendas en un promedio entre 15 y 20 denuncias diarias, de todo tenemos, de Choluteca, Marcovia, robos en motocicletas y violencia doméstica», contextualiza el policía.

Doña Doris cuenta que una vez se enfrentó a él en una reunión en la que se dijo que los oficiales de policía no andaban armas en las represiones a protestas. Doña Doris hizo ponerse de pie al comisario de la DPI y le preguntó al resto de personas allí si él andaba o no su arma de reglamento. Él la andaba en la cintura, es su instrumento de trabajo, nos dijo doña Doris indignada. Los policías se ponen nerviosos cuando hablan del caso de Wilfredo.

«El caso de Wilfredo está en proceso de investigación, desde que yo vine aquí hace tres semanas, no se han hecho protestas violentas hasta el día de ayer y hoy que incendiaron un vehículo de la EEH que ahora estamos investigando a los hechores. Ayer se dio un enfrentamiento con nosotros cuando se niegan a desalojar las carreteras que se toman y nosotros como autoridad tenemos como obligación que la circulación de personas y vehículos se de normal, que no se dañe el patrimonio mas que todo del estado y de las empresas privadas, esa es la obligación de nosotros.

Nos mantenemos al margen cuando alguien de la policía está involucrado en los hechos delictivos. Las denuncias por lo general las lleva DIDADPOL para tranquilidad de los familiares y de la gente es mejor que las denuncias las lleve el MP, la ATIC, e instituciones que no tienen nada que ver con nosotros, no es por falta de transparencia sino por tranquilidad», explica el comisario.

«Ningún policía va con la intención de dar muerte a un ciudadano porque nosotros solo vamos a cumplir nuestra labor de mantener la paz, la libre circulación de las personas. Ahora nosotros estamos filmando porque ahora filma todo mundo menos nosotros y ahora lo hacemos para garantizar que estamos llevando todo a cabalidad para este tipo de casos. En la manifestación de hoy no nos dieron oportunidad de acercarnos sino que comenzaron a agredir, ya vienen predispuestos y sin más ni más le prendieron fuego a un vehículo que no tiene nada que ver», explica y se justifica. Ese día en la manifestación un policía pegó una patada a un observador de una ong de Derechos Humanos, hubo balazos y muchas personas afectadas por el gas lacrimógeno

Y asegura que en el movimiento Bastión del sur siempre hay gente infiltrada, gente que va con la intención de cometer el delito no de protestar.

Doña Doris trata de contener el odio contra los policías, ella está segura que un uniformado le quitó a su hijo. Pero lo que más le duele a doña Doris es que Wilfredo estaba a dos semanas de irse para Estados Unidos, un amigo había prometido ayudarle para irse, porque en Honduras no tenía futuro. Dos semanas nada más, Wilfredo no lo logró.

Los apagones son presagios de crisis en Honduras, el apagón que ocurrió en las elecciones -así le llamaron, apagón- en el momento que cambiaron drásticamente la tendencia en la que Salvador Nasralla iba ganando por 5 puntos a Juan Orlando Hernández la presidencia. Ese apagón, dice doña Doris que fue el inicio de la indignación. Comenzaron los cacerolazos y Wilfredo le llevaba las ollas para la calle, y hacían bulla con sus vecinos, de la misma edad, todos tan jóvenes que ni siquiera fueron a votar, encontraron un sentido a sus días con esto.

«Para empezar la lista, aquí la gente está enojada por la energía, mi hijo me dijo que él trabajaba solo para pagar la energía, este viejo tal por cual, ¿qué piensa de dónde voy a comer yo?», cuenta doña Doris y la interrumpe un primo de Wilfredo que está allí escuchando la plática, le ayuda a doña Doris a traer todos los papeles y fotografías de cuando a Wilfredo lo asesinaron.

«Ese día él se fue solo, cambiándonos quedamos, él se adelantó. No había comenzado la marcha, los chepos llegaron a gasear y disparar, lo matan a las 5 y a las 6 quitan la luz. Cuando él estaba en el hospital quitaron la luz como 10 minutos allí nos dijeron que él estaba muerto», dice el jovencito y siente culpa. Ese día él estuvo en la calle enfrentándose a los policías, andaba sus manos negras por las llantas quemadas.

A Wilfredo en realidad lo declaran muerto en Tegucigalpa, después de trasladarlo al Hospital Escuela Universitario. Doris se ahoga en llanto mostrándonos los recortes de periódico donde hablan de la muerte de Wilfredo y recuerda sostener su cabeza hasta el último momento en el que el doctor le dice que no hay nada que hacer.

«Yo le dije, ya no te quiero ver en la calle Wilfredo, y él me contestó que ya solo le quedaban dos semanas en este país, que ya pronto iría a un mejor lugar» y Doña Doris llora más, con rabia cuando dice que en algún momento escuchó que dijeron que Wilfredo era jefe de una mara en Choluteca, y nos invita a pasar a la casa, un solo cajón donde vive con sus dos hijos, su madre, su sobrino que tiene allí a su pareja —ambos adolescentes— embarazada, y lo hace para demostrarnos que no son mareros, que los muchachos son «normales».

«Así como nos ve aquí, nosotras, mi madre y yo, que soy madre soltera los crecí a mis hijos trabajando, mi mamá me los cuidaba cuando yo me iba a trabajar».

Cuatro meses de embarazo carga la chica de 19 años allí sentada en una de las tres camas que apenas caben en la casa. Acaba de llegar de la protesta y cuenta que se les corrió a los policías.

«Supuestamente nosotros quebramos todas las cosas del banco Ficohsa», recuerda la chica con voz baja y Doris explica que ella habla del día del entierro de Wilfredo, que la caravana fúnebre fue gaseada y hubo enfrentamiento y disturbios en el centro de la ciudad. Ni muerto dejó de estar rodeado de gas lacrimógeno Wilfredo, dice Doris.

—¿Les tienen miedo? —Le pregunto a la chica que solo sonríe.
El día que mataron a Wilfredo él no nos esperó, completa.

—La gente nos trata de vándalos, drogos. Así trataron a mi hijo. ¿Ha visto usted alguna anormalidad aquí con ellos?- pregunta Doris quien cuenta que en febrero fue allanada su casa en busca de drogas y armas, al final, sin encontrar nada.

El abogado de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) que nos recibió en Tegucigalpa y habló bajo condición de anonimato nos dice que ellos son objetivos, y desmarcan el tema de seguridad del tema político.

«Nosotros no reflejamos que somos la espada de este gobierno para defender esto. Usted puede ver ese diario, la zona sur aparecía amarilla y verde, incidencia media y baja, a inicios de este año Choluteca pasó a rojo y Valle a amarillo, y esto fue en el marco de que la regional comenzó a judicializar toda la actividad criminal», explica y asegura que no vinculan la organización política en la zona con el crimen organizado y que todos los allanamientos se han dado respetando las leyes y los derechos de las personas.

19 de junio: huelga de policías

La Policía Nacional junto con la Fuerza Especial Cobras se van a huelga a nivel nacional. Dicen que dejan de reprimir y tienen su pliego de peticiones, sobre todo mejoramiento salarial.

Ese día Choluteca estaba sitiada, cerradas entradas y salidas. Por la noche los jóvenes seguían quemando llantas, confiados que la policía estaba en huelga. En efecto, no hubo represión. Esa fue la medida de presión para un gobierno que intenta sostenerse a punta de gas lacrimógeno.

La protesta comenzó frente a un centro comercial, salida a Guasaule a las 5:30 pm, allí estaba don Juan Manuel quien comenzó relatando la última golpiza que le propinó la policía hace un par de semanas. Lo acompañaban dos muchachos, uno de 17 y otro de 19, amigos de Wilfredo.

José dice que tiene casi un año y medio de estar en las calles, Wilfredo era su amigo, y dice que ahora mismo seguro está alegre de verlo que sigue en la calle. José tiene 17 años y solo estudió la escuela primaria, dice que Hernández mantiene a los jóvenes así, sin oportunidades.

«De Wilfredo aprendí muchas cosas, era un varón valiente, él no decía no a las cosas, decía siempre adelante, nunca se echó para atrás, siempre luchando, Juan Orlando Hernández va a salir con las manos arriba, y no me da miedo morir por mi pueblo. Mi familia no está de acuerdo, pero a uno de joven, el corazón lo llama», dice José con su rostro manchado del negro de las llantas quemadas, se emociona al punto de retener el llanto y se calma cuando comienza a contar sus enfrentamientos con la policía, que ahora mismo está en huelga pero que ellos no creen que la policía tenga la intención de dejar de reprimir, de tener cierta consciencia.

Jaziel, quien lo acompaña, tiene 19 años, dice que él siente que estudió para nada porque terminó la secundaria y no puede seguir la universidad y que tampoco encuentra trabajo. Jaziel trabaja con Juan Manuel vendiendo agua, pero no le ajusta para sostener a su familia y estudiar al mismo tiempo.

«Mi sueño es ser ingeniero agrónomo, pero no se puede porque en este país mientras no saquemos a este presidente siempre vamos a estar para atrás, miedo no me da pero uno siempre se acuerda de la familia y yo me encomiendo a las manos de dios», recuerda y se va corriendo porque lo requieren en el punto de la toma.

Ya es de noche y los policías están acuartelados, unos pocos oficiales vigilan la esquina de la posta policial. Nos contaron que ellos sufren por el estigma que recae sobre ellos, porque la gente cuando los ve es como si vieran la cara del gobernante, eso sienten.

«Somos el enemigo público», dicen con desconfianza.

Uno de los oficiales estuvo antes asignado a la posta de Pimienta en Cortés y contó que vivió horrores cuando la incendiaron y a él le tocó huir por la cañera. Ahora, en Choluteca admite que están sobrepasados y cansados porque las protestas en esta ciudad no han parado durante un año y ahora ellos son recibidos con mucha hostilidad en los barrios, en cualquier lado, incluso nos enseñaron en la esquina varias piedras allí tiradas, señas de los enfrentamientos que se dan justo a las puertas de sus oficinas.

Cerca de la posta policial está el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), dirigido por la abogada Lili López, una oficina en la que trabajan tres personas, dos en el campo y un conductor. La abogada asegura que no se dan abasto, trabajan con algunas organizaciones que sirven de observadoras cuando hay protestas como ACI Participa o el Observatorio Ecuménico por los Derechos Humanos.

«Nosotros recibimos un promedio mensual de 60 quejas, se denuncia contra autoridades y contra particulares, se da contra la Policía civil, a nadie le gusta que si anda vencida la licencia les pongan una esquela. Por lo general es contra la Policía Nacional y la policía contra maras y pandillas, de abuso en allanamientos, a nadie le gusta que les toquen la puerta a las seis de la mañana pero nosotros las investigamos y hemos constatado que todos los allanamientos se han dado con órdenes competentes, siempre tenemos reuniones interinstitucionales», justifica.

La abogada del Conadeh dice que son grupos de jóvenes los que hacen disturbios en las protestas que se refugian en mujeres y señores que andan manifestándose. «Eso pasó cuando casi destruyeron el hospital público, eso hablábamos con el comisionado de policía, porque ellos saben que la policía no puede tirar bombas por las personas que están internos, entonces ellos hacen eso», dice segura a pesar que luego confirma que no pueden observar las protestas porque ni correr pueden, andar en carro del Estado también los pone en peligro.

«El comisionado me decía que de nada sirve negociar y qué bonito hablar si la situación como que se descontrola cuando empiezan a quemar llantas y a tirar cosas, hoy me dijeron que quemaron un carro, en un abrir y cerrar de ojos, se descontrola todo. Solo un milagro de dios puede cambiar esta situación», dice la abogada casi en súplica.

Daniel, de Bastión del sur, dice que hay menores agredidos en cada protesta, el caso de Wilfredo llevó todo al extremo, pero nadie confía en la institucionalidad, por miedo la gente no denuncia ni acude al CONADEH.

«Nosotros ya perdimos el temor de platicar con periodistas u organizaciones de DDHH, y ongs, porque ya nos han estigmatizado de una forma a otra y no tenemos nada que perder, ya visiblemente nos han puesto como delincuentes, saqueadores, quemadores de ambulancias, cuando sucede esto que se sale del control todo entonces nos tapamos, entonces empieza la difamación. A mi primo, cuando la muerte de Wilfredo, la quema del vehículo y la quiebra de vidrio de varios bancos a él le pusieron que era jefe de la MS que venía de San Pedro Sula y que venía a hacer caos, y todos los que lo conocemos sabemos que es falso», explica.

No tienen nada que perder, ese es el sentimiento general, el de José, el de Jaziel, el de los primos y vecinos de Wilfredo, el que tenía Wilfredo. Nada que perder aun cuando se pierda la vida.

20 de junio: No tienen nada que perder

Estamos en casa de doña Doris, hay protestas en todo Choluteca. Esperamos a los muchachos del barrio pero están en la calle. De repente llega uno sudado, huyendo. Ingresa precipitado en su bicicleta hasta el fondo del solar, tarda un poco y sale bañado y con ropa limpia.

Nos han dicho que capturaron a Juan Manuel y que están buscándolo en las postas policiales, pero en poco tiempo Juan Manuel llega a la casa de doña Doris, en su motocicleta, sudado, sucio, la ropa llena de mozote. Logró escapar entrando por las rutas que ya conoce entre solares baldíos.

Juan Manuel llega donde doña Doris como si todo esto se lo debe a ella, como si su vida de alguna manera puede pagar la deuda que siente con ella tras el asesinato de Wilfredo. Él habla como que tampoco tiene nada que perder.

«Él trabajaba conmigo, y me decía que su sueño era ver este país libre, todos con trabajo, acceso a una vivienda, ayudar a su mamá. A mí me dolió la muerte de ese cipote, él trabajaba conmigo de halar agua pero los miércoles y los sábados era una situación religiosa, él no faltaba, los esperaba. Uno en la calle se quiere como hermanos, queremos lo mismo, queremos justicia, queremos paz, queremos sobrevivir porque, ¿cómo va a estar uno con el estomago vacío deseando paz?».

Juan Manuel terminó de hablar, se levantó sacudiéndose el mozote del pantalón para irse en su motocicleta a cantar rancheras a un cumpleaños, porque ante todo, Juan Manuel es músico.