Norma Rodríguez tuvo que convertir el luto por el femicidio de su hija Keyla Martínez en una lucha contra el sistema de impunidad. En 2021, Keyla fue víctima de un femicidio en una posta policial en Intibucá. Ahora, su madre, Norma, hace lo que puede desde España para que nadie olvide a su hija, especialmente el sistema de justicia que sigue sin condenar a los responsables.
Cuando hablamos de los gritos, siempre los asociamos a la violencia o falta de comprensión, sin tener una mirada clara de qué son y para qué nos sirven.
El 9 de mayo, cientos de manifestantes se tomaron las calles de Choluteca, la ciudad más importante del sur de Honduras, reclamando que no se apruebe la Ley de Justicia Tributaria actualmente socializada por el Congreso Nacional. Esgrimen que esa ley llevaría al cierre de empresas de la agroindustria sureña. Dos días después, fue convocado en Casa Presidencial el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y la Presidenta ordenó que se investiguen y sancionen a los promotores de la marcha. Sin embargo, ni la policía ni el Ministerio Público identificaron delitos cometidos aquel día.
Las mujeres hondureñas que huyeron de la violencia en sus hogares cargando a su hijos e hijas, huyeron también de un país que no las escuchó ni las protegió. En su camino de escape han encontrado más violencia pero también pequeños refugios. Las políticas migratorias las han hecho asentarse temporalmente en las ciudades de la frontera norte de México con los Estados Unidos, pero ahora, con la oportunidad de avanzar, deben justificar «el miedo creíble» que las hizo escapar para preservar su vida. La migración y la búsqueda de asilo ha sido para ellas una forma de aceptar las cicatrices y avanzar a pesar del dolor de abandonar su hogar, un lugar al que no pueden regresar.
Hace más de un año que la Ley de las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE) fue derogada por unanimidad en el Congreso Nacional de Honduras. Estos proyectos generaron conflictos y denuncias por la violación de la soberanía nacional que implicaban. El 21 de abril de 2022, en su informe de los cien días, la Presidenta Xiomara Castro declaró con orgullo : «Estamos recuperando nuestra soberanía» catalogando como logro de su gobierno la derogación de esta ley, pero hasta ahora ésta no ha sido ratificada por el Congreso Nacional. A un año de la derogación, tres Zede siguen operando en Honduras en una especie de limbo jurídico.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, envió un mensaje al pueblo hondureño en el Día Internacional del Trabajador haciendo énfasis en lo que ella catalogó como los logros de su gobierno: la derogación de las Zede y de la Ley de Empleo por Hora, la propuesta de una ley de justicia tributaria y su posición de «resistencia» ante una «conspiración» contra su gobierno. A pesar de que varias instituciones del Estado pidieron a sus empleados movilizarse en favor del gobierno en esta fecha conmemorativa, varios grupos de obreros y obreras y sindicatos salieron a las calles criticando la inestabilidad laboral tanto en el sector público como en el sector privado
En la comunidad Triunfo De la Cruz, en Tela, Atlántida, han pasado tres años desde el secuestro de cuatro líderes comunitarios sin que hasta hoy se tenga información sobre su paradero. Mientras tanto, Darwin Centeno, primo de Sneider Centeno, presidente del patronato de Triunfo De la Cruz y uno de los secuestrados el 18 de julio de 2020, cumple con la responsabilidad que le encomendó Sneider: darle mantenimiento a un terreno recuperado.
En el Distrito Central una densa cortina de humo continúa afectando a sus habitantes. Esto ha sido causado por los incendios forestales propagados en el departamento de Francisco Morazán. La calidad del aire que están respirando las personas en la capital del país sigue sin mejorar desde hace casi un mes.
En 2022 ingresaron a Honduras de forma irregular cerca de 190,000 personas, la mayoría cubanos y venezolanos; muchas más personas que en los doce años anteriores. El país desde el que llegaron a migrar en caravana más de 15 mil personas se ha vuelto también una parada hacia el Norte. A 4,000 kilómetros de la frontera de Estados Unidos, en los paupérrimos pueblos fronterizos brota la inflación para migrantes, la corrupción policial y las redes de tráfico. El nuevo éxodo transita la vieja ruta de migración.
En el Día Mundial del Arte —celebrado el 15 de abril— y tres días después de la conmemoración de 226 años de la llegada del pueblo garífuna en Honduras, el colectivo Negritudes Trans junto al colectivo LGTBIQ de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) realizaron la primera «Exposición Arte Garífuna Antirracista» en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz para colocar «en lo público sus propuestas antirracistas y emancipatorias como pueblo garífuna».
A dos semanas de la aprobación de la segunda fase del «Plan Nacional de Seguridad «Solución Contra el Crimen (SCC)» que incluye la tercera ampliación del estado de excepción, se produjeron cuatro amotinamientos simultáneos en diferentes cárceles del país que actualmente están bajo el control de los privados de libertad. En ese contexto, Contracorriente organizó un Twitter Space para hablar de estos temas y cómo este plan se asemeja al plan de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador que ha reducido el poder de las pandillas a costa de la degradación de la democracia en ese país.
Tres pueblos rurales de Olancho personifican el aterrador problema de los homicidios inexplicables en Honduras.
La comunidad garífuna de San Juan en Tela, en la costa caribe hondureña, denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar su derecho a la tierra ancestral. En medio de la denuncia, también han detenido la construcción de nuevos complejos hoteleros en tierras que reclaman como suyas y han abierto caminos que antes fueron cerrados por el desarrollo urbano. Se han organizado para solicitar que se titule a favor del pueblo garífuna 1770 hectáreas en la Bahía de Tela, una de las zonas más codiciadas por las inversiones turísticas en el país.
El sábado 8 de abril, en pleno feriado de Semana Santa y en día de visita conyugal, se registraron enfrentamientos armados en cuatro centros penitenciarios del país, dos de ellos cárceles de máxima seguridad. El Instituto Penitenciario asegura que ha tomado el control de los centros y la presidenta Xiomara Castro ha anunciado vía twitter una intervención «enérgica» y con «mano dura» del sistema penitenciario, mientras en la cárcel de máxima seguridad «El Pozo», continúan los tiroteos.
El venezolano fue asegurado en un operativo realizado en cruceros viales y recluido en la estación migratoria de donde fue rescatado con lesiones por el incendio; este jueves quedó detenido y acusado ante un juez de homicidio doloso, lesiones y daño en propiedad ajena.
Después de que en enero de 2023, el Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad (Caprodi) sufriera un robo violento en el que los delincuentes preguntaban por las contraseñas de sus computadores y celulares, a finales del mes de marzo, en dos ocasiones, tres integrantes de su equipo fueron objeto de amenazas e intimidaciones por parte de miembros de seguridad del Estado.
A tres días del incendio en lo que el gobierno mexicano llama «estación migratoria» en Ciudad Juárez, aún hay incertidumbre sobre quiénes son las víctimas mortales, quiénes los heridos y su estado. En una lista preliminar de 39 personas fallecidas, estaban seis migrantes hondureños junto a otros provenientes de Guatemala, Venezuela, Ecuador y El Salvador. Edin Josué Umaña, Dikson Arón y Jesús Adony, de la aldea Nuevo Porvenir en Protección, Santa Bárbara en el occidente de Honduras aparecen en esa lista pero sus familiares no han recibido el aviso oficial y han decidido seguir con la esperanza de obtener buenas noticias.
En San Antonio de las Quebradas de Choloma, Cortés, son los padres y madres de familia los que asumen la responsabilidad de que siga en pie la escuela Lempira, ubicada en una comunidad del Merendón. Ahí, en ese centro educativo, son los padres de familia los que luchan, en medio de la pobreza, para reparar la escuela. El ministro de educación Daniel Sponda habla de mil escuelas reparadas en el 2022, dice también que espera duplicar esa cifra este año, pero estas promesas chocan con la realidad que viven los estudiantes de las zonas más postergadas.
Según el presidente de México, Manuel López Obrador, el incendio fue iniciado por migrantes que estaban protestando en el albergue y que buscaban evitar ser deportados, los migrantes llevaban días protestando por las condiciones precarias del lugar. El cónsul de Honduras en México, Héctor Amador, confirmó que entre los migrantes hubo ocho hondureños que sobrevivieron al incendio y están recibiendo atención hospitalaria.
Ejecuciones extrajudiciales, restricciones a la libertad de expresión y prensa, corrupción gubernamental y falta de investigación en la rendición de cuentas son algunas de las cosas que señala el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre prácticas en materia de derechos humanos en Honduras en el 2022.
Según organizaciones que velan por la libertad de expresión en Centroamérica, el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en Honduras no es una opción para salvaguardar la vida de este sector. Además, estas organizaciones alertaron sobre el incremento de la violencia y ataques en contra de periodistas de la región.
La colonia Las Ayestas está ubicada al norte de la ciudad de Comayagüela, es un cerro y una zona con problemas de abastecimiento de agua. Para llegar hay que entrar por el barrio Las Crucitas en el bulevar del Norte, después bajar hasta el barrio Tres de Mayo y subir, ahora sí, la cuesta que lleva hasta Las Ayestas.
Es perverso que uno encuentre tantos argumentos para reducir el impacto de un gremio que dejó de prestar un servicio público, porque, en el balance general, el contexto de precariedad generalizada de las instituciones del Estado es incluso más grande que dejar de prestar los servicios como medida de presión. Es como si los trabajadores de la municipalidad de Tegucigalpa entraran en huelga e interrumpieran el servicio de distribución de agua como medida de presión.
Este es el perfil de un Ministerio Público en crisis, en uno de los países con los índices más altos de criminalidad, percepción de corrupción e impunidad en Latinoamérica. La crisis no es nueva, pero explotó a inicios de 2023, y ahora los fiscales y el personal administrativo de esa institución llevan casi seis semanas en huelga, con las instalaciones tomadas a nivel nacional exigiendo aumentos salariales.
La propuesta de una reforma tributaria por parte del Gobierno dirigido por Xiomara Castro provocó la inmediata reacción del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que manifestó que no hay resistencia a una revisión de las exoneraciones fiscales, pero que no están de acuerdo con la ley propuesta por la administración. «Mejor que digan se prohíbe la inversión privada», dijo en conferencia de prensa el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho. Por su parte, el gobierno sostiene que si no hacen estas reformas Honduras caería en la categoría de «paraíso fiscal».
El pasado miércoles de ceniza –en el que los funcionarios de gobierno realizan el rito religioso como si fuera parte de la agenda estatal– la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rebeca Ráquel, se refirió a la posibilidad de reglamentar la extradición, que en el país funciona a través de un auto acordado. Fue el primer tema al que se refirió como titular de ese poder del Estado ante la prensa. La CSJ informó que están revisando 32 solicitudes de extradición que dejó la administración pasada; mientras tanto, algunos de los actuales congresistas están de acuerdo en discutir y aprobar una ley de extradición que sustituya el auto acordado, lo cual es visto por analistas como una jugada peligrosa de quienes están buscando protegerse.
Fotografía y Texto: Fernando Destephen A las 8 de la mañana del 1 de marzo, los campesinos del «Movimiento de Campesinos sin Tierra de Yoro»
Los bordos de los ríos que cruzan la ciudad de San Pedro Sula han sido por décadas poblados afectados por la pobreza extrema, la vulnerabilidad ante los fenómenos naturales y por la sobrepoblación que produce la migración del campo a la ciudad. Ahora estos asentamientos humanos informales reclaman una reubicación digna.
Es terrible decirlo —y quizás me da vergüenza—, pero ya está: después de años coqueteando con Centroamérica como periodista, algún día me sorprendió ver niños jugando en la calle.
Kersy y Elías tuvieron que salir de sus casas y comunidades huyendo de la violencia que agobia a Honduras. Sin protección y atención por parte del Estado, Kersy y Elías siguen en el país buscando recuperar su vida y la libertad de caminar sin esconderse. Ellos forman parte de una legión de desplazados internos que alcanza las 250, 000 personas según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados(ACNUR).
Fotografía y Texto: Amilcar Izaguirre Raquel García Banagas no ha podido tener casa propia, aún cuando vivía con sus padres en La Ceiba, Atlántida. Siempre
Honduras cumple tres meses con un estado de excepción que busca combatir las extorsiones y las pandillas, pero las cifras de violencia y la población en los sectores intervenidos por los cuerpos de seguridad dicen que las cosas continúan igual. Mientras el gobierno de Xiomara Castro celebra «miles» de capturas, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos cuestiona la veracidad de las cifras, denuncia patrones de abusos policiales y recomienda frenar la medida.
La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) denunció el asesinato de Ricardo Arnaúl Montero, quien estaba involucrado en la exigencia de la comunidad de Triunfo de la Cruz para que se cumpliera una sentencia de la Corte-IDH en su favor. El patronato de la comunidad sostiene que Arnaúl no fue asesinado, sino que murió ahogado en el mar.
Sé que he dicho antes que el fútbol es una de las expresiones más patriarcales de la historia, y lo confirmo. Es uno de los espacios de oda a la masculinidad tóxica, al macho alfa. Lo que no se sabe tal vez es qué hay detrás de esa teoría.
. La familia Zelaya regresó a la Casa Presidencial tras una década de hábiles negociaciones políticas, subordinando bajo su mando a las mismas Fuerzas Armadas que derrocaron a Manuel Zelaya mediante un golpe de Estado en 2009. Xiomara Castro, esposa de Zelaya, inicia el segundo año de su mandato bajo el lema de «socialismo democrático», en un país polarizado y empobrecido.
El Partido Libre y el Partido Nacional coincidieron en 12 candidatos para conformar una nueva Corte Suprema de Justicia en los tres intentos que hubo
Óscar Zelaya, un teatrista y guionista de San Pedro Sula, lleva diez días en huelga de hambre sentado frente a la Concha Acústica del Parque Central de Tegucigalpa.
En cuatro meses el empresario y político Manuel Baldizón ha pasado de ser deportado a Guatemala e ingresar en prisión acusado de recibir sobornos de Odebrecht, a salir de la cárcel y presentar su candidatura como diputado al Congreso del país. La RR ha tenido acceso a un informe de la CICIG con información del FBI que muestra sus conexiones con empresas ‘offshore’ que recibieron US$1.36 millones de la constructora brasileña. Estas pruebas, que forman parte del expediente de la investigación, no han impedido el meteórico regreso del excandidato presidencial a la política. Por el contrario, la fiscalía ha sacado del proceso el testimonio de un directivo de Odebrecht que señalaba a Baldizón y ha vuelto a acusar de obstrucción a la justicia a varios de los funcionarios que armaron el caso, entre ellos al excomisionado de la CICIG y actual ministro de Defensa de Colombia.
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, mencionó en un evento público que en su primer año de administración no había necesitado transferencias del Gobierno Central y en comunicación con Contracorriente afirmó que «no eran pordioseros» y que «con mucho gusto» regresa la transferencia de 21 millones de lempiras destinada por el gobierno central a esta alcaldía para el año 2022.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) desarrolló entre el 6 y 7 de febrero una audiencia pública por la destitución abrupta, en el año 2012, de cuatro magistrados de la Sala Constitucional de Honduras por parte del Congreso Nacional, liderado en ese entonces por Juan Orlando Hernández. La defensa de Honduras estuvo integrada, entre otros, por la abogada Laura Flores Dubón, secretaria general de la PGR e hija del actual asesor presidencial, Enrique Flores Lanza, y de la candidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Marlina Dubón Villeda.
Los transformistas se apresuran en decir que su disciplina no es lo mismo que el drag, pero los límites son borrosos. No es lo mismo, dicen, pero a veces se parecen un montón y en el escenario cada quién sale a contar su versión de qué es transformismo . Puede que ahí esté su magia, ante el calor de los reflectores y el rugido de los aplausos las definiciones no importan tanto.
Hay un ambiente espiritual que envuelve la atmósfera comercial de la Plaza Japón, la rotonda ubicada en el extremo oriente del bulevar Suyapa, uno de los más transitados de Tegucigalpa. La calle de acceso a la Basílica de Suyapa y a la Ermita se llenan de ventas de comida, dulces, ropa, zapatos, medallas, postales, ollas, accesorios de celular y velas para pagar alguna promesa hecha a la Virgen de Suyapa a cambio de sus favores, los milagros.
La sentencia de “deportación” leída por Octavio Rothschuh, magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, detalla que los reos de conciencia fueron “deportados” a Estados Unidos y declarados traidores a la patria, inhabilitando de forma perpetua ejercer funciones en nombre de Nicaragua y de cualquier cargo de elección popular. De inmediato, la Asamblea Nacional justificó la decisión del judicial quitándole a los encarcelados su nacionalidad nicaragüense.
Hay historias que empiezan desde «bien abajo», como la de un grupo de niños y niñas de una de las colonias más afectadas por la inseguridad en Tegucigalpa que han encontrado en el boxeo un espacio de libertad y seguridad, quizá el único que tengan.
El gobierno dirigido por Xiomara Castro despertó la esperanza en la población hondureña de que los principales problemas que esta enfrenta serían resueltos. Uno de ellos es el alto costo de la canasta básica, cuyos precios se han disparado en los últimos meses poniendo en una situación difícil a las familias más empobrecidas. El costo de la canasta básica, en la mayoría de los casos, supera lo recibido con los salarios de las personas en un país con una alta tasa de desempleo y subempleo.
Diputados de las tres principales bancadas del Congreso Nacional de Honduras —el Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y el Partido Libertad y Refundación (Partido Libre)—, anunciaron este jueves que podría existir consenso en elegir magistrados suplentes durante la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Quienes lo promueven, alegan que hay un vacío legal en la Constitución de la República que lo permite; para quienes lo critican, esto es semejante a las interpretaciones que se dieron sobre el golpe de Estado y la reelección presidencial.
La Comunidad de Guapinol está ubicada en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, a unos 340 kilómetros de Tegucigalpa. Es una comunidad próspera, de gente trabajadora y organizada, que posee tierras fértiles rodeadas por el río Guapinol, en peligro por proyectos mineros.
En la instalación de la segunda legislatura, la designada Doris Gutiérrez en representación del Poder Ejecutivo y Luis Redondo que preside el Congreso Nacional, brindaron sus respectivos informes referentes al primer año de un gobierno que llegó con la esperanza de cambios radicales pero que con el tiempo se han diluido. Con la ausencia del saliente titular del poder judicial Rolando Argueta, y en medio de la tensión por la falta de consensos para la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema, tanto Gutiérrez como Redondo destacaron logros y nosotros los chequeamos.
Si 2022 acabó con la democracia centroamericana en coma, 2023 ha arrancado como una especie de carrera para ver qué país daba el primer mensaje autoritario.
Con dos fuerzas mayoritarias negociando la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tal y como se advirtió, los diputados con conflictos de interés buscan entre el listado de 45 candidatos a los 15 magistrados que se apeguen a sus intereses políticos partidarios, siempre con la mirada puesta en la posible llegada de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH), la elección de un fiscal general en septiembre y los casos judiciales por corrupción pública pendientes que involucran a grupos de poder o a los diputados mismos.
Todo está listo para que 128 diputados —varios de ellos miembros de partidos vinculados a redes de corrupción y narcotráfico— elijan a la próxima Corte Suprema de Justicia de Honduras, conformada por 15 magistrados que serán vitales, entre otros asuntos, para la concreción de más extradiciones a EE. UU. y para determinar el éxito o fracaso que pueda tener una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (Cicih).
Durante las últimas dos décadas, las poderosas corporaciones tabacaleras transnacionales han intentado socavar el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización
Uzra Zeya, subsecretaria de Estado para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos del gobierno de los Estados Unidos, visitó Honduras entre el 9 y el 12 de enero de 2023 liderando una delegación de funcionarios de alto nivel para sostener el segundo diálogo bilateral que se realiza en lo que va del gobierno de Xiomara Castro.
Honduras es un país con conflictos, pero quizá el más largo y persistente de todos es el agrario. También es un país de migrantes, la economía nacional se sostiene por las remesas. Y es, sobre todo, un país de jóvenes, en su mayoría campesinos o migrantes -o ambos-. Pero en el Bajo Aguán, ubicado en uno de los valles más fértiles y productivos del país, un grupo de jóvenes no quiere migrar, quiere enraizarse, como una vez sus padres lo hicieron o intentaron hacer. Con el nuevo gobierno, que prometió «la refundación» del Estado, vieron una oportunidad y después de tomarse tierras en poder de grandes corporaciones, han hecho una tregua con el gobierno. Se enfrentan a la gran industria de la palma africana que es más que un Goliat para ellos y esa lucha , ha llenado de sangre la tierra por décadas.
En Contracorriente recorrimos Honduras un año más y te trajimos las historias que estaban ocultas. Nuestro equipo de fotografía nos mostró la conflictividad en diferentes
Monigotes con las figuras del expresidente Manuel Zelaya y Juan Orlando Hernandez destacaron cada fin de año durante la última década en la tapicería de Adolfo Sarmiento Castejón. Sin embargo, este año se han sumado las figuras del cantante puerto riqueño «Bad Bunny», la presidenta Xiomara Castro, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo y Santiago Suniga, un personaje hondureño que se autodenomina «apóstol», conocido en las redes sociales por su peculiar manera de predicar la religión evangélica.
El Gobierno puede gestionar la cultura e incluirla como beneficio ciudadano basado en un derecho humano esencial para el desarrollo. Texto: Salvador Madrid Fotografías: Festival
Los nombres de más de la mitad de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia circulan en redes sociales calificados como personas
El 17 de noviembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, más conocida como «Ley de Monsanto». Organizaciones campesinas lucharon durante diez años contra esta legislación que no sólo amenazaba el libre cultivo de las especies nativas y criollas de Honduras y obedecía a una industria alimentaria millonaria, sino que atentaba contra los saberes ancestrales de pueblos originarios que se enfrentan cada vez más con las sequías, inundaciones y otros efectos derivados de la crisis climática.
Erick Xha, de 50 años, empuja cada día su negocio ambulante —un carrito de conos— por las calles empedradas de un pueblo colorido y de cultura muy arraigada: Antigua Guatemala.
A casi un año de la derogación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, Honduras está todavía lejos de ser libre de las ZEDE. Tres empresas operan aún bajo este régimen especial en el territorio nacional; una de ellas, Próspera en Roatán, ha advertido que si el Gobierno actual no negocia «de buena fe» demandarán al Estado por hasta 10,775 millones de dólares por daños y perjuicios. Mientras tanto, el Gobierno de Estados Unidos ejerce presión con el fin de proteger las inversiones de sus ciudadanos en estas jurisdicciones que siguen funcionando sin el marco legal que les dio vigencia y beneficios fiscales.
Por ahora se desconocen los avances del Periodo Adicional de Exploración, dentro del cual –según el contrato de la concesión petrolera– se tendría que perforar un pozo para exploración y explotación en los Cayos misquitos de Honduras. Erick Tejada, ministro de Energía, argumenta que violentar este contrato podría traer demandas con perjuicio para el Estado, aun cuando el proyecto comenzó a ejecutarse sin realizar una consulta previa libre e informada a los pueblos originarios que habitan en esta zona de la Moskitia.
Este martes entró en vigencia decreto que autorizó a policías y militares ejecutar un plan que suspende garantías constitucionales en dos ciudades de Honduras.
El viernes 25 de noviembre, el juez Allan Urbina, del Juzgado de Letras de Roatán, dictó sobreseimiento definitivo para los seis defensores de la tierra ancestral garífuna de Punta Gorda acusados del delito de usurpación. A nivel nacional, esta resolución marca un hito en la interpretación jurídica de los conflictos de tierra que implican a poblaciones indígenas. Pero falta mucho todavía para que el Estado de Honduras garantice los derechos del pueblo garífuna. La audiencia arrojó luz sobre irregularidades y racismo por parte de las autoridades.
Desde hace unos 12 años, un grupo de seis adultos mayores se reúne los días miércoles y sábados para jugar al fútbol en una cancha de cemento ubicada en el barrio El Guanacaste, en Tegucigalpa.
Ellos afirman haber visto transformarse a Tegucigalpa en un completo caos, en donde muchos espacios deportivos que existían han venido cerrándose.
Según datos de Casa Alianza, se han registrado 189 muertes violentas y ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en lo que va del mandato de la presidenta Xiomara Castro. La situación de violencia, desplazamiento forzado y migración a la que se enfrentan los menores de edad es, según expertos, un llamado a implementar de manera urgente políticas públicas que garanticen los derechos a las niñas y niños.
Honduras lanzó el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, una estrategia que hace pensar mucho en lo que está pasando en el vecino país El Salvador, en donde el presidente Nayib Bukele ha lanzado el «Plan de Control Territorial», con el que el gobierno salvadoreño asegura haber capturado a unos 56 mil pandilleros.
El 7 de noviembre de 2022, policías y militares irrumpieron en un campamento en Punta Gorda, Roatán, y capturaron a seis personas por el delito de usurpación. Entre mar y selva, en la isla más codiciada de Honduras, los once acres de tierra en disputa forman parte de un movimiento más amplio del pueblo garífuna: el de «recuperación de tierras ancestrales» para asentar las nuevas generaciones y garantizar la supervivencia de su cultura. Tras el desalojo que dejó varios heridos, el Gobierno alegó ignorancia y reforzó su «compromiso» con los derechos humanos. Este reportaje relata el divorcio que todavía hay entre las autoridades y los garífunas.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emitió un informe a finales de septiembre que confirma una investigación por “ejecución extrajudicial” en el caso de Adrián Solórzano, el primero que ve la luz pública y emplaza al Estado para que explique una de las 90 muertes que han sucedido en penales desde el inicio del régimen de excepción. Su familia había denunciado hace cuatro meses que Solórzano, un padre de familia de 30 años fallecido en el centro penal La Esperanza, fue asesinado por las autoridades.
Los cónsules honorarios son actores voluntarios de la diplomacia, con funciones limitadas y por un periodo indeterminado. Además de tener a sus propios cónsules honorarios en varios países, en Honduras hay hoy 62 diplomáticos que representan a otros países; la mayoría de ellos son empresarios hondureños. Esta es la historia de ocho miembros de la familia Kafie que portan carnet consular, a pesar de que algunos han estado señalados en casos de corrupción o de vulneración a los derechos humanos.
La economía mundial vive una recesión económica que afecta de manera más agresiva a la pequeña economía de Honduras. Expertos consultados por Contracorriente consideraron que el Gobierno de Xiomara Castro no está respondiendo adecuadamente a este problema internacional que ya tiene al país con una inflación arriba del 10 %.
El 28 de abril de 2022, el Congreso Nacional de Honduras derogó, con el voto de 83 de los 128 diputados, la Ley de Empleo por Hora aprobada en 2014. Tras la derogación, se dio una vacatio legis de 60 días para encontrarle solución a las personas que estaban trabajando bajo esta modalidad. Sin embargo, esa solución no llegó para muchas personas que quedaron en un agujero de incertidumbre laboral.
El 26 de octubre, en el Instituto Hondureño de Cultura Hispánica (IHCH), Tercer Cine proyectó y organizó un conversatorio con las protagonistas del documental Dos Ríos, un mediometraje que muestra, por una parte, la resistencia de pueblos originarios de Honduras y Guatemala a la construcción de proyectos hidroeléctricos, y, por otro, el liderazgo de dos mujeres feministas y ambientalistas en el contexto centroamericano.
Un violento desalojo fue realizado este lunes por miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en una comunidad garífuna ubicada en el departamento de Islas de la Bahía, Caribe de Honduras. La Organización Fraternal Negra de Honduras informó que hay seis personas detenidas y varias heridas. El operativo se llevó a cabo por denuncias en contra de la comunidad por el supuesto delito de usurpación de tierras.
En junio, Casa Presidencial aseguró a este medio, a través su oficina de acceso a la información, que no tenían asesores presidenciales contratados; sin embargo, los informes de trabajo y las planillas de salarios entregadas por la misma institución cuatro meses después, indican que tres personas – todas hombres – cumplen funciones de asesores desde meses antes de que la solicitud de información fuera presentada.
Ante el panorama adverso para la democracia en la región centroamericana, decenas de periodistas de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua lanzaron una red que contempla enfrentar de manera eficiente el exilio, la persecución judicial y los ataques a la libertad de prensa que terminan afectando el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión.
A lo largo de la carretera Panamericana, saliendo de Choluteca, un prado está cubierto de champas hechas de palos y lonas. Este campamento lleva el nombre de «Ciudad Mel Zelaya» en homenaje al expresidente y actual asesor de la presidenta Xiomara Castro. Desde hace más de tres meses, viven allí unas 1,600 personas, aguantando el calor y las lluvias torrenciales con la esperanza de que el nuevo Gobierno les permita vivir en este terreno cuyos dueños desconocen.
A través de una red que tiene influencia en todo Chamelecón, la población LGBTIQ+ realiza actividades relacionadas con la sensibilización sobre los derechos humanos de las personas diversas. El viernes realizaron un taller en la colonia Suyapa.
En San Pedro Sula, Cortés, el pasado sábado 15 de octubre, 719 parejas se unieron en matrimonio en un evento religioso que se realizó en la Iglesia Ministerio Internacional La Cosecha, organizado por la municipalidad de esta ciudad y la Asociación de Pastores Evangélicos del Valle de Sula.
Al extremo sur de Honduras, entre el río Guasaule y el puesto fronterizo entre este país y Nicaragua, decenas de buses se aglutinan a diario desde hace dos semanas esperando a que sus «clientes» regresen de tramitar la entrada a Honduras. Son centenares de nicaragüenses que decidieron exiliarse del régimen de Daniel Ortega, empujados por la necesidad y el miedo.
En Honduras, miles de familias viven en zonas vulnerables a los embates del cambio climático y luego de que han pasado las emergencias por tormentas e inundaciones no tienen más opción que regresar al mismo lugar de donde salieron expulsados. Unas 5800 familias necesitan ser reubicadas en el Valle de Sula, según fuentes oficiales.
Una mujer grita desesperada, mientras empaca sus pocas pertenencias diciendo: «Mi casa es lo único que yo tenía, ¡ay Dios mío lindo, ayúdanos padre!». Ella y cuatro miembros más de su familia tuvieron que abandonar sus casas ayer por la tarde luego de que una nota atribuida a la pandilla Barrio 18 les advirtió que debían dejar su barrio.
Entre abril y septiembre de 2022, después de que Bukele decretara el Régimen de Excepción, el número de salvadoreños que han solicitado refugio en México se incrementó casi un 80% respecto a los seis meses anteriores. Personas sin vínculos con las pandillas llegan a Tapachula, en la frontera sur, huyendo de las amenazas y abusos de policías y militares.
Honduras es considerado uno de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático, sin embargo, estos efectos no golpean en igual medida a toda la población hondureña. Las mujeres corren mayor riesgo de ser víctimas de explotación, trata de personas, y violencia sexual y doméstica durante desastres naturales. Tanto las mujeres campesinas al norte del país, como las mujeres que habitan en albergues en el Distrito Central, han desarrollado resiliencia ya que, año con año, las consecuencias del cambio climático y la vulnerabilidad social del país empeoran.
El Poder Ejecutivo creó la Dirección General de Información y Prensa, considerada por algunas organizaciones y congresistas como una potencial amenaza a la libertad de prensa. El ministro de la Secretaría de Planificación y Estrategia, Ricardo Salgado, negó a Contracorriente que esto sea el comienzo de una dictadura para controlar la información en Honduras y se unió al coro gubernamental que repite que las críticas a esta ley son parte de una campaña de desestabilización en contra del Gobierno de Xiomara Castro.
«Eso tiene años, cada vez que llueve se empieza a caer un poco más debido a la saturación de agua», dice Dafne Gómez, una habitante del barrio El Chile, ubicado al norte del Distrito Central, capital de Honduras. Dafne explica que ella y sus vecinos han observado de manera alarmante el deslave en una montaña detrás de un campo de fútbol en esa comunidad.
«Yo vivo de lo que los demás botan», dijo José Paz, un hombre de 62 años que se mueve de un lado para otro en la estación del Trans-450 frente al Hospital Escuela de Tegucigalpa, en el Bulevar Suyapa.
A menos de dos años del paso de las tormentas tropicales Eta y Iota, muchos hondureños han vuelto a perderlo todo, incluso lo poco que habían recuperado de la devastación anterior. El Gobierno ha reaccionado otorgando 200 millones de lempiras a los municipios afectados y anunciando la construcción de tres represas.
El Gobierno remitió un proyecto de ley denominado Mesa Nacional de Participación Ciudadana, el cual consta de nueve artículos y contempla cerrar algunos espacios de participación y abrir otros. El partido de Gobierno ha negado que esto sea la antesala de un proceso constituyente como lo han advertido diputados del Partido Nacional, sino justifica que es para eliminar al Foro Nacional de Convergencia (Fonac), que se identificó significativamente con el Gobierno de Juan Orlando Hernández.
En Honduras los efectos del cambio climático afectan al 90 % de la población en su día a día, esto acentúa la necesidad de soluciones reales por parte de las autoridades en la discusión de políticas públicas a favor del medioambiente en un país con una amplia diversidad de ecosistemas. Periodistas por el Planeta (PxP) y la Organización para Estudios Tropicales (OET) en Costa Rica se unen para brindar a periodistas de la región herramientas en el abordaje de historias sobre restauración de ecosistemas y cambio climático.
Xiomara Castro llegó a la presidencia de Honduras con la promesa de garantizar la protección y el goce pleno de los derechos de los ciudadanos, incluyendo el derecho al empleo. Sin embargo, tras nueve meses de gobierno, se acumulan cientos de denuncias por abusos laborales y despidos irregulares en diversas secretarías de Estado, incluso de los activistas de su propio partido, Libertad y Refundación (Libre), además de engaños y hostigamiento laboral por sesgos políticos e ideológicos. Los denunciantes apuntan como responsables a funcionarios como Natalie Roque, Pedro Joaquín Amador, Luther Castillo y el asesor presidencial Manuel Zelaya.
Escribir sobre derechos humanos y población LGBTIQ+ ha tenido un efecto terapéutico en mí y quizá —espero— para algunos de mis lectores. Por eso sigo haciéndolo: pienso que aquí transmito un poco de la paz que desearía haber tenido en mi infancia cuando descubrí que me gustaban los varones, pero que no pude expresar por el fuerte sentimiento de autocondena que la religión me impuso.
Tres jóvenes muertos y 31 hospitalizados dejó el entrenamiento para aspirantes a oficiales auxiliares en la Academia Nacional de Policía (Anapo). Se desconoce, por ahora, una versión definitiva sobre lo sucedido y tampoco se han revelado las autopsias de los fallecidos. Sin embargo, familiares de los afectados y expertos aseguran que hubo exceso de fuerza en el entrenamiento.
En un discurso que duró menos de cinco minutos, la presidenta Xiomara Castro ordenó, durante los actos de conmemoración del 201 año de Independencia del Imperio español, desenterrar el pensamiento del general Francisco Morazán. También instruyó a los ministros de Educación, de Cultura y de Planificación para que la cátedra y legado del prócer hondureño pasen a formar parte del sistema educativo.
Fotografía y texto: Jorge Cabrera «Estamos tan contentas de haber participado en el desfile, aunque primero nos insultaron y tiraron cosas, pero aquí estamos porque
El problema de la nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en Honduras es político. La ley actual es insostenible por su inconstitucionalidad, pero sirvió para concentrar el poder político y preservarlo a través de un sistema de lealtades de otros órganos del Estado y de los militares. ¿Cómo preservar el equilibrio de fuerzas políticas, sobre todo con los militares, pero con una integración diferente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad?
Desde el pasado domingo 28 de agosto de 2022, el ingeniero civil Carlos Aguilar se tomó la tarea de tapar baches en el anillo periférico de Tegucigalpa. Este es su segundo domingo, y a sus vehículos se les pueden ver pancartas pidiendo apoyo a los transeúntes: «¿Nos ayuda con sus manos valiosas?».
«Tengo una tía que mira noticias a través de TikTok», cuenta Paola Palacios, hondureña, cuya familia vive en Estados Unidos. Y lo dice explicando que esto sucede porque dentro de los noticieros en Arizona, lugar al que su familia emigró, las noticias internacionales suelen ser muy superficiales.
El pasado 18 de agosto de 2022 se estrenó el documental Berta soy yo, dirigido por Katia Lara, que reúne los testimonios de familiares, líderes indígenas y expertos en el caso del asesinato de Berta Cáceres, líder en la protección del río Gualcarque del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)
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