En Centroamérica, los liderazgos individuales, autoritarios y tóxicos como Ortega en Nicaragua o Bukele en El Salvador perpetúan ciclos de exclusión y abuso y cierran las puertas a alternativas más inclusivas y transformadoras.

Juliana Martínez Franzoni

En Cien Años de Soledad, la inolvidable Úrsula, matriarca de los Buendía, advierte: «Los hombres se acostumbran a la guerra, después no saben cómo salir de ella.» Su reflexión resuena hoy más que nunca, invitándonos a cuestionar los caminos que nos han llevado a un liderazgo basado en la confrontación y el abuso de poder. Pero, ¿es este el único modelo posible? ¿Podemos aprender algo de las experiencias y prácticas que históricamente han construido tantas mujeres en sus luchas por la justicia y la igualdad?

En esta Centroamérica nuestra, plagada de desafíos sociales y políticos, hemos visto cómo las sociedades depositan su confianza en liderazgos individuales, autoritarios y tóxicos. Bukele en El Salvador y Ortega en Nicaragua son dos buenos ejemplos que han contagiado a personas como Rodrigo Cháves, presidente de Costa Rica, quien en su investidura de “hombre fuerte” ha devenido en el «me como la bronca» como lema de gestión, reforzando un estilo que atropella diferencias y descalifica el diálogo. Este tipo de liderazgo no solo perpetúa ciclos de exclusión y abuso, sino que cierra las puertas a alternativas más inclusivas y transformadoras.

Estos pseudo héroes creen en el individualismo, el control, las verdades absolutas y la dominación como claves para mantenerse relevantes y populares, creando burbujas que aíslan toda disidencia. Si bien estas características han sido socialmente atribuidas a los hombres y entendidas como masculinas, las mujeres también pueden exhibirlas. Xiomara Castro en Honduras es un ejemplo de ello.

Del otro lado tenemos el liderazgo posheroico, uno guiado por la empatía, la construcción de comunidad, la aceptación sin vergüenza de la vulnerabilidad y la construcción de puentes para encontrar salidas. El poder de decisión, por tanto, es compartido y distribuido, basándose en la colaboración y la acción colectiva más que en el control individual. Este tipo de liderazgo surge del convivir e interactuar y su gasolina es la conexión y la influencia, no la imposición ni la fuerza. Además, asume la necesidad del aprendizaje colectivo: no todo está claro ni es siempre evidente cuál es el mejor camino a tomar.

A lo largo de la historia, han sido las mujeres quienes han convertido la adversidad en una fuerza transformadora, usando la empatía, la creatividad y la resiliencia como motores de cambio. Lejos de caer en esencialismos –es decir, de la idea de que las mujeres son genéticamente buenas–, ha sido la falta de poder individual el que a lo largo de la historia ha llevado a las mujeres – como también a la población afrodescendiente o indígena – a sumar esfuerzos.  

Centroamérica está llena de ejemplos contemporáneos de liderazgo colectivo femenino.

En El Salvador, el Movimiento de Víctimas de la Represión (MOVIR), liderado por mujeres que han perdido familiares bajo el régimen de medidas de excepción, transforma el dolor en organización y lucha por la justicia. En Guatemala, el Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’ empodera a mujeres indígenas, promoviendo su participación política y sus derechos sociales, económicos y culturales, demostrando cómo incluir voces diversas fortalece el tejido social. Y en Honduras, el Movimiento Amplio de Mujeres (MAM) aborda simultáneamente la violencia de género, los derechos laborales y la defensa ambiental, proponiendo soluciones que abarcan las múltiples opresiones que enfrentan las mujeres.

En resumen, la experiencia histórica de mujeres organizadas ofrece una riqueza de lecciones prácticas. Su liderazgo colectivo, construido en contextos de múltiples opresiones, no surge de privilegios individuales, sino de redes de apoyo y acción solidaria, demostrando que la opresión, cuando no fragmenta, une.

El liderazgo colectivo de las mujeres no solo inspira, sino que demuestra que hay alternativas al autoritarismo. Su capacidad para unir, construir y transformar ofrece maneras de hacer viables y deseables para enfrentar las crisis de nuestra región mucho más allá de los propios colectivos mencionados

Hoy las lecciones de esas mujeres y otros grupos oprimidos son fundamentales para imaginar y construir un mejor presente. No necesitamos comernos más broncas ni pulverizar a quienes piensan diferente, ni tildarles de todo lo feo que hay en este mundo. Necesitamos una idea amplia de “nosotros”, deshacernos de la idea de eliminar física o emocionalmente a quien piensa diferente… necesitamos más sentido de interdependencias y de comunidad.

Solo reconociendo que nuestras vidas están entrelazadas podremos avanzar hacia un mejor presente.

Es poco probable que quienes hoy acumulan poder y popularidad apelando a la violencia física y verbal, soñando con “likes” y aplausos efímeros, abandonen ese camino por iniciativa propia. Pero, ¿y los y las demás? Desde las experiencias ya existentes, podemos imaginar, exigir y construir un liderazgo diferente, uno que no dependa del atropello, sino que florezca y que gane en el diálogo, la empatía y el respeto por la diversidad. Se trata de escalar este tipo de liderazgos transformadores más allá de comunidades y agendas específicas. Es un camino largo y posiblemente lento… pero ¿qué otra alternativa hay?

 

Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual Contracorriente forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.

Tras los señalamientos que apuntan a Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Colón, como el presunto autor intelectual del asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024, el Ministerio Público se niega a dar información sobre los procesos investigativos en contra del alcalde a las organizaciones que acompañan el caso. El medio internacional Infobae vincula a Fúnez con pruebas testimoniales y científicas que incluyen comunicaciones directas con al menos uno de los sicarios detenidos en 2024.

Texto: Abigail Gonzales
Fotografías: Fernando Destephen

Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Colón, y miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre), ha sido señalado como el autor intelectual tras el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024 cuando  salía de un servicio religioso, según información publicada en Infobae.

Según la publicación del portal noticioso, fuentes anónimas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial confirmaron la existencia de «pruebas testimoniales y científicas» que vinculan a Fúnez en conversaciones con al menos uno de los presuntos responsables directos del crimen. La Iglesia católica del municipio también responsabilizó directamente al alcalde un día después del crimen.

En una entrevista para Contracorriente, la abogada Kenia Oliva, del Bufete Justicia para los Pueblos, respaldó la versión del medio y aseguró que el alcalde Fúnez podría tener implicación en la muerte del ambientalista López. Oliva apuntó que «para nosotros él es una persona de interés y debe ser investigada por el Ministerio Público».

Foto del ambientalista Juan López en una misa en su honor, en la iglesia católica del barrio El Centro, Guapinol. Tocoa, Colón, noviembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.
Foto del ambientalista Juan López en una misa en su honor, en la iglesia católica del barrio El Centro, Guapinol. Tocoa, Colón, noviembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Oliva también expresó su preocupación por la falta de transparencia del Ministerio Público, ya que se han negado a brindar información sobre la posible implicación de Adán Fúnez en el caso. «El Ministerio Público, o no está trabajando, o por su parte está encubriendo a los actores intelectuales», señaló.

Semanas antes del asesinato, Juan López exigió públicamente la renuncia de Fúnez, a quien señaló de corrupción y de favorecer intereses mineros en detrimento del medio ambiente del municipio.

López fue coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), donde defendía los ríos Guapinol y San Pedro, así como el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, oponiéndose al megaproyecto minero y termoeléctrico que pretendió instalar Grupo Emco, propiedad de Lenir Pérez. Fúnez fue aliado clave de la minera Los Pinares, parte del mismo grupo empresarial de Pérez y Ana Facussé, que ha sido señalada por violaciones a los derechos humanos.

En 2013, Los Pinares solicitó la aprobación de dos concesiones mineras en el Parque Nacional Carlos Escaleras, y tras maniobras irregulares, incluida la reducción de la zona núcleo del área protegida, la empresa obtuvo las concesiones en 2014.

Tras la aprobación de 200 hectáreas para la explotación de minería, los defensores del río Guapinol –entre ellos Juan– se opusieron al proyecto y enfrentaron amenazas. En 2018, bloquearon el acceso a la empresa Los Pinares por un año, lo que resultó en 32 procesos judiciales contra ellos y un conflicto socioambiental que ha dejado seis asesinatos entre 2018 y 2024.

Daños causados por el megaproyecto minero Los Pinares en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras Mejía. Tocoa, Colón, julio de 2023. Foto CC/ Fernando Destephen.
Daños causados por el megaproyecto minero Los Pinares en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras Mejía. Tocoa, Colón, julio de 2023. Foto CC/ Fernando Destephen.

Fúnez ha sido vinculado en múltiples ocasiones con grupos del crimen organizado, específicamente con el narcotráfico, y ha tenido relaciones estrechas con figuras políticas y empresariales señaladas por corrupción y lavado de activos. Ha ejercido como alcalde de Tocoa, Colón, durante más de 20 años, a pesar de las denuncias y escándalos. Su permanencia en el cargo se explica en gran medida por su cercanía con el cacique del Partido Libre, el expresidente Manuel Zelaya.

En declaraciones a un medio de comunicación nacional, Fúnez desmintió las recientes acusaciones de la prensa internacional, y dijo: «Me siento tranquilo, con mis manos limpias, no manchadas de sangre, porque no ha sido mi conducta». Afirmó que se considera una persona temerosa de Dios y rechazó cualquier vínculo con los hechos señalados. 

Asimismo mencionó que «me han acusado de otras cosas unos periodistas de Contracorriente, que me han hecho falsas acusaciones».

En febrero de 2024,  Contracorriente publicó una investigación que reveló los vínculos del alcalde de Tocoa con estructuras del crimen organizado, incluyendo el cártel de Los Cachiros, así como su papel en la facilitación de proyectos empresariales controvertidos en la región. 

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Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Colón, atiende entrevistas a la salida de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Comayagüela, tras ser citado por el Ministerio Público (MP) por haber sido mencionado en el juicio por narcotráfico al expresidente Juan Orlando Hernández. Tegucigalpa, septiembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.
Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Colón, atiende entrevistas a la salida de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Comayagüela, tras ser citado por el Ministerio Público (MP) por haber sido mencionado en el juicio por narcotráfico al expresidente Juan Orlando Hernández. Tegucigalpa, septiembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

En 2017, en el juicio por narcotráfico contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, un fiscal del distrito sur de Nueva York le preguntó al exjefe de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, sobre los políticos en el departamento de Colón que habían recibido sobornos para facilitar el paso de la droga y obtener protección, y Lobo mencionó entre ellos a Fúnez.

Fúnez ya había reconocido públicamente su relación con Javier Rivera, uno de los líderes del cártel, y mencionó que el proyecto minero de la empresa Emco, vinculada a conflictos socioambientales en la zona, previamente pertenecía a Rivera. 

Además, a Fúnez se le vincula con otras estructuras del crimen organizado, incluyendo grupos paramilitares y bandas que operan en el Bajo Aguán. En el año 2012, vendió una propiedad en Roatán a Pacific Corporation, empresa ligada a Dionisio Mármol Chirinos, acusado de lavado de activos y con nexos con el narcotraficante Fredy Donaldo Mármol. En la zona del Bajo Aguán también se le relaciona con el grupo de sicarios liderado por Céleo Bautista Rodríguez Ponce, prófugo por múltiples asesinatos, y con la banda Los Cachos, encabezada por Juan Carlos Lezama, señalada por ataques contra campesinos y defensores del medio ambiente.

En una entrevista para Contracorriente, el experto en derechos humanos Joaquín Mejía expresó que «por el momento el Ministerio Público, consideramos que ha jugado un papel importante en identificar a los autores materiales, pero todavía quedan los autores intelectuales. En ese sentido, entendemos que el proceso penal para determinar la culpa intelectual no es fácil, y estamos en espera de que las acciones que el Ministerio Público ha estado adoptando puedan tener efectos concretos para hacer esas identificaciones».

Asimismo, Mejía enfatizó que el alcalde Fúnez renunció a la reelección, pero «colocó a alguien de su confianza», el ingeniero Osvaldo Sandoval, como sucesor. Y es que el Tribunal de Honor del Partido Libre decidió el 14 de junio de 2024 retirar la membresía del alcalde, debido a investigaciones por corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado.

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Según el documento del Tribunal de Honor de Libre, Fúnez no respondió a las acusaciones en su contra, lo que se interpreta como una aceptación tácita de las mismas. Además, se le cuestiona su relación con Javier Rivera, miembro del cártel de Los Cachiros, y con el empresario Lenir Pérez.

Esta situación ha generado expectativas entre organizaciones locales, como el Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos en Tocoa, que esperan acciones concretas por parte del partido de gobierno. Cabe destacar que, desde su fundación en 2011, Libre no ha expulsado a ninguno de sus miembros.

A pesar de las múltiples acusaciones en su contra, el alcalde de Tocoa continúa negando toda vinculación con la muerte del ambientalista, y asegura permanecer «completamente tranquilo».

El Ministerio Público emitió este miércoles 19 de febrero un comunicado detallando los avances en la investigación del asesinato del ambientalista López. En dicho comunicado, se informó que se solicitó asistencia jurídica a la Policía Nacional de Costa Rica y al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para realizar el peritaje de al menos 10 teléfonos celulares decomisados en distintos operativos vinculados con el crimen.

En cuanto a la colaboración con el FBI, se detalló que se analizará un dispositivo decomisado a uno de los imputados, el cual fue encontrado destruido. Según el Ministerio Público, se espera recuperar información clave. 

El comunicado, tambien señala que el MP declaro, sin lugar, de manera provisional, la solicitud de procedimiento abreviado presentada por uno de los imputados en el caso de asesinato, en la que este aceptaba su participación en el crimen a cambio de una reducción de la pena. Esta medida se tomó debido a que aún se está a la espera del resultado de un peritaje sobre los teléfonos enviados a otros países, cuyo análisis podría aportar evidencia clave para el caso.

Washington, 19 feb (EFE).- Estados Unidos considerará como grupos terroristas a seis carteles del narcotráfico de México, entre ellos el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de la banda venezolana del Tren de Aragua y la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

Así lo ordenó este miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un documento publicado en el Registro Federal que entrará en vigor el jueves.

Además del Cartel de Sinaloa y el CJNG, también fueron incluidos en la lista de grupos terroristas los carteles mexicanos del Noreste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y los Carteles Unidos.

«Designo a las organizaciones antes mencionadas y sus respectivos alias como organizaciones terroristas extranjeras», determinó el jefe de la diplomacia estadounidense.

La decisión de Rubio cumple con la orden ejecutiva que firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el primer día de su mandato, cuando ordenó declarar a los carteles del narcotráfico como grupos terroristas.

México se ha opuesto en los últimos años a que Estados Unidos diera ese paso por temor a que eso abra la puerta a una intervención estadounidense en territorio mexicano.

Varios medios estadounidenses informaron el martes de que drones espías de la CIA han espiado al crimen organizado en territorio mexicano para detectar laboratorios de fentanilo.

Preguntado por este tema, Trump dijo el martes que México «está gobernado en gran parte por los carteles».

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles «no tener miedo» de una invasión de Estados Unidos porque se siente respaldada por la población.

Respecto al Tren de Aragua, que surgió en una prisión venezolana y tiene presencia en varios países de Suramérica, fue sancionado ya en julio del año pasado por el Departamento del Tesoro bajo la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025).

Trump denuncia desde hace tiempo la supuesta presencia de miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos, a los que ha prometido deportar o incluso enviar al centro de retención de migrantes de la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba).

MS-13, con orígenes y presencia en El Salvador, Honduras y Guatemala, también está sancionado por el Tesoro estadounidense desde 2012, bajo la presidencia de Barack Obama (2009-2017). 

La inclusión de estos grupos en la lista de grupos terroristas puede tener consecuencias en los migrantes que llegan a Estados Unidos, dado que estas organizaciones se dedican también al tráfico de personas en la frontera.

A nueve años del asesinato de la defensora del medioambiente Berta Cáceres, aún falta hacer justicia, con uno de los autores intelectuales prófugo y otros cuya responsabilidad en el crimen no ha sido esclarecida ante la justicia hondureña. Mientras tanto, el Gobierno hondureño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que, según indicó a Contracorriente uno de sus miembros, trabajará de manera técnica y legal con el Ministerio Público (MP) para presentar nuevos casos relacionados con el expediente ante los tribunales hondureños.

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen 

El 14 de febrero de 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribieron un acuerdo para la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ampliará la investigación del crimen contra la defensora del medioambiente Berta Cáceres, en busca de esclarecer la autoría intelectual detrás de su asesinato.

Ricardo Guzmán Loyo, uno de los integrantes del GIEI, explicó a Contracorriente que trabajarán conjuntamente con el Ministerio Público (MP) en asistencia y colaboración técnica y legal, tal como quedó acordado con el fiscal general Johel Zelaya y demás funcionarios del MP, antes de la suscripción del acuerdo. 

«La recepción de funcionarios y fiscales que tienen cada uno de los expedientes del caso Berta Cáceres fue de apertura hacia esta colaboración», dijo Guzmán Loyo. Agregó que, aunque el GIEI trabajará durante seis meses y tendrá acceso al expediente del crimen contra Cáceres, será el MP «el responsable de presentar luego los casos ante los órganos correspondientes».

La instalación del GIEI se produce semanas antes de que se cumplan nueve años del asesinato, el próximo 4 de marzo. Cáceres, quien contaba con medidas cautelares de protección otorgadas por la CIDH, era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), y lideraba la oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, llevado a cabo por la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en territorio lenca, a orillas del río Gualcarque.

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A nueve años, la justicia aún tiene deudas por el caso de Berta Cáceres; sus familiares y las organizaciones señalan que aún faltan responsables. Desde 2018, la fiscalía hondureña ha logrado sentencias condenatorias de entre 16 y 50 años de prisión contra ocho personas que participaron material e intelectualmente en el asesinato, incluidos sicarios, un militar del ejército hondureño y exempleados de la empresa DESA —entre ellos su expresidente ejecutivo David Castillo, cuya sentencia fue inicialmente de 22 años de prisión y luego se redujo a 20 años—, pero otros siguen prófugos de la justicia.

Uno de los principales señalados por la fiscalía es Daniel Atala Midence, exgerente financiero de DESA y miembro de la familia Atala, uno de los grupos de poder económico más importantes del país. El 1 de diciembre de 2023 se emitió un requerimiento fiscal en su contra y existe una orden de captura emitida por un juez nacional del circuito de corrupción, criminalidad organizada y medio ambiente, girada ese mismo día. Sin embargo, su ubicación es desconocida desde hace más de un año. 

Además de Atala Midence, dentro de la junta directiva de DESA figuraban otros integrantes de esa familia, como José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah, José Daniel Atala Zablah y el banquero Jacobo Atala Zablah, quien hasta el 19 de diciembre de 2024 se desempeñó como presidente ejecutivo del banco BAC Honduras

El 18 de mayo de 2021, el Copinh publicó la grabación de una conversación entre Jacobo Atala Zablah y David Castillo ocurrida después del crimen. Sin embargo, la fiscalía no ha presentado ningún nuevo requerimiento como parte de la investigación. En reiteradas ocasiones, el Copinh y la familia de Berta Cáceres han señalado a la familia Atala como el «siguiente eslabón» en el crimen contra la defensora del medio ambiente. 

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Otras personas que han sido condenadas por el asesinato son Elvin Rápalo, Henry Hernández, Edilson Duarte, Óscar Torres Velásquez, Mariano Díaz Chávez, Douglas Geovanny Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez. Aunque algunas de estas sentencias condenatorias han sido apeladas o sus defensas han buscado amparos, las cortes de apelaciones y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia las han desestimado.

Tras la instalación del GIEI, Berta Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres y representante del Copinh, reprochó al Estado hondureño por lo que consideró una justicia incompleta, a casi nueve años de la muerte violenta de su madre. 

Berta Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres, lamentó que el Estado hondureño continúe en deuda con las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Tegucigalpa, 14 de febrero de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.
Berta Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres, lamentó que el Estado hondureño continúe en deuda con las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Tegucigalpa, 14 de febrero de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.

«Las comunidades no han sido reparadas y los autores intelectuales no han sido investigados ni judicializados», manifestó Zúniga Cáceres, mientras miembros del Copinh exclamaban: «Faltan los Atala».

GIEI, una esperanza en el «país más peligroso» para las y los ambientalistas 

El GIEI instalado para el caso de Berta Cáceres es el cuarto en Latinoamérica, explicó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés).

«Le anteceden los grupos conformados para investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México; los crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2018 en Nicaragua; y los hechos de violencia en Bolivia en 2019. En estos casos, los GIEI han posibilitado investigaciones independientes que han permitido revelar la verdad detrás de violaciones a derechos humanos y la responsabilidad de los actores involucrados, aun cuando estos han sido el gobierno y el ejército», indicó CEJIL en un comunicado.

De acuerdo con el informe Voces Silenciadas, publicado el 10 de septiembre de 2024 por la ONG Global Witness, Honduras es el país con más muertes per cápita de personas defensoras del medio ambiente, con 149 muertes contabilizadas entre 2012 y 2023, y el «país más peligroso del mundo para las y los defensores del medio ambiente».

Solo unos días después de la publicación de dicho informe, el 14 de septiembre, fue asesinado Juan López, un defensor del medio ambiente y regidor municipal de Tocoa, Colón, cuando salía de un evento religioso. Al igual que Berta Cáceres, López contaba con medidas cautelares de protección de la CIDH desde 2023.

Por el asesinato de Juan López se ha capturado a cuatro personas, quienes actualmente enfrentan un proceso judicial ante el Juzgado Penal de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente. Según la fiscalía hondureña, estas cuatro personas participaron en la vigilancia, planificación y ejecución del crimen, según pruebas periciales, testimoniales y documentales recabadas por la fiscalía.

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El 16 de febrero de 2025, el medio argentino Infobae publicó un reportaje que apunta a Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Colón, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y defensor de proyectos extractivistas en esa región, como uno de los implicados en el asesinato de López. Lo señala, basándose en información clasificada que corroboró con fuentes judiciales y del Ejecutivo, de haberse reunido con uno de los sicarios apuntados por la fiscalía el mismo día del crimen.

La instalación del GIEI y la acusación contra Fúnez se produjeron solo unos días después de que el Congreso Nacional (CN) aprobara el 11 de febrero la reforma a seis artículos de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales, Operadores de Justicia y Defensores Ambientales. 

El Legislativo también declaró el 24 de enero como el Día del Defensor de los Bienes Naturales y Comunes de Honduras, en «reconocimiento a la labor del defensor ambientalista Juan López», y decretó que ese día debe considerarse como «fiesta nacional sin suspensión de labores». Sin embargo, según informes previos obtenidos por Contracorriente a través de fuentes en Tocoa, Colón, Fúnez, uno de los principales señalados por el crimen de López, mantiene estrechos vínculos con Edson Argueta, secretario privado del presidente del CN, Luis Redondo.

El Gobierno de Xiomara Castro ha priorizado la propaganda antes que la inversión pública en sectores como transparencia, desarrollo económico, derechos humanos, derechos de las mujeres, recursos naturales, cultura, turismo, atención a emergencias y niñez y adolescencia. ¿Por qué? En 2025 habrá elecciones, y es conocido que el proyecto de la refundación que comenzaron Castro y su familia está pensado para continuar por varios periodos más. Su narrativa sobre la extradición, la cooperación internacional, la sociedad civil y la mano dura contra el crimen pretende ocultar una realidad que se desborda todos los días: que Honduras sigue siendo una narco-cleptocracia. 

Por: Jennifer Ávila

Quiero comenzar con la noticia del momento: la presidenta de Honduras ha anunciado hoy que pondrá en pausa la denuncia en contra del tratado de extradición con Estados Unidos, después de que ella misma buscara eliminarlo el año pasado. El 28 de agosto de 2024, Castro ordenó denunciar el tratado de extradición de Honduras con los Estados Unidos por la «injerencia e intervencionismo» de ese país en la política de Honduras, una semana antes de que el medio Insight Crime revelara un video en el que Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta y exdiputado del Congreso Nacional, aparece negociando con narcotraficantes. Había sucedido también una reunión entre el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras con Vladimir Padrino, jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, señalado por vínculos con el narcotráfico. 

En ese momento, la extradición era injerencia, una herramienta del imperialismo para derrocar al gobierno progresista de Castro, y su decisión de acabarlo era un acto de dignidad soberana. Hoy, debido a los reclamos ciudadanos en pleno año electoral y a la ausencia de Honduras en la gira por Centroamérica de Marco Rubio como enviado de Washington, la narrativa es otra: «que el Tratado de Extradición continúe con las salvaguardas necesarias para el Estado de Honduras, garantizando su aplicación objetiva». 

La objetividad de las extradiciones no había sido un tema de conversación, por ejemplo, cuando el expresidente Juan Orlando Hernandez, su opositor político, fue extraditado. Hoy, ante la desconfianza de la población en el sistema de justicia nacional y la desilusión de la gente frente a la promesa rota de instalar una Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción en Honduras, la extradición es la única esperanza para ver a los narcos y cleptócratas presos en una prisión, aunque sea extranjera. 

Las narrativas sobre la justicia y la lucha contra el crimen y la corrupción son quizá las más manipuladas en estos tiempos; ya hemos hablado antes del uso del término de lawfare en Honduras, pero también está muy de moda en el Estados Unidos de ahora. Lo importante es tener la maquinaria para que no se note la incoherencia, y se transforme fácilmente la idea de justicia y dignidad a conveniencia del poder de turno. 

A diferencia de otras latitudes, no es tan nuevo en Centroamérica que los gobernantes quieran mantenerse en el poder y lo intenten con múltiples artimañas —porque las cleptocracias suelen ser lucrativas—; lo que es nuevo es la forma en que han ido modelando esas artimañas y amplificando su propaganda en redes sociales e internet. En el contexto electoral surge esa frase de «el dato mata el relato»; ¿se ajusta a la tradición política de nuestro país, en la que quien más vocifera gana?

De entrada les digo, aunque nos duela a los periodistas: el dato rara vez mata el relato, peor en estos tiempos de manipulación, algoritmos e información masiva. Es humano creer en chismes, conspiraciones y propaganda y, al contrario, dudar de cifras, índices y hechos. Si no, ¿cómo se explica la predominancia de la religión o de las teorías conspirativas sobre la ciencia, cada vez de manera más amplificada, o el ciego fanatismo por el color político? O ¿cómo se explica que tengan más difusión los insultos de un ministro que los hechos que llevan al cuestionamiento que se hace a los poderes del Estado? Por ejemplo, la propaganda de desestabilización del gobierno ante las pruebas irrefutables de la participación de miembros de la Policía Nacional en la masacre en la que murieron 46 reclusas en Honduras. O, ante las pruebas de pagos irregulares a funcionarios públicos, el ataque irracional de que quienes auditan tienen una «agenda oculta». O ante las pruebas que años de investigación han arrojado, las palabras de un caudillo que señala que los medios y la Iglesia se confabulan contra él. 

No es particular de Honduras que esto pase. El filósofo Byung-Chul Han nos había advertido de la crisis de la democracia, incluso antes de que el dueño de una red social como Elon Musk terminara destartalado las instituciones en el país que más presumía de tener una democracia inquebrantable, o de que el presidente de la potencia mundial del norte se rodeara de los tecnofeudales cuyo feudo es justamente el control de la información. 

En su libro Infocracia, Han escribe: «ante la revolución digital, Schmitt reescribiría su dictum sobre la soberanía: soberano es quien manda sobre la información en la red», en este caso quien tiene el presupuesto para comprar ese pedacito de dominio en los grandes feudos de las redes sociales. En el caso de Honduras, por ejemplo, para eso está sirviendo el dinero público en manos de un ministro como Ricardo Salgado. A la Secretaría de Planificación Estratégica le asignaron 1,025,092,417 lempiras, mientras que otras, como la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Desarrollo Social, tienen un presupuesto que oscila entre 153 y 855 millones de lempiras.  

No es extraño que la desinformación y la manipulación mediática en Honduras sea la forma efectiva de ciertos actores para llegar a la gente que les otorga el poder de representarla en el Estado; lo que han cambiado son los canales. Siendo un país con una democracia incipiente, cuyo desarrollo se interrumpió con un golpe de Estado, y uno de los más pobres de una región bastante golpeada por décadas, la propaganda por la que está pagando tanto dinero el gobierno puede ser efectiva para capitalizar votos o para justificar fraudes, como lo hizo la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, quien antes de reelegirse ilegalmente y con una gran oposición ciudadana, pagó popularidad en Facebook para inflar la conversación positiva sobre él y su gobierno. Sabemos lo que pasó, pero al menos le dio cuatro años más en el poder. 

Es preocupante en estos tiempos que las plataformas en donde la gente se informa y entretiene, y ya no hablo solo de los medios tradicionales que siempre han cumplido ese papel, sino de las redes sociales y el internet, nos presentan unos sesgos caprichosos desde que se convirtieron en feudos de unos magnates de la tecnología que guardan un cierto rencor con el establishment; pero lo más preocupante es ver cómo ese discurso, aun viniendo de personajes en el lado ideológico contrario al del Gobierno hondureño, sea moldeado de manera que no importa de qué lado estén, siempre pueda usarse como un arma contra quien cuestiona el poder. 

La comunicación estatal es importante, porque la población debe conocer los servicios a los que tiene acceso gracias a la buena administración de sus impuestos, los cambios que se hagan, como por ejemplo los últimos implementados con el régimen de aportaciones a pensiones o el Servicio de Administración de Rentas, las obras que están por inaugurarse, para que la gente sepa qué caminos se han construido para su beneficio, o los bonos y becas a los que puede aplicar para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la Secretaría de Salgado paga millones en consultores e influencers para coordinar campañas en contra de la oposición, que el gobierno ve no solo en los partidos conservadores, sino hasta en su propio partido y en la sociedad civil. Antes de anunciar un logro del gobierno, este suele reforzar el mensaje negativo de ataque contra quienes lo cuestionan, y eso es el que más difusión tiene. 

En este año electoral, la ciudadanía tiene un reto importante: filtrar la enorme masa de propaganda en la cual se está invirtiendo desde los partidos políticos y el gobierno, y hacerlo sopesando no solamente la afinidad ideológica o lo sensacionalista del relato, sino también los hechos y la construcción de argumentos racionales frente a la comunicación afectiva. Y bueno, si bien es cierto que los humanos somos más de relatos que de datos, al menos entendamos que, en la política, es fundamental que quienes quieren ostentar el poder público deben tener la valentía de enfrentarse a los cuestionamientos con hechos, y no con propaganda. 

Por Eva María Castillo
Portada: Persy Cabrera

Apenas cabían tres cuerpos delgados en el reducido espacio de 2 X 2 metros. Aquellos pequeños cuartos pintados de amarillo curtido conservaban el polvo de cuatro generaciones de expertos domadores de leones. Sus paredes, como testigos silenciosos e indiferentes, exhibían los oxidados clavos donde un día colgaron galardones en todas las ciencias habidas, cuadros enmarcados, estatuillas, diplomas, medallas, condecoraciones por desempeño, y fotografías de algún experto domador que con su partida no dejó más que pequeños aportes en polvo, recibos de luz, solicitudes de permisos y escasas pertenencias innecesarias para su vida de jubilado. En los travesaños de las puertas, donde el rodo de pintar no alcanza, el azul, amarillo, blanco hueso de pinturas pasadas se hacía visible únicamente al ojo contemplativo de un nuevo joven ocupante, advirtiéndole de la infame condena de su trabajo.

Es en los fríos inviernos de fin de año cuando los 2 X 2 se transforman en minúsculas morgues donde entre pláticas se cuentan terroríficas historias de domadores convertidos en almuerzo; mutilaciones de manos, piernas y brazos en su iniciación; sangrientas escenas de leones en celo atacando a otros leones, pero es el relato de Goliat el que siempre coronaba las pláticas. Goliat fue un joven león que terminó siendo asesinado y descuartizado por su domador, por no obedecer en medio de una función la orden de saltar.  Goliat y todos sus descendientes fueron asesinados frente a los demás leones en una especie de fusilamiento colectivo. Su cabeza fue expuesta como galardón en el único pasillo que conecta seis oficinas 2 X 2. Desde las alturas finge ser un recordatorio para que nunca más un león vuelva a rebelarse. 

En una de esas tardes invernales, cuando el silencio reina, dos jóvenes domadores de leones cruzaron sus miradas al salir cada uno de sus 2 X 2. Sus cuerpos perfectamente moldeados en sus trajes ajustados sugerían todo tipo de acto lascivo, dotados de sexualidad, cada una de sus cinceladas partes producían embeleso y más de un codazo ante la imprudente mirada fija en sus protuberantes formas masculinas. Eran un manjar para el pensamiento.

Al conectar sus miradas un resplandor impúdico reflejado en cada uno de ellos les delató. El encuentro era casual, pero su amor no. Era un amor dispuesto a la fidelidad, el respeto, la entrega plena y el trillado «hasta que la muerte los separe», dicho una y otra vez en esta sociedad acostumbrada a los finales predecibles. Fue la espontaneidad del encuentro, en el que temblorosos lograron la calma con un fuerte, estrecho e íntimo abrazo lleno de ternura y sinceridad. Conteniendo sus pulsiones sexuales y sin decir una palabra, cada uno recordó que no puede ser, que por muchas banderas que se desplieguen, se firmen tratados y se grite en las calles, ellos son y serán domadores de leones. El ojo de Goliat se quedó expectante desde las alturas, mientras en los pequeños cuartos 2 X 2 reinó de nuevo el silencio.

El Hospital Escuela enfrenta una crisis persistente debido a la falta de personal médico, la escasez de insumos y el aumento constante de pacientes. Esta situación ha provocado largas esperas, atención limitada y que muchos pacientes se vean obligados a costear sus propios tratamientos y exámenes. Mientras el sistema de salud pública se deteriora, el Congreso Nacional aprobó para 2025 un incremento presupuestario de apenas 1.33 % (equivalente a 388.6 millones de lempiras) en comparación con el año anterior, mientras que la Secretaría de Planificación Estratégica recibió un aumento del 99.8 %, pasando de 512.97 millones de lempiras en 2024 a 1,025 millones en 2025.

Texto: Abigail Gonzales
Fotografías: Fernando Destephen

El Hospital Escuela Universitario (HEU), el principal centro asistencial de Honduras, ubicado en Tegucigalpa, atiende a más de 8,000 personas a diario, en medio de una alta demanda de servicios y limitaciones de recursos. La falta de personal médico ha generado saturación en las salas de emergencia y retrasos en la atención, y la capacidad del hospital sigue siendo superada por la cantidad de pacientes que requieren asistencia. 

Una de las pacientes, Francisca Alvarado, de 63 años de edad, originaria de Danlí, relató en una entrevista para Contracorriente que, durante los dos meses que estuvo hospitalizada tras una cirugía de tiroides, su familia gastó aproximadamente 50,000 lempiras en exámenes y medicamentos externos. «Gastamos alrededor de 50,000 lempiras en exámenes y medicinas porque el hospital no los tenía», indicó.

La situación en el centro asistencial se ve agravada por la saturación constante de pacientes e insuficiencia de recursos, lo que impide brindar una atención adecuada. A esta problemática se suma la escasez de medicamentos y que el hospital enfrenta serios problemas de infraestructura. Aunque seis quirófanos se encuentran en proceso de remodelación, la demanda en las intervenciones quirúrgicas continúa en aumento. «Los pacientes con cirugías programadas son desplazados por la cantidad de accidentados que ingresan de emergencia», señaló el portavoz del Hospital Escuela Universitario (HEU), Said Norales.

Una mujer espera en el área de farmacia del Hospital Escuela. Tegucigalpa, 11 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Una mujer espera en el área de farmacia del Hospital Escuela. Tegucigalpa, 11 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Esta situación no solo afecta a los pacientes, sino también a sus acompañantes, quienes se enfrentan a una sala de espera saturadisima de personas.

Jenny Méndez, quien acompañó a su madre Francisca durante su hospitalización, describió las dificultades vividas en la sala de espera del Hospital Escuela. «La sala permanecía llena. A veces dormía en las sillas, otras veces en el piso, porque se llenaba y había pocas sillas. La sala, en ocasiones, estaba sucia, y así me tocaba estar allí», relató.

En una entrevista para Contracorriente, el portavoz del HEU Said Norales, explicó que hubo un aumento del 20 % de pacientes desde el año 2022, es decir, en 2024 se llegó  a alrededor de 8,670,000 atenciones totales. Además, señaló que las enfermedades crónicas, los accidentes de tránsito y las patologías urológicas han incrementado la presión sobre el sistema de salud. «Algunas patologías van en aumento, como son las enfermedades renales, enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión; tenemos un leve aumento en pacientes con patologías urológicas, eso sin contar que más del 85 % de pacientes que ingresan en las diferentes emergencias son por accidentes de tránsito», puntualizó.

Una paciente camina frente a los deteriorados servicios sanitarios del Hospital Escuela. Tegucigalpa, 10 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Una paciente camina frente a los deteriorados servicios sanitarios del Hospital Escuela. Tegucigalpa, 10 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Asimismo, señaló que el centro asistencial dispone de un nivel de abastecimiento que cubre gran parte de los fármacos esenciales: «Tenemos el 80 % de medicamentos del cuadro básico, como tratamientos para la diabetes, como la metformina y la insulina (tanto NPH como cristalina), así como medicamentos para la hipertensión, como el irbesartán, además, de medicamentos costosos, como la levotiroxina, que son para pacientes que sufren tiroides, y tratamientos para la esclerosis múltiple».

Ante la falta de un espacio adecuado para los pacientes y sus familiares, como Francisca y Jenny, Fundación Abrigo, ofrece albergue y alimentación gratuita a un promedio de 160 personas diarias. Fundada en 2001, esta organización no gubernamental brinda apoyo a las familias que acompañan a los pacientes en tratamiento, especialmente aquellos que provienen de zonas rurales o son de escasos recursos. Para acceder a los servicios de la Fundación, los familiares deben presentar una nota del área de trabajo social del hospital, que confirme que están acompañando a un paciente en tratamiento. Este procedimiento les permite alojarse en la Fundación de manera gratuita, donde además reciben alimentación y otros insumos básicos.

Francisca Alvarado y Jenny Méndez durante su estadía en el albergue de la Fundación Abrigo, ubicado entre el Hospital Escuela, la Dirección de Medicina Forense y la Facultad de Medicina. Tegucigalpa, 10 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Francisca Alvarado y Jenny Méndez durante su estadía en el albergue de la Fundación Abrigo, ubicado entre el Hospital Escuela, la Dirección de Medicina Forense y la Facultad de Medicina. Tegucigalpa, 10 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Marco Amaya, director de la Fundación, explicó en una entrevista para Contracorriente que «nosotros les damos tres tiempos de alimentación, techo, agua, luz, wifi, les damos ropa nueva. A la gente no le cobramos nada, nunca le hemos cobrado nada a nadie. Nosotros le ayudamos al Hospital Escuela», señaló. 

La Fundación depende de donaciones y cuenta con convenios con empresas «que contribuyen con alimentos y productos de limpieza. Tenemos muchos patrocinadores que nos ayudan con donaciones de insumos», agregó Amaya.

En el caso del Hospital Escuela, la Fundación atiende a un promedio de 60 a 70 familiares diarios, cifra, sumando a los de los otros hospitales, puede llegar a 110 personas al día. «Hay días en que llegamos a albergar hasta 165 personas, especialmente en épocas de alta demanda», agregó Amaya.

Jenny Méndez, que después de estar un mes en la sala de espera fue recibida por Fundación Abrigo, destacó la importancia del apoyo recibido. «Cuando me dijeron que podía quedarme, fue un alivio. Allí me dieron comida, un lugar para descansar y apoyo emocional», dijo. Sin embargo, señaló que el hospital debería mejorar en términos de infraestructura y suministros. «A veces necesitábamos exámenes que no se podían hacer en el hospital, y teníamos que pagar por ellos fuera. Eso fue un gasto adicional que no esperábamos», agregó.

Una persona descansa en uno de los salones del albergue de la Fundación Abrigo. Tegucigalpa, 10 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Una persona descansa en uno de los salones del albergue de la Fundación Abrigo. Tegucigalpa, 10 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Por su parte, Francisca señaló que le gustaría que el hospital estuviera mejor abastecido, ya que muchas personas, como ella, deben desprenderse de lo poco que tienen para poder recibir atención médica.

Mientras la crisis en el sistema de salud pública persiste, el embajador de España en Honduras, Diego Nuño García, lamentó la cancelación del préstamo de 70 millones de euros destinado a la construcción de tres hospitales en el país, señalando que «no hubo acercamientos por parte del gobierno hondureño». También mencionó que la exministra de Finanzas, Rixi Moncada, notificó la cancelación mediante una carta en la que solicitó redireccionar los fondos a otros proyectos. Sin embargo, García aseguró que los plazos para la entrega de los hospitales se mantendrán según lo pactado.

Dicho préstamo se acordó tras la visita de la presidenta Xiomara Castro a España en febrero de 2023, donde se estipuló que el dinero se destinaría a la construcción de tres hospitales en el país, en Salamá, Olancho, Santa Bárbara y Ocotepeque, como parte de los esfuerzos por mejorar el sistema de salud hondureño.

El presupuesto de la Secretaría de Salud para el año 2025 asciende a 29,270.7 millones de lempiras, lo que representa un aumento respecto al presupuesto de 2024, que fue de 29,132.3 millones de lempiras. Este incremento es de 138 millones de lempiras, lo que equivale a  0.5 %.

Desde que asumió el poder en 2022, el actual gobierno ha anunciado la construcción de ocho hospitales ubicados en Salamá, Santa Bárbara, Ocotepeque, Choluteca, Tocoa, Roatán, y dos hospitales de trauma en Tegucigalpa y San Pedro Sula.  Sin embargo, autoridades de la Secretaría de Salud indicaron que, aunque hay avances, no todos los hospitales estarán listos para el próximo año. En 2025 se espera terminar la primera fase de tres de ellos, mientras que ese mismo año se comenzará la construcción de los demás. Por otra parte, la construcción de los hospitales de trauma en Tegucigalpa y San Pedro Sula «no iniciará hasta 2026, lo que significa que la finalización de las obras dependerá del próximo gobierno». 

Además, persisten desafíos como la falta de personal médico y de insumos. En el caso del Hospital Escuela, si bien se han realizado mejoras, la gestión de recursos sigue siendo una necesidad crítica para garantizar una atención adecuada.

La creciente demanda de atención médica y las limitaciones de recursos evidencian las fallas estructurales del sistema de salud pública en Honduras. Pese a los esfuerzos por mejorar la infraestructura y el abastecimiento, la capacidad del sistema sigue siendo insuficiente para enfrentar las necesidades de la ciudadanía.

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Carlos Zelaya, ex diputado y ex secretario del Congreso Nacional, recibió desde noviembre de 2024 hasta la fecha un pago mensual de 175 mil lempiras provenientes de una cuenta de cheques del Congreso Nacional. Zelaya renunció a su puesto cuándo se filtró un vídeo en el que se reunió con narcotraficantes en 2013 para negociar dinero para la campaña electoral de Libre. 

Texto: Contracorriente

Información a la que tuvo acceso Contracorriente, corroborada con distintas fuentes, revela que Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, recibió al menos tres depósitos irregulares en su cuenta de ahorro por parte de este poder del estado durante el último trimestre.

Una fuente confirmó a Contracorriente que a Zelaya se le acreditaron transferencias mensuales de 175 mil lempiras a su cuenta de ahorro. Estos pagos no figuran en el portal de transparencia. 

Las transacciones fueron realizadas desde la cuenta de cheques número 01-101-0402965 a nombre del Congreso Nacional a la cuenta de ahorros del ex diputado, la cuál también fue verificada por este medio. Las transferencias fueron realizadas por Jackeline Lizette Pinto Dubón, pagadora especial del CN, en las fechas 15 de noviembre de 2024, 15 de diciembre de 2024, 17 de enero de 2025. Hace dos días obtuvimos información de una cuarta transferencia el pasado 13 de febrero de 2025.

Contracorriente contactó a Carlos Zelaya para conocer su justificación de estos pagos, que de hecho representan una cantidad mayor a la de un salario de diputado, sin embargo no tuvimos respuesta a las múltiples llamadas realizadas. 

Además, Contracorriente contactó a los vicepresidentes de la Junta Directiva del CN, Hugo Noé Pino y Rasel Tomé, para preguntarles sobre estas transferencias. Ambos negaron tener información al respecto. También se les consultó si Carlos Zelaya seguía desempeñando algún tipo de función en el CN. Tomé no respondió, mientras que Pino se limitó a decir: «Es posible, pero no tengo información al respecto». 

En el caso de las transferencias a Carlos Zelaya, el Congreso Nacional nos mandó a verificar en el portal de transparencia tras una solicitud de información específica sobre las transferencias a Zelaya. Hasta el cierre de esta nota, no se encontró ninguna justificación documentada en dicho portal. 

Contracorriente también contactó a Pinto Dubón, quién fue la encargada de realizar las transferencias, respondió que no estaba autorizada a dar información sobre las transferencias realizadas al ex diputado. Cabe destacar que, según la información de planilla del portal de transparencia, el salario de Pinto Dubón supera al de todos los miembros de la junta directiva, excepto el del presidente, con un sueldo de 120 mil lempiras. 

Esta funcionaria laboró como gerente administrativa para la Secretaría de Gobernación, a cargo del ministro Tomás Vaquero desde febrero 2022 hasta enero de 2024. Su puesto fue clave en ese ministerio, pues en julio de 2023, Gobernación autorizó que, dadas las múltiples ocupaciones del ministro Vaquero, fuera Pinto quién autorizara varias gestiones administrativas, como celebrar contratos, aprobar viáticos, gastos de viaje y remuneraciones. Asimismo, una investigación de Reporteros de Investigación reveló que Pinto fue parte de la junta directiva de dos ongs que recibieron fondos durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. 

Pagos después de la renuncia

Carlos Zelaya anunció su renuncia al Congreso Nacional el 31 de agosto, apenas tres días antes de que se filtrara un video donde negociaba 650 mil dólares para la campaña de Libre en 2013. Desde entonces, no volvió a aparecer en el CN. Presentó su renuncia ante el Consejo Nacional Electoral el 2 de septiembre, un día antes de la publicación del video, pero el Congreso no la tramitó hasta el 17 de septiembre.

Aunque Carlos Zelaya no se presentó al Congreso Nacional y renunció a principios de septiembre, el CN le pagó con normalidad ese mes porque la composición de la planilla no sufrió cambios ya que el número total de diputados propietarios y de la junta directiva que recibieron pagos fue de 128 y se mantuvo igual a la planilla de agosto

En octubre, sin embargo, la lista pasó a contar con un solo secretario alterno y el pago se realizó a sólo 127 diputados, esta configuración se mantuvo en noviembre. Para diciembre, después de que el 27 de noviembre el CN nombró a Arminda Urtecho, suplente de Carlos Zelaya, como diputada propietaria, el CN pagó nuevamente a 128 diputados. 

Esta no es la primera vez que Contracorriente expone irregularidades en el Congreso Nacional. En septiembre de 2023, revelamos que el CN tenía dos tarjetas de crédito solicitadas a un banco privado para el uso del presidente Luis Redondo y su secretario privado, Edson Argueta. Ni su uso, ni sus estados de cuenta, ni su forma de pago aparecían en los portales de transparencia.

Un mes después, en octubre, accedimos a dos estados de cuenta que mostraban que, en solo dos meses de 2022, se gastaron casi medio millón de lempiras en retiros en efectivo, pedidos a domicilio, supermercados, restaurantes, hoteles y vuelos. Ninguna de estas facturas está disponible en los portales de transparencia.

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En aquel momento, Redondo aseguró entonces que los gastos del Congreso estaban en el portal de transparencia y justificó el uso de las tarjetas de crédito como necesarias para compras en línea. Sin embargo, tras revisar el portal, no se encontró ningún registro de dichas compras.

Los vínculos de Carlos Zelaya con el narcotráfico

El 31 de agosto, justo después de salir de una comparecencia ante el Ministerio Público, que había prometido llamar a declarar a todas las personas mencionadas durante el juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández, Carlos Zelaya sorprendió anunciando que renunciaría a sus cargos en el CN a la vez que admitió que los rumores que circulaban esos días eran ciertos: en 2013 se reunió con varios narcotraficantes y todo había quedado grabado.

El nombre de Carlos Zelaya ha surgido repetidamente en testimonios durante juicios por narcotráfico en Estados Unidos, pero él siempre negó cualquier vínculo. Es más, días antes había asegurado que la citación de la fiscalía le serviría para «aclarar todo lo que fabrican en mi contra». 

La memoria le falló hasta que las pruebas comenzaron a aparecer. Ese día, ante los medios, admitió que la famosa reunión sí ocurrió, pero aseguró que él fue víctima de una «trampa». Su hijo, José Manuel Zelaya, quién hasta entonces era ministro de Defensa, también renunció, según declaró «para que se investigue con toda libertad».

Según Carlos Zelaya, ni siquiera conocía a los «empresarios» presentes y solo asistió porque alguien más organizó el encuentro. «Me dijeron que hay unos inversionistas que quieren hacer una aportación. En política, uno participa en muchas reuniones donde se habla de aportaciones de todo tipo para la campaña política», explicó, antes de rematar: «Ahora que sé que esa reunión fue grabada, pues, hombre, me llevaron a una trampa». 

El 3 de septiembre el medio Insight Crime publicó el vídeo grabado con una cámara espía de los hermanos Devis y Javier Maradiaga, líderes del cártel de Los Cachiros en el que se puede observa a Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Carlos Lobo, Héctor Fernández Rosa alias «Don H» y Ramon Matta Waldurraga.  

En la reunión acordaron entregar entre todos 650,000 dólares para la campaña electoral de Libre, tras un par de intervenciones, Carlos Zelaya agregó «la mitad que sea para el comandante», a lo que Devis Rivera respondió «Ya eso sería entre Mel con ustedes», aunque Carlos Zelaya negó ante los medios haber recibido el dinero y negó que su hermano supiera del encuentro, el vídeo también muestra a los traficantes recordando contribuciones pasadas.

El 29 de agosto, días antes de que Carlos Zelaya llegara a declarar al MP, Xiomara Castro ordenó a Cancillería denunciar el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, vigente desde 1912, desatando tensiones diplomáticas. El día de la renuncia del ministro de Defensa, en una maniobra política, Castro nombró a Rixi Moncada en el cargo, actual candidata presidencial de Libre. 

Tras la publicación del video, la presidenta Castro apareció en cadena nacional, sin mencionar a su cuñado, condenó cualquier tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos, pero terminó insinuando que la filtración era parte de un complot golpista entre la oposición y la embajada estadounidense. Mantuvo este discurso incluso en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2024.

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Sobre el caso, la fiscalía hondureña ha sido reservada. En diciembre, el fiscal Johel Zelaya aseguró que no estaba archivado y que seguían analizando el vídeo y qué pasó después. Sin embargo, en Contracorriente revelamos la existencia de una investigación del Ministerio Público de Honduras que vincula a cuatro miembros de la actual familia presidencial, entre ellos Carlos Zelaya, en una trama de lavado de dinero y tráfico de drogas que ha estado engavetada durante años a pesar de haber recibido apoyos de la fiscalía colombiana en 2013, no se ha presentado requerimiento fiscal ni se ha comunicado avances en el sistema judicial hondureño.

Texto: Fernando Silva con información de Agencia EFE
Fotografía: Agencia EFE

El pasado 10 de febrero, la bolsa de Nueva York cerró en positivo a pesar de la preocupación por los temores inflacionarios y la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de imponer un 25% de aranceles al hierro y aluminio importado, que luego se anunció terminaría siendo del 50%. 

En medio de ese panorama, una de las grandes ganadoras fue la multinacional Nucor, la principal productora de acero de Estados Unidos, cuyas acciones se dispararon un 5,6% tras el anuncio de los aranceles. El incremento bursátil de Nucor contrasta con los impactos negativos que han dejado sus intercambios comerciales con la empresa minera Los Pinares, ubicada en el Parque Nacional Carlos Escaleras en la región del Bajo Aguán, Honduras. 

En octubre de 2024, Contracorriente reveló que, hasta septiembre de 2023, Inversiones Los Pinares mantuvo transacciones comerciales con Nucor Corporation, adeudando unos 34,78 millones de dólares, mientras que Nucor adeudaba a Los Pinares 271.000 dólares. Todo esto a pesar de que en 2020, la multinacional aseguró haber finalizado en 2019 su relación como copropietarios de la empresa hondureña Inversiones Los Pinares, anteriormente conocida como Emco Mining Company. 

La mina de Los Pinares ubicada en una montaña vital para el suministro de agua de varias comunidades en la zona, ha sido escenario de un conflicto socioambiental que ya cobró la vida de seis ambientalistas, siendo la última víctima Juan López, regidor del municipio de Tocoa y delegado de la palabra en la iglesia católica. Además de estos asesinatos, defensores del ambiente y sus familias han sido desplazados, y aunque han logrado avances, como la legislación favorable para proteger la zona núcleo del Parque donde se instaló la mina, las amenazas en su contra no han cesado. 

El 6 de mayo de 2024 se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto legislativo que recupera el estatus de área protegida del Parque donde se ubicó la mina. En ese contexto, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) quedó inhabilitado para otorgar cualquier ampliación solicitada por Inversiones Los Pinares. Sin embargo, Lenir Pérez, dueño de Inversiones Los Pinares, tiene otras dos empresas de su conglomerado esperando poder operar: una planta de peletización y un proyecto de generación de energía a partir de coque de petróleo, que podrían funcionar en el futuro, ya que no formaban parte del área protegida del Parque.

El 24 de septiembre de 2024, el Ministerio Público presentó un requerimiento contra Lenir Pérez y 12 personas más vinculadas a la empresa Inversiones Los Pinares, por suponerles responsables de «daños en contra del Parque Nacional Montaña de Botaderos». Se les acusa de explotación ilegal de recursos naturales y otros delitos que habrían afectado la biodiversidad del Parque, los cuales fueron «supuestamente cometidos» en perjuicio del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. 

Estas acciones por parte de la Fiscalía hondureña se sumaron a lo que pasó el 28 de abril de 2023 en Palm Beach Florida, cuando el FBI allanó un amplio complejo ecuestre de 10 millones de dólares del que Pérez era propietario. El abogado del empresario afirmó que el FBI no estaba apuntando a Pérez, sino a la multinacional Nucor que ahora está siendo beneficiada por la administración de Donald Trump.

Trump indicó el pasado domingo 8 de febrero que anunciaría nuevos aranceles y que emitirá impuestos de represalia a los países que graven las importaciones estadounidenses. Tras el nuevo anuncio, -ya impuso un 10 % a China- causó que las acciones de las compañías productoras de acero aumentaran con fuerza desde la apertura de la bolsa. Además de Nucor, fueron beneficiadas: U.S. Steel, que registró una subida del 4,8 %. Cleveland-Cliffs subió casi un 18% y Alcoa cerró con un alza del 2,2%, según CNBC.

Texto y fotografías: Fernando Destephen

Sindicalistas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) mantienen una protesta desde el lunes 10 de febrero porque «no se les ha respetado» el contrato colectivo, y las negociaciones se han alargado desde hace dos años. Según Edgar Padilla, miembro del sindicato, ya agotaron todas las instancias, lo que les llevó a convocar la huelga.

El martes 11 de febrero, en el noveno día de la protesta, los empleados en huelga escuchaban música cristiana mientras los militares custodiaban los accesos al edificio principal y otras áreas del Infop. Por ley, los militares son responsables de resguardar el material electoral para las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025. Algunos hangares dentro del Infop, ubicados en la colonia Miraflores de Tegucigalpa, han sido cedidos al Consejo Nacional Electoral (CNE) para actividades relacionadas con los comicios. 

Sin embargo, esta medida ha restringido el acceso de los empleados a esos espacios, lo que se ha convertido en uno de los puntos de la huelga. Según la dirigencia sindical, el auditorio fue entregado a las autoridades del CNE y los militares antes de lo previsto, reduciendo el espacio disponible para las clases que imparte el Infop. A pesar de las protestas, la dirección de la institución sostiene que esta situación no afecta el desarrollo de los cursos de formación. Como resultado, dos años de negociaciones se estancaron y los empleados fueron llamados a huelga.

Los sindicalistas sostienen que el préstamo del auditorio al CNE y a los militares significa quitar espacio para las clases de los estudiantes. Tegucigalpa, 12 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Los sindicalistas sostienen que el préstamo del auditorio al CNE y a los militares significa quitar espacio para las clases de los estudiantes. Tegucigalpa, 12 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Desde entonces, ha habido algunos picos de violencia; por ejemplo, la noche del 11 de febrero colectivos de activistas del Partido Libertad y Refundación llegaron al lugar para hostigar e intimidar a los trabajadores.

Otro motivo de descontento entre los sindicalistas es la denuncia sobre un sobregiro en los viáticos para el director y su equipo ejecutivo, sin que esto haya resultado en mejoras para la institución. «Estos viajes no aportan nada a la institución, solo generan más deudas», señalaron.

Ante estas acusaciones, Carlos Suazo, director del Infop, explicó que las demandas del sindicato son «meramente administrativas» y que «no les compete a ellos como sindicato». Entre las exigencias, mencionó la restitución de una trabajadora a la que calificó como «paracaidista». También cuestionó la legalidad de la toma, afirmando que ocurrió «de la noche a la mañana». 

«Tiene que haber todo un procedimiento, y ellos evadieron todo el proceso. Para mi sorpresa, el lunes amanecieron tomadas todas las regionales a nivel nacional», agregó. Sobre el tema de los espacios físicos cedidos al CNE, el director del Infop contestó que eso no ha impedido el desarrollo de las clases. 

El jueves 13 de febrero se registraron tres despidos por abandono del puesto de trabajo. Sin embargo, Antonio Díaz, uno de los despedidos, quien es el presidente del Sindicato de Trabajadores del Infop (Sitrainfop), aseguró que estos fueron realizados al margen de la ley.

Aunque medios de comunicación informaron este jueves 13 de febrero que se estaban retomando actividades en la institución, el 14 de febrero por la mañana medios de comunicación informaron que 40 trabajadores habían sido citados a audiencias de descargo; sin embargo, las autoridades del Infop apuntaron que no hay audiencias de descargo, sino que llegó un inspector del Ministerio de Trabajo y levantó un acta de constatación para verificar que los empleados se encuentran en su puesto.

La crisis en el Infop se desarrolla en un ambiente de división: algunos empleados respaldan las medidas de protesta, mientras que otros se oponen; algunos estudiantes continúan recibiendo clases en medio de la confrontación y la música, mientras los militares custodian los accesos del instituto, que también es utilizado como parte de la logística para las elecciones primarias del próximo 9 de marzo.

Por Teddy Baca
Portada: Persy Cabrera

Anteriormente escribí sobre elementos conceptuales de la diversidad sexual y de género. En esta ocasión, me enfocaré en el poliamor, partiendo de la idea de que todas las relaciones son válidas, siempre y cuando sean basadas en el consenso y la responsabilidad.

Para entender el poliamor es importante aclarar algunos conceptos. La monogamia se refiere a que una relación romántica es exclusiva entre dos personas; en la poligamia, puede haber tres o más personas en la relación.

Dentro de esas dinámicas, existen relaciones cerradas, que es cuando las relaciones monógamas o polígamas deciden por mutuo acuerdo no incluir a nadie más. En contraste, las relaciones abiertas consisten en que uno o más miembros deciden tener vínculos afectivos o sexuales por fuera, siempre con el consentimiento de todas las partes. 

En una infidelidad, el acuerdo de mantener cerrada la relación no se respeta cuando una de las personas se involucra con alguien más, sin consenso. Es importante aclarar esto porque la moral no depende del modelo relacional, sino de la capacidad del individuo de respetar acuerdos.

El poliamor es una forma de relacionamiento polígamo, en el que tres o más personas tienen vínculos románticos, incorporando los mismos valores que podría tener una pareja: intimidad, confianza y compromiso.

Existen otras formas de poligamia como la poliginia, en la que un hombre puede tener muchas esposas (algo común en Medio Oriente) y la poliandria, en la que una mujer puede tener muchos esposos (casos observados en algunas culturas de África y Oceanía). La diferencia esencial es que el poliamor no depende de un reconocimiento legal para existir (aunque sí para obtener derechos), así como tampoco se restringe a una matriz heteronormativa.

Ya sean relaciones de tres o más hombres, tres o más mujeres o relaciones en las que hay personas de diferentes géneros, el poliamor es un marco relacional que no se sujeta de una sola estructura social, aunque esto no implica que esté exento de sufrir de los mismos problemas de una relación monógama, como la infidelidad y la violencia.

Hay muchos tipos de relaciones poliafectivas y no creo poder explicar todos, por lo que les invito a profundizar en caso de desearlo. Entre otras están: una trieja, relación de tres personas; relaciones unicornio, una relación heterosexual que busca a una mujer o a un hombre bisexual para involucrarle sexual o románticamente; relaciones en las que solo un miembro de la relación es practicante del poliamor y el resto son monógamos.

Un término que puede confundirse con el poliamor es la práctica swinger o intercambio, en la que una pareja determina interactuar con otra persona o pareja para fines meramente sexuales, y casi siempre, de forma discreta.

De cualquier manera, las personas poliamorosas no la han tenido fácil; pocos países reconocen sus uniones y rara vez son visibilizadas en los medios. Algunos ejemplos de poliamor se pueden ver en la película argentina Somos tres, la serie Tú, yo y ella, y la serie Felices los 6.

Aun con esos ejemplos, usualmente las relaciones poliamorosas suelen ser retratadas como una perversión o algo morboso relacionado con las fantasías sexuales de personas heterosexuales (particularmente hombres heterosexuales que no ven más allá del morbo de tener relaciones con dos mujeres), por lo que en general, no existe aceptación de este modelo relacional.

En mi libro Estaré bi-en a tu lado visibilizo el poliamor de la mano del personaje de Adilson, un hombre bisexual gentil y apasionado.

Cabe mencionar que en el reino animal es mucho más común encontrar relaciones polígamas que monógamas, por lo que lejos de lo que podrían algunos creer, se trata de algo natural. Aún así, el poliamor no es algo idílico, y tampoco asegura que sus practicantes sean personas abiertas a todas las experiencias o respetuosas de la diversidad, irónicamente, pese a que forman parte de ella. 

Para finalizar, creo necesario recordar que visibilizar y reconocer no es imponer. Las personas poliamorosas existen y aceptar esta realidad nos permite comprender la diversidad de las relaciones humanas, en lugar de idealizar la monogamia como un modelo perfecto e incuestionable.

Por Maryoriet R. Salgado
Portada: Persy Cabrera

Las heridas de la democracia son tangibles y globales. Ningún país escapa a su fragilidad ni al sufrimiento que esta conlleva. En Honduras, aunque la izquierda llegó tarde, estamos al borde de replicar las mismas narrativas que han polarizado a otros países. Frases como «antes estábamos mejor» resuenan con frecuencia a pesar de los años de quejas, exilios, fraudes y marchas contra narcodictadores. En mayo de 2024, los resultados del Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús indicaron que solo el 14.2 % de los encuestados considera que el país ha mejorado bajo el actual gobierno, mientras que el 45.9 % cree que ha empeorado.

Las críticas a la incapacidad de administrar fondos públicos y un discurso de resistencia que ya no es consistente con la gobernanza han opacado los escándalos de corrupción del pasado, como el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) o los proyectos fallidos, como elegir un presidente que sirvió de manera inconstitucional un segundo período, y que hoy está encarcelado por instalar un narco-Estado. Nuestra memoria es corta: no solo vivimos al día en lo cotidiano, 

Si bien la elección de Xiomara Castro como la primera mujer presidenta en 2022 marcó un hito, también dejó en evidencia una verdad incómoda: su victoria no fue un triunfo de la equidad de género, sino más bien una reacción al descontento con las administraciones previas. Nuestras ciudades son testigos de proyectos inconclusos y gestiones fallidas que han dejado grandes cicatrices en la infraestructura y la confianza ciudadana.

Sin embargo, el actual gobierno debe hacer frente a los crecientes cuestionamientos por nepotismo y a la falta de una reforma estructural que elimine las prácticas patrimonialistas. También deben responder por las promesas incumplidas, como la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH); este incumplimiento sigue erosionando la credibilidad gubernamental. Vale la pena recordar que esta iniciativa fue una de las principales demandas del Movimiento de las Antorchas entre 2015 y 2021, y aún no se ha materializado.

Nuestra situación actual marca una crisis que algunos intentan minimizar con la nostalgia de que «estábamos mejor». Sin embargo, mientras nosotros debatimos, quienes están al mando no se rigen por ideologías, sino por el poder. Los partidos y sus ideologías crean portavoces y seguidores que amplifican discursos polarizantes, y así terminamos todos repitiendo lo que escuchamos sin cuestionar. De hecho, los términos «izquierda» y «derecha» han perdido su significado original y se han convertido en herramientas de manipulación que nos inculcan en los medios, la escuela, la familia, en las calles y hasta en el bar. Ahora más que nunca, han dejado de ser polos irreconciliables para convertirse en reflejos del mismo fenómeno.

El verdadero reto consiste en no aferrarnos a la nostalgia de una realidad que nunca existió. Debemos asimilar que «antes» tampoco estábamos mejor. De hecho, nunca lo hemos estado, esa es la clara definición de un país con estadísticas tan contundentes de subdesarrollo. Pero eso no significa que ahora estemos bien. Ambas verdades pueden coexistir, y solo aceptándolas  podremos aspirar a soluciones nuevas.

Sin embargo, en lugar de reconocer esta realidad y buscar respuestas más allá de los discursos de siempre, hemos caído en una trampa cíclica: confiamos en ideologías. En teoría, las ideologías que rigen la acción política deberían ofrecer soluciones, pero en la práctica han fragmentado las naciones y las familias. Pasamos de la izquierda a la derecha como si fuera un juego: nos indignamos con los excesos de un lado y terminamos decepcionados con los del otro.

En Estados Unidos, las narrativas fascistas, que parecen sacadas de una película histórica, resurgen con fuerza. En Europa, el auge de los extremismos es evidente: alemanes simpatizando con un neonazismo que alguna vez los avergonzó (¿o quizás nunca lo hizo del todo?), una Inglaterra que se aparta de Europa, impulsada por narrativas tradicionales y conservadoras, y un continente que, en su conjunto, navega entre la crisis y la polarización.

Lo mismo ocurre en América Latina. Brasil pasó de un líder autoritario como Jair Bolsonaro, quien adoptó un discurso agresivo, violento y abiertamente misógino y homófobo, y prometió desmantelar políticas de protección socioambiental y perseguir a poblaciones indígenas, a un socialista como Luiz Inácio Lula da Silva, quien enfatiza la importancia del medio ambiente y combate activamente la deforestación con políticas integradas y para poblaciones diversas en los esfuerzos de mitigar el cambio climático.

En Argentina, Javier Milei, cuyas promesas de «dinamitar» el Banco Central y eliminar la obra pública son propias de un libertario, reflejan un giro radical tras los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, quien intentó revivir el desarrollismo de los años cincuenta y sesenta con un enfoque de socialismo estatal que claramente fracasó. En Nicaragua, Daniel Ortega, un líder de izquierda, se aferra al poder mediante la represión desde el 2007, tras el último presidente electo de manera democrática, Enrique Bolaños, quien mantenía una narrativa de respeto por el Estado de derecho. Y la lista sigue: Cuba, Venezuela, Chile… En realidad, sería más fácil contar los países que han logrado evitar estos saltos entre extremos.

Más que opuestos, la izquierda y la derecha han generado un ciclo de alternancia que impide el desarrollo tangible. 

El problema en Honduras no es criticar la situación actual —lo cual es necesario y urgente—, sino la incapacidad de recordar lo que nos trajo hasta aquí. Hemos convertido la política en batallas ideológicas en lugar de buscar soluciones. Es hora de dejar de jugar a los extremos y empezar a cuestionar el tablero en el que nos obligan a movernos. Porque, mientras sigamos atrapados en la idea de que todo se traduce en bandos, los únicos que ganan son aquellos que han hecho de esa división su estrategia para seguir en el poder.

Lourdes Pamela Blanco, mencionada en diciembre de 2024 en la Lista Engel de Actores Corruptos y Antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos por socavar «procesos o instituciones democráticas» mediante presiones e influencias indebidas, entre 2023 y 2024 prestó servicios a la Empresa Nacional Portuaria y es señalada con tener injerencia en la Secretaría de Trabajo en beneficio de grandes empresas. Su esposo, Tomás Vaquero, es titular de la Secretaría de Gobernación, su hija Nicole Vaquero es representante diplomática de Honduras en Guatemala, y su hijo Marcelo Vaquero recientemente fue presentado como candidato a diputado suplente por una corriente del oficialismo.

Texto: Fernando Silva
Portada: Persy Cabrera
Fotografía: Fernando Destephen

Durante la administración de Xiomara Castro como titular del Poder Ejecutivo, se ha visto a Pamela Blanco en el círculo más cercano de la presidenta, apareciendo en eventos oficiales del Gobierno a pesar de no tener ningún cargo permanente como funcionaria, y subiendo fotografías junto a la pareja presidencial en sus redes sociales. Sin embargo, cuando en 2023 le solicitamos una entrevista para el reportaje sobre la representación legal que ofrecía su bufete legal a empresas de Lenir Pérez, nos aseguró que ella es una persona de «bajo perfil».

El 27 de diciembre de 2024, Blanco se volvió noticia a nivel internacional cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos la incluyó en la Lista Engel de actores antidemocráticos y corruptos por «socavar procesos e instituciones democráticas al presionar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones para obtener ciertos resultados, además de usar sus conexiones con funcionarios del gobierno para ejercer influencia».

«La Dirección Regional de la Secretaría del Trabajo en San Pedro Sula es patrimonio de ella, ella es quien manda ahí. Los trabajadores que van a denunciar abusos están perdidos, cuando van a buscar auxilio de esa institución salen perdiendo porque ella manda y representa a grandes empresas, y si la denuncia es contra alguna de sus representadas les va peor a los trabajadores», explicó una fuente que pidió no revelar su nombre, pero que ha compartido en el entorno cercano de la abogada y de su esposo Tomás Vaquero, quien ocupa el cargo de ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización en el Gobierno hondureño.

La fuente consultada por este medio también contó que si un trabajador o trabajadora solicita un inspector ante la Secretaría de Trabajo, la influencia de la abogada Blanco consigue que el funcionario no asista a la inspección, o que el informe sea favorable para la empresa y niegue todo lo que dice el denunciante.

Este medio contactó a la licenciada Dilcia Paz, encargada de comunicaciones de la Secretaría del Trabajo para consultar al titular, Wilmer Fernández, sobre la influencia de la abogada Blanco en la institución. Sin embargo, Paz respondió que el ministro no atendería las preguntas por estar en otras reuniones relacionadas con temas migratorios, ni confirmaría si Blanco trabaja oficialmente allí. En el portal de transparencia de dicha Secretaría no aparece la abogada Blanco como empleada o contratista.

En donde sí aparece es en la planilla de gastos de la Empresa Nacional Portuaria, al menos desde julio de 2023 hasta diciembre de 2024 (exceptuando enero de 2024). En ese periodo percibió un salario mensual de entre 54,000 y 54,550 lempiras, sumando aproximadamente un millón de lempiras en total.

Pamela Blanco
Pamela Blanco

Carlos Bueso, titular de la ENP, afirmó a Contracorriente que la abogada Blanco fue contratada bajo la modalidad de servicios profesionales para litigar casos de la institución y que no tiene un contrato permanente. Un documento oficial de la institución compartido por Bueso, señala que la abogada ocupaba el cargo de asesora del gerente general.

El trabajo de Pamela Blanco al servicio de grandes maquilas

María Luisa Regalado, coordinadora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh), conoce desde hace muchos años a la abogada Pamela Blanco, y dice que su influencia en la Secretaría de Trabajo, donde ha defendido los intereses de maquiladoras multinacionales ante las demandas de trabajadoras que denuncian violaciones a sus derechos, no es reciente. Sin embargo, asegura que durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, dicha influencia «ha sido peor».

«Un día, en una audiencia con ella por el caso de trabajadores despedidos, intenté sensibilizar sobre las problemáticas que enfrentan las trabajadoras. Ella me miró y me dijo: “Señora, la empresa no tiene corazón”. Ella disfruta burlándose, es una cuestión maligna, y creo que, entre todos los abogados y abogadas de estas transnacionales maquiladoras, es la número uno que disfruta joder la vida a las trabajadoras», explica María Luisa, y también remarca que la abogada Blanco es representante de las empresas vinculadas a la multinacional Hanesbrands, y por tanto, defiende sus intereses. 

Según documentos a los que tuvo acceso Contracorriente, Pamela Blanco Luque fue asignada desde 2007 con un poder general para litigios de la empresa Jasper Honduras S. de R. L., y según el testimonio de María Luisa, quien desde Codemuh acompaña a constantemente a las trabajadoras en los procesos legales que entablan para exigir sus derechos, también es una de las principales representantes de la multinacional Hanesbrands, la cual ha sido reportada en medios de comunicación y comunicados como propietaria de las plantas maquiladoras Jasper. 

Hanesbrands anunció en septiembre de 2022 el cierre de la planta Jasper debido a «las necesidades del negocio», y en octubre de 2024 comunicaron la decisión de cerrar tres plantas más en San Pedro Sula, dejando a más de 2,000 personas sin empleo. A pesar de lo que se anunció a los trabajadores de la empresa como un «cierre total» y la venta de la totalidad de sus derechos de propiedad intelectual, según los documentos, Jasper y la sociedad Hanes Global Holdings Switzerland GMBH suscribieron un contrato de préstamo por diez millones de dólares en diciembre de 2024.

El cierre de las plantas de Hanesbrands no solo deja a más de 2,000 personas sin empleo, sino que agrava la incertidumbre de las trabajadoras y trabajadores afectados por problemas de salud derivados de sus labores en las maquilas. Muchos no cuentan con los dictámenes oficiales que validen sus enfermedades como profesionales, lo que los deja desprotegidos ante la falta de cobertura médica.

María Luisa dice que en la organización que dirige siguen la lucha por los derechos laborales de las trabajadoras ante el «monstruo» de las maquilas y los despidos masivos que generan los cierres de estas. En ese contexto, señala a la abogada Blanco como pieza clave en la defensa de los intereses de las multinacionales que requieren su servicio, como una profesional «nefasta que no tiene corazón» y de quien no duda que, tal como se describe la razón de su nombramiento en la Lista Engel, esté utilizando sus influencias políticas y cercanía con la familia presidencial para salir victoriosa en los procesos legales que acompaña.

«No lo dudamos, sabiendo como es ella y sabiendo que ella dice que es parte de la familia presidencial, y la verdad es que se ve y se siente el poder que tiene en la Secretaría del Trabajo», explica María Luisa.

Finalmente, María Luisa también cuenta sobre la decepción que han tenido que afrontar ante las promesas fallidas del Gobierno de Xiomara Castro, y señala las incongruencias en el discurso estatal, donde se critica a «grandes familias del poder económico», pero no se procede contra los abusos en contra de los derechos laborales ejercidos por las maquilas que cuentan con exoneraciones fiscales.

«No pagan impuestos, y ya se debió hacer una investigación contra estas empresas. Nosotras solicitamos al actual ministro de Trabajo una investigación de todas las empresas de la corporación Hanes, porque cuando se anunció el cierre de la planta de Choloma las trabajadoras nos notificaron que iban a cerrar cuatro plantas más. Nosotras pusimos en conocimiento al ministro de Trabajo, solicitamos una inspección para ver en qué condiciones están, y no hemos tenido respuesta», concluyó.

De derecha a izquierda, Pamela Blanco Luque, Tomás Vaquero, secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, y Sarahí Cerna, ministra de la Presidencia, durante la instalación de la IV Legislatura en el Congreso Nacional. Tegucigalpa, 25 de enero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
De derecha a izquierda, Pamela Blanco Luque, Tomás Vaquero, secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, y Sarahí Cerna, ministra de la Presidencia, durante la instalación de la IV Legislatura en el Congreso Nacional. Tegucigalpa, 25 de enero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Las relaciones de Blanco con las empresas de Lenir Pérez en Grupo EMCO

En enero de 2022, Contracorriente reveló que, desde junio de 2020, el empresario Lenir Pérez comenzó a contratar los servicios de la abogada y notaria Lourdes Pamela Blanco Luque, esposa de Tomás Vaquero Morris, actual titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Desde ese entonces, Pamela Blanco asumió el rol de notaria para la constitución de varias empresas vinculadas al grupo liderado por Lenir Pérez y recibió poderes legales para representar a dichas compañías ante las instituciones del Estado. Pérez, presidente del Grupo Emco Holding, encabeza un conglomerado con inversiones en sectores como construcción, siderurgia y operación aeroportuaria. Entre sus proyectos más conflictivos están el megaproyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras, en Tocoa, Colón, y la concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola, ambos señalados por irregularidades en su adjudicación.

Particularmente, la concesión minera en Guapinol desató un conflicto socioambiental desde 2018, que ha representado la criminalización de 32 defensores del ambiente, y que el 14 de septiembre de 2024 conllevó al asesinato de Juan López, quien era regidor del municipio de Tocoa, Colón, y defensor de la tierra y el ambiente en la zona.

Según una revisión hecha por este medio, la abogada Blanco Luque ha prestado sus servicios legales de notaría y uso de poderes legales a 14 empresas registradas que estuvieron o están a nombre de Lenir Pérez, y en varias de ellas se ha mantenido activa recientemente. Por ejemplo, entre mayo de 2023 y marzo de 2024, Blanco Luque obtuvo y ha mantenido poderes legales en al menos tres de esas empresas: Alutech, Constructora EMCO, y  Empresa Aduanera de Importaciones y Exportaciones S. A. de C. V.

La amistad sobre los conflictos de Pamela Blanco

«Cuando Xiomara va a San Pedro, se queda en la casa de ella. Xiomara no paga hotel, o sea, sí son amigas, amigas», cuenta la fuente consultada por Contracorriente, y concluye: «Esa es la tradición política nuestra, de hecho este tipo de gente busca poder para tener esa facilidad (ejercer influencia gracias a sus conexiones políticas). Tomás Vaquero siempre es claro en eso, por eso digo que es un mafioso también, aunque no como ella (Pamela Blanco), él guarda ciertas apariencias y ella no tiene cuidado».

Siguiendo la «tradición política» de nepotismo que ha impulsado el gobierno conducido por Xiomara Castro y su Partido Libre, las influencias de los Vaquero Blanco comienzan a extenderse en otras instituciones y poderes del Estado. Por ejemplo, desde mediados de 2022, Nicole Vaquero, de 36 años, hija de la familia Vaquero Blanco, ocupa el cargo de encargada de negocios en la Embajada de Honduras en Guatemala. Previo a eso, se desempeñó como abogada asociada directa al fiscal general durante nueve años en el Ministerio Público, donde trabajó y se hizo cercana al exfiscal Óscar Chinchilla.

Además, se anunció recientemente que Marcelo Vaquero Blanco, hijo de la familia Vaquero Blanco, de 22 años, competirá en las elecciones internas del próximo 9 de marzo como candidato a diputado suplente, acompañando en la fórmula a la actual diputada por el departamento de Cortés, Linda Donaire. En una nota de El Heraldo se reportó el pasado 24 de enero que Marcelo Vaquero es empleado del Ministerio Público, y que pidió una licencia no remunerada para participar en política. 

Lourdes Blanco
Lourdes Blanco

Sobre el hecho de que Lourdes Pamela Blanco se encuentre en el círculo más cercano de la presidenta Castro y de la cúpula del partido gobernante, la fuente consultada por Contracorriente aseguró que «eso desacredita el proyecto político», y apunta que la abogada Blanco es un personaje opaco que sabe mover los hilos sin aparentarlo. 

Los otros personajes señalados por el Departamento de Estado

Además de Blanco Luque, el Departamento de Estado de EE. UU. actualizó recientemente su Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, sumando a Sonia Marlina Dubón, magistrada de la Corte Suprema de Justicia y esposa de Enrique Flores Lanza, quien es asesor de la presidencia. Dubón fue incluida por manipular su posición para debilitar el Estado de derecho. También se agregó a Ebal Jair Díaz, exsecretario de la Presidencia en la administración de Juan Orlando Hernández, acusado de corrupción significativa, especialmente en proyectos de obras públicas y programas sociales.

Desde la creación de la Lista Engel en 2021, ya suman 52 hondureños señalados por el Departamento de Estado estadounidense. En este caso, la lista fue rechazada por el Gobierno de Xiomara Castro. Eduardo Enrique Reina, canciller de la República, señaló en redes sociales: «Reiteramos nuestra posición. Desconocemos las medidas y listas unilaterales que publiquen los Estados por ser realizadas bajo procesos subjetivos que se desconocen, sin pruebas específicas presentadas y que tiene también un componente político».

María Luisa dice que este tipo de sanciones les afectan poco a este tipo de personajes, y particularmente a Pamela Blanco Luque «le afectará porque no podrá entrar como si fuera su casa en Estados Unidos, pero ella tratará de minimizarlo con los viajes que siempre presume hacer».

Sobre la inclusión de miembros del Partido Libre en listados de las sanciones que durante el gobierno de Joe Biden se impusieron sobre actores corruptos en la región, Obed López, diputado suplente de Rasel Tomé, congresista que en julio de 2022 también fue incluido en la Lista Engel, apunta que el mecanismo implementado por el gobierno estadounidense carece de «un esquema objetivo», y asegura que «cada señalamiento es ambiguo y no tiene un fundamento jurídico, sino que todo es es político, por eso para nosotros la Lista Engel se volvió un instrumento político».

«No estoy diciendo que los que salen ahí no son corruptos. Yo no estoy diciendo eso, lo que pasa es que es muy subjetivo el señalamiento», finalizó López.

En este contexto, la administración del nuevo presidente estadounidense Donald Trump emitió el 10 de febrero una orden ejecutiva que suspende por 180 días la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de revisar su impacto en la competitividad económica y la seguridad nacional de EE. UU. Durante este período, no iniciarán nuevas investigaciones bajo esta ley, salvo excepciones determinadas por el Departamento de Justicia. 

Unos días antes, el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que hasta el momento la administración Trump no había discutido un cambio a sanciones realizadas en contra de individuos, pero que en su momento se revisarán.

En su primer mes en la Casa Blanca, lo que Trump ha demostrado es una política contra los derechos humanos de los migrantes y las poblaciones vulnerables, además de una amenaza contra la separación de poderes en Estados Unidos. Mientras, en Centroamérica, aún está por verse cuán aliado y confiable será Bukele, que ahora hasta ofrece ser el carcelero de la potencia norteamericana.

Por Carmen Rodríguez

Trump ha regresado más autoritario. Sus aliados, asesores y colaboradores aprendieron muy bien de los errores de la primera administración y parecen estar convencidos de no dar marcha atrás a las reformas estructurales que planearon y que nos dieron a conocer en el famoso “Project 2025”: La Agenda Conservadora para la Próxima Presidencia Republicana, propuesta que circuló durante la campaña presidencial y de la que el mismo presidente se había desmarcado, pero que ahora aplica con vehemencia a través de decretos ejecutivos.

Este plan sienta las bases de un nuevo sistema conservador que prioriza la protección y el beneficio de un grupo reducido, que elimina avances en materia de derechos humanos, de mujeres y de igualdad que Estados Unidos había alcanzado. 

No ha pasado ni un mes de esta segunda administración y las más de 200 órdenes ejecutivas firmadas por Trump ya acentuaron y afloraron la división social, el racismo y el odio antiinmigrantes. Esta antesala nos dicta que al final de la era Trump 2.0, en realidad su plan no busca restaurar a los Estados Unidos, sino convertir al país en otra cosa, en una apuesta que suena más a un llamado: will Make America Ghastly Again (MAGA). 

Ghastly es adjetivo que tiene sus raíces en el inglés antiguo y medio, para referirse a algo terrorífico, lleno de pavor, un sentido general de horror ante la posibilidad de que algo desagradable suceda. Y justo todo esto es lo que se respira en este ambiente MAGA.  

Las principales víctimas de ese pavor y miedo son los migrantes indocumentados; perseguidos en las calles y en las puertas de sus casas, que viven ahora con temor a ser detenidos en cualquier lugar o a que llegue ‘la migra’ al trabajo y se lleve a todos los que no tienen papeles, pero también a los que tienen un estatus migratorio. Ese miedo se materializa en los agentes de ICE que merodean las escuelas o los restaurantes, buscando a los estudiantes y padres indocumentados.

En las primeras tres semanas, MAGA la Casa Blanca y las agencias del Departamento de Seguridad (DHS) reportan la detención de entre 1,200 y 1,500 inmigrantes por día en diferentes estados del país. Según la vocera presidencial, los deportados son cientos de “inmigrantes ilegales, criminales, terroristas y miembros del Tren de Aragua”, pero las organizaciones de inmigrantes contradicen esta información y aseguran que entre los miles de deportados (solo México ha señalado haber recibido ya a más de 11 mil)  hay hasta ciudadanos estadounidenses

Trump tiene que cumplirle a sus electores la promesa de expulsar y deportar inmigrantes, tiene que demostrarles que efectivamente es el presidente que más inmigrantes ha deportado, que limpiará las calles de esos inmigrantes que, según él, amenazan la estabilidad de Estados Unidos. Pero, sobre todo, tiene que demostrar que es un presidente estricto, de palabra y con mano dura. Y mientras esto pasa, no importan los daños colaterales, el enemigo del momento son los inmigrantes para esta región. 

Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la administración Trump se ha propuesto perseguir y deportar en sus primeros 100 días a poco más de 1.4 millones de inmigrantes indocumentados de origen latino que tienen órdenes de deportación activa o récord criminal. En este grupo se encuentran 203,822 salvadoreños; 252,044 mexicanos; 251,661 hondureños y 253,413 guatemaltecos. El resto, son individuos de otras nacionalidades. 

Las organizaciones de defensa de derechos humanos, de inmigrantes y los sindicatos han advertido las violaciones a los derechos humanos y han intentado hacer ver que esta medida le costará muy caro al país, no solo porque cada vuelo que sale de Estados Unidos -con entre 200 y 250 repatriados- tiene un costo de alrededor de $250,000, sino porque la inmensa mayoría de los deportados son trabajadores que aportan a la economía estadounidense. A Trump y a su gobierno, esos costos no les importan.  

¿Aliados en Centroamérica?

No solo los indocumentados están en la mira MAGA, también lo está otro grupo de cerca de 250,000 salvadoreños que aún poseen el Estatus de Protección Temporal, el programa conocido como TPS. Este grupo, beneficiado al cierre de la gestión Biden con una extensión del programa hasta 2026, ahora cae de nuevo en el limbo de los caprichos de Trump, que ya revirtió ese beneficio a cientos de miles de refugiados venezolanos que habían sido beneficiados junto a los salvadoreños por la administración saliente. 

Para los salvadoreños, pero también para el resto de los centroamericanos, el panorama es desolador. Trump ya ha planteado que busca reformar el programa para limitar sus extensiones y las condiciones para ser otorgado. 

Los asesores cercanos al presidente han dejado claro lo que piensan de programas como el TPS y en especial de la última fecha para los salvadoreños, a la que calificaron como “una estafa al pueblo estadounidense”. 

Dicho esto, está claro que el TPS no depende de la asistencia de la embajadora de El Salvador, Milena Mayorga, a las fiestas del segundo gobierno de Trump o de las fotos que se tome en Mar al Lago, ni tampoco de sus acercamientos y ofrecimientos de su ‘amigo’, ausente en la toma de posesión, Nayib Bukele.

Las primeras órdenes ejecutivas mandan a que se haga una revisión del TPS y las reformas necesarias para evitar que este beneficio sea extendido una y otra vez. Aunque la decisión de la continuidad o la terminación del TPS está en manos de la Corte, debido a una demanda en contra de la cancelación ordenada por Trump en 2017, y que fue impulsada por dos hijos de tepesianos salvadoreños, una vez se realicen estas reformas el TPS no será el mismo.  Y habrá que ver si esta administración también espera y respeta los fallos judiciales. 

Más reciente, tanto Trump como su vicepresidente y el todopoderoso Elon Musk, director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), han lanzado una campaña contra el órgano judicial al señalar que los jueces no tienen por qué fallar en contra de las decisiones del Ejecutivo. Y también han sugerido que no se deben acatar esas decisiones, en alusión a los frenos que jueces han ordenado contra algunas de las órdenes ejecutivas de Trump.

Este nuevo camino autoritario de Trump se parece al que ya demostraron en el continente Hugo Chávez en Venezuela, Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México y Bukele en El Salvador. Este último, en alusión a este tema, dijo en redes sociales que, para evitar a esos jueces, terminó destituyéndolos. “Bravo”, le contestó el magnate Musk. 

Las declaraciones de los máximos exponentes del poder en Estados Unidos ahora abren las puertas a una crisis constitucional en ese país y son un claro desafío contra el principio de separación de poderes que ha reinado en esa parte de Norteamérica desde hace más de dos siglos. 

Y mientras los ‘enemigos’ de la administración Trump cuestionan este cambio de rumbo y cómo esto afecta al planeta entero en materia de derechos humanos, defensa del medioambiente y la paz mundial, en la región las cartas parecen estar ya echadas. En El Salvador, Bukele ya hizo un giro radical hacia Estados Unidos. Aquel que dijo que su país no sería el patio trasero de Estados Unidos, ahora se muestra servil y complaciente con el gobierno Trump.

Bukele ofreció, una vez más, recibir a los inmigrantes expulsados de Estados Unidos. Pero esta vez se superó a sí mismo al proponer recibir no solo a los criminales expulsados, sino también a los convictos estadounidenses. 

La historia de la supuesta amistad entre los Estados Unidos de Trump y El Salvador del presidente inconstitucional, no se convertirá en la mejor de la historia política reciente. Sobre todo, cuando los verdaderos intereses de Trump están en otro lado: Los grandes amigos de Trump, los predilectos, son los verdaderos hombres de negocios, los multimillonarios tech que invirtieron millones de dólares para que regresara a la presidencia. 

Trump es un hombre de negocios. Y en Estados Unidos, se sabe, no olvida cuando le juegan mal. Por eso, durante su campaña, recordó que fue gracias a Bukele que pandilleros liberados de las cárceles salvadoreñas, o que huyen del régimen de excepción, llegaron hasta gringolandia. Y los funcionarios de Trump tampoco olvidan que, durante su primera administración, Bukele abrió relaciones y negocios con China, unos días después de haberles prometido, aquí en Washington, que no buscaría ningún acercamiento con esa otra potencia. 

Más allá de la propaganda y del atardecer en Coatepeque, en compañía del secretario de Estado, Marco Rubio, el presidente inconstitucional salvadoreño tiene casi nada para ofrecerle a la nueva élite de la política estadounidense. 

En cambio, tendría mucho que decir para intentar frenar la cacería humana que Trump realiza contra las personas migrantes en Estados Unidos, pero no lo hará. No lo hizo en el pasado y no lo hará ahora. 

Las expectativas de la nueva relación Estados Unidos – El Salvador están ahora bastante elevadas, pero Trump ni siquiera ha reaccionado personalmente, ni tampoco agradecido, el gesto histórico de su ‘amigo’ para recibir, cual carcelero, a los deportados y a los criminales del norte. 

 

*Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual NOMBRE DEL MEDIO forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.

 

Por: Arnoldo Delgadillo Grajeda
Ilustraciones: Melisa Casillas y Cambia la Historia
Historias publicadas originalmente en Cambia la Historia

El caso de Mayra sacudió al estado de Colima cuando su asesinato, implicando a elementos de la policía, se hizo público. Aunque su caso fue mediático en un principio, pronto quedó en el olvido a nivel mediático, excepto para su familia, que al final alcanzó la justicia. 

Mayra Jazmín fue secuestrada en la ciudad de Manzanillo, Colima, el 19 de septiembre de 2021; diez días después, su cuerpo fue encontrado por transeúntes, asesinada, con heridas de bala, en una brecha cercana a la carretera a Colima capital, en las inmediaciones del poblado de Jalipa. Mayra tenía 19 años y era estilista.

Cuando la secuestraron, estaba barriendo su emprendimiento, Barber Girl, en El Colomo, una comunidad rural absorbida por el puerto comercial, llena de patios de contenedores, polvo y tráileres. Cuando los secuestradores llegaron por ella, se quitó el mandil y dejó la escoba recargada en el espejo. 

De los tres secuestradores, todos policías municipales, al menos conocía a dos: uno era cliente de su barbería y otro vivía también en su misma comunidad. Seguro eso le dio confianza de acercarse a ellos.

La pareja de Mayra le confirmó a su madre, Yuri, lo que ella ya sospechaba: que algo malo había pasado. «Me dijo que se la habían llevado del local, que no estaba; se la llevaron como a las 20:35 horas», recuerda.

Los tres hombres pidieron 400,000 pesos por Mayra y su familia terminó entregando 82,000, que fue todo lo que consiguieron reunir pidiendo cooperaciones a sus amigos y familiares.

«El dinero lo entregamos el día 20 de septiembre en una carretera. Yo misma lo entregué porque ellos me querían a mí, que yo sola fuera a entregar el dinero porque me estaban vigilando», narra Yuri, la madre.

Sin embargo, el retorno de Mayra nunca se dio. Yuri seguía esperando, cuando leyó en sitios de noticias en internet que habían encontrado un cuerpo y decían que era el de su hija. Ella no lo creía, pues había entregado el dinero solicitado, pero cuando fue a preguntar a la Fiscalía, confirmaron el hecho.

Siendo personas de escasos recursos, provenientes del vecino estado de Michoacán, en busca de empleo en el puerto de Manzanillo —uno de los más importantes de América Latina—, tampoco fue fácil hacer frente a los gastos funerarios inesperados.

En más de una ocasión, con el dolor atravesado en el alma, la señora habló con periodistas locales pidiendo apoyo de las autoridades municipales y estatales, pero la ayuda no llegó. 

Pasando el funeral de su hija, comenzaron a ver afuera de su casa «carros muy sospechosos» vigilándolos por horas; después personas no identificadas empezaron a seguir a toda la familia: «Nos fuimos porque no fueron cualquier persona los que se llevaron a mi hija, eran policías; entonces ¿a quién íbamos a recurrir? A nadie, ya no se confía en nadie».

Mayra, su mamá y sus tres hermanos pequeños —unos niños todavía— tuvieron que huir del lugar donde vivían por temor: fueron doblemente víctimas de la violencia. Vivieron meses bajo un puente fronterizo en la ciudad de Tijuana, Baja California, esperando asilo humanitario para resguardarse en Estados Unidos. 

Algunos meses después, gracias a la intervención de un periodista, que ya conocía el trabajo de Proyecto Alessandra, Yuri entró en contacto con ellos. Sin embargo, Yuri estaba aterrorizada y llena de desconfianza, una respuesta comprensible dada la implicación de policías en el asesinato de su hija.

«Estaban viviendo bajo ese puente, intentando sobrevivir día a día, pidiendo comida, cargando el celular cuando podían», recuerda el equipo de Proyecto Alessandra. El miedo constante a las represalias y el acoso los había obligado a huir del estado. La violencia es una espiral que revictimiza. 

Uno de los mayores desafíos para los asesores legales fue ganarse la confianza de Yuri, quien no solo tenía miedo de hablar, sino que también desconfiaba de todo el sistema de justicia. «Tenía miedo de que quienes la contactaban fueran cómplices de los policías implicados». 

Finalmente, Yuri accedió a una llamada y comenzó a hablar sobre la pesadilla que estaba viviendo. Durante la conversación, reveló que su mayor temor provenía de los implicados en el crimen: «El temor principal era que los probables responsables fueran elementos de la policía», algo que hizo que tanto ella como su familia se sintieran completamente vulnerables. Tras varios intercambios, la familia de Mayra accedió a que Proyecto Alessandra los representara y ayudara a avanzar en la investigación y protección de sus derechos.

Como Yuri seguía en Tijuana, la organización coordinó los trámites a distancia con la ayuda de un amigo en la ciudad fronteriza, que sirvió como intermediario para trasladar los documentos necesarios. 

Lo difícil de ser reconocido como víctima

Uno de los primeros obstáculos fue inscribir a Yuri y su familia en el registro de víctimas, un proceso que resultó ser increíblemente burocrático y deshumanizador. «Pedían fotografías recientes, un domicilio cierto, e incluso una carta donde narraran todos los hechos, algo que era claramente una revictimización», comentan los fundadores de Proyecto Alessandra. 

Datos solicitados por las autoridades para reconocer como víctimas a los familiares de Mayra.
Datos solicitados por las autoridades para reconocer como víctimas a los familiares de Mayra.

La falta de sensibilidad de las autoridades no ayudaba a la familia, que ya estaba lidiando con el trauma de la pérdida. Sin embargo, los jóvenes abogados lograron que se tomaran medidas para garantizar la seguridad de la familia cuando tuvieron que regresar a Colima para hacer diligencias judiciales. Coordinando con la Policía Estatal y la Guardia Nacional, se organizó un operativo para escoltar a la familia durante su estadía en el estado. «Hicimos todo un operativo para que ella se animara a venir».

Una diferencia crucial entre el caso de Mayra y el de la mujer trans Valeria fue la calidad de la investigación. «El Ministerio Público tenía una investigación impecable», reconoce la organización. Se habían realizado intervenciones telefónicas y se había recuperado información crucial de los teléfonos de los sospechosos, lo que permitió esclarecer no solo el asesinato de Mayra, sino también otros delitos en los que los implicados estaban involucrados. 

A lo largo del juicio, la defensa de los acusados intentó sin éxito desestimar la evidencia obtenida, alegando violaciones a derechos humanos y buscando la nulidad del cateo realizado en la casa de uno de los sospechosos. «Intentaron todo para que se declararan nulas las pruebas, pero la investigación fue impecable», afirman.

El camino a la justicia

Laura Jiménez, presidenta de la Asociación Civil Acción Afirmativa, reconoce la importancia de que, al menos a nivel de sentencia, se materialice el acceso a la justicia, ya que beneficiará a otros casos de violencia feminicida y delitos relacionados como secuestro. 

«Este caso llega en un contexto grave de violencia contra las mujeres, donde las autoridades se resisten a aplicar el criterio de que toda muerte violenta debe ser investigado como feminicidio. Que exista ya una sentencia condenatoria nos fortalece para seguir luchando y para que se implementen de manera pronta los principios de la debida diligencia reforzada en casos de muertes violentas de mujeres», asegura. 

Aunque se logró una condena, el caso aún no ha concluido completamente. La familia de Mayra sigue esperando la reparación del daño, un proceso que, según el Proyecto, aún debe pasar por varias etapas legales, incluyendo la resolución de los recursos de amparo interpuestos por los condenados. «Aún estamos en la etapa de ejecución de la sentencia», explica. Mientras tanto, la familia de Mayra, aunque sigue sufriendo la pérdida, ha podido regresar a Colima y comenzar a reconstruir sus vidas.

Yuri, la madre de Mayra, mantiene desde que volvió a Colima un altar para su hija

Yuri, la madre de Mayra, mantiene desde que volvió a Colima un altar para su hija, siempre con una vela prendida: «me siento mal porque no tiene luz donde está». Con sus propios recursos personales paga terapia psicológica que debería ser entregada o cubierta por el Estado, invirtiendo 30 dólares por sesión. Uno de los más afectados es su hijo menor, que ya tiene diez años, pero era muy unido a Mayra. 

«Se acuerda mucho, en las Navidades, en diciembre, cuando tiene algún evento en la escuela, ella era la que lo llevaba. Este año me dijo: estoy feliz porque ya va a llegar Navidad y tendré un regalo, pero por otra parte no me siento feliz porque no estamos completos».

A pesar de que las estadísticas de violencia han aumentado en los últimos años en Colima, no pasó así con las solicitudes y el registro de víctimas. Y en 2022 solo se otorgó una reparación integral con cargo al fondo, para cuatro víctimas indirectas de feminicidio, por 483,000 pesos. 

El caso de Mayra no solo es un testimonio de la violencia que aún afecta a muchas familias en México, sino también de la importancia de que desde la sociedad haya profesionistas que luchen por garantizar que las víctimas de violencia obtengan justicia, incluso cuando el sistema judicial parece estar en su contra. La justicia puede llegar, siempre que haya quienes estén dispuestos a perseverar en su búsqueda.



Este reportaje fue producido en el marco del proyecto Cambia la Historia, coordinado entre DW Akademie y Alharaca con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, que combina la perspectiva de género e interseccional con el periodismo constructivo, promoviendo la producción de historias que visibilizan la violencia y ofrecen nuevas narrativas de resistencia en América Latina. Fue editado por la periodista hondureña Jennifer Ávila y la coordinación editorial fue de la periodista colombiana Ginna Morelo.

Por: Arnoldo Delgadillo Grajeda
Ilustraciones: Melisa Casillas y Cambia la Historia
Historias publicadas originalmente en Cambia la Historia

Valeria, una mujer transgénero que vivía en Colima, fue asesinada en su propia casa. Su muerte, ocurrida en medio de una crisis de violencia en el estado, atrajo la atención de un grupo de abogados pro bono, que se enfrentó a la negligencia institucional y la falta de recursos para que se investigara con perspectiva de género. Tres años después, el caso está «congelado» por errores en el procedimiento de la evidencia. 

Apenas 15 minutos después de terminada la rueda de prensa en que el equipo de Proyecto Alessandra se había presentado oficialmente ante la sociedad colimense, Carolina Valdez, directora operativa del proyecto, recibió una llamada que marcó el inicio de su primera investigación. «Recibimos la llamada de un familiar de una víctima de transfeminicidio», relata.

Valeria Carrasco, mujer trans de 25 años, había sido localizada muerta en el interior de su hogar en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, la madrugada del 7 de julio de 2021. Su cuerpo presentaba huellas de asfixia y habían intentado quemar la cama donde yacía; de acuerdo a conteos ciudadanos, habría sido el tercer transfeminicidio registrado en el estado en lo que iba de ese año. 

En el teléfono, José Alfredo Gutiérrez, hermano de Valeria, les pedía ayuda, porque su caso estaba siendo ignorado por las autoridades. «Llegó un punto, a los dos o tres meses a raíz del hecho, en que el asesor jurídico que me habían asignado me dejó de contestar los mensajes y ya tampoco me contestaba las llamadas», recuerda. 

Al recibir la carpeta de investigación, el equipo de Proyecto Alessandra comenzó a analizar las pruebas y evidencias que obraban en el expediente. El caso era más complicado de lo que parecía, y uno de los aspectos más importantes era que Valeria era una mujer transgénero, un hecho que el sistema de justicia no había abordado adecuadamente. 

«Desde el primer momento la familia lo comentó, pero el hermano se refería a ella como “él”», explica Johny Alonso, director jurídico del proyecto, añadiendo que este comportamiento no era un signo de rechazo, sino una muestra de cómo su familia aún lidiaba con la transición de Valeria.

La identidad de Valeria no había sido reconocida por el sistema judicial, y los registros del caso la trataban como un hombre, lo que implicaba que no se estaba investigando como un feminicidio, sino como un homicidio simple. «Lo que importa para el derecho penal es la privación de la vida», comenta el abogado, «pero en el aspecto social, es necesario visibilizar la agresión hacia una persona que pertenece a la comunidad transgénero». 

Esta omisión en la investigación reflejaba no solo una negligencia legal, sino también una falta de sensibilidad hacia las personas transgénero y su derecho a ser reconocidas en su identidad.

(A continuación se muestra el acuerdo ministerial donde se reconoce su identidad)

La carpeta de investigación contenía pruebas cruciales que no habían sido procesadas correctamente. La policía investigadora encontró un condón usado con esperma en la habitación de Valeria, y el Ministerio Público mandó realizar el acto de investigación, pero en el Laboratorio de Química Forense (dependiente de la FGE) contestaron que no tenían el material para hacerlo. Sin insistir ni ejercer los controles judiciales necesarios, el Ministerio Público dejó de investigar ese rastro de ADN, una oportunidad perdida para avanzar en la identificación del asesino.

Documento que prueba que el laboratorio les dice que no hay reactivos para hacer las pruebas

Otra evidencia significativa era que Valeria había forcejeado con su agresor, por lo que quedaron restos de piel del agresor en sus uñas, y este tuvo que haber quedado con marcas de rasguños. Incluso un testigo había informado que un hombre cercano a Valeria había asistido a su funeral con rasguños visibles en el cuello y los brazos, pero no se investigó esa pista. La línea de investigación que sugería que el agresor era este hombre no fue explorada a fondo. 

«Estuvo mal porque yo pienso que sí, que las autoridades sí tenían las pruebas suficientes para encontrar el culpable, pero no sé por qué no pasó, no sé por qué no se dieron con lo demás», dice Alfredo, el hermano de Valeria.

Cuando el equipo de Proyecto Alessandra decidió tomar el caso y empezar a corregir los errores cometidos en la investigación, se entrevistaron nuevos testigos y se insistió en realizar pruebas que habían sido ignoradas. Sin embargo, debido a la negligencia inicial, muchos de los actos de investigación ya no arrojaban resultados concluyentes.

A pesar de sus esfuerzos, las líneas de investigación comenzaron a agotarse. «No podemos tener la identidad probable de una persona que haya cometido la privación de la vida de Valeria», lamentan. Como resultado, el caso quedó «congelado», pendiente de nueva información o avances inesperados que pudieran surgir en el futuro.

Sin embargo, este congelamiento del caso permitirá que la familia de Valeria pueda recibir una compensación económica y atención psicológica por parte del Estado, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Ese es el siguiente gran reto: enfrentarse a la burocracia y tramitología que complica el incluirse en el registro de víctimas y luego insistir, por quién sabe cuánto tiempo, para acceder a algunos de los pocos recursos disponibles para reparar el daño a las víctimas de violencia en Colima. 

El caso de Valeria no ha concluido. Aunque se han agotado las líneas de investigación, el equipo de Proyecto Alessandra sigue comprometido en hacer todo lo posible por mantener viva la memoria de Valeria y buscar justicia para su familia. «El delito de homicidio es imprescriptible», recuerdan los jóvenes; «se puede tardar el tiempo que sea necesario, pero vamos a seguir buscando«. 

Por: Arnoldo Delgadillo Grajeda
Ilustraciones: Melisa Casillas y Cambia la Historia
Historias publicadas originalmente en Cambia la Historia

El compromiso de un grupo de jóvenes de poco más de 30 años llevó a la creación de una iniciativa que brinda asesoría legal y psicológica a familiares de víctimas de delitos de alto impacto en Colima. El Proyecto Alessandra se ha convertido en un faro de esperanza para acceder a la justicia entre quienes, además de haber sufrido estas tragedias, enfrentan situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

Proyecto Alessandra nació en el primer semestre de 2021 como una respuesta directa a la crisis de seguridad que comenzaba a afectar al estado de Colima, en México, marcada por un aumento significativo en los casos de feminicidios, homicidios y desapariciones, especialmente de mujeres. «Era una crisis de seguridad que no habíamos tenido nunca antes», recuerdan Carolina Valdez, internacionalista y directora operativa del proyecto, y Johny Alonso, abogado y director jurídico del proyecto.

Los jóvenes, de poco más de 30 años, junto con otros cuatro profesionistas, iniciaron con recursos propios y sacrificando sus tiempos personales, la iniciativa para brindar acompañamiento y asesoría legal y psicológica gratuita para personas que sufrieron violaciones graves a sus derechos humanos.

Una situación que identificaron, y les llevó a movilizarse, organizándose para brindar sus servicios pro bono a la sociedad, es que la violencia pareciera ensañarse con las personas en condiciones de vulnerabilidad: se dieron cuenta de que en una gran cantidad de casos, las víctimas y sus familias no podían acceder a servicios legales debido a la falta de recursos económicos.

«Nos basamos en un diagnóstico en el cual entendemos que hay personas que no pueden acceder a la justicia porque no tienen dinero para pagar un abogado», explican, enfatizando que las víctimas de estos delitos graves, y sus familias, «no pueden acceder a la justicia y son casos muy dolidos, que nos lastiman mucho como sociedad».

La asesoría legal y psicológica que brinda Proyecto Alessandra costaría entre 20 y 50 mil dólares, pero ellos lo otorgan pro bono a las víctimas y sus familias en condiciones de vulnerabilidad social y económica.

En el estado de Colima, el 25.1 % de la población vive en situación de pobreza moderada, aproximadamente 197 mil personas, y 2.71 % padece pobreza extrema, 21 mil 300 de sus habitantes, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Las principales carencias sociales de Colima fueron carencia por acceso a la seguridad social, carencia por acceso a los servicios de salud y carencia por acceso a la alimentación.

Otra de las problemáticas centrales que detectaron los fundadores del proyecto es que, aunque las víctimas de delitos tienen el derecho legal a recibir asesoría jurídica gratuita por parte del Estado —de acuerdo con la legislación mexicana—, en la práctica este derecho a menudo no se garantiza de manera efectiva. 

«La falta de recursos económicos en la administración pública repercute en la calidad de la asesoría jurídica que se recibe, porque es demasiada la carga de trabajo; son demasiados los asuntos que lleva un solo asesor jurídico al día», coinciden Caro y Johny. 

Esto provoca que muchas familias vean «mermadas sus aspiraciones de querer que se haga justicia de manera pronta y expedita», dice el abogado.

El déficit en la atención jurídica se agrava por la limitada cantidad de personal asignado para atender los casos de víctimas. Son matemáticas simples: en Colima los delitos aumentaron a raíz de la separación de Los Mezcales del CJNG; tan solo los homicidios crecieron casi un 50 % de 2021 a 2022, pero no así el número de personal asignado por el sistema judicial para resolverlos, y mucho menos la cantidad de servidores públicos que brindan asesoría jurídica para atender a personas en situaciones de vulnerabilidad económica. 

En el municipio de Manzanillo, por ejemplo, una de las tres demarcaciones en que se divide el estado de Colima para fines de procuración de justicia, hay solamente tres personas como órganos jurisdiccionales de control: dos mujeres y un varón, tres como asesores jurídicos y dos defensores públicos en funciones. 

Estos profesionales deben atender todas las carpetas de investigación, que en el caso de una sola mesa de hechos de tránsito pueden llegar a abrir hasta dos mil carpetas de investigación al año. Como resultado, estos cinco profesionistas deben encargarse de miles de carpetas, lo que claramente compromete la atención adecuada a cada caso.

Ante esta realidad, Proyecto Alessandra se propuso llenar el vacío que deja el sistema judicial público ofreciendo asesoría jurídica gratuita. «Brindamos asesoría jurídica particular, pero gratuita, sin un costo directo para las víctimas y para las familias de las víctimas. El objetivo principal es quitarles carga laboral a las asesorías jurídicas o a las comisiones de atención a víctimas», proporcionando a las familias el apoyo legal que no podrían costear por sus propios medios.

Son pocos los casos que han atendido, porque son pocas manos y todo se realiza con recursos propios. Desde su fundación han asesorado dos decenas de casos que implican violencia de género, pero los casos del feminicidio de Mayra y del transfeminicidio de Valeria son los primeros que han llegado a su final, siendo además los más desafiantes por la falta de perspectiva de género que tiene el sistema penal mexicano.

El proyecto también busca ser una red de apoyo frente a la sobrecarga del sistema judicial. Según Johny Alonso, aunque la función del Ministerio Público es investigar y esclarecer los hechos, las víctimas y sus familias también necesitan que alguien «apoye y defienda sus derechos», garantizando que los derechos de «acceso a la justicia, de conocimiento de la verdad, de reparación del daño y todas las medidas que forman parte de una reparación integral» sean efectivamente respetados.

Este 2024 fue creada la Fiscalía Especializada en Feminicidios en la entidad, pero solo cinco casos han sido judicializados; y no existe registro oficial, al menos en la última década, de que un solo transfeminicidio haya avanzado más allá de la investigación inicial.

Un desafío adicional es la falta de recursos no solo en términos de personal, sino también de presupuesto para llevar a cabo las diligencias e investigaciones necesarias para cada caso. Los jóvenes explican que «no existen recursos para que ellos [los asesores jurídicos estatales] puedan realizar ese tipo de diligencias». Aunque es responsabilidad del Ministerio Público investigar, «ellos tienen su propia teoría del caso», lo que significa que las víctimas muchas veces necesitan otro tipo de investigaciones o apoyo que el Ministerio Público no puede proporcionar.

Además, la carga de trabajo del personal de justicia no aumenta a la par de los delitos. Como resumen los fundadores de Proyecto Alessandra, «suben los delitos, pero no sube el personal de justicia ni tampoco el presupuesto que se les asigna, tanto al Ministerio Público como a la Comisión de Víctimas o a la Defensoría Pública, para atender de forma puntual el tema de la investigación».

«Suben los delitos, pero no sube el personal de justicia, ni tampoco el presupuesto que se les asigna, tanto al Ministerio Público como a la Comisión de Víctimas o a la Defensoría Pública, para atender de forma puntual el tema de la investigación».

En este contexto, la labor de Proyecto Alessandra se ha vuelto vital para muchas familias colimenses que de otro modo estarían desprotegidas en su búsqueda de justicia. Su enfoque en la asesoría jurídica gratuita y la atención personalizada busca asegurar que las víctimas no queden atrapadas en un sistema saturado, sin las herramientas necesarias para defender sus derechos. 

Como dice Carolina Valdez, su misión es ofrecer una salida a aquellas personas que, debido a la falta de recursos económicos, «no pueden acceder a la justicia, pero que merecen tener una representación digna y eficaz en su lucha por la verdad y la reparación del daño».

Si se pudiera definir a ambos abogados en una palabra esa sería: idealista. Carolina asegura que Proyecto Alessandra es un llamado a que se puede hacer valer la ley e impartir justicia, «quitar esta noción social, de que a los malos nunca se les hace nada». Johny, por su parte, cree que en la medida de que se combata la impunidad, se disminuirá la posibilidad de que los crímenes sigan repitiéndose: «la justicia rompe la espiral de violencia», asegura. 

Por: Arnoldo Delgadillo Grajeda
Ilustraciones: Melisa Casillas y Cambia la Historia
Historias publicadas originalmente en Cambia la Historia

Cuando una ciudad está desbordada por una crisis de muertes violentas, el acceso pleno a la justicia y reparación integral del daño se vuelve un proceso desgastante, complejo y desalentador, sobre todo para las víctimas más invisibilizadas, como las mujeres y las mujeres trans. Esto pasa en Colima, México; la ciudad más violenta del mundo, según su tasa de homicidios, feminicidios y transfeminicidios. 

Apenas este 2024 fue creada la Fiscalía Especializada en Feminicidios en ese estado; desde ese entonces solo cinco casos han sido judicializados, a pesar de que en el primer semestre perdieron la vida de manera violenta 91 mujeres. Además no existe registro oficial, al menos en la última década, de que un solo transfeminicidio haya avanzado más allá de la investigación inicial, aunque en el último año cuatro mujeres trans fueron asesinadas. 

Organizaciones que buscan justicia para las víctimas, como la Fundación IUS Género, el Colectivo Orgullo Disidente y el Centro de Atención a la Mujer (CAM), aseguran que existe un subregistro de personas víctimas de feminicidios y transfeminicidios.

Hay una sobrecarga en el sistema judicial, y es por eso que un grupo de jóvenes profesionistas creó Proyecto Alessandra, una iniciativa para brindar asesoría legal y psicológica pro bono a quienes han sufrido violaciones graves a sus derechos humanos en Colima. 

Proyecto Alessandra atendió el caso de Valeria, una mujer trans asesinada en su hogar; sin embargo, el Ministerio Público dejó el caso sin resolver. También tomaron el caso de Mayra, secuestrada y asesinada por policías municipales, en el que sí lograron sentencias condenatorias. 

A pesar de tener un desenlace diferente, en ambas historias no se ha logrado que las víctimas directas e indirectas reciban la reparación integral del daño por parte del Estado mexicano. El camino para el acceso pleno a la justicia todavía es sinuoso y lejano. 

¿Qué pasa en Colima?

El estado de Colima, en México, pequeño paraíso del Pacífico mexicano, vive desde enero del 2022 una crisis de violencia que llevó a su capital, la ciudad del mismo nombre, a convertirse en la más violenta del mundo en los años 2022 y 2023, de acuerdo con el ranking 2023 de las 50 ciudades más violentas del mundo, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Colima presume en su publicidad turística que es posible ir –en apenas un par de horas— del mar a la montaña: Manzanillo, el puerto comercial más importante de México, con nostálgicos hoteles a pie de playa, está a 115 kilómetros de Comala, pueblo mágico que inspiró al escritor Juan Rulfo, construido al pie del volcán más activo del país. 

Pero el estado también tiene, en sus 5,626.9 kilómetros, operaciones de dos de los cárteles más poderosos, de acuerdo con el Gobierno Federal. El legendario Cártel de Sinaloa (CS), de Joaquín «El Chapo» Guzmán controla el puerto, donde recientemente inició a probar mercado con el fentanilo; y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), nacido en el estado colindante, está asentado en la capital y la zona norte del estado. 

Pero este no es el motivo que incendió la crisis de violencia en Colima, sino la escisión del grupo delictivo Los Mezcales, ahora autonombrado Cártel Independiente de Colima, de sus anteriores socios, el CJNG. El 25 de enero de 2022, en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Colima, presuntos integrantes de Los Mezcales asesinaron a nueve personas pertenecientes al Cártel de Jalisco Nueva Generación, en un motín de grandes dimensiones.

En México, la cantidad de personas que son víctimas de un delito es cada vez mayor; tan solo durante el 2022, a nivel nacional, se estimó una tasa de 28,701 delitos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, para ese mismo año, sabemos que a nivel nacional 92.4 % de esos delitos no fueron denunciados o no se les inició una carpeta de investigación, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Muertes de mujeres no se investigan como feminicidios 

Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) evidencian el aumento en el número de homicidios, a raíz del motín en el Cereso que —como se explicó—- marcó el inicio de la crisis de violencia actual en Colima.

En el 2021 se registraron 620 asesinatos y para el 2022 la cifra alcanzó los 901, es decir, aumentaron un 45.3 por ciento, en tan solo 12 meses. En 2023 la cantidad de homicidios creció de nuevo, alcanzando los 934 casos, récord actual. Con corte al mes de agosto, en 2024 van 579 asesinatos registrados. 

Mirando los números con perspectiva de género también han aumentado año con año los homicidios de mujeres: en 2022 fueron 109, en 2023 creció a 134 y a agosto del 2024 ya van 91. 

A pesar de que legalmente se establece que todos los homicidios de mujeres deberán investigarse como feminicidios, hasta que se demuestre que no lo son, hay una gran diferencia en los registros oficiales: del 2016 al 2024 fueron asesinadas en Colima 787 mujeres, pero solo 105 casos fueron tipificados como feminicidios.

Solo 13 de cada cien homicidios contra mujeres son investigados como feminicidios en Colima.

En México, en el Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente:

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
  2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
  3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
  4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
  5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
  6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
  7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.”

Así como en Colima, es común que  los homicidios que se cometen contra las mujeres no sean investigados tomando en consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de ésta.

En 2022, el año en que inició la crisis de violencia en la entidad, pasó algo que ilustra perfectamente esta situación: durante la primera mitad del año, las estadísticas de feminicidio reportadas ante el SESNSP se mantuvieron en cero, creando la idea que en Colima no se mataban mujeres por razones de género. 

Pero, ante la insistencia de colectivas feministas, la Fiscalía General del Estado tuvo que analizar 70 carpetas de investigación, que habían sido iniciadas por muerte violenta de mujeres, y reconoció que se había acreditado al menos una de las razones de género que establece la Ley para considerar la muerte de la mujer como feminicidio, por lo que procedió a reclasificar los delitos y contabilizar 16 feminicidios. 

“Para que los asesinatos de las mujeres en Colima se tipifiquen como feminicidios, lo único que hace falta es que se aplique la ley como tal, nada más, que se aplique el protocolo, pero hay una tendencia, hay un señalamiento desde el nivel Federal para que los feminicidios no se tipifiquen como tal”, considera Evangelina Flores Ceceña, de la Fundación IUS Género.

Mientras los registros del SESNSP han cuantificado 105 feminicidios del 2016 al 2024 en Colima, el conteo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha identificado 711, es decir, colectivas ciudadanas identifican seis veces más feminicidios de los reconocidos por las autoridades.

Transfeminicidios, un paso atrás

Si es difícil hacer que el Estado investigue los feminicidios, lo es todavía más que lo haga con los transfeminicidios, pues solo la legislación de la Ciudad de México reconoce este tipo penal. 

El aumento de las muertes violentas por razón de género a mujeres trans documentadas en 2024 alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que en agosto condenó la violencia que sufre esta población en México y también la impunidad que prevalece.

La CIDH pidió que las autoridades mexicanas sean observadas en su actuación y aplicación del Protocolo Nacional de Actuación LGBTI+, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la justicia a estas poblaciones. 

También advirtió a las autoridades en la necesidad de «redoblar esfuerzos para prevenir y sancionar actos de violencia contra personas trans». Y menciona que «la falta de una investigación con debida diligencia puede conllevar a una alarmante situación de impunidad».

En ese sentido, el Movimiento Igualitario LGBTTIQ+ asegura que en Colima la investigación de los transfeminicidios y crímenes de odio está detenida en la Fiscalía General del Estado.

A través de solicitudes de información realizadas para este reportaje, la Fiscalía local informó que en la última década solo se tiene el registro de cuatro crímenes de odio en el estado: el 19 de marzo de 2021, en Manzanillo, contra una hombre transexual; el 4 de septiembre de 2021, en Villa de Álvarez, contra un hombre transgénero de 54 años; el 9 de septiembre de 2022, en Tecomán, contra un hombre transexual; y el 26 de marzo de 2024, en Colima, contra un hombre transexual. 

Pero lo alarmante es que todos los casos se mantienen en una «investigación inicial», es decir, no han sido judicializados, están impunes, a pesar de que el artículo 123 bis del Código Penal en el estado establece que los homicidios por razones de orientación sexual o identidad de género deben ser castigados con hasta 50 años de prisión. 

El presidente de la colectiva Movimiento Igualitario, René Fernández, insistió en una entrevista en que «la política debe cambiar para que la justicia llegue a los colectivos y personas de la diversidad sexual; ese es un llamado directo a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos» 

De acuerdo al representante de la comunidad LGBTIQ+, por cada transfeminicidio reconocido por el Estado, hay al menos otros tres inmersos en otras categorías del crimen, como asesinatos pasionales o en «hombres» sin reconocer la identidad; este último es el caso del transfeminicidio de Valeria, que no figura en la estadística de la Fiscalía, pues inicialmente fue clasificado como «homicidio de un varón». 

«Se debe nombrar los temas como son y este tipo de hechos lastimosos que se presentan son transfeminicidios, y de acuerdo al protocolo que existe la FGE debe llevar la investigación como tal; de esta manera, en el momento en que se identifique a los responsables deben ejercer la acción penal como lo es, y no como un homicidio en cualquiera de sus modalidades».

De acuerdo al Observatorio Nacional de Crímenes de Odio (ONCO), en Colima de 2016 a 2024 se han registrado doce casos, es decir, colectivas ciudadanas identifican el triple de los crímenes de odio reconocidos por las autoridades estatales. 

Quito, 11 feb (EFE).- El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, denunció este martes presuntas «irregularidades» en el proceso de escrutinio de las elecciones generales del pasado domingo, pero las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), descartaron un «fraude» en los comicios y avalaron los resultados oficiales al señalar que el proceso fue «transparente».

Noboa, que rompió su silencio con una entrevista a la emisora Radio Centro tras no haber aparecido públicamente desde que conociesen los resultados que disipaban su esperanza de ganar en primera vuelta, afirmó que debería tener más votos de los otorgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en sus resultados oficiales.

«Seguíamos contando, seguíamos revisando en ciertas provincias porque había cosas que no cuadraban, incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor», dijo Noboa, que deberá enfrentarse en una segunda vuelta a la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, quien le disputa al gobernante el primer lugar en la primera vuelta.

Escrutado el 96,6 % de las actas, Noboa tiene el 44,16 % de los votos y González, el 43,94 %, y cuando aún falta por concluir con el conteo, Noboa asevera que ganó la primera vuelta, mientras que González afirma que ha sacado dos puntos porcentuales más que el gobernante.

El mandatario también llegó a aseverar, sin aportar pruebas, que en algunas zonas los votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa, dijo Noboa sin acompañar con pruebas la denuncia, aunque aseguró «tener evidencia».

«Hay decenas y decenas de casos en el cual amenazaban a la gente porque vote por la Revolución Ciudadana, tenemos la evidencia», dijo en referencia al movimiento político de su rival Luisa González, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Ante estas declaraciones, González, que también manifestó desconfianza sobre el conteo de votos al señalar que hubo intermitencias e interrupción del escaneo de actas en varias provincias, respondió a Noboa en redes sociales al señalar que «los votantes de la Revolución Ciudadana NO SON NI NARCOS NI DELINCUENTES».

UE descarta fraude

La misión de la UE descartó este martes que haya existido un «fraude« en las elecciones generales ante las denuncias realizadas primero por González y por Noboa.

En una comparecencia pública en Quito para presentar su informe preliminar, el jefe de la misión, el eurodiputado español Gabriel Mato, concluyó que las elecciones fueron «transparentes, bien organizadas y pacíficas», si bien advirtió que existen retos pendientes como la publicidad en redes sociales, el uso de medio públicos y la falta de separación entre actividades electorales y de Gobierno por parte de Noboa.

«Nosotros no tenemos ni un solo elemento objetivo de que haya habido cualquier tipo de fraude», dijo Mato al advertir las «irregularidades» alegadas primero por González y desde este martes por Noboa.

«Lamento profundamente que, a la desinformación, se haya unido una cierta narrativa de fraude en estas elecciones, que estuvo en principio liderada por la candidata Revolución Ciudadana y que hoy la está haciendo el propio presidente. Ningún elemento objetivo que avale esa acusación o narrativa», señaló.

El informe preliminar de la misión de la UE recogió las preocupaciones de varias organizaciones políticas ante la renuencia de Noboa a pedir licencia del cargo durante todo el periodo de campaña electoral (del 5 de enero al 6 de febrero) y delegar la Presidencia durante ese tiempo en su vicepresidenta, Verónica Abad, con quien está enfrentado.

A cambio, Noboa nombró por decreto a una vicepresidenta interina de su confianza, Cynthia Gellibert, a la que delegó la jefatura del Estado sólo en los días donde se dedicaba a actividades electorales, algo que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

Conteo de OEA coincide con CNE

La misión de observación electoral de la OEA contradijo a Noboa al señalar que los datos de su conteo rápido coinciden con los resultados oficiales parciales presentados por el CNE, al estar dentro del margen de error de su muestra.

«La Misión, hasta el momento, no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades generalizadas que puedan alterar los resultados de la elección. Al mismo tiempo, invita a que cualquier denuncia sea presentada ante las autoridades competentes», dijo en un comunicado.

La Misión de la OEA recordó que los resultados oficiales son aquellos emitidos por el CNE, «ya que las Misiones de la OEA no sustituyen a las autoridades electorales nacionales ni interfieren en sus atribuciones».

Más de 13,7 millones de ecuatorianos estaban convocados a las urnas, en una jornada donde las misiones internacionales de observación electoral destacaron que la jornada transcurrió con normalidad y tranquilidad, con una participación superior al 83 %.

El primer viaje de Marco Rubio como secretario de Estado a la región enfatizó que Washington, aún con su influencia menguada, sigue decidiendo el sino de un istmo dependiente de Estados Unidos, sobre todo a nivel comercial. Bukele le abre las prisiones salvadoreñas a Trump; Arévalo acepta más vuelos de deportaciones a Guatemala; Chaves se muestra orgulloso por el elogio lanzado por Rubio de que Costa Rica es modelo para la región… y Panamá sigue pulsando por el control del canal de Panamá. Los ausentes de la gira fueron Honduras y Nicaragua, lo cual no quiere decir que la nueva administración republicana no los tenga en su radar. 

Por: Wilfredo Miranda (Divergentes) y Jennifer Ávila (Contracorriente)
Fotos: Miguel Andrés Gutiérrez -Divergentes

El primer viaje de Marco Rubio como secretario de Estado fue a Centroamérica, una región a la que el Gobierno de Donald Trump promete darle prioridad, en especial porque sobre el istmo pende una de las mayores preocupaciones de la administración republicana: la migración hacia Estados Unidos. No son casuales entonces los acuerdos que el funcionario de origen cubano suscribió con los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Costa Rica, que afianzaron la política de deportaciones que Washington realiza a marcha acelerada. 

Rubio se pavoneó en Centroamérica destacando que los aliados del Gobierno de Trump serán premiados y los que no, como el caso de Nicaragua y Honduras, donde no viajó, verán la mano dura del gran vecino del norte. Sobre todo contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a la que amenazó de sacarla del tratado de libre comercio DR-Cafta. Mientras que en el caso del gobierno de Xiomara Castro, el norte que la administración Trump se plantea aún no queda muy claro. En Panamá –un país que suele desasociarse de Centroamérica– la visita de Rubio estuvo marcada por la tensión, debido a las pretensiones de Trump de retomar el Canal de Panamá. 

«La visita del secretario de Estado cumplió con el cometido de afianzar la política de deportaciones», analiza Manuel Orozco, investigador de Diálogo Interamericano, un reputado centro de pensamiento con sede en Washington. «Cada país que Rubio visitó aceptó cumplir con aceptar migrantes deportados, manejar una política de tercer país seguro y recibir personas de otras nacionalidades. Pero parte de las conversaciones incluyó temas de seguridad, comercio  y  cooperación».

En ese sentido, añade Orozco, «el ambiente indudablemente queda incierto, ya que la nueva doctrina Trump es poco transparente, pero con estremecedores golpes en cada país cuando deciden ejecutar algo en el corto plazo».  «Lo que es cierto es que hay una nueva relación y el tema de migración es solo una parte de esta vinculación. Quedan otros aspectos como alianzas regionales contra el narcotráfico y las dictaduras, Nicaragua en particular», dice el experto. 

Contracorriente y Divergentes consultaron a expertos y analistas de la región para ahondar sobre el nuevo escenario centroamericano que dejó la visita de Rubio, que podría reflejar un cambio de paradigma en la estrategia geopolítica de la región, o solamente las nuevas políticas de Washington de ver a cada país como un cliente particular. 

«El lacayo hace exactamente lo que el rey quiere»

Rubio realizó su gira por Centroamérica doce días después del discurso de inauguración de Donald Trump, en el que el magnate explícitamente mencionó tres temas que le conciernen directamente a esta región: el canal de Panamá, el crimen transnacional y la migración irregular. La forma de abordar estos temas por parte de Trump fue –sin sorpresa– agresiva, pero Rubio aterrizó en la región para llegar a acuerdos con los países.

«El lacayo hace exactamente lo que el rey quiere que haga, y eso es lo que hizo Marco Rubio»,  dijo el exembajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, quien además explicó que en esta visita se puede notar el modelo transaccional de Trump con esta región y la nueva política de Washington. 

«Trump quería algo de cada país; pero no estaba tan definido y eso es a propósito… el que cree que Trump estudia los excel, o notas de trasfondo está equivocado: Trump mide su éxito con titulares y con likes en medios sociales», dijo el exdiplomático. 

Feeley aseguró que Marco Rubio buscaba fortalecer la cooperación de El Salvador y Guatemala sobre todo con el tema de la deportación de migrantes, algo que al menos a nivel de promesas sí logró, porque en Guatemala, por ejemplo, uno de los acuerdos fue que el país recibirá un aumento del 40 % en los vuelos de deportaciones. Mientras que en El Salvador, Bukele prometió recibir deportados de otros países y, si era necesario, encarcelarlos a cambio de una renta en su megacárcel. 

«Rubio fue un buen staffer para limpiar el reguero mediático que Trump había causado con respecto a Panamá y volver con acuerdos y promesas», dijo el exembajador, y agregó que, aunque para algunos pueden no ser resultados concretos, las fotos y los tuits parecen ser suficientes para Trump… por ahora. 

Lo que está más claro es que este escenario deja en evidencia qué gobiernos son considerados aliados y cuáles, como el de Xiomara Castro en Honduras y el de Ortega-Murillo en Nicaragua, no lo son tanto. En la política estadounidense actual, donde las decisiones a menudo dependen más de los caprichos y opiniones personales del presidente que de un proceso estructurado, las posturas pueden cambiar de un día para otro, explicó Feeley. 

El Triángulo Norte, una idea que puede acabar

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Marco Rubio visita Costa Rica. Miguel Andrés Gutiérrez (Divergentes)

El 26 de enero de 2025, a las 8 de la mañana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, posteó en su cuenta de X que no recibiría los aviones militares que Donald Trump había enviado con migrantes deportados, porque estos eran trasladados de manera indigna. Esto desató la furia de Trump, quien amenazó con elevar los aranceles a los productos colombianos en un 25 %. 

En su afán por ser más veloz en X, Petro no amenazó, sino que ordenó ese mismo día elevar los aranceles a los productos importados de los Estados Unidos en Colombia. En el transcurso del día, Petro posteó decenas de veces en X sobre el conflicto diplomático que dejó en el limbo a muchos migrantes deportados. A las 4:37 de la tarde, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convocó a una reunión extraordinaria a petición de Petro para discutir el impase. 

La reunión se canceló luego de que al día siguiente Petro y Trump superaran el problema y los demás países miembros de la Celac informaran que no fueron consultados para realizar la reunión por parte de la presidenta Castro. 

La posición de Castro en este tema, su adición a la narrativa sobre los vuelos de deportados y la amenaza que ya había hecho de cancelar el tratado de la base militar estadounidense en Honduras si Trump enviaba deportados de manera masiva, fueron señales de lo que pasó después con la ausencia de Honduras en la agenda de Marco Rubio en la región. 

«En el mundo paralelo en el que yo vivía y trabajaba, Honduras era un país importante para Estados Unidos, no solamente por la migración sino por las relaciones en cuanto a la guerra fría, la herencia de todo eso, la guerra antinarcóticos […] y entonces sí, en un mundo normal, Honduras es importante. En el mundo Trump, por un tuit de tu presidenta, [Honduras] está en el mismo campo que Nicaragua. Trump ve el mundo como  los que están con nosotros y los que no están con nosotros […] cualquier disidencia implica que no está con nosotros. Así de fácil, cortoplacista y simple es la política bajo Donald Trump,» continuó el exembajador Feeley. 

La presidenta Castro y su partido han tenido un discurso antiimperialista, alineado con el socialismo del siglo XXI. Es el único gobierno de la región que apoya fielmente y de manera pública a la dictadura Ortega-Murillo y, recientemente, tras ser señalados algunos de sus miembros de estar involucrados con el crimen organizado, decidió eliminar el tratado de extradición, algo que entraría en efecto a finales del mes de febrero y acabaría con la cooperación en la lucha antinarcóticos con Estados Unidos. 

Aunque en la práctica, el Gobierno de Xiomara Castro se mostró más sumiso con el tema de los migrantes aceptando aviones militares y todos los deportados que quiera enviar Trump, sin duda la eliminación de la extradición, su apoyo al régimen de Nicaragua y los acuerdos hechos con China Continental marcan un quiebre en la historia del llamado «triángulo norte de Centroamérica», una estrategia con la que Estados Unidos había creado una dinámica de relacionamiento basada en el control geopolítico de la región.  «Hay una especie de relación clientelar», dice Feeley con respecto a los países centroamericanos, «no es parte de una estrategia como usualmente ha sido». 

Rubio habló de democracia en Guatemala

Fotografía cedida por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León (i) junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

La visita de Rubio a Guatemala era esperada en ese país por el gobierno de Bernardo Arévalo, pero también por parte de los actores antidemocráticos señalados por la administración de Biden en el pasado, como la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, y una larga lista de jueces, fiscales, diputados y algunos empresarios. Quienes rodean a Porras guardaron la esperanza de ser aceptados en el movimiento MAGA (Make America Great Again) y que la reunión con el gobierno no fuera fructífera, e incluso colocar a la fiscal Porras en la agenda de Rubio. 

Luego de la vista del secretario de Estado, quedó evidenciado el talento que más destaca en el presidente Arévalo: sus dotes de diplomático. Uno de los puntos que Rubio dejó claro es que Estados Unidos no puede tener buenas relaciones, ni políticas ni económicas, con un país en el que puede ocurrir un golpe de Estado. Esta advertencia fue contundente y resonó en los callejones más oscuros de lo que en el país se conoce como «el golpismo de los corruptos». 

Rubio sostuvo tres reuniones clave en Guatemala: una bilateral con el presidente, una con un equipo de alto nivel, liderado por la vicepresidenta, y otra con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, para estrechar lazos de cooperación en la lucha contra el crimen organizado. 

Guatemala se comprometió a recibir los vuelos de migrantes retornados que Estados Unidos aumentará en un 40 % y a echar a andar el programa «Plan Retorno al Hogar» para la reintegración digna y con oportunidades para los migrantes. Por otro lado, lanzó una nueva Fuerza de Tarea Fronteriza con la policía y el ejército para vigilar más de 300 kilómetros de frontera con Honduras y El Salvador y frenar el crimen transnacional, algo que también puede generar tensiones con Honduras, porque es un paso obligado para los migrantes en camino al norte. El Gobierno de Guatemala pidió a cambio que Estados Unidos retome los programas clave para combatir el tráfico de personas y drogas.

Otro de los acuerdos en Guatemala fue la firma de una alianza para el desarrollo de infraestructura prioritaria como la expansión de dos puertos, nuevas carreteras, vías férreas y el metro en ciudad de Guatemala, todo esto junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, algo que puede verse como estratégico tanto para el gobierno de Arévalo, que no ha podido entregar obras de infraestructura debido a que el sector de empresas dedicadas a la construcción de obra pública es el ámbito más corrupto y cooptado del Ejecutivo, como para los Estados Unidos, que ven en esto una oportunidad para fortalecer su control estratégico en el norte de Centroamérica.

Para el exembajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, la visita demostró que «una buena y efectiva relación bilateral es muy importante para el Gobierno de Arévalo, tomando en cuenta que tiene adversarios que desean desestabilizarlo antes de que se elija a un fiscal general independiente en 2026». 

«Es crítico para el Gobierno de Guatemala implementar bien los acuerdos sobre la migración y la aceptación de los deportados, aumentar la cooperación contra los carteles (que para Estados Unidos ahora son estructuras terroristas), y cooperar con el Gobierno de Trump en el tema de China. Por supuesto, son de mucho interés para el Gobierno de Guatemala los acuerdos sobre las inversiones y la construcción de más infraestructura. Es un tema muy interesante y prometedor para Guatemala. Cualquier esfuerzo exitoso en el campo de lucha contra la corrupción requerirá una campaña anticorrupción guatemalteca mucho más efectiva», dijo McFarland. 

Guatemala es el único país en Centroamérica que continúa reconociendo a Taiwán, tiene una posición más pro Israel y sostiene una relación robusta con Estados Unidos en este momento. 

Lo que logró Rubio en Panamá

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Un buque transita por el Canal de Panamá este miércoles, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE Carlos Lemos

En el discurso de inauguración de su segundo mandato, Trump mencionó a Panamá y dijo que había roto el acuerdo con Estados Unidos sobre el uso del canal y lo reclamaría de vuelta. Es por esto que la visita de Rubio es icónica sobre cómo piensa negociar este gobierno con los países. Trump aseguró que China opera el canal, que los Estados Unidos pagan cantidades extraordinarias de peajes por sus barcos y que todo esto afecta a los estadounidenses. Los logros de Rubio en Panamá están por verse, ya que aun cuando anunció que Panamá se había comprometido a eliminar los cobros a los buques estadounidenses, la autoridad del canal de Panamá lo desmintió.  

El exembajador Feeley explicó que los Estados Unidos no tiene una flota de buques comerciales porque ese país no ha subsidiado a la industria naviera desde los años sesenta, y que lo que pasa por Panamá es una flota de buques militares que en 25 años han pagado apenas 25 millones de dólares, es decir, un millón de dólares anual, una cantidad ínfima comparada con el presupuesto de Defensa del Gobierno de los Estados Unidos.

«Es un asunto simbólico cien por ciento, el problema para los panameños es que por Constitución y por la ley orgánica del canal no pueden ofrecer tránsito gratis», dijo el exembajador. 

El otro tema en la discusión con Panamá fue el supuesto control de China sobre el canal, algo que las autoridades panameñas han desmentido y que Feeley aclaró: «El mero hecho de que Hutchison Ports, una compañía de Hong Kong, tiene la concesión para operar dos de los cinco puertos, no significa que puedes bloquear o sabotear el canal. Donde estoy más o menos de acuerdo con Donald Trump es en el tema del reconocimiento de Beijing y no de Taiwán. La razón es sencilla, porque ya sabemos cómo juegan  los chinos en sus temas comerciales, el uso estratégico, espionaje, ellos utilizan las coimas como parte de su precio, tiene corrupción y chanchullos respecto a la fuerza laboral, no crean buenas condiciones de trabajo en el país anfitrión. Preocupaciones  reales que comparto, pero partimos el sendero en la forma en que Trump ha subido este tema. Trump mencionó a China en su discurso del 20 de enero solo en el contexto de Panamá, no en el contexto de China haciendo espionaje en las universidades americanas o robando nuestra propiedad intelectual, el enfoque fue Panamá y el control chino del canal, lo cual es un embuste», dijo. 

Según Feeley, antes de que Trump expusiera este tema, el Gobierno de Panamá ya estaba en proceso de investigar el contrato de Hutchison Port, pero se supo hasta esta semana, tras la visita de Rubio, que el Gobierno de Panamá inició una auditoría a la empresa, una filial del conglomerado CK Hutchison Holdings, que administra 53 puertos en 24 países, incluyendo el Reino Unido, Alemania y Hong Kong. La empresa obtuvo las concesiones para operar en el canal de Panamá en 1997, las cuales fueron renovadas en 2021, unas adendas que han estado ante la duda pública por varios años. 

Nicaragua: «enemigo de la humanidad»

Marco Rubio visita Costa Rica y llega a acuerdos con el gobierno de Cháves. Miguel Andrés Gutiérrez _ Divergentes
Marco Rubio visita Costa Rica y llega a acuerdos con el gobierno de Cháves. Miguel Andrés Gutiérrez - Divergentes

Después de que el enviado especial para América Latina de Trump, Mauricio Claver-Carone, adelantó que a Washington «no le interesa» Nicaragua como socio comercial, de modo que piensan removerlo del DR-Cafta, Rubio matizó el mensaje en su visita a Costa Rica. 

«En términos del Cafta, todavía la administración (Trump) no ha tomado una posición sobre exactamente cuál es el papel que va a tener Nicaragua dentro de un acuerdo que existió para premiar la democracia. Nicaragua no es una democracia. No funciona como una democracia. Pero eso hay que estudiarlo bien, el impacto que tiene sacar un país del acuerdo. Puede tener impacto también sobre países vecinos, que también son parte de ese arreglo», insistió Rubio al ser consultado por periodistas nicaragüenses sobre el tema. 

«Es algo que se va a tomar muy en serio, pero hasta este momento no se ha establecido una posición oficial, porque hoy cumplo dos semanas en el cargo y creo que es un tema que va a demorar más de dos semanas en terminar», añadió. 

Sin embargo, Rubio enfatizó que el Gobierno de Trump está en contra de los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz Canel en Cuba y el de Daniel Ortega y Murillo en Nicaragua. 

«En mi opinión», enfatizó el secretario de Estado, «estos tres regímenes son enemigos de la humanidad. Han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Son países en donde el sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia, donde han básicamente tratado de eliminar, por ejemplo, a la Iglesia católica, eliminado a cualquiera que pueda amenazar el poder de ese régimen. Hemos visto lo que ustedes han tenido que enfrentar acá en Costa Rica: miles y miles de nicaragüenses que están huyendo de ese sistema. La misma razón por la que están huyendo de Venezuela y Cuba». 

En ese particular, comenta Manuel Orozco, al ser considerados «enemigos de la humanidad», Rubio ha puesto a los Ortega-Murillo en un banquillo de acusados cuyo juicio aún está por definirse. Primero, cree el investigador del Diálogo Interamericano, el tema de deportaciones se manejará independientemente de la conducta del régimen.  

«Pero alertarán de estar vigilantes de cualquier afectación a esas personas. Segundo, para Estados Unidos, Nicaragua no podrá continuar siendo un socio comercial y Estado forajido a la vez, y el señor Ortega tendrá que dar muestras en el corto plazo de lo que es», amplía Orozco. «No es una cuestión de relaciones comerciales, sino de otros actos violatorios como la relación con China para invertir y subvertir el entorno geopolítico local, las transferencias de remesas, ya que 80 % procede de Estados Unidos». 

En medio de eso existe una ley de sanciones del régimen sandinista que tiene a los bancos chantajeados bajo amenaza de enjuiciamiento, y arriesga una política de cancelación de corresponsalías con la banca americana. «Además están deudas que tiene la dictadura con Estados Unidos sobre la expulsión de nicaragüenses, el uso del país como puente migratorio, y las confiscaciones de propiedades», asegura Orozco. «En este momento, Ortega y Murillo saben que no es una cuestión de si algo va a pasar, si no de cuándo, y que ellos tienen en sus manos la posibilidad de resolver un conflicto no favorable a ellos». 

Por el contrario, Rubio elogió a Costa Rica y dijo que son más norteamericanos viviendo en Costa Rica que viceversa. El presidente Chaves se mostró complacido por los elogios del secretario de Estado.

«Hay una transformación sin duda en las relaciones de los Estados Unidos con el mundo, pero muy observable con América Latina. Y, entonces, Costa Rica está perfectamente posicionada para seguir siendo el socio estratégico por excelencia de los Estados Unidos», dijo Chaves previo a la llegada de Rubio.

La administración de Chaves tuvo una estrecha relación con el Gobierno estadounidense del demócrata Joe Biden (2021-2025), en asuntos de lucha contra el narcotráfico y ciberseguridad, principalmente.

Chaves ha tenido roces con la embajada de China debido al bloqueo que el Gobierno costarricense ha implementado a proveedores chinos de equipos de telecomunicaciones 5G para que no puedan participar de concursos públicos de esa tecnología, aduciendo riesgos de ciberseguridad y para la protección de datos.

Por Juan Diego Napky 

Algo cambió cuando El Macizo cumplió su promesa aquella noche de aguacero y macanazos. No solo para él, también para mí, para mamá y hasta para el barrio. Antes de ese día juro que le volé verga para regresarme la capacidad de ver los colores. Pero al levantar la mirada, todo a mi alrededor me parecía muerto. Tan muerto como Samuel.

Poca escuela se necesita para darte cuenta de que existen territorios, calles y esquinas en donde las maras y esos cerdos uniformados pactan alianzas para jodernos. Zonas grises, que motean el mapa del Distrito. Zonas en las que la vida vale una tortilla con sal. 

Ya nos lo decía Infiernito cuando repetía que, aquí, las costumbres son tus aliadas y el escapulario de la Virgen tu único antibalas.

Porque, a diferencia del colegio, en este juego no hay manuales que enseñen a lidiar con la mierda que nos rodea. Con todo y eso, esta cagazón por el futuro nunca ha sido suficiente para evitar que el sol remolque un día más que nace asfixiado, estrangulado con su propio cordón umbilical. Y así, nos las ingeniamos desde que mamamos teta para identificar cuáles son los síes, los noes y las consecuencias de andar de jeta abierta. 

El Macizo, por ejemplo, diría que los cagadales de verdad les llegan solo a los pendejos. A quienes pecan con novatadas. A los que se consideran más valiosos que un pedacito de plomo. Eso he venido pensando cada vez que recuerdo la noche antes de que nos arrebataran a mi hermanito.

Aquella, como muchas otras tardes, salí del colegio junto con El Zarco y le hicimos parada a un taxi oxidado con un motor que chillaba como cría de rata. Tal vez por las mismas condiciones del Datsun 210 —una verdadera nave— o porque ya no me iba con el primer amague, accedió a cobrarnos el viaje al dos por uno. «Cómo te estás avivando», dijo por lo bajo El Zarco, antes de abrir a puros huevos una puerta magullada por los años y los choques. 

Nos sentamos sobre un algo hecho de pelusa, resortes y restos de cuerina que nos hizo cosquillas en el culo.

–¿Pa’ dónde? 

–Usted dele como para el Centro. Le avisamos.

Con la lata en movimiento, El Zarco apuntó desde la ventana lo que en algún momento fue una llantera. 

–Ey vo –me dijo–, mirá, al dueño de ese lugar le dieron camote a plena luz del día. Dicen que fue porque se atrasó con el impuesto. 

El taxista miró por el retrovisor:

–A mí me dijeron que fue por andar de sapo. 

–Qué cagada –le respondí al taxista–, pero quién lo manda. En boca cerrada no entra mosca.

–Puta, mano –dijo El Zarco–, sos más frío que agua de montaña. 

Quise cerrar las tapas para no seguirla planchando, pero se me cruzó la idea de que, tal vez, el hecho había sido solo un episodio de mala suerte. 

–Zarco, ¿y si lo del don llantero fue porque el compa estaba mal puesto?

–No jodás, si se lo bajaron en su negocio, cómo se te ocurre pensar que fue por salado. Lo mataron allí, y así, para tatuarnos en el morro que esto no es un juego.

El taxista asintió. 

–Pucha, loco. Solo estoy tratando de masticar por qué hay veces que el pijeo te muerde a pesar de no andarlo buscando. ¿No creen?

–Chavalo –dijo el taxista al mismo tiempo que la caja de cambios tronó al meter un cambio muy brusco–, de los ojos pa’lante se cuida uno y de la nuca pa’trás se encarga Dios, allá vos si caminás dormido.

Al rato, tosió para limpiarse el gañote y nos hizo señas por el retrovisor antes de orillarse. «Hasta allá no le sigo dando, cipotes», dijo un poco nervioso. 

–Tuany, papi– le respondió El Zarco–, igual no te iban a dejar avanzar. 

Le soltamos el billete. Después se perdió en medio de una polvareda espesa sin preguntarnos a quiénes nos referíamos. Quizás por miedo a terminar como pascón.

Antes de despedirnos, le recordé a El Zarco que la final de la copa burocrática se jugaba al siguiente día. «Dale, perrito, ponete avión. Yo llevo el guaro. Vos te encargás del jugo y la comida para la bajona». Chocamos los puños y cada quien agarró camino. 

Al llegar a casa telefoneé a Infiernito. También confirmó. Cuando colgué, Samuel me observaba suplicante.  

–¡Qué macizo! –dijo, como siempre–. Yo también voy fijo, papáaaa. 

–Nadie te invitó a vos, loquillo –dije mientras terminaba de chupar la semilla de una ciruela preparada–. Mejor otro día nos vamos a pelotear y saliendo te beco con unas donitas Bimbo.

Mamá intervino en su defensa. Me juró que en la casa me iba a quedar si no llevaba a Samuel conmigo. Insistí en que era una salida de aleros, que él era un güirro apenas. Pero no hubo caso.

Le escupí la semilla a Samuel y me tiré sobre mi colchoneta, viéndolo desde mi emputamiento. Él, en cambio, seguía brincando como para joderme más aún. 

–¡Qué macizo, qué macizo! –repetía el carajo ese. 

Al otro día mamá nos despidió con el signo de la cruz, coreando como lora que debíamos cubrirnos las espaldas. Samuel se levantó las mangas y le contestó que él ya podía cuidarse solo. «Chivas te rompés la piel con tanta cañaña»- le dije. Mamá lo abrazó sin quitarme los ojos de encima, así que la besé ligerito antes de que me puteara y le reafirmé que nos mirábamos al rato.

Teníamos la costumbre de madrugar con la paja de que solo así podíamos acaparar las gradas del centro. Pero la realidad era que nos llegaba agarrar pata desde temprano y aprovechar los efectos de la loquera. 

En las canchas sacamos de nuestros calcetines el aguardiente y comenzamos la bebiata. Como la traída de Samuel no había sido planeada, tuve que engatusarlo con una coca-cola de vidrio, bien fría, eso sí, como canilla de albañil, para que no dijera en la casa Dios sabe qué imprudencia. 

Apenas se la di, Infiernito me sugirió echarle un tantín de guaro en la botella para que hiciera callo en el gaznate. El Zarco también insistió en que lo hiciera, cagándose de la risa. Samuel, a pesar de no haber entendido el chiste, también se reía. Le solté un coscorrón y dejé caer mi brazo sobre sus hombros.

–Está bueno –le dije–, la primera vez que bebás tiene que ser a mi lado, así nadie te ve la cara de maje.

Le apreté los cachetes e Infiernito le sirvió un buen pijazo directo a la boca. Se lo zampó como si fuera patero enamorado, aunque a medida le fue bajando, la cara se le arrugó como hoja de lechuga. Los otros dos, y yo también, casi nos meamos encima al verlo sobarse el pecho. Con ese trago bastó para que estuviera en sintonía con nosotros. Era uno más, y yo, en el fondo, me felicitaba de haberlo llevado.     

No pudimos vacilarlo demasiado porque el chiflido del silbatazo inicial embruteció hasta al más católico. Por alrededor de dos horas nada en el universo entero importó tanto como el desenlace del encuentro. Pero en la recta final el marcador seguía tablas. 

Todos contábamos con el alargue de los noventa minutos para decidir el enfrentamiento, hasta que una supuesta falta cometida en el área atentó contra los principios del deporte y contra el poco orden que todavía quedaba. Fue evidente, al árbitro lo habían coimado. Y a pesar de la granizada de insultos, el descarado ni se molestó en cubrirse la sonrisa. 

Lo demás sucedió muy rápido. El equipo favorecido anotó, un mejunje de orines y cerveza tibia bautizó nuestras cabezas, la gente se arremolinó en la salida como ganado huyendo de un matadero y el partido se dio por terminado. Los pocos que quedaron adentro se dividieron entre los que hacían el helicóptero con sus camisas y los que se cuadraron para partir cejas. 

En medio, nosotros. Quedé viendo al resto y entendimos que había llegado la hora de largarse. 

Tomé la mano de Samuel para asegurarme de que nos siguiera el trote, pero con el estruendo de los primeros balazos la masa de gente se convirtió en un monstruo capaz de aplastarnos. 

Por más que intenté mantenerlo a mi lado, la estampida humana nos obligó a separarnos. Un golpe seco me lo arrancó de la mano y salió volando como si fuera menos que un centavo. Así, en lo que dura un chasquido, ya no estaba. 

Corrí contra la avalancha, gritando su nombre en medio de aquello que se había vuelto un tiroteo. Corrí, choqué, empujé y seguí corriendo, sin que me importara tumbar a mujeres y niños, sin que me importara que me cuetearan. Hasta que lo encontré gracias a sus alaridos.

Por piedad o por miedo, la gente se abrió, dejándome ver a Samuel arrastrándose sobre la tierra alrededor de otros cuerpos inconscientes. Estaba sobre un charco de su misma sangre, o quizá no, quizá le pertenecía a otros, pero era tanta la que se fugaba por su boca que fue lo primero que pensé. Y sin importarme nada me arrodillé a su lado. 

Las balas perdidas habían encontrado su pecho. Me quité la camisa, se la envolví en una de sus manos apagadas y la llevé al primer hoyo que encontré. 

–Samuel, soy yo. Apretá bien aquí. 

–Hermano –dijo, viéndome con los ojos empolvados de un ciego–, me arde respirar.

Lo chineé y salí soplado hacia la calle, rogando a gritos que nos ayudaran. Él no dejaba de bisbisear cosas. Y por más que lo intento, solo recuerdo haber escuchado «ojalá y podamos volver» y «sos el más macizo, hermano». Después sus bracitos cayeron sin fuerza junto con mi camisa ahogada en sangre. El corazón y las piernas me fallaron y me derrumbé a su lado, hasta que las primeras ambulancias nos levantaron a los dos. 

No sé cómo mamá se dio cuenta de los sucesos, pero a los minutos llegó para confirmar que uno de los cientos de escenarios que se imaginó estaba materializado ante sus narices. Hasta el día de hoy la imagen de su cara desconsolada y la intensidad de su llanto me siguen lijando el cerebro. 

Como los pobres ni cartón tenemos para morirnos, del barrio cada quien aportó lo que pudo para cubrir los gastos de un ataúd y de la parcela donde Samuel descansa con los gusanos. Arreglos florales, candelas y fotografías de él cubrieron las afueras del estadio, hasta que la temporada de lluvias se encargó de limpiarlo casi todo. Solo quedaron sus tenis, que alguien encontró y decidió amarrar por los cordones para colgarlos en los cables que conectan los postes de luz en la entrada de las canchas. Entendimos que era un símbolo; algo parecido a esos monumentos que los políticos levantan en medio de silencios hipócritas para dejar una memoria de algo o alguien que ya no es. Y allí siguen, meciéndose con el viento. Meciéndose al lado de otros pares con las suelas abiertas y las lenguas peladas.  

Con los meses, los uniformados nos dieron la espalda debido a la falta de pruebas fe-ha-cien-tes y testigos oculares. Me recomendaron que dejara de estar va de romperles las bolas, que de nada iba a servir, y engavetaron el caso con la más serena indiferencia. No lograba entender cómo podíamos valerles tanta pija a pesar de que todos comemos del mismo cerote. Hasta que, gracias al tío auxiliar de la fiscalía de Infiernito, descubrí que en la autopsia de Samuel giraron instrucciones de desaparecer las balas que encontraron en su cadáver, por ser del calibre de las armas que solo ellos, los cerdos uniformados, estaban autorizados a portar. Me di cuenta, inclusive, quién entre todos fue el pelón que inició la balacera.

No era un cualquiera. No. Era uno de esos hijos de puta que llevaba una doble vida. Como los que son hombres de día y lobos de noche; este era uniformado de día y perrita de los mareros cuando se escondía el sol. Se creía intocable. Y, en cierta forma, lo era. 

Pero con todo y todo, mamá y yo nos negábamos a que lo de Samuel se convirtiera en un caso más para la lista aguada de la impunidad. Y, sin embargo, luchamos de puro gusto.   

Una noche encontré a mamá tirada en el suelo como un trapeador viejo. Tenía la cabeza apoyada contra la pared de hormigón. Las ojeras le llegaban hasta la altura de la boca y la rodeaban pachas de plástico vacías. Se desplazó hacia mis pies reptando como una tortuga moribunda y me agarró los tobillos:

–Ya no sigás, hijo. Te lo imploro. Esto que sobra de mí ya quema lo suficiente. Jamás le tuve que haber dado permiso. Hijito, todo esto es mi culpa. Perdoname, hijo, perdoname de verdad.

Me senté a su lado, apoyé su cabeza contra mi pecho y lloramos juntos hasta que se quedó dormida. Mientras tanto, sus súplicas y las últimas palabras de Samuel no dejaban de rebotar en las telas de araña que adornaron nuestra casa desde que lo mataron; ni mamá ni yo teníamos ganas ni fuerzas ni nos importaba limpiarla. Pero en ese momento, después de tragarme esos trozos de vidrios que me inundaron la boca, algo en mis pensamientos se quebró en dos pedazos. Y a partir de allí, dejé de ser uno solo.

Si bien yo continuaba en negación, él, el otro, «eso», se prometió entregar hasta el alma con tal de vengar a Samuel. Así, decidió iniciarse al lado de los individuos que le ayudarían a ajustar las cuentas pendientes. Le entregaron una pistola corroída por el uso y comenzó a servir de mula, a extorsionar hasta a las llanteras, a aprovecharse de los semáforos en rojo, a relacionarse con los uniformados que también traficaban, extorsionaban y se aprovechaban, solo para estar más cerca del maldito pelón.

Hizo todo lo que yo jamás sería capaz de hacer. Todo. Mamá se hacía la pendeja, pero aún así no se hastiaba de cuestionar hasta cuándo seguiría llegando y saliendo a tan altas horas de la noche. «Eso» se limitaba a responder que chambear y estudiar no era fácil, que todo era para mantener entretenido al coco y no pensar en Samuel. Y ella, por paz o camaradería, no seguía con la preguntadera. 

Recuerdo cuando la llamó esa noche específica para decirle que la hermana de El Zarco cumplía años y que yo, digo, él, se iba a quedar a dormir en su casa.

–¿No era hijo único tu amigo ese?

–Ah, sí, esteee, es hijo único, solo que el papá es picaflor y la ha metido hasta en los hormigueros. 

–Igualito al tuyo –dijo–. Llevá tu chumpa amarilla, que por los macanazos que están repartiendo esas nubes, pareciera que va caer un cachimbo de agua.

Antes de colgar, agregó:

–Hijo, no se te olvide que… 

–Sí, mamá, yo sé qué día es mañana. Regreso antes de almuerzo para que podamos irlo a saludar juntos.

Él fue cabal con su palabra. A media mañana ya había regresado. Nos alistamos y agarramos camino. Primero hacia el poste donde cuelgan y se mecen sus tenis, y después a su pedazo de tierra engusanada. Llevamos con nosotros dos paraguas: 

–Por si llueve o lloro de más– dijo mamá.

Nos despedimos de Samuel cuando el cielo brillaba menos que un candil. Avanzamos un poco, aunque los pies de ambos se sintieran como amarrados a una turunca. Ninguno fue capaz de decir algo hasta que el relajo de un grupo en las afueras de una abarrotería llamó nuestra atención. Algo en la televisión los tenía a todos amontonados.

–Vayamos a ver por qué este alboroto, hijo. Solo falta que nos quieran joder más los del gobierno.  

Nos metimos entre las personas, y cuando llegamos al frente descubrimos que tenían puesto el noticiero en todas las instituciones estatales. 

«¡ÚÚÚLLL-TIMAHORA! Encunetado y descalzo encuentran el cadáver de un uniformado de la policía nacional. El forense en turno ha revelado que el ahora occiso presenta múltiples heridas en la pelona causadas con la cacha de una pistola. No obstante, se sospecha que la causa de muerte es atribuible a la asfixia ocasionada con los cordones de sus botas, mismas que el atroz homicida dejó colgadas en su cuello. Por la naturaleza de los hechos pareciera que en este crimen se finiquitaron asuntos inconclusos, y en la aspereza de los barrios capitalinos, la justicia y la venganza son hermanas de la misma sangre. A pesar de la tormenta, vecinos afirman haber visto a un sujeto con capucho amarillo cerca de la zona del acontecimiento. Quédese para más detalles después del corte…»

Mamá me apretó y al tiempo observó uno de mis brazos, como queriendo ver la chumpa que llevaba. Era azul. 

–¿Fuiste vos? –dijo, aliviada.  

–Macizo, mamá. Qué macizo.

Casi el 15 % del presupuesto asignado al Congreso Nacional en los últimos tres años ha sido erogado en subvenciones para el desarrollo de proyectos sociales por parte de diputados y diputadas de este poder del Estado. Durante estos años se han transferido 614.8 millones de lempiras en subvenciones, de las cuales no existe información disponible y su ejecución continúa en la opacidad. Dos diputados suplentes del Partido Libre dijeron a Contracorriente que una de las condiciones de algunos congresistas de oposición para la aprobación del Presupuesto General de la República 2025 fue recibir estas subvenciones de forma retroactiva.

Texto y gráficos: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
Con reportes de Fernando Silva

Solo en 2024, el Congreso Nacional erogó más de 366 millones de lempiras en concepto de subvenciones para ayudas sociales, donaciones a asociaciones de sociedad civil, unidades del gobierno central y municipalidades, un mecanismo para el cual no existe regulación ni información disponible que detalle quiénes y para qué destinan estos fondos exactamente. Los únicos detalles acerca de cómo funciona este mecanismo han sido proporcionados por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien asegura que al menos 207 de los 256 diputados propietarios y suplentes han recibido la respectiva subvención de 100 mil lempiras al mes.

Pero la opacidad no ha sido lo único que rodea las subvenciones. Dos diputados suplentes del Partido Libertad y Refundación dijeron a este medio, previo a la aprobación del presupuesto, que diputados de la oposición negociaban tener acceso retroactivo a las subvenciones, desde 2022 a la actualidad. A cambio, estarían dispuestos a votar a favor del Presupuesto General de 2025, el cual fue aprobado en la madrugada del 5 de febrero.

«Entiendo que hay unos que quieren el fondo, y hay un estira y encoge en esa bancada (del Partido Nacional) porque hay algunos diputados que sí lo tienen desde antes; entonces ha habido malestar en otros que dicen “yo tengo desventaja”, porque hay que ser honestos, por lo general ese dinero se utiliza en campaña», aseguró a este medio el diputado suplente por el Partido Libre, Oved López.

López, quien es suplente del diputado Rasel Tomé, precandidato presidencial del Partido Libre y vicepresidente del Congreso Nacional, explicó que las subvenciones pueden ser un mecanismo que «carece de transparencia» por la forma en que son otorgadas a los congresistas, y que, por esa razón, él nunca ha sido acreedor de estas.

Según un informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y las declaraciones del diputado López, el mecanismo para la entrega de subvenciones consiste en que el Congreso Nacional emite un cheque a nombre del diputado o diputada, y una vez que los congresistas reciben el cheque, deben sacar copia del mismo para su respectiva liquidación, porque de lo contrario, los fondos serán deducidos de su salario.

José Manuel Rodríguez, diputado suplente por el Partido Libre, también aseguró que las subvenciones fueron carta de negociación para la aprobación del presupuesto, y que, además, congresistas del Partido Nacional también colocaron sobre la mesa los requerimientos fiscales en contra de políticos vinculados a este partido.

«Ahorita están negociando, ellos que quieren de un solo la subvención, retroactiva, de hace tres años, si no, no aprueban el presupuesto, y que se les suspendan los requerimientos fiscales», afirmó a Contracorriente José Manuel Rodriguez, diputado suplente de Marco Eliud Girón, antes de que finalmente se aprobara el presupuesto en el Congreso Nacional.

Manuel Rodríguez, diputado suplente de Marco Eliud Girón, en los bajos del Congreso Nacional, conversando con una de las personas a las que proporciona ayuda. Tegucigalpa, 29 de enero de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.
Manuel Rodríguez, diputado suplente de Marco Eliud Girón, en los bajos del Congreso Nacional, conversando con una de las personas a las que proporciona ayuda. Tegucigalpa, 29 de enero de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Sin embargo, para este diputado las subvenciones no representan el fomento del clientelismo ni asistencialismo; más bien, dice, sirven como ayuda a los más necesitados y a quienes le solicitan ayuda en medicamentos u otras necesidades. Según publicaciones en redes sociales, Rodríguez ha trabajado en la reparación de una calle en la colonia Suyapa, en la capital, pavimentó una calle en la colonia 17 de Septiembre, y entregó balones de fútbol en la colonia Villa Delmi.

A pesar de las declaraciones de estos congresistas, diputadas del Partido Nacional aseguran desconocer lo que ellos dicen, y manifiestan que dentro de su bancada no ha sido una condición exigir las subvenciones de forma retroactiva a cambio de aprobar el presupuesto, pero sí apuntan a la falta de transparencia y al poder que ejerce el presidente Luis Redondo en la entrega de las mismas.

El presupuesto asignado al Congreso Nacional en la presidencia de Redondo no ha variado mucho, a excepción de 2022, año en el que se le asignó al Legislativo un presupuesto de 1,248 millones de lempiras. En los años siguientes, desde 2023 hasta 2025, a este poder del Estado se le han destinado 1,523.3 millones en cada año. En tres años, de 2022 a 2024, al menos el 14.32 % del presupuesto ha sido erogado en concepto de subvenciones, las cuales representaron 614.8 millones en total, según las transferencias disponibles en el Portal Único de Transparencia.

Más poder para Luis Redondo y su secretario, Edson Argueta

Leda García Pagán, diputada del Partido Nacional por el departamento de Cortés, ha utilizado las subvenciones para proyectos sociales. La congresista explicó que utilizó subvenciones en tres meses del 2023, pero que en marzo de 2024, cuando volvió a solicitar subvención para ayudas sociales, le negaron la solicitud por sus posturas en contra del oficialismo.

«Cuando solicité (subvención) en marzo me dijeron que no me la iban a dar porque yo era una persona beligerante en medios, y que tenían en un escritorio todas mis declaraciones de todos los medios de comunicación, y que como no era una persona agradecida, entonces que no me iban a dar la subvención, y yo lo reporté en el CNA también», dijo la diputada a Contracorriente.

A pesar de que finalmente recibió las subvenciones, Pagán cuestiona el uso que se les da por parte de los congresistas, y manifiesta que la «gente asume que estamos en el deber de resolverle sus problemas» a través de estas. Dice que esto fue lo que la «orilló» a solicitarlas inicialmente. Según la congresista, las subvenciones que solicitó fueron utilizadas para entregar canastas básicas, kits de higiene y raciones de alimentos a comunidades en el norte de Honduras.

Se sabe que la congresista presentó una liquidación de la subvención de 300 mil lempiras gracias a un informe del CNA, ya que, contrario a lo expresado por el presidente del Congreso Nacional y por diputados del oficialismo, en los portales de transparencia no está disponible la información sobre las liquidaciones de los congresistas que utilizan estos fondos.

En el presupuesto general de los años 2023, 2024 y también para el de este año, se aprobó un fondo de 950 millones de lempiras destinados a la ejecución de proyectos de infraestructura menor y obras sociales, de los cuales 6.5 millones están disponibles para que los congresistas gestionen proyectos en su departamento a través de las municipalidades o de distintas Secretarías de Estado.

Aunque la diputada desconoce si los congresistas de su partido utilizan ese fondo para la gestión de proyectos en las distintas Secretarías de Estado, manifiesta que este procedimiento también representa opacidad y más poder para el presidente del Congreso Nacional, que es la persona que autoriza o no quien puede gestionar proyectos, con la colaboración de su secretario privado, Edson Argueta.

«Yo particularmente pregunté una vez para conocer el procedimiento y poder tomar la decisión si lo gestionaba o no, para hacerlo a través de las alcaldías de mi departamento, pero me dijeron que no, que era un tema que yo tenía que hablar en privado con el presidente, y preferí no hacerlo y no no lo solicité; desconozco si algún otro compañero ha recibido ese beneficio», detalló la congresista a este medio de comunicación. Además, recalcó que la solicitud se hace a través de Edson Argueta, el secretario privado del presidente del Congreso.

De izquierda a derecha, el designado presidencial, Renato Florentino Pineda, Edson Argueta, asistente de Luis Redondo, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, Rebeca Lizette Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Noé Pino, diputado por Libertad y Refundación (Libre) y parte de la directiva del CN. Tegucigalpa, 25 de enero de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.
De izquierda a derecha, el designado presidencial, Renato Florentino Pineda, Edson Argueta, asistente de Luis Redondo, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, Rebeca Lizette Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Noé Pino, diputado por Libertad y Refundación (Libre) y parte de la directiva del CN. Tegucigalpa, 25 de enero de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

La aprobación de subvenciones a congresistas no ha sido lo único en lo que Luis Redondo y Edson Argueta han trabajado juntos. Ambos también fueron acreedores de tarjetas de crédito a nombre del Legislativo que utilizaron de forma irregular para costear gastos personales, como compras en servicios de entrega a domicilio, supermercados, restaurantes, hoteles y vuelos, según un reporte publicado por Contracorriente en octubre de 2023.

Edson Argueta también ha representado a una empresa del alcalde de Tocoa, Colón, Adan Fúnez. El secretario privado de Luis Redondo ha aparecido como representante legal de Transportes Mirna, uno de los negocios opacos del alcalde Fúnez, quien ha sido  vinculado a criminales confesos por narcotráfico en Estados Unidos.

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La diputada Leda García Pagán desconoce si las subvenciones fueron objeto de negociación por parte de su bancada para la aprobación del presupuesto general. «No he escuchado ese argumento dentro de mi bancada en absoluto, es un tema que no hemos tocado ni se me hubiera ocurrido», aseguró.

Otra diputada del Partido Nacional que aseguró desconocer esto fue Lissi Cano, quien añadió que «mucho se habla de ese tipo de negociaciones y ese tipo de canjes, pero en la bancada del Partido Nacional jamás se ha tocado un tema de esa naturaleza».

Contracorriente consultó sobre este tema a los jefes de bancada del Partido Libre y Partido Nacional, Rafael Sarmiento y Tomás Zambrano; sin embargo, al cierre de esta nota, no respondieron a las solicitudes de entrevista.

Este medio también consultó al diputado José Manuel Rodríguez sobre este tema después de las declaraciones de las diputadas nacionalistas, quienes descartaron que por parte de su partido existan este tipo de condiciones o negociaciones. El diputado Rodríguez respondió que «ellos no lo iban a decir [admitir], e incluso están pidiendo retroactivos los 6.5 millones para la gestión de proyectos», dijo el diputado antes de la aprobación del presupuesto general.

El papel de las subvenciones en otros momentos clave

En enero del año pasado, cuando el Congreso Nacional eligió la Junta Directiva actual, las subvenciones también jugaron un papel crucial, ya que al menos tres de los congresistas que se integraron a la Junta fueron beneficiarios.

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Además, en festividades o feriados como Semana Santa o Navidad, y momentos clave en las negociaciones, como la elección interina del fiscal general y fiscal adjunto en 2023, el Congreso Nacional erogó más dinero en concepto de transferencias por subvenciones para ayudas sociales, según lo ha comprobado este medio.

Para la diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH), existe un historial de compra de voluntades y negociaciones a través de las subvenciones en el Congreso Nacional, los cual, según ella, «lacera la democracia, porque muchos diputados y diputadas no están tomando decisiones alrededor si una ley es buena o mala para el país, sino que están tomando decisiones alrededor de si van a poder optar o no optar a este tipo de recurso».

Mena también agregó que, en este año electoral, este recurso tiene aún más relevancia, pues son quienes están alineados al gobierno los que pueden optar a él, aparte de lo poco transparente que es el mecanismo.

«Hoy por hoy no conocemos la ley bajo la cual se ejecutan este tipo de recursos. Ha habido muy poca transparencia en saber a qué diputado se les han dado y cuáles han sido los criterios, por lo que hay falta de rendición de cuentas, o sea, más de lo mismo que se presta para corrupción, con el agravante de que en este caso ni siquiera hay una ley que regule el uso de estos recursos, ya que, paradójicamente, fue este Congreso el que derogó la ley del Fondo Departamental, pero ellos mismos han estado utilizando esta misma mala práctica», dijo la congresista.

En la madrugada del 5 de febrero, el Congreso Nacional aprobó el presupuesto para 2025, que asciende a 430.9 millones de lempiras. La aprobación, pendiente desde diciembre de 2024, se logró con un quórum de 98 de los 128 diputados.

Las secretarías que más sufrieron reducciones presupuestarias fueron: Presidencia, Desarrollo Social (Sedesol), Finanzas, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Seguridad y Defensa, mientras que Agricultura y Ganadería, Planificación Estratégica, Transporte Terrestre, Educación y Salud fueron las que recibieron ampliaciones presupuestarias.

En el caso de la Secretaría de Planificación Estratégica, su presupuesto pasó de 512.9 a 1,025 mil millones de lempiras, en comparación al 2024, lo que representa un aumento del 50.04 % para esta Secretaría. Al igual que en 2023 y 2024, en el presupuesto general de este año también se asignaron 950 millones de lempiras para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales por parte de distintas Secretarías de Estado, fondo por medio del cual los congresistas gestionan proyectos con un techo de 6.5 millones de lempiras al año.

Además, para 2025 también se aprobó un artículo que autoriza 498.5 millones de lempiras para la ejecución de proyectos de reconstrucción, mantenimiento y reparación de infraestructura escolar en los 298 municipios a nivel nacional, fondos que serán transferidos desde la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SJGD) a las municipalidades.

Honduras enfrenta una crisis por el creciente número de desapariciones de mujeres, mientras el Estado carece de mecanismos efectivos para atenderlas. Solo entre enero y octubre del año 2024 se reportaron 313 mujeres desaparecidas, según un informe del Centro de Derechos de Mujeres (CDM). La falta de tipificación legal de la desaparición deja a muchas víctimas sin acceso a la justicia, y a pesar de propuestas como la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, no hay voluntad política para abordar el problema.

Texto: Abigail Gonzales
Fotografías: Fernando Destephen

Las desapariciones de mujeres son una grave crisis en Honduras. Solo en 2024, hasta el 6 de octubre de ese año, la Dirección Policial de Investigación reportó en medios de comunicación 313 desapariciones de mujeres.

Entre 2012 y 2022, 9,838 personas desaparecieron en el país, y de ellas casi cuatro de cada diez (38 %) eran mujeres. En ese contexto, la discrepancia en las cifras de las instituciones del Estado es notable: entre 2020 y 2023, el Ministerio Público registró 710 denuncias de desaparición de mujeres, mientras que el Sistema Nacional de Emergencia 911 reportó más de diez veces esa cantidad, 8,059 casos en el mismo periodo. El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) también documentó 187 muertes violentas de mujeres y femicidios hasta septiembre de 2024. Todo esto es abordado en el informe Desapariciones de mujeres en Honduras, 2022-2023 del CDM.

Sumado a este contexto, el Foro de Mujeres por la Vida señala que en el 15 % de los femicidios que han ocurrido los últimos años en el país ha habido reportes previos de desaparición. Un caso reciente y mediático ocurrió en enero de 2024, cuando Nikendra, María y Dione fueron reportadas como desaparecidas en Roatán. Días después, sus cuerpos fueron encontrados sin vida. Mientras ellas aún estaban desaparecidas, el principal sospechoso logró huir del país, aunque posteriormente la fiscalía y la policía lograron gestionar su extradición desde República Dominicana.

Lara Bohórquez, coordinadora de la Unidad de Investigación Feminista del CDM, en una entrevista para Contracorriente, afirmó que el Estado es incapaz de asumir su responsabilidad frente a las violencias contra las mujeres. Además, indicó que esta situación está relacionada con «la necropolítica y el capitalismo, en un Estado que se lucra con las muertes de las mujeres».

Lara Bohórquez, coordinadora de la Unidad de Investigación Feminista del CDM atiende una entrevista de Contracorriente. Tegucigalpa, 3 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Lara Bohórquez, coordinadora de la Unidad de Investigación Feminista del CDM atiende una entrevista de Contracorriente. Tegucigalpa, 3 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Según el informe del CDM, el Ministerio Público emitió 116 resoluciones por el delito de privación ilegal de la libertad, que incluyeron tanto a hombres como a mujeres, durante el período de 2020 a 2023. El documento apunta que este fenómeno ha creado un entorno de inseguridad que afecta principalmente a las mujeres, y que no solo impacta a las familias de las víctimas, sino que también genera preocupación en sus comunidades.

Bohórquez explicó que «hay un problema en la tipificación porque en Honduras solo existe la desaparición forzada, y eso tiene que ver con el Estado, entonces las personas que son desaparecidas por personas comunes no las van a tipificar».

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En otros países de Latinoamérica, la desaparición cometida por particulares está tipificada como un delito independiente; por ejemplo, en México, la Ley General en Materia de Desaparición establece penas de 25 a 50 años de prisión para quienes priven de la libertad a una persona con el fin de ocultarla, y en El Salvador, el Código Penal sanciona este delito con penas de 15 a 25 años de prisión. 

En Honduras, la desaparición solo se reconoce como forzada cuando involucra a agentes estatales, lo que deja sin cobertura legal la mayoría de los casos de mujeres desaparecidas, señalan representantes del CDM en el informe. Sobre esta situación, Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público (MP), aseguró que en Honduras «no hay una fiscalía que se encargue de las desapariciones».

Fachada del Ministerio Público. Tegucigalpa, 4 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Fachada del Ministerio Público. Tegucigalpa, 4 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Mora aseguró que cada mes el MP lleva a cabo operaciones de lucha contra el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico, la violencia de género y otras formas de criminalidad. Por ejemplo, indicó que en el mes de enero desarrollaron la «Operación Ester», una iniciativa dirigida a combatir los delitos contra las mujeres, niñas y adolescentes en el país. La operación incluye la presentación de requerimientos fiscales, ejecución de órdenes de captura, allanamientos en centros nocturnos, operativos de carretera y capacitaciones para fortalecer los derechos de las mujeres y protegerlas de la violencia.

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Contracorriente también consultó al vocero de la Dirección Policial de Investigación (DPI) sobre el seguimiento de denuncias presentadas entre 2020 y 2024; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.  

El informe del CDM también establece que la desaparición de mujeres puede estar relacionada con otros delitos como la trata de personas y la explotación sexual comercial. La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual y la Trata (Cicest) señala que las mujeres y niñas son los grupos más vulnerables a estos delitos. Además, algunos casos de desaparición han sido vinculados a redes de trata que operan en el país.

Un caso documentado en el informe es el de Angie Peña, desaparecida en la isla de Roatán a inicios de 2022. Las investigaciones vincularon su desaparición con una red de trata de personas denominada «Delta Teams», en la que estarían implicados empresarios, jueces, fiscales y miembros de la marina mercante. Este caso es señalado en el informe como un ejemplo de desapariciones que podrían estar relacionadas con estructuras organizadas de explotación.

El 8 de marzo de 2022, representantes de CDM y otras organizaciones feministas presentaron a la mandataria Xiomara Castro la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, una iniciativa orientada a establecer, promover y garantizar los derechos de las mujeres. «Es una propuesta de ley que contempla la prevención, la atención, la sanción y también la reparación para las víctimas de desapariciones», afirmó Bohórquez.

La ley establece medidas, mecanismos y políticas integrales orientadas a la detección, prevención, atención, sanción y reparación de la violencia que enfrentan las mujeres por razones de género. Además, incluye diversos tipos de violencia que no están definidos en la legislación vigente, como son la violencia laboral, violencia institucional, ciberviolencia y violencia gineco-obstétrica, entre otras; asimismo, busca proteger a las mujeres y niñas de desapariciones, muertes violentas, femicidios y violencia sexual. 

Pese a que la propuesta de ley fue entregada hace dos años, no se ha registrado una disposición por parte de las autoridades para discutirla, señala Bohórquez. Además, resalta que la presidenta, en sus discursos políticos, destaca su rol como la primera mujer en asumir su cargo «pero no tiene muchas propuestas de mejorar las condiciones de vida de las mujeres, no hay una realidad concreta para mejorar ya sea la legislación o la garantía de los derechos humanos de las mujeres», puntualizó. 

A pesar de las estadísticas y el contexto violento que enfrentan las mujeres en el país, el Congreso Nacional tampoco ha aprobado la Ley de Alerta Morada, presentada el 3 de julio de 2024 por la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios en Honduras,  que busca crear un sistema de búsqueda inmediata de mujeres.

«No hay voluntad política, ni para aprobar la ley y peor para hacer mejoras en las condiciones de vida de las mujeres», enfatizó Bohórquez.

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Finalmente, el Centro de Derechos de Mujeres en el informe asegura que mecanismos legales y judiciales como la Ley de Alerta Morada, la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres y la tipificación de la desaparición forzada en el Código Penal deberían ser cruciales para abordar de manera efectiva las desapariciones de mujeres en Honduras.

La suspensión por 90 días de la cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) afecta a grupos vulnerables como migrantes, personas LGBTIQ+ y víctimas de desplazamiento forzado en Honduras. Usaid, que en 2024 destinó 152 millones de dólares al país, ejecutaba programas en áreas como educación, salud y gobernanza. La medida se suma a la tensión diplomática entre Honduras y Estados Unidos, en medio de una posible reorganización de la ayuda internacional.

Texto: Luis Escalante 
Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC

La orden ejecutiva de Donald Trump del 20 de enero de 2025, mediante la cual suspendió por 90 días la cooperación internacional brindada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), dejará desprotegidos a grupos vulnerables en Honduras. Entre 2001 y 2024, según datos del gobierno de Estados Unidos a los que accedió Contracorriente, Usaid destinó más de 1,900 millones de dólares en ayuda a Honduras, posicionándolo en 2024 como el segundo mayor beneficiario de Centroamérica y el quinto en Latinoamérica.

Usaid, una agencia independiente de cooperación internacional creada en 1961 por el expresidente estadounidense John F. Kennedy, se centró en el caso de Honduras, durante las últimas dos décadas, en una estrategia destinada a prevenir la migración irregular hacia Estados Unidos. La Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del país (CDCS) 2020-2025, que había sido extendida hasta el 23 de junio de 2027 antes de la orden ejecutiva de Trump, establecía como objetivos la reducción de la migración irregular a través de la mejora de oportunidades socioeconómicas, el fortalecimiento de la gobernanza democrática y la satisfacción de necesidades ciudadanas, así como la mejora de la justicia y la seguridad.

En Honduras, Usaid ha canalizado su ayuda a través de Development Alternatives (DAI Global), las organizaciones Creative Associates International, RTI International y la Fundación Cohonducafé, entre otras empresas y organizaciones. Entre los grupos más vulnerables que atendía Usaid en Honduras figuraban niños y adolescentes, mujeres, personas LGBTIQ+, personas víctimas de desplazamiento interno, migrantes deportados, personas desempleadas, pacientes de VIH/SIDA, campesinos y ancianos.

La Usaid categorizó los sectores priorizados en Honduras de la siguiente forma: desarrollo económico, asistencia humanitaria, democracia, derechos humanos y gobernanza, paz y seguridad, salud, educación y servicios sociales, y medioambiente. Entre 2017 y 2023, la agencia destinó alrededor de 1,100 millones de dólares a estos sectores. 

En 2024, Usaid destinó 152 millones de dólares a Honduras, posicionándolo como el segundo país en Centroamérica que mayores recursos económicos captó después de Guatemala y como el quinto en Latinoamérica, después de Colombia, Venezuela, Haití y Guatemala. Además, aportó a la atención a personas víctimas de desplazamiento forzado interno en proyectos conjuntos con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). 

De acuerdo con datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), entre 2004 y 2018, 250,000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado interno en Honduras, principalmente como consecuencia de la violencia, la inseguridad y el desempleo. La mayoría de mujeres desplazadas lo fueron a causa de agresiones de sus parejas masculinas, según el informe Necesidades y satisfacción con la justicia en Honduras: Brechas de acceso a la justicia para personas desplazadas internamente (2024) de The Hague Institute for Innovation of Law (HiiL).

Con el programa «Creando mi futuro aquí», Usaid atendió a jóvenes en condición de desempleo y en riesgo de migrar. Este programa se lanzó en marzo de 2022. Según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en Honduras se registró una tasa de desempleo juvenil del 11.2 % en 2023, lo que representó que 144,774 jóvenes de entre 18 y 29 años estaban desocupados.

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Otro grupo vulnerable atendido por Usaid han sido los pacientes de VIH y sida. Con datos actualizados hasta el 1 de diciembre de 2024, Usaid y el Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR, por sus siglas en inglés) brindaron tratamiento médico a más de 5,700 pacientes con esta enfermedad.

Según datos de foreignassistance.gov, obtenidos por Contracorriente antes de que la página sufriera restricciones, entre 2018 y 2024 Usaid destinó 69,249,771 dólares a su programa de transformación de mercados, que consistía en apoyos a emprendimientos locales en colaboración con alcaldías, el sector privado y el gobierno. En 2020, año de la pandemia del COVID-19 y de las tormentas tropicales Eta y Iota, fue cuando más dinero se destinó a este programa, con un total de 21,570,666 dólares.

Otro programa fue «Progresa con educación», desarrollado en conjunto con la Secretaría de Educación, con el propósito de ampliar la cobertura y mejorar la calidad educativa. Este programa tuvo presencia en 40 municipios y dio cobertura a 4,000 escuelas, según un informe de RTI International. A este programa, Usaid destinó entre 2023 y 2024 un total de 18,855,000 dólares. 

En contraste, en marzo de 2024, Honduras y China —que establecieron relaciones oficiales en 2023— suscribieron un convenio de cooperación económica por 280 millones de dólares no reembolsables, denominado «Intervención Integral en Infraestructura y Equipamiento de Centros Educativos», que serviría para la restauración de la infraestructura escolar y el equipamiento de centros educativos en el país. Sin embargo, hasta junio de 2024, no se ha registrado información sobre la ejecución del convenio en los portales de transparencia de la Secretaría de Educación y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).

Según datos del Programa de Inversiones Públicas (PIP), en 2024 Honduras invirtió 2,563.2 millones de lempiras (unos 99.8 millones de dólares) en inversión pública destinada a infraestructura escolar.

A consideración de Leonardo Pineda, investigador y activista social, el trabajo de Usaid en Honduras se centró en áreas que han sido relegadas por la administración pública «por conveniencia o por cualquier otro motivo».

«Por ejemplo, transparencia, cambio climático y prevención de desastres, seguridad, justicia, fortalecimiento a servidores públicos, habían sido aspectos atendidos por Usaid», explicó Pineda a Contracorriente.

Sin embargo, las opiniones sobre cómo la ayuda de Estados Unidos contribuye o no a contener la migración, especialmente juvenil, varían. A pesar de que Usaid ha destinado millones de dólares a ese propósito, para las investigadoras Amelia Frank-Vitale y Lauren Heidbrink, la ayuda de Estados Unidos también puede convertirse en una de las causas principales de la migración.

Bajo la lluvia, un grupo de migrantes venezolanos espera ser atendido por autoridades hondureñas en su ruta hacia Estados Unidos. Danlí, Honduras. Foto: Fernando Destephen / CC.
Bajo la lluvia, un grupo de migrantes venezolanos espera ser atendido por autoridades hondureñas en su ruta hacia Estados Unidos. Danlí, Honduras. Foto: Fernando Destephen / CC.

En la columna Ayuda al desarrollo: una causa fundamental de la migración de menores, publicada en Contracorriente el 30 de septiembre de 2021, Frank-Vitale y Heidbrink señalan que «el desarrollo no es una herramienta eficaz para responder a las causas interrelacionadas de la migración, y no reconoce que varían las necesidades y las dinámicas entre los países y dentro de ellos».

«Con frecuencia, la ayuda está condicionada por consideraciones ideológicas que, en vez de apoyar, terminan obstaculizando los esfuerzos locales para responder a la pobreza, corrupción e inseguridad», indicaron las investigadoras.

Población LGBTIQ+, vulnerable ante bloqueo de Usaid y mensajes de odio desde Casa Blanca

Grecia O’Hara, activista de derechos humanos y representante del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTIQ+ (Somos CDC), dijo a Contracorriente que solo en Tegucigalpa unas cuatro organizaciones LGBTIQ+ recibían apoyo directo de Usaid y que, de momento, el panorama no es nada alentador.

«Siento que las organizaciones LGBTIQ+ a nivel latinoamericano cometimos un error, porque pensamos que habíamos logrado todo y no nos preparamos para recibir descalificativos como los del gobierno de Trump», dijo O’Hara, quien explicó que por el momento existe cierta «estabilidad» debido a que hay otros donantes, como Canadá y la Unión Europea.

Entre las primeras órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump está eliminar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, y dijo que su gobierno «solo reconoce dos géneros: femenino y masculino».

«En Estados Unidos es muy fuerte el tema de los géneros, y aquí solo estamos pidiendo que se reconozcan dos géneros para las personas trans, claro, eso impactará porque las personas van a replicar ese discurso y van a decir que será sencillo que nos prohíban la transición a dos géneros», comentó O’Hara.

La identidad de género es una deuda pendiente que el Estado hondureño tiene con la población LGBTIQ+, pese a que desde 2021 existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), en el marco del caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras, en la que se ordenó garantizar el derecho de las personas trans a cambiar sus nombres ante el Registro Nacional de las Personas (RNP) y a que este se reflejara en cualquiera de sus documentos de identificación.

Plantón de organizaciones LGBTIQ+ frente a Casa Presidencial, en demanda de una ley de identidad de género. Tegucigalpa, 23 de mayo de 2023. Foto CC/ Fernando Destephen.
Plantón de organizaciones LGBTIQ+ frente a Casa Presidencial, en demanda de una ley de identidad de género. Tegucigalpa, 23 de mayo de 2023. Foto CC/ Fernando Destephen.

El 3 de febrero de 2024, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habló frente a los medios de comunicación y, con tono burlesco, sacó una hoja de papel en la que había algunos ejemplos de proyectos «no alineados con los intereses de los Estados Unidos». Leavitt hizo referencia al financiamiento de una ópera transgénero en Colombia y un cómic transgénero en Perú. «No sé ustedes, pero como contribuyente estadounidense no quiero que mis impuestos se destinen a esta basura, y sé que el pueblo estadounidense tampoco lo quiere», dijo.

Sin embargo, el 7 de febrero, el medio The Washington Post publicó un fact checking en el que señaló que el financiamiento de la supuesta ópera transgénero nunca existió, y que la Casa Blanca podría referirse a un pago de 25,000 dólares que se hizo a la Universidad de Los Andes, en Bogotá, para montar la ópera «As One», compuesta por la estadounidense Laura Kaminsky. La directora de esa ópera, Juana Monsalve, aseguró que la donación fue menor a la reportada por Leavitt, que el resto del dinero provino de otros donantes y que la obra «promovía la cultura estadounidense» en Colombia.

En cuanto al supuesto financiamiento de un cómic transgénero, The Washsington Post refirió: «Usaid no financió esto y no era específicamente transgénero. En cambio, la subvención dice que el Departamento de Estado proporcionó 32,000 dólares, bajo la apariencia de diplomacia pública, al Ministerio de Educación de Perú “para cubrir los gastos de producción de un cómic hecho a medida, en el que apareciera un héroe LGBTQ+ para abordar cuestiones sociales y de salud mental”». 

En otra comparecencia, el 6 de febrero, Leavitt expuso que «los demócratas destinaron dos millones de dólares de impuestos estadounidenses para financiar cambios de sexo en Guatemala, mientras víctimas de desastres naturales en Carolina del Norte y California no recibieron nada».

En el fact checking, esta información fue calificada como «engañosa». Para ello, The Washington Post citó a un antiguo funcionario de Usaid que trabajó en programas dirigidos a personas LGBTIQ+ y que expresó que «para Usaid, la atención de afirmación de género no incluye cirugías, terapias de reemplazo hormonal ni ninguna otra intervención médica».

Grecia O’Hara teme que el discurso de odio de la Casa Blanca deje más vulnerable a la población LGBTIQ+. Desde 2009 hasta 2025, en Honduras han sido asesinadas 528 personas de la comunidad, según datos de la Red Lésbica Cattrachas. De estos casos, 119 fueron muertes violentas de personas trans, lo que representa el 28.79 % del total, convirtiéndolas en el segundo grupo más vulnerable después de los hombres gay.

Respuesta gubernamental y panorama

Aunque el gobierno de Honduras no se ha expresado oficialmente ante la medida de Donald Trump que suspende la ayuda humanitaria a Honduras, en declaraciones a medios de comunicación brindadas por el secretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina, se dijo que solo un 20 % de las ayudas de Usaid pasaban por instituciones gubernamentales.

«Por el gobierno central pasaba tal vez un 20 % de toda esa ayuda, que casi toda iba dirigida a la sociedad civil y al sector privado. Es importante, obviamente, y es parte de una nueva realidad a la que tendremos que adecuarnos», manifestó Reina.

Contracorriente conoció que, durante los últimos años y antes de su suspensión, Usaid había trabajado directamente con secretarías e instituciones del Estado, entre ellas la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa, el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, y también con el Poder Judicial.

Este medio de comunicación solicitó entrevistas con la ministra de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, el director del FHIS, Warren Ochoa, y el secretario de Educación, Daniel Sponda. Sin embargo, ninguno de ellos accedió hasta el momento de la publicación de esta nota.

La suspensión de la ayuda de Usaid coincide con el anuncio de Donald Trump de iniciar deportaciones masivas de hondureños, que serían alrededor de 200,000, según el gobierno hondureño. La administración de Xiomara Castro asegura estar preparada con el lanzamiento del programa «Hermano, hermana, vuelve a casa», que incluye un bono de 1,000 dólares.

Mientras tanto, en declaraciones brindadas esta semana a los medios de comunicación, el canciller Enrique Reina expresó su confianza en que el gobierno y el sector privado trabajarán en estrategias de generación de empleo para evitar que continúe aumentando la migración de hondureños hacia otros países, especialmente Estados Unidos.

¿Y ahora qué? 

Entre el 1 y el 6 de febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tuvo una gira por Centroamérica y República Dominicana, de la que excluyó a Honduras y Nicaragua.

Aunque desde la Cancillería hondureña dijeron que «estaban dispuestos a recibirlo» y después se excusaron diciendo que «no podía visitar todos los países», analistas consultados por Contracorriente consideraron que la omisión de Honduras fue «un mensaje claro» por parte de la administración de Donald Trump, que podría implicar que Honduras no continúe siendo una prioridad para Estados Unidos en cuanto a cooperación internacional.

«No se puede minimizar el hecho de que el secretario de Estado, en su primera gira por la región, excluyera a Nicaragua y a Honduras», consideró Graco Pérez, analista en diplomacia y relaciones internacionales.

Pérez manifestó que, por un lado, el gobierno hondureño está intentando minimizar la suspensión de Usaid y, por otro, está pagando por desaciertos diplomáticos, como la denuncia del tratado de extradición vigente entre ambos países y haber amenazado con denunciar el tratado militar que permite a Estados Unidos tener una base militar en Comayagua, centro de Honduras.

Lectura sugerida: Audiencia en Congreso de EEUU expuso preocupación de republicanos por giro ideológico en gobierno de Honduras

El 28 de agosto de 2024, la presidenta Xiomara Castro instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, denunciar el tratado de extradición vigente con Estados Unidos, tras considerar que la embajada de ese país estaba cometiendo «injerencia» debido a que la embajadora Laura Dogu calificó como «lamentable» que el entonces ministro de Defensa, José Zelaya, y el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, aparecieran en una fotografía junto a Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, a quien Estados Unidos considera un narcotraficante.

Días después de ese incidente, el medio InSight Crime publicó un video en el que Carlos Zelaya Rosales —cuñado de la presidenta Xiomara Castro— aparece negociando en 2013 un soborno con el jefe del cartel Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, para la campaña del ahora oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre). Durante el juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández, Rivera Maradiaga testificó haber sobornado a Zelaya Rosales y al entonces candidato del Partido Liberal, Mauricio Villeda.

Carlos Zelaya Rosales (a la derecha) renunció a su diputación y a su cargo de secretario del Congreso Nacional, tras filtrarse un video en el que negociaba sobornos con Los Cachiros. Foto: Archivo CC.
Carlos Zelaya Rosales (a la derecha) renunció a su diputación y a su cargo de secretario del Congreso Nacional, tras filtrarse un video en el que negociaba sobornos con Los Cachiros. Foto: Archivo CC.

El 6 de febrero, la Embajada de Estados Unidos en Honduras publicó en sus redes sociales una declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, en la que se refirió a la extradición y habló de «culpables de delitos que son fugitivos» y que llevan a la «cabeza de la serpiente de un grupo transnacional particularmente peligroso».

«Por eso, vamos a trabajar muy de cerca con nuestra nueva fiscal general y el Departamento de Justicia para que se alineen con nuestro objetivo en cuanto a quién estamos buscando», indicó Rubio en la publicación que compartió la embajada estadounidense.

Pérez, quien recordó que el tratado de extradición vencerá el próximo 28 de febrero, lamentó: «El gobierno no ha retirado la nota para denunciar el tratado de extradición, y haber amenazado de forma tan demagógica que podrían quitar la base militar de Estados Unidos también es un aspecto delicado». 

El 1 de enero de 2025, en su primer discurso del año, la presidenta Xiomara Castro advirtió al gobierno de Estados Unidos que podría cerrar la base militar estadounidense localizada en Comayagua, en la que hay alrededor de 1,000 efectivos que, entre otras misiones, coordinan operativos antidrogas en Honduras y Centroamérica, si el gobierno de Donald Trump efectúa deportaciones masivas de hondureños.

«Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que, sin pagar un centavo por décadas, mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras», señaló Castro en una cadena nacional de televisión y radio. 

Después de la orden ejecutiva de Donald Trump de suspender por 90 días la ayuda de Usaid, argumentando que «no está alineada con los intereses del gobierno de Estados Unidos», el administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, aseguró que «Usaid es una organización criminal que debe morir». Mientras la ayuda humanitaria está congelada, miles de programas en todo el mundo han cerrado, personas han sido despedidas y otras suspendidas. 

El 3 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que su titular, Marco Rubio, había sido designado como administrador en funciones de Usaid, insistiendo que «una parte significativa de la financiación de Usaid no está alineada con los intereses nacionales básicos de Estados Unidos» y que se trabaja en presentar al Congreso estadounidense una propuesta de «posible reorganización de las actividades de asistencia exterior».

Sin embargo, para Leonardo Pineda, Honduras ahora corre el riesgo de que Estados Unidos no lo tenga entre sus prioridades en cuanto a cooperación internacional.

«A mí me preocupa bastante esa gira que hizo Marco Rubio por la región, en la que está excluyendo a Honduras, algo que nunca había ocurrido, como por ejemplo en la administración de Joe Biden, que vino la vicepresidenta Kamala Harris a la toma de posesión de Xiomara Castro. Si Honduras sigue manejando su política exterior con hostilidad hacia Estados Unidos, es posible que no entremos mucho en los planes de cooperación o, por lo menos, no con la misma intensidad que teníamos ahora», consideró Pineda, quien recordó que Honduras se ha abierto a Venezuela y China, justamente a los que se está oponiendo la nueva administración en Estados Unidos.

Para la realización de este trabajo periodístico, Contracorriente solicitó entrevista con tres funcionarios de Usaid en Honduras, pero informaron que no estaban autorizados para ofrecer declaraciones. También, debido a las restricciones de acceso a información pública en páginas como usaid.gov y foreignassistance.gov, se utilizó la herramienta Wayback Machine para recuperar datos de ayuda otorgada a Honduras entre 2001 y 2024. 

La exposición de las medidas en temas migratorios del nuevo Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos ha provocado una ola de pánico entre los inmigrantes indocumentados, ya que ha prometido deportaciones masivas. A Honduras han llegado ya aviones militares con deportados, mientras las relaciones diplomáticas se mantienen en tensión entre ambos países. En medio de esto, los migrantes centroamericanos y mexicanos están en el centro de un discurso que algunos analistas han catalogado como «lleno de odio y racismo», por lo que muchos migrantes han decidido esconderse o planificar su mudanza de regreso. 

Texto: Allan Bu
Fotos: Cortesía Cancillería

«Aquí no se ve un alma, parece desierto», asegura Nelson, un hondureño que tiene más de 20 años radicado en Carolina del Norte, Estados Unidos. Y no exagera; en Estados Unidos las medidas emprendidas por Donald Trump desde que regresó al poder han provocado una ola de pánico entre los migrantes indocumentados. Muchos han abandonado sus trabajos y están escondidos, pero esa situación, en esta potencia mundial, es insostenible.

Nelson logró regularizar su estatus en Estados Unidos, pero esa suerte no la han tenido miles de hondureños que dejaron este país hasta en caravanas buscando seguridad, empleo y, en resumen, mejores condiciones de vida. Según el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, en los registros estadounidenses aparecen unos 250 mil hondureños sin claridad en su estatus legal para su permanencia en el país y eso los hace candidatos para la deportación. 

El fuerte discurso del presidente Trump en todas las plataformas disponibles y la exposición de los arrestos que permite esta era dominada por las redes sociales, han provocado incertidumbre en la población migrante en Estados Unidos. Lenin, un hondureño que tiene menos de dos años en ese país, lo explica de manera muy coloquial: «Aquí andamos con el trasero a dos manos, hay un pánico mental y de todo. Realmente la mara (la gente) está preocupada», dice. 

Lenin piensa que las personas que entraron al país pidiendo asilo y las que entraron con una visa de turismo o trabajo y se quedaron son las que están en mayor riesgo, porque las autoridades migratorias ya tienen toda su información. Y esto es verdad; el gobierno de Trump canceló la aplicación CBP-One, utilizada por los migrantes para concertar una cita para pedir asilo. Desde su implementación en 2023, más de 170,000 personas lograron obtener una cita. Ahora, miles de citas han sido canceladas y la información de esos migrantes está en manos de las autoridades, cuya misión principal ahora es cazar migrantes.

Migrantes reciben información en el CAMR ubicado en San Pedro Sula. 31 de enero de 2025. Foto: Cancillería.

Lenin entró sin documentos y ha decidido tomar medidas. «Yo no salgo, ni ando en vicios. Del trabajo a la casa, puedo correr el riesgo de que manejando me puedan detener y depende de la personalidad del policía si decide incluirme en la lista de deportaciones», mencionó. 

La antropóloga y especialista en temas migratorios, Amelia Frank-Vitale, consideró que la campaña emprendida por Trump y funcionarios de su administración no persigue un perfil en específico: «Realmente van por todos. Las personas indocumentadas están expuestas a la deportación, si encuentran a un indocumentado lo van a arrestar», dijo, pero agregó que «hay un proceso legal para que una persona sea deportada, tiene que pasar por una corte de migración, no es algo rápido». 

Señaló que hay condiciones migratorias como el Estatus de Protección Temporal (TPS), por ejemplo, que puede brindar más protección a quienes se acogen a este, pero aun así no los exime del riesgo: «Están más protegidos si tienen algún estatus legal, pero (el nuevo gobierno) han mostrado su interés de también ir en contra de ellos; creo que su idea al final es hacer la vida más difícil a todos. Hay gente en la administración de Trump que quiere sacar a toda la gente que no es estadounidense, sin importar su estatus. Empiezan con los más vulnerables, luego hay gente que tiene un permiso legal, pero que no es residencia», dijo.

Desde que asumió su segundo mandato, Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas para cumplir con sus promesas sobre las deportaciones masivas y la seguridad fronteriza.  Algunas de estas acciones tuvieron efecto inmediato, pero otras pueden tardar años o incluso no llegar a concretarse.

Una ametralladora de crueldad

Uno de los anuncios más controversiales en las últimas semanas fue el que hizo el mismo Trump sobre utilizar la base de Guantánamo en Cuba para recluir ahí a los migrantes, aunque eso no es algo que puede ejecutar de inmediato. «Gran parte de lo que Trump pueda hacer dependerá del dinero. Se espera que el Congreso estudie pronto un respaldo adicional», publicó la Voz de América en un reportaje sobre las nuevas políticas. 

En los primeros días del Gobierno de Trump los arrestos se duplicaron con un promedio de 700 arrestos diarios, según cifras del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El promedio diario fue de 311 en un período de 12 meses hasta el pasado septiembre, durante la presidencia de Joe Biden. De mantenerse la tasa con la que ha iniciado el Gobierno de Trump, superará el récord previo del ICE, que se estableció con Barack Obama en la Casa Blanca, con un promedio de 636 en 2013.

Los números han comenzado a crecer con operaciones en ciudades como Atlanta, Dallas y Chicago. Estas acciones han tenido mucha exposición en los medios de comunicación. Incluso el fiscal interino Emile Bove se sumó a los operativos de captura de migrantes. En las operaciones también han colaborado el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Control de Drogas, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, así como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. 

El nuevo gobierno estadounidense abrió la puerta para que ICE lleve a cabo las deportaciones sin que los afectados comparezcan ante un juez de inmigración, lo cual es posible al extender la autorización de expulsión acelerada a nivel nacional para cualquier persona en el país hasta por dos años. Este tipo de deportación se aplicaba a los migrantes que eran detenidos a 100 millas de la frontera entre México y Estados Unidos. La medida ya ha sido recusada por la Unión Americana de Libertades Civiles. 

Además, el Gobierno federal eliminó una política que impedía las detenciones en lugares sensibles como escuelas, hospitales y lugares de culto, y también se continuará deportando a quienes ingresaron al país con un permiso, una potestad presidencial que Biden usó más que ningún otro presidente.

Los migrantes retornados recibirán un apoyo de 100 dólares. San Pedro Sula, 31 de enero de 2025. Foto: Cancillería.

Hay estados y ciudades que han desafiado las medidas de Trump. Es el caso del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien emitió una ordenanza para evitar que las autoridades locales indaguen sobre el estatus migratorio de las personas. «Nos preocupamos por ustedes. En la ciudad de Minneapolis los defenderemos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos, porque no son extranjeros, en nuestra ciudad son vecinos», dijo Frey en una conferencia.

Otro caso que ha estado en el centro de la controversia es el del gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, tras sugerir en una entrevista que una persona con estatus migratorio irregular vive en su casa. «Buena suerte a los federales si intentan llevársela»,  dijo el político. 

Trump también firmó una orden ejecutiva para anular la nacionalidad por nacimiento, pero esta intención fue bloqueada por un juez federal del estado de Washington, quien calificó la orden como inconstitucional.  

La antropóloga Amelia Frank manifestó que hay una situación de pánico en la comunidad migrante, y no es para menos, porque hasta ahora el nuevo gobierno ha sido como «una ametralladora» de nuevas tácticas para meter miedo y sembrar caos. «Hay crueldad para todos los migrantes indocumentados, personas buscando refugio, personas con algún estatus… todos están bajo la lupa», dijo.

Sin embargo, la antropóloga aclara que hay cosas que simplemente han cambiado de tono: «Hay una diferencia de retórica y discurso, de buscar meter miedo. La gente indocumentada desde antes estaba vulnerable a ser deportada, eso no es nuevo. Estados Unidos deportaba mucha gente en años anteriores. Incluso los números de personas arrestadas en estos días no está fuera de lo normal, pero este gobierno lo publica y lo proclama con orgullo, mientras a la administración pasada, como que le daba un poco de vergüenza y justificaba sus acciones». 

Añadió que en el caso de las personas con récord criminal no es posible que permanezcan en el país, pero resaltó que eso no es nuevo y que el país ha sido estricto en cumplirlo. «Su retórica habla de criminales, pero va a estar deportando a todo el mundo» dijo, y agregó: «Su odio es al migrante sin importar la condición». 

Al 3 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reportaba que las redadas contra los indocumentados han dejado como saldo más de 8 mil arrestos y unas 5 mil deportaciones.  Los migrantes detenidos son provenientes de 121 países. En el reporte se indica que los detenidos son personas con antecedentes penales, irregularidades en su documentación y órdenes de deportación vigentes, pero no aclara cuántos tienen récord criminal. La publicación habla de que Trump está cumpliendo la promesa de expulsar a «violentos criminales», colocando esta etiqueta a quienes su único delito es vivir y trabajar sin documentos en Estados Unidos.

El canciller Reina afirmó que en Honduras los manifiestos que reciben de parte de Estados Unidos son enviados a las autoridades de Seguridad para que se corrobore si hay órdenes de captura o alertas migratorias y que se «tomen las medidas conforme a ley». Consultamos a Comunicaciones de Cancillería si hay información acerca de hondureños con antecedentes entre los deportados, pero hasta el momento de publicar este artículo, no tuvimos respuesta. 

Acciones impulsadas por el racismo y no por la ley

«Hay algunos que nos ven de reojo», dijo el hondureño Lenin Espinoza, en referencia a las actitudes que percibe en los estadounidenses. «Aun con su indiferencia buscan el servicio de los migrantes por la paga, por el tiempo y por la calidad del trabajo que hace la gente», sostuvo. 

Espinoza habló con Contracorriente un par de días antes de la toma de posesión de Trump. Él tenía claro que las deportaciones no las detenía nadie, pero pensaba que solo iban esencialmente contra aquellos que entraron pidiendo asilo a Estados Unidos y después no asistieron a las citas a la corte de migración. «Es que esas personas así es que están en el sistema del gobierno y tienen todos sus datos para ubicarlos y despacharlos», dijo. 

También hay familias que se están preparando para el día en que tengan que regresar a su país. Marlen, a quien llamamos así para no exponer su identidad, cuenta que su esposo y sus tres hijos viven en Houston, Texas, desde hace seis años, desde que entraron con una visa de turista y decidieron quedarse. Con el tiempo, su esposo se hizo contratista en la construcción y con eso han logrado tener una vida cómoda. 

Con la llegada de Trump al poder, Marlen y su familia se preparan para regresar. Dejaron su casa en Houston y se fueron a un lugar más remoto, y desde allí han comenzado a hacer una mudanza de regreso. Poco a poco  han comenzado a mandar artículos a Honduras por si son deportados. «Han escuchado demasiada noticia acerca de que Trump va a deportar gente que se quedó ilegalmente o entró ilegalmente, pero tienen un miedo extremo cuando ven a una patrulla», nos contó un familiar cercano. 

Las acciones del Gobierno de Trump, pero sobre todo el hecho de exponerlas en todos los medios, llevan a los migrantes a tomar medidas extremas. Ever Rosales, originario de Cofradía, Cortés, al norte de Honduras, ha cambiado su rutina completamente; ahora va del trabajo a su casa y los días libres sigue descansando. «No voy salir para ningún lado», dijo. 

Ever tiene dos años y medio viviendo en Estados Unidos, pero logró establecerse hasta en su segundo intento. En su primer intento, en el 2011, fue deportado casi de inmediato, y eso lo convierte en un objetivo de la deportación si llega a caer en un operativo o redada de las autoridades migratorias. Su idea es permanecer en Estados Unidos tres o cuatro años para volver con algo de dinero ahorrado a Honduras. 

Marco Ramos, un hondureño que está en un proceso avanzado para legalizar su permanencia en Estados Unidos, cuenta que ha hablado con personas que vivieron el primer mandato de Trump, y estas consideran que no pasará nada en muchas ciudades. «Van a deportar gente como todos los años, pero estos migrantes no creen que vaya a haber redadas en lugares de trabajo», dijo Ramos, unos días antes de la toma de posesión. Hay que mencionar que el Gobierno de Trump sí está ejecutando redadas, pero aún no son masivas, aunque tienen gran exposición mediática. 

«Honestamente no creo que Trump logre aplicar todo lo que dice. Según expertos, ocupará muchísimo dinero para llevar a cabo el plan de deportaciones masivas, y no hay suficientes elementos humanos para eso. Ahora también creo que esto se ha descontrolado en Estados Unidos por la cantidad de personas que han entrado. Hay muchos que son delincuentes y quieren hacer lo mismo en este país», aseguró Ramos, quien dice estar tranquilo porque su proceso para conseguir una permanencia legal ya está en la corte. 

La antropóloga Amelia Frank explicó a Contracorriente que el ICE está haciendo redadas, pero que ya tenía esa potestad, y además no tiene la capacidad para cubrir todo el país. «Están haciendo redadas de muy alto perfil en ciudades que tienen un perfil de ser anti Trump y pro migrantes, como New Jersey o Chicago. Creo que están muy enfocados en el espectáculo de eso, aunque los números en bruto no sean espectaculares. Ya están diciendo que quieren poner una meta a cada oficina de ICE de un número de personas (a capturar). Se supone que (Trump) está decepcionado porque no hay muchos arrestos, seguro que pueden aumentar, pero hay límites por los recursos que tienen», explicó. 

Para Frank Vitale, en los primeros días del Gobierno de Trump se han quitado la máscara, pues ha cambiado la retórica de que iban por los criminales: «La narrativa abarcaba a las personas que estaban fuera de la ley, ahora yo veo que el nuevo discurso le quita un poco de la máscara, que nunca se trataba de la ley, siempre fue el racismo, un deseo de expulsar y no permitir migrantes». 

«Hermano, hermana, vuelve a casa»

Tras la promesa de deportaciones masivas realizadas por la nueva administración estadounidense, el Estado de Honduras lanzó el programa «Hermano, hermana, vuelve a casa» con el que se espera atender a quienes regresan al país. El canciller Eduardo Enrique Reina explicó que este apoyo consta de un bono de 100 dólares para todos los que llegan, capital semilla para aquellas que tengan una idea de negocio y también mecanismos de empleo. «Reitero también un llamado al sector privado hondureño, que busque los mecanismos porque todos estos compatriotas han ayudado a mantener la economía y los negocios en el país», dijo. 

Hondureño saluda a migrantes retornados. San Pedro Sula, 31 de enero de 2025. Foto: Cancillería.

En Honduras, después que la presidenta Xiomara Castro insinuó que la base militar de Palmerola podría ser cerrada si había una actitud hostil contra los migrantes hondureños, finalmente el canciller Enrique Reina confirmó que este convenio fue extendido por un año más.

«Eso demuestra la voluntad nuestra de trabajar y seguir cooperando con Estados Unidos en temas como la migración o el combate al narcotráfico. La presidenta fue muy clara: esperamos que las deportaciones se den bajo el mecanismo usual, ordenado y digno. Si hay un cambio excesivo, pues nosotros tendremos que revisar nuestra política; por ahora hemos podido negociar y por eso es que se están aceptando vuelos militares de manera coordinada», dijo Reina. 

El viernes 31 de enero, el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) ubicado en el aeropuerto Ramón Villeda Morales recibió a 352 migrantes, la mayoría de los cuales fueron detenidos en la administración de Joe Biden. Circularon algunas fotografías de personas esposadas, pero esto tampoco es nuevo, han estado llegando así por años. 

El canciller mencionó que se debe buscar crear un sistema más justo, y puso como ejemplo la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, que ha enfrentado a un sector empresarial con este gobierno, casi desde sus inicios. «La empresa privada debe estar más consciente de invertir en el país, solo bajo ese mecanismo de trabajo conjunto es que podemos sacar el país adelante», dijo. Agregó que Karim Cubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) está desarrollando un programa para emplear a migrantes, y que buscarán hacer lo mismo con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). 

Al canciller le consultamos sobre los comentarios vertidos por el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, quien en declaraciones a Radio América afirmó que los migrantes, con el apoyo previsto por el gobierno para ellos, «van a pijinear por 15 días y luego volverán a la ruta migratoria», pues piensa que ya no desean estar en el país. 

«Realmente ha sido una práctica, no hay que negar las cosas cuando ocurren. Muchos migrantes, cuando son deportados, esperan unos meses en Honduras y a veces vuelven a tomar la ruta del migrante. Las estadísticas que tenemos muestran que a veces las personas que llegan, digamos las 150,000 que se recibieron en estos tres años del Gobierno de la presidenta Castro, unos 35,000 han ido y venido varias veces; obviamente, esto cambiará si la política de la administración Trump es más fuerte y no deja entrar a los migrantes», manifestó el jefe de la diplomacia hondureña, sobre las declaraciones del diputado. 

Dennis Corrales, director del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende), recordó que la presidenta Castro ha anunciado que una de las soluciones para los deportados es el desarrollo de emprendimientos exitosos.

Le consultamos a Corrales cómo el Gobierno iba a garantizar que los fondos entregados como capital semilla sean utilizados para los fines establecidos, y respondió que hay plataforma que les permite registrar al migrante retornado; además  hacer un diagnóstico de sus capacidades y evaluar las ideas de negocios. «Este capital semilla será entregado solamente a aquellos que acrediten haber retornado a través de esta emergencia (Gobierno de Trump) y que estén certificados por Senprende», explicó Corrales.

Descartó que los 1,000 dólares se vayan a entregar a todos los migrantes: «No, ese proceso no es así, requiere etapas de desarrollo y por eso es esencial que el mensaje esté claro. Nosotros lo hemos denominado servicio VIP, para que la atención sea menos burocrática y el migrante sienta que sí de verdad lo están apoyando».

Sobre la cantidad de personas que esperan atender con este programa, Corrales afirmó que la instrucción de presidencia es ayudar a todos aquellos que necesiten la ayuda para llevar a cabo su idea de negocio. Manifestó que las cifras indican que al 35 % de los migrantes que retornan les gustaría emprender, mientras que el resto preferiría conseguir un empleo. 

El canciller Reina confirmó que en la última semana de enero arribaron al país seis vuelos transportando migrantes, incluidos dos aviones militares, pero que hay un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos de recibir hasta 12 aviones semanales.  El funcionario expresó que aún no hay un aumento significativo en las deportaciones, pero es claro que las nuevas disposiciones apenas comienzan.

Amelia Frank insiste que hay muchas cosas que ya se hacían, pues a los migrantes siempre se les envió de regreso a su país de origen esposados, y tampoco ha importado si ya tenían sus familias y vidas en Estados Unidos: «Eso no es nuevo, lo que sí es nuevo es el orgullo y el deseo de sembrar terror en las comunidades inmigrantes», concluyó. 

La reciente suspensión de una reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) ha evidenciado las múltiples inconsistencias con las que la presidenta hondureña Xiomara Castro ha gestionado su presidencia pro tempore al frente del organismo, provocando dificultades para alcanzar acuerdos en temas clave e incluso impidiendo la coordinación para concretar reuniones entre los Estados miembros.

Texto: Mayra López
Fotografía: Archivo

El 26 de enero de 2025, Xiomara Castro, como presidenta pro tempore de la Celac, convocó con carácter urgente a una reunión extraordinaria de presidentes y jefes de Estado para abordar el conflicto entre Colombia y Estados Unidos provocado por los vuelos de deportación enviados desde el país norteamericano, que el presidente colombiano Gustavo Petro se negaba a recibir si no se cumplían ciertas condiciones. 

Dos días después, Costa Rica, en respuesta a la citación, emitió un comunicado en donde argumentó que no se realizó el debido proceso de la convocatoria para una Reunión Extraordinaria de Presidentes y Jefes de Estado de la Celac.

El comunicado dice que «desea recordar que los Procedimientos para el funcionamiento orgánico de la Celac en su enunciado “Reunión Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno” establece específicamente que estas cumbres podrán darse de forma extraordinaria “cuando la Presidencia Pro Tempore en consulta con los Estados Miembros lo determine”», y agrega que «para esta convocatoria, la presidencia pro tempore no ha realizado consulta alguna a los demás Estados miembros, por lo que la misma no es procedente».

Asimismo, el oficio hace mención que, de acuerdo con los procedimientos de la Celac, un Estado Miembro puede solicitar una reunión extraordinaria de ministros y ministras de relaciones exteriores, pero no una Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno, como lo titularon en la convocatoria. 

Adicionalmente, el comunicado menciona que «la nota PPT-001/2025 propone tres puntos de agenda (migración, medio ambiente y Unidad Latinoamericana y Caribeña) que no han sido discutidos, preparados ni consensuados por los Coordinadores Nacionales, lo que debe darse antes de que se lleve a cabo una reunión de cancilleres».

Costa Rica solicitó formalmente posponer la reunión por motivos procedimentales, y reiteró que, en vista de que se tiene una reunión de Coordinadores Nacionales prevista desde hace varias semanas para el 6 de febrero, se podían incluir en la agenda los temas adicionales que se consideren pertinentes. 

Por otra parte, el 28 de enero de 2025, en una conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, habló acerca de dicha convocatoria a reunión, y aseguró que «nuestra posición siempre es la unidad de América Latina y el Caribe, es la historia de nuestro país y siempre vamos a buscar esa unidad. La Celac es un organismo que define sus posicionamientos por consenso; es difícil tener unanimidad cuando hay diferencias entre algunos países», concluyó la mandataria.

Contracorriente contactó a Gerardo Torres, vicecanciller de la Subsecretaría de Estado en el Despacho de Política Exterior, sobre el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Dirección General de Política Exterior de Costa Rica, y su respuesta fue que «sí se realizó el debido proceso para una reunión extraordinaria. Según Costa Rica no se dio el debido proceso, pero no quiere decir que no lo seguimos, el reglamento de la Celac dice que para una reunión urgente la presidenta pro tempore lo puede hacer con el apoyo de la troika, y la troika es Colombia que es el solicitante, entonces se sobreentiende que está de acuerdo, el proceso se cumplió», aseguró Torres.

Seguidamente, el vicecanciller aclaró por qué se había cancelado la reunión de la Celac: «Como el presidente de Colombia dijo que se había reparado el impasse, entonces ya no había tanta presión ni tantos motivos para convocar, y se decidió suspender y seguir la agenda de Celac, que tiene muchos otros puntos».

En lo que respecta a la participación de los países que pertenecen a la Celac, un total de 33 países miembros, el vicecanciller Torres aseguró que «quince mandaron a delegación, diez a nivel de presidentes y cinco de canciller. Tres países dijeron que no estaban de acuerdo de cómo se había hecho la convocatoria; en el caso de Costa Rica, ellos hicieron público un comunicado; Paraguay y Argentina dijeron que se hiciera la reunión y que ellos iban a acompañar la declaración, ellos no se opusieron formalmente a la reunión».

«No había propuesta de declaración, lo que había era una convocatoria para conocer la opinión de los Estados miembros en tres temas: migración, por la reforma migratoria que hizo el presidente Trump; medio ambiente, porque consideramos que nuestros Estados están altamente endeudados y necesitan estrategias para recoger estos fondos en el caso de que haya un desastre; y el tema de la unidad latinoamericana y caribeña, para expresar el apoyo y acompañamiento a Colombia y decirles al resto de países que así como les apoyamos a ellos, vamos a apoyar a los demás Estados», puntualizó Torres. 

Sin embargo, esta no es la única vez que la presidencia pro tempore de Castro ha recibido críticas del resto de Estados miembros durante su periodo al frente de la Celac. 

El 28 de junio de 2024, tras la publicación de un comunicado titulado «Declaración de Tegucigalpa», diez Estados miembros de la Celac se pronunciaron y pidieron a la presidenta pro tempore de Honduras que aclarara el documento emitido, dado que no era una posición oficial. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, a través de un comunicado compartido por los países miembros, desconoció la iniciativa «Celac Social». 

«El contenido de la llamada Declaración de Tegucigalpa no fue consultado con los Estados Miembros de la Celac, ni es un documento que deba entenderse como emanado de la Celac, ni representa la visión ni opinión consensuada del mecanismo Celac ni de sus Estados Miembros», finaliza el comunicado.

Graco Pérez, analista y experto en diplomacia, dijo a Contracorriente que «en el caso de la Celac, las decisiones deben ser tomadas por consenso y la presidencia de Honduras no ha manejado este consenso, la última situación en el caso de Colombia fue una solicitud del presidente Petro y Honduras inmediatamente respondió y convocó pero no siguió los procedimientos»

Pérez explicó que «un miembro puede solicitar, pero tiene que haber un consenso, porque no es la presidencia, o el que lo solicita, en este caso Colombia, son todos los países que la conforman quienes deben participar, por eso el malestar del resto de países. Costa Rica llamó precisamente a que se ejecutaran los procedimientos, pero cuando se canceló la reunión, Honduras mencionó que existía una oposición sistemática refiriéndose a esos países, pero realmente es que no se ha seguido el procedimiento».

«No es la primera ocasión que sucede; también hubo problemas cuando Honduras felicitó a nombre de la Celac la elección del señor Putin en Rusia, y ha sido reiterado que Honduras no ha manejado los procedimientos. Además de consensuar las reuniones, se debe de consensuar la agenda que se va a tomar», señaló el analista.

Seguidamente, se refirió a los temas de la agenda propuesta para la reunión de la Celac, y señaló que la inclusión de Haití y el medioambiente parecía innecesaria, ya que la solicitud inicial provenía de Colombia. Consideró que estos temas adicionales fueron incorporados para restarle importancia a la fricción entre Colombia y Estados Unidos por asuntos migratorios y que, en conjunto, estos errores han afectado negativamente a la presidencia de Honduras.

«Con un solo país que no haya sido consultado o que no haya estado de acuerdo, el consenso desaparece, tienen que estar todos los países miembros de acuerdo,. En segundo lugar, la troika es un primer paso, ellos deciden hacer las consultas, hay consenso en la troika y entonces buscan el consenso de los países miembros; ese es el procedimiento establecido, no es solo que la troika esté de acuerdo», detalló Graco.

El 3 de febrero de 2025, en Comayagua, Honduras, se llevó a cabo la Cumbre de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de la Celac, con la participación de 27 países de manera presencial y 6 de forma virtual. El evento, que reunió a ministros de Agricultura y representantes de 12 organismos regionales e internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), destacó avances en políticas públicas frente al cambio climático, la erradicación del hambre y la reducción de la pobreza.

Gerardo Torres, vicecanciller hondureño, resaltó en redes sociales que Honduras, en la presidencia pro tempore de Celac, logró construir consensos unánimes en temas clave. Además, anunció el inicio de la transición del cargo a Colombia, cerrando un año de liderazgo bajo Xiomara Castro. Torres también confirmó en redes sociales que este 6 y 7 de febrero se realizará en San Pedro Sula la XI Reunión de Coordinadores Nacionales de la Celac.

Este evento contrasta con la reciente suspensión de la reunión extraordinaria, y es muestra de los impases que enfrenta la región para alcanzar acuerdos unánimes frente a la maquinaria de Trump y su nuevo orden en Estados Unidos.

Por Wendy Paola R. Durón
Portada: Persy Cabrera

Para la Navidad de 2024, la lista de regalos solicitados por las dos infancias que acompaño incluía: una patineta, un monopatín, un carro a control remoto, una bicicleta nueva, un equipo para jugar béisbol, tacos para jugar fútbol y biberones para alimentar a los cuatro bebés (muñecas/os) que tenemos en casa como adopciones de la menor del hogar.

En un punto me pregunté dos cosas: ¿Las infancias que acompaño piensan que tengo mucho dinero? Tuvimos una pequeña plática sobre finanzas y prioridades del hogar, de la que espero haber logrado expresarme de forma que me comprendieran. Y ¿será que los papás ausentes, los que abandonan, los intermitentes, tienen conocimiento de las listas de regalos que solicitan sus hijos e hijas en las fechas de Navidad? ¿Será que las paternidades ausentes e irresponsables saben el daño que causan con su indiferencia e irresponsabilidad económica y afectiva?

Le consulté a una psicóloga si es posible identificar el daño que el abandono paterno causa en una niña o un niño. Su respuesta fue: «Sí, muchas de las personas que atiendo llegan a consulta con estas situaciones o heridas de su infancia».

Según datos del Registro Nacional de las Personas, en el año 2019 se registraron 19,985 nacimientos inscritos solo por la madre, y en el año 2020 fueron 13,716. Esta situación refleja una problemática social recurrente, la negativa o incertidumbre de algunos hombres respecto a la paternidad de un bebé concebido con una mujer con la que mantenían una relación sentimental, sexual o sexoafectiva. Es común escuchar decir en algunas familias: «Yo tengo la certeza de que los nietos o nietas de mi hija sí son mi familia, pero no los de mi hijo», comentarios que perpetúan estereotipos machistas y que contribuyen a que las mujeres sean vistas como mentirosas, y que además justifican el abandono y la irresponsabilidad paterna.

Es visto como normal también que un hombre se separe de su pareja o esposa, y que de igual manera se separe de los hijos e hijas que han procreado juntos.

Muchos y muchas hemos crecido sin un papá que esté presente, viendo a nuestras madres  trabajar largas jornadas para ser el sustento económico de la familia. A esa mamá a la que no alcanza el dinero para comprar los regalos de la lista de Navidad aunque a veces lo logre, quién sabe cómo y además para las famosas mudadas de estreno de fiestas decembrinas. En otros casos ha estado un papá que se ha dedicado a proveer a la economía del hogar, y claro que es importante, pero muchas veces no hemos tenido de su parte el soporte y contención emocional.

El abandono paterno está normalizado en nuestra sociedad. A veces podemos detenernos a ver la huella que produjo en nuestra vida, porque claro que deja huella, pero no es hasta que somos mamás o papás que realmente observamos ese impacto. Tenemos tan normalizado ver niños y niñas que crecen sin papá, que uno o una más que se agregue a las cifras, da igual. Una mujer más que tendrá que desgastarse y cansarse, ya sea exigiendo una pensión que no debería exigir, o haciéndose cargo sola, según lo que considere lo más oportuno para ella y las niñas, niños o adolescencias que acompaña.

Años atrás, me detuve a pensar en el abandono paterno, porque yo lo viví, pero había muchas cosas que ignoraba. Por ejemplo, un hombre que ya una vez ejerció un abandono paterno, a menos que realmente trabaje en sí mismo, en sus heridas, en los patrones machistas que tiene instalados desde muy temprana edad, difícilmente dejará de repetir el abandono y la ausencia. 

El sociólogo brasileño Agostinho Morosini señala que  «la gravedad del abandono paterno no puede permanecer invisible, siendo catalogado únicamente como un “hecho social”. Es una realidad muy dura, sentirse abandonado por aquellos que habían declarado “amar para siempre” Lo cierto es que esta es una realidad conocida en todo momento, pero oculta por la invisibilidad social». 

La mayoría de las personas en algún momento de nuestras vidas hemos vivido abandonos, ausencias, sobreprotección o indiferencia, pero creo que nos toca dar el paso y mirar a quienes no tienen responsabilidad, a las niñas y niños que por sí solos no pueden defenderse, y a quienes como sociedad nos toca cuidar y proteger su bienestar. Tal vez sea un paso necesario para que podamos ir sanando tanto dolor y abandono individual, familiar y colectivo que hemos vivido.

En muchas ocasiones amigos/as y familiares me preguntan: «¿Y vos dejás que el papá mire al niño y la niña?». Reconozco que inicialmente  me molestaba que me hicieran esa pregunta, porque en el fondo refleja esa idea que se tiene de que las mujeres hacemos las cosas por venganza, por estar enojadas o despechadas. Y aunque puede ser así en algunos casos, a medida que he ido leyendo, profundizando, cuestionando, descubro que muchas son falsas ideas que se han dicho y se dicen sobre las mujeres, y que lastimosamente nosotras nos las hemos creído en algún momento.

La escritora Adrienne Rich, en su libro Algunas notas sobre el mentir, dice que «la honestidad en las mujeres nunca se ha considerado importante ya que hemos sido generalmente representadas como caprichosas, engañosas, sutiles, vacilantes y a menudo hemos sido premiadas por mentir». Y no niego  que existan mujeres así, pero ¿por qué cuando hay infancias de por medio  creemos esos cuentos sobre las mamás? ¿Por qué no somos capaces de cuestionar al hombre que va repitiendo ciertos patrones de abandono, ausencias e irresponsabilidades? 

Adrienne Rich agrega: «De los hombres se ha esperado que digan la verdad sobre los hechos, no sobre los sentimientos de los que nunca se ha esperado que hablasen en absoluto. Sin embargo, incluso sobre los hechos ellos han mentido continuamente». Y les creemos.

Les creemos cuando en un juzgado se presentan y dicen: «Señora jueza, ella no me deja ver al o los/as niños/as»; cuando siendo sus parejas, y ya con un hijo o hija en abandono, nos dicen: «La mamá no me deja verlo/a, ella solo quiere dinero»; cuando en una Navidad, fingiendo llorar, dicen: «Uno tiene que fijarse con quién tiene hijos/as, porque, qué difíciles son las mujeres despechadas»; cuando siendo su familia nos dicen: «Ella no me deja ver al niño o niña, no sé de quién es ese bebé que espera». 

Les creemos y no tienen que probar que dicen la verdad, porque no solemos cuestionarlos ni pedirles evidencia de que visita, envía pensión, procura la estabilidad emocional y bienestar de sus hijos/as. Además, cuando venís de abandonos y ausencias, es difícil ver esos abandonos como lo que son: violencia hacia niños y niñas que se ha normalizado, y castigo emocional para la mujer sobre la cual el hombre ya no tiene el control.

Una amiga me preguntaba: «¿A usted le pasa que hay días que no quiere llegar a casa, que hay días que está cansada de pensar en todo lo que hay que hacer para mantener un hogar y sostener un niño y una niña? ¿A usted le ha pasado? Porque a mí sí, y esos días salgo del trabajo, me siento a tomar un café en algún lugar y recobro energía y recuerdo las sonrisas, los momentos bonitos, recuerdo que hay alguien que me espera en casa y se alegra de que yo llegue, y ya cuando se me ha bajado esta sensación, tomo camino a casa, porque yo soy la principal responsable del bienestar de esas infancias ».

Y sí, a mí también me pasa, yo también he querido estar ausente, yo también he querido abandonar. Y me asusté mucho el día que quise abandonar a las infancias que acompaño, pero me cuestioné: ¿de dónde me surgió este deseo? ¿De dónde viene el querer abandonar? Y me miré, miré mi historia, los múltiples abandonos y ausencias que he vivido de otros, de otras y de mí misma. Sentí el peso de ver cómo se hace para que un salario ajuste para mantener un hogar y las necesidades básicas de unas infancias, más la pesada carga emocional que recae sobre una cuando se supone era para dos, y entendí mis deseos de abandono y ausencia.

Pensé: yo puedo intentar hacerlo diferente, estar más presente, no abandonar. Pues por encima de las circunstancias en las que un niño o niña llegó a mi vida (y con esto me refiero a circunstancias consensuadas o haciendo uso del poder de elección de dos adultos), está la parte de hacerme cargo primero de mi propia historia, de mis propios sentimientos y malestares, para quitar el peso sobre las infancias, y ser responsable con ella y él. 

Hoy lo digo con firmeza: más allá del «instinto materno», la maternidad es una elección diaria para estar, acompañar, criar, educar, nutrir. Y si las mamás nos estamos cuestionando nuestras formas de criar y educar, de estar con nuestras infancias, ¿será también tiempo de que los hombres que son padres empiecen a cuestionar su forma de ser y estar con sus hijos e hijas? Y hablo, sobre todo, de los que abandonan, de los ausentes, intermitentes e irresponsables.

Ciudad Juárez/Sonora (México), 4 feb (EFE).-  México comenzó el despliegue de centenas de elementos de la Guardia Nacional hacia su frontera norte, compartida con Estados Unidos, a fin de reforzar la seguridad y el combate al narcotráfico, tras los recientes acuerdos entre la presidenta, Claudia Sheinbaum, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Este fin de semana, México y Estados Unidos acordaron poner una pausa de un mes a los aranceles que había decretado Trump del 25 % a las exportaciones mexicanas a partir del 1 de febrero, ya que Shenbaum prometió trasladar hasta 10.000 guardias nacionales hasta la frontera de ambos países.

Hasta este martes, reportes oficiales han precisado que tan solo en los estados mexicanos de Sonora y Chihuahua, en el noroeste de México, casi 500 integrantes de la Guardia Nacional han sido movilizados hasta estos puntos en la franja fronteriza binacional.

Sonora espera 1.500 guardias

México comienza despliegue de guardias nacionales a frontera norte tras acuerdo con EEUU

En el estado fronterizo de Sonora, aterrizó un avión de la Guardia Nacional con 120 efectivos que serán desplegados en la frontera con Arizona, en los Estados Unidos, una región donde según la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., ocurre hasta el 50 % del tráfico de fentanilo.

En total a la frontera entre Sonora y Arizona que es de 568 kilómetros, más otros 20 kilómetros de frontera entre Sonora y Nuevo México, llegarán 1500 efectivos de la Guardia Nacional que vigilarán desde San Luis Río Colorado, en los límites con Baja California, hasta Agua Prieta en los límites con Chihuahua.

El Inspector General Ricardo Rodríguez Alexander, comandante del Cuarto Batallón de la Guardia Nacional y jefe Coordinador Policial en Sonora, explicó que los efectivos vigilarán zonas urbanas, rurales, carreteras y aduanas, para inhibir toda clase de delitos, pero principalmente el tráfico del fentanilo y el flujo de indocumentados. 

“El despliegue del personal será en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades de los tres niveles de gobierno, el efectivo que llegará será de 1.500 oficiales de la Guardia Nacional los cuales estarán distribuidos en los municipios de San Luis Río Colorado 400 elementos; en Nogales 400 elementos, Sonoyta 200 elementos, Sasabe 100 elementos, Naco 200 elementos y Agua Prieta 200 elementos”, detalló el encargado de este despliegue.

 Fronteriza Ciudad Juárez moviliza sus primeros 250 elementos

Integrantes de la Guardia Nacional de México (GN) llegan a Ciudad Juárez este martes, en el estado de Chihuahua (México). EFE_ Luis Torres

El inspector general José Luis Santos Iza, coordinador del 31 Batallón de la Guardia Nacional con sede en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuhua, en la frontera norte de México, informó que han arribado más de 120 elementos desde el lunes y precisó que aún “está pendiente que arriben otros efectivos”.

Aunque no precisó cuál será el total de integrantes que esperan movilizar hasta este punto en la frontera norte de México detalló que los efectivos comenzarán a operar de inmediato en la franja fronteriza de Chihuahua, que abarca aproximadamente 800 kilómetros de límite con EE.UU.

«El personal que acaba de arribar pertenece a la Guardia Nacional y llegó con motivo de los recientes acuerdos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump”, señaló Santos Iza en entrevista para medios de comunicación.

Además, afirmó que esta acción tiene el objetivo de reforzar la frontera norte del país con personal de la Guardia Nacional para evitar el tráfico de drogas, principalmente fentanilo, al tiempo que el Gobierno estadounidense ha demandado frenar el flujo migratorio en la frontera que comparten ambos países.

El despliegue incluirá patrullajes a pie y en vehículos a lo largo de la franja fronteriza, así como en caminos que conducen a Estados Unidos. «Será una vigilancia permanente en la línea fronteriza», enfatizó Santos Iza.

El inspector general aclaró que la misión de estos elementos se enfoca exclusivamente en la lucha contra el tráfico de drogas y no en tareas de control migratorio. 

«Esta es una actividad separada; esta operación es únicamente para evitar el tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos, principalmente fentanilo», puntualizó.

Dos personas socias de la cooperativa campesina Gregorio Chávez fueron asesinadas en el Bajo Aguán, al norte de Honduras, tras una serie de ataques, secuestros y emboscadas de las que han sido víctimas otras organizaciones campesinas por parte de un grupo criminal armado que, según las denuncias, responde a los intereses de la empresa agroindustrial más importante de la zona: Corporación Dinant. Mientras tanto, el gobierno ha sido criticado por su respuesta lenta ante estos hechos.

Texto: Abigail Gonzales
Fotografía: Archivo CC

El viernes 31 de enero de 2025 fueron asesinados José Luis Hernández y Suyapa Guillén en la comunidad de Rigores, zona del Bajo Aguán, departamento de Colón, mientras se transportaban en una camioneta. Ambos eran miembros de la Empresa Asociativa de Campesinos Gregorio Chávez. En un comunicado emitido el pasado 1 de febrero,  las organizaciones del movimiento campesino y de derechos humanos declararon «territorio de emergencia por riesgo mortal» en las cooperativas Camarones, El Tranvío y El Chile, debido a los ataques de grupos armados. El comunicado señala que los sicarios son «apoyados por guardias bajo la responsabilidad de la Corporación Dinant que están desplazando y asesinando a campesinos y campesinas con el fin de desalojarlos de las tierras».

«Desde ahora señalamos que el Gobierno de la presidenta y sus funcionarios son cómplices de la agresión, el desplazamiento, la persecución, la criminalización y el asesinato de las familias que están bajo fuego en el suelo sagrado de Honduras, que prometieron defender, pues estando plenamente informados sobre la gravedad de la situación, no responden a la altura de la crisis letal», enfatizaron las organizaciones que suscriben el comunicado.

Mientras tanto, en una entrevista para Contracorriente, la ministra de Derechos Humanos Angélica Álvarez dijo que esa Secretaría ha estado presente en el Bajo Aguán en conjunto con la Secretaría de Seguridad. Afirmó que «hay 11 policías heridos en ese enfrentamiento y es importante rescatar, porque son seres humanos que han intervenido a solicitud de la Secretaría de Derechos Humanos, como Secretaría de Seguridad, para poder resolver esa problemática»

Asimismo, mencionó que mañana se reunirán las instituciones estatales y la Plataforma Agraria para definir soluciones ante el conflicto: «Mañana tenemos una reunión con las diferentes instituciones del Estado, junto a la plataforma Agraria, para el abordaje de este problema, para presentar soluciones ante esa problemática».

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras condenó el crimen y exigió una investigación inmediata y efectiva. «Este lamentable acto de extrema violencia forma parte de la escalada de agresiones contra varias cooperativas campesinas del Bajo Aguán, iniciada con la incursión de grupos armados», señaló la Oacnudh en el comunicado. Además, instó al gobierno a adoptar medidas urgentes para prevenir nuevos ataques y garantizar la protección de las familias campesinas. Según datos de la Oacnudh, en lo que va de 2025 se ha registrado el desplazamiento forzado de al menos 150 familias debido a la violencia en esa región del país.

En ese contexto, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, reconoció la gravedad del problema y calificó el conflicto en el Bajo Aguán como «complejo». Sin embargo, no anunció acciones concretas para enfrentar la situación. En ese sentido, Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán, en una entrevista para Contracorriente afirmó que, aunque en la zona existe presencia policial y recursos como las tanquetas y vehículos tácticos Black Mamba, no están siendo utilizados de manera efectiva.

Rivas agregó que alrededor de 60 personas armadas están teniendo control de la zona. Además, saquearon una tienda de consumo valorada en 1.8 millones de lempiras, propiedad de los 180 socios de la cooperativa.

Un hombre transporta palma africana en un carro jalado por caballos en el Valle del Aguán, en la comunidad campesina de Mártires del Tumbador. Trujillo, Colón, julio de 2022. Foto CC / Archivo.

«Han desplazado a las personas de su tierra, es el área donde está la agroindustria de Dinant, (la empresa) es quien está detrás de todo esto», aseguró el vocero de la Plataforma Agraria. Rivas también detalló que «el grupo criminal de Los Cachos está actuando en presencia de la policía, no sabemos lo que está pasando, pero las autoridades no están actuando».

La Corporación Dinant ha sido acusada de ser cómplice de estos ataques; además, organizaciones campesinas denuncian que las autoridades favorecen a estas corporaciones, ignorando las violaciones de los derechos  que sufren las comunidades.

El 22 de febrero de 2022, la presidenta Xiomara Castro firmó un acuerdo con la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) para abordar las causas estructurales del conflicto agrario en la zona. El acuerdo incluía la creación de una Comisión Tripartita destinada a investigar las violaciones de derechos humanos en la región y establecer mecanismos de reparación y garantías de no repetición. Además, se contemplaba la instalación de una comisión jurídica que presentaría propuestas de solución tanto del sector campesino como de las empresas agroindustriales.

Pese a la firma de los acuerdos, el Gobierno no ha cumplido, lo que ha llevado al movimiento campesino del Aguán, junto con diversas organizaciones sociales del país, a reiterar su denuncia sobre el incumplimiento de estos compromisos.

El 1 de noviembre de 2024, durante su última visita al país, una delegación de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó a grupos paramilitares y un alto riesgo para defensores y defensoras de derechos humanos en el Aguán, a la vez que urgió al Estado para que implemente una política de desarme para reducir la violencia y controlar a las agencias de seguridad privada que operan para las empresas agroindustriales en la zona. 

Sobre estas preocupaciones, hay antecedentes de violencia que respaldan a la CIDH. En octubre de 2023, fue asesinado Kevin Meza, un joven de 24 años, miembro de la Empresa Asociativa Isletas (EACI), cuando la Policía Nacional y la seguridad privada de de la Empresa Agrícola Santa Inés, subsidiaria de la transnacional Dole Food Company, organizaron una emboscada contra miembros de la cooperativa que iniciaban una recuperación de tierra en las fincas Guanacaste, La Paz y Esperanza, ubicadas en la comunidad de Isletas. 

El 24 de noviembre de ese mismo año, por una orden judicial, se desalojó a por lo menos a 100 familias de la EACI. Aproximadamente 900 policías y miembros del comando de fuerzas especiales Cobra llevaron a cabo el desalojo. 

El director del Instituto Nacional Agrario, Francisco Funes, declaró recientemente que grupos criminales y alcaldes estarían detrás del conflicto en el Bajo Aguán. Vale la pena mencionar que Adán Fúnez, alcalde de Tocoa y operador político del actual Gobierno en el Bajo Aguán, apareció en un video negociando financiamiento con narcotraficantes junto a Carlos Zelaya, cuñado de la expresidenta y exsecretario del Congreso Nacional. Fúnez, además, se opone al desarme general en la zona. 

Te recomendamos leer esta nota: Acuerdo para solucionar conflicto en el Aguán cumple un año manchado por asesinatos

La violencia en el Bajo Aguán tiene raíces profundas. Desde los años noventa, con la implementación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola por parte del Gobierno de Rafael Callejas, miles de campesinos han sido despojados de sus tierras. Según la Plataforma Agraria, en la última década más de 200 campesinos han sido asesinados en la región. La violencia en el Bajo Aguán sigue escalando, y representa graves amenazas a la seguridad y derechos de las comunidades campesinas. A pesar de los esfuerzos y acuerdos previos, la falta de acciones efectivas mantiene la incertidumbre en la zona.

Texto e ilustraciones por Angel Gabrello

«Esa es música de mujeres», «los niños no escuchan eso», «eso es música de culeros».

Esas son frases que casi todo hombre gay o miembro del colectivo al que le gusta el pop ha escuchado en algún momento de su vida, especialmente durante su adolescencia o en alguna etapa de desarrollo personal. A mí me pasó,  es un tema que nos toca de cerca: las divas pop, esas artistas y musas que han acompañado y marcado la vida de millones de personas dentro de la comunidad LGBTIQ+. 

Aunque no todos los hombres gays se sienten inclinados hacia este tipo de música, es innegable que existe una conexión universal y profunda entre estas figuras y sus fans gays.

Es casi como si naciéramos con un imán interno que nos lleva a buscar a esta representación de una mujer talentosa, poderosa y visualmente impactante, a la que adoptamos como símbolo de fuerza, respeto y admiración.

Eso sí, a ningún niño o adolescente se le dijo, «vos sos gay, tenes que escuchar a Beyoncé». Al contrario, muchas veces este gusto fue reprochado o ridiculizado. A mi parecer, esta afinidad surge de manera orgánica desde una edad temprana y, al crecer, terminamos identificando  ese vínculo compartido con otros hombres gays, sin ninguna influencia externa. 

Pero, ¿qué representan estas artistas para la comunidad LGBTIQ+? Y ¿por qué se demoniza a estas cantantes? A pesar de su éxito, sus millones de ventas y talento inmensurable, admirarlas es a menudo catalogado como «vacío» o «superficial».  Escuchar música dirigida a una audiencia mayoritariamente femenina y gay tiene una connotación negativa.

Tengo un recuerdo vívido de estar viendo un canal de videos musicales alrededor de 2005. Yo tendría unos seis años en ese entonces y, de repente, me encontré deslumbrado viendo a una mujer rubia vestida con nada más que diamantes pegados al cuerpo. En otras escenas aparecía como una aeromoza bailando en un avión, luego como una agente secreta de cabello rojo esquivando lásers de la manera más elegante posible, y finalmente completando su misión de «intoxicar» a un hombre mientras lucía como una mujer fatal. Estaba viendo «Toxic» de Britney Spears. Desde ese momento hasta hoy, no he podido superar a esta diva.

En ese instante, lo único que sentí fue admiración y asombro: ver cómo todos esos personajes se fusionan en una sola mujer, cuya aura transmitía tanto poder, no solo visualmente, sino también con su voz y ese sonido emblemático, clásico del dance pop.

¿Cómo algo que me llenaba de poder podía ser considerado algo malo para mí, o para cualquier otro niño que en ese momento contemplaba este ícono monumental?

¿Qué hace a un ícono gay? 

Las divas y su definición existen desde hace más de un siglo. Fuera del ámbito musical, podemos mencionar a íconos del cine de oro como Marlene Dietrich, Joan Crawford, María Félix, entre otras, adoptadas como símbolos admirados por la comunidad homosexual de la época. Muchas veces, este apoyo fue recíproco, como en el caso de Félix, quien mostró una postura adelantada a su tiempo.

Sin embargo, no fue hasta la aparición de Judy Garland, considerada el primer ícono LGBTIQ+, que se forjó el término gay icon. Su actuación en  El Mago de Oz (1939) la convirtió en este símbolo. Como mencionó la revista Times en 1967, «una cantidad desproporcionada de sus admiradores parecen ser homosexuales. Los chicos en sus pantalones ajustados, blanquean sus ojos, se tiran del pelo y prácticamente levitan de sus asientos, particularmente cuando Judy canta «Over the rainbow». 

Aunque el comentario es estereotipado, su mensaje es claro: los gays amaban a Judy Garland. Con el tiempo llegaron nuevas divas como Donna Summer, Olivia Newton-John, Cher, Diana Ross y muchas más. ¿Qué tenían todas estas artistas en común para atraer tanto a este público en específico? La representación LGBTIQ+ en los medios prácticamente no existía y si aparecía, era negativa. 

Las divas no sólo ofrecían música o voces inigualables, como Barbra Streisand, Mariah Carey o Celine Dion, sino que también presentaban un mundo idealizado, conceptual, visualmente rico y lleno de belleza. Para muchos gays, que enfrentaban problemas sociales, familiares y de rechazo, estas artistas representaban un escape. Sus letras, sufrimientos y escándalos se volvían identificables.

Pero las divas, además de marcar culturalmente y ser un apoyo importante a la comunidad LGBTIQ+, como  Madonna y Lady Gaga, tienden a poseer un sonido muy específico. Si bien no se limitan a este estilo, ya que también pueden ser poéticas y buenas compositoras, su música suele ser bailable, electrónica y seductora, con un dominio total del show, características que comparten Britney Spears, Kylie Minogue y Beyonce.

Por otro lado, están las divas del pop con un estilo más melancólico, como Lana del Rey, Billie Eilish y Adele. También están aquellas que nos marcaron en la infancia, cuando nuestras madres y tías las escuchaban: Rocío Durcal, Amanda Miguel, Jeanette y Myriam Hernández, algunas de las cuales quedan en nuestras playlists hoy en día. Las divas se admiran desde la pista de baile hasta la melancolía de un amor no correspondido. Yo,  personalmente, adoro el drama de estas canciones. 

Volviendo al  primer ícono, Judy Garland, su himno «Over the rainbow» es la canción principal de El mago de Oz, una película que narra la historia de una joven solitaria que queda al cuidado de sus tíos tras la muerte de sus padres, y accidentalmente llega a un mundo de fantasía, lleno de color, en contraste con su gris realidad. 

El pop, el dance pop y sus variantes representan ese mundo de fantasía, un lugar seguro para muchos miembros de la comunidad LGBTIQ+, que durante años, y en diversas etapas de la vida, han encontrado en él un refugio.

Lo que las divas nos ofrecen con su arte, vestuario, baile, producciones innovadoras y empoderamiento sexual podría interpretarse como un mundo utópico, un descanso de la dura realidad.

La comunidad adoptó canciones icónicas que, reinterpretadas, se adaptan a la experiencia gay, como  «I will survive», de Gloria Gaynor, «Believe», de Cher, o «Express Yourself», de Madonna.

Otras canciones se han convertido en parte del estilo de vida y las discos gays, como «Can’t get you out of my head», de Kylie Minogue, «Raise your glass» de Pink, «Don’t stop the music», de Rihanna, o «I kissed a girl», de Katy Perry.

Sin embargo,  fue  «Born This Way», de Lady Gaga  en 2011, el primer sencillo de gran magnitud que abordó el tema LGBTIQ+ explícitamente. Esto ocurrió después de «Free Xone» de Janet Jackson, una canción de su álbum The Velvet Rope (1997), que, aunque no fue un sencillo, también tocó temas de identidad y aceptación.

Más allá de la diva de preferencia, Madonna y Lady Gaga han sido figuras clave en la comunidad, no solo con su música, sino también creando conciencia y luchando por los derechos y la visibilidad del colectivo. Se podría decir que son las divas más agradecidas y leales a su público. Madonna, durante la crisis del VIH/sida en los ochenta, se opuso públicamente a la propaganda negativa contra las personas con la enfermedad y al estigma hacia los hombres gays de la época, algo que no era común en ese entonces.

Otros íconos gays fuera del ámbito musical, como Elizabeth Taylor y la princesa Diana de Gales, también hicieron grandes aportes a la comunidad.

Las divas del pop no se quedan solo en el mundo del espectáculo, sino en el de las causas y luchas sociales por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+.

¿Por qué la vergüenza?

La feminidad y belleza a menudo son interpretadas como algo malo y lleno de prejuicios. ¿Por qué? ¿Y por qué lo que habla de armas, machismos y abusos es considerada como buena música? Que suele ser escuchada mayormente por hombres heterosexuales.

Aún así, hay millones de mujeres que tienen inclinaciones totalmente opuestas al pop o la música girly y optan por otros géneros. Muchas lo hacen porque es parte de su identidad y gusto personal, pero en otros casos esto puede estar influenciado por una construcción social. Durante años se ha perpetuado la idea de que ciertos géneros representan «buena música», una norma moldeada y aprobada según los gustos de muchos hombres heterosexuales.

Las divas del pop ofrecen calidad, moda, voz, coreografía, poesía, producciones experimentales e influencia, sin mencionar los millones de ventas y récords que han roto. Desde Whitney Houston hasta Christina Aguilera, pasando por iconos contemporáneos como Miley Cyrus, Lana del Rey, Ariana Grande, Charli XCX, y figuras latinas como Shakira y Thalía, existe una gran representación de íconos gay. Entonces, ¿por qué se nos reprocha admirarlas? ¿Por qué debería ser un secreto?

Muchos nos vimos obligados a decir que escuchábamos otro tipo de música por la vergüenza que nos inculcaron y para encajar con nuestros compañeros, por el machismo y la homofobia internalizada. La heteronormatividad a veces obliga a las personas diversas o con gustos musicales distintos a mezclarse con la multitud. 

No todos los miembros de la comunidad se sienten atraídos por las divas, pero sí muestran interés en otros mundos ficticios como videojuegos, ciencia ficción, magia y superhéroes. 

Los hombres gays son muy diversos y están presentes en todas las áreas laborales y de la vida, pero una gran parte se dedica a las artes visuales, como el diseño de moda, el maquillaje, los peinados y los procesos creativos. Esto no se trata de escapar de la realidad, sino de la necesidad humana de tener algo estable que forme parte de nuestra identidad.

¿Por qué elegimos a las artistas mujeres? 

Un hombre gay puede disfrutar y escuchar la música de un artista masculino perfectamente, pero quizás no con la misma intensidad o admiración que siente por las artistas femeninas, incluso si esos artistas también son gays, como Freddie Mercury, George Michael, Sam Smith, Elton John o Troye Sivan. Sería comprensible no sólo admirar la música de estos artistas, sino también sentir una atracción física o sexual, como las mujeres heterosexuales disfrutan y desean a cantantes como Justin Bieber, Bad Bunny, Drake y Harry Styles, entre otros. Sin embargo, esa conexión no existe, o es muy rara.

El terapeuta Joe Kort explicó en 2012 para The Huffington Post: «Mi teoría es que al inicio de nuestra vida, nuestra inhabilidad de apegarnos e identificarnos con los hombres nos puede llevar a tratar de escapar hacia el reino femenino, para evitar la vergüenza y el miedo de ser comparados desfavorablemente con otros hombres. Aunque esto sea cierto tanto para gays como para heterosexuales, los hombres heterosexuales llevan estos problemas a sus parejas mujeres. Al no tener una mujer como pareja, recurrimos a nuestras divas».

Sin fomentar estereotipos, la idealización de un artista masculino es mucho más compleja para un hombre gay, ya que la representación de poder, sexualidad y emociones a menudo sigue una estructura más heteronormativa, difícil de identificar con la vida y sentimientos de una persona LGBTQI+. Esto es completamente opuesto con las artistas femeninas, incluso si el artista masculino es gay. Existen miedos internalizados relacionados con la comunidad, como tensiones, atracción física, y el temor a que el cantante sea el típico mean girl gay. Por el contrario, una diva no nos genera inseguridad.

En pocas palabras, aunque seguimos siendo hombres y muy felices siéndolo, emocionalmente nos identificamos más con una energía femenina.

Existen innumerables razones por las que un hombre gay encuentra en estas artistas a su mother o incluso varias a lo largo de su vida. Estas divas han ayudado a millones de personas de la comunidad a superar momentos difíciles, inspirandonos a crear en diversas áreas y a identificarse con sus luchas. Nos enseñan a admirarlas por su resiliencia, su relevancia y su capacidad de mantenerse vigentes, pero también porque no hay nada que se compare con una buena canción pop y una mujer «devorando» el escenario.

Narcotraficantes de alto perfil en la política hondureña han sido procesados en los últimos años en las cortes estadounidenses, pero eso no ha cambiado la percepción de las y los ciudadanos sobre el narcotráfico como uno de los problemas que menos les quita el sueño; por el contrario, existe cierta añoranza ante la posibilidad de su retorno no solo al país, sino también al poder.

Por Jennifer Avila

Honduras está enviando a sus últimos ciudadanos en extradición hacia Estados Unidos en enero y febrero de 2025, marcando así el final de un capítulo crucial en su historia reciente. El acuerdo de extradición, firmado por ambos países y habilitado por el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, está a punto de expirar por completo después de la decisión de la presidenta Xiomara Castro de denunciarlo para inhabilitarlo. Esto a pesar de que el tratado alcanzó su momento más simbólico con su propia elección en 2021, cuando la población votó por un cambio, motivada en gran medida por la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández.

La reciente decisión de Castro de dar por terminado el acuerdo el 28 de agosto de 2024, tras revelarse una negociación entre narcotraficantes y líderes de su partido, pone fin a un ciclo de juicios que destaparon los mecanismos de una narco-cleptocracia que ha controlado Honduras durante los últimos 25 años. Estos procesos judiciales estuvieron marcados por acusaciones de narcotráfico, política corrupta y testimonios reveladores que sacaron a la luz el funcionamiento interno de este sistema.

Frente a la nueva era que se viene en materia de justicia, la población en Honduras que busca sobrevivir a diario, ha restado importancia al problema del narcotráfico y, por el contrario, hasta parece añorar los tiempos en que la narco-filantropía o la misma narcopolítica se encargaba de resolver problemas sociales. Un ejemplo de esto es la celebración en El Paraíso Copán por la liberación de “Chande” Ardón, narcotraficante y alcalde, testigo clave en el caso de Juan Orlando Hernández. 

El pasado 13 de enero, “Chande” Ardón, el exalcalde narcotraficante de El Paraíso Copán en Honduras, recibió una sentencia de “tiempo servido” después de más diez años de residencia vigilada por parte de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ese mismo día, el pequeño pueblo en el que el alcalde no solamente construyó un edificio municipal enorme con la intención de ser una réplica del capitolio de Washington, sino también un imperio criminal y violento, reventó en felicidad por la liberación de su cacique. Nada significó en ese pueblo abandonado todo lo que se comprobó en tribunales estadounidenses, los 56 asesinatos en los que Ardón aceptó haber participado, las 250 toneladas de cocaína que Ardón aceptó haber traficado o el fraude electoral y cómo aportó a la construcción del narco- Estado hondureño.  

Otro ejemplo es también la añoranza de mucha gente en el occidente de Honduras por el retorno de algunos miembros de la familia Valle Valle que también fueron liberados tras ser enjuiciados por narcotráfico en la corte del distrito Este de Virginia, en EE.UU., o el recuerdo de “Los Cachiros” como los señores que daban trabajo con sus empresas y hasta celebraban el Día de la Madre en los barrios pobres de Tocoa, en el norte de Honduras. 

A inicios de 2024, el Sondeo de Opinión Pública que realiza todos los años el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), estableció que la gente encuestada (una muestra nacional) opina que la crisis económica supera todos los problemas en el país y que problemas relacionados con la salud, la educación, el narcotráfico, la violencia de policías y militares, las maras y pandillas, la extorsión y la impunidad preocupan a menos del 3 por ciento de la población.

El caso de Amílcar Alexander Ardón es uno típico para explicar esta visión del impacto del narcotráfico y la narcopolítica en la sociedad. Su historia es la de un joven de la comunidad, un muchacho trabajador que se superó y trajo cosas al pueblo que antes no se veían. Como cuando a Macondo llegaron las maravillas de los gitanos, imagínense ver llegar a un pueblo empobrecido y campesino una bazuca, o ver construido allí en el centro un edificio con enormes columnas y un helipuerto, y que todo esto fue posible por un muchachito del pueblo. Ardón contó en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández que su primer impulso asesino ocurrió cuando de adolescente tuvo que vengar a su familia tras el asesinato de su hermano. Esto, en Honduras, tomarse la justicia por la propia mano, se ve casi como un acto de honor. En uno de los países más impunes de la región (las cifras apuntan a un 90 %), la única otra opción sería la resignación cristiana. 

Pasó también con los líderes del cártel de los Valle, quienes fueron enjuiciados en Estados Unidos entre 2013 y 2016. Algunos ya fueron liberados y retornados a Honduras, donde nadie los persigue y donde además sus bienes les esperaron intactos. Pasó también con “Los Cachiros”, los narcos del Aguán, que algunos recuerdan con nostalgia y que cuando se entregaron a la justicia gringa ante su inminente extradición provocaron que muchas personas salieran a las calles pidiendo su liberación, porque sus empresas daban empleo. Pasa también ahora cuando más de alguna persona ha dicho que Juan Orlando Hernández no fue tan malo como el gobierno actual (aunque esté preso en Nueva York por hacer funcionar el Estado de protección criminal) y ven en su esposa una candidata presidencial ideal en la próxima contienda electoral. 

El hecho de que la administración de Castro –el gobierno del cambio y de la transformación– también terminara salpicada por involucramientos con el narco y acabara con el tratado de extradición, genera en la población hondureña una suerte de resignación. De nuevo: el malo que a veces hace algo es mejor que el malo que no hace obras. Y así transcurre la democracia en Honduras que en 2025 va a elecciones con los caciques que operan con las mismas artimañas clientelistas y con la misma maquinaria aceitada en la fusión conveniente entre crimen y política.

Es tan perversa la dinámica de impunidad de la que se alimenta la política hondureña, que en estos momentos, la precandidata a presidenta por el Partido Nacional, Ana Hernández, esposa del expresidente convicto en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, Juan Orlando Hernández, se ha referido a él como “prisionero de guerra” y como “víctima del lawfare de la izquierda radical”. Lo ha dicho en los medios de comunicación nacionales y recientemente en el programa de Matt Gaetz, un ex representante republicano en el Congreso de los Estados Unidos, quien por poco queda al frente del Departamento de Justicia en ese país tras el triunfo de Donald Trump. El lobby pro Juan Orlando Hernández en Estados Unidos quiere lograr un indulto en ese país, pero también cada día le dice a la sociedad hondureña que el expresidente condenado por narcotráfico  puede salvar al país.  

En cuanto a los juicios en Estados Unidos, queda la amarga sensación de que los grandes beneficiados fueron los narcotraficantes, quienes compraron su libertad entregando a los políticos que facilitaron sus operaciones sangrientas. Mientras que en Honduras siguen solo cayendo presos los más pobres, los eslabones más débiles de una cadena de crímenes que al final terminan sosteniendo el país.

Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual Contracorriente forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.

Por Dany Díaz Mejía

«La verdad, no quiero a Lupe ni ella me quiere. No, por lo menos, a la manera en que se entiende el amor. Estamos unidos por algo más fuerte. Riesgos compartidos hombro con hombro, viéndole la cara a la muerte. Y mucha sangre, manchándonos a los dos.»

— Mario Vargas Llosa, La Fiesta del Chivo.

 

Los amantes se reúnen después de dos semanas sin dirigirse la palabra. Ambos pensaron que todo había terminado, quizás por los espinosos choques, por esas largas pausas que parecían estancar el amor, que alguna vez se avizoraba interminable.

Ella quería que él la visitara el día que regresó deportado de Houston. Él pensó que iría a verla una vez hubiese sorteado los reclamos de su familia, del dinero que le habían prestado, de la vergüenza de haber sido pillado antes de cumplir seis meses, antes de haber podido obtener una muestra, cualquier muestra, de que había valido la pena ese año que pasó en México, durmiendo en una tienda de campaña frente un refugio en el que no le permitían dormir por ser un hombre solo, aun cuando él se moría por esa mujer, su flaca, a la que no dejaba de enviarle largas notas de voz, prometiendo pronto volver a su lado.

Solo iría a Houston por un año, solo lo suficiente para ahorrar y poner un negocio, una fuente de bienestar, un peldaño de una posible vida juntos. Quizás un emprendimiento que les permitiría ahorrar para una boda, una ceremonia no como una más de las de su pueblo, sino una celebración especial y de la que podrían hablar por muchos años venideros.

Pero ella hubiera querido haberlo visto el día de su retorno. No había esperado tantos meses solo para que él decidiera que era más urgente ver antes a su familia. Al fin y al cabo, si ellos se convirtiesen en un nosotros, con un devenir infinito, o por lo menos continuo, él ya debería de haber internalizado esa máxima de las sagradas escrituras, esa que exhorta al hombre a abandonar a su madre y a la mujer a abandonar la casa de su padre. Pero más bien parecía que él solo lograba dominar el arte de la fuga, del escape de la realidad que los acechaba día a día, pero en ese deslizamiento, que él justificaba como una búsqueda de un futuro mejor, no lograba acercarlos.

Ella se sentía cada vez más excluida de un proyecto que él no dejaba de describir como conjunto. Esos meses que él pasó en México habían sido para ella incomprensibles. Al menos en Honduras tenía un trabajo, claro que quizás solo pagaba cuatro dólares al día y era excesivamente demandante a nivel físico. Él era un niño brillante que en otras circunstancias habría llegado a ser ingeniero, pero en su pueblo solo podría aspirar a llegar a ser capataz o supervisor de la plantación de caña de azúcar o de la fábrica, una vez que se hubiese mostrado a los jefes como un hombre de confianza, pero no demasiado ambicioso. 

Sin embargo, en México él solo consumía los ahorros de su familia, la deuda que había adquirido con unos amigos de ocupaciones cuestionables, y el dinero que decía haber empezado a guardar en una cuenta de la cooperativa que serviría para un futuro juntos, porque, aunque no lo decía explícitamente, ella había entendido que para él era obvio que tendrían un futuro juntos. Ella no estaría con alguien con quien no pudiese proyectarse hacia la eternidad, o la versión más cercana a la que los simples mortales pueden aspirar.

Cuando él no la visitó ese fin de semana, ella dudó del futuro de su amor. Quería, sobre todo, que él quisiera verla antes de aterrizar en los vericuetos de la realidad. Por eso había dejado de hablarle por dos semanas, porque no concebía que él no hubiese tenido la necesidad desmedida, la urgencia física, la sed insaciable de verla, que hubiese, en vez, podido poner en espera un impulso vital que ella sentía como incontenible. Ella interpretaba esa contención como falta de amor. Pero no podía seguir ignorando los WhatsApp de él, tenía que verlo, abrazarlo, saber a ciencia cierta si todo estaba perdido.

Cuando se vieron, no lograron decirse nada. Solo se abrazaron. Se besaron con el hambre de quien no ha comido por días, pero que tiene que comer despacio, por temor a que esos primeros bocados le derrumben, o le envuelvan en una crisis gastrointestinal. Esa noche, después de hacer el amor primero despacio y luego salvajemente, se quedaron hablando hasta la madrugada. Ella le pidió un plan para el futuro. Él le propuso retomar la plática en tres meses, después de encontrar algún balance con su familia, la que no dejaba de hostigarlo.

Ella se fue por la mañana, sabiendo que no volverían a besarse —esa estrategia no podría sostener el amor. Por eso, le dijo que se quedara en cama cuando él ofreció levantarse para acompañarla a la puerta.  Ella sabía, y él lo sabría más tarde, sin haberlo dicho jamás en voz alta, que, detrás de esa despedida no dicha, pesaba el secreto que compartían, quizás la verdadera razón por la que él se ausentaba en planes, supuestamente colectivos, pero que lo aislaban de la relación.

En realidad, sin que los amantes lo supieran, ese secreto, meses atrás, había sido el fin. Ahora solo quedaba la distancia, la ruptura, el fin del amor.

Texto y portada por Persy Cabrera

En la colonia donde viví durante más de veinte años iniciaron la búsqueda de un «ambiente más seguro» colocando una caseta con guardias de seguridad en la entrada vehicular. Luego instalaron un portón, dos portones, tres, y pronto todas las entradas peatonales estaban bloqueadas. 

En el bloque donde viví hay una cancha que tiene un aro de baloncesto, y la base metálica de este sirvió como portería de fútbol durante muchos años, en la pared del fondo está dibujado –si no es que se ha borrado con el tiempo– un rectángulo que hizo de portería rival. Durante mi adolescencia ese fue mi punto de encuentro con cipotes de esa y de otras colonias y, por supuesto, de otras realidades. Antes de irme hace un año, ya como un adulto, esa cancha no era más que un portón cerrado con candado.

En Tegucigalpa los capitalinos pasamos nuestro tiempo de ocio en centros comerciales. Caminamos, caminamos y caminamos en círculos hasta detenernos cada cierto tiempo para ver a través de los vidrios enormes de las vitrinas. El tiempo de ocio del hondureño se pasa en el mall y el acceso a espacios públicos de esparcimiento está obstaculizado por portones, inseguridad y militarización.

Esto lo apuntó Ixchel Ayes, arquitecta con una maestría en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la Universidad Católica de Chile, en una entrevista que le realicé sobre el crecimiento vertical de Tegucigalpa en octubre de 2024. De acuerdo con ella, un centro comercial ni siquiera debería ser un edificio muy grande porque la fórmula, como lo llama ella, de las plazas comerciales pequeñas también funciona y se ha extendido en toda la capital.

En una entrevista reciente, Ayes me dijo que el espacio público no es solo aquel que usamos para movilizarnos, también lo es aquel que nos sirve de descanso, recreación y encuentro. El espacio público «en el sentido amplio, es importante porque es todo el espacio que se comparte y donde es posible construir  vínculos comunitarios, fortalecer el tejido social y por ende asumir roles ciudadanos en torno a lo que se conoce como “bienes comunes”» apuntó la arquitecta.

«Durante los últimos 30 años, los espacios públicos son cada vez más comercializados y han sido sustituidos por edificios privados o semipúblicos» dice un documento sobre el espacio público tras Hábitat III, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenido realizada en 2016. 

Aquella cancha fue importante para mí. Todos los días en la tarde pedía permiso (o no) para salir a jugar. Jugué al fútbol con niños, adolescentes, incluso un par de adultos que hacían deporte para no «oxidarse». Algunos de ellos venían de colonias categorizadas como lugares peligrosos, que probablemente lo eran y todavía lo son. Mi mamá decía que los cipotes con los que jugaba eran unos «tapudos» porque pronunciaban «malas palabras» que yo no podía decir. Jugamos mucho fútbol durante mucho tiempo, botamos muchas pelotas a varios patios vecinos, incluido el de mi casa.

¿Habría que construir más canchas? 

Hace unas semanas la presidenta Xiomara Castro inauguró la cancha de fútbol número 60, la construcción y reparación de la infraestructura del país ha sido uno de los trabajos que más ha resaltado el oficialismo. Un artículo periodístico de Allan Bu en Contracorriente detalló que, a pesar que desde el Gobierno se comunicó que la asignación de fondos para esta labor no depende del color político, la inversión es mucho mayor en los municipios afines al Partido Libertad y Refundación (Libre).

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Desde 2017 hasta el final de su periodo de gobierno en 2022, el expresidente Juan Orlando Hernández, promovió los «parques para una vida mejor». Su propuesta eran estos espacios con canchas multiusos, máquinas de ejercicios, ciclovías, internet gratuito, y por supuesto militarizados, colocando como guardianes de la entrada a agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) para garantizar un «espacio seguro».

Durante la administración de Ricardo Álvarez como alcalde de la capital se promovieron los «barrios seguros», que permitieron a la población poner portones, candados, cadenas, o lo que fuera para mantener el control de ingreso a las calles de acceso a las colonias y barrios del Distrito Central. Normalizamos vivir encerrados.

La arquitecta Ixchel Ayes me dijo que las canchas son necesarias pero insuficientes y además «atienden necesidades recreacionales para personas que están en condiciones de hacer deporte de alta movilidad, pero no atiende recreación y actividades deportivas para personas con movilidad reducida, personas con discapacidad, personas de tercera edad ni infancias». Además, ella considera que no es una solución buscar «cercar áreas verdes y parques, y dejarles una única entrada y salida». Concluyó diciendo que  «la seguridad no es permanecer encerrados ni constantemente vigilados, nos sentimos seguros y seguras cuando vemos a otros y otras con quienes tenemos cosas en común usando el espacio en libertad, ahí percibimos que podemos hacerlo también».

Así llegamos a los malls o centros comerciales, o a las versiones mini de estos: las plazas comerciales, que ahora se extienden por toda la capital. Llegamos ahí a pesar que estos espacios son excluyentes porque todas las actividades que coexisten ahí requieren dinero y muchas ni siquiera son baratas. Si nos buscan en nuestros tiempos libres, probablemente estaremos en un mall, porque es el único espacio que se acomodó a la seguridad que exigimos. Porque algunos lugares icónicos de la ciudad para reunirse y tener vistas más verdes y en los que se puede respirar un aire más fresco, tienen más obstáculos para alcanzarlos.

Necesitamos más espacios públicos incluyentes, verdes, sin muros, sin candados o portones.

Entre 2017 y 2023, los tres partidos mayoritarios en Honduras no reportaron gran parte del origen del financiamiento de sus campañas políticas, pese a los antecedentes de financiamiento ilícito demostrados en casos de narcotráfico en EE. UU. Además, de cara a las elecciones primarias de 2025, solo 374 candidatos han presentado informes y abierto cuentas bancarias para la transparencia del proceso, a pesar de que ya se han gastado alrededor de 19 millones de lempiras en actividades de campaña, según un informe de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD).

Texto: Abigail Gonzales
Fotografía: Fernando Destephen

Los principales partidos políticos de Honduras no reportan un gran porcentaje del origen de los fondos de sus campañas políticas, de acuerdo con un informe de la Red de Defensa de la Democracia (RDD) presentado el miércoles 28 de enero. En ese sentido, el 76.9 % de los fondos del Partido Liberal, el 50.5 % del Partido Nacional y el 40.7 % del Partido Libre no tienen una fuente identificada.

Según el informe, en las elecciones primarias de 2021, más de la mitad de los candidatos no reportaron el origen de sus recursos financieros; además, destaca que muchos precandidatos y precandidatas han realizado actividades de campaña que han generado costos elevados sin claridad sobre su financiamiento. Además, expresaron sus preocupaciones acerca de la falta de avances significativos para erradicar la corrupción relacionados con la promesa de la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) y la suspensión del tratado de extradición.

Para los representantes de la RDD, la transparencia y la correcta administración de los recursos destinados a las campañas políticas son fundamentales para establecer la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral. Sin embargo, los informes sobre el origen de recursos utilizados en las campañas han mostrado grandes inconsistencias. 

En las elecciones primarias de 2021, de un total de 4,065 candidatos, solo 1,437 presentaron informes sobre el origen de sus financiamientos. De estos, solo 6 fueron sancionados por no cumplir con la normativa. Por otro lado, en las elecciones generales de 2021, de los 4,879 candidatos, 1,747 candidatos no cumplieron con la presentación de informes o tenían inconsistencias en los mismos, por lo que fueron sancionados, aunque aún no se han ejecutado dichas sanciones.

Para las elecciones primarias de 2025, de los 5,971 candidatos, solo 374 han abierto sus cuentas bancarias y presentado los informes correspondientes.

Además, según el informe, los tres principales partidos recibieron financiamiento ilícito para sus campañas políticas desde 2004. Estos datos surgen a raíz de los procesos judiciales por narcotráfico en Estados Unidos, en los que han estado implicados varios políticos hondureños, como el expresidente Juan Orlando Hernández y el exdiputado del Partido Liberal Midence Oquelí Martínez. Asimismo, en septiembre de 2024, se reveló que el exdiputado de Libertad y Refundación, Carlos Armando Zelaya, sostuvo una reunión con narcotraficantes en 2013.

Datos presentados por la Red de Defensa de la Democracia y el Observatorio de la Democracia sobre el financiamiento de los partidos políticos. Tegucigalpa, enero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

En una entrevista para Contracorriente, la diputada del Partido Liberal Claudia Ramírez expresó que «es vergonzoso que quien está en la cumbre de esto es el Partido Liberal, y esto solo refleja que debemos de hacer una depuración dentro del partido». También dijo que la junta directiva del partido es la que debería explicar el alto porcentaje de financiamiento ilícito recibido. «Creo que quien debe dar la mejor explicación son las autoridades partidarias, y la junta directiva que está en este momento. Recordemos que son seis años que abarcan administraciones pasadas y actuales», apuntó.

Asimismo, Ramírez instó a los actores políticos a trabajar con transparencia.  «Abran sus cuentas y demuestren a la población hondureña de dónde viene el dinero para las campañas políticas, no compren conciencias, Honduras no necesita eso, lo que necesita es salud, educación y seguir adelante», expresó la diputada.

Según los datos presentados por la RDD y el Observatorio de la Democracia, los precandidatos y precandidatas llevaron a cabo 291 eventos solo en el 2024, que representaron 19 millones de lempiras en actividades de campañas electorales. Los costos incluyen inversiones en publicidad tradicional, impresión de afiches, organización de eventos públicos y publicidad en redes sociales y medios alternativos.

De igual forma, se ha identificado que la inversión en pautas publicitarias a través de  redes sociales supera más de un millón de lempiras, según Meta. Respecto a la inversión en pautas de campañas publicitarias en redes sociales entre los precandidatos, los datos muestran que Jorge Cálix ha destinado 730,041 lempiras, Carlos Urbizo 198,498 lempiras, Maribel Espinoza 145,733 lempiras, Luis Zelaya 9,000 lempiras y Rasel Tomé 3,525 lempiras.

Carlos Hernández, director de Asociación para una Sociedad Justa (ASJ), en una entrevista para Contracorriente indicó que «este informe nos dice que se realizaron casi 300 eventos públicos valorados en casi 20 millones de lempiras, pero no se sabe cuál es el origen. En un país donde el narcotráfico sigue presente en la política, se requiere que den cuentas y eso justamente es lo que nos preocupa, y es el mensaje que la RDD está dando. Lo mínimo que pueden hacer es aplicar la ley».

La falta de avances sustanciales en el combate a la corrupción ha generado preocupación en la RDD. Durante su campaña política, el actual gobierno prometió la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) como uno de los pilares fundamentales de su gestión. Sin embargo, hasta la fecha, no se han implementado medidas concretas para cumplir con este compromiso. En lugar de ello, se han aprobado amnistías políticas y se denunció el  tratado de extradición con Estados Unidos.

César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) en el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), cuestionó la decisión de denunciar el tratado de extradición y apuntó que considerando la efectividad del tratado en Honduras «ahora se busca limitar la capacidad para desarticular redes criminales». El coordinador agregó que no se puede pasar por alto la situación del país indicando que «no podemos decir que Honduras ya dejó de ser un narco-Estado».

El Observatorio de la Democracia de la RDD también cuestionó el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos para «atacar y amenazar», y destacó que el 63.8 % de sus posteos en redes sociales se realizan en horas laborales. Entre los funcionarios que utilizan sus redes con este fin se destacan Ricardo Salgado, con un 89.6 % de publicaciones que incluyen ataques, seguido de Milton Benítez con un 68.6 % y Roberto Quesada con un 53.9 %.

Finalmente, la Red por la Defensa de la Democracia instó al Gobierno a cumplir con los compromisos asumidos en el fortalecimiento del sistema de justicia.

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Por Stephen McFarland
Portada: Persy Cabrera

La primera visita al exterior del secretario de Estado de un nuevo gobierno de Estados Unidos siempre manda una señal clara de las prioridades norteamericanas. En su primera visita, el secretario Marco Rubio, conocido exsenador, llegará a Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. Esto se debe a que el gobierno del presidente Trump ve a estos países como actores que lo pueden apoyar en los temas de la migración irregular hacia Estados Unidos, la presencia de China en la región, y las relaciones con Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Esta visita ocurre justo después del choque entre Estados Unidos y Colombia por la forma en que fueron deportados algunos colombianos. 

Este reciente enfrentamiento ilustra dos aspectos clave para entender al nuevo gobierno del presidente Trump. Primero, la importancia del tema migratorio para el presidente en una relación bilateral, aún cuando la relación incluye muchos otros temas importantes. La migración irregular pasó de ser uno de varios temas importantes en la política interna norteamericana de 2016 a 2020, a ser el tema que impulsó la victoria de Trump en 2024. Quienes pensaron que Trump iba a implementar más mesuradamente sus políticas migratorias después de ganar las elecciones se equivocaron. Segundo, la rapidez –en menos de un día– con la cual Trump mandó a elevar aranceles a las exportaciones colombianas, cancelar visas, y ejecutar otras sanciones económicas. Quienes pensaron que la diplomacia norteamericana continuaría aplicándose de forma moderada también se equivocaron. 

Si se añade a lo anterior las recientes declaraciones sorpresivas del presidente Trump sobre México, Canadá, Groenlandia y Panamá, es evidente que los países de la región se enfrentan a una relación con Estados Unidos distinta a la que han tenido por muchas décadas. Esta relación será mucho más transaccional y enfocada en el corto plazo, y será a veces cambiante y más confrontativa. 

Por otro lado, el presidente Trump también ha puesto en marcha un proceso que disminuirá su influencia y poder en la región. Se trata de la suspensión de por lo menos tres meses de los proyectos de asistencia del Departamento de Estado y de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid). Estos proyectos potencian, entre otros, a las fuerzas policiales, a los grupos de la sociedad civil que apoyan al Estado de derecho y se oponen a la corrupción, a pequeños empresarios y a entidades que proveen servicios básicos de salud. A la larga estos programas permiten a los países ofrecer una alternativa a la migración.

En Guatemala, el secretario Rubio encontrará un gobierno que en su primer año ha aumentado la cooperación con Estados Unidos en temas de migración y la lucha contra el narcotráfico, y que podría estar dispuesto a incrementarla. Guatemala toma decisiones que coinciden con intereses claves con el país del norte: mantiene firmes sus relaciones con Taiwán, a diferencia de los otros países que visitará Rubio, y apoya a Israel, donde el presidente Arévalo estudió. Guatemala también reconoce la victoria de Edmundo González en Venezuela, al que el presidente Arévalo recibió este mes en Guatemala. 

Sin embargo, el Estado guatemalteco es débil, en gran medida por la corrupción a gran escala cultivada durante los cuatro gobiernos anteriores. Esta ola de corrupción ha dejado como resultado deficiencias en infraestructura, seguridad, salud y trabajo, factores que coinciden con la ola migratoria guatemalteca desde 2013. Actualmente, la economía guatemalteca sobrevive en gran parte gracias a las remesas que los migrantes de ese país aportan, que superan los mil quinientos millones de dólares al mes y representan el 19 % del Producto Interno Bruto. 

En 2023, los guatemaltecos votaron contundentemente por Bernardo Arévalo, quien prometió luchar contra la corrupción. Los ciudadanos de a pie, especialmente de los pueblos indígenas, protestaron para defender los resultados electorales. Ese diciembre, el entonces senador Rubio emitió una declaración que ayudó a poner fin a los esfuerzos de la fiscal general Consuelo Porras y del llamado «pacto de corruptos» para invalidar la victoria de Arévalo. Sin embargo, la fiscal general y sus aliados continúan afanados en evitar a cualquier costo que Arévalo nombre a un nuevo fiscal cuando termine el período de Porras en 2026. 

El poder de la fiscal general y sus aliados radica en su control total del Ministerio Público y de una buena parte de la judicatura que han bloqueado o terminado las investigaciones en alegatos de gran corrupción. Sus debilidades son la poca credibilidad que tienen como proyecto político –de ahí su fracaso en bloquear la toma de posesión de Arévalo– y la falta de una alternativa de gobierno creíble que reduzca la presión para emigrar hacia el norte.

Para el gobierno del presidente Arévalo, la visita del secretario Rubio es una oportunidad tanto de proponer una mayor colaboración para frenar humanitariamente la migración, mejorar las condiciones que provocan la migración, como para proponer visas temporales para trabajadores agrícolas, así como continuar con los programas de asistencia que favorecen al país y a su gente, y posiblemente acordar una mayor cooperación militar. Para el secretario Rubio, la visita ofrece una oportunidad para ver cómo una Guatemala democrática y los Estados Unidos pueden trabajar juntos, y para profundizar la cooperación entre los dos países. 

Ciudad de Panamá, 31 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inicia esta semana en Panamá un viaje que lo llevará también a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana, países aliados de EE.UU., con una agenda marcada por la migración, uno de los asuntos prioritarios del presidente Donald Trump, y la amenaza de «recuperar» el Canal de Panamá.

El secretario de Estado tiene previsto reunirse, en su viaje entre el 1 y el 6 de febrero, con los mandatarios de esos países para abordar, principalmente, el asunto migratorio, buscando «detener la migración ilegal y a gran escala», según anunció este viernes el Departamento de Estado en un comunicado, después de que la semana pasada comenzaran las polémicas redadas y deportaciones contra migrantes en Estados Unidos.

También se informó, como objetivos del viaje, que buscará «luchar contra el flagelo de las organizaciones criminales transnacionales y los narcotraficantes, (y) contrarrestar a China».

De Panamá a República Dominicana

Se espera que Rubio llegue a Panamá el sábado. Su visita se da en medio de la polémica promesa de Trump de «recuperar» el canal por la supuesta influencia china en la vía, algo que el Gobierno panameño niega, aunque analistas panameños como Rodrigo Noriega opinan que este viaje podría «bajar la tensión».

También, según expertos consultados por EFE, se espera que aborde la crisis migratoria en la peligrosa selva del Darién, la frontera natural con Colombia que cruzan a diario cientos de migrantes en su camino hacia Norteamérica. La situación en la frontera sur de Panamá ha sido atajada con duras políticas del Gobierno de José Raúl Mulino, entre ellas vuelos de devolución pagados por Estados Unidos.

En su visita a El Salvador, el país «podría pretender negociar un trato más benigno para los migrantes salvadoreños en Estados Unidos a cambio de recibir migrantes de otras nacionalidades, incluso extracontinentales», según señaló a EFE la salvadoreña Celia Medrano, periodista y experta en temas migratorios.

Rubio también viajará a Costa Rica en una visita calificada por el presidente Rodrigo Chaves como «excelente» y que servirá para ratificar al país centroamericano como un «socio estratégico» del Gobierno norteamericano.

En Guatemala, Rubio se reunirá por su parte con el presidente Bernardo Arévalo de León y el canciller Carlos Martínez para conversar sobre los objetivos estratégicos conjuntos, como “el mantenimiento de la estabilidad democrática, fortalecimiento de la seguridad fronteriza, gestión migratoria y la profundización de los lazos de gobierno», principalmente, según la información oficial.

Se espera que el 5 y 6 de febrero Rubio cierre en República Dominicana su gira por la región, para abordar la crisis en el vecino Haití y la migración a Estados Unidos, con unos 2 millones de dominicanos en territorio estadounidense.

Ante las denuncias por presuntos malos tratos a los migrantes al ser deportados, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país caribeño reconoce que si bien la política migratoria es un derecho soberano de los Estados, debe existir el pleno respeto de los derechos fundamentales de los dominicanos.

Ni Honduras ni Nicaragua

Rubio, sin embargo, no viajará a Nicaragua u Honduras, ambos un paso obligado para transeúntes de todo el mundo que se dirigen desde Suramérica hacia Estados Unidos, pero también emisores históricos de migrantes, al vivir en territorio estadounidense más de un millón de hondureños y nicaragüenses, entre residentes legales e indocumentados.

Debido a las masivas deportaciones anunciadas por Trump, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció esta semana un programa oficial «Hermano, vuelve a casa» que dará a los migrantes retornados un bono económico de 100 dólares, alimentación y capital semilla para poner en marcha emprendimientos por valor de 1.000 dólares.

Además advirtió que si Trump ordena una masiva deportación de hondureños, la base militar que Estados Unidos tiene en Honduras, desde hace más de 40 años, no tendría razón de existir, aunque ha anunciado su disposición «al diálogo constructivo y amistoso».

Esas deportaciones migratorias por Estados Unidos, tras llevar a cabo redadas, han elevado las tensiones entre algunos países como Colombia, que se negó a recibir a los aviones debido a que -argumentaban- los migrantes no recibían un trato «digno».

En medio de ese «impasse», superado por ambos países, Castro había convocado una reunión «urgente» en «formato híbrido» de presidentes y jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para tratar entre otros el tema migratorio, que finalmente fue cancelada.

Respecto a Nicaragua, Rubio ha sido enfático desde que era senador contra el presidente Daniel Ortega, quien se encuentra en el poder en Nicaragua desde 2007, al señalar que tiene «las manos manchadas de sangre» y que dicho Gobierno es una «dictadura criminal que tortura a presos políticos».

El ahora secretario ha criticado la falta de oposición y solicitó en su momento a la Organización de los Estados Americanos (OEA) una investigación sobre la violencia de las protestas de 2018, que dejó 352 muertos, atribuidos a Ortega y a las fuerzas policiales.

La oposición nicaragüense aplaudió por su parte en noviembre pasado la designación de Rubio como Secretario de Estado, destacando que podría ser una pieza clave contra el Gobierno del sandinista Ortega al «conocer a los dictadores» (en referencia a su origen cubano).

“Marco Rubio conoce a los dictadores, sabe cuáles son las formas de trabajar, sabe que no son de paños tibios, sino que hay que trabajar con fuerza, mostrar fuerza para generar cambios. Así que, obviamente, los dictadores de Venezuela, Cuba y de Nicaragua, Daniel Ortega, deben de estar sumamente preocupados”, comentó, por su lado, el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro.

A diario la Policía Nacional presenta estadísticas sobre los resultados de la aplicación del estado de excepción, vigente desde el año 2022 en Honduras. Todos los días, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) presenta ante los medios de comunicación a personas capturadas, supuestamente  la mayoría por cobro de extorsión o narcomenudeo. El promedio semanal de detención de la Dipampco es de 45 a 50 capturas, y según ese cuerpo policial, al menos la mayoría de las personas capturadas este 2025 ya tienen la medida de prisión preventiva, hacinados en un sistema penitenciario diseñado para 13,000 personas, pero ya alberga a alrededor  de 20,000.

El estado de excepción se ha extendido 17 veces, y en la última ocasión solo por mandato presidencial, sin la aprobación del Congreso Nacional. Esta medida no ha sido popular entre los diputados, y se ha dicho que no ha generado avances significativos en la reducción de la incidencia de delitos como la extorsión y la asociación ilícita. 

Pero no solo los diputados han señalado irregularidades con el estado de excepción. Por ejemplo, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT) sistematiza las capturas y sus datos contradicen la efectividad de los operativos. Esta organización señala que la Dipampco realiza capturas arbitrarias, con implantación de pruebas y amenazas. Según el CPTRT, las personas pasan ocho horas detenidas sin que sus familiares sepan su paradero hasta la presentación en un centro de detención, como la estación policial Core 7 en Los Dolores, o la posta del barrio El Manchén en Tegucigalpa

El CPTRT también ha identificado que hay patrones en las capturas de la Dipampco, por ejemplo, que vuelven a capturar a las personas que después de un proceso judicial recobran la libertad en el marco de los allanamientos avalados por el estado de excepción. Según denuncias que han recibido por parte de familiares de privados de libertad, este hostigamiento se debe a que los agentes de la Dipampco tienen acceso a los expedientes en el juzgado de ejecución, y así se dan cuenta de las personas que han salido con preliberación o ya cumplieron pena o cualquier proceso que los ha llevado a libertad. 

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Aunque Honduras ha reducido su tasa de homicidios a la más baja de su historia reciente, con 26.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, según datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la extorsión ha incrementado en los últimos años; solo el sector transporte reportó haber pagado 500 millones de lempiras en el 2024. Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) contabiliza 700 denuncias contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado desde que se instauró el estado de excepción en diciembre del 2022 a octubre del 2024, y 108  desapariciones forzadas en las que se identifica a agentes del Estado como perpetradores. 

En medio de este contexto, el estado de excepción se ha prolongado incluso hasta ahora, cuando solo faltan 38 días para el primer proceso electoral del 2025. 

El retorno del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri, tras años huyendo de la justicia, agrega una ficha más al mapa político de San Pedro Sula. Mientras Roberto Contreras mantiene altos niveles de popularidad, el liderazgo del Movimiento 28 de Junio (M-28) defenestró a Rodolfo Pastor de María y Campos para ofrecer la candidatura a Padilla Sunseri, sin importar que este haya estado prófugo y que un juez le negó acogerse a la amnistía tras ser condenado en 2022 por el delito de prevaricato. 

Texto: Allan Bu
Con reportes de Catherine Calderón
Fotografía: Catherine Calderón y redes sociales
Portada: Persy Cabrera

«¡Viva nuestro alcalde Rodolfo Padilla Sunseri, ya está en nuestra tierra!», repitió varias veces una mujer vestida con una camisa del Movimiento 28 de Junio; la emoción la desbordaba. El sábado 18 de enero de 2025, activistas y líderes del Partido Libertad y Refundación (Libre) prepararon un gran recibimiento en el aeropuerto de San Pedro Sula para el excalcalde Rodolfo Padilla Sunseri, quien regresó al país después de permanecer ocho años en el extranjero, huyendo de la justicia hondureña. 

Padilla Sunseri retornó al país después de acogerse a la Ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, que concedió una amnistía «general, amplia e incondicional» en favor de exfuncionarios que tenían procesos de investigación en los tribunales por supuestos delitos cometidos entre el 27 de enero de 2006 y el 28 de junio de 2009. La amnistía también alcanza a personas que protestaron en contra del Golpe de Estado y a defensores de los territorios y la soberanía nacional. 

En el 2017, mientras enfrentaba un proceso judicial, Padilla cumplía prisión domiciliaria. El exalcalde huyó cuando se emitió una orden de captura en su contra y permaneció prófugo hasta el sábado 18 de enero de 2025. Antes, en el 2022, Padilla quiso adherirse a la amnistía tras ser acusado por el delito de malversación de caudales públicos, pero el beneficio le fue negado por la Segunda Sala del Tribunal de Sentencia en San Pedro Sula. 

La defensa del exedil presentó dos recursos de reposición que fueron resueltos a favor por la Corte de Apelaciones de lo Penal el 14 de diciembre de 2024, con lo que se anuló la orden de captura que pendía sobre Padilla. No obstante, el 27 de diciembre del mismo año, el Juzgado de Ejecución de lo Penal en San Pedro Sula negó la solicitud de amnistía para el delito de prevaricato administrativo en perjuicio de la administración pública, delito por el que ya fue condenado, y que sin recibir la amnistía lo inhabilita políticamente por seis años. 

Contracorriente contactó al abogado René Altamirano, quien es el encargado de la defensa de Padilla Sunseri. Se le consultó si el exalcalde ya no tiene procesos de investigación pendientes y si ya está en pleno goce de sus derechos políticos, pero hasta el momento de la publicación de este artículo, no había respondido. 

El abogado Altamirano declaró a medios de comunicación que se interpuso un recurso de revisión contra la condena de Padilla Sunseri. Explicó que en 2017 fue condenado por abuso de autoridad, pero la defensa recusó el fallo en ese momento. Luego, en 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso y cambió el delito a prevaricato administrativo, lo que, según Altamirano, «es desde todo punto de vista inconstitucional».

Parece que a buena parte del liderazgo en Cortés no le importan los problemas con la justicia que ha tenido Padilla. En el aeropuerto lo recibieron como su salvador y lo proclamaron como nuevo alcalde. Rixi Moncada, la inminente candidata presidencial de Libre, tampoco ha ocultado su deseo de que Padilla sea el candidato del M-28 en San Pedro Sula. 

La llegada del exalcalde ha sacudido el mapa político en San Pedro Sula, pues hasta diciembre de 2024, la principal apuesta de Libre para la alcaldía sampedrana era el exministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, quien hace unos meses asumió el reto a propuesta del liderazgo de Libre.

 «Yo soy sampedrano, me importa mi ciudad, y en ese sentido me parece una oportunidad interesante. En el Gobierno de la presidenta, habíamos comprobado la capacidad de fungir bien y yo no tenía intención de aspirar a un cargo de elección popular, había decidido permanecer con la presidenta Xiomara Castro, pero se identificó obviamente la necesidad de plantear una alternativa para San Pedro Sula, ya que es una ciudad muy importante para el país», dijo Pastor.

Aunque Pastor, quien fue uno de los funcionarios más influyentes del actual Gobierno, no menciona a los liderazgos que le ofrecieron la oportunidad de ser candidato a la alcaldía sampedrana, lo cierto es que la cúpula del partido se ha regocijado con el regreso de Padilla Sunseri. Por ejemplo, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ahora miembro activo del partido oficialista, publicó una foto en la que aparecen él, Manuel Zelaya Rosales, Rixi Moncada y Padilla Sunseri. 

«Es un honor recibir a Rodolfo Padilla Sunseri, quien, tras 15 años de persecución política por el golpismo, regresa a Honduras, propuesto ahora para recuperar la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula», anunció el presidente del Legislativo, quien aspira a la reelección en su curul como primer candidato del M-28. 

Rodolfo Padilla Sunseri fue recibido por una multitud en el aeropuerto Ramón Villeda Morales. San Pedro Sula, 18 de enero de 2025. Foto CC/ Catherine Calderón.

La candidata presidencial Rixi Moncada también mostró en la red social X su alegría por el retorno de Padilla Sunseri «para participar en las próximas elecciones primarias, seguro fortalecerá nuestra unidad y las victorias de Libre y la resistencia en 2025. Bienvenido, compañero. No lo pudieron vencer 15 años de exilio y persecución de quienes no volverán. ¡Venceremos!».  

Estos mensajes sugieren que Rodolfo Pastor ya no es la opción de la cúpula que lo invitó a la contienda por la alcaldía de San Pedro Sula. 

La corrupción en la alcaldía sampedrana no es algo nuevo. El nacionalista Óscar Kilgore (2002-2006) fue enviado a prisión por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de deberes de los funcionarios, mientras que Padilla Sunceri fue condenado por abuso de autoridad y en el 2020, según el Ministerio Público, tenía pendientes otras causas por 87 delitos de abuso de autoridad, malversación desviatoria y evasión.

Pero los señalamientos no se limitan a esos dos períodos. En agosto de 2024, el vicealcalde Omar Menjívar le dijo a Contracorriente que en las administraciones anteriores y también en la actual, ha habido un grupo de personas que hicieron y siguen haciendo maniobras reñidas con la ley para quedarse con los contratos más jugosos en la comuna sampedrana. Además, en 2024 el MP inició una investigación sobre contratos otorgados en la municipalidad a una constructora propiedad del tío del yerno del alcalde Roberto Contreras, Steve Fajardo. La empresa existe, pero el alcalde negó que hubiese dolo o tráfico de influencias en la operación. 

Foto tomada del perfil de Luis Redondo en X.

Las disputas en Libre

Rodolfo Pastor reconoce, aunque no totalmente, que no es la opción del liderazgo de Libre para San Pedro Sula. Era el candidato del M-28, pero ahora dice que tuvo diferencias con la dirigencia de este movimiento y dejó la candidatura. Luego quiso ser candidato del Pueblo Organizado en Resistencia (POR) de Mauricio Ramos, quien no aceptó su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Tuve una diferencia muy fuerte con un sector del liderazgo del M-28 de Junio aquí en el municipio. Rompí por diferencias muy claras, ellos practican la política de una manera con la que yo no comulgo. Han maltratado y marginado a la base del partido y a quienes se identifican con otros movimientos del partido», dijo Pastor. 

El M-28 es el más poderoso a nivel del partido en el Gobierno; la mayoría de las bases y los puestos burocráticos están en sus manos. Pastor reconoce que romper con este movimiento a nivel municipal —durante la entrevista siempre hizo la salvedad que era a nivel municipal, aunque las acciones reflejan que es a nivel nacional— tiene un costo, pero dice que él se siente honrado de poder platicar con las bases del partido «que exigen respeto, unidad y inclusión». 

La influencia del M-28 en el Gobierno se observa en la planilla de diputados por el departamento de Cortés, encabezada por siete congresistas actuales que pretenden reelegirse bajo la bandera de este movimiento: Luis Redondo, Scherly Arriaga, Netzer Mejía, Iris Pineda, Ramón Barrios, Linda Donaire y Samuel Madrid.

Le consultamos a Pastor si es difícil ganar una elección en Libre sin la bendición de Manuel Zelaya, y respondió así: «El M-28 sí se identifica como un movimiento con mayor capacidad, tiene una estructura muy fuerte y han tenido una relación más fuerte con el alto mando del partido. Tienen en las instituciones del Estado una presencia muy importante y eso les da una serie de recursos y ventajas, pero no es cierto que no existan otros movimientos con posibilidades reales de llevar representantes al partido». 

Natividad Reyes, candidato a diputado por el M-28, fue una de las personas que recibió a Padilla Sunseri en el aeropuerto, y cree que es el hombre que San Pedro Sula necesita para combatir sus problemas. «Él tenía años de estar fuera del país, pero ahora tiene la oportunidad de regresar a su patria y cumplir con su aspiración de ver a San Pedro Sula convertida en una ciudad propia y digna de todos sus ciudadanos. Aquí está todo su pueblo recibiéndolo con la esperanza y la certeza de que lo vamos a convertir en el próximo alcalde de San Pedro Sula», dijo. 

Al ser consultado sobre las razones por las cuales Padilla es el hombre idóneo para San Pedro Sula, Reyes respondió que «es un político humilde, que aunque fue alcalde nunca se alejó de su gente. Padilla Sunseri es la persona que necesitamos para salir adelante». 

Como suele suceder en la política, cada competidor dice tener el favor de las masas antes de la llegada a las urnas. Por ejemplo, Armando Antúnez, quien es precandidato a diputado por la corriente Somos Más, aseguró que las bases de Libre acompañan a Rodolfo Pastor, el candidato que ha trabajado por más de seis meses en barrios y colonias de San Pedro Sula. «Las bases lo están aceptando porque hemos caminado con él, creo que la tiene difícil Padilla, aún siendo un gran elemento», advirtió.

Antúnez cree que el caudal político de Padilla Sunseri ha disminuido debido a que algunas de las bases están controladas por el regidor liberal José Antonio Rivera, y otro grupo ha pasado a formar parte de la estructura de Roberto Contreras, quien busca la reelección con el movimiento de Jorge Cálix. Menciona la cercanía de las elecciones primarias que se realizarán el 9 de marzo de 2025, y asegura que después de 15 años fuera de la política, «la juventud ya no lo conoce». 

«Padilla está investigado, ¿cuál es la percepción que tiene la gente de su candidatura? Hay mucho rechazo de su candidatura dentro del partido», afirmó Antúnez, quien agregó que al exalcalde lo están convenciendo para que acepte la precandidatura, pero que una decisión acertada de su parte sería apoyar el proyecto de Pastor. 

«Se decía que ni Mel ni Rixi lo aceptaban (a Pastor), era una mentira disfrazada por intereses particulares, y ese interés era esperar a Padilla Sunseri para inscribirlo por el M-28», aseguró Antúnez. 

Pastor fue muy mesurado para referirse al caso de su eventual adversario en las internas de Libre. Afirmó que es muy positivo que regrese a su país para estar con su familia, y calificó como importante el legado que dejó a la ciudad. «La gente que ayudó le mantiene cariño y simpatía», manifestó. 

Además, sobre los procesos ante la justicia hondureña que Padilla Sunseri ha tenido que enfrentar, dijo que «es víctima de la persecución que comenzó después del golpe de Estado»; sin embargo, agregó que determinar si el exalcalde tiene cuentas pendientes con la ley le corresponde al aparato de justicia. 

Sostuvo que de momento es solo un rumor que Padilla tenga la intención de competir, aunque tiene la certeza que el M-28 le ha ofrecido la candidatura, pero que no ha aceptado. «Pero si fuera el caso y terminara aceptando la candidatura del M-28, para mí sería muy interesante poder competir contra un liderazgo tan importante como el de don Rodolfo, igual como vamos a competir contra don Adeliano Amaya [Fuerza de Refundación Popular (FRP)] y Ricardo Panchamé [Movimiento Renovación Nuevas Alternativas (Morena)]», mencionó. 

Rodolfo Pastor manifestó que él tiene el apoyo de las bases y cuenta con la propuesta más sólida para recuperar San Pedro Sula y transformarla en «una ciudad que sea más justa, que le provea a sus habitantes el bienestar y la dignidad a la que tienen el derecho y se les ha negado».

San Pedro Sula y el alcalde

Hay más de una decena de precandidatos a la comuna sampedrana, y la mayoría se arropan bajo la bandera de los tres partidos mayoritarios del país. Entre estos figuran el actual alcalde Roberto Contreras (liberal) y el exalcalde Armando Calidonio (nacionalista). Hay otras figuras importantes como Rodolfo Pastor y Adeliano Amaya en Libre, el diputado nacionalista Yaudeth Burbara, y como candidato independiente ha anunciado su participación el abogado Víctor Fernández, un reconocido defensor de los derechos humanos. 

Rodolfo Pastor describe a San Pedro Sula como una ciudad plagada de problemas, que ha crecido rápidamente pero de forma desorganizada y sin ninguna planificación, sometiendo a su población a condiciones que son inaceptables para la ciudad económicamente más próspera del país; «la mayoría de la población vive en pobreza», dijo.

Contracorriente contactó sin éxito al alcalde Contreras para buscar su perspectiva del actual contexto político en la ciudad en la que muchos activistas y ciudadanos lo colocan como el favorito en las próximas elecciones. Aunque tampoco le faltan las críticas; destacan su fuerte presencia en redes sociales, pero le reclaman el descuido en muchos aspectos de la ciudad, especialmente el estado de las calles, ya que hay sectores que necesitan una reparación con urgencia. 

Mientras en las redes sociales y por otros medios la ciudadanía le pide a Contreras la reparación de calles en varios barrios y colonias, el alcalde anunció la aprobación de 100 millones de lempiras para el concreto hidráulico en un segmento del segundo anillo periférico de la ciudad, dejando claro que el «Gobierno central no pudo».

Por otro lado, Pastor pone en tela de juicio el compromiso de Contreras respecto a la administración de la municipalidad sampedrana: «Tengo claro que tiene capacidades histriónicas no solamente para entretener sino, yo diría, para distraer a la población de nuestros problemas reales, que es evidente que no han sido atendidos; los problemas reales él los ha ignorado y ha pretendido distraernos con sus payasadas. Y yo propongo que seamos serios», aseguró Pastor. 

El alcalde Contreras, quien en la elección anterior se convirtió en el alcalde más votado en la historia de San Pedro Sula, ganando las elecciones con más de 150,000 votos, llegó al poder en una alianza con Libre y el Partido Salvador de Honduras (PSH). En ese momento, Contreras no contaba con estructuras ni bases, pero esa realidad puede cambiar ahora que tiene una plataforma desde la municipalidad. 

No obstante, Armando Antúnez cree que el próximo alcalde será de Libre, como lo dijo Mel Zelaya después de las elecciones de noviembre de 2021, y que será Pastor. Sostiene que Contreras traicionó a la base de Libre que trabajó con él y que marginó totalmente al vicealcalde Omar Menjívar, al punto de excluirlo de las reuniones de la corporación. 

Concluyó que ha sido un mal administrador de la municipalidad que hace espectáculos para atraer adeptos. «La estructura de él no existe, más que la poca gente que lo siguió. No tiene base sólida, solo es un pensamiento suyo, que tiene 150 mil votos y de eso que se olvide, no los va a tener. El voto duro vuelve a su partido», dijo. 

La presidenta Xiomara Castro no estuvo presente en la instalación de la IV Legislatura del Congreso Nacional, el pasado 25 de enero, y tampoco la mayoría de secretarios y secretarias de Estado, quienes participan activamente en la campaña política de Rixi Moncada, precandidata a la presidencia por el Partido Libre y ministra de la secretaría de Defensa. En cambio, sí estuvieron presentes algunas personalidades que en los últimos meses han sido señaladas por distintos actos de corrupción.

 Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen

En tiempos de elecciones, la propaganda y el discurso político no solo se han llevado a giras de campaña electoral, sino que también se difunden en eventos oficiales en los que las máximas autoridades deben rendir cuentas sobre su gestión año con año. Esto fue lo que más destacó en la instalación de la IV Legislatura del Congreso Nacional, la última de este período de gobierno.

En este evento, se convoca a los presidentes de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para brindar datos e información sobre los desafíos u obstáculos que enfrentaron en su administración en el último año. Sin embargo, Renato Florentino, designado presidencial en representación de la presidenta Xiomara Castro, y Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, omitieron dar detalles sobre su desempeño y, en su lugar, prometieron cumplir las demandas de la ciudadanía, siempre y cuando continúen en el poder.

«Pueblo hondureño, en este 9 de marzo, en las elecciones, tenemos la oportunidad de demostrar que el poder del pueblo sigue siendo nuestra mayor fuerza», expresó el designado presidencial Renato Florentino en su intervención, haciendo referencia a las elecciones primarias.

El designado presidencial, Renato Florentino durante su intervención en la instalación de la IV legislatura del Congreso Nacional. Tegucigalpa, enero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

De las cuatro legislaturas que se han instalado en esta administración, la presidenta Xiomara Castro solo ha asistido a la de 2024, ya que en la de 2022 aún no había tomado posesión y en 2023 fue sustituida por la designada presidencial Doris Gutiérrez. Contracorriente consultó a la ministra de la presidencia, Sarahí Cerna, sobre la ausencia de la mandataria en la instalación de esta legislatura; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Además, la mayoría de secretarios de Estado no estuvieron presentes, a excepción de Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Erick Tejada, ministro de la Secretaría de Energía y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y Tomás Vaquero, ministro de la Secretaría de Gobernación, Descentralización y Justicia (SGDJ), quien fue acompañado por su esposa Pamela Blanco, incluida en la «Lista Engel» de actores antidemocráticos y corruptos publicada en diciembre de 2024.

Blanco, quien no había asistido antes a la instalación de una legislatura en el Congreso Nacional, fue señalada en la lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos en diciembre del año pasado por «socavar procesos e instituciones democráticas al presionar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones para obtener ciertos resultados, además de usar sus conexiones con funcionarios del gobierno para ejercer influencia».

En Contracorriente hemos revelado los nexos irregulares de Pamela Blanco Luque en las distintas esferas del poder en Honduras, al ser socia del bufete legal que representa a las empresas de Lenir Pérez, empresario minero investigado por el FBI y dueño de un conglomerado empresarial  que ha causado el despojo y criminalización de defensores del ambiente en el Bajo Aguán, al norte de Honduras. Además, es apoderada legal de la corporación Hanes Brands, señalada por incumplimiento de derechos laborales y explotación, según organizaciones de sociedad civil y empleados de este sector.

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En cuanto a los ministros que no estuvieron presentes, algunos asistieron a la concentración política de la precandidata a la presidencia de Libre, Rixi Moncada. A la precandidata, que a su vez está al mando de los militares en el país en su cargo de ministra de Defensa, la acompañó la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luther Castillo.

Formación de cadetes de la Academia Nacional de la Policía durante los actos de instalación de la IV legislatura del Congreso Nacional. Tegucigalpa, enero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen

Para Joaquín Mejía, abogado especializado en materia de derechos humanos, la rendición de cuentas del ejecutivo debió haber sido distinta, apuntar a las cosas que se han cumplido y a las que no, y potenciar las promesas de campaña que la presidenta Castro ha logrado cumplir en los últimos tres años, en vez de presentar un discurso político.

Entre las promesas de campaña que la presidenta no ha cumplido en más de tres años de administración destacan la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). Para su instalación, uno de los requerimientos es la derogación de los artículos 4 y 8 del decreto 04-2022, que blindan a actores políticos acusados de corrupción en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, expresidente y actual asesor presidencial. 

Otra de las promesas incumplidas y, en este caso, revertidas, ha sido la desmilitarización de la seguridad ciudadana. En su lugar, la presidenta ha dado múltiples facultades a los militares, entre ellas, el control del sistema penitenciario y la asignación de la protección del medioambiente.

Según el designado presidencial, Renato Florentino, el ejecutivo ha beneficiado a 1.2 millones de campesinos mediante la entrega del bono tecnológico, cafetalero y ganadero a nivel nacional a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). También dijo que se ha beneficiado a 900,000 hondureños mediante el subsidio de energía, y que nueve departamentos han sido declarados libres de analfabetismo mediante el programa «Yo sí puedo».

«En los próximos meses declararemos a Honduras libre de analfabetismo», anunció el designado presidencial, quien agregó que, desde que la presidenta Xiomara Castro tomó posesión, se han reconstruido cinco mil centros educativos, se han construido 61 canchas a nivel nacional y se redujo la pobreza en un 8 %.

Sin embargo, en septiembre de 2024 Contracorriente comprobó que, a pesar de los anuncios del Gobierno, no todos los habitantes de Santiago de Puringla, en el departamento de La Paz, uno de los municipios de más difícil acceso, aprendieron a leer y escribir al 100 % con la metodología del programa «Yo sí puedo». Además, algunas fuentes también denunciaron sobrecarga laboral en los docentes a cargo de este programa en las comunidades.

Renato Florentino no se refirió a datos específicos del 2024, y más bien hizo un recuento de los programas o acciones implementados por el gobierno desde 2022. Además, instó a que el Congreso Nacional aprobara el presupuesto general de la República y la Ley de Justicia Tributaria. Por otra parte, anunció que se implementará el programa «Hermano, vuelve a casa» ante las deportaciones masivas ordenadas por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Un Congreso Nacional «débil, frágil y desprestigiado»

En medio de la falta de consensos para la aprobación del Presupuesto General de la República para este 2025, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, dijo en su discurso que «actualmente, estamos ante un Estado débil, frágil y desprestigiado», y que esto «no puede ser corregido en tres años que lleva el gobierno actual».

Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, durante su participación en la instalación de la IV Legislatura del Congreso Nacional. Tegucigalpa, enero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen

En una intervención que duró el doble en comparación a la de los otros informes, Redondo tampoco brindó muchas cifras del año pasado. El presidente del Congreso se limitó a decir que durante 2024 se llevaron a cabo 520 reuniones de comisiones del Congreso Nacional y se aprobaron 99 decretos «con énfasis en materia de seguridad», haciendo referencia a la renovación constante del estado de excepción, que está en vigencia actualmente sin la aprobación del legislativo y que ha sido cuestionado por no tener fecha de caducidad.

Sobre los años anteriores, Luis Redondo, quien ahora es precandidato a diputado por el Partido Libre en el departamento de Cortés, dijo que se han realizado 211 sesiones y se ha sesionado durante 1,208 horas desde 2022 a 2024. Además, aseguró que se ha ahorrado un total de 1,473 millones de lempiras en los últimos tres años, debido a que «no se le han pagado coimas a medios de comunicación ni periodistas».

Sin embargo, el Congreso Nacional sí ha utilizado dinero del Estado a discrecionalidad. En octubre de 2023, Contracorriente reveló el estado de cuenta de una tarjeta de crédito utilizada por este poder del Estado, con la que se gastaron casi medio millón de lempiras en retiros en efectivo, compras en servicios de entrega a domicilio, supermercados, restaurantes, hoteles y vuelos. Aunque el presidente del Congreso dijo que estas tarjetas eran utilizadas para compras en internet con el objetivo de ahorrar costos a este poder del Estado, no existe información detallada al respecto en los portales de transparencia.

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Además, la entrega de subvenciones a congresistas para ayudas sociales continúa en la opacidad. De enero a noviembre de 2024, el Congreso Nacional erogó más de 300 millones de lempiras en subvenciones para congresistas en concepto de ayudas sociales, donaciones a asociaciones sin fines de lucro, municipalidades y unidades del gobierno central, según las transferencias efectuadas mensualmente que están disponibles en el Portal de Transparencia de este poder del Estado.

No existe claridad sobre los proyectos ejecutados con estos fondos, cuáles son las asociaciones sin fines de lucro que reciben  estas donaciones y quiénes son los diputados que hacen uso de este fondo. A pesar de que en las transferencias mensuales del Congreso Nacional se dice que esta información estará disponible en el Portal de Transparencia de este poder del Estado, allí no están  los listados detallados, y tampoco se atienden  las solicitudes de acceso a la información.

«Yo creo que debemos seguir insistiendo en que los diputados y diputadas están para legislar, no para manejar fondos públicos; eso sin duda alguna es criticable. Obviamente, por un lado, es responsabilidad de las bancadas, pero también una responsabilidad individual. La pregunta es: ¿quién controla a esta gente en relación con la rendición de cuentas?», cuestionó el abogado Joaquín Mejía.

Sobre las comunicaciones de este gobierno y la forma de dirigirse a la población, Mejía asegura que ese ha sido «uno de los mayores problemas que tiene este gobierno», y que esto demuestra la falta de coordinación entre la presidenta y las distintas Secretarías e instituciones.

«Mucha gente del gobierno no ha entendido que, en primer lugar, desde el momento en que asumen un cargo público se exponen de manera voluntaria a un escrutinio más profundo por parte de la sociedad, y en ese sentido tienen que tener mayores niveles de tolerancia a la crítica, incluso aquella crítica que molesta y que es ofensiva, porque eso forma parte de la libertad de expresión que tenemos como sociedad», opinó el abogado.

«Los grupos de poder se han visto perjudicados, por lo que han querido implementar en el imaginario colectivo que somos el peor Congreso Nacional», expresó el presidente Luis Redondo en su discurso.

Además, destacó que en este último año se aprobaron proyectos como la Ley Procesal Electoral, el presupuesto de las elecciones internas y la Ley de Debates Presidenciales, una normativa que podría dar el control al gobierno sobre los debates en las próximas elecciones y generar restricciones en los candidatos seleccionados.

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Cifras opacadas por la corrupción

Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, centró su discurso en las cifras de muertes violentas de mujeres, violencia doméstica y denuncias por deudores alimentarios morosos durante 2024.

«Se aprobó el reglamento de registro de deudores alimentarios morosos, que ya se está implementando y se ha socializado con distintos actores de justicia», dijo la presidenta de la Corte en la presentación de su informe, y explicó que este reglamento bloquea solicitudes de pasaporte, licencias de conducir y préstamos bancarios a personas que están en el registro de deudores.

Según Ráquel, en 2024 se registraron 14,000 demandas de alimentos, lo que significó un aumento del 15 % en relación al 2023. Además, el Poder Judicial contabilizó 14, 254 denuncias por violencia doméstica, de las cuales el 57 % fueron admitidas, lo cual representó un aumento del 7 % en comparación al 2023.

De las 230 muertes violentas de mujeres contabilizadas por el Poder Judicial durante 2024, el Ministerio Público presentó a los juzgados 140 casos, lo que representó 61 % de judicialización de los crímenes; sin embargo, solo 28 muertes violentas de mujeres fueron presentadas bajo la figura penal del femicidio.

En materia penal, según el informe, se contabilizaron 37,583 casos, lo que representa un incremento del 13 % de los delitos en comparación a 2023, siendo el delito de tráfico de drogas el de mayor incidencia. Además, la presidenta del Poder Judicial destacó que la creación del circuito de Corrupción, Medioambiente y Crimen Organizado ha sido positivo, ya que gracias a esto se aumentaron en un 44 % las sentencias, y que el tiempo de espera para los juicios orales y públicos pasó de cuatro años a cuatro meses en 2024.

Sin embargo, en este último año, los señalamientos por corrupción a este poder del Estado también han incrementado. En agosto del año pasado fue capturado el abogado Marco Vallecillo, quien fue coordinador del circuito de Corrupción, Medioambiente y Crimen Organizado, junto al abogado Nelson Omar Sierra, por presuntamente extorsionar a un testigo protegido.

La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) presentó en la audiencia inicial en contra de Vallecillo vaciados telefónicos, grabaciones de seguimiento efectuadas por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y dos testigos protegidos. Vallecillo, Sierra y otro abogado, Reynaldo Leiva Suazo, fueron acusados de extorsionar a un empresario, asegurándole que iba a ser requerido por la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco).

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Además, a mediados de enero de este año se conoció una denuncia en contra de los magistrados Mario Díaz y Nelson Mairena por recibir 3.5 millones de lempiras para beneficiar a una persona condenada por el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Aunque se desconocen los avances en este caso, el fiscal general, Johel Zelaya, confirmó a los medios de comunicación que sí existía una investigación contra dos altos jueces, sin revelar nombres.

A pesar de lo anterior, estos dos magistrados estuvieron presentes en la instalación de la IV Legislatura en el Congreso Nacional, un evento que contó con la presencia de figuras cuestionadas en la política hondureña, la ausencia de ministros que hacen campaña política mientras desempeñan cargos públicos, y discursos con promesas políticas que se anteponen a las exigencias de transparencia y rendición de cuentas de la ciudadanía.

El oficialismo en El Salvador ya tiene carta blanca para crear una Constitución a la medida de Nayib Bukele. 57 diputados ratificaron una reforma al artículo 248, el artículo que blindaba reformas exprés a la carta magna en una misma legislatura. Diputadas de oposición señalan la inconstitucionalidad de la medida y advierten más concentración de poder. “Hay que tener claro que es un paso más para darle forma a la dictadura del Bukelato”, señala un experto constitucionalista.

Daniel Valencia

El golpe de gracia para la Constitución de El Salvador se concretó en 37 minutos y 46 segundos, lo que duran algunas caricaturas, al mediodía de este 29 de enero. La Asamblea Legislativa dominada por diputados oficialistas ratificó una reforma constitucional al artículo que impedía cambios exprés, en un mismo periodo legislativo, a la carta magna salvadoreña, abriendo con ello las puertas para que puedan reformarse todos los artículos que el régimen de Bukele decida. De fondo, desde mayo de 2021 no existe ningún contrapeso en el Estado que pueda frenar esta avanzada que riñe con la misma Constitución y con la formación de leyes y reformas al cuerpo constitucional.

La ratificación de una reforma al artículo 248, que desde 1983 mandaba que cualquier reforma constitucional solo podía hacerse a través de la aprobación de dos legislaturas, se aprobó Con 57 votos a favor y solo tres en contra. En el papel, el golpe de muerte a la Constitución -vigente desde hace 42 años- quedó escrito en el inciso segundo de este artículo reformado.

A partir de la entrada en vigor de la medida, ocho días después de que se publique en el Diario Oficial, las reformas constitucionales ya no necesitarán dos periodos legislativos, ya que podrán ser aprobadas en una legislatura y ratificadas “por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos. Así ratificada se emitirá el decreto correspondiente el cual se mandará al diario oficial”, dice la reforma aprobada.

Junto a la reforma a la Constitución, la Asamblea oficialista también aprobó en la sesión plenaria 41 una nueva prórroga para el régimen de excepción. En la imagen, el gabinete de Seguridad del oficialismo que ordenó la instauración y puesta en marcha del régimen en la madrugada y mañana del 26 de marzo de 2022. Imagen tomada de redes sociales de Casa Presidencial.

Otro objetivo del régimen se ha cumplido

El intento de reformas constitucionales en el régimen de Bukele no es nuevo. En su primer mandato, el legítimo, el oficialismo pasó callar o negar sus intenciones por buscar una reforma Constitucional a promover una serie de consultas de reformas protagonizadas por el vicepresidente Félix Ulloa. Las consultas, que arrojaron una propuesta de nueva Constitución, fueron cuestionadas por la oposición y organizaciones de la sociedad civil, ya que se hicieron en su mayoría con sectores allegados al oficialismo y al vicepresidente. Ese proceso, sin embargo, acabó desligado del plan real del propio Bukele, que se concretó desde su partido el 29 de abril pasado, al cierre de la legislatura 2021-2024.

Ese día, en la víspera del ingreso de la nueva legislatura, los diputados aprobaron la reforma al artículo 248, ya claros que tendrían el control absoluto en la legislatura entrante para ratificarlo. De hecho, Nuevas Ideas y Bukele solo promovieron esta reforma luego de haberse asegurado un triunfo arrollador en las elecciones generales de 2024, gracias en gran medida a una serie de reformas electorales que golpearon a los partidos de oposición y garantizaron la concentración de votos a favor del oficialismo, según expertos.

El gobierno Bukele, además, bloqueó el acceso a la deuda política (fondos públicos autorizados desde la Constitución para ser entregados a los partidos políticos que compiten en las elecciones) para la oposición.

Ahora, nueve meses después del control absoluto en el legislativo, han buscado la ratificación de la reforma al artículo 248 con la excusa de eliminar de la constitución el artículo 210, que ordena la entrega de esa deuda política.

“El pueblo ha hablado, el pueblo nos ha dicho: diputados, queremos que eliminen la deuda política y nosotros somos representantes del pueblo y nos debemos al pueblo salvadoreño”, dijo en el plenario el diputado oficialista Caleb Navarro, segundos después de describir que habían puesto atención a un tuit del presidente Bukele en el que era este quien exigía la eliminación de la deuda política.

Según la diputada de oposición Cesia Rivas de Vamos, la incongruencia es total y solo ejemplifica el verdadero interés del gobierno de Bukele.

“En 2024, Nuevas Ideas recibió 27 millones de dólares. ¿Les han rendido cuentas, les han dicho en qué la gastaron? ¡Qué bonita excusa para manosear la Constitución! Una excusa querían… Y vaya que lo hicieron muy bien. Decimos no a esto, y lo dejamos claro porque es una excusa nada más para hacer de la Constitución una ley cualquiera, para centralizar el poder”, cuestionó.

Para Rivas, los verdaderos reclamos del pueblo salvadoreño están en otro lado, en la exigencia al gobierno de Bukele para que desista de su nueva apuesta a favor de la minería metálica. “El pueblo dice no a la minería, sí al derecho humano al agua, ¿de eso no han hablado para incluirlo y ratificarlo en la Constitución?”, dijo.

Según Marcela Villatoro,  diputada de oposición (Arena), la aprobación de esta reforma al 248 no solo atenta contra al Constitución sino contra el debido proceso. En la corta discusión que precedió a la aprobación, ella citó un fallo de la Sala de lo Constitucional que describe hasta siete procesos para la formación de una reforma constitucional. En este caso, denunció, ninguno se cumplió.

“En nuestra historia, las constituciones que hemos tenido, señores, han sido creadas a través de Asambleas constituyentes, no por arbitrios no por gana y no porque se me saca de la manga querer cambiar la constitución hoy”, cuestionó.

“Ustedes no tienen derecho a denominarse constituyentes porque no lo son, la gente no los eligió para poder cambiar y tocar la Constitución de la noche a la mañana”, agregó.

En la imagen, el vicepresidente Félix Ulloa sostiene su propuesta de reformas a la Constitución. El partido de Bukele tomó otro caminó y ya tiene carta blanca para reformar el texto constitucional a su antojo. Imagen tomada de Casa Presidencial.

“Dejamos de tener Constitución”

Enrique Anaya es un abogado constitucionalista de referencia en El Salvador y una de las voces más críticas contra el gobierno de Bukele desde la gestión 2019-2024; y lo sigue siendo ahora en su segundo gobierno, uno de facto, ya que la Constitución prohibía su candidatura y, por ende, su reelección, hasta en seis artículos. Él es contundente al señalar lo que ha ocurrido en El Salvador: “Lo más grave de fondo es que dejamos de tener constitución”, dice.

Para Anaya, una característica de las constituciones es procurar su estabilidad y, por ello, sus mecanismos de reforma siempre son más difíciles que los requeridos para la aprobación de leyes ordinarias.

En otros países, plantea, se necesita la intervención de varios cuerpos políticos, entre estados federales, congresos o cámaras para su ratificación o la intervención de una Asamblea constituyente.

“En nuestro país había sido muy complejo porque se necesitaba de la creación de una Asamblea constituyente, y fue esa última Asamblea constituyente la que permitió, en 1983, que se pueda modificar la Constitución, pero con la intervención de dos legislaturas”, explica.

“Lo que ha ocurrido ahora, en donde una misma legislatura puede acordar la reforma y ratificarla, convierte a la Constitución, en la práctica, en cualquier ley ordinaria. Una misma legislatura, en una misma Asamblea, en una mañana… Van a acordar la reforma a las 9 de la mañana, un break, y la ratifican a las 10”, cuestiona.

Para Anaya, formalmente la Constitución salvadoreña ha dejado de ser “una norma jurídica que uno pueda calificar como Constitución. Y hay que tener claro que es un paso más para darle forma a la dictadura del Bukelato”, señala.

Por José Giddel Alvarado
Fotografías: Francisco Molina

Los que me conocen saben que siempre estoy en busca de buen arte, uno que no haga mi billetera más vacía, que celebre a Centroamérica como una región de personas cultas, inteligentes y trabajadoras; arte que nos dé la bienvenida, sin importar de dónde vengamos, y que reafirme la identidad centroamericana y hondureña como algo valioso.

Por eso, en mi visita a Tegucigalpa en diciembre, me encontré sentado en el Redondel de los Artesanos viendo el documental La Singla. No esperaba que esa noche fuera tan transformadora como lo terminó siendo. La gente iba y venía para ver esta película española sobre una bailaora de flamenco de los años sesenta. Era el tipo de caos característico de los espacios públicos en Honduras, pero esta vez se sentía seguro, familiar, lleno de curiosidad y arte.

Esto fue gracias a Tercer Cine, un proyecto social cofundado por tres hondureños: Laura Bermúdez, una cineasta que también funciona como directora ejecutiva del proyecto; Juan Pedro Agurcia, curador de cine que ejerce la función de director artístico, y Josie Guerrero, que además de ser la cofundadora, organiza la administración general. Ellos crearon Tercer Cine hace tres años, con la misión de llevar películas a parques, plazas y otros espacios públicos de Honduras, proyectándolas de manera gratuita. Es un acto de desafío ante un sistema que muchas veces nos dice que el arte es solo para quienes pueden pagarlo. En un contexto de desigualdad económica como el de Centroamérica, esto deja a demasiadas personas fuera.

Este concepto me toca profundamente. He pasado ya seis años viviendo en Nueva York, rodeado de música, teatros, y museos. Sé lo que se siente tener el arte al alcance, sentir que te pertenece. Pero creciendo en Honduras, ese no era el caso. Ir al cine era un lujo, y para la mayoría de personas en mi país, todavía lo es. Los espacios públicos también se han convertido en lugares que muchos evitan por miedo o desconfianza. Así que cuando me senté en ese redondel, rodeado de mis amigos hondureños, que estaban absorbiendo la película al igual que yo, se sintió como una pequeña revolución.

Centroamérica no tiene una industria cinematográfica robusta en comparación con nuestros vecinos del norte o el sur. La infraestructura es relativamente nueva y el financiamiento casi inexistente. Pero sí tenemos  historias, grandes, entretenidas, tristes, alegres, y sobre todo importantes. Y tenemos a creativos como Laura, Josie y Juan Pedro, que están construyendo maneras nuevas de compartir esas historias, ya sea a través de sus propias películas o creando espacios alternativos para compartir las de otros.

El año pasado asistí a la premiere de Con esta luz en Nueva York, un documental con talento hondureño frente y detrás de cámaras, codirigido también por Laura y producido por Jessica Sarowitz. El documental cuenta la historia de la hermana María Rosa Leggol, una monja que ayudó a sacar de la pobreza a más de 87,000 niños y niñas hondureñas. Fue una experiencia igual de interesante para mí, no solo por la historia en sí, sino porque fue una de las pocas veces en las que estuve en una sala en Nueva York donde se celebraba a los hondureños como héroes, filántropos, como visionarios, como artistas.

Y eso es lo que también experimenté en la función de Tercer Cine. Ambos fueron espacios donde nos vemos a nosotros mismos como algo más que los estereotipos con los que a menudo nos han intentado definir.

La importancia de este trabajo no es solo cultural; es profundamente político. Honduras es un país donde la desigualdad es enorme. El acceso a algo tan simple como una película es un privilegio que no muchas personas pueden permitirse. En este contexto, proyectar películas gratuitamente en espacios públicos se convierte en un acto radical de inclusión, una manera de decir: importás. La presencia y experiencia de la población hondureña importa.

Según Tim Brinkhof en su artículo The Development of Central American Film, el cine centroamericano ha tenido un crecimiento lento, pero constante, en los últimos años. Señala que los cineastas centroamericanos enfrentan enormes desafíos, financiamiento limitado y lo más lamentable, pero importante de resaltar, la indiferencia. Para que tengan una idea, según Tim, entre el 2000 y 2017 en Centroamérica solo se produjeron 200 películas y documentales originales. Pero el cine centroamericano persiste, porque las y los cineastas de la región entienden el poder de las historias para crear empatía y conexión.

En Honduras, donde la narrativa de violencia y pobreza a menudo es la protagonista, proyectos como Tercer Cine ofrecen una alternativa. Nos recuerdan que merecemos reunirnos y que podemos reclamar los espacios públicos para sentir seguridad en ellos nuevamente.

El arte no pertenece solo detrás de las vitrinas y cortinas de terciopelo. Nos pertenece a todos, en las plazas, redondeles y calles donde ocurre la vida. Y en Honduras, nos está mostrando que somos capaces de mucho más de lo que históricamente nos han dicho que somos.

Tapachula (México), 27 ene (EFE).- Cientos de migrantes saturaron este lunes las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la frontera sur de México tras las nuevas medidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que les impedirían avanzar a ese país.

Los migrantes, en su mayoría de Venezuela, Cuba y países de Centroamérica, se aglomeran desde el fin de semana frente a la Comar en Tapachula, la mayor ciudad del límite sur mexicano, donde el organismo gubernamental atiende a cerca de un centenar de personas a diario.

Mujeres cubanas y venezolanas improvisaron camas con sábanas sobre el suelo ante el gran número de personas que buscan la petición de asilo para evitar que las detenga el Instituto Nacional de Migración (INM).

La aglomeración derivó este lunes en empujones y gritos, por lo que llegaron efectivos de la Guardia Nacional (GN) con equipos antidisturbios.

Migrantes expresaron a EFE que ahora buscan quedarse en México ante las medidas de Trump, como deportaciones masivas, despliegue de miles de militares en la frontera y la eliminación de la aplicación ‘CBP One’ de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que permitía solicitar asilo desde territorio mexicano.

La cubana Jaqueline Alfonso decidió quedarse en México tras estar dos meses en Tapachula, pero afirmó a EFE que no ha recibido respuesta de la Comar.

«Hay que esperar, yo por lo menos, particularmente, no vine con ninguna intención de ir para Estados Unidos, yo vine para quedarme en México para hacer mis papeles porque mis intenciones son aquí en México y no ir para ninguna parte, por eso me molesta tanto que se demoren los papeles porque yo quiero hacer una vida aquí», contó.

La saturación en la Comar ocurre tras una caída de casi la mitad de las peticiones de asilo en México en 2024, cuando hubo poco menos de 79.000 solicitantes tras el récord de 140.720 de 2023.

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El Gobierno mexicano ha prometido asistencia humanitaria para migrantes de otros países, pero ha avisado que negará asilo a quienes solo quieran el trámite para avanzar hacia Estados Unidos.

Por ello, el migrante ecuatoriano Kevin pide mejorar el sistema para evitar que se genere un caos y que las personas deban quedarse a dormir durante días para obtener una cita.

«Sí, son los efectos de Donald Trump y los efectos de las políticas en general. Pienso que los Estados deberían organizarse más, hay una serie de consecuencias, todo trae la migración hasta aquí y así estamos buscando algo mejor», opinó.

Un elemento de la GN dijo a los migrantes que los trámites concluyeron este lunes temprano, por lo que debían retirarse y regresar al día siguiente.

Algunos migrantes forcejearon y otros sostenían las vallas metálicas para evitar el desorden.

Por Laura Díaz
Portada: Persy Cabrera

El mero 24 de diciembre estaba caminando por las calles de Katmandú, Nepal en Asia del Sur. Una ciudad hundida en un valle rodeada de montañas, densamente poblada y exageradamente caótica: pareciera que las motos salen por debajo de las alcantarillas; los carros son muchos y muy pequeños, porque las calles son minúsculas, de doble vía y con parqueo a ambos lados; los peatones no podemos distraernos y hay que sumir el estómago y caminar de lado pegado a la pared para no ser atropellado.

Las comparaciones son malas, pero necesarias. Katmandú es una Tegucigalpa a la décima potencia; los cables cuelgan de los postes torcidos, casi no hay aceras y las existentes están tomadas por los vendedores ambulantes o rótulos de las miles de minitiendas amontonadas. Son dos ciudades en mundos tan diferentes, pero tan similares.

Recuerdo con cariño cada esquina que recorrí en Tegucigalpa, recuerdo con afán cuando todavía se podía andar sin miedo; sin embargo, no poseo patriotismo alguno. Nací en Tegucigalpa, pero yo no lo elegí. Nadie elige su nacionalidad, es una pinche cuestión de suerte, y lo mismo aplica a los que nacen en otro lado más privilegiado.

En Tegucigalpa me han asaltado al menos cuatro veces con puñales y armas de fuego; me han abierto el carro otras tantas; he visto un tiroteo en donde el muerto quedó ahí tendido, con el humo calientito saliendo de su cuerpo. He consolado a muchos conocidos después de alguna situación en la cual el alma se les ha salido del pecho y se quedó guindada de un hilo, para nunca más volver a sentirse en confianza.

Tegucigalpa me ha enseñado a cuidarme, cuidar mi mochila, mi celular, mi dinero, mis documentos, mi forma de vestir, mi forma de mirar, y mi forma de soportar los «piropos» de desconocidos en cualquier lado; aprendí a desconfiar de todos, a no salir de noche, no hablar con extraños y a usar zapatos cómodos para poder salir corriendo a la primera sospecha.

Recorriendo Katmandú, no podía evitar pensar en mi seguridad, y esto me llenó la cabeza de muchas dudas que intenté resolver parafraseando en inglés y por señas con los taxistas y los guías locales. A todos les pregunté lo típico: ¿es seguro Katmandú? ¿A usted cuantas veces lo han asaltado? ¿Hay muchas armas en Katmandú? ¿Hasta qué horas se puede andar de noche? ¿Cuál es la zona más segura? 

Sorprendentemente, a ninguno de los taxistas a quienes les pregunté mientras hacíamos esperas interminables en el tráfico, a ninguno lo habían asaltado en sus veinte y tantos años de trabajo, no habían visto ni un arma, y me dijeron que yo podía estar en la calle hasta que me cansara. Y no hubo forma de que me entendieran lo que significa el «impuesto de guerra»; el nepalí de manera general no tiene armas, y las muertes violentas son muchísimo más bajas que las de Honduras (según el sitio web datosmacro.com, en Honduras hay 34.5 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, y en Nepal 2.13 por cada 100,000 habitantes). Para mi sorpresa y tranquilidad, no recibí ningún tipo de piropo o miradas incómodas en las calles, y por un instante, en medio de ese caos, los envidié.

Los taxistas y los guías locales me dieron a entender que viven con normalidad. Una normalidad que hace muchos años los hondureños dejamos de sentir; una normalidad que permite que los negocios mantengan las puertas abiertas con sus productos en las calles, y la figura del vigilante es inexistente; las casas de cambio de moneda son casetas de madera, pequeñas, casi cuchitriles en donde te cambian dólares o euros sin barrotes de metal ni vidrio antibalas de por medio.

La cabeza y los sentimientos me daban vueltas. Invadida por la curiosidad, me puse a indagar de manera general las cifras económicas y de violencia de Nepal, y ante mi asombro, son un país muy pobre, incluso más pobre que Honduras, con 30,000 kilómetros más de extensión territorial, sin playas, y una población tres veces mayor que la hondureña, con un sistema de salud, educación y servicios gubernamentales similares a los nuestros en demanda y precariedad, pero en grande, para muchos miles más de personas. 

Nepal ha pasado por desastres naturales como terremotos, así como nosotros huracanes y tormentas tropicales. Las drogas son ilegales en ambos países y en ambos existe el narcotráfico (en Nepal, opio y hachís de la India a China, o viceversa). La migración en busca de una vida mejor es un denominador común en los países de extrema pobreza, y en Nepal hay un turismo hippie de Occidente que justifica el consumo de drogas para alcanzar el nirvana.

No podía dejar de pensar ¿por qué Honduras es un país tan violento? ¿Somos los hondureños los violentos? Si ni la pobreza ni el tráfico de drogas pueden justificar nuestros niveles de violencia, ¿qué es? Me duele mucho pensar que sea nuestra cultura, me rehúso a creer que culturalmente seamos más violentos que otros países pobres con problemas de narcotráfico.

Finalmente, contemplando un templo de Buda, me di cuenta de que, a pesar de tantas similitudes entre ambos países, hay una gran diferencia: la religión. Ellos, mayormente hinduistas, politeístas y con la filosofía de Buda, creen en la reencarnación, por lo cual la mayoría son vegetarianos y tienen mucho respeto a la naturaleza y a los animales, a todos los animales; incluso las ratas y los monos circulan libremente por donde la comida se los permita.

A nosotros, que somos mayormente católicos, y de otras religiones monoteístas relacionadas con el cristianismo, ¿será que nos da más miedo reencarnar en una cucaracha de alcantarilla que pasar la vida eterna en el infierno por tus pecados? Quizá por esa razón los nepalíes tienen más miedo de hacer cosas tan horribles como las conocidas masacres hondureñas. ¿Será esa una de las razones del por qué los nepalíes no tienen nuestros niveles de violencia? Como nosotros creemos que arrepentirnos de nuestros pecados antes de morir es suficiente para subir al cielo, pues lógicamente creemos que cualquier daño que hagamos, por horrible que sea, nos será perdonado.

¿Será esa diferencia religiosa la que permite y normaliza la violencia como el pan de cada día? No lo sé. Supongo que faltarían muchos estudios sociológicos, religiosos y psicológicos para entender por qué a nosotros, a Latinoamérica entera, nos tocó vivir este castigo en vida, este karma de la violencia. Me quedo con muchas dudas, y espero que ojalá algún día Dios, Buda o la ciencia, puedan darme alguna respuesta.

Por María Eugenia Ramos
Fotos: Fernando Destephen y María Eugenia Ramos

Quizás uno de los inventos más relevantes en la historia de la humanidad, uno que ha contribuido como ningún otro a desarrollar y difundir el pensamiento, es el libro. Desde los códices de las culturas precolombinas y los papiros egipcios, pasando por las tablas de arcilla, los manuscritos medievales, hasta llegar finalmente a la imprenta, y actualmente a los sistemas digitales, el libro es el instrumento mediante el cual las ideas se transportan, comparten y se convierten en algo más, un producto que reúne siglos de sabiduría y trabajo.

Precisamente como vehículo de ideas, el libro ha sido visto como amenaza por los regímenes totalitarios. Un mundo donde los libros están prohibidos, la premisa de la célebre novela Farenheit 451, de Ray Bradbury, se basa en hechos reales como la quema en los estados del sur de los Estados Unidos del clásico La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, por su denuncia de la esclavitud. 

La prohibición de libros ha sido y es una característica del fascismo y de gobiernos autoritarios de todo sesgo, e incluso de algunos regímenes considerados democráticos. Siguiendo con el ejemplo de Estados Unidos, en el año 2024 más de 10,000 libros fueron prohibidos en bibliotecas públicas y escolares de ese país. Y por otro lado, en la antigua Unión Soviética hubo también censura hacia autores considerados traidores al régimen, sin olvidar los países como Irán y Nicaragua, entre otros, donde hay autores y autoras censurados, perseguidos, exiliados y amenazados de muerte.

Para que el libro pueda convertirse en ese vehículo de sueños e ideas de quienes escriben, debe seguir un proceso que no siempre se visibiliza. Detrás de ese objeto de papel y cartón que llega a las estanterías, hay un equipo de personas que hace estudios de mercado, trata con autores, lee originales, los traduce, corrige, sugiere cambios, gestiona y supervisa ilustraciones, diseño, materiales, para que el libro pase luego a impresión, encuadernación, y finalmente a la distribución, mercadeo y venta. 

Ese es el trabajo editorial, una industria en la que las mujeres se destacan cada vez más, tanto al frente de grandes editoriales, como Tusquets Editores, como de proyectos independientes que nutren el mercado del libro con novedades y más de algún gran descubrimiento. 

En Honduras, pese a la opinión generalizada de que hacer libros no es rentable, se ha observado en los últimos años un repunte en el que las mujeres están desempeñando un papel relevante. De acuerdo con un reporte que solicitamos para elaborar esta nota, un total de 354 mujeres, entre autoras y editoras, están registradas en la Agencia ISBN de Honduras (International Standard Book Number, por sus siglas en inglés, código internacional que hace las veces de documento de identificación único para cada libro).

En ocasión del Día de la Mujer Hondureña, en Contracorriente consultamos a ocho mujeres que se desempeñan o se han desempeñado en la dirección de proyectos editoriales en Honduras, para conocer su experiencia y visión sobre el sector.

Editorial Guaymuras, un referente nacional y centroamericano

Con una experiencia de casi cuarenta años y un liderazgo indiscutible en el desarrollo de la industria editorial hondureña, Isolda Arita Melzer dirige la Editorial Guaymuras, un proyecto fundado a inicios de los años ochenta que opera como asociación civil sin fines de lucro. La editorial cuenta con su propio taller de impresión y encuadernación, así como su propia librería.

A nivel centroamericano, Guaymuras sigue siendo un referente. Isolda cuenta con orgullo que, a pesar de las dificultades, la editorial sigue participando en ferias centroamericanas como las que se realizan en Guatemala y Costa Rica, y que encuentra un público receptivo. Sin embargo, es realista en cuanto a que no se puede esperar una reacción similar en las grandes ferias internacionales. Parte del éxito alcanzado por la editorial en términos de consolidación consiste en haber definido muy bien un segmento de mercado y líneas de trabajo, para no plantearse expectativas poco realistas.

Aunque muchos procesos de encuadernación se hacen actualmente de forma automática, en los talleres de Guaymuras aún se efectúan a mano, asegurando que el orden de las páginas sea el correcto y que no despeguen fácilmente con el uso. Talleres de Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 19 de enero de 2024. Foto: CC / Fernando Destephen.

Sorprendentemente para la cantidad de títulos que publican al año (7 nuevos en 2024, sin contar con las reimpresiones), Guaymuras tiene un equipo pequeño, constituido actualmente por 11 personas, de las cuales siete son mujeres; de ellas, tres se desempeñan en cargos de dirección; además de Isolda, Marianela González en el área de diseño, y Venus Rivera como directora de la librería.

Para Isolda, en las nuevas generaciones, pese a la avalancha digital, hay un interés renovado por el libro en físico. «Me encanta ver que a la librería entra gente joven, no los mismos de siempre», dice, y apunta que hay un renacer en el mundo del libro que se puede aprovechar para crecer más y obtener mejores resultados. 

Esta opinión es de gran relevancia, considerando que a lo largo de sus más de seis décadas de existencia, Guaymuras ha hecho frente a la represión de los años ochenta, los efectos de desastres naturales, dificultades en la gestión administrativa, la pandemia de Covid-19, que causó estragos en el mercado del libro impreso, y también los efectos del golpe de Estado.

No resulta extraño que, al consultarle cuál es su mayor logro en la gestión editorial, Isolda responde: «Sobrevivir». Y destaca que ha sido posible gracias a un equipo de trabajo «bastante leal», con una mayoría de personal contratado desde hace varios años. «El problema es que algunos estamos prontos a jubilarnos», dice, «y hay que ver los relevos».

Consultada sobre las nuevas tecnologías en el mundo del libro, Isolda considera que son una realidad y una posibilidad que permite abaratar costos. Sin embargo, advierte que implican el riesgo de que «el libro pierda su esencia y su razón de ser»; por tanto, dejar de imprimir libros sería desnaturalizar la esencia de la editorial, que seguirá produciendo libros en físico.

«Es lo que nos ha identificado toda la vida, el libro bien hecho, fácil de leer, agradable al tacto, al olfato. Creo que el lector se merece eso y no seguir cocinándose los ojos en una pantalla. Estoy convencida de que la asimilación, la forma de compenetrarse, de comprensión, de un libro en digital, jamás va a ser la misma que la de un libro en físico», apunta.

Y subraya: «Creo que el libro en papel tiene vida para largo. Por muchas décadas van a convivir las dos modalidades, impresa y digital, porque el libro impreso tiene cualidades que son insustituibles; por eso la gente lo sigue buscando y utilizando. No es casual que los centros educativos sigan trabajando con el libro impreso. En Honduras, con una sociedad que por miles de razones todavía no está digitalizada, el libro en papel tiene un buen futuro por delante; es más, creo que a medida que crece el libro digital, el libro en papel se empodera y se posiciona más».

Con respecto a las políticas públicas destinadas a fortalecer el sector editorial, Isolda considera que, a diferencia de otros países del área centroamericana, donde existen aranceles que gravan el libro, en Honduras el papel y otros materiales requeridos para producirlo no pagan impuestos; así lo contempla la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, aprobada por el Congreso Nacional en el año 2013. 

A pesar de este avance, no ha habido suficiente difusión ni aplicación de la Ley en todos sus aspectos; de hecho, muchas personas vinculadas con el mundo del libro no la conocen, incluyendo a algunas de las editoras consultadas.

Editorial Capiro, una experiencia de los años noventa 

En 1995, por iniciativa de cooperantes holandeses, se fundó en San Pedro Sula la Editorial Capiro. Jessica Sánchez, en ese entonces con apenas 22 años, fue la coordinadora de la junta directiva de la empresa. «La idea inicial», nos cuenta, «era ser una alternativa de publicación para los movimientos sociales de la región y publicar autores/as que no tenían recursos para publicar sus propios libros o se consideraban fuera del circuito editorial». En esta editorial se publicó el primer libro de Juana Pavón, Yo soy esa sujeta.

Jessica apunta que los principales desafíos que encontró fueron, por una parte, la demora de los  procesos de edición con los escritores varones, que en lugar de aceptar correcciones justificaban el por qué incluían esto y lo otro; «el ego de los escritores es el principal obstáculo que tuve que enfrentar porque eso demoraba y a veces posponía indefinidamente el proceso de publicación». 

Además, refiere que había muchas discusiones con respecto al diseño de los libros, sobre todo las portadas. Reconoce que «algunas terminaron siendo francamente horribles, mientras hubo otras geniales y la mayoría pasables; la calidad del papel a utilizar, las imágenes, que un libro no fuera muy cargado».

A pesar de estos obstáculos, el proyecto logró editar y publicar libros para centrales obreras, agendas para el movimiento feminista, libros para el magisterio, entre otros. Lamentablemente, no se logró la sostenibilidad; se sobrevivía, dice Jessica, «al ras»; las organizaciones no siempre pagaban, y el proyecto se clausuró en 2005. 

Para Jessica, «las nuevas tecnologías han ayudado muchísimo a la difusión de la información. Pero tiene pros y contra. El pro es que se puede acceder a la lectura de un libro, cómic o audiolibro desde cualquier dispositivo; sin embargo, la mayoría de la población utiliza los dispositivos para ver o escuchar videos de entretenimiento, como bailes, cocina, ejercicios, etc. El contra, que va muy ligado a lo anterior, es que no todo lo que se lee o escucha es de buena calidad literaria». 

«La falta de lectura», apunta, «y por ende, la paciencia y el disfrute que eso conlleva, nos va quitando algunas habilidades humanas como el “conectar” con las emociones, con personajes o con el mismo ambiente del que nos habla el libro. Siempre, creo, habrá lectores/as, pero estos se van reduciendo hacia una especie de élite intelectual cada vez más reducida». 

Con respecto a la existencia de políticas públicas para el sector editorial, Jessica considera que «no existen políticas culturales, por lo tanto no existe una política para el sector editorial. No conozco que haya apoyos para editoriales autónomas o privadas. Se elogia que la editorial de la Secretaría de Cultura se llame “Eva Thais”, como el seudónimo de una ancestra escritora y que se primen las publicaciones de mujeres; sin embargo, este no es un esfuerzo suficiente para la industria editorial. Se debería seguir trabajando la Ley de Pueblos y Culturas, además de empezar a trabajar sobre una política para el sector editorial». 

Finalmente, para impulsar la participación de las mujeres en el sector editorial, la escritora y dirigente feminista propone asegurar espacios libres de violencia, acoso sexual y violencia en general para las mujeres; un protocolo de espacios libres de violencia a nivel artístico-literario; crear una política editorial nacional y regional con recursos monetarios por concurso (similar a lo que se hace con el sector cine); organizar encuentros y una agenda de mujeres editoras, para recoger la diversidad de propuestas o al menos puntos en común; así como concursos y formación para editoras jóvenes sobre principios básicos editoriales, perspectiva de género desde la industria editorial, entre otras. 

Cacho Editores: reivindicación de la escritura en lengua garífuna

Xiomara Cacho Caballero, poeta, escritora y traductora de la lengua garífuna, ha combinado su experiencia como autora y educadora con su formación académica en el área de derechos humanos para fundar en 2019 Cacho Editores, motivada, según refiere, por «las condiciones históricas de opresión, porque el idioma fue usado como medio para subyugar a los miembros de los pueblos étnicos, haciéndoles creer que su lengua era de categoría inferior». 

Xiomara Cacho (izquierda) en el stand de Cacho Editores, durante una Feria del Libro en Tegucigalpa. Foto: Cortesía.

Su propuesta, expresa, parte de su proceso como autora, «en un contexto donde se observa una creciente demanda por la visibilidad de la negritud en la sociedad nacional, considerándonos actores sociales en el diseño e implementación de políticas y programas con enfoque intercultural, en el marco del ejercicio de nuestros derechos».

Considera que los mayores desafíos para su trabajo editorial son «sobre todo la valoración negativa del trabajo de edición que una mujer puede realizar; la falsa creencia de que no puede existir un editor (a) de raza negra y que la lengua garífuna no puede expresar una diversidad de ideas y conceptos, así como la actitud negativa que mantiene la sociedad dominante frente a esta lengua». 

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También señala como desafío «la necesidad de que el sistema educativo corrija los errores del pasado, a fin de responder a las expectativas y necesidades lectoras de la población; un proceso que incentive a la lectura para que nuestros estudiantes sean pensantes y críticos, para que egresen individuos inteligentes, con objetividad y lógica». 

La primera editora garífuna considera que «en ningún sector en nuestro país se le hace fácil a la mujer participar», y señala que «ser mujer negra en Honduras y participar en el sector editorial es símbolo de impacto e incidencia, es ser capaz de superarte a pesar de los desafíos, violencia, pobreza, la falta de representatividad y representación, en donde por lo general eres la primera o la única».

«Participar en el sector editorial siendo una mujer negra en este país», dice Cacho, «es ganar un protagonismo por la lucha contra una triple discriminación: ser mujer, pertenecer a un pueblo étnico y luchar para insertarse en un espacio digno en la literatura nacional».

Los Amorosos: una apuesta por la poesía

La editora y traductora Frances Siman, con la editorial Cisne Negro, ha contribuido a traducir y publicar en Honduras a poetas extranjeros poco conocidos en el país, pero además fundó en 2017 otra editorial. «Fundé Los Amorosos», dice, «con la idea de editar libros de poesía hondureña, especialmente obras difíciles de encontrar o que llevaban años sin reeditarse. Por ejemplo, quería leer a Clementina Suárez, pero en ese momento solo circulaba su Poesía completa, y con suerte, alguna edición anterior. Era complicado encontrar tanto a Clementina como a otros poetas hondureños fallecidos, o mayores, en ediciones recientes».

Entre sus principales logros destaca el poder «reeditar obras de poetas hondureños que llevaban años fuera de circulación». Dice que entre los mayores desafíos que ha encontrado está «comprender las dinámicas del público en distintas librerías: identificar los intereses de los lectores y saber qué títulos funcionan mejor en cada espacio. Cada librería tiene políticas particulares de consignación, lo que implica que el editor debe estar pendiente de la distribución y reposición de libros».

Reconoce que «en el caso de la poesía, la situación es aún más compleja. Este género tiene pocos lectores, y las librerías no suelen incluir libros de poesía en su inventario, mucho menos promocionarlos. Además, hay un interés limitado por conocer a poetas extranjeros, a menos que haya un esfuerzo directo de promoción por parte del editor o que el poeta visite el país». Agrega que «en este sentido, agradezco a iniciativas como las de Olvin Almendares, de la Librería Tinta y Letras, que siempre promueve la poesía y da espacio a mis títulos».

Consultada sobre las perspectivas del sector editorial, señala que «Honduras es el país con menos librerías per cápita en toda América Latina. Sin embargo, plataformas tecnológicas como Amazon han incrementado la producción editorial, permitiendo que se publiquen más libros con menor inversión».

No obstante, señala como desafíos que «el apoyo gubernamental y privado sigue siendo limitado. Aunque hay esfuerzos por promover la educación y los libros de texto, no se observa un interés significativo por fomentar la literatura de ficción y poesía. Además, la promoción y mantenimiento de bibliotecas públicas es poca». 

Con respecto a la participación de las mujeres dentro de la industria editorial en Honduras, nos dice que, aunque no dispone de datos concretos, por lo que ha observado en las ferias del libro locales, no hay una participación equitativa. «Por ello, en mis editoriales, he procurado incluir a mujeres en roles clave, como el diseño y la contabilidad», comenta.

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Siman sugiere que, para impulsar la participación de las mujeres dentro de la industria editorial,  se creen «programas de mentoría liderados por editoras experimentadas que puedan guiar a mujeres jóvenes (o menos experimentadas) en su desarrollo profesional dentro del sector».

Solsticio Ediciones, una nueva propuesta

La poeta y docente universitaria Venus Ixchel Mejía ha combinado su labor como autora con la fundación de iniciativas editoriales. Después de un primer intento en conjunto con su colega Johanna Burgos, fundó en 2024 un nuevo proyecto, con el nombre de Solsticio Ediciones. 

Venus observa que «las editoriales han aumentado considerablemente en el país; no obstante, muchas de ellas se limitan a la autopublicación y están en manos de gente con pocas herramientas en el oficio. Otra dificultad que encuentro es la preferencia del libro extranjero en vez del nacional o regional». 

«No siempre podemos invertir en una obra literaria porque la capitalización y las ventas del libro son lentas y bajas», comenta; «ofrecemos nuestros servicios editoriales, pero el bajo poder adquisitivo de los escritores hace que no puedan pagar los costos de nuestro trabajo. Prefieren invertir solamente en los servicios de una imprenta local».

La poeta y docente universitaria Venus Mejía, fundadora de Solsticio Ediciones, en una feria del libro realizada en Tegucigalpa. Foto: Cortesía.

Con respecto a las políticas públicas que impulsen el sector editorial, expresa: «No las hay, o no las conozco. A excepción de invitaciones a capacitaciones organizadas por la Editorial Universitaria y el Centro Regional para la Promoción del Libro y la Lectura en América Latina y el Caribe (Cerlalc), el Estado está ausente de la problemática que atraviesa el sector editorial independiente. La Secapph creó su editorial y con eso quisieron tapar el sol con un dedo. No se han ocupado del fomento a la lectura ni han incentivado la producción editorial».

Para impulsar la participación de las mujeres en la industria editorial, recomienda «apostar por publicar con mujeres en sus editoriales, contratar más mujeres editoras para consultorías, comprar más libros escritos y editados por mujeres».

Guanacaste Editores, un proyecto en formación

Johanna Burgos es docente universitaria y ha tenido experiencia como editora de textos educativos en proyectos de la Secretaría de Educación, así como en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, donde estuvo a cargo de la Unidad de Publicaciones. Junto con Venus Mejía, fundaron en 2011 Ixchel Editores. Luego de que este proyecto finalizara, ambas iniciaron nuevos emprendimientos. 

En 2024, Johanna comenzó a incursionar en la elaboración de materiales didácticos. «Me he estado preparando en diversos programas para que este nuevo proyecto no solo incluya publicaciones literarias, sino también una colección didáctica enfocada en apoyar a docentes y estudiantes», explica. «Con este nuevo proyecto», dice, «deseo atacar lo que considero el mayor problema en el sector educativo: la falta de comprensión lectora».

Agrega que «el proyecto ya está patentado, y actualmente estoy en el proceso de creación de materiales, con el objetivo de lanzar al menos cinco títulos en su primera etapa»; también está contemplando el lanzamiento de una página web para marzo del 2025.

Para Johanna, entre los principales desafíos se encuentran «equilibrar el esfuerzo y conocimiento empleado en la creación editorial con la sostenibilidad de los proyectos. No existe una cultura lectora, y publicar es una tarea que en el mayor de los casos no es rentable en nuestra Honduras».

Añade que «un público bombardeado por los dispositivos audiovisuales y una cultura de lo efímero sin mayor complejidad, nos deja una situación adversa, ya que la mayoría de las editoriales seguimos aferradas al modelo tradicional del libro (al menos en mi caso y lo que he observado), mientras el sector editorial se ha diversificado en formato y forma. Tocará adaptarse sin perder la esencia del valor del libro y del contexto nacional».  

Por otra parte, estima que «los autores nacionales desean tener un público lector amplio, desconociendo que el sistema educativo no está formando lectores, por lo que como sector editorial debemos, además de generar textos, formar y acercarnos a los espacios docentes para hacer que el educando adquiera el hábito de lectura desde la infancia. Para ello, se necesitan políticas públicas, planes a largo plazo y mucho compromiso». 

Sobre la participación de las mujeres en el sector editorial hondureño, Johanna expresa que, en su experiencia, «he visto más puestos de decisión editorial liderados por hombres que por mujeres, por lo que hay un terreno que debemos equiparar». Y puntualiza: «He visto carreras prolíficas de mujeres, pero lideradas por la edición y la visión de lo masculino, por lo que lo primero sería definir: ¿Hay una propuesta editorial nacida de la visión femenina? Aún seguimos trabajando desde un enfoque masculino, pues es el que predomina, el que aprendimos, pero conscientes de ello, es hora de buscar una voz y propuesta más cercana a las necesidades de las mujeres: ¿qué quieren decir, crear y leer las mujeres?».

Consultada sobre la existencia de políticas públicas para el sector editorial, nos dice: «Sé que, a nivel estatal, se trabaja desde hace mucho en una política editorial. Desconozco que se haya socializado, pero lo que sí sé es que no se ha llamado a los diferentes proyectos editoriales para consultarles en mesas de trabajo sobre esta política, lo que representa un error institucional». 

Johanna considera que para fomentar la participación de las mujeres en el sector se debe «identificar los proyectos editoriales, publicaciones o esfuerzos que las mujeres estén haciendo; revisar las líneas de acción, los logros y los fracasos, para determinar qué se puede mejorar o qué se debe cambiar totalmente». 

Finalmente, apunta que «la profesionalización del rubro es decisiva para mejorar los procesos y los resultados. Debe existir un espacio de diálogo y aprendizaje de las mujeres, para que definamos la ruta a seguir y los objetivos comunes para apoyarnos y crecer juntas». 

La edición universitaria

La Editorial Universitaria, fundada en 1958, ha tenido diferentes etapas, de acuerdo con los cambios sufridos por la propia universidad. Cabe destacar que una de las intelectuales hondureñas más destacadas del siglo XX, la historiadora Leticia de Oyuela, fue directora de la Editorial Universitaria en los años setenta, según refiere el historiador Jorge Amaya.

De acuerdo con su sitio oficial en la página web de la UNAH, la Editorial Universitaria «es la unidad encargada de difundir el conocimiento y la cultura producidos dentro y fuera de la UNAH, mediante la publicación de textos en distintos formatos, para ponerlos al alcance de la comunidad universitaria, la sociedad hondureña y la colectividad centroamericana e internacional, en condiciones óptimas de cantidad, calidad, pertinencia 

Estos objetivos podrían alcanzarse si la Editorial Universitaria fuera una prioridad institucional. Por el momento, los talleres gráficos con los que cuenta están en abandono desde el año 2013, lo cual plantea la inquietud de si no pudieron haberse reacondicionado para no depender del trámite burocrático que implica pagar por la impresión fuera de la UNAH.

Dilia Celeste Martínez es la actual jefa del Departamento de Edición de la Editorial Universitaria. Su experiencia laboral incluye haber colaborado como redactora de textos para el Programa Telebásica, de la Secretaría de Educación, y en el año 2020 obtuvo una beca de la Cooperación Española para realizar una estancia en la Academia Hondureña de la Lengua, en donde editó varios libros y revistas. Posteriormente ingresó a la Editorial Universitaria como especialista en edición y corrección de estilo, y recientemente, en enero de 2025, fue nombrada en su cargo actual. 

Considera que su mayor logro es «haber publicado artículos en dos libros editados por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, además de haber participado en el titánico reto que representó la segunda edición de la Nueva gramática de la lengua española, un trabajo de casi cuatro años en el que colaboramos muchos especialistas en lengua española de 23 países». 

Dilia Celeste Martínez junto a algunas publicaciones recientes de la Editorial Universitaria. Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, 23 de enero de 2024. Foto: CC / Fernando Destephen.

Para ella, el principal desafío ha sido «luchar contra la invisibilidad que tenemos los correctores de estilo dentro y fuera del sector editorial. Soy profesora de Español, y en algunas ocasiones mis propios colegas me han intentado hacer sentir menos solo porque no estoy dando clases como actividad principal, sino que, como dicen ellos, solo “quito y pongo comas”», lamenta Celeste.

Agrega que se considera «mejor correctora de estilo que editora. Por tanto, trato de hacerles ver a las personas, y en especial a los autores, lo complejo que puede llegar a ser corregir textos y todavía más en un país como el nuestro, donde el nivel de redacción del hondureño promedio es bajo. Aquí el corrector no solo corrige estilo, sino que, en muchas ocasiones, reescribe, lo cual no es correcto ni recomendable. Como consecuencia, en labores de correctora de estilo me ha tocado tener que ser editora también». Y apunta que «por este tipo de situaciones es que en Honduras todavía muchas personas no pueden distinguir la diferencia entre el corrector y el editor».

Perteneciente a la generación millennial, nacida en la década de los noventa, Celeste creció leyendo libros tanto en físico como digital; por tanto, está a favor de ambos formatos. Desde su perspectiva, en el país se ha avanzado en el ámbito editorial. «Hoy en Honduras las ferias del libro son una realidad», dice, aunque reconoce que «seguimos enfrentando múltiples retos en el ámbito de la producción, porque en Honduras los materiales son muy caros en comparación con otros países y, por lo visto, un camino viable (y rentable) para continuar publicando será tener que recurrir a un minimalismo todavía más extremo, además de recurrir a la autopublicación en plataformas como Kindle Direct Publishing».

Pero ante todo, considera que el principal desafío es «crear lectores. En países que tienen una industria editorial consolidada se dice que los lectores ya están muriendo porque se están volviendo consumidores de bestsellers: aquí todavía no han nacido muchos lectores. Debemos impulsarlos, porque sin lectores no podemos siquiera imaginar una industria editorial en Honduras. También considero que debemos volver a replantearnos cuestiones básicas como qué es leer. A fin de cuentas, si no hay comprensión de un texto, ¿cuenta como leer?», se pregunta.

Respecto a la participación de las mujeres en el sector editorial, opina que «no es equitativa en puestos de liderazgo. Este es un dato que no solamente lo digo yo, sino que está plasmado en estudios regionales. Sin embargo, me atrevo a decir que cada vez hay más correctoras, editoras, ilustradoras y diseñadoras innovando en nuestro sector editorial». Con el propósito de visualizarlas, Celeste inició hace dos años el proyecto «De la idea al concepto: editoras hondureñas», que consiste en entrevistarlas para dar a conocer su trabajo.

Celeste considera que se debería crear programas formativos de profesionalización en el ámbito editorial. «Muchas editoras que conozco», dice, «al igual que yo, han tenido que estudiar cursos en línea y a veces con precios nada baratos, si tomamos en cuenta los salarios de Honduras». 

Propone, además, promover la lectura de literatura escrita por mujeres, y crear convocatorias para que las mujeres publiquen sus obras y den a conocer su voz. «Siempre hago hincapié», destaca, «en que no debemos olvidarnos de todas las personas que forman parte de la cadena del libro: traductoras, ilustradoras, editoras, correctoras, diseñadoras, promotoras de la lectura, libreras, etc.».

En su opinión, «sin distinguir si es hombre o mujer, se debe impulsar la figura del editor dentro de todos los actores de la cadena del libro. Históricamente la relación autor-editor es como la relación músico-productor: tanto el editor como el productor muchas veces no son reconocidos cuando son quienes orientan al autor-músico hacia una curaduría de su obra».

La publicación de libros desde el sector gubernamental

La devolución de la categoría de Secretaría de Estado, con el nombre de Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de Honduras (Secapph), a lo que durante los gobiernos anteriores se había reducido a Dirección de Cultura, despertó muchas expectativas en el sector cultural. A ello se unió el nombramiento como ministra de la nueva Secretaría de la académica y escritora Anarella Vélez Osejo, quien además cofundó, a finales de los años ochenta, Ediciones Paradiso, en conjunto con su esposo, el poeta Rigoberto Paredes.

Sin embargo, la gestión de la Secapph no ha estado exenta de cuestionamientos, entre ellos, que a la mayoría de las actividades que realizan se les da una connotación de política partidista. Las convocatorias a concursos literarios sobre el tema de la refundación, así como concursos de canto cuyas bases dicen explícitamente que tienen la finalidad de «exaltar la figura de la presidenta Xiomara Castro», son más apropiadas para la Secretaría de Cultura del Partido Libre que para una Secretaría de Estado.

Carolina Torres, quien es poeta, narradora, y ha realizado estudios universitarios en Antropología, es la directora de la Editorial Nacional Eva Thais, fundada como dependencia de la Secapph en abril de 2022. Entre los principales logros de la editorial, menciona «el poder brindar un acceso a libros a la población sin costo alguno desde una institución gubernamental; diversificar la oferta literaria; abrir espacios de publicaciones literarias para asociaciones, organizaciones, autores y autoras a través de proyectos que presentan a la Secapph». 

Algunos de los libros publicados bajo el sello de la Editorial Nacional Eva Thais. Tegucigalpa, 23 de enero de 2024. Foto: CC / Fernando Destephen.

No obstante, reconoce como «una de las principales limitantes el presupuesto asignado», que repercute en la falta de más «materiales para la producción y más personal para el trabajo que implica todo el proceso de creación hasta distribución de libros».

A su criterio, el sector editorial en el país «se encuentra en una etapa de experimentación con respecto a nuevas tecnologías, por ejemplo, temáticas de Inteligencia Artificial (IA) que se están debatiendo», y que «la situación del público es algo complicada, porque no hay una dimensión grande de audiencias para el sector».

En su opinión, para impulsar la participación de las mujeres en el sector editorial, es importante «socializar la problemática y llevarla al debate dentro y fuera del sector, puntualizando acciones que sean iniciativas de las mujeres participantes del ecosistema literario y editorial del país, y también de aquellas en instancias académicas o creativas». 

Carolina menciona la Ley del Fomento a la Lectura y el Libro, pero reconoce que no se lleva a la práctica. Apunta que, en el año 2024, la Secapph presentó una propuesta de reformulación de la Ley a la Comisión de Cultura del Congreso Nacional, «donde se contemplan otras demandas que el sector tiene, como aranceles para importación de materiales para libros, facilidad de publicaciones e incentivos al público».

Cabe hacer notar que ninguna de las editoras consultadas por Contracorriente expresó haber sido convocada para participar en la socialización de la Ley o de las reformas propuestas, ni siquiera Editorial Guaymuras, que en su condición de fundadora de la Cámara Hondureña del Libro participó activamente en la elaboración de la propuesta original.

Setenta años después de conquistar el derecho al voto, las mujeres hondureñas aún enfrentan profundas desigualdades estructurales y violencia política que limita su participación democrática. A pesar de que se han presentado leyes para  frenar todos los tipos de violencia, incluida la del ámbito político, estas continúan sin ser discutidas en el Congreso Nacional. Mientras tanto, los discursos de la extrema derecha y ultraconservadores, así como la propaganda influenciada por el presidente Donald Trump en Estados Unidos, resuenan en la propaganda política  para estas próximas elecciones.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos marcó una influencia directa en la retórica política en Honduras. «Un país democrático y con una economía consolidada, no como las burdas ideologías que pretenden vender quienes nos gobiernan. Felicidades al Presidente, Donald Trump», escribió en sus redes sociales Iroshka Elvir, diputada y precandidata a la reelección ahora por el Partido Liberal. 

El mensaje de la congresista, quien además está lanzando su candidatura para ser reelecta en el Congreso Nacional, esta vez por el Partido Liberal, despertó el rechazo de la población, que está en contra de las políticas antiinmigrantes del mandatario norteamericano, lo que desencadenó una ola de insultos hacia la precandidata.

El presidente Donald Trump se juramentó como presidente de los Estados Unidos el pasado 20 de enero, y desde ese día ha girado una serie de órdenes ejecutivas que atentan en contra de las poblaciones minoritarias y en condición de vulnerabilidad dentro y fuera de los Estados Unidos. En materia de género, Donald Trump también ordenó que en Estados Unidos se establezcan solamente dos géneros, el femenino y masculino, en un intento de borrar la diversidad sexual en el país. 

Aunque en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos aún no ha realizado alguna acción, en tiempos de campaña Trump se posicionó en favor de la prohibición del aborto en Florida. Además, en enero del año pasado, un jurado falló a favor de la escritora E. Jean Caroll por haber sido víctima de difamación por parte de Trump desde 2019, cuando lo acusó de haber abusado sexualmente de ella en 1990, un caso por el cual el presidente Trump fue declarado culpable en 2023.

Para la feminista hondureña Jessica Isla, la llegada de Trump a la presidencia no solo influye en la propaganda que utilizan los políticos hondureños que van a elecciones, sino en el comportamiento de funcionarios actuales, quienes parecen replicar «discursos insultantes».

En Honduras, Iroshka Elvir no ha sido la única política que ha demostrado respaldo a Trump. Salvador Nasralla, precandidato presidencial del Partido Liberal, también ha realizado el baile característico de Trump con la canción YMCA, así como precandidatos al Congreso Nacional como Rashid Mejía por el Partido Liberal, y Kilvett Bertrand por el Partido Nacional.

«Mucha gente, contrario a lo que nosotras creemos, sí cree en Trump y cree que es la época dorada de los Estados Unidos y de América y que el hombre va a hacer cambios estratégicos (…) entonces ese es el peligro al que se enfrenta Libre, que tiene mucho en las bases y que ojalá  las bases lo salven (al partido), pero la gente de la ciudad, que es cada vez más, tiene ese malestar de promesas no cumplidas y acordémonos que Libre ganó, sí, por un voto masivo popular, pero también por un voto de castigo para los nacionalistas», apunta Jessica Isla.

Explica, además, que toda esa masa crítica, en especial la de la juventud hondureña, podría verse orientada a ese lado conservador «solo por ver un cambio», lo que ella considera como un peligro real para las próximas elecciones. Como ejemplo de esto coloca a Rashid Mejía, una figura predominante en redes sociales y actual precandidato al Congreso Nacional por la corriente de Salvador Nasralla en el Partido Liberal, quien promueve posturas conservadoras en sus redes sociales.

Un gobierno que tampoco responde a las mujeres

Pero, de acuerdo a analistas y a organizaciones de mujeres, el gobierno de la primera mujer presidenta, Xiomara Castro, tampoco ha mostrado voluntad en la promoción de políticas públicas y avances para garantizar la igualdad de condiciones y la erradicación de violencia hacia las mujeres en Honduras, como lo había prometido en su plan de gobierno y durante la toma de posesión.

Concentración política de Libertad y Refundación (Libre) en los alrededores de la Casa Presidencial. Tegucigalpa, septiembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Un ejemplo de esto es el veto de la presidenta Castro a la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras, la cual ya había sido aprobada en el Congreso Nacional. La presidenta argumentó que el veto era necesario porque el proyecto no había sido debidamente socializado con padres y madres de familia, después de que grupos religiosos y ultraconservadores salieran a protestar en contra del proyecto, argumentando que esta iniciativa trataba de implementar lo que ellos denominan como «ideología de género» en los niños y en las escuelas.

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Ana Cruz, directora de la Asociación Calidad de Vida, recuerda que en la realidad de violencia que viven las mujeres en Honduras lo político es relevante, pues a las mujeres no solo les resulta más difícil llegar a estos espacios, sino que también son más propensas a recibir ataques y violencia política.

Para el caso, la Ley Especial Integral Contra la Violencia a Mujeres, presentada en febrero de 2023, no se ha vuelto a discutir en el Congreso Nacional, mientras que en Honduras en 2024, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH), se registró una muerte violenta de una mujer por cada 38 horas con 5 minutos.

En esa misma línea, una propuesta de ley impulsada por mujeres políticas y organizaciones para erradicar la violencia política contra las mujeres sigue estancada sin llegar al pleno del Congreso Nacional, a pesar de los reiterados llamados a aprobarla con urgencia antes de las elecciones primarias previstas para marzo. 

Según el estudio «Impacto de la violencia política hacia las mujeres en Honduras», del Consorcio de Mujeres Unidas por Honduras (Comunh), la violencia política en razón de género se exacerba contra las mujeres en lo interno de los partidos durante las elecciones primarias, y es también la principal causa de que las mujeres renuncien o se limiten a participar como candidatas o ejercer un cargo público en el país. 

Además, señala que las mujeres jóvenes, indígenas, campesinas y garífunas no solo enfrentan violencia política, sino también acoso sexual dentro de sus propios partidos. Aunque el CNE cuenta con mecanismos para denunciar estas violencias, el estudio revela que la mayoría de las mujeres, especialmente en áreas rurales, desconocen su existencia. Además, quienes se atreven a denunciar suelen enfrentarse a un sistema que las revictimiza y no les brinda protección, perpetuando así la impunidad.

En otro estudio de este mismo consorcio titulado «Obstaculos y desafios para la participación política de las mujeres en condición de igualdad», se resalta que, en las elecciones del 2021, cuando se eligió a Xiomara Castro como la primera mujer presidenta de Honduras, el 45 % de los puestos en las corporaciones locales fueron ocupados por mujeres, producto del cumplimiento de la alternancia establecida en la Ley Electoral de Honduras, pero que en el caso del Congreso Nacional la representación de las mujeres solo es del 27 %, y que, en los 298 municipios solo existen 5% de alcaldesas a nivel nacional.

Sin embargo, para Ana Cruz la representación de las mujeres en la política hondureña va más allá de un número, y está más orientada a la voluntad de cumplir con las demandas reales de las ciudadanas.

«Todo el gobierno está permeado de machistas y de mujeres machistas, donde no hay educación, no hay capacitación, y por más que digan que hay unidades de género en todos lados, de nada sirve. El acoso sexual en este gobierno como que se ha incrementado, y no quieren que hablemos», dice Ana Cruz. A su vez compartió una experiencia en la que una ministra le envió un mensaje de texto rechazando unas declaraciones que había dado sobre los feminicidios y muertes violentas en Honduras. «Me escribió la ministra y me dijo: “de donde menos lo esperaba”; óigame, o sea que nos quieren cerrar la boca también, es terrible, no se puede decir nada en este Gobierno».

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Cruz señala que para estas próximas elecciones primarias las opciones para las mujeres no parecen prometedoras; más bien, opina que no existe una diferencia entre los candidatos y candidatas en cuanto al conservadurismo que todos promocionan.

«Yo no veo un panorama en el que nosotras podamos escoger a una mujer, porque ahora están mujeres conservadoras, mujeres con delitos, mujeres que no respetan la ley, señaladas por corrupción, por todo. Entonces, ahora es horrible lo que nos va a pasar a las mujeres porque no tenemos representación, y si es de los hombres van hombres abusadores, hombres corruptos, ligados al narcotráfico», indicó.

Estructuras cooptadas por los hombres y desacreditación a la presidenta

La designada presidencial Doris Gutiérrez, una abogada que ha incursionado en la política hondureña por décadas, califica como un hecho histórico que por primera vez se tenga a una presidenta al frente de Honduras, pero señala que aún existen muchos desafíos para poder cumplir las deudas que tiene el Estado con las mujeres.

La designada presidencial Doris Gutiérrez en su despacho en el Centro Cívico Gubernamental. Tegucigalpa, enero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

«Hay que entender las limitaciones que tenemos las mujeres en espacios de poder, no es fácil, porque hay que enfrentarse a grupos muy poderosos que tienen mucha influencia en la ciudadanía», señaló Gutiérrez. En ese sentido, añadió que la presidenta también ha sido atacada y desacreditada, más que otros gobernantes del pasado.

María Elena Méndez, socia fundadora del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEM-H), también señala la narrativa de descalificación a la presidenta como uno de los desafíos que ha enfrentado la administración actual.

«Por ejemplo, yo no he escuchado, a pesar de que tuvimos un presidente vinculado al narcotráfico, todo el desprecio y la descalificación que hacen con la actual presidenta actual», dice la investigadora.

Sin embargo, según Méndez, desde el poder ejecutivo las mujeres deben realizar estrategias y alianzas que vayan más allá de sus partidos, y que no obedezcan al caudillismo de los hombres dentro de los mismos.

En ese sentido, para la investigadora es crucial que la presidenta rompa con estos esquemas y pueda dirigirse a la población con más autonomía, no solo con más mujeres en su gabinete, sino con asesoras que también puedan estar en los círculos de poder donde prevalecen los hombres.

A 70 años de haber conquistado el derecho al voto, las mujeres en Honduras siguen enfrentando el desafío de poder optar y ocupar espacios de poder, de ser incluidas en los planes de gobierno de los candidatos a elección popular y de exigir que esas promesas se traduzcan en acciones concretas.

Por Teddy Baca
Portada: Persy Cabrera

En los últimos meses, Honduras ha mostrado algunos leves avances en materia de reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual, tales como permitir que las personas LGTBIQ+ podamos donar sangre, la entrega de la tercera promoción de becas a personas trans en el marco de la sentencia sobre el caso de Vicky Hernández (mujer trans asesinada en el golpe de estado del 2009) y la inclusión de colectivos sexodiversos y género disidentes en la formulación de la nueva política de derechos humanos. 

Digo «leves avances» porque en materia de luchas centrales del colectivo no se ha logrado satisfacer la gran mayoría de demandas. Por ello, me parece esencial destacar la importancia de que esta política considere ejes como la prohibición de los Esfuerzos para «Corregir» la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG) y la eliminación de la prohibición del matrimonio igualitario, entre otros.

Las ECOSIG son procedimientos en la que existe un ejercicio de violencia y discriminación hacia identidades sexuales y genéricas, puesto que buscan «convertir» personas LGTBIQ+ en cisgénero y/o heterosexuales.

Incluso en su mismo nombre existe cierto estigma hacia lo no hegemónico, utilizando el término «corregir», como si se tratase de un error o problema, un claro ejemplo de cómo se instala el prejuicio antigay, antitrans, antibisexual y antilesbiana desde el lenguaje convencional.

La homosexualidad, o mejor dicho, toda la disidencia sexo genérica y género disidente no se considera un trastorno mental o enfermedad. Lo que causa desajuste emocional en algunas personas no es su sexualidad o género, sino el ambiente de enorme estrés producto de la discriminación familiar y comunitaria. Pese a que esta tesis es defendida por organismos e instituciones académicas como la Asociación Americana de Psiquiatría y la Asociación Americana de Psicología, en nuestro país no existe ningún comunicado al respecto de la Secretaría de Salud (Sesal), ni del Colegio Médico, ni del de Psicólogos.

En octubre de 2024, el Dr. Denis Bobadilla, exdiputado del partido de ultraderecha Alianza Patriótica, declaró en el programa televisivo Frente a Frente que «la homosexualidad tiene cura», pese a los consensos a nivel mundial entre las organizaciones de salud mental de que, al no ser trastorno, no existe tal «cura». Si acaso el doctor Bobadilla lee este artículo, lo invito a reflexionar y leer un poco sobre lo que expertas como Evelyn Hooker, pionera en la investigación en el tema, sobre el ajuste de personas LGTBIQ+ y la importancia de no contribuir a estos discursos patologizantes.

Estas prácticas pueden causar desconexión con las relaciones interpersonales, intensificar conflictos familiares, problemas emocionales como depresión, ansiedad generalizada, autolesiones, ideación e incluso intentos suicidas.

Las ECOSIG no son únicamente un problema en la práctica clínica; cuando padres y madres golpean, se burlan o recriminan a sus hijos por ser LGTBIQ+ también ejercen ECOSIG, así como cuando los maestros castigan o sancionan a sus alumnxs también por dicha razón y, de forma más extendida, cuando una iglesia o institución religiosa hace actividades para «convertir» personas.

Estas prácticas incluyen procedimientos como: el uso de la violencia física; manipulación mediante «consejería», donde se desinforma y estigmatiza sobre la diversidad sexual; forzar a tener relaciones sexuales con personas del sexo opuesto e incluso violaciones; secuestro y uso del trabajo forzado disfrazado como «terapia ocupacional»; uso de hormonas; estímulos aversivos como emplear químicos que inducen vómito o electroshock, entre otros.

La guía Nada que curar, de la Organización Panamericana de la Salud, es bastante clara sobre los daños que causan estas prácticas y su falta de efectividad. En mi artículo «ECOSIG en Honduras» hago mención de lo cuestionable y poco ético que es hacer creer a las personas que el problema radica en ellas y no en los estigmas sociales a los que están expuestas; así mismo, recalco la necesidad de ser más críticos con quienes aseguran poder eliminar o modificar la sexualidad ajena.

Es hora de que las instituciones estatales y las reguladoras de profesiones de la salud le den más seriedad a estos temas antes que produzcan adefesios contextuales como lo que ocurre en Rusia, Perú y Estados Unidos, donde existen organizaciones que promueven y practican abiertamente ECOSIG, sin importar lo fraudulentas y dañinas que son.

Es importante que, aparte de los leves avances que mencioné al inicio, las instituciones de salud en Honduras prohíban las ECOSIG, que se penalicen en todas sus formas, por violentar nuestras dignidades físicas y emocionales y se ponga un alto a las narrativas que siguen promoviéndolas en los medios de comunicación. Es lo mínimo que se puede hacer, aunque necesitamos algo más, trabajar en la cultura para que la gente deje de violentar a quien es diferente; así no existirán oportunistas para «resolver un problema» que no existe.

La presidenta mexicana ha salido a defender la honra de los mexicanos antes los ataques de Donal Trump, destacando la valentía de quienes deciden migrar. El gesto, aunque patriótico, devela una ceguera irresponsable de parte de Claudia Sheinbaum quien pretende disfrazar de honor el abandono de Estado.

Por Chantal Flores

Jason Peña, un adolescente residente de Chicago, planeaba celebrar su cumpleaños número 14 con algunos miembros de su familia paterna en un pueblo de Durango, México. Sin embargo, dos días antes, el 27 de diciembre, la camioneta en la que viajaba junto a otros familiares fue acribillada a balazos mientras circulaban por una carretera en el municipio de Santiago Papasquiaro. El padre del menor y su tío, ambos ciudadanos estadounidenses, y un familiar mexicano murieron en el ataque. Jason fue trasladado en estado crítico a un hospital en Texas tras recibir un disparo en la cabeza.

Unos días después de que circulara la noticia, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió con orgullo a los mexicanos migrantes. En un discurso aplaudido por su tono soberano frente a Estados Unidos, la mandataria celebraba la valentía de quienes se ven obligados a abandonar México. Una soberanía vacía ante la realidad de que el gobierno mexicano no ha podido ofrecer a sus ciudadanos las condiciones para una vida digna en su tierra.

El asesinato del padre y el tío de Jason no es un caso aislado. Desafortunadamente, algunos ciudadanos estadounidenses de origen mexicano han perdido la vida debido a la violencia que persiste en el país. Aquello de lo que muchos mexicanos huyeron, termina persiguiéndolos durante sus cortas visitas a su lugar de origen.

La pérdida del hogar, la separación de familias y el trauma de sobrevivir a la violencia son algunos de los efectos más devastadores de la migración de los que poco se habla y que el gobierno mexicano se rehúsa a reconocer en su verdadera dimensión. Las declaraciones de Sheinbaum en respuesta a las constantes amenazas, ataques y críticas de Donald Trump a días de asumir su segundo mandato han sido aplaudidas por su postura firme en defensa del pueblo mexicano, desafiando la postura tradicional de gobiernos anteriores de ceder ante las presiones del país vecino. Las palabras de la presidenta, sin embargo, son más bien reflejo de una soberanía ciega que ignora los principales motivos que obligan a miles de personas a dejar el país año con año.

Los mexicanos son el mayor grupo de inmigrantes en Estados Unidos. Según las estimaciones más recientes, aproximadamente un 45 por ciento de los más de 11 millones de personas sin estatus legal en el país son de origen mexicano. Una de las grandes preocupaciones ante la llegada del presidente electo Donald Trump son las deportaciones masivas. Ante esta situación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió defendiendo a las y los migrantes mexicanos, afirmando: “Y si migraron fue porque son personas valientes que decidieron ir a buscar mejor destino para sus familias”.

Sus palabras durante un evento en el estado de Puebla resonaron principalmente por su postura soberana. Sin embargo, sus palabras también pusieron de manifiesto una de las grandes contradicciones del gobierno de la 4T: el pueblo al que supuestamente se dedica es el que continúa viéndose obligado a abandonar su lugar de origen por la falta de oportunidades económicas o por la incesante violencia, o ambas. Mientras la presidenta defiende a los migrantes mexicanos en el extranjero, el gobierno mexicano no logra garantizar las condiciones necesarias para que las y los mexicanos puedan vivir dignamente en su propio país.

A mediados de diciembre, más de 5 mil vehículos con aproximadamente 20 mil mexicanos que radican en los Estados Unidos cruzaron a México para celebrar las fiestas decembrinas con sus familias. La caravana es organizada por grupos migrantes para garantizar un viajar seguro hacia sus estados de origen, como Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. A pesar del tiempo que han pasado lejos de su país, los ‘paisanos’ son conscientes de los riesgos que implica viajar por las carreteras del país, como robos, extorsiones y otros delitos, especialmente por ser vistos como mexicanos que suelen traer consigo remesas. Por lo cual, la única forma de poder atravesar el país de una forma segura es acompañados.

La noticia del ataque a Jason y su familia captó la atención de los medios de comunicación, principalmente por su residencia estadounidense. Estos casos, en los que migrantes mexicanos o estadounidenses de origen mexicano pierden la vida o desaparecen en México, logran atravesar la normalización de estos crímenes y llegar a las noticias. En abril de 2023, por ejemplo, conmocionó al público la desaparición y posterior feminicidio de Bionce Amaya Cortez, una joven residente de Texas, de origen mexicano, que viajó a China, Nuevo León, durante las vacaciones de Semana Santa. Ese mismo año, en la misma región, se reportó la desaparición de otras tres mujeres residentes de Texas. Hasta el día de hoy no han sido localizadas. 

En los últimos 15 años, casi 400 mil personas han sido desplazadas forzadamente de sus hogares debido a la violencia. El pasado 12 de enero de 2025, cientos de indígenas tzotzil y tzeltal marcharon en Chiapas, en el sureste mexicano, para exigir justicia por el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez y demandaron al gobierno federal el retorno seguro de las personas desplazadas por la violencia de los grupos criminales. El desplazamiento interno en el país es un problema complejo con múltiples causas, que incluyen desde desastres naturales y megaproyectos hasta la violencia generada por grupos armados y la creciente presencia del crimen organizado.

La marcha del 12 de enero en Chiapas refleja la grave situación de desplazamiento forzado que viven muchas comunidades en el país, especialmente aquellas afectadas por la violencia de los grupos criminales. Algunas personas logran moverse hacia las cabeceras municipales o a las ciudades principales del país, o inclusive cruzar hacia Estados Unidos. Otras continúan en el limbo esperando una respuesta del gobierno.

No basta con defender al pueblo con palabras mientras este permanece expuesto y desprotegido ante la violencia. Urge que el gobierno mexicano se atreva a ver hacia dentro antes de ver hacia afuera. No se puede hablar de un pueblo soberano e independiente cuando los grupos criminales operan con impunidad y disputan el control territorial sin que el Estado intervenga.

El territorio mexicano clama por un análisis profundo y contextualizado que permita comprender las dinámicas particulares de violencia que afectan a cada rincón del país y su gente. Y es tiempo de que el “gobierno del pueblo” vea al pueblo como realmente es. La retórica de defensa del pueblo suena hueca cuando la realidad muestra a los ciudadanos atemorizados por la violencia, perdiendo oportunidades económicas, obligados a abandonar sus hogares como única salida. De poco sirve el reconocimiento por su valentía al buscar mejores condiciones de vida si el gobierno no reconoce abiertamente las causas profundas —empezando por la violencia— que obligan a la gente a huir. Sólo cuando el gobierno mexicano se atreva a realizar un análisis profundo de la situación interna, identifique los problemas estructurales y los reconozca públicamente, se podrán trazar nuevos caminos donde haya coherencia entre el discurso y las acciones.

Tapachula (México), 20 ene (EFE).- Miles de migrantes partieron este lunes en una caravana desde la frontera sur de México, la primera de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, pese a las advertencias de deportaciones masivas y restricciones al asilo, así como una mayor vigilancia de las autoridades mexicanas.

Los migrantes de Venezuela, Guatemala, Salvador, Honduras, Cuba y Haití realizaron actos religiosos en Tapachula, la mayor ciudad del límite de México con Centroamérica, antes de emprender su caminata a Estados Unidos a pesar del temor e incertidumbre por la llegada del nuevo mandatario estadounidense.

Los viajeros llevaban niños en brazos, mochilas con ropa, alimentos, carriolas o coches para bebé, y triciclos para llevar a sus hijos.

Entre ellos iba Andrés Manuel Melgar Pérez, con nacionalidad mexicana e hijo de la hondureña Glenda Lizeth Melgar, quien es madre de tres niños y ha luchado sin éxito para tener su tarjeta de estancia permanente en México, por lo que prefirió unirse a la caravana.

«Mi hijo se llama Andrés Manuel Melgar Pérez, por el presidente anterior que estaba (Andrés Manuel López Obrador) quise ponerle así, me gustó ese nombre, en el 2019. Pido al expresidente que me puedan apoyar para que pueda sacar mi documentación mexicana porque a mí me dijeron que por vínculo familiar podía tener», contó a EFE.

La madre centroamericana señaló que en caso de no poder cruzar su opción sería quedarse en alguna entidad de México para trabajar.

Un nuevo viaje con nuevas restricciones

Mientras la nueva caravana avanzaba, el equipo de Trump adelantó que el nuevo presidente estadounidense dedicará sus primeras órdenes ejecutivas a «cerrar» la frontera con el despliegue de militares y restaurará el polémico programa ‘Quédate en México’, que obliga a solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano.

En tanto, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, defendió la estrategia migratoria de México, al citar una caída del 78 % en los arrestos diarios de migrantes en la frontera de Estados Unidos desde diciembre de 2023.

Edwin Jesús López, venezolano en la caravana, dijo estar preocupado por las políticas de Trump porque miles de migrantes como él podrían quedar atrapados en México o volver a sus países.

«No debería hacerlo, él sabe la situación de nuestro país, él sabe que estamos viviendo con un pésimo gobierno que, lamentablemente, no ayuda a nosotros como venezolanos, que se ponga la mano en el corazón, somos mucha gente buena, que nos dé la oportunidad de aportar y trabajar», expresó a EFE.

Alfredo Parra, otro migrante de Venezuela, indicó que la meta es llegar a Ciudad de México como primer punto y esperar que Trump no elimine la aplicación ‘CBP One’ de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que permite solicitar una cita con autoridades estadounidenses desde territorio mexicano.

“Hay un poco de tensión por eso, por el dinero que se ha invertido para llegar hasta acá, pero que la elimine sería una pérdida», indicó.

Pese a las amenazas, este migrante conserva la esperanza porque «como todo hay que ver qué pasa y que se va desenvolviendo con eso».

«Sí hay miedo serio, fuerte, con la situación que hay en el país y devolverse no es una opción viable, prácticamente porque todas las personas que estamos aquí soñamos con llegar a Estados Unidos», mencionó.

A mediados del 2024, el alcalde Roberto Contreras inició una campaña para rescatar a los caballos que eran usados para jalar carretas recogedoras de desechos en San Pedro Sula. La Policía Municipal decomisó al menos 28 animales que posteriormente fueron enviados a un predio que la municipalidad habilitó como centro de rescate. Ahí, bajo el cuidado de la municipalidad, murieron cinco animales. Ahora, la corporación está demandada por maltrato animal e incitar la discriminación contra los trabajadores de las carretas.

Texto y fotografías: Allan Bu

«Hasta aquí llegué», pensó Yobany, sintiendo de cerca la muerte, cuando un carro desconocido se atravesó en el camino de su carreta de caballos y un grupo de hombres encapuchados bajó del vehículo con armas de fuego en mano con actitud amenazante. Rápido se enteró que no querían matarlo, sino despojarlo de su carreta y su yegua colorada. Así, en pocos minutos, Yobany quedó sin su medio de trabajo y transporte en una ciudad en donde la rebusca es la forma de vida. 

Lo que pasó aquella tarde fue que Yobany se había convertido en uno de los blancos de una campaña emprendida por Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, al norte de Honduras, quien a través de las redes sociales enarboló una bandera para «rescatar» a todos los caballos que eran maltratados al utilizarlos para jalar carretas en la «Gran Ciudad». 

Esta campaña inició después de que circuló un video de un hombre golpeando brutalmente a un caballo. Después, el alcalde Contreras publicó un video donde replica la escena del animal azotado y explica que con el decomiso de las carretas y los animales se intentaba evitar el maltrato animal y también el trabajo infantil. En su video, el alcalde aparece aplicando medicamento y alimentando a un equino en el nuevo Centro de Rescate Animal, que en esos días fue creado por el edil. 

A algunos de los trabajadores de las carretas se les ha prometido un medio de transporte para sustituir el trabajo de los caballos. San Pedro Sula, 9 de enero de 2025. Foto CC/ Allan Bu.

No obstante, en el afán de rescatar los animales o simplemente llamar la atención, hubo un «comportamiento abusivo», según Víctor Fernández, abogado del Bufete de Estudios para la Dignidad. No se atendió ningún procedimiento y simplemente se despojó a los carreteros de sus bestias, pese a que este trabajo está contemplado en el Plan de Arbitrios de la ciudad.

El Plan de Arbitrios publicado en el sitio web de la Municipalidad, en su artículo 126, se refiere a la circulación de trocos y carretas en la ciudad. Se les pide a los propietarios matricular su carreta por un valor de 100 lempiras y no realizar actividades que dañen el ambiente o la higiene de San Pedro Sula. Prohíbe la circulación de las carretas en bulevares y autopistas y específica las calles por las que no pueden circular dentro en el centro de la ciudad. Esto no ha sido cumplido, pero tampoco está señalizado. Los carreteros han andado libremente por las calles recogiendo cartón, chatarra, basura, jalando materiales o vendiendo verduras. 

Yobany recuerda el momento en que fue despojado de su caballo y la carreta. En la ciudad que fue la más violenta del mundo entre los años 2012 y 2013, y en la que aún la violencia campea por sus calles, lo más lógico es asustarse si un vehículo obstaculiza el paso y se bajan hombres armados. «Es que se abrieron las cuatro puertas al mismo tiempo, era un carro particular, y cuando van pasando a la par mío, se tiran (del carro) y con las pistolas en la mano», recordó Yobany. 

Después de semejante susto, seguramente hasta fue un alivio que solo le quitaran su animal. Yobany les dijo a los policías municipales que tenía los papeles de la yegua, y le contestaron que los llevara a las oficinas de la Policía Municipal. Resignado, quiso agarrar una pala que estaba en su carreta, y les explicó que la necesitaba para trabajar. «Me dijeron: “dejala ahí, que allá la necesitamos”, y ahí me quedé parado viendo. Si me opongo me matan. Eran policías municipales», contó. 

Trabajadores de las carretas hacen una fila afuera del comando de la Policía Municipal para dejar su nombre en una lista. San Pedro Sula, 9 de enero de 2025. Foto CC/ Allan Bu.

Abigaíl Aguilar es la presidenta de la recién creada Asociación de Carreteros. Relata que muchos de sus compañeros han sido golpeados: «A mí también me golpearon. Querían agarrar a un menor de edad y yo lo defendí, entonces un policía municipal me pegó una patada. ¿Cómo se va a poner a creer que un hombre le va a pegar a una mujer?». Agregó que la violencia ha escalado aún más: «Han sacado pistolas y nos han hecho disparos. Ahí están los videos, ahí ando todo eso yo en TikTok. Como si nosotros fuéramos delincuentes y no lo somos, más bien generamos empleo. Y mire que aquí no hay empleo, es una manera que a nosotros nos garantiza de tener qué comer», dijo. 

Por ahora, una de las medidas ha sido constituir la Asociación de Carreteros con los 70 miembros representados por el Bufete de Estudios para la Dignidad, y están esperando la resolución del Ministerio de Gobernación y Justicia para que a este grupo de trabajadores se les reconozca como una persona jurídica. Se le ha pedido a la municipalidad que regule el trabajo de los carreteros y que detenga el manejo sensacionalista estigmatizante que han hecho del tema. 

Por su lado, Contreras aseguró que tenía más de 300 empleos disponibles en áreas de seguridad, construcción y otros rubros, «si ellos quieren incorporarse a trabajar, pero no podemos permitir más el maltrato animal». El alcalde tuvo un apoyo masivo en redes sociales y sobre los carreteros cayó el estigma de maltratadores de animales y ladrones. 

El 12 de julio de 2024, el alcalde posteó en redes que la mayoría de los animales decomisados no tenían papeles, y en ese mismo mensaje despejó las dudas acerca del uso que se daría a los caballos rescatados. «Se los daremos a los niños con síndrome de Down y a los adultos mayores del asilo, para que sirvan como terapia. Los caballos rescatados serán de la ciudad. Nadie puede tomarlos», escribió el alcalde, y su postura nuevamente fue acompañada por cientos de personas indignadas por el maltrato animal.

Astrid Panting, pionera de la equinoterapia en San Pedro Sula a través de la Fundación A Tuto, nos explicó la complejidad de utilizar en terapia un caballo que tuvo una larga vida de trabajo. «El caballo orientado a equinoterapia debe ser estable emocionalmente, de buena contextura física, calmado y que no haya sido lastimado. Un caballo rescatado de los que andaban trocos ha sido severamente lastimado; entonces, tenemos el miedo de que el caballo pueda reaccionar de forma que ponga en peligro la estabilidad del niño que lo está montando. Hay caballos que podría ser, hay que analizarlos, y prepararlos muy dedicadamente para rescatarlos de ese trauma que pueden traer», dijo. 

Aclaró que la equinoterapia no se limita únicamente a montar los animales, sino que también los caballos pueden ser un acompañamiento o una vía de tacto, no necesariamente montado, y que tal vez en esas circunstancias los caballos rescatados podrían ser aprovechados. Sobre el problema de los caballos en San Pedro Sula, dijo que solo conoce lo que ha visto en redes sociales.

Más de alguna persona en San Pedro Sula, a raíz del rescate de los caballos, ha mencionado que Contreras sería un muy buen candidato a la presidencia. Por ahora, el alcalde solo aspira a la reelección con el movimiento de Jorge Cálix en el Partido Liberal, aunque en las elecciones pasadas ambos se arroparon con la bandera de Libertad y Refundación. 

El tratamiento de este tema le atrajo mucha simpatía al alcalde, que suele aprovechar muy bien las redes sociales con determinados temas. Pero también ha provocado que la sociedad mire una especie de enemigo público en los carreteros.

Yobany, quien fue despojado de su yegua por encapuchados, ha seguido trabajando con otro animal prestado, y dice que a veces en las calles algunos transeúntes o conductores les gritan: «¡Allí viene Contreras!». 

Víctor Fernández, defensor de derechos humanos, candidato independiente a la alcaldía sampedrana y coordinador del Bufete de Estudios para la Dignidad, defiende desde el año pasado la causa de los carreteros, ya que considera que ha habido una instrumentalización del tema y un atropello a los derechos humanos de estas personas. 

«Te ponen el video de un tipo maltratando un caballo y eso te conmueve. Después, a un caballito tirado en el suelo con la carreta que no se puede levantar; eso es sensacionalismo, pero a nuestros representados, si vos les ves su animal, los tienen en perfecto estado. Hemos pedido a la municipalidad que en lugar de abusar, regule que se cumpla con el mandato que dice el Plan de Arbitrios, señalizar por dónde no deben circular las carretas, no crear formas para abusar». 

Fernández sostiene que la actividad de los carreteros está contemplada en el Plan de Arbitrios de San Pedro Sula, con algunas limitaciones de circulación, y que las sanciones para el maltrato animal ya están establecidas en la Ley de Protección y Bienestar Animal, en cuyo artículo 15 menciona que respecto a los animales de trabajo los propietarios deben evitar la sobrecarga y las extensas jornadas; por supuesto, también deben evitar los castigos físicos. 

La Ley de Protección y Bienestar Animal contempla sanciones administrativas, civiles o penales en caso que se infrinja lo establecido en dicha norma. En el caso que el maltrato termine con la vida del animal, se sancionará con pena de reclusión de tres a cinco años y una multa que puede ir de 10 a 25 salarios mínimos. 

Las carretas decomisadas permanecen en un predio de la Municipalidad de San Pedro Sula. 9 de enero de 2025. Foto CC/ Allan Bu.

En octubre de 2024, el Bufete de Estudios para la Dignidad presentó un amparo a favor de dos personas a quienes les decomisaron sus bestias. Al ser admitida esta acción legal, la municipalidad sampedrana tuvo que responder. «Inventaron un expediente, porque ni siquiera tenían expediente. Es que a los carreteros se les trató como si no fueran gente. Ni siquiera les abrían la posibilidad de decir: “aquí están los documentos del caballo”, se decía: “todos son ladrones”. Cuando nosotros presentamos el amparo dicen a crear un expediente», aseguró Víctor Fernández.

Contracorriente se contactó con la oficina de comunicaciones de la municipalidad para conocer la posición de la alcaldía frente a lo dicho por Fernández y los carreteros con los que hablamos, pero no hubo ninguna respuesta a nuestra solicitud de entrevista. 

Según Fernández, en el informe que la municipalidad remitió a un juzgado de lo contencioso administrativo en San Pedro Sula, que dio a lugar al amparo puesto por los carreteros, consta que en el refugio creado por Roberto Contreras para rescatar a los «caballitos», como les llama el alcalde en sus videos, han muerto cinco animales. En las razones aparecen que fue por estado de preñez o por el ataque de murciélagos. «A un carretero no se le muere un animal por esas razones», sostuvo Fernández. «Ahí hay un manejo instrumental del tema, porque te quito los caballos, los llevo al refugio, y allá se están muriendo. Tal vez eso no es intencional que se mueran, pero se les mueren, ahí está en el expediente», agregó el abogado. 

Con el conocimiento de ese informe, el Bufete de Estudios para la Dignidad presentó una denuncia contra la municipalidad sampedrana por maltrato animal, ya que estando bajo su cuidado, han permitido que estos caballos mueran. Agregó que los decomisaron sin seguir el procedimiento, y esa es la medida extrema. 

Abigaíl acepta que algunos carreteros abusan de sus animales, y en este caso ella está de acuerdo con que se aplique la ley, pero no se puede generalizar, porque la mayoría cuidan a sus bestias, pues de ahí vienen los ingresos de su familia. «Estoy de acuerdo que aquella persona que maltrate al caballo que lo metan preso. No se puede maltratar, más bien uno lo cuida como si fueran hijos de uno, pero yo no me explico qué es lo que quiere el alcalde», manifestó.

El alcalde alimentando a uno de los caballos rescatados. San Pedro Sula. Foto de la página de Facebook de Roberto Contreras.

Demagogia

Según los afectados, estas carretas decomisadas tienen un costo de más de 7,000 lempiras. San Pedro Sula, 9 de enero de 2025. Foto CC/ Allan Bu.

En la denuncia consta también que la alcaldía, debido a las acciones de Contreras, creó una imagen de que los carreteros son malos, que no deben trabajar, que roban y que son un peligro. De esta forma se incita a la discriminación, y eso también fue incluido en la denuncia contra la corporación sampedrana. 

La muerte de esos animales bajo el cuidado de la municipalidad contrasta con los videos musicalizados en los que el alcalde aparece dando zanahorias o repollo a los «caballitos», como les llama. 

Contreras tiene como característica hacer uso de temas circunstanciales en sus redes sociales y luego soltarlos. De ahí que haya protestado contra las altas facturas de energía eléctrica, haya arremetido contra los lavadores de carros en Río Blanco, haya iniciado una campaña para ayudar a los niños en situación de calle, ahora haya abogado por el rescate de los caballos, y así va tomando y descartando temas. 

Además, cuando se hablan y prometen tantas cosas, se puede ser proclive a la contradicción. Por ejemplo, cuando asumió como alcalde de San Pedro Sula, se quitó los zapatos y relató la historia de cómo él había logrado vencer la pobreza para convertirse en el dueño de la exitosa cadena de comida rápida Power Chicken.«Yo soy el alcalde de los chuñas», dijo en aquella ocasión. Pese a esos antecedentes, los carreteros no sienten que están tratando con alguien que haya sido pobre, pues aseguran que no se ha reunido con ellos y, lejos de eso, han recibido mensajes despectivos a través de terceras personas. 

Abigaíl Aguilar sostiene que si el alcalde al menos hubiese escuchado a los representantes, podría entender que ellos necesitan trabajar y que están de acuerdo con el progreso de San Pedro Sula, «pero él no nos quiere ayudar, nos ha mandado a decir que él no habla con carreteros chucos y que no quiere ver a maltratadores de caballos». 

«No nos ha dejado trabajar tranquilos. Si él fue pobre, por qué no se toca la conciencia y nos ayuda. A nosotros parece que nos ha agarrado odio», agregó. 

Víctor Fernández comentó que hay en el alcalde una «especie de patología» en la idea de usar temas atractivos para el público y luego manejarlos de una manera que le catapulte su imagen, en el caso del decomiso de los caballos, «a costa de los derechos de los carreteros. Además, vivimos en una sociedad muy proclive a estigmatizar y marginar, es parte de la lógica de empobrecimiento que tenemos». 

Contreras es un alcalde muy presente en redes sociales. Constantemente aparece en ellas inaugurando obras, bailando, empinando una botella, dirigiendo al tráfico, presentándose en pódcast con influencers, rescatando caballos o anunciando la llegada del argentino Lionel Messi, considerado el mejor jugador del planeta, que llegará a San Pedro Sula el 8 de febrero con su club, el Inter de Miami, para enfrentarse al Olimpia. 

Para Óscar Hendrix, abogado y militante de Libre en San Pedro Sula, no hay problema en que el alcalde haga entretenimiento en redes, pues Armando Calidonio hizo un bailecito para su campaña: «Creo que con los debidos límites no hay problema, pero cuando solo es el bailecito y no hay propuesta, entonces significa que es un distractor», dijo. 

Hendrix señaló que no ve inconveniente en que el alcalde baile, si con esa misma facilidad va a sentarse en foros para hablar de los temas profundos de la ciudad. Si no se hacen las dos cosas a la vez, piensa que hay una «mala intención» de opacar «la mediocridad que se tiene en otras áreas, y ahí sí es peligroso para la democracia». 

«Él tiene una gran capacidad de soltar un tema y agarrar otro. Es algo digno de estudio. Recordemos cuando se amarró en una cadena, y por otro lado fue muy loable lo que hizo con sus trabajadores durante la pandemia, pero lo explotó de manera mediática», recordó Hendrix. 

No hay que desconocer que en Honduras ya hay una campaña abierta de cara a las elecciones primarias en marzo 2025. Contreras es el gran favorito en el Partido Liberal, y también en las generales de noviembre para seguir en el poder. «Cualquier alcalde en el poder tiene mayor posibilidad de quedarse. En una municipalidad tan grande como San Pedro Sula, ahí tiene asegurado lo que es más difícil en la democracia electoral, que es la presencia en los centros electorales y las juntas receptoras de votos», dijo Hendrix. 

Después del «rescate de los caballos» el alcalde ha seguido encontrando temas para sus redes, pero los carreteros siguen sin trabajar con normalidad. Los caballos decomisados aún no han sido regresados a sus dueños, y el alcalde Contreras aseguró que la mayoría no tenían carta de venta. 

Abigail lamentó que, si no pueden trabajar, sus hijos no van a poder entrar a la escuela, pues hace casi ocho meses no trabajan con regularidad. «Yo hasta en diciembre volví a trabajar, es que me da miedo. Y mire, si nosotros nos quedamos sin empleo, viene más pobreza a San Pedro Sula», advirtió. 

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), el desempleo en Honduras se redujo a 6.4 %; sin embargo, más de dos millones de hondureños siguen teniendo problemas como la subocupación, es decir, trabajan pocas horas a la semana y tienen ingresos debajo del salario mínimo. 

A los carreteros, Contreras les ha prometido un medio de transporte de carga, aunque no les ha dicho qué tipo de medio es y cuándo será entregado. «Nos van a engañar, ojalá que no sea así, pero dice el alcalde que nos van a dar un transporte, aunque no se ha dicho qué tipo de transporte todavía», contó Abigaíl. 

«Y mire, si el alcalde no da una solución, haremos una caravana. Le vamos a decir a Trump que la gente aquí no se va porque quiere, sino porque los mismos que gobiernan provocan la migración. Dos compañeros ya se fueron mojados, vendieron su carreta y se fueron. No es justo que uno tenga que irse teniendo su trabajo solo porque una persona con poder no nos quiere ver», finalizó la presidenta de la Asociación de Carreteros. 

El gobierno ha declarado una lucha contra las élites económicas, pero el Servicio de Administración de Rentas (SAR) ha suspendido desde 2022 las auditorías de fiscalización tributaria, a pesar de que mantiene un costoso Departamento de Auditoría Tributaria, con más de 90 empleados. Esta medida, adoptada bajo la gestión de Marlon Ochoa, genera preocupación en expertos en derecho tributario, pues deja a las empresas en una especie de «amnistía factual» y pone en duda la efectividad de las transformaciones del sistema fiscal prometidas por la administración de Xiomara Castro. 

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC

Aunque el gobierno que preside Xiomara Castro ha promovido una narrativa contra las élites económicas y la falta de transparencia fiscal, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) ha suspendido desde 2022 todas las auditorías de fiscalización tributaria, mientras mantiene un Departamento de Auditoría Tributaria con más de 90 empleados en su planilla y una erogación mensual de tres millones de lempiras en salarios.

El 22 de marzo de 2022, una de las primeras medidas adoptadas durante la gestión de Marlon Ochoa como director del SAR fue suspender las órdenes de inicio de fiscalización y auditorías, según consta en el memorando SAR-DAT-DNCT-118-C-2022, al que tuvo acceso Contracorriente. La suspensión de estas auditorías fue confirmada por varias fuentes, incluido un exfuncionario del SAR, un representante del sector privado y abogados especializados en derecho tributario. Una de las fuentes manifestó que la institución recaudadora de tributos ha dejado de efectuar las auditorías bajo el argumento de que la fiscalización debe ser «voluntaria y no coercitiva».

Según indicaron otras fuentes, incluyendo abogados especializados en derecho tributario y representantes del sector privado, otro argumento utilizado por el SAR para suspender estas auditorías fue que debían esperar a que el Congreso Nacional (CN) aprobara la Ley de Justicia Tributaria —que no ha sido dictaminada desde abril de 2023—, con el objetivo de enfocarse en las empresas amparadas en regímenes de exoneración fiscal. De acuerdo con el SAR, alrededor de 1,600 empresas se encuentran dentro de estos regímenes.

Sin embargo, la suspensión de estas auditorías o fiscalizaciones ha dejado en una «amnistía factual» a medianas y grandes empresas, de acuerdo con los expertos consultados. «Esto es totalmente contradictorio a lo que el gobierno ha expresado sobre estar en contra de las élites», indicó otra fuente, que igualmente solicitó anonimato y cuestionó la «doble narrativa gubernamental». 

El decreto ejecutivo 084-2015 —mediante el cual se creó el SAR—, en su artículo 3, establece que esta institución tiene entre sus atribuciones fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como requerir de terceros públicos o privados la información contable, financiera, bursátil, registral y de cualquier índole necesaria para el cumplimiento de funciones investigativas, de control y fiscalizadoras establecidas en el Código Tributario y demás leyes.

Por otro lado, el artículo 125 del Código Tributario faculta al SAR para realizar auditorías de fiscalización tributaria mediante notificaciones al sujeto tributario, asegurando un proceso detallado que incluye cronologías, hallazgos y la resolución de objeciones. Estas auditorías permiten identificar posibles irregularidades, como la existencia de activos no registrados, lo que faculta a los auditores a solicitar autorización judicial para garantizar el resguardo de documentos bajo la supervisión de un juez competente.

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El proceso de auditoría tributaria debe concluir en un plazo máximo de ocho meses, aunque puede extenderse en casos complejos, o si se descubre que el sujeto tributario ha ocultado actividades económicas, según el código referido.

Para el economista Obed García, el hecho de que el SAR mantenga en suspenso las auditorías de fiscalización tributaria o cualquier acción de fiscalización atenta contra su razón de ser, además de que viola el Código Tributario y atenta contra el Estado de derecho. 

«El SAR está obligado a tener un rol fiscalizador a través de las auditorías a las distintas instituciones del sector privado que declaran ingresos, producen renta y deben cumplir con las leyes y demás marcos normativos», manifestó.

La falta de fiscalización pone en riesgo el cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de las empresas. Tegucigalpa, 2023. Foto: Archivo CC.

García agregó que la decisión de suspender las auditorías tributarias se tomó a pesar de que no se ha reformado el Código Tributario, cuyo artículo 125 establece qué consecuencias conlleva el incumplimiento. Dicho artículo estipula que, además de sanciones económicas, el sujeto tributario puede enfrentar ajustes fiscales y la pérdida de beneficios legales. Si los auditores obtienen pruebas contundentes, se emite un acta final que el fiscalizado debe firmar. En caso de que el sujeto tributario no la firme, el acta deberá ser notificada por vías físicas o electrónicas, sin que ello afecte su validez. 

«¿De qué sirve tener un código, una ley, una Constitución, si nadie vigila su cumplimiento? Es simple», cuestionó García. 

Contracorriente envió el 19 de diciembre de 2024 un cuestionario a la directora del SAR, Mariana Ríos. Además, el 10 de enero de 2025 efectuó la solicitud de información SOL-SAR-908-2025 y trató de contactar a la directora del Departamento de Auditoría Tributaria, Nelsy Rivera, para conocer los resultados de las auditorías realizadas a empresas sujetas tributarias entre 2022 y 2024, además de conocer qué labores hace este departamento mientras las auditorías están en pausa. Hasta la fecha de publicación de esta nota, no se obtuvo respuesta por ninguna vía.

Robusta planilla salarial 

A pesar de que se ha retirado a los sujetos tributarios la obligatoriedad de ser fiscalizados, el Departamento de Auditoría Tributaria sigue funcionando con una planilla numerosa. Según verificó Contracorriente en el portal de transparencia del SAR, dicho departamento, cuya directora es Nelsy Rivera, cuenta con 80 analistas de auditoría tributaria, con salarios que oscilan entre 27,000 y 32,500 lempiras, ocho especialistas con sueldos de entre 32,000 y 38,000 lempiras, y seis jefes de departamento, con remuneraciones que van de 40,500 a 57,500 lempiras. La directora del departamento percibe un salario de 67,000 lempiras.

Obed García cuestionó que el Departamento de Auditoría Tributaria represente una erogación anual de aproximadamente 42.3 millones de lempiras, incluyendo salarios y beneficios adicionales como decimotercero y decimocuarto salarios, para una oficina que no está fiscalizando adecuadamente a las empresas. 

«Debemos reflexionar sobre la productividad del gasto público. ¿Cómo es posible tener un presupuesto destinado a oficinas de auditoría que no cumplen con su labor de fiscalización?», señaló García.

Según información conocida por Contracorriente, el equipo del Departamento de Auditoría Tributaria del SAR se ha limitado desde 2022 a realizar auditorías de gabinete o escritorio y, en caso de encontrar irregularidades, efectuar auditorías in situ. También han elaborado manuales y guías para la Dirección Nacional de Cumplimiento Tributario (DNCT).

«Si bien la política de fiscalización es una atribución discrecional del SAR, resulta inaudito que en tres años no se haya ejecutado una de sus funciones principales. Además, se está incurriendo en un posible mal uso de los recursos públicos al destinar fondos al pago de salarios de auditores que, durante este período, han permanecido prácticamente inactivos y se han limitado a elaborar manuales. Esta situación no genera ningún aporte productivo al país ni contribuye a modificar los patrones de comportamiento de los contribuyentes evasores», señaló otra de las fuentes consultadas. 

¿Y la Ley de Justicia Tributaria? 

El 9 de enero de 2025, tras anunciar que en 2024 se obtuvo una recaudación tributaria superior a los 98,000 millones de lempiras, la directora del SAR, Mariana Ríos, exigió al Congreso Nacional (CN) la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, cuyo anteproyecto de decreto no ha sido dictaminado desde que el Ejecutivo lo remitió el 26 de abril de 2023.

«Este 2025 seguiremos exigiendo al Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, no solo para aumentar significativamente la recaudación, sino también para impulsar un modelo progresivo de tributación justo y equitativo, en el que quienes tienen mayores ingresos paguen más impuestos», dijo la funcionaria.

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La propuesta de la Ley de Justicia Tributaria busca eliminar 10 regímenes de exoneración fiscal de los 18 actualmente vigentes. Entre los regímenes que desaparecerían se encuentran zonas libres, régimen de importación temporal, call centers, energía renovable, energía térmica, agroindustrial, fomento al turismo, transporte terrestre, Zona Libre Turística de Islas de la Bahía (Zolitur) y alianza público-privada. Las empresas inscritas en estos regímenes podrán mantener los beneficios otorgados hasta completar el período previamente acordado, pero no se admitirán nuevas incorporaciones.

El Aeropuerto Internacional Palmerola, ubicado en el centro de Honduras, fue construido como parte de un proyecto del régimen de alianza público-privada, uno de los que pretende eliminar la Ley de Justicia Tributaria. Comayagua, 16 de septiembre de 2019. Foto: Archivo CC.

En contraste, la ley propone la creación de dos instrumentos para fomentar, según el gobierno, la inversión local y extranjera. El primero es el régimen de incentivos para las inversiones para el desarrollo, administrado por el SAR, y el segundo, el régimen de zonas francas, a cargo de la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas), diseñado para fomentar la competitividad y atraer inversión directa bajo términos específicos.

Sin embargo, el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria no ha sido dictaminado en el CN, mientras el Gobierno y la empresa privada mantienen una confrontación. El primero asegura que los regímenes de exoneración fiscal ponen a Honduras en riesgo de convertirse en un «paraíso fiscal», mientras el segundo argumenta que la eliminación de la mayoría de ellos desalienta la inversión local y extranjera.

Por Manuel Orozco
Portada: Persy Cabrera

Las declaraciones de la presidenta Xiomara Castro de cerrar bases militares si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cumple con las deportaciones, se pudieron haber pensado mejor. Una confrontación con Estados Unidos sobre el tema migratorio pone en riesgo el ingreso de remesas de ese país, frente a un gobierno que no cuenta con una alternativa económica incluyente y competitiva, especialmente en momentos como este de desaceleración migratoria y decrecimiento de remesas.

Las remesas a Honduras: una fuente distributiva y subestimada a la vez

Con mucha frecuencia se habla de las remesas en la economía hondureña como un factor clave del crecimiento usando el volumen de dinero como porcentaje del ingreso nacional como indicador de su peso, que conforme al Banco Central de Honduras es 27 % actualmente.

Sin embargo, lo más relevante en las remesas es su naturaleza distributiva, ya que ese dinero está llegando a 1.3 millones de hogares, es decir, al 40 % de los hogares en todo el país. A nivel del hogar aumentan la disponibilidad de ingreso y ahorro, lo que ofrece grandes oportunidades para acceder al sistema financiero. El aumento casi duplica el ingreso del hogar, con un promedio anual de 4,800 dólares, y a la vez permite que las personas tengan una reserva de ahorro de al menos 1,200 dólares.

A pesar de que el efecto de las remesas es aumentar la capacidad de ahorro, menos de la mitad de estos hogares tienen su dinero guardado en el sistema financiero, una cantidad (mínima de 700 millones de dólares) que en conjunto, si se formalizara, aumentaría anualmente la cartera de créditos a nivel nacional en más de 20 %.

Sin embargo, el gobierno no toma en cuenta la contribución actual y potencial de este dinero para su economía o su efecto en la inclusión social y económica tan necesaria.  

Los verdaderos empresarios de Honduras están en Estados Unidos (y España) invirtiendo en el país a través de sus familias, pero nadie ha tomado en serio la migración y las remesas en el país por más de tres décadas; solo se percibe como un ingreso con el que se cuenta que llegue año con año. 

De hecho, estas remesas son responsables de casi un tercio del consumo privado, tanto como el consumo del sector empresarial en conjunto. Y de igual forma, representan 29 % del total de la renta tributaria; así es, las remesas pagan impuestos y no hay representación de la diáspora ni rendimiento de cuentas por lo que contribuyen.

La migración desde Honduras, una tendencia en declive en el corto plazo

No se puede perder de vista la razón del porqué la gente envía remesas, y es porque la economía de Honduras tiene un modelo económico excluyente que no da para la mayoría de la población. La intención de migrar se ha correlacionado con aquellos que en Honduras trabajan en la economía informal (que son más de la mitad de la fuerza laboral) o agrícola (que son al menos 20 % de los trabajadores) y tienen ingresos menores a 400 dólares.

Este es un denominador común que ha prevalecido por décadas. La gente emigró por razones económicas, y dependiendo de los momentos en que lo hicieron, también hubo otros factores como el crimen y los homicidios, así como desastres naturales, incluyendo sequías o huracanes.

Pero el dinero proveniente de remesas depende tanto de la continuidad migratoria como de la cantidad enviada. Una disminución de la migración reducirá el volumen de remesas y el número de hogares que las reciben.

Fuentes: *Banco Central de Honduras. **Cálculos del autor con base en datos de DHS, US immigration statistics. ***Migration, Remittances, and Deportations: Facts and Numbers on Deportation and Other Migrant Categories. ​****Orozco, Manuel. Family Remittances in 2024: Looking Ahead amid Possible Shifts in Flows. (a) Para 2025 y 2026 el crecimiento será de 3 % o menos. El número de deportaciones para 2025 será al menos el doble.*****Orozco, Manuel. Una visión sobre migración y desarrollo económico, en Las Cuentas de Centro América. ****** Cálculos del autor considerando la contribución de las remesas al IVA con base en información sobre la renta tributaria y del 15 % sobre el 90 % del volumen en remesas. Ver también, Orozco, Manuel. Remittances and Development in Honduras – Bridging Opportunities, 2024, y Orozco, Manuel. Estudio sobre la migración laboral, OIM-CREA, 2021.

Fuente: World Bank Development Indicators. Informe de Mercado Laboral, Honduras.

A esto se le suma que Honduras ya mostraba un desaceleramiento migratorio, acompañado por la disminución en las remesas. La desaceleración de la migración no ocurre porque la gente esté a gusto en su país, sino porque ya se fue mucha gente y el peso de los adultos en capacidad laboral aumenta. El tamaño de la fuerza laboral hondureña realmente no ha crecido en los últimos años debido a la migración: más gente ha salido del país que el incremento anual de nuevos trabajadores, pero la población fuera de la fuerza laboral (niños y adultos mayores) sí ha crecido.

El resultado es que el peso del cuidado ha disminuido la posibilidad de migrar; sin embargo, eso influye también sobre el envío de dinero. Al menos 40,000 nuevos hogares recibían remesas anualmente; ahora, con la disminución migratoria, el crecimiento de las remesas se calcula que será menor del 3 % anualmente entre 2025 y 2027, lo cual significa que el nuevo número de hogares que reciben remesas no será mayor de 10,000.

Fuente: Fuente: Homicidios: datos anuales oficiales obtenidos por el autor; Migración: DHS, Nationwide Encounters
Fuente: Fuente: Estabilidad Política: Indice de Libertad de Freedom House, Freedom House, Migración: DHS, Nationwide Encounters

Los factores de riesgo en lo migratorio

A todo esto se suma el espectro de las deportaciones. La nueva administración de Donald Trump viene con un fuerte énfasis en deportar a migrantes con estatus irregular en el país. Aquellos en situación de mayor riesgo de deportación son aquellos que ya tienen órdenes de deportación, que están amparados al parole (permiso de residencia temporal) humanitario, el estatus de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés), o que se les negó la petición de asilo.

En el caso de los hondureños, estas categorías los ponen en alto riesgo, ya que después de México, hay medio millón de hondureños con órdenes de deportación, y la mitad de estos las recibieron en los últimos cinco años. Además, hay más de 30,000 hondureños a quienes se les negó el asilo, y más de 50,000 cuyo TPS vence en julio de este año. Además, las cosas cambiaron burocráticamente, debido a la disminución migratoria, y 1,000 agentes a cargo de deportaciones que habían ido a apoyar a la patrulla fronteriza volverán a sus puestos originales. 

La probabilidad de deportaciones es muy alta; el tema es cuántos y quiénes serían deportados. Si durante el gobierno de Barack Obama la tasa de deportación fue de 70 por agente, un aumento de 1,000 funcionarios podría significar 500,000 deportaciones, y los hondureños se ubican entre la población migrante de mayor riesgo; el desenlace no parece positivo para estos compatriotas.

¿Arriesgar las remesas sin contar con una alternativa real?

Las declaraciones de la presidenta Xiomara Castro sobre cerrar las bases militares si Trump cumple con las deportaciones se pudieron haber pensado mejor tomando en cuenta muchos factores, empezando por el más obvio: a su gente se le espera siempre, no importa como estén y cómo vengan, punto. E independientemente de lo que las personas en particular pensemos de Donald Trump, es válido que un Estado de derecho haga valer la ley para quienes la están violentando: el hecho es que una persona sin autorización legal en el país está sujeta a ser deportada.

Pero en el análisis hondureño, también hay que tomar en cuenta el peso económico de las remesas, la ausencia en Honduras de un modelo económico serio y alternativo que invierta en su capital humano, así como el declive migratorio y de remesas. Estos factores, cuando se toman en conjunto, pronostican que en un futuro cercano la probabilidad de otra ola migratoria es posible. El país debe estar preparado, o, dicho  de otra forma, pugnar un discurso como ese, es como poner la carreta delante de los bueyes.

La política exterior del nuevo gobierno de Donald Trump no es aislacionista ni su método es transaccional. El gobierno entrante llega con una perspectiva geopolítica de destacar el poderío americano en todos sus ámbitos. El discurso de Marco Rubio para su nominación como secretario de Estado de EE. UU. resaltó este punto, pero además dejó claro que están organizándose en función de minimizar el poder de los estados despóticos y totalitarios.

En particular, hay un enfoque de limitar el daño colateral de la influencia china en las Américas, el cual incluye la migración, el narcotráfico y la dictadura. China ha forjado alianzas con países menos democráticos y autoritarios, responsables del 40 % de la migración en el mundo. 

La administración entrante mostrará inflexibilidad con países con pretensiones pseudo «soberanas» que usen alianzas con China como pretexto y apalancamiento frente a Estados Unidos. Ya ni mencionar que en este país la soberanía ha sido alquilada por familiares de los gobernantes en los últimos gobiernos. En este sentido, Honduras tiene mucho que perder al pretender que sus posiciones tengan algún peso real. Lo cierto es que Honduras aún tiene mucho por hacer para tener una población más preparada, mejor integrada a la economía global, y no seguir dependiendo de que le lleguen las remesas.

DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Una niña palestina se encuentra cerca de bandejas con cuerpos manchados de sangre fuera de la morgue del Hospital Nasser en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, 16 de enero de 2025. Según los médicos del Hospital Nasser, al menos cuatro palestinos, incluyendo a un periodista, fueron asesinados durante la noche tras un ataque aéreo israelí en Khan Yunis, en el sur de Gaza. EFE/EPA/HAITHAM IMAD

Jerusalén, 16 ene (EFE).- Al menos 83 palestinos han muerto en la Franja de Gaza por ataques de Israel desde que se anunció el acuerdo de alto el fuego, que el Ejecutivo israelí aún no ha ratificado y que no entraría en vigor hasta el domingo, informaron los servicios de emergencias de la Defensa Civil gazatí.

«En el último día, las Fuerzas del Aire de Israel llevaron a cabo ataques contra aproximadamente 50 objetivos terroristas a lo largo de la Franja de Gaza», recogió un comunicado del Ejército esta tarde.

El último recuento de la Defensa Civil recogió 7 muertos en la ciudad sureña de Jan Yunis, cuatro en el centro del enclave y 72 en la gobernación de Gaza, en el norte. Uno de los últimos ataques, que dejó cinco muertos, fue en Yabalia, en el extremo norte del enclave, que lleva más de 100 días bajo asedio.

En el caso del ataque en Yabalia, entre los muertos se encontraban dos niños y dos mujeres, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Entre los objetivos del Ejército se encontraban milicianos de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina, y en uno de los ataques murió un miliciano identificado como Hasham Zahedi Abu al Rus, según las fuerzas israelíes.

El Ejército asegura que Al Rus participó en la masacre del festival Nova durante el 7 de octubre de 2023, en la que murieron 364 personas.

Las fuerzas armadas aseguraron, como siempre que atacan infraestructura civil en el enclave, que tomaron medidas preventivas para evitar herir a civiles, y culparon a Hamás de utilizar a la población como escudos humanos.

Por su parte, Hamás aseguró que Israel bombardeó a lo largo de la jornada el lugar en el que los milicianos retenían a una rehén que iba a ser liberada en la primera fase del acuerdo de alto el fuego, sin especificar en qué estado se encuentra.

«Llegados a este punto, cualquier agresión o bombardeo del enemigo podría transformar la libertad de un preso en una tragedia», denunció el portavoz del brazo armado del grupo, Abu Obeida.

La primera fase del acuerdo de alto el fuego, que el Gobierno israelí aún no ha aprobado pero que entraría en vigor el domingo, contempla un periodo de 42 días en el que 33 rehenes serían liberados.

De los 251 secuestrados el 7 de octubre de 2023, 94 siguen en Gaza y las autoridades israelíes estiman que al menos 34 están muertos.

Desde que Israel lanzó ese mismo día su represalia sobre la Franja, que se extiende ya más de 15 meses, 46.788 palestinos han perdido la vida en sus ataques y otros 110.453 han resultado heridos.

El Poder Judicial hondureño enfrenta una nueva polémica, al darse a conocer una denuncia que fue interpuesta en noviembre de 2024 ante el Ministerio Público contra los magistrados de la Corte Suprema, Mario Díaz y Nelson Mairena, acusados de recibir 3.5 millones de lempiras para beneficiar a una persona condenada por el desfalco al IHSS. Hace unos días el fiscal general Johel Zelaya confirmó una investigación contra dos altos jueces, sin revelar nombres. La denuncia incluye cohecho y lavado de activos, en un caso que podría derivar en antejuicio o  juicio político. 

Texto: Luis Escalante 
Fotografías: Fernando Destephen 

El Poder Judicial vuelve a estar en el centro de una controversia. Dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz y Nelson Mairena, asignados a la Sala de lo Penal, fueron denunciados el 12 de noviembre de 2024 por presuntamente haberse apropiado de 3.5 millones de lempiras (más de 137 mil dólares) para beneficiar con una resolución a una persona involucrada en el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La denuncia fue interpuesta ante el fiscal general, Johel Zelaya, por el exgerente administrativo del IHSS, José Ramón Bertetty, quien guarda prisión por delitos relacionados con corrupción. 

La denuncia, que Bertetty solicitó mantener en secretividad absoluta por temor a correr riesgo, fue escrita de su puño y letra, y pide que se investiguen delitos de cohecho, prevaricato judicial, lavado de activos y extorsión. En el escrito entregado al MP, que se hizo público hasta ahora, afirma que existe evidencia en audio y video que demuestra que John Charles Bográn Velásquez, también condenado por el desfalco al IHSS, y su esposa, Marcela de Bográn, dijeron haber pagado 3.5 millones de lempiras a los magistrados Mario Díaz y Nelson Mairena. Según Bertetty, la intermediación fue gestionada por el secretario general de la Sala de lo Penal, Juan Ramón Cruz, y la apoderada legal de Bográn.

El lunes 13 de enero, antes de que se hiciera pública la denuncia de Bertetty, el fiscal general del Ministerio Público (MP), Johel Zelaya, confirmó a los medios de comunicación estar al tanto de la existencia de una denuncia contra dos magistrados del alto tribunal. Aunque evitó mencionar nombres, aseguró que «investigará», y que no le «importará si se trata de altos funcionarios».

La denuncia presentada por Bertetty señala que Bográn Velásquez realizó el pago con el objetivo de que la Sala de lo Penal emitiera una resolución favorable en un recurso de casación que había sido presentado por su defensa legal en 2019. De igual modo, menciona que Bográn Velásquez tuvo privilegios al margen de la legalidad, como acceso a la parte resolutiva del fallo antes de que fuera emitido por los magistrados, así como a una copia de la resolución que sería notificada oficialmente.

De acuerdo con el escrito, para completar el pago exigido por los magistrados y el secretario de la Sala de lo Penal, Marcela de Bográn gestionó un préstamo hipotecario con el banco BAC Credomatic. Posteriormente, solicitó la emisión de un cheque de caja a nombre de un empleado de su esposo.

El exgerente administrativo también afirmó que existen grabaciones en las que Bográn Velásquez señala que los magistrados Mario Díaz y Nelson Mairena, junto al secretario general de la Sala de lo Penal, Juan Ramón Cruz, solicitaron el dinero. Además, menciona que, desde su celda, Bográn Velásquez declaró haber ordenado a su esposa y a un empleado «grabar la reunión sostenida con el abogado Juan Ramón Cruz, en la que se firmó el acuerdo».

El magistrado de la Sala de lo Penal, Mario Díaz, mientras atiende una entrevista con Contracorriente en el Palacio de Justicia. Tegucigalpa, 16 de octubre de 2024. Foto: CC / Fernando Destephen.

El 8 de junio de 2022, la Sala de lo Penal había declarado «no ha lugar» otros recursos de casación presentados por la defensa de Bográn Velásquez, quien cumple una condena de ocho años por fraude y otra de 19 años por lavado de activos. Según pudo probar el MP entre 2015 y 2017, su empresa, Corporación JM, sobrevaloró pasajes aéreos vendidos al IHSS por más de 36.6 millones de lempiras entre enero y noviembre de 2023.

La denuncia que enfrentan estos dos altos jueces se produce solo dos meses después de que el exjuez coordinador del Juzgado de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, Marco Vallecillo, se declarara culpable del delito de extorsión tras intentar sobornar a un empresario con un monto similar, de tres millones de lempiras. Según el MP, Vallecillo y otras dos personas le exigían dicha cantidad al empresario —quien actuaba como testigo protegido de la fiscalía en otro caso— «para que no tuviera problemas y para que el Ministerio Público hiciera un cierre administrativo a su favor». 

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Fiscal general asegura conocer denuncia contra dos magistrados de la CSJ 

El 13 de enero de 2025, tras haberse reunido en el Palacio de Justicia con la magistrada presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, el fiscal general Johel Zelaya confirmó a los medios de comunicación el inicio de una investigación contra los dos magistrados.

«Hemos recibido denuncias contra dos magistrados, pero no vamos a revelar sus nombres. Vamos a investigar, porque de eso se trata. A mí no me interesa si se trata de altos funcionarios o no», declaró el fiscal.

El 15 de enero de 2025, al conocerse la denuncia de Bertetty, el magistrado Mario Díaz manifestó estar al tanto de las acusaciones, pero afirmó que no había recibido ninguna notificación formal del MP. 

«Mientras no se haga una petición formal por parte del Ministerio Público, prefiero mantenerme en silencio. Es responsabilidad de la fiscalía realizar las investigaciones. Yo estoy dispuesto a someterme a lo que corresponde como funcionario judicial, pero hasta ahora no he sido informado oficialmente», respondió Díaz al medio televisivo HCH.

Posibles escenarios en caso de que avance la investigación 

Mario Díaz y Nelson Mairena fueron elegidos como magistrados de la CSJ el 16 de febrero de 2023, como parte de un acuerdo político entre los partidos Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal. 

De interés: Magistrados integrantes de la CSJ: La figura que surgió de una negociación política vulnera la carrera judicial y roza la inconstitucionalidad

El abogado Raúl Suazo, experto en derecho penal, explicó a Contracorriente que, según el Código Procesal Penal y la Constitución de la República, los magistrados de la CSJ pueden enfrentar dos procesos en caso de indicios de haber cometido un ilícito.

«La primera figura es el antejuicio en la cual el Ministerio Público puede realizar diligencias previas a un proceso judicial. La otra es el juicio político, que no implica responsabilidad penal, pero puede culminar en la destitución del funcionario. Ambos procesos son aplicables para los magistrados de la Corte Suprema en circunstancias específicas», señaló Suazo.

El juicio político, contemplado en la Ley Especial de Juicio Político, establece que cuando un magistrado de la CSJ enfrenta una denuncia grave en el desempeño de su cargo, el Congreso Nacional (CN) puede iniciar el proceso y destituirlo con al menos 65 votos.

Donald Trump regresa a la presidencia de Estados Unidos prometiendo más deportaciones en medio de un nuevo éxodo migratorio sin precedentes en la región. Solo en los primeros días de 2025, nuevas caravanas migrantes marcharon desde Honduras y desde el sur de México hacia la frontera norte, en un intento desesperado por cruzar antes del arribo del máximo representante del partido republicano. 

Redacción Regional conversó con Helena Olea, experta en derechos humanos y vicedirectora de Programas de Alianza Américas, la principal red transnacional de defensa de los derechos de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, para entender qué tan ciertas pueden ser las amenazas de Trump y cómo podrían afectar las deportaciones masivas a los países de la región.

Entre las preocupaciones, plantea Olea, está la seguridad, libertad y la ejecución del debido proceso para aquellas personas deportadas a El Salvador, con un régimen de excepción que detiene a ciudadanos por la mera sospecha de ser miembros de pandillas. “Observamos patrones de personas que son deportadas a El Salvador y que, por portar tatuajes o por otros elementos, están siendo automáticamente privadas de su libertad”, dice.

En el caso de Nicaragua, el temor radica en las condiciones de violencia estatal y las persecuciones desde el régimen de Daniel Ortega a las que se enfrentarían las personas que huyeron, precisamente, de esos escenarios.

Olea también señala como positivo que la administración Biden diera un respiro, hasta 2026, para 243 mil salvadoreños y 600 mil venezolanos beneficiados recientemente con el Tratado de Protección Temporal (TPS, por sus siglás en inglés).

Trump ganó la elección anunciando deportaciones masivas y tiene, sobre todo a esta región, en vilo por los anuncios que pueda dar a finales de enero. Sin embargo, antes de que él llegue hay que entender cómo estamos. ¿Qué deja la administración Biden en el manejo de la crisis migratoria?

Esta es una pregunta muy importante. El presidente Biden se demoró en poner fin al Título 42, que permite cerrar la frontera ante una situación de crisis. Esto es importante subrayarlo porque no es una decisión antojadiza. Lo pudo hacer Trump con la pandemia, pero es Biden quien le pone fin. También al programa Quédate en México, en el cual las personas ingresaban a Estados Unidos, pedían asilo y las devolvían a territorio mexicano a esperar la audiencia de su caso. Eso tenía muchos desafíos por la burocracia fronteriza, que hacía que las personas no llegaran a la audiencia a tiempo. Era un procedimiento muy difícil y tenía muy poca posibilidad de éxito.

Biden también hace esfuerzos importantes para reunificar a esos niños que continúan separados de sus papás como resultado de la política de separación de familias. Esos fueron tres pilares importantes. Pero con la narrativa en torno a demonizar a las personas migrantes no hizo absolutamente nada. Esa narrativa quedó instalada.

Helena Olea es abogada de derecho internacional de los derechos humanos con experiencia en incidencia y litigio ante organismos intergubernamentales y gobiernos. Imagen cortesía Alianza Americas.

Biden también fue cuestionado por obstaculizar a los solicitantes de asilo. 

Hizo un procedimiento administrativo aún más difícil para que las personas puedan pedir asilo, para aumentar el estándar de credibilidad que tiene que tener la persona en su primera entrevista. Esa regla modificada significa que pueden haber personas que no pasan ese primer estándar y por lo tanto no pueden ingresar al procedimiento de asilo y son inmediatamente devueltas a su país. Es una especie de rechazo en frontera y, digamos, devolución inmediata.

En la administración Biden se puso atención a las crisis políticas y democráticas de la región. ¿Eso fue positivo?

Biden intentó controlar el flujo de personas que llegaban a la frontera con varias medidas. De una parte estableció el parol, los permisos de viaje humanitario para nacionalidades que tenían un volumen alto de personas debido a las condiciones que las obligaban a salir. Esos cuatro países son Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua.  Sin embargo, el parol humanitario exigía que las personas tuvieran un patrocinador en Estados Unidos, una persona que por lo menos firmara documentos declarando que se haría financieramente responsable de esa persona. La gran ventaja es que podían ingresar de manera autorizada a Estados Unidos y, dentro del país, solicitar un permiso de trabajo por dos años o solicitar asilo. Eso es muy positivo. Y, además amplió el número de nacionalidades a las cuales designó para el programa de Protección Migratoria Temporal (TPS,  por sus siglas en inglés). Eso fue favorable y renovó los TPS que estaban vigentes.

De hecho, en la víspera del retorno de Trump ha renovado el TPS a El Salvador y lo ha dado a Venezuela. 

Es importante reconocer esa primera decisión de otorgar TPS a la población venezolana. Tenemos 600.000 beneficiarios, más o menos. Es realmente poco común. En general, observamos declaratorias de TPS a países con poblaciones en números mucho menores, de 100.000 personas. Creo que es positivo. En el caso de El Salvador, y de acuerdo al calendario, la administración tenía que tomar una decisión la semana pasada. Es positivo que hayan reconocido que las condiciones en El Salvador no han mejorado y que, por lo tanto, las personas no pueden regresar. Eso justifica hacer una extensión del TPS.

Por lo general, el TPS siempre ha sido una carta de negociación entre Estados Unidos y los países centroamericanos. ¿Corre riesgo la medida aprobada por la administración saliente hoy que llega Trump?

Es importante subrayar que la administración no puede actuar de manera antojadiza, porque le provoca al presidente o porque considera que algo no debe ser. Tienen que haber razones motivadas por las cuales se pone fin a una medida como el TPS. Biden y su administración estuvieron de acuerdo que no había justificación para intentar ponerle fin, poniendo fin a esos litigios. Sin embargo, esta también fue una administración que mantuvo un programa regular de deportaciones, que tiene sobre todo impacto en las personas que tienen antecedentes penales, que luego de cumplir una condena penal son deportadas. Por eso la administración Biden termina con cifras muy altas de personas deportadas. También trató de manejar el gran flujo de personas que ingresaban por la frontera sur. Ese flujo fue demonizado por la oposición y tuvimos otro  desafío importante.

Un migrante venezolano en el metro de New York, una de las ciudadaes santuario que albergó a solicitantes de asilo. Archivo RR| Nelson Rauda

La utilización de los ingresos como arma electoral para saturar las “ciudades santuario”. 

Por la frontera sur se genera el mayor número de cruces irregulares. Estas personas eran puestas en libertad, en Texas, y lo que el gobernador hizo fue organizar programas de buses para que las personas viajarán hasta varias ciudades de Estados Unidos. Lo hizo sobre todo para que las personas llegaran a Washington D.C, a Nueva York y a Chicago. Este gran flujo de personas puso a prueba la capacidad para responder, para brindar albergue, alimentar e integrar a estas personas. Además, por supuesto, para las organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios legales.

Por lo tanto, la administración termina con un número mucho más alto de casos de asilo pendientes y con un número significativo de personas bajo estos programas de parole humanitario, sin el apoyo significativo del Congreso para el programa de causas raíz de la migración… Al no tener apoyo presupuestal para invertir en los países, y entender que estas son inversiones de largo plazo, no se ha hecho nada para responder a los factores que siguen obligando a la población a salir de países como Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, por nombrar cuatro en particular,  donde vemos que la situación ha empeorado.

¿Considera que empeoró la situación para los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos o que mejoró en la última administración demócrata?

En términos generales podemos decir que la situación mejoró. Se abrieron algunas puertas para que las personas ingresaran a través del asilo, que estaba totalmente cerrado, en el contexto de la pandemia. Creo que mejoró, pero sin duda alguna no de la forma en que era necesario que mejorara y, sobre todo, no se transformó el entendimiento que tiene la opinión pública en torno a la migración y a las personas migrantes.

En un hipotético caso en el que Trump cumpla con sus amenazas de deportaciones masivas, ¿qué implicaciones habría para los países centroamericanos?

Nos preocupa en particular la seguridad de las personas que regresen a sus países de origen, donde hay situaciones que pueden ser muy diferentes a las que había cuando salieron. Por ejemplo, observamos patrones de personas que son deportadas a El Salvador y que, por portar tatuajes o por otros elementos, están siendo automáticamente privadas de su libertad. Eso genera en sí mismo preguntas en torno al debido proceso, que es un serio cuestionamiento a la situación en El Salvador. Lo mismo nos preocupa con la situación de represión a la oposición política en Nicaragua; y lo que significa para las personas que se vean obligadas a regresar o que sean deportadas a ese país. También nos preocupa la libertad personal, la forma en que las personas están siendo torturadas también en Nicaragua. 

¿Hay riesgos de suspensión de programas migratorios para el resto de países centroamericanos este año?

Con los países que tienen fechas de terminación del TPS más tarde en el año, la administración Trump podría hacer la misma valoración que hizo la administración Biden sobre El Salvador. Pero, por ejemplo, en torno a Honduras,  determinar que las condiciones han cambiado y que las personas pueden volver a su país. Sería un acto administrativo a publicarse en el Registro Federal y allí también se podrá intentar litigar.

Migrantes de Surámerica atraviesan de manera regular la frontera entre Nicaragua y Honduras. Imagen cortesía de Contracorriente.

¿Cómo se deben preparar Nicaragua, Honduras, Haití y Cuba para proteger a sus nacionales?

Todos los países tienen que prepararse para asistir a sus ciudadanos. Para informarles qué es lo que está sucediendo y, ojalá, buscar acuerdos para que puedan recibir asistencia jurídica. Puede haber muchas personas que tengan acceso a otras formas de regularización migratoria y eso es clave. Lo siguiente es aumentar la capacidad de los consulados para expedir documentos de identidad y de viaje a estas personas para ayudarlos a resolver la situación de sus familiares, que pueden no ser ciudadanos del país, pero que ahora estén considerando la posibilidad de irse a vivir a ese país. Hay otras medidas como exenciones de impuestos de importación, facilidades para que las personas puedan regresar con sus herramientas de trabajo; programas para reconocer tanto estudios como experiencias y competencias profesionales, que les hagan más fácil a esas personas la reintegración en la sociedad, pero fundamentalmente que haya condiciones de seguridad y oportunidades económicas. Esos siguen siendo los dos elementos fundamentales por los cuales las personas no pueden regresar.

¿Ustedes ven certezas en las amenazas de deportaciones masivas de Trump o las ven como parte del juego político para buscar otro tipo de negociaciones con los países de la región en materia migratoria?

Creo que él sí tiene la intención de tratar de deportar el mayor número de personas. Pero es importante recordar que hay un estándar de debido proceso y desafíos logísticos para buscar a las personas puerta a puerta. Las autoridades migratorias solo pueden entrar a una casa si tienen una orden judicial firmada, por ejemplo. Lo que probablemente observaremos es mayor esfuerzo para identificar a las personas que tienen una orden de deportación pendiente, y que esas sean deportadas. 

Ahora bien, es importante recordar que la deportación no es un acto unilateral de Estados Unidos. Se necesita la colaboración del país de origen, que tienen que confirmar que son nacionales antes de que esas personas puedan abordar un vuelo de deportación. Ahí también es necesario establecer un acuerdo, porque el país de origen tiene que destinar funcionarios, personal, para recibir los vuelos de deportación. O sea, no es un acto unilateral de Estados Unidos, así que probablemente sí vamos a ver algunos esfuerzos y presión para que los países de origen aumenten su capacidad de respuesta. Y, por el otro lado, lo que veremos es un incremento de personas privadas de libertad para ser deportadas. Eso a su vez pone presión en la protección consular. Entonces los países de origen tendrán que tener servicios consulares con mayor capacidad de respuesta para visitar a estas personas y darles la asistencia que necesitan antes de la deportación.

Partiendo de la política de muros de su primera gestión, ¿que se prevé que quiere exigir en esta nueva administración?. ¿El retorno de esta política?

El cambio más importante es que en la primera administración,  el discurso del muro era “vamos a detener la entrada a Estados Unidos”. En la segunda administración, el discurso es “vamos a deportar, vamos a sacar a las personas inmigrantes de Estados Unidos”. Es un cambio sustancial en la  retórica y en las acciones que vamos a ver del gobierno.

Actualmente, ¿considera que El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua están haciendo bien o mal su trabajo de apoyo a los migrantes en este momento?

En la situación el apoyo consular es insuficiente. México tiene uno de los mejores servicios consulares del mundo, y es abismal la diferencia entre la capacidad de los servicios que están prestando los consulados mexicanos y los que están prestando los consulados centroamericanos. Se necesita, en general, muchísimo más apoyo, más personal, más recursos y más capacidad. El otro elemento central es la ofensiva diplomática. Cómo van a responder los países, cómo están explicando el valor de la migración y cómo utilizan vías diplomáticas para organizarse mejor como bloque. Tenemos un anuncio de una reunión de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los ministros y viceministros de América Latina este mes y eso es promisorio y puede ser el comienzo de una mejor respuesta.

En su primer gestión Trump convirtió a países llenos de violencia en “terceros países seguros” para solicitantes de asilo. Ahora, con las condiciones actuales, con una dictadura en Nicaragua, la neodictadura en El Salvador y las inestabilidades en Guatemala y Honduras, ¿se prevé que busque reactivar este mecanismo?

Hay dos elementos que son clave. Los países se convierten en tercer país seguro porque hay un acuerdo firmado entre Estados Unidos y el respectivo país. Entonces no es que Trump les convirtió, es que el liderazgo de ese país aceptó firmar esos acuerdos. El país que se compromete tiene que tener un sistema de asilo con capacidad de funcionar, de recibir solicitudes y de tramitarlas; pero, además, tiene que poder ofrecerle a la población las condiciones de seguridad y de viabilidad de su integración económica. O de poder atender las necesidades de salud de esa población que está acogiendo. Ahí hay una primera responsabilidad estatal y un país puede decir: “yo no tengo la capacidad para hacerlo y no lo voy a hacer”. Tenemos un caso que yo creo que es importante de analizar: las 130 personas que recientemente fueron liberadas de Nicaragua y fueron acogidas en Guatemala. La gran pregunta es ¿cuál es la capacidad de respuesta de las autoridades guatemaltecas?, ¿se han podido resolver las necesidades, no solo de un lugar donde albergar, sino que la necesidad de salud y de integración de esas personas? Es muy probable que sí empecemos a ver más movimientos dentro de la región o, que frente a un escenario que cierra opciones en el norte, veamos más flujos hacia el sur. 

Este reportaje revela cómo las fallas de seguridad en la aplicación de citas Grindr han facilitado delitos como el abuso sexual, la venta y consumo de drogas ilícitas y el acoso a la comunidad LGTBIQ+ en Honduras y otros países de América Latina.

Por Cristhian Matamoros
Ilustración de portada: Alejandro Sol Gráficos: Cambia la Historia
Esta nota fue publicada originalmente en el sitio Cambia la Historia

En Honduras, el caso de Leonard Fabián Torres Licona, un hombre de 33 años, conmocionó a la comunidad LGTBIQ+ cuando la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lo detuvo por presuntamente drogar y abusar de sus víctimas. Según las autoridades, su modus operandi era sencillo pero efectivo: ofrecía bebidas granizadas mezcladas con somníferos a hombres que conocía a través de la app de citas Grindr, y, una vez inconscientes, abusaba sexualmente de ellos y hurtaba sus pertenencias.

Conocido en Grindr como «el Princeso», Torres es originario del municipio de Orica, en el departamento de Francisco Morazán, zona centro de Honduras. Fue capturado el 23 de septiembre de 2023 en Comayagüela, la ciudad gemela de la capital del país, después de varias denuncias interpuestas por sus víctimas. Algunas de estas personas acudieron a la organización defensora de derechos de la comunidad LGTBIQ+ Asociación Kukulcán para pedir apoyo en la denuncia. El presidente de esta organización, Danny Montecinos, contó que al menos tres personas denunciaron y fueron acompañadas al Ministerio Público para interponer las denuncias formales.

Durante la captura, Licona fue expuesto por la DPI de una manera estigmatizante, lo que levantó una serie de burlas y críticas en redes sociales.

Torres encontraba a sus potenciales víctimas en Grindr, la popular aplicación de citas dirigida principalmente a personas LGTBIQ+ —en su mayoría hombres gay, bisexuales y personas trans—. Lanzada en 2009, esta plataforma emplea tecnología de geolocalización, lo que permite que los usuarios se conecten más fácilmente con personas cercanas a su ubicación, incrementando las posibilidades de un encuentro físico.

A primera vista, Grindr puede parecer una plataforma que promueve la convivencia y la interacción pacífica dentro de la comunidad queer. Sin embargo, casos como el de Leonard Torres Licona revelan que los vacíos en la seguridad y la falta de supervisión dentro de la aplicación han permitido que usuarios como él utilicen Grindr para cometer crímenes. La proximidad física que facilita la plataforma resultó ser una ventaja clave para Torres, permitiéndole acercarse a sus víctimas bajo la promesa de un encuentro consensuado.

«A cero pies de distancia del mundo queer», dice su slogan, y a pesar de que esto puede aventajar a personas que buscan cometer delitos, Grindr advierte que «no es responsable de lo que hacen o dicen los usuarios». Este descargo de responsabilidad revela una brecha en la protección de los usuarios, es por eso que casos como el de Torres Licona no podrían generar problemas legales para la empresa dueña de la app. 

Torres Licona no fue más que uno entre los más de 10 millones de usuarios mensuales que alberga Grindr en más de 190 países. La aplicación, además de conectar personas en todo el mundo, generó ingresos de más de 250 millones de dólares en 2023, gracias a la venta de publicidad y otros servicios. América Latina es parte del extenso grupo de países donde Grindr tiene presencia, y es en esta región donde han surgido preocupaciones y denuncias que ponen en duda si la plataforma realmente cumple con sus políticas de privacidad y las normas comunitarias que establece.

Entre estas normas, el popular software insiste en que no tolera la discriminación, el odio, la violencia, las amenazas o el abuso de ningún tipo. Sin embargo, los casos a continuación apuntan a lo contrario. 

Fallas en la supervisión y control

Crear un perfil en Grindr es un proceso que toma menos de tres minutos. La interfaz, con tonos naranja y negro, solicita información mínima, como un correo electrónico o un número telefónico, al cual se envía un código de validación para activar la cuenta. También es necesario proporcionar una fecha de nacimiento para verificar que el usuario es mayor de edad, cumpliendo con las políticas establecidas por la plataforma.

Como toda aplicación en línea, el proceso incluye la aceptación de términos y condiciones. Estos varían según el país de residencia del usuario; por ejemplo, si vives en un país de la Unión Europea, Reino Unido o Estados Unidos, algunas políticas son diferentes en comparación con otros países, debido a algunos acuerdos de arbitraje, según detalla el sitio.

En Honduras, Grindr puede solicitar al usuario eliminar su cuenta si infringe las normas, y si la persona se niega a hacerlo, los oficiales de control de la aplicación tienen la autoridad para eliminar la cuenta o contenido que se considere ilegal. Sin embargo, en la práctica, los vacíos en la supervisión y aplicación de estas normas ponen en duda la capacidad real de Grindr para controlar lo que sucede en su plataforma.

El inciso número uno de las directrices de uso de Grindr establece que los servicios no deben ser utilizados por personas menores de edad. En Honduras, según el artículo 16 del Código de la Familia, la mayoría de edad se alcanza a los 21 años, aunque algunos derechos y libertades se otorgan a partir de los 18 años.

Para comprobar cómo se gestionan estas directrices y si la plataforma realmente las hace cumplir, hablamos con un exagente de soporte técnico en Honduras, quien trabajó para Grindr a través de PartnerHero, una firma de subcontratación estadounidense con oficinas en Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

Este exagente, quien pidió protegiéramos su identidad para evitar represalias, comentó que en su puesto en el soporte técnico recibió múltiples reportes de los usuarios como: «Esta persona me violó, este usuario me envió fotos de pornografía infantil, fui víctima de un crimen de odio, me encontré con alguien que intentó golpearme». 

Cuando se recibían estos reportes, los agentes de control tenían la obligación de eliminar la cuenta del infractor, sobre todo en casos graves. Sin embargo, según la fuente, la aplicación solo sancionaba perfiles si otro usuario los reportaba directamente. Esto significa que muchas personas que infringían las normas, hostigaban a otros usuarios o participaban en actividades ilegales no eran detectados ni sancionados a menos que alguien más los denunciara. Es decir, si el comportamiento ilegal no era reportado, pasaba desapercibido y el perfil quedaba activo, a pesar de violar abiertamente las directrices de Grindr.

Este exagente narró que existía un departamento legal encargado de gestionar los casos más graves, pero en 2018 dicho departamento estaba compuesto por solo dos personas en la oficina en San Pedro Sula, lo que dificultaba la respuesta oportuna y eficaz. En Estados Unidos, la situación era diferente, ya que las autoridades solían contactar directamente al departamento legal para obtener información sobre los sospechosos involucrados en delitos.

Además, según el exagente, las actividades ilegales dentro de la plataforma no eran excepcionales, y dio otros ejemplos como la venta de drogas ilícitas. Esta actividad solía estar codificada con emojis y descripciones ocultas. Entre los más utilizados se encontraban el emoji de diamante, que hacía referencia al cristal o metanfetaminas, las hojas, que representaban marihuana, y los billetes, que indicaban la oferta de servicios sexuales.

El proceso de moderación de Grindr era lento y a menudo ineficaz, lo que permitía que muchos usuarios continuaran sus actividades ilegales durante un período prolongado, aún después de alguna denuncia.

Grindr no solo tiene oficinas de soporte en Estados Unidos y Honduras, sino también en China y Brasil, donde gestionan la moderación de perfiles. En Honduras, los incidentes más comunes involucraban la creación de perfiles falsos, el robo de identidad, la presencia de menores de edad en la plataforma y la oferta de drogas, específicamente marihuana. Estos problemas no son exclusivos de Honduras, sino que forman parte de un patrón global de falta de control sobre las actividades dentro de la plataforma.

¿Menores de edad en Grindr?

Juan Carlos Ponce es el oficial de comunicaciones del Colectivo Violeta, una organización que ofrece apoyo a la comunidad LGTBIQ+ en Honduras, incluyendo asesoría legal y atención psicológica para usuarios que experimentan situaciones peligrosas dentro de la aplicación, en este caso. 

Según Ponce, a través de un estudio basado en una muestra de 100 personas realizado por el Colectivo Violeta en 2024, se encontró que la población de usuarios en Grindr en Tegucigalpa se divide principalmente en tres grupos de edad. El 39 % de los usuarios tienen entre 18 y 24 años, mientras que un 37 % están en el rango de 25 a 35 años. Solo un 11 % de los usuarios tienen más de 35 años, lo que significa que 87 % de la base de usuarios está conformada por adultos jóvenes.

Lo preocupante de estos datos es el 13 % restante, que representa a menores de 18 años que acceden a la plataforma, a pesar de las políticas de Grindr que prohíben el acceso a menores de edad. Esta brecha en la verificación de edad dentro de la aplicación expone a adolescentes a situaciones de vulnerabilidad en un entorno diseñado para adultos.

Aunque Grindr se presenta como un espacio de conexión entre personas adultas, la realidad muestra que muchos adolescentes logran burlar los sistemas de control y acceden a un entorno que los deja expuestos a abusos sexuales y acoso cibernético.

Lucía Barrientos, coordinadora de la Organización Ixchel en Honduras, cuenta que decidió crear un perfil en Grindr para ofrecer concientización sobre el uso de preservativos y la protección sexual. A través de su labor, pudo observar que dentro de la plataforma hay usuarios menores de edad que se presentan como trabajadores sexuales, algo que claramente constituye un caso de explotación sexual comercial.

«Al identificar a personas que no son mayores de edad involucradas en trabajo sexual, lo que se genera es una mayor violencia», explica Barrientos, «porque hemos recibido denuncias de otros usuarios que evidencian el peligro que representa la plataforma para estos menores». Según Barrientos, la vulnerabilidad de estos jóvenes los convierte en víctimas fáciles de abuso y explotación. 

Según datos obtenidos mediante solicitud de información al Ministerio Público, entre 2020 y septiembre de 2024 se recibieron 31 denuncias por contacto sexual con menores a través de medios electrónicos. Los años con más casos reportados fueron 2021 y 2022.

De las 31 denuncias, 24 involucraban a personas de sexo femenino, 6 a personas de sexo masculino, y una denuncia no especificaba el género. El departamento de Francisco Morazán fue el que más denuncias presentó, con 9 casos reportados.

Entre los menores de sexo masculino, las edades rondaban entre los 11 y 16 años, lo que muestra que los adolescentes en plena pubertad son un grupo altamente vulnerable al contacto no deseado.

Juan Carlos Ponce, de Colectivo Violeta, confirmó en conversaciones que mantuvo con usuarios adolescentes que muchos no reconocían que habían sido víctimas de abuso sexual y, en algunos casos, vivían en entornos violentos y disfuncionales que no les permitían hablar sobre lo que les había sucedido.

Estos jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los 15 y 17 años, enfrentaban traumas profundos que quedaban sin atender, en parte debido a la falta de apoyo familiar y a la ausencia de canales confiables para denunciar.

Como parte del proceso para entender cómo el Ministerio Público maneja este tipo de denuncias, intentamos obtener información del vocero de la Fiscalía de Ciberdelitos, Carlos Vallecillo. En respuesta a la consulta, Vallecillo explicó que, por razones de ley, no podía proporcionar detalles sobre las técnicas utilizadas para rastrear a los perpetradores de estos delitos, argumentando que «es como decirle al ratón dónde se esconde el queso».

Esta postura persistió a pesar de que se aclaró que las preguntas estaban orientadas únicamente a casos ya documentados y no a investigaciones activas; además, no se le consultó sobre las técnicas, sino sobre el manejo de los casos y las consideraciones para tipificar el delito. 

En este contexto de falta de transparencia por parte de las autoridades, fue necesario recurrir al Código Penal hondureño para entender el marco legal de estos delitos. El artículo 253 establece que quien, a través de tecnologías de la comunicación, proponga a un menor de catorce años un encuentro físico para realizar actividades sexuales, y acompañe esta propuesta con actos materiales dirigidos a concretar dicho encuentro, debe ser castigado con arresto domiciliario de entre uno y tres años.

Por otro lado, el artículo 265 establece que cualquier persona que venda, difunda o exhiba material pornográfico a menores de dieciocho años, afectando gravemente su desarrollo sexual, debe recibir una sanción de seis meses a dos años en forma de prestación de servicios de utilidad pública o servicios a las víctimas.

Explotación sexual comercial y «sugar dating» en Grindr

Otra preocupación que Juan Carlos Ponce, de Colectivo Violeta, compartió, fue la presencia de perfiles que ofrecían servicios sexuales dentro de la plataforma, con descripciones como «prepago» o frases del tipo «busco sugar». Esta tendencia no solo afecta a adultos, sino también a menores de edad, quienes se ven involucrados en dinámicas peligrosas como el fenómeno de «sugar dating», el cual se ha expuesto por diversos medios europeos y organizaciones como una forma de explotación sexual encubierta.

El concepto de sugar dating se ha popularizado a través de redes sociales y plataformas de citas. Según la organización Por Ti Mujer de España, este fenómeno implica que personas jóvenes, muchas veces menores de edad, establecen relaciones con hombres de mayor poder adquisitivo a cambio de regalos costosos, acompañamiento o intimidad sexual. Cuando el joven no accede a realizar las prácticas solicitadas por su «sugar daddy» puede perder sus beneficios económicos, lo que genera una coacción económica.

En Honduras, la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) ha advertido que la explotación sexual comercial ocurre cuando personas en posiciones de poder se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas —ya sea por su edad, condición económica o segregación geográfica— para obtener favores sexuales a cambio de dinero u otros beneficios. Entre 2021 y 2023, esta comisión atendió 37 casos de explotación sexual de menores, todos correspondientes a personas del sexo femenino.

En 2022, la Unidad contra la Trata de Personas, Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilícito de Personas (UTESCTP) del Ministerio Público reportó 101 casos que involucraban a 120 personas denunciadas. Durante ese mismo año, se lograron obtener 31 sentencias, condenando a 36 personas implicadas en la explotación de las víctimas. Además, se judicializaron 22 casos adicionales, lo que involucró a 30 personas acusadas de explotación sexual y trata.

A pesar de estos avances judiciales, Ponce subraya que muchas víctimas prefieren no denunciar por temor a la exposición mediática o porque sienten que las autoridades no toman en serio sus casos. En muchos casos, las víctimas han manifestado que sus denuncias son tomadas a burla por las autoridades, lo que las disuade de buscar justicia y prefieren tratar el trauma de manera privada, sin pasar por un proceso legal.

Danny Montecinos, presidente de la Asociación Kukulcán, explicó que muchos jóvenes menores de 18 años recurren a aplicaciones como Grindr como una vía de escape de su realidad familiar, marcada por normas machistas y patriarcales. En muchos casos, estos jóvenes provienen de familias profundamente tradicionales con estrictas reglas religiosas, donde ser parte de la comunidad LGTBIQ+ es visto como un estigma. Esta búsqueda de refugio en Grindr pone a los menores en una posición vulnerable, ya que pueden ser fácilmente expuestos a situaciones de riesgo, como el consumo de drogas o la explotación sexual.

El papel del entorno familiar en la vulnerabilidad de los menores

El psicólogo Yang Padilla, de la Organización Nuestros Pequeños Hermanos, que se ocupa de niños y jóvenes desfavorecidos, vulnerables y discapacitados en América Latina, explicó que en la mayoría de los casos de jóvenes que recurren a aplicaciones como Grindr para tener sus primeras experiencias sexuales, esta búsqueda de relaciones sexuales en plataformas digitales está vinculada a un historial previo de abuso emocional o sexual dentro del entorno familiar.

Según Padilla, el entorno doméstico es determinante en el desarrollo sexual de los menores, y muchos adolescentes que recurren a este tipo de aplicaciones ya han sido expuestos a comportamientos sexuales inapropiados en su propio hogar.

El experto detalla que la primera etapa del desarrollo sexual de una persona es crítica y ocurre entre los 7 y 11 años. Durante este periodo, si el entorno familiar es disfuncional o está marcado por el abuso, puede influir profundamente en cómo el menor canaliza su energía sexual más adelante en la vida. Por ejemplo, menciona casos en los que los padres mantienen relaciones sexuales en la misma habitación donde se encuentran sus hijos, creyendo que están dormidos, cuando en realidad los sentidos del menor —como el oído— permanecen activos.

Este tipo de conductas puede normalizar la sexualidad en el menor a una edad temprana, lo que lo lleva a buscar formas de satisfacer sus necesidades sexuales durante la adolescencia, a veces con personas de mayor edad con intenciones maliciosas.

Padilla enfatiza que estos traumas en la infancia pueden manifestarse más adelante en la vida como síntomas físicos o patrones psicológicos que permiten identificar el abuso sexual. Entre los síntomas comunes, se encuentran trastornos de la conducta y problemas emocionales que pueden ser rastreados hasta una experiencia traumática no resuelta en la niñez.

Sin embargo, el especialista aclaró que no todos los casos de abuso o explotación sexual en adolescentes derivan de experiencias traumáticas anteriores. «Cada caso es único y responde a circunstancias y condiciones específicas», señaló. Esto significa que no se puede asumir que todas las víctimas de explotación sexual a través de plataformas como Grindr hayan sido abusadas previamente; algunos adolescentes simplemente buscan una escapatoria en un ambiente social que no les permite explorar su sexualidad de forma sana y segura.

El psicólogo también señala que muchas de las personas que han sufrido violencia sexual o emocional buscan canales de escape para lidiar con el trauma. «Algunas personas recurren a conductas alimentarias disfuncionales o desarrollan trastornos de la conducta alimentaria (TCA)», explica Padilla. Otros, en cambio, pueden hipersexualizarse, es decir, buscar constantemente satisfacer sus necesidades sexuales como una forma de lidiar con el abuso o la represión que han sufrido.

Drogas y explotación en Grindr: un peligro relacionado

Cuando pregunté a Juan Carlos Ponce sobre el uso de sustancias ilícitas dentro de la plataforma Grindr, su respuesta fue contundente: «Está exageradamente promovido el uso de marihuana en la app». Además, mencionó que se ha encontrado perfiles de menores de edad que incluyen el número 420 en sus descripciones, un código ampliamente conocido en referencia a la marihuana. Según Ponce, este número implica que una persona posee marihuana o está buscando conectarse con alguien que la tenga.

Un caso que Ponce recuerda con claridad es «este menor me dijo que había empezado a consumir marihuana porque escuchó —de manera externa a la app— que podía perder peso». Cuando Ponce habló con él, el joven estaba por cumplir 18 años en abril de 2024, lo que significa que aún era menor de edad al momento de iniciar su consumo. En sus interacciones dentro de la app, el joven buscaba perfiles que tuvieran el número 420 en sus descripciones, o iniciaba conversaciones preguntando directamente si alguien tenía marihuana.

Ponce explicó que si un usuario coloca «420» en su perfil, es altamente probable que aparezcan distribuidores de marihuana de manera automática. Según Ponce, otro aspecto preocupante es la presencia de menores de edad dentro de la aplicación, particularmente en áreas cercanas a colegios. 

Dos casos específicos que Ponce documentó en un colegio popular de Tegucigalpa refuerzan esta tendencia. Un menor cambiaba su descripción en la plataforma de manera regular, a veces incluyendo términos como «busco sugar» o «prepago». Esto sugiere que el menor no solo buscaba marihuana, sino también estaba inmerso en un ciclo de explotación sexual. El otro caso involucraba a un joven de 17 años que asistía a clases los fines de semana y que también utilizaba Grindr para conectarse con distribuidores de marihuana.

Casos en México y Chile

Un ejemplo revelador de las fallas de seguridad y supervisión en la plataforma ocurrió en Puebla, Estado de México, a 1,713 kilómetros de Tegucigalpa. Según el medio de comunicación Almanaque, entre 2018 y 2020, la Fiscalía de Puebla registró 78 casos de violación, ciberacoso y abuso sexual relacionados con encuentros facilitados por aplicaciones de citas, entre las cuales destacaba Grindr. Estos casos revelan la vulnerabilidad de los usuarios, expuestos a diversos delitos al interactuar en un entorno en el que las normas establecidas no siempre se respetan.

El delito más común en estas denuncias fue la violación a la intimidad, que en México se refiere a la publicación de contenido sexual sin el consentimiento de la otra persona. Curiosamente, dentro de las normas de la misma plataforma, se prohíbe explícitamente el uso o la distribución de imágenes sin autorización, lo que genera dudas sobre la capacidad real de Grindr para controlar o sancionar este tipo de conductas.

Después de lo ocurrido en México, entre 2020 y 2022, en Chile se reportaron varias denuncias. A principios de 2020, la diputada Ximena Ossandón solicitó el cierre de Grindr en Chile debido al creciente uso de la aplicación para el tráfico de drogas. En medio de esta controversia, el medio de comunicación T13 llevó a cabo una investigación creando un perfil falso en la plataforma. En poco más de una hora, el perfil recibió 12 propuestas de venta de sustancias ilícitas. No obstante, el reportaje generó críticas por parte de los internautas, quienes señalaron que el enfoque de la diputada y el medio de comunicación promovía una estigmatización hacia la comunidad LGTBIQ+. Argumentaron que el problema no es la plataforma, sino la impunidad que rodea los delitos cometidos a través de ella.

En 2022, Chile registró 1,046 denuncias por violación a los derechos humanos de personas LGBTIQ. Entre estos casos se registraron 6 asesinatos y 40 agresiones físicas o verbales, según el informe anual sobre derechos humanos de la diversidad sexual del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH). Grindr, con una fuerte presencia en ese país, figura como una de las aplicaciones de citas más utilizadas. En varias regiones también se han reportado actividades delictivas a través de la plataforma.

Venta de diagnósticos de VIH y demandas contra Grindr

Antes de que Grindr Inc. se convirtiera en la compañía que conocemos hoy, llevaba el nombre de Grindr LLC y estaba bajo el control del conglomerado chino Kunlun Group. Sin embargo, entre 2020 y 2022, se produjo una venta inesperada de la plataforma que no fue del todo voluntaria. Según informes de medios como The New York Times, Reuters y The Wall Street Journal en 2019, esta venta se anticipaba como resultado de las presiones del gobierno de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.

La inquietud no sólo giraba en torno a la propiedad de una empresa extranjera, sino al acceso que Grindr tenía a información sensible de sus usuarios, como su ubicación, datos de salud (incluyendo resultados de VIH) y preferencias personales. Según los oficiales estadounidenses, estos datos podrían ser utilizados por el gobierno chino para fines de espionaje.

Grindr, como parte de su política de sexo seguro, permite a los usuarios ingresar su estado serológico o la fecha de su último examen de infecciones de transmisión sexual (ITS). Esto se convirtió en uno de los principales puntos de preocupación para los organismos de seguridad estadounidenses, ya que la plataforma almacenaba y compartía datos extremadamente confidenciales.

Las preocupaciones del gobierno de Estados Unidos no estaban del todo infundadas. En enero de 2020, el Consejo de Consumidores Noruego presentó un informe titulado «Out of Control», que destapó serias advertencias sobre el manejo de los datos personales por parte de Grindr. Según el informe, en 2018 se descubrió que la plataforma estaba compartiendo datos sensibles de los usuarios, como su estado serológico, con empresas de análisis de terceros, entre ellas Apptimize y Localytics. Estas empresas, al igual que Grindr, tienen su sede en California y se dedican a proporcionar servicios a aplicaciones móviles, enfocados en aumentar los ingresos a través de la recopilación y explotación de datos.

Mientras el escándalo de la venta de datos seguía causando controversia, en 2021, durante el proceso de venta de la plataforma, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos emitió una alerta al consumidor sobre las estafas de extorsión que ocurrían dentro de Grindr. Según la FTC, los estafadores se hacían pasar por parejas románticas, establecían conversaciones que llevaban al intercambio de fotos limpias y, una vez obtenidas estas imágenes, amenazaban a las víctimas con compartirlas con amigos y familiares si no se realizaba un pago. El método más común de pago exigido por los estafadores era a través de tarjetas de regalo o gift cards, lo que complicaba el rastreo de los perpetradores.

El investigador Zach Edwards, encargado de auditar la aplicación para el informe «Out of Control», descubrió que, además de la información serológica, varias empresas de terceros también obtenían direcciones IP de los usuarios, lo que permitía rastrear su ubicación y otros datos personales. Este tipo de filtración es especialmente preocupante en contextos donde las personas son vulnerables a la discriminación y el estigma social.

En Honduras, Donny Reyes, de coordinación de incidencia de la Asociación LGTBIQ+ Arcoiris, expresó su preocupación sobre la violación a la confidencialidad e intimidad de los usuarios en un contexto como el hondureño. Reyes señaló que el país enfrenta una epidemia concentrada de VIH, especialmente entre la comunidad LGBTIQ y la comunidad garífuna. A esto se suma la ausencia de un plan nacional efectivo de prevención del VIH durante los últimos 10 años, lo que agrava la situación de los grupos más vulnerables.

El Plan Nacional de la Comisión Nacional de Sida (Conasida) 2020-2024 confirma las declaraciones de Reyes, indicando que la epidemia en Honduras se trata de una modalidad concentrada, con un 93 % de transmisión relacionada con contacto sexual. A pesar de la reforma de la Ley Especial sobre el VIH-sida en 2015, Reyes critica que la inversión estatal en salud pública es insuficiente y que no se han implementado políticas con un enfoque integral de derechos humanos.

Por su parte, Lucía Barrientos relató que, como parte de programas de salud sexual y prevención de ITS, intentó crear un perfil personal en Grindr para ofrecer servicios de prevención del VIH y promover el uso de anticonceptivos dentro de la plataforma. Sin embargo, sus cuentas fueron eliminadas repetidamente, bajo el argumento de que su actividad era considerada «empresarial», privando a los usuarios de una oportunidad vital para acceder a recursos de prevención. 

Noruega no es el único país que ha sancionado a Grindr por la falta de protección de datos sensibles de sus usuarios; de hecho, en este país, la plataforma enfrenta una multa de 6 millones de dólares por incumplir sus políticas de privacidad. Pero las controversias van mucho más allá. Actualmente, Grindr también enfrenta una demanda colectiva en el Reino Unido, presentada en julio de 2022 después de que la Oficina del Comisionado de Información descubrió que Grindr había violado el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en el Reino Unido.

Esta demanda fue presentada por el bufete de abogados Austen Hays, que afirma que Grindr compartió datos personales y confidenciales de más de 600 usuarios entre 2018 y 2021 con empresas publicitarias de terceros, sin el consentimiento de los usuarios. Parte de los datos compartidos incluyen el estado serológico de VIH, la fecha de la última prueba y el uso de medicamentos preventivos como la PrEP.

La directora general del bufete, Chaya Hanoomanjee, declaró en abril de 2024: «Grindr tiene la obligación hacia la comunidad LGBTQ+ a la que sirve de compensar a aquellos cuyos datos se han visto comprometidos y han sufrido angustia como resultado, y de garantizar que todos sus usuarios estén seguros mientras usan la aplicación, donde sea que estén, sin temor a que sus datos puedan ser compartidos con terceros».

El Tribunal Superior del Reino Unido, en su última intervención el 16 de mayo de 2024, concedió una solicitud de anonimato para todos los demandantes. Los impartidores de justicia reconocieron que los posibles afectados ya han visto vulnerados sus derechos de privacidad.

Administración controvertida en Grindr Inc.

Después de la venta de Grindr y su transformación a Grindr Inc., la empresa pasó por una fusión con Tiga Acquisition Corp, una firma constituida en 2017 en las Islas Caimán, un territorio británico ampliamente conocido como paraíso fiscal y centro de lavado de activos debido a sus políticas de cero impuestos para empresas. Esta firma de cheques en blanco fue fundada por G. Raymond Zage III y Ashish Gupta para facilitar adquisiciones estratégicas.

Según documentos oficiales de Tiga, Zage cuenta con más de 26 años de experiencia en finanzas corporativas e inversiones en múltiples industrias. Anteriormente, fue director general y CEO de Farallon Capital Asia Pte Ltd., filial de Farallon Capital Management LLC. Esta empresa, fundada en 1986 por Tom Steyer, se especializa en arbitraje de fusiones y ha estado envuelta en controversias debido a algunas de sus inversiones.

Farallon Capital, a través de su filial Farallon Resource, estuvo involucrada en el sector minero en México bajo el nombre Farallon Minera Mexicana, S. A. de C. V. La empresa explotó el Campo Morado, una mina en el estado de Guerrero, operando bajo concesiones de exploración otorgadas por el gobierno mexicano que abarcaron aproximadamente 11,814 hectáreas. Tras cesar las operaciones en 2009, se observó un aumento considerable en los casos de cáncer en la región de Arcelia. De acuerdo con el medio Despertar del Sur, los casos de cáncer aumentaron a 120 en 2011, una cifra alarmante que sigue generando preocupación en la comunidad.

Sin embargo, no todos los señalamientos que enfrenta Grindr Inc. están relacionados con prácticas corporativas pasadas. El actual director ejecutivo, George Arison, nombrado en octubre de 2022, también ha sido objeto de críticas. Aunque en el sitio web de la empresa se le presenta como un líder comprometido con «un mundo en el que las vidas de su comunidad global en más de 190 países sean libres, iguales y justas», su historial en redes sociales ha generado dudas sobre su idoneidad para el cargo.

A pocas semanas de asumir como CEO, se revelaron tuits publicados por Arison en 2020 en los que mostraba apoyo al presidente Donald Trump y se describía a sí mismo como conservador. Esto generó una fuerte reacción en redes sociales, cuestionando cómo alguien con inclinaciones políticas alineadas a un líder que ha sido crítico de la comunidad LGTBIQ+ puede liderar una plataforma que pretende ser un espacio seguro e inclusivo para dicha comunidad.

En un intento por obtener la posición oficial de Grindr frente a las diversas demandas y cuestionamientos, se contactó varias veces, a través del correo oficial que proporciona la empresa en su sitio web para contacto de artículos periodísticos, a la coordinación de prensa de la empresa, sin obtener respuesta. Además, se trató de establecer comunicación a través de sus redes sociales, pero nuevamente no hubo respuesta.

El Gobierno de Xiomara Castro: promesas por cumplirse con las personas LGTBIQ+ 

Honduras es un país especialmente peligroso para las personas de la comunidad LGTBIQ+. En 2023, se registraron 50 muertes violentas, el año más letal para este grupo desde 1994. Según cifras de Cattrachas, entre 2017 y 2024, se contabilizaron 265 muertes violentas de personas LGTBIQ+, lo que refleja una escalada de violencia que no ha podido ser contenida por las autoridades.

El Gobierno de Honduras, bajo la presidencia de Xiomara Castro, instauró un estado de excepción en diciembre de 2022 con el objetivo de combatir la delincuencia. Sin embargo, esta medida ha hecho poco por proteger a la comunidad LGTBIQ+. Hasta octubre de 2024, se han registrado más de 68 asesinatos de personas LGTBIQ+, de los cuales 29 eran hombres gay, según la organización Cattrachas. 

A esto se suma la persistencia de normas discriminatorias, como el no reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo o la prohibición de visitas íntimas para personas LGBTI en las cárceles, según lo detalla el Informe de 2024 de Report Out, una organización de investigación de derechos humanos del Reino Unido. Al mismo tiempo, las personas LGTBIQ+ enfrentan graves obstáculos para acceder a la justicia, donde prevalecen estereotipos en comisarías y tribunales que no solo las discriminan, sino que también las revictimizan, lo que contribuye a una creciente desconfianza de la comunidad LGBTI en el sistema judicial hondureño.

Colectivo Violeta: defensores de los derechos humanos LGTBIQ+ desde los años ochenta

La Asociación Colectivo Violeta nació en 1985 bajo el nombre original de Asociación Hondureña de Homosexuales contra el Sida (AAHCOS), en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país. Desde su creación, la organización ha trabajado en temas cruciales para la comunidad LGTBIQ+, incluyendo derechos humanos, reducción del estigma y la discriminación, incidencia política y acceso a la justicia.

En 2023, como respuesta a las necesidades urgentes de la comunidad, la asociación lanzó el Observatorio de Derechos Humanos de las personas LGTBIQ+ en Honduras, el 15 de diciembre. Este proyecto, que había sido contemplado desde 2013, fue inicialmente apoyado por la organización Diakonia y, posteriormente, por la Cooperación Española en Honduras (AECID). El observatorio se enfoca en documentar y monitorear las violencias que sufre la comunidad LGTBQ+, y es clave para la atención psicológica de personas afectadas por la violencia o discriminación.

Uno de los servicios esenciales que ofrece es la atención psicológica a los usuarios de Grindr que han sido víctimas de violencia, discriminación, o que enfrentan problemas de salud mental derivados de su situación en la plataforma. Esta atención se brinda de manera directa a través de perfiles creados por la organización dentro de Grindr, permitiendo un acceso más inmediato y confidencial para quienes necesiten apoyo.

Juan Francisco Mencía, abogado de la Asociación Colectivo Violeta, informó que, entre 2021 y octubre de 2024, la organización ha brindado más de quinientas atenciones psicológicas sistematizadas a personas de la comunidad LGTBIQ+. Además, han registrado 239 denuncias y quejas de violencia contra miembros de esta población, un reflejo del clima de discriminación y agresiones que aún persiste en el país.

Sin embargo, Mencía señaló que, desde marzo de 2024, la organización ha solicitado una reunión de trabajo con el Ministerio Público, pero siete meses después no han recibido una respuesta concreta. Esta falta de atención por parte del ente acusador afecta directamente a las personas que buscan justicia. En uno de los casos más preocupantes, un voluntario de la organización interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, pero hasta la fecha no ha recibido información sobre el avance del caso. Mencía subraya que esta impunidad genera un desinterés generalizado en la ciudadanía para denunciar violaciones de derechos, al no confiar en que sus casos recibirán el debido proceso.

Durante una conversación con Yulissa Gómez, oficial de comunicaciones del ente acusador, se le cuestionó sobre por qué el Ministerio Público no incluye una categoría específica para las personas LGTBIQ+ en los casos de delitos cibernéticos y otros crímenes de odio. Gómez explicó que aún existen vacíos institucionales dentro del Ministerio, lo que impide que estas violencias sean visibilizadas adecuadamente en los registros y en las respuestas de solicitudes formales.

Además, el abogado indicó que la organización ha solicitado en varias ocasiones información al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sin obtener respuestas satisfactorias. Entre las solicitudes se encuentran interrogantes clave, como el presupuesto destinado a la salud mental y las cifras de muertes violentas de las personas de la diversidad sexual. 

En cuanto al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, Mencía señaló que, aunque recientemente se han realizado acercamientos entre la gobernanza y los diferentes colectivos LGTBIQ+, persiste una sensación de incertidumbre. El abogado cuestionó que, aunque la mandataria Castro se comprometió a incluir a las personas de esta población en los diferentes planes y programas, el gobierno tiene poco tiempo para cumplir con estas promesas, y no se perciben acciones serias que aborden las demandas urgentes de la población LGTBIQ+.

Este reportaje fue producido en el marco del proyecto Cambia La Historia, coordinado entre DW Akademie y Alharaca con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, que combina la perspectiva de género e interseccional con el periodismo constructivo, promoviendo la producción de historias que visibilizan la violencia y ofrecen nuevas narrativas de resistencia en América Latina. Fue editado por la periodista hondureña Jennifer Ávila  y la coordinación editorial fue de la periodista colombiana Ginna Morelo. 

Nicolás Maduro asumió su tercer mandato como presidente de Venezuela el 10 de enero, en medio de acusaciones de narcoterrorismo y tráfico de drogas por parte de Estados Unidos. Tras ello, Washington ha aumentado las recompensas por información sobre Maduro y otros funcionarios venezolanos, por sus presuntas vinculaciones con las FARC y el cártel de Los Soles. En Honduras, el fortalecimiento de la relación entre Xiomara Castro y Maduro ha intensificado las tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

Texto: Luis Escalante 
Fotografías: Agencia EFE y archivo CC

Nicolás Maduro asumió el pasado 10 de enero la presidencia de Venezuela por tercera vez, pese a enfrentar una acusación del gobierno de Estados Unidos por su presunta participación en actividades de narcoterrorismo y tráfico de drogas. Su investidura tuvo lugar en un contexto marcado por acusaciones de fraude electoral, así como denuncias de represión y persecución política contra la oposición.

La acusación estadounidense, que data de 2020 y de la cual este lunes se ha revelado un nuevo documento según Infobae, involucra a Maduro y a otras figuras influyentes del gobierno venezolano, como Diosdado Cabello Rondón, Hugo Carvajal («El Pollo») y Cliver Alcalá Cordones, así como a líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según el documento, entre 1999 y 2020, Maduro y otros altos funcionarios lideraron el cártel de Los Soles, una organización dedicada al tráfico de drogas conformada por miembros del gobierno venezolano.

El día de la investidura de Maduro en su nuevo mandato, el gobierno de Estados Unidos elevó a 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto, y ofreció la misma cantidad por Diosdado Cabello. Además, anunció una recompensa de 15 millones de dólares por el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, Maduro, Cabello, Carvajal y Alcalá Cordones, en colaboración con las FARC —designadas como organización terrorista en 1997—, producían grandes cantidades de cocaína que traficaban a través de rutas marítimas, aéreas y terrestres hacia Estados Unidos. Estas rutas pasaban por el Caribe y Centroamérica, con Honduras como uno de los principales puntos de tránsito en lo que las autoridades denominan un «puente aéreo de cocaína» entre Venezuela y Honduras. 

En el escrito presentado por Estados Unidos se indica que, tras el golpe de Estado de 2009 en Honduras, Maduro y Cabello discutieron que la inestabilidad resultante podría «joder el negocio». Tras ello, Maduro viajó a Honduras como canciller venezolano, pero con el objetivo —según el referido documento— de intervenir en nombre del cártel de Los Soles para «asegurarse de que los acontecimientos en Honduras no desbarataran las actividades de narcotráfico de la conspiración narcoterrorista». 

Los fiscales estadounidenses estimaron que, a partir de 2004,  más de 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente desde Venezuela.

La acusación también detalla que altos funcionarios de diversos países aceptaron sobornos para facilitar estas operaciones. Además, Maduro y sus aliados supuestamente lavaron millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante empresas estatales como Petróleos de Venezuela (PDVSA), utilizando negocios ficticios como fachada. Según el escrito, el régimen también entregó armas a las FARC como parte del pago por la cocaína, y entrenó a milicias no oficiales en Venezuela, con apoyo de líderes guerrilleros, para proteger sus actividades ilícitas.

Podés leer: Tensión en Venezuela tras resultados electorales cuestionados que dan como ganador a Nicolás Maduro

Maduro juró como presidente venezolano para su tercer período tras vencer, según el Consejo Nacional Electoral (CNE) —controlado por delegados afines al chavismo—, a Edmundo González en las elecciones del 29 de julio. Estos comicios fueron realizados bajo acusaciones de fraude por parte de la oposición, liderada por María Corina Machado, y denuncias de persecución política.

Implicaciones para Honduras del acercamiento al régimen de Maduro 

A la ceremonia de investidura de Nicolás Maduro asistió una comitiva hondureña encabezada por el vicecanciller Gerardo Torres Zelaya y el presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo. También participaron el expresidente Manuel Zelaya Rosales y Milton Benítez, en condición de asesores de la presidenta Xiomara Castro.

En Contracorriente hemos publicado dos investigaciones que detallan el financiamiento del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) a una comisión de Venezuela que visitó Honduras entre el 28 de enero y el 11 de febrero de 2024. Esta visita tuvo como objetivo asesorar al gobierno hondureño en un programa habitacional.

Asimismo, se reportó sobre una delegación hondureña que viajó a Venezuela en diciembre de 2023 para suscribir el memorando de entendimiento de dicho proyecto. En ambos casos el Injupemp manejó con opacidad los gastos relacionados con este proceso.

Desde la llegada de Castro a la presidencia, el 27 de enero de 2022, Honduras ha estrechado relaciones con el régimen venezolano, comenzando con el restablecimiento de vínculos oficiales tras la ruptura durante la administración de Juan Orlando Hernández, que desde 2019 había reconocido a Juan Guaidó como gobernante legítimo de Venezuela.

Sin embargo, este acercamiento entre Tegucigalpa y Caracas ha generado tensiones diplomáticas entre el actual gobierno y los Estados Unidos. La situación se agravó cuando José Zelaya, exministro hondureño de Defensa, y Roosevelt Hernández, jefe del ejército hondureño, fueron fotografiados junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, en un evento deportivo militar.

El 28 de agosto de 2024, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura F. Dogu, calificó como «lamentable» y «decepcionante» que funcionarios hondureños posaran junto a un «narcotraficante». 

Ese mismo día, horas después de que el canciller Enrique Reina calificara a Dogu de «insoportablemente injerencista», la presidenta Castro instruyó a Reina la denuncia del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, vigente desde 1912, y que desde su reglamentación por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2013 ha permitido 55 extradiciones, incluida la del expresidente Hernández, sentenciado en 2024 por una corte federal estadounidense a 45 años de prisión por narcotráfico y posesión de armas. El tratado expirará a finales de febrero.

Tras la denuncia del tratado, el cuñado de la presidenta Castro y entonces secretario del CN, Carlos Zelaya Rosales, renunció a su diputación y su cargo junto a su hijo, José Zelaya, quien ocupaba el cargo de ministro de Defensa.

De izquierda a derecha: José Zelaya, exministro de Defensa; la presidenta Xiomara Castro y el contralmirante José Jorge Fortín, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras entre 2022 y 2023. Foto: Archivo CC.

El 5 de septiembre de 2024, el medio estadounidense InSight Crime filtró un video de 2013 en el que Carlos Zelaya Rosales y Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Colón, aparecen negociando con narcotraficantes, incluido Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder de Los Cachiros, para financiar la primera campaña política del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Durante el juicio de Juan Orlando Hernández, Rivera Maradiaga declaró bajo juramento haber sobornado a Hernández durante su candidatura por el Partido Nacional, así como a otros líderes políticos, incluyendo a Carlos Zelaya Rosales, a quien entregó entre 100 y 200 mil dólares. Asimismo, afirmó haber proporcionado entre 200 y 250 mil dólares al entonces candidato del Partido Liberal, Mauricio Villeda.

El Congreso Nacional de Honduras aprobó en diciembre de 2024 la Ley de Organización y Transmisión de Debates Presidenciales, una normativa que obliga a que todos los debates presidenciales se realicen bajo el control de una comisión designada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con al menos dos encuentros obligatorios transmitidos en cadena nacional de radio y televisión. La normativa genera preocupación por restricciones como la exclusión de candidatos con menos del 15 % de apoyo en encuestas seleccionadas, y el control del gobierno sobre los debates.

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Fernando Destephen

El Congreso Nacional de Honduras aprobó a mediados de diciembre del 2024 una ley para todos los debates presidenciales organizados en el marco de las elecciones generales que se llevarán a cabo este 2025. Según la nueva ley, los debates serán organizados únicamente por una Comisión de Debates Presidenciales (CDP) elegida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). 

Según la nueva normativa, se realizarán dos debates presidenciales obligatorios, que serán transmitidos en cadena nacional. Esto implica que todas las estaciones de televisión y radio del país deberán emitir los debates en vivo y sin interrupciones, bajo pena de sanciones. Esta comisión estará compuesta por tres representantes del CNE, órgano que presidirá la comisión; un representante de las universidades públicas y privadas electo por el Consejo de Educación Superior; un representante del Colegio de Periodistas; tres expertos en procesos electorales; y un representante de los trabajadores.

Contracorriente consultó al respecto a Osman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), pero negó tener conocimiento de dicha ley. Al cierre de esta nota no había emitido más comentarios sobre las restricciones. La ley establece que los debates presidenciales solo se darán en este espacio coordinado, y prohíbe a otras entidades, como medios de comunicación, universidades u organizaciones civiles, realizar debates adicionales de candidatos presidenciales.

Los formatos incluyen debates estilo cabildo abierto y moderados, con preguntas estrictamente confidenciales, conocidas por los candidatos solo al momento del debate, que tendrá una duración de 90 minutos, divididos en segmentos temáticos de 15 minutos.  Para participar en los debates, los candidatos deben contar con al menos un 15 % de apoyo en un promedio de tres encuestas nacionales reconocidas y avaladas por el CNE. 

La diputada del Partido Salvador de Honduras, Ligia Ramos, señaló que aunque inicialmente su partido apoyaba la propuesta de la ley, retiraron su respaldo al percibir desigualdades en las condiciones para todos los partidos. Aseguró que la cuota del 15 % de intención de voto requerida para participar es «totalmente arbitraria» y que, aunque la ley habla de encuestas reguladas por el CNE, «no está claro cómo se llevarán a cabo estas evaluaciones».

Añadió que, tras investigar cómo se manejan los debates presidenciales en otros países, encontró que la mayoría no establece cuotas de intención de voto. «En los países más democráticos e inclusivos no se discrimina a los candidatos por intención de voto», agregó.

La oposición a la ley también fue respaldada por otros partidos minoritarios, como el Partido Anticorrupción (PAC) y la Democracia Cristiana (DC). Según estos partidos, las disposiciones actuales dejan en desventaja a los candidatos de partidos pequeños, quienes no cuentan con los fondos suficientes para dar a conocer sus propuestas. Ramos enfatizó que la ley debería garantizar igualdad de oportunidades para que todos los candidatos puedan acceder al público y presentar sus proyectos de país.

Esta ley, que aún no ha sido publicada en el diario oficial La Gaceta, estará vigente para el periodo de elecciones generales que se realizarán en noviembre de 2025. La normativa, además, señala que la Comisión de Debates Presidenciales será financiada con fondos del Consejo Nacional Electoral, donaciones privadas de fundaciones y corporaciones, y tarifas pagadas por las instituciones anfitrionas de los debates. También establece que cada miembro de la Comisión de Debates Presidenciales debe presentar declaraciones de interés para garantizar la imparcialidad.

La nueva Ley de Debates Presidenciales establece que los medios de comunicación deberán ser acreditados por la Comisión de Debate Presidencial (CDP) para cubrir estos eventos, y restringe el ejercicio de los medios al transmitir exclusivamente los debates oficiales en cadena nacional. 

Estas disposiciones generan preocupación por la posibilidad de centralizar de manera excesiva las narrativas electorales en un contexto tan importante como son las elecciones generales.

«Es un monopolio desde el Estado para poder regular quiénes pueden tener acceso o no a darle información a la población. Si tuviéramos un Estado democrático donde realmente no hay sectarismo político, pues se aplaudiría, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que los partidos que gobiernan hacen manipulación y excluyen a probables candidatos que podrían ser competencia», concluyó Ramos.

Por Ixchel Ayes

El pasado 24 de diciembre falleció mi padre de manera inesperada. Nada nos pudo haber preparado para una emergencia como la que vivimos con mi familia, y aunque a nivel personal esto ha sido desgarrador, esta historia no va de él. Va de la desolación y desesperanza que se vive al afrontar el sistema de salud público de nuestro país, tan herido y ultrajado.

Alrededor de las 4:00 a. m. de ese día, mi padre ingresó a la emergencia del Hospital Escuela en Tegucigalpa. Tanto mi padre como mi madre confiaban en la asistencia de emergencia pública; habiendo sido docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras durante toda su vida laboral, siempre lo recomendaban por encima de cualquier sistema asistencial privado. Confiaban principalmente en que las personas formadas en la universidad pública por colegas con alta calidad profesional y pedagógica, y más cercanas a la realidad de las personas más vulneradas del país, son capaces de dar un trato humano y una atención básica certera.

No entendíamos nada cuando el doctor de guardia pidió que compráramos hielo en las casetas de afuera. Sí, hielo, agua en estado sólido. Algo tan básico en el siglo XXI que puede lograrse con una nevera en buen estado. No explicó para qué se necesitaba el hielo, y en medio de la emergencia, tampoco preguntamos, solo buscamos la forma de llevarlo. Lo vendían afuera, en unas casetas a tan solo 15 metros de la sala de emergencia; bolsas de agua potable que mantienen congeladas para la venta.

Con el hielo, el doctor le dio a mi mamá una muestra para el laboratorio y le dijo: «Es un examen (gases arteriales) que tarda 10 minutos. Espérelo y luego se viene». Pasaron 40 minutos antes de que mi mamá volviera, pero no había conseguido el examen porque no lograban calibrar la máquina en la que se hace. Para ese momento yo ya me encontraba adentro, luego de rogar para que me dejaran pasar, explicando que mi mamá también es una persona de la tercera edad y que requería de mi apoyo.

Mi mamá volvió al laboratorio a esperar por el examen. En la ventanilla del laboratorio había pegada una hoja de papel bond indicando que «NO HAY HIELO». En el escenario adecuado, el mismo laboratorio provee el hielo para el transporte de las muestras que requieren mantenerse en frío. 

Mientras tanto, otra doctora me dio un papel y me pidió ir a la caja a pagar 800 lempiras para una tomografía que debían hacer en cuanto pudieran estabilizar a mi papá. Aunque me explicó la ruta, no estaba familiarizada con el hospital, y caminé desorientada por media decena de pasillos; un laberinto que parece estar repleto de nada más que historias tristes. En el camino me preguntaba: ¿cuántas personas pueden en este país darse el lujo de pagar 800 lempiras en una emergencia? Yo, privilegiada, pagué sin más, pero ¿qué pasa si la persona no los puede pagar? En horario de oficina, el departamento de Trabajo Social es capaz de ayudar, pero no de madrugada.

Regresé y me preguntaron por mi mamá; seguía esperando en el laboratorio. El doctor aprovechó para consultarme antecedentes de mi padre y recordar cómo  lo había visto con bastón en los pasillos de la Facultad. 

Me pidió también conseguir dónde realizar un examen de laboratorio de troponina, necesario para confirmar o descartar algún evento cardiológico, ya que era uno de los posibles diagnósticos. Me explicó que en el hospital lo hacían, pero a partir de las 7:00 a. m. porque a esa hora entra el personal y que, para avanzar, necesitábamos hacerlo en un laboratorio que estuviera abierto por la madrugada en la emergencia de algún hospital privado. Mi hermana buscó opciones y, por recomendación del doctor, en cada una de ellas tuvimos que consultar qué tipo y color de tubo de ensayo exigían para ese examen. El motivo: suelen ser verdes y no hay de ese color de tubo de ensayo en el Hospital Escuela. 

Mi hermana tuvo que ir al laboratorio privado, comprar el tubo de ensayo, comprar más hielo también, llevarlo al hospital para que sacaran la muestra, y con esa muestra lista hicimos el examen. Minutos antes, a las 6:40 a. m., el doctor de guardia vio entrando a su jornada laboral al encargado del laboratorio, y este le confirmó que, aunque esperáramos ahí, no sería posible tener ese examen porque «no hay reactivos».

Mientras tanto, con el nuevo hielo enviaron otra muestra al laboratorio, donde mi mamá esperó 70 minutos para obtener un resultado (una hora más de lo previsto). Regresó contándome que durante esa espera estuvo junto a una señora que llegó desde Danlí, por una apendicitis de su esposo; en el Hospital Gabriela Alvarado no solo le dijeron que no podían realizar la operación por falta de personal de cirugía, sino que no podían darle el diagnóstico oficial porque debía darlo ese personal. 

Mi mamá, con su conocimiento como docente de medicina, me contó que eso puede ser diagnosticado por medicina general, aunque el procedimiento lo haga alguien con especialidad de cirugía. Mientras hablábamos de esto, sentada en la emergencia, vi pasar a doctoras indignadas porque no enviaban a una paciente a quirófano de manera inmediata: la explicación fue que no había oxígeno con el que pudieran trasladarla, aún dentro del hospital.

Antes de salir del hospital, pude ver cómo las personas que iban conociendo el caso de mi padre mostraron calidad humana y empatía, pero también explicaron con impotencia que, en caso de ser un evento cardíaco, mi padre requeriría procedimientos para los cuales el Hospital Escuela no está equipado, y seguramente tendríamos que trasladarlo al Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero que para ser recibido ahí habría que conseguir que un cardiólogo trabajara en esa fecha, ya que esa especialidad no forma parte de las atenciones de emergencia. 

Fue hasta las 8:00 a. m. cuando tuvimos la confirmación en el laboratorio privado de que el diagnóstico de mi padre no tenía que ver con una falla en su corazón. Mi padre falleció horas después en el hospital donde se formó, donde (como contaba él mismo en cada cena navideña) pasó una víspera de Navidad de turno, cosiendo una oreja.

Mi papá dedicó su vida a la lucha gremial, tanto en el Colegio Médico de Honduras, como en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde como docente y Jefe del Departamento de Fisiología por muchos años, entregó no solo conocimiento, sino que lecciones sobre principios, derecho, historia y mucho más a decenas de generaciones. 

El diagnóstico de mi padre era muy complejo y no sabremos nunca si la historia hubiese sido diferente con la atención de otro sistema de salud. No podemos reprochar tampoco la atención brindada por el personal de salud, pero fue doloroso ver que se encuentran trabajando con las uñas.

El problema no es haber perdido físicamente a nuestro esposo, padre y abuelo, porque no podemos controlar lo que no está dentro de nuestras capacidades humanas; a la muerte solo podemos aceptarla. El problema es que esa madrugada me reveló una realidad que intuía, pero apenas conocía de fuera. Este es un fragmento de la realidad del sistema de salud público, que no le falló a mi papá, le falla a diario a cientos, miles y millones de personas en el país. 

Mi papá no merecía una atención diferente o especial; merecía todo lo que cada persona por su simple condición humana merece, atención de salud adecuada, donde se valore el trabajo de todo el personal médico y donde cuenten con las condiciones necesarias para dar lo mejor a toda persona. Y no hablo de condiciones mínimas; hablo de condiciones adecuadas que hagan posible una atención oportuna y pertinente para todo tipo de casos.

Él siempre postuló la necesidad de generar un sistema de salud basado en la prevención. El 14 de septiembre de 2022 escribió en su muro de Facebook:

«Un país se construye con transformaciones donde participa el pueblo, con un plan de salud que lleve a la formación de un Sistema Nacional de Salud donde existan médicos de familia en todas las comunidades y donde toda la población tenga acceso a servicios de la más alta calidad. ¡En Honduras no debería haber médicos desempleados! ¡Transformar no es cambiar nombres y colores! Continuará. (…)»

Tengo la certeza de que mi papá también hubiese denunciado esta situación. Hoy yo lo hago en este escrito, porque el nudo en la garganta no me permitiría hacerlo de otra manera. Nos duele la ausencia y nos desgarra el presente de este país.

A tres militares en condición de retiro, entre ellos el general y exjefe del Estado Mayor Conjunto Romeo Vásquez Velásquez, se les dictó arresto domiciliario por el homicidio simple de Isy Obed Murillo y tentativa de homicidio de Alex Roberto Zavala. Ambos jóvenes se manifestaban el 5 de julio de 2009 en contra del golpe de Estado dado en junio de ese mismo año en contra del gobierno del entonces presidente Manuel Zelaya, acontecimiento que desencadenó una crisis sin precedentes en Honduras. Ahora, en un país que sigue militarizado pese a las promesas de campaña del actual gobierno, las víctimas y sus familias claman por justicia.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen

David Murillo y Silvia Mancía rinden homenaje a su hijo en la misma plaza donde fue asesinado hace 15 años, en un evento donde están otras víctimas y familiares de la represión y de las muertes violentas de opositores al golpe de Estado el 28 de junio de 2009.

Su hijo, Isy Obed Murillo, un joven de 19 años, fue asesinado en una manifestación el 5 de julio, mientras esperaba en las afueras del Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa el retorno del expresidente Manuel Zelaya Rosales,  derrocado el 28 de junio y posteriormente expulsado hacia Costa Rica.

Los padres de Isy Obed, David Murillo y Silvia Mancía, durante un acto en homenaje a su hijo en la plaza que lleva su nombre. Tegucigalpa, enero de 2025. Foto: CC / Fernando Destephen.

Los familiares de las víctimas asesinadas en ese contexto y varios simpatizantes del Partido Libre sostienen letreros con los rostros y nombres de las víctimas. En la jornada conmemorativa, la ministra por ley de la Secretaría de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, pronuncia un discurso en el que asegura que que no se trata de tomar venganza en contra de quienes estaban al mando en ese momento, sino de que este gobierno está del lado correcto de la historia y que por eso en las próximas elecciones el partido de gobierno vencerá de nuevo.

Para Silvia Mancía, madre de Isy, lo importante no es enfrentarse a altos exjerarcas militares, sino la búsqueda de justicia. Después de 15 años, esa justicia parece haber llegado. «Yo solo doy gracias a Dios porque después de 15 años, en mis debilidades, a veces perdía la esperanza de justicia, pero ya estamos aquí, viviéndola. Lo demás contra Romeo Vásquez y los implicados, eso no me corresponde a mí, le corresponde al fiscal», apuntó.

Silvia Mancía, madre de Isy Obed, en las afueras de los juzgados, custodiada por simpatizantes del Partido Libertad y Refundación y por miembros de la Policía Nacional. Tegucigalpa, enero de 2025. Foto: CC / Fernando Destephen.

Un juez falló en contra de los tres militares en condición de retiro que fueron claves en el golpe de Estado de 2009 y que ahora se enfrentarán al enjuiciamiento por la muerte de Isy Obed Murillo: El general Romeo Vásquez Velásquez, quien se desempeñó como jefe del Estado Mayor Conjunto en el mandato del expresidente José Manuel Zelaya; Venancio Cervantes Suazo, subjefe de la institución en ese momento; y Carlos Roberto Puerto Fúnez, comandante del Comando de Operaciones Especiales en ese entonces.

A los tres exmilitares se les dictó auto de formal procesamiento con la medida de arresto domiciliario por la muerte de Isy Obed Murillo y por la tentativa de homicidio a Alex Roberto Zavala, otro manifestante. Inicialmente el Ministerio Público acusó a los exmilitares de cometer lesiones graves en contra de Zavala, pero esto cambió luego de que su abogado, Marlon Duarte, solicitara al ente acusador reclasificar el delito, argumentando que en el lugar se hallaron más de 200 casquillos de bala, lo que pudo haber causado múltiples muertes.

La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) sostiene que Isy Obed Murillo perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza, provocado por un proyectil de arma de fuego disparado por las Fuerzas Armadas con fusiles de alto poder y grueso calibre. En cuanto al caso de Murillo, la Fiscalía solicitó que el delito de homicidio fuera reclasificado como asesinato; sin embargo, el juez denegó esta solicitud en el requerimiento en contra de los militares.

Momento en que los militares acusados llegan escoltados a los juzgados para continuar con la audiencia. Tegucigalpa, enero de 2025. Foto: CC / Fernando Destephen.

El Ministerio Público presentó 14 medios de prueba en la audiencia inicial, dentro de los cuales se encuentra el dictamen de la autopsia de Isy Obed Murillo, un dictamen balístico de los hechos y la certificación de los nombramientos de los tres militares en condición de retiro. Además, presentó cuatro testigos y tres peritos.

La defensa de los militares presentó constancia del arraigo familiar de los militares y constancias médicas que acreditaron la edad de los mismos y su condición de salud, por lo cual el juez dictó medidas sustitutivas de prisión.

En agosto del año pasado el fiscal general, Johel Zelaya, reveló que los protocolos de autopsia en el caso de Isy Obed Murillo habían sido robados, y que el Ministerio Público tendría que reconstruir los acontecimientos de ese día. Anteriormente, la exdirectora de Medicina Forense y actual viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, desmintió las acusaciones de perder ese expediente que, según dijo, le habían hecho. Sin embargo, el médico forense Dennis Castro Bobadilla declaró en los medios recientemente que Villanueva fue quien retiró el expediente en 2020, durante la pandemia por Covid-19. 

Marlon Duarte, abogado de una de las víctimas, dijo en una entrevista que el dictamen de autopsia y acta de levantamiento son parte de los medios de prueba del MP, y que, así como lo indicó el fiscal general, lo que se extravió fueron las actas de protocolo elaboradas por los médicos forenses en ese momento.

El asesinato de Isy Obed Murillo vuelve al centro de la discusión. Por un lado, un sector opositor al Gobierno y figuras vinculadas al golpe de Estado lo consideran una persecución política contra Romeo Vásquez Velásquez; por otro, se exige justicia contra los militares por la represión, violencia y ejecuciones extrajudiciales en el marco de la crisis política en 2009.

La familia del general Romeo Vásquez Velásquez ha expresado en comunicados y en foros televisivos que la culpa del asesinato de Isy Obed Murillo no debería de recaer en estos exmilitares; sin embargo, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) publicado en julio de 2011 apunta a la responsabilidad individual del jefe y de los miembros del Estado Mayor Conjunto, por ser quienes estuvieron al mando y giraban las instrucciones de ese entonces.

La CVR se creó como resultado de los Acuerdos Tegucigalpa-San José, firmados a finales de 2009. En las negociaciones, los representantes del expresidente de facto, Roberto Micheletti Bain, y del depuesto exmandatario José Manuel Zelaya, con la mediación de la comunidad internacional, buscaban una solución al conflicto político.

«Evitar los muertos a toda costa»

La Comisión de la Verdad y Reconciliación, conformada en el primer trimestre de 2010, interrogó al general Romeo Vásquez Velásquez sobre la muerte de Isy Obed Murillo y los acontecimientos de represión en la crisis derivada del golpe de Estado. Vásquez Velásquez respondió que en ese momento que él tenía el mando efectivo sobre las Fuerzas Armadas, pero que sus acciones estaban derivadas de las órdenes y estrategia de Michelletti Bain, quien asumió como presidente de facto tras la expulsión de  Zelaya.

«Vásquez declaró que su estrategia fue “evitar los muertos a toda costa”», señala el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Además, el exjerarca negó inicialmente la posibilidad de que las balas que terminaron con la vida de Isy Obed fueran de procedencia militar, y también negó la existencia de francotiradores  en la zona. Sin embargo, después de que la comisión le mostró un video en el que se constataba la presencia de soldados con fusiles en las cercanías, Vásquez Velásquez reconoció la presencia de francotiradores, pero negó responsabilidad sobre la muerte de la víctima.

En esas declaraciones, el exmilitar aseguró que fue un error participar en los hechos violentos y represivos en la crisis post golpe de Estado, y reconoció que existieron planes militares para las operaciones que las Fuerzas Armadas realizaron en apoyo al Gobierno de facto. La Comisión dijo en su informe que el general Romeo Vásquez Velásquez, en su condición de jefe del Estado Mayor Conjunto, jugó un papel esencial en la ejecución de los decretos que restringieron las garantías constitucionales en ese entonces, y, por consiguiente, tuvo responsabilidad por las órdenes que conllevaron a violaciones a los derechos humanos en ese contexto.

La CVR también indicó que la responsabilidad del exmilitar está «estrechamente ligada» a la de Micheletti Bain, destacando además su omisión al no denunciar ni sancionar los abusos cometidos por los militares. Asimismo, estableció que era pertinente conocer los documentos de inteligencia militar para evaluar con mayor precisión la responsabilidad de Vásquez Velásquez y de las Fuerzas Armadas.

Recuerdos dolorosos en un país que continúa militarizado

Oslin George, coordinador del Banco de Datos sobre Derechos Humanos y Violencia Política de Honduras, un proyecto que aglutina a seis organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, asegura que el enjuiciamiento de estos exmilitares ha sido tardío, pero ha significado «abrir de nuevo las heridas» de la represión vivida en 2009.

«La mamá (de Isy Obed Murillo) lo dijo bien clarito en una entrevista; es volver a abrir la herida, es casi como revictimizar a la familia otra vez, volviendo a ponerla en la palestra pública, pero también ha movido un poco el sentimiento de muchas de las organizaciones y las personas que fueron víctimas en ese momento», dijo George.

Para Oslin este proceso representa algo más profundo, no solo desde alguien que trabaja con victimas de represión, capturas arbitrarias o torturas en su trabajo en el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), sino también como alguien que vivió la represión del 2009.

El 12 de agosto de 2009 fue detenido junto a otras 23 personas que estaban presentes en una protesta en los bajos del Congreso Nacional. Los militares reprimieron a los manifestantes con bombas lacrimógenas, y mientras Oslin tomaba fotografías, fue estrellado contra el suelo y golpeado por militares, quienes también lo privaron de su equipo fotográfico.

Aunque él y otras víctimas de ese día obtuvieron cartas de libertad en el 2019 después de que el Ministerio Público les imputó los delitos de sedición, robo, manifestación ilícita, daños a la propiedad y de atentar contra el Estado de Honduras, Oslin asegura que el proceso de detenciones a raíz de esos acontecimientos y el impacto emocional de ese día ha sido lo más difícil de superar. Además, recalca que la mayoría de los militares que proporcionaron golpizas y reprimieron a los manifestantes no han sido enjuiciados, a excepción de una policía militar. 

«Muchos de los compañeros que fueron detenidos tuvieron que salir del país exiliados, otros dejaron de participar en las manifestaciones por temor; al final siempre hay un rompimiento de ese tejido social al que uno estaba acostumbrado», manifiesta Oslin.

A pesar de que pasaron más de 15 años desde el golpe de Estado que dejó al país lleno de violencia y represión de parte de las fuerzas de seguridad del Estado, la presencia y poderes otorgados a las Fuerzas Armadas y la Policía sigue casi intacta. Aunque en su campaña política la presidenta Xiomara Castro prometió desmilitarizar el Estado, la implementación del «Plan solución contra el crimen» ha implicado el establecimiento de un estado de excepción desde diciembre de 2022 con constantes renovaciones, en el que se ha facultado a los militares la creación de batallones de emergencia y se les ha dado el control del sistema penitenciario.

Formación de los miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) durante la ceremonia de traspaso de mando de su unidad. Tegucigalpa, enero de 2025. Foto: CC / Fernando Destephen.

Además, en el contexto ambiental, las Fuerzas Armadas están asignadas a «batallones verdes» con tareas de preservación de zonas protegidas, y, según Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales, el 10 % de los militares están asignados a la protección de la naturaleza. Lo anterior contrasta con la situación de vulnerabilidad en la que están los defensores del ambiente en Honduras. 

Así lo evidencian casos como el de Juan López, defensor del ambiente que denunciaba el megaproyecto minero Los Pinares, en el Parque Nacional Carlos Escaleras, al norte de Honduras, quien era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023 y fue asesinado la noche del 14 de septiembre de 2024. 

Como alguien que vivió la represión en el golpe de Estado y ante un gobierno que prometió no dar protagonismo a las Fuerzas Armadas, Oslin opina que el papel de los militares ha sido nefasto en toda la historia, y que, en el contexto actual, resulta desesperanzador que continúen teniendo poder en el país.

«A mí me parece que (el papel de los militares) también tiene que ver con el debilitamiento de las fuerzas políticas, y que, al final, de una u otra manera, tienen que negociar con los militares con la intención de que no den más golpes de Estado, y en ese sentido tienen que ceder y ofrecerles espacios de poder, de incidencia y que se traducen, no solo en el poder frente a la sociedad, sino también en la cantidad de recursos a los que tienen acceso» asegura.

El Banco de Datos sobre Derechos Humanos y Violencia Política de Honduras ha documentado, en los años 2023 y 2024, entre 110 y 120 casos de violaciones de derechos humanos a privados de libertad, en el marco del estado de excepción.

Además, entre 2022 y 2024 registraron 250 casos de violaciones a derechos humanos a ambientalistas, población penitenciaria y ciudadanía en general, causadas por agentes de la Policía Militar o la Dirección Policial Anti Maras, Pandillas y Crimen Organizado (Dipamco) en acciones amparadas bajo la ejecución del estado de excepción.

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Dina Meza, defensora de derechos humanos y directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu), manifiesta que el enjuiciamiento de estos tres exmilitares podría representar un hecho histórico, siempre y cuando sean condenados por los acontecimientos violentos y la represión derivada del golpe de Estado. De no ser así, advierte que pudiera representar un recurso mediático en un año electoral.

La defensora de derechos humanos argumenta que Honduras «continúa más militarizada que nunca», y que, por ejemplo, altos mandos de esa institución, como el actual jefe del Estado del Mayor Conjunto, actúan como activistas políticos replicando un discurso a favor del gobierno.

«La presidenta nos ofreció desmilitarizar la sociedad y mandar a los militares a los cuarteles; eso nos daba esperanza. Eso es lo que nos despierta ahorita, porque llegamos a colocar denuncias por amenazas contra periodistas en el Ministerio Público y cierran los casos. Hay más de 100 colegas que han sido asesinados y no tenemos judicialización de casos, y tenemos defensores de derechos humanos que están en el Mecanismo Nacional de Protección y no encuentran protección; ahorita nos han dicho que no hay un presupuesto en el mecanismo» expresa la defensora.

Formación de la Fuerzas Especiales de la Policía Nacional custodiando el edificio de los juzgados donde se realizó la audiencia contra los militares acusados. Tegucigalpa, enero de 2025. Foto: CC / Fernando Destephen.

Por otro lado, la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, asegura que el estado de excepción implementado por la presidenta no representa un riesgo para la ciudadanía, que esta no es una política permanente y que eventualmente quedará sin vigencia.

No obstante, el pasado 7 de enero el estado de excepción fue ampliado por otros 45 días mediante el PCM 03-2025 aprobado en Consejo de Ministros, con la finalidad de «intensificar la lucha contra el crimen común y organizado en Honduras». 

Esta medida ha generado el rechazo de organizaciones de sociedad civil y defensores de derechos humanos, al señalar que su aprobación no pasó por el Congreso Nacional, poder del Estado en el que no se han alcanzado consensos para la discusión de leyes. Mientras tanto, el estado de excepción durante estos años en Honduras también ha representado abusos y desapariciones forzadas en las comunidades.

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Micheletti Bain en el radar 

El pasado 9 de enero de 2025, Bertha Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), solicitó ante el Ministerio Público que el requerimiento en contra de los tres exmilitares sea ampliado para incluir la responsabilidad de otros miembros de las Fuerzas Armadas y del expresidente de facto, Roberto Michelleti, en otras 11 muertes registradas durante el golpe. Oliva destacó que Cofadeh tiene documentados alrededor de 167 asesinatos relacionados con la crisis de 2009. 

«Presentamos la incorporacion de otros casos que en manifestaciones públicas habían hecho lo mismo, como el caso del profesor Roger Vallejo, en el que las Fuerzas Militares se movilizaron donde la poblacion se manifestaba, lo que tuvo como consecuencia el asesinato del profesor; por eso el CIDH tiene el conocimiento de este caso, por las violaciones a derechos humanos coordinadas y sistemáicas», explica Oliva.

Micheletti Bain, antes de tomar posesión como presidente de facto, era presidente del Congreso Nacional, y, desde ese espacio, estuvo en constante conflicto con el expresidente Zelaya, según lo detalla el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

En rótulos y consignas de simpatizantes del Partido Libre, que se manifestaban en las afueras del Juzgado de Letras de lo Penal, también figura el nombre de Roberto Micheletti, como el próximo que podría ser enjuiciado por la persecución y represión a manifestantes en contra del golpe de Estado.

«Yo quiero ver a Micheletti acá», dice Dina Meza, mientras se desarrolla la audiencia en contra de los tres militares en los Juzgados de lo Penal en Tegucigalpa. «Yo recuerdo todas las atrocidades que cometió también, a los militares, a los policías, y cómo, en ese contexto, teníamos que ser buenos corredores, porque nos ponían toques de queda para que saliéramos corriendo a todos lados».

La continuación de la audiencia inicial en contra de Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez fue programada para el sábado 11 de enero, para conocer si el juez admite los 14 medios de prueba presentados por el Ministerio Público.

La defensa del general Romeo Vásquez Velásquez podría presentar un informe acerca de cómo fueron los hechos ese día desde la perspectiva de los militares, información que la Comisión de la Verdad y Reconciliación apuntó como necesaria en 2011, y que la sociedad hondureña conocería 15 años después. 

Los abogados defensores de los exjerarcas no han dicho si apelarán al fallo del juez. Por otro lado, el Ministerio Público dijo en un comunicado que presentarán una apelación, debido a que por los delitos que se les imputa a los señalados no se debería permitir una medida distinta a prisión preventiva.

El próximo 20 de febrero se cumplirá un año desde que Natalie Roque anunció su «retiro temporal» como ministra de la Secretaría de Derechos Humanos debido a problemas de salud, sin especificar el tiempo de su incapacidad. Gracias a una licencia médica, Roque sigue percibiendo su salario con un aumento en junio de 2024 y beneficios que otorga el cargo, al mismo tiempo que se mantiene activa en foros televisivos. La salida de Roque coincidió con señalamientos sobre su gestión, que incluyeron denuncias de abusos laborales y manipulaciones de su parte en el Sistema Nacional de Protección (SNP).

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Archivo CC 
Portada: Persy Cabrera

El próximo 20 de febrero se cumplirá un año desde que Natalie Roque anunció su «retiro temporal» como ministra de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH). Esto ocurrió en un contexto de tensiones debido a las denuncias de empleados y exempleados de esta Secretaría de Estado, quienes argumentaban malos tratos, abusos y despidos injustificados, y mantuvieron tomas durante varios días en las instalaciones de dicha institución. Su salida del cargo ocurrió apenas unos días después de las renuncias de los viceministros Guido Eguigure y Mirtha Gutiérrez.

Roque argumentó problemas de salud derivados de un padecimiento de diabetes. A pesar de ello, gracias a una licencia médica, continúa percibiendo su salario y otros beneficios que otorga el cargo, además de que asiste habitualmente a foros televisivos, mientras la presidenta Xiomara Castro no efectúa el nombramiento definitivo de la persona que la reemplazará.

En aquel momento, Natalie Roque aseguró que su retiro era temporal y, por tanto, no implicaba la cancelación del acuerdo 35-2022, mediante el cual la presidenta Xiomara Castro la nombró ministra de la SEDH el 27 de enero de 2022. Sin embargo, casi un año después, Roque sigue cobrando su salario mensual como ministra, según el Sistema de Administración Financiera Integrada (Siafi). Dos fuentes que pidieron anonimato a Contracorriente, de las cuales una se desempeñó en la SEDH hasta inicios de 2024 y la otra labora actualmente en la institución, confirmaron que Roque también disfruta de otros beneficios, como vehículo, escolta y bonos de combustible. 

Según el portal de transparencia de la SEDH, Roque ha recibido su salario con normalidad desde marzo hasta noviembre de 2024, gracias a la licencia médica que se le otorgó por su padecimiento de diabetes. En las planillas de estos meses aparece registrada su fecha y acuerdo de nombramiento.

Cuando Natalie Roque se retiró temporalmente de la SEDH, su lugar fue ocupado por Angélica Álvarez, quien actúa hasta la fecha como ministra por ley. En las mismas planillas de pago, se puede verificar que Álvarez, quien tiene acuerdo de nombramiento 52-2024, recibe su salario como viceministra y no como ministra.

Esta información también fue confirmada por la propia Angélica Álvarez, quien dijo a Contracorriente que Natalie Roque se mantiene en un estado de salud delicado, y que la decisión de nombrar o no a un relevo corresponde exclusivamente a la presidenta Xiomara Castro. 

«La ministra Natalie Roque tiene una situación delicada de salud. Ella ha presentado formalmente ante la Secretaría de la Presidencia y la presidenta Xiomara Castro todo su expediente médico y ha solicitado una licencia médica desde que fue retirada del cargo. La presidenta me ha nombrado ministra por ley y he estado asumiendo funciones como tal. Un eventual retorno a las funciones de la ministra es una decisión que solo le concierne a la presidenta de la República», manifestó la funcionaria. 

Desde la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, que tiene la responsabilidad de registrar o cancelar los acuerdos de nombramiento de los altos funcionarios, nos contestaron que la persona responsable de que Natalie Roque continúe en el cargo es la presidenta Castro. 

«La potestad de nombrar y remover es exclusiva de la presidenta. La voluntad pasa por ella, o la funcionaria, en este caso, puede presentar su renuncia. Nosotros en la Secretaría obedecemos las órdenes que emanan de la titularidad del Ejecutivo, y hasta que ella nos instruya podríamos proceder a cancelar el acuerdo de nombramiento», explicó a Contracorriente el secretario general de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, Celso Alvarado.

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A consideración de Luis León, exdirector del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, por sus siglas en inglés), Roque no puede ser destituida de su cargo si el periodo de incapacidad médica no ha prescrito. 

«Aquí sería importante saber qué establece el permiso médico y conocer cuál fue el periodo de incapacidad. Si el tiempo de incapacidad supera el periodo que ha transcurrido desde su renuncia, ella está dentro del marco de la ley, porque el Código de Trabajo establece que no se pueden hacer despidos por problemas de salud o embarazo, y esto también aplica a altos funcionarios del Estado», dijo León a Contracorriente

Dentro del acuerdo ejecutivo por el cual se hizo el nombramiento de Angélica Álvarez como ministra por ley, con fecha 21 de febrero de 2024, se estableció que su cargo sería «hasta que se incorpore la titular de esa secretaría de Estado». 

Sin embargo, cuando Roque anunció su salida, no se proporcionó información sobre la duración de su incapacidad médica y legal. En Contracorriente intentamos contactarla, pero no respondió a nuestros mensajes de texto. Cuando la contactamos por llamada telefónica, indicó que no estaba disponible para atender asuntos profesionales o políticos.

Por su parte, el exviceministro de Derechos Humanos, Guido Eguigure, aseguró no estar al tanto de la situación de Roque.

«Entiendo que sí le dieron una licencia y que de alguna manera fue una forma de salida honrosa. Desde mi renuncia no he tenido ninguna relación con ella», afirmó el exfuncionario a este medio de comunicación.

No obstante, el 4 de junio de 2024, el entonces ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, afirmó al diario La Prensa que Natalie Roque no volvería a la titularidad de la SEDH, y que la presidencia de la República debía realizar a la brevedad el nombramiento definitivo para Angélica Álvarez o alguna otra persona que asumiera su reemplazo, lo cual no ha ocurrido a pesar del transcurso de los meses. 

Entre marzo y mayo de 2024, Roque percibió un salario mensual de 93,400 lempiras en esos meses, y a partir de junio de ese año su salario aumentó a 94,700 lempiras. El aumento salarial fue otorgado a todos los empleados por acuerdo de la SEDH, según se puede ver en la variación de la planilla de junio con respecto a la de mayo de ese año.

Durante esos nueve meses, la funcionaria cobró en total 848,400 lempiras, además de 94,700 lempiras por concepto de decimocuarto salario que se le acreditó en junio. La planilla de pagos correspondiente a diciembre de 2024 aún no había sido subida al portal de transparencia de la SEDH hasta la fecha de publicación de esta nota.

Natalie Roque en Casa Presidencial durante una conferencia de prensa. Tegucigalpa, septiembre de 2022. Foto: Archivo CC.

Múltiples apariciones en un foro televisivo 

Cuando Natalie Roque anunció su separación temporal del cargo, alegó haber sido diagnosticada seis meses atrás con diabetes mellitus. Asimismo, afirmó encontrarse con una incapacidad médica y legal. Sin embargo, solo unos meses después de haber dejado el cargo en la SEDH, comenzó a figurar como moderadora y habitual panelista en el foro televisivo Libertad y Poder, transmitido por el estatal Canal 8.

De hecho, el pasado 6 de enero hizo su más reciente aparición en dicho espacio, cuando se abordó la captura del general retirado de las Fuerzas Armadas Romeo Vázquez Velásquez y otros dos exjerarcas militares, luego de que el Ministerio Público (MP) los acusara de delitos de homicidio y lesiones por la muerte de Isy Obed Murillo López, un joven de 19 años que murió por un impacto de bala —según el MP disparada de un arma oficial— el 5 de julio de 2009 cuando protestaba contra el golpe de Estado que derrocó al expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Contracorriente ha identificado que, tras su separación del cargo en la SEDH, Natalie Roque participó en al menos siete ediciones más de dicho foro televisivo. Estas otras intervenciones en el programa se dieron durante 2024, en las siguientes fechas: 26 de junio, 27 de junio, 31 de julio, 3 de septiembre, 20 de septiembre, 21 de septiembre, 8 de octubre y 17 de octubre.

Las polémicas de Natalie Roque al frente de la SEDH 

Durante la gestión de Natalie Roque al frente de la SEDH, se generaron diversas controversias. El 17 de agosto de 2022, durante el foro televisivo Frente a Frente de Televicentro, la defensora de derechos humanos Dina Meza aseguró que personas que habían sido contratadas durante las tres últimas administraciones del Partido Nacional, entre 2010 y 2022, fueron catalogadas por funcionarios de la SEDH  como «narcodictadores».

«Hemos atendido varias denuncias de violaciones a derechos humanos. Una cosa es que los despidan, pero otra es que los despidan estigmatizados, diciéndoles que son de una dictadura. ¿Cómo los van a contratar en otro lugar?», afirmó.

En ese espacio, Meza también calificó a Natalie Roque de tener una «actitud revanchista» y de propagar un «discurso de odio» contra los trabajadores contratados durante la gestión del Partido Nacional.

Entre las denuncias que Roque también enfrentó como ministra, figuran las de empleados y exempleados de la SEDH, quienes denunciaron haber sido hostigados y acosados por elementos policiales y militares. A inicios de 2024, empleados de la SEDH realizaron tomas y protestas frente a las instalaciones de la institución.

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En noviembre de 2022, Natalie Roque fue denunciada por intentar intervenir en la elección de los concejales que representan a la sociedad civil en el Mecanismo Nacional de Protección (MNP), que gestiona la SEDH, en contraposición con lo que establece el artículo 5 del reglamento de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

El 11 de abril de 2024, en Contracorriente publicamos Los «VIP» del Sistema Nacional de Protección, un trabajo periodístico que evidenció que el 83 % del presupuesto era destinado a solo seis casos con medidas cautelares, entre ellos los correspondientes a altos funcionarios como Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad; Ligia Ramos, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) en el Congreso Nacional; y Glenda Ayala, excomisionada del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (MNP-Conaprev).

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En respuesta, la ministra por ley de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, calificó estas denuncias como «falsas acusaciones», y afirmó que «a nivel interno es otra la perspectiva que se tiene del Mecanismo».

Las carencias del Sistema Nacional de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (SNP) y del Mecanismo Nacional de Protección (MNP) se evidenciaron nuevamente tras el asesinato de Juan López, líder ambientalista y regidor municipal de Tocoa, el 14 de septiembre de 2024.

Desde 2023, López y otros defensores del medio ambiente pertenecientes al Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) contaban con medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, López fue asesinado a bordo de su propio vehículo, sin contar con ninguna protección.

Miami, 8 ene. (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tildó este miércoles de «grave retroceso» la decisión de Meta de eliminar la verificación profesional en sus plataformas, al considerar que debilita un elemento crucial en la lucha contra este problema y deja un vacío que difícilmente podrá ser llenado por un modelo basado en usuarios anónimos.

Meta anunció esta semana que reemplazará su programa de verificación de datos por un sistema de «notas comunitarias».

Según la organización internacional, la medida anunciada por la empresa matriz de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp representa «un grave retroceso» en la lucha contra la desinformación y contradice principios fundamentales recogidos en la Declaración de Salta II de la SIP, sobre principios de libertad de expresión en la era digital.

Recordó que el principio 11 de la Declaración de Salta II plantea que «la diseminación maliciosa o deliberada de desinformación por parte de actores estatales o privados afecta la confianza pública y menoscaba procesos democráticos. Además de las responsabilidades de quienes emitan, distribuyan, amplifiquen o moneticen estos mensajes, se requiere adoptar políticas de alfabetización noticiosa y digital sobre el impacto de las tecnologías».

Para la SIP, la decisión de Meta de resignar su responsabilidad directa en la verificación de información y delegarla exclusivamente en usuarios anónimos debilita los esfuerzos necesarios para combatir la propagación de noticias falsas, un problema que tiene impacto directo en la distorsión del debate público y, en consecuencia, afecta profundamente la calidad del sistema democrático.

Para la SIP, el anuncio del CEO de Meta, Marck Zuckerberg, de reemplazar el control de desinformación por un modelo de «notas comunitarias» similar al utilizado por la plataforma X, de Elon Musk, «carece de la transparencia y rigurosidad necesarias para garantizar que las normas de moderación y curación de contenidos se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos».

La organización señaló que este cambio no solo pone en riesgo los derechos de los usuarios, sino que también fomenta un entorno digital susceptible a la manipulación y el abuso.

«Genera, además, un precedente peligroso si otras plataformas adoptan políticas similares y, además, porque puede incentivar regulaciones estatales que en general se traducen en censura previa, violatoria de normas internacionales», indicó.

«La desinformación es una de las principales amenazas para la confianza pública y la estabilidad democrática», declaró José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.

Subrayó que la decisión de Meta de eliminar la verificación profesional en sus plataformas debilita un elemento crucial en la lucha contra este problema y deja un vacío que difícilmente podrá ser llenado por un modelo basado en usuarios anónimos.

«Esta medida contradice los principios fundamentales de la Declaración de Salta II, que exige políticas claras, transparentes y basadas en estándares internacionales para combatir la desinformación», dijo en el comunicado Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

«Meta está enviando una señal equivocada en un momento en el que el compromiso con la libertad de expresión y los derechos humanos debe ser fortalecido, no debilitado», agregó.

La Declaración de Salta II fue aprobada en el cierre de la Asamblea General de Córdoba, en octubre pasado. La actualización adapta el texto original a los nuevos retos que enfrenta la libertad de prensa en el nuevo entorno digital.

Entre los temas clave que aborda esta nueva versión destacan la inteligencia artificial; la opacidad de los algoritmos, que puede fomentar la polarización y la difusión de desinformación, minando así el debate público; las disrupciones comerciales generadas por las grandes empresas tecnológicas, que concentran el mercado de la publicidad, y el derecho de propiedad intelectual, cuyo respeto es fundamental para la viabilidad económica del periodismo.

«La decisión de Meta se suma a otras previas de la misma empresa en las que desjerarquizó o penalizó los contenidos periodísticos generados por medios profesionales, el principal antídoto contra la desinformación», criticó la SIP, con sede en Miami.

«Fue lo que sucedió con el bloqueo de las noticias en sus productos en Canadá tras la sanción de la ley de protección del copyright en ese país; con la modificación de sus productos para minimizar las noticias verificadas, y con la eliminación de sus programas de impulso al periodismo en el ecosistema digital», abundó.

El 7 de diciembre de 2024, el papa Francisco presidió su audiencia general en el Vaticano, ante un nacimiento cristiano en el que el pesebre del Niño Jesús estaba cubierto con una kufiya, pañuelo con sus característicos cuadros blanco y negro que se ha convertido en potente símbolo de la causa palestina. En Estados Unidos, unas semanas antes, cristianos evangélicos, en su mayoría, votaron masivamente por regresar a un convicto, mentiroso, racista y generador de odio, a la silla de liderazgo de la nación más poderosa del mundo. El punto, por supuesto, es la diferencia entre cristianos evangélicos y católicos en el abordaje de algunos de los acontecimientos sociales y políticos más importantes de nuestro tiempo.

Sin duda, el hecho de que el máximo líder religioso del catolicismo mencionara los ataques en la franja de Gaza que han dejado decenas de muertos cada semana, incluidos niños y niñas, mientras en la iglesia evangélica se celebra la toma del poder en Estados Unidos de su «mesías», hace una diametral diferencia y muestra dos narrativas predominantes contrapuestas.

Partiendo de que las fiestas navideñas, en principio, celebran la venida del hijo de Dios a la tierra, y que son los cristianos quienes mantienen de forma más ferviente ese significado, que representa el fundamento de su religión, me pregunto si ese evento, que según registros históricos y nuestros calendarios data de hace más de 2,000 años, ayudó a que Donald Trump ganara las elecciones y se convirtiera en el nuevo presidente de Estados Unidos. Permítanme explicar.

Un cable de la agencia EFE que a finales de septiembre fue reproducido por medios de comunicación en Honduras afirmó que, según encuestas de la consultora Lifeway Research, casi dos de cada tres evangélicos hispanos en Estados Unidos apoyaban a Trump. Además, un  artículo de Associated Press dice que, según una encuesta de AP VoteCast, aproximadamente 8 de cada 10 votantes evangélicos blancos apoyaron a Trump en las elecciones.

Los evangélicos, principalmente los neopentecostales conservadores, encontraron en Trump a un «mesías» que prometió darles poder, proteger sus «valores tradicionales», y revertir el derecho al aborto en todo el país, abolir el matrimonio igualitario y tomar medidas contra la aceptación de personas trans a nivel general. 

A pesar de que en el discurso el cristianismo se fundamenta en el amor al prójimo, la promesa que Trump hizo a los evangélicos fue, aparentemente, demasiado atractiva. Según la prensa internacional, el político, empresario y convicto estadounidense prometió en su campaña de 2016 que, de ser elegido, «el cristianismo tendrá poder», y en 2024 renovó su promesa diciendo a los cristianos que se les otorgaría «un poder a un nivel que nunca antes habían tenido». Esto no solo le generó al nuevo mandatario estadounidense simpatía en el país norteamericano, sino que evangélicos de todo el mundo, incluidos algunos hondureños, claman su nombre. Después de todo, es alguien que les garantiza una influencia mundial para que su sistema de valores prevalezca sobre cualquier otro.

En el mandato presidencial anterior de Trump, los evangélicos ya habían logrado tomar el poder en la Casa Blanca, y ahora seguramente estarán de vuelta. En esa ocasión un grupo de líderes evangélicos conservadores logró instalar a Capitol Ministries, una organización religiosa fundamentalista que se dedica a impartir estudios bíblicos en congresos y capitolios de 60 países en el mundo, con su principal sede y patrocinio en la Casa Blanca.

En ese entonces, Contracorriente, junto a Columbia Journalism Investigations (CJI), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), y 14 medios de investigación latinoamericanos, investigaron y revelaron la forma en la que ese ministerio conservador estaba manipulando e influenciando una agenda antiderechos en todo el continente. 

Otro de los puntos principales de estos grupos evangélicos pro Donald Trump en Estados Unidos es su apoyo incondicional a Israel, al considerarlo el «pueblo elegido por Dios». Esta postura incluye su respaldo hacia las acciones de Israel en lo que numerosos organismos internacionales y defensores de derechos humanos han calificado como un genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. 

Aunque durante su campaña política Trump —un firme aliado de Israel— no prometió medidas específicas más allá de «terminar con la guerra», sí aseguró que las elecciones de noviembre de 2024 eran «las más importantes de la historia de Israel». Teniendo el antecedente de que en su primer mandato cumplió con la controvertida decisión de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, ahora la expectativa es que sus decisiones favorezcan al gobierno de Netanyahu.

En Honduras, durante la pasada administración de Trump y con Capitol Ministries en su mejor momento, también se trasladó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y el ministerio tuvo una influencia importante sobre la mayoría parlamentaria en el Congreso Nacional hondureño, marcando una etapa de fuerte alineación geopolítica y religiosa con las decisiones de Estados Unidos. Actualmente, en Honduras, según la página web de Capitol Ministries, Rafael Antúnez, pastor del Centro Cristiano Filadelfia Internacional y de la Confraternidad Evangélica de Honduras, es el nuevo representante de la organización. Antúnez se ha mostrado cercano al poder político, orando en el 118 aniversario del conservador Partido Nacional, y dirigiendo la liturgia religiosa en la instalación de la tercera legislatura del pasado Congreso Nacional en 2020. 

Si bien el nacimiento de Jesucristo simboliza para el mundo la llegada de un salvador cercano y lleno de amor, su figura se ha convertido en una herramienta política que moviliza a millones de personas en favor de agendas conservadoras y contrarias a los derechos fundamentales. Respondiendo a la pregunta de si el nacimiento del «hijo de Dios» influyó en la llegada de Trump al poder, diría que sí, pero no como una promesa divina, como lo interpretan los evangélicos neopentecostales que lo apoyan. Más bien, ha influido como un sistema de valores percibido como superior, utilizado para dividir, excluir y oprimir a grupos históricamente vulnerados, adaptándose estratégicamente a los intereses de quienes lo manipulan. Pienso que es tiempo de que los cristianos evangélicos con conciencia asuman su responsabilidad, cuestionando a sus congregaciones, a sus familias y a sí mismos. 

Mientras tanto, en Palestina, donde se encuentra Belén, la ciudad donde según el texto bíblico nació Jesucristo, la Navidad y el Día de Reyes no tuvieron el mismo significado que hace más de dos mil años. Con un genocidio en curso y con el panorama profundamente desesperanzador que representa la llegada de Donald Trump nuevamente al poder, el mensaje de paz que alguna vez se vinculó con el nacimiento de aquel Mesías parece más distante que nunca.

Tegucigalpa, 7 ene (EFE).- Más de un centenar de migrantes hondureños, entre hombres, mujeres y niños, salieron este martes en caravana desde San Pedro Sula, norte de su país, con la idea de llegar a Estados Unidos por el desempleo y la inseguridad en sus comunidades, según escuetas declaraciones de algunos de ellos.

«Soy de Santa Bárbara (oeste), viajo solo porque no tengo trabajo», dijo a periodistas uno de los migrantes que se identificó solamente como Miguel y protegía parte de su rostro con una toalla.

Los migrantes comenzaron a llegar la noche del lunes a la Central Metropolitana de Transporte, de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, procedentes de varias regiones del país.

Una mujer, de nombre Reina, indicó que estaba viajando con su esposo y sus tres hijos, por la inseguridad en su comunidad, Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, norte.

Provistos de mochilas y cubiertos con sábanas y otro de tipo de abrigos, los migrantes descansaron varias horas en las áreas verdes de la Central Metropolitana de Transporte, desde donde comenzaron a salir a primeras horas de hoy.

Los migrantes partieron hacia el puerto de Corinto, Cortés, fronterizo con Guatemala, y aunque algunos indicaron que saben lo difícil del camino, principalmente al ingresar a México, coincidieron en que se van de Honduras por falta de oportunidades de trabajo y la inseguridad en el país.

Según fuentes oficiales, aunque siempre hay hondureños que abandonan el país, los flujos son menores a los de años recientes, cuando se calculaba que podrían sumar unos 3.000 al mes.

La primera caravana de migrantes hondureños hacia Estados Unidos salió en octubre de 2018.

Las autoridades de Tegucigalpa calculan que alrededor de 1,5 millones de hondureños viven en el exterior, en su mayoría en Estados Unidos.

Los migrantes envían remesas familiares que en 2024 rozaron los 10.000 millones de dólares, lo que representa alrededor del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país centroamericano, según diversas fuentes.

La figura de los magistrados integrantes fue creada mediante un acuerdo entre los partidos políticos, a pesar de que admitieron en primera instancia que estaba fuera de la Constitución. En medio de artimañas legales y favoritismos hacia la «filiación político-partidaria», la figura se introdujo a través de una reforma al reglamento interno de la Corte Suprema. Entre febrero de 2023 y octubre de 2024, el Poder Judicial ha erogado alrededor de 21 millones de lempiras para pagar salarios y gastos de representación a funcionarios que no tienen asignaciones claras más que suplir ausencias dentro de la Corte.   

Texto: Luis Escalante 

Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC

 

Wilfredo Castellanos Hipp, un abogado de 53 años con amplia experiencia como delegado departamental en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), y quien ha intentado sin éxito ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos veces, decidió renunciar a un cargo que estaba dentro de sus aspiraciones, pero que, desde su perspectiva, atenta contra los intereses de la nación. El 3 de marzo de 2023 hizo pública una carta en la que exponía sus argumentos para desistir a su designación como magistrado integrante (suplente) del tribunal supremo. 

«Mi retiro del cargo de magistrado integrante de la Corte Suprema de Justicia responde a criterios en los cuales valoré el nivel de participación que tendríamos para ser parte de la solución a los ingentes y graves problemas que enfrenta el sistema de impartición de justicia en nuestro país. Mi presencia particular en el Poder Judicial, sin la facultad de contribuir directamente a la solución de los problemas macro del sistema de justicia, consideré que sería una erogación innecesaria en el presupuesto nacional», declaró Castellanos Hipp. 

Durante la primera sesión del pleno de la CSJ que fue electa el 16 de febrero de 2023 para el período constitucional 2023-2030, se aprobó la designación como magistrados integrantes de seis abogados y notarios, los cuales también habían sido incluidos en la nómina de candidatos a magistrados enviada al Congreso Nacional (CN) por la Junta Nominadora el 23 de enero de ese año. Además de Wilfredo Castellanos Hipp, fueron nombrados Aída Martínez, Luis Discua, José Ricardo Pineda, Felipe Speer y Marvin Espinal.

Estos nombramientos se dieron gracias a una reforma al artículo 6 del Reglamento Interno de la CSJ, que añadió lo siguiente: «Aprobar por tres cuartos de sus miembros un listado de magistrados integrantes no menor de seis, que serán escogidos del último listado de candidatos propuestos al Congreso Nacional por la Junta Nominadora, y serán llamados a integrar el pleno de manera sucesiva y rotatoria, y excepcionalmente a las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia».

De inmediato se conoció la afinidad de algunos de estos abogados con los partidos políticos. Por ejemplo, Pineda había sido propuesto por el Partido Libertad y Refundación (Libre) en una de sus nóminas para convertirlo en magistrado de la Corte Suprema. Después se supo que Martínez también tiene cercanía con el oficialismo, Speer y Castellanos Hipp con el Partido Liberal, y Espinal y Discua con el Partido Nacional.

Pese a que la figura de magistrado integrante no existe dentro de la Constitución de la República y solo está presente en el referido reglamento interno, estos nuevos funcionarios judiciales tienen muchas puertas abiertas dentro del Poder Judicial y reciben prebendas similares a las de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia: salarios altos, gastos de representación y acceso a viáticos para viajes oficiales al extranjero. 

 

La erogación en números 

La existencia de magistradas y magistrados integrantes ha representado una erogación de 20,942,564.07 lempiras entre febrero de 2023 y octubre de 2024. El Poder Judicial ha destinado 16,924,564.07 lempiras en salarios y 4,018,000.00 lempiras en gastos de representación en ese período, según los portales de transparencia.

Estos funcionarios judiciales además reciben gastos de representación, a pesar de que el artículo 5 del Reglamento de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial precisa que este beneficio es exclusivo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Además, según documentos de la Pagaduría Especial del Poder Judicial, los magistrados integrantes Martha Merino y Felipe Speer han recibido viáticos para viajes al extranjero. Merino recibió 2,080 dólares (52,723.47 lempiras) para participar en el evento «Infancia y Justicia: Niños y Adolescentes en el Proceso Judicial», en Cartagena de Indias, Colombia, del 15 al 20 de septiembre de 2024. Por su parte, Speer recibió 1,760 dólares (44,612.17 lempiras) para participar en el Seminario sobre Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, en esa misma ciudad de Colombia, del 16 al 19 de julio de 2024.

Además de las y los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial cuenta con 59 magistrados en las Cortes de Apelaciones en las áreas Penal, Civil y Contencioso Administrativo, así como en las Cortes de Apelaciones departamentales de Choluteca, Comayagua, Copán, Atlántida y Santa Bárbara.

Según los portales de transparencia del Poder Judicial, las y los magistrados de las Cortes de Apelaciones perciben salarios que oscilan entre 58,313.19 y 127,825.53 lempiras al mes, y 29 de ellos reciben más de 100,000 lempiras mensuales. Sin embargo, a diferencia de algunos magistrados integrantes de la Corte Suprema, estos funcionarios judiciales cuentan con una amplia experiencia dentro del escalafón judicial. El más antiguo tiene 35 años de carrera judicial, mientras que los más recientes acumulan siete años de experiencia.

Actualmente, con un salario mensual de 127,825.58 lempiras, las y los magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia devengan un sueldo superior al de cualquier juez o magistrado de las Cortes de Apelaciones. Esto se hizo posible después de que se aprobara un incremento salarial a partir de agosto de 2024, ya que antes el salario devengado era de 117,271.17 lempiras. 

A juicio de Ana Pineda, exjueza de letras penal y exministra de Derechos Humanos, la figura del magistrado integrante, fundamentada en la «filiación político-partidaria», excluye el mérito, la integridad y la idoneidad, y, por lo tanto, vulnera la función judicial.

«Por ejemplo, la falta de asignación expresa de funciones y el hecho de que gocen de altos salarios y prerrogativas asociadas al cargo, tiene un impacto significativo en el presupuesto del Poder Judicial, en detrimento del personal de carrera que tiene exceso o mora de trabajo y devenga salarios inferiores», ilustró Pineda, quien, a pesar de haber sido la postulante mejor evaluada por la Junta Nominadora para convertirse en magistrada de la Corte Suprema, no recibió el respaldo de los partidos políticos en el Congreso.

Entre las y los magistrados integrantes de la Corte Suprema, solo tres tienen experiencia judicial, según sus hojas de vida. Felipe Speer ha sido funcionario del Poder Judicial desde 1996 y ha ocupado diversos cargos, incluido el de asistente letrado en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema entre 2009 y 2016. Por su lado, José Ricardo Pineda fue fiscal del Ministerio Público (MP) entre 1994 y 2000 y luego trabajó como asistente letrado en las Salas de lo Constitucional y Penal antes de su actual designación. Martha Merino, por su parte, fue jueza de letras penal y magistrada en la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula.

En contraste, Marvin Espinal, Luis Discua y Aída Martínez han trabajado tanto en el sector público como en el privado, además de desempeñarse como abogados independientes, pero nunca habían sido servidores del sistema judicial antes de su designación como magistrados integrantes.

 

El pacto entre los tres partidos que dio paso a los magistrados integrantes

La creación de magistrados integrantes surgió exclusivamente de un acuerdo entre políticos. Cuando las bancadas en el CN no lograban ponerse de acuerdo para elegir a las y los magistrados para el período constitucional 2023-2030, los líderes de los partidos Libre, Nacional y Liberal comenzaron a negociar varios puntos, como el número de magistrados que se repartirían, quién ostentaría la presidencia de la CSJ, cómo se distribuirían las salas y quiénes las coordinarían. Las negociaciones, después del primer intento fallido de elegir a la Corte Suprema el 25 de enero, se prolongaron durante varias semanas.

Fachada del edificio del Poder Judicial, donde funciona la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Tegucigalpa, noviembre de 2024. Foto CC/Fernando Destephen.
Fachada del edificio del Poder Judicial, donde funciona la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Tegucigalpa, noviembre de 2024. Foto CC/Fernando Destephen.

Bajo ese contexto, desde el Legislativo surgió la idea de elegir magistrados suplentes. El 2 de febrero de 2023, el jefe de bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento, manifestó a los medios de comunicación que «los magistrados suplentes es un tema que también está en las conversaciones, porque debemos hacer una interpretación del artículo 316 de la Constitución de la República, ya que existe un vacío legal».

Este artículo establece cómo se organiza la Corte Suprema de Justicia en cuatro salas: Constitucional, Penal, Civil y Laboral.  Ese precepto indica que cuando las sentencias son unánimes, se emiten en nombre de la Corte y tienen carácter definitivo. Si son por mayoría, deben someterse al pleno de magistrados y magistradas. 

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Sin embargo, el 10 de febrero, Sarmiento descartó la posibilidad de crear la figura de magistrados suplentes, ya que se requería una reforma constitucional y ratificación en la siguiente legislatura. «El tema de los magistrados suplentes fue planteado como una opción, pero al final, tras las consultas, se determinó que se necesita ratificación constitucional, por lo que no aplica para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia», indicó Sarmiento en aquel momento.

A pesar de lo anterior, el 16 de febrero, día en que finalmente el CN eligió la CSJ, se publicó el «Acuerdo para asegurar a los habitantes de la República de Honduras la integración de la Corte Suprema de Justicia que dirigirá el Poder Judicial en su potestad constitucional», un documento que, en realidad, no fue más que una repartición de la CSJ entre los tres partidos políticos mencionados. 

El acuerdo estaba firmado por los jefes y subjefes de bancada de los partidos Libre, Nacional y Liberal. También incluyó las firmas de la única diputada del Partido Anticorrupción (PAC), Karla Martínez, y del diputado independiente Carlos Raudales -en ese entonces de la Democracia Cristiana-. El Partido Salvador de Honduras (PSH), salvo algunos diputados, cuestionó el acuerdo. 

En el punto sexto del acuerdo se establece la designación de magistrados integrantes «por impedimento, licencia, ausencia temporal o cualquier otro motivo, regulado en el Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, mediante acta especial y votación calificada del pleno de la Corte Suprema de Justicia».

De esta forma, el impedimento constitucional no fue un obstáculo para que los partidos políticos colocaran a personas afines como magistrados integrantes, otorgándoles beneficios similares a los de los magistrados de la Corte Suprema, incluso cuando su única función es suplir ausencias. 

Sesión del 25 de enero de 2023 en el Congreso Nacional, día de la elección de los magistrados de la Nueva Corte Suprema de Justicia de Honduras. Foto: Archivo CC.
Sesión del 25 de enero de 2023 en el Congreso Nacional, día de la elección de los magistrados de la Nueva Corte Suprema de Justicia de Honduras. Foto: Archivo CC.

Aunque se hablaba de un «vacío», antes de la creación de la figura de los magistrados integrantes, en caso de ausencias por impedimentos, recusación, inhibición o excusa, la Corte Suprema de Justicia recurría a magistrados de las Cortes de Apelaciones para que integraran ad hoc el tribunal supremo, sin generar erogaciones adicionales, ya que eran personas cuyo salario ya estaba contemplado..

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Ana Pineda considera que la figura de los magistrados integrantes es inconstitucional y vulnera el artículo 308 de la Constitución de la República, que establece que la Corte Suprema de Justicia debe estar integrada por 15 magistrados.

«La figura fue creada al margen de lo establecido en la Constitución, que expresa cómo está conformada la Corte Suprema y quién es responsable de elegir a sus magistrados. La creación de los magistrados suplentes no es más que un acuerdo político, que genera una erogación innecesaria de fondos», subrayó Pineda en entrevista con Contracorriente.

Cuando se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto legislativo 2-2023, que contiene la elección de la Corte Suprema de Justicia para el período constitucional 2023-2030, no se incluyeron los nombres de las y los magistrados integrantes, ni tampoco se hizo referencia a las reformas al artículo 6 del reglamento interno.

Magistrados integrantes, un «mal necesario»

En la práctica, las y los magistrados integrantes han servido a los intereses del oficialismo en algunas resoluciones judiciales. Aunque Contracorriente solicitó sentencias de la Corte Suprema de Justicia en las que participaron magistrados y magistradas integrantes, a través del oficio SGCSJ-1375-2024 se nos contestó que las deliberaciones de la Corte Suprema son secretas, con base en los artículos 134, numeral 4, y 184 del Código Procesal Civil, por lo que se denegó la solicitud de información.

Sin embargo, se conoció que los votos de los magistrados integrantes fueron trascendentales en dos sentencias recientes:  la sentencia de inconstitucionalidad sobre los artículos 294, 303, 304 y 329 de la Constitución de la República, con la que se creó en 2013 la figura de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), y la sentencia de constitucionalidad al decreto 4-2022, incluido su artículo 4, literal A, que concede una amnistía «amplia» e incondicional» a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) que fueron judicializados o sentenciados por delitos de corrupción.

Puerta que da acceso a los tres salones actualmente ocupados por la Corte Suprema de Justicia. Palacio de Justicia, Tegucigalpa, agosto de 2024. Foto: CC/Fernando Destephen.
Puerta que da acceso a los tres salones actualmente ocupados por la Corte Suprema de Justicia. Palacio de Justicia, Tegucigalpa, agosto de 2024. Foto: CC/Fernando Destephen.

En la primera sentencia, los magistrados José Ricardo Pineda y Aída Martínez permitieron que se le diera un efecto ex tunc a la sentencia de inconstitucionalidad de las ZEDE, y en la segunda, nuevamente Pineda y Martínez, junto con Felipe Speer y la magistrada de Corte de Apelaciones, Roxana Morales -que fue llamada a integrar el pleno-, votaron a favor de declarar constitucional el decreto 4-2022,  Ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho y para que los Hechos no se Repitan. 

Con la sentencia de constitucionalidad del decreto 4-2022, la Corte Suprema de Justicia dejó un mensaje de lealtad, protección e impunidad a exfuncionarios afines al actual Gobierno, encabezado por Xiomara Castro. Así lo consideran analistas jurídicos consultados por Contracorriente en una publicación anterior, que analizaron las sentencias que absolvieron al exsecretario de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, judicializado por fraude, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, y al exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, quien en 2017 había sido condenado a nueve años de prisión por enriquecimiento ilícito y a ocho años y seis meses por fraude y abuso de autoridad, por no poder justificar 16.7 millones de lempiras que se sumaron a su patrimonio personal durante el tiempo en que fue funcionario público. 

 

Los vacíos legales 

El 25 de noviembre de 2011, el Congreso Nacional (CN) aprobó la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, con lo cual por primera vez se creó un ente en el Poder Judicial capaz de separar las funciones administrativas recargadas sobre la presidencia de la Corte Suprema y otorgárselas a un órgano colegiado aparte, encargado de la organización y dirección de la administración del personal judicial y de las finanzas. Sin embargo, el 15 de abril de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta normativa.

A consideración de Ana Pineda, uno de los principales problemas que afronta el Poder Judicial es justamente la concentración de poder que recae sobre la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel. Así sean magistrados integrantes o magistrados de la Corte de Apelaciones quienes llamen a integrar el pleno de la Corte Suprema, el marco normativo propicia que la presidencia de la CSJ pueda generar influencia sobre los primeros, por afinidad o compromisos políticos, y sobre los segundos, porque es ella quien tiene la potestad de destituir o ascenderlos ante la ausencia de un Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.

«En la sentencia de 2016 se estableció que, de manera transitoria, el titular del Poder Judicial reasumiría las funciones administrativas y jurisdiccionales, mientras la Corte Suprema de Justicia, con carácter urgente y haciendo uso de la iniciativa de Ley, presentaría ante el Congreso el anteproyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, lo cual no ha ocurrido a la fecha, por lo que la actual presidenta, al igual que lo hizo el anterior presidente de la CSJ, desempeña ambas funciones», consideró Pineda.

La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Honduras ha evolucionado con el tiempo. Antes, eran elegidos directamente por el Congreso Nacional (CN) sin un proceso de postulación ni proposición de candidatos. Sin embargo, en 2001 se aprobó la Ley de la Junta Nominadora, y en 2022 se aprobó una nueva normativa para regular este proceso. Siete organizaciones e instituciones evalúan a las y los postulantes y envían al Congreso una nómina de 45 candidatos y candidatas para la elección de las y los 15 magistrados. 

La Junta Nominadora está integrada por un representante propietario y otro suplente del Poder Judicial, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el Colegio de Abogados (CAH), la sociedad civil organizada, las centrales obreras y los claustros de las carreras de Derecho de las universidades.

Daniel Durón fue parte de la Junta Nominadora de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante el proceso que culminó con la elección de las y los magistrados del período constitucional 2002-2009. Desde su perspectiva, la inclusión del ámbito político en asuntos de la Corte Suprema deriva de cómo son elegidos estos funcionarios y por quiénes, además de que cada siete años existe una renovación total de la Corte Suprema, lo que lleva al CN a decidir sobre la composición de la misma.

«Aquí, cada siete años hay que ir a ese proceso de renovación de la Corte Suprema, cuando en otros países los magistrados y las magistradas se eligen de forma vitalicia. Entonces, quien marca la decisión es el Congreso Nacional. A nosotros nos pidieron una nómina de 45 abogados y abogadas, tratamos de hacer el mejor trabajo y se la entregamos al Congreso, quien al final decidió», dijo. 

 

Durón, quien representó a las centrales obreras en aquel proceso de escogencia de la Corte Suprema, declaró que la forma en que se elige a los magistrados y magistradas es un problema sistémico y está diseñado para ser influenciado por los grupos de poder económico y político.

«Se pueden postular 200 o 300 abogados o abogadas, pero siempre hay presiones del sector privado o dirigentes políticos, tanto en la Junta Nominadora como en el Congreso. Cuando yo estuve en la Junta Nominadora, recuerdo que hubo presiones para que reeligiéramos a algunos magistrados del período anterior; era gente afín al poder político de turno, pero al final no pasó. Hubo otras particularidades, pero por cuestiones éticas no las deseo divulgar», cerró Durón.

Mientras en el Poder Judicial algunos jueces y magistrados de apelaciones enfrentan precariedades, sobrecarga laboral y salarios poco competitivos, la figura de los magistrados integrantes parece perpetuar la premiación por acuerdos político-partidarios. Esto ocurre en un contexto marcado por vacíos legales, como la ausencia de una Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, y la concentración de poder que ostenta la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Bajo las mismas reglas de juego, los votos de las y los magistrados integrantes pueden seguir siendo utilizados para inclinar la balanza a favor de uno u otro sector en otros aspectos clave que deberá resolver la Corte Suprema. Entre estos temas destacan los recursos de inconstitucionalidad relacionados con el acuerdo 001-SG-2024 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que declara en reserva la información vinculada a las negociaciones del borrador de convenio para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), así como los recursos de inconstitucionalidad contra el decreto 93-2021. Este último amplió el catálogo de delitos de usurpación y, según defensores de derechos humanos, constituye una persecución hacia las comunidades y las personas que se oponen a proyectos extractivistas.

Para la realización de este trabajo periodístico, Contracorriente contactó al abogado Wilfredo Castellanos Hipp, quien inicialmente respondió a los mensajes de texto, pero luego dejó de hacerlo. Asimismo, se estableció comunicación con el magistrado integrante Luis Discua, quien aseguró que respondería a nuestras preguntas, pero hasta el momento de esta publicación no ha concedido la entrevista, y con el magistrado integrante Marvin Espinal, quien hasta el cierre de la edición no respondió a la solicitud de entrevista.

Por Lucía Vijil Saybe

Portada: Persy Cabrera

 

Sin duda, el 2024 ha sido un año clave en términos ambientales y agrarios. Avances y retrocesos en la gestión de la conflictividad socioambiental, la impunidad y el recuerdo constante de que Juan López, asesinado el 14 de septiembre, ya no está más entre nosotras, son parte de los acontecimientos sobre los que debemos reflexionar. En este escrito, nos vamos a referir a una de las más grandes preocupaciones del movimiento social y territorial, organizaciones de derechos humanos y ciudadanía en general: la avanzada de una política ambiental bajo la custodia de los militares.

El pasado 2 de noviembre, Contracorriente publicó una entrevista realizada a Lucky Medina en el marco de la Cumbre de la Biodiversidad COP16, en la que textualmente el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) afirmó: «La gente agradece que los militares están apagando incendios, pero además hay que tomar en cuenta a la gente que está trabajando en el proyecto Padre Andrés Tamayo. Los militares solo son la columna de los ejes de protección ambiental».

¿En qué contexto se sitúa la acción de los militares en la gestión ambiental? 

El Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022 – 2026 que presentó la ahora presidenta Xiomara Castro durante su campaña política prometía: «Desmilitarizar la seguridad ciudadana y confirmar su permanencia en su rol que ordena la constitución. Asegurar la conducción civil de la seguridad y de la defensa y la separación precisa y respeto de las funciones propias de las fuerzas armadas y de la policía, tomando como referencia la doctrina democrática de la seguridad ciudadana. Los guardianes del pueblo no pueden ser los mismos que los defensores del territorio, porque cada cual se entrena para su fin específico».

En ese contexto, por la naturaleza de las dinámicas sociales en nuestro país y la disputa entre élites, analistas como Gustavo Irías han afirmado que «las Fuerzas Armadas han actuado como una especie de partido político, con autonomía propia y con la misión de gestionar las periódicas crisis políticas, asegurando la vigencia de los intereses estratégicos de la élite tradicional». En esa misma línea, han existido períodos históricos caracterizados por la intervención de los militares en roles que exceden los límites establecidos por la Constitución.

Recordemos que, luego de la democracia tutelada por los militares entre 1981 y 1989, este actor volvió para participar en un golpe de Estado en el 2009 y respaldar a los gobiernos post golpe. Irías también apunta que: «Ante las tímidas reformas por parte del gobierno del Poder Ciudadano y la percepción de amenazas geopolíticas por la cercanía de la administración Zelaya con el chavismo (Hugo Chávez), los militares, en defensa de los intereses de la élite, rompieron el orden constitucional ante el asombro de la comunidad internacional. De hecho, este fue el primer golpe de Estado victorioso en América Latina en la post guerra fría. Entre el 2010-2021, los militares continuaron teniendo una presencia dominante en apoyo a las diferentes administraciones del Partido Nacional, es decir, en el período conocido como el de la narcodictadura». 

Recientemente, el juicio contra Juan Orlando Hernández demostró la forma en que la estructura militar estaba implicada en la narcoactividad,  y cómo el respaldo de las cúpulas militares sostuvo por completo la dinámica del Gobierno en Honduras. 

Para el Gobierno de Xiomara Castro, como transición, sin duda era todo un desafío la gestión del vínculo con las fuerzas armadas. El saldo al día de hoy ha sido un incumplimiento rotundo a las promesas de desmilitarización.

En primer lugar, se ha utilizado la figura del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para la gestión pública. Más allá del acompañamiento en espacios de trabajo, la aparición de los militares en la gestión de asuntos civiles justificados por el discurso de la «seguridad nacional» se ha traducido en una estrategia de seguridad pública, que ha implicado la declaración del estado de excepción desde el 6 de diciembre del 2022 hasta la fecha, centrado en el combate contra la extorsión, la remilitarización de los centros penitenciarios, un «Plan de Solución contra el Crimen» y el anuncio de la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne (hace un par de días desestimada de acuerdo a declaraciones de funcionarios públicos) y de dos megacárceles entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios.

Para gestionar la conflictividad relacionada con la propiedad de la tierra, y por presión de sectores de la empresa privada, se conformó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra (aún sin normas claras para su funcionamiento), en la que los militares tienen asignado el rol de desalojar a la población campesina de los predios rurales que son reclamados por grandes empresas agroindustriales, y en menor medida el avance en reformas estructurales que aseguren una verdadera distribución de la tierra. Esta Comisión ha sido denunciada por organizaciones campesinas debido al aumento de los desalojos y violencia a partir de las acciones lideradas por los militares.

Por otra parte, la estrategia de «Cero deforestación al 2029» implica alrededor de 8,000 nuevos efectivos militares para incorporarlos a los Batallones de Protección Ambiental, y el aumento del presupuesto de defensa en 19,000 millones de lempiras entre el 2024 y 2027. 

Es importante destacar que ha sido este Gobierno el que ha colocado en la discusión pública la acción de terceros en territorios indígenas (por ejemplo, el caso de La Moskitia), así como la exposición de redes de ganaderos vinculados a la narcoactividad y las estructuras del crimen organizado relacionadas a actividades de extracción de bienes comunes de la Naturaleza.

El plan estratégico «Cero deforestación al 2029» apunta: «Gran parte de la agricultura migratoria, ganadería extensiva, siembra de plantaciones de droga, que se da en la zona de la Moskitia, tiene su origen en el lavado de activos y el crimen organizado. Así mismo, actividades que atentan y destruyen los bosques tropicales de Honduras, y en especial Olancho, departamento de Gracias a Dios, áreas de La Mosquita y zonas de Río Plátano». 

Y aunque se han anunciado medidas integrales, la gestión gubernamental ha obviado por completo el plan de trabajo ya estipulado y se ha enfocado en el fortalecimiento del papel de las fuerzas armadas en la gestión de lo público, aumentando la presencia militar en los territorios y la narrativa que coloca a los «verde olivo» como bastiones de una política ambiental en uno de los países más peligroso para ser defensor y defensora del territorio. 

 

¿Qué es lo preocupante de los «verde olivo» en la gestión ambiental? 

A pesar de las expectativas sobre la desmilitarización de los asuntos civiles, el predominio de las fuerzas armadas en temas agrarios y ambientales es motivo de cuestionamiento por varias razones.

En primer lugar, el nulo acceso a la información. Cuando los militares entran en el debate sobre la política pública y su implementación, absolutamente todo se clasifica como «seguridad nacional», lo que restringe por completo el acceso a la información y la participación ciudadana. En Honduras, estos dos factores son los principales detonantes de la conflictividad socioterritorial.

Por otro lado, existe una marcada impunidad militar. La participación de los militares en asuntos públicos y la aplicación de la seguridad civil ha implicado grandes violaciones a los derechos humanos y con ellas fracturas históricas. Asimismo, su reciente vinculación con el narcotráfico deslegitima por completo su accionar. La investigadora Mirna Flores indica que: «A falta de castigo de los militares que han cometido abusos en los distintos gobiernos autoritarios que emergieron de las transiciones democráticas, ha generado una alta impunidad militar, en medio de bajos niveles de rendición de cuentas y, paradójicamente, la respuesta estatal de aumentar sus funciones y presupuestos».

El aumento del presupuesto asignado a los militares es otro punto crítico. Ha sido complejo para las organizaciones territoriales notar el aumento de las partidas presupuestarias asignadas a los militares para asumir su función de protección ambiental, mientras que, por ejemplo, no existe aumento significativo de presupuesto para instituciones clave en la titulación de tierras (el Instituto Nacional Agrario) en el marco de comisiones como la de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, y decretos relevantes en la gestión ambiental como el 18-2024 aún no tienen asignaciones presupuestarias para la restauración del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.

La presencia de los militares en mayor proporción en los territorios también se podría considerar como una estrategia de vigilancia y exposición de los liderazgos en defensa de los bienes comunes. Para autores que han estudiado la vinculación entre militares y extractivismo, como Raúl Zibechi, «la militarización no va de la mano sólo de la expansión del papel de las fuerzas armadas, sino que se trata de un fenómeno más complejo». 

«El papel clave de todo este proceso», dice Zibechi, «es el desplazamiento de la población o conseguir retenerla dentro de ciertos espacios, para que las empresas hagan su trabajo. Algo así no puede suceder sin que el Estado —a través de sus aparatos armados— intervenga para impedir, apoyar o tolerar la acción armada contra las poblaciones que deben proteger. Tanto las grandes empresas como los negocios ilegales tienen la suficiente capacidad financiera como para comprar los servicios de militares y policías, quienes a su vez adiestran a las bandas irregulares y les venden sus propias armas».

Estos elementos previos seguramente se irán ampliando en el debate y análisis, al momento de ir constatando avances —o retrocesos— de una política ambiental cuyo bastión son los militares. Pero a estas alturas debemos preguntarnos: ¿hay que alarmarnos sobre su papel en ese sector tan trascendental para los hondureños y hondureñas? 

Sabemos que la política militar puede ser cuestionada a través de los medios que sean, pero, en la práctica, esto tiene un impacto limitado frente a los tomadores de decisión que, claramente, se muestran orgullosos de su alianza momentánea con los «verde olivo». Sin embargo, es importante destacar ciertos puntos clave. En primer lugar, la legitimidad de la acción militar en la mayoría de acciones relacionadas a la gestión ambiental debe estar condicionada a un proceso efectivo de depuración institucional, llevado a cabo bajo los más altos estándares de transparencia.

Además, se debe apostar por una reducción de la impunidad en los casos en los que militares son acusados de cometer crímenes, precisamente para hacerle justicia a la historia agrietada por la acción militar en Honduras. Desclasificar la información vinculada a temas ambientales para la promoción de la participación ciudadana debe ser un componente integral de cualquier plan que pretenda tener presencia a nivel territorial y de relación directa con las comunidades involucradas. 

Finalmente, existen acciones pendientes con movimientos sociales y ambientales, que definitivamente deben ser prioridades para garantizar una efectiva protección a los bienes comunes de la Naturaleza (más allá del enfoque militar que se pretende aplicar a cada caso de conflictividad).

Las críticas al actual Gobierno en las obras de artistas como Luis Barahona, más conocido como «Garabatos», y Ámbar Nicté, les llevó a enfrentarse a ataques masivos en redes sociales. Aunque no existe una censura directa, el trabajo artístico ha sido objeto de condicionamiento y de ataques, no solo de bots, sino también de personas reales organizadas para defender de cualquier forma las acciones de la presidenta Xiomara Castro y su Gobierno.

Texto y portada por Persy Cabrera

Hace unas semanas, Luis Barahona, más conocido por su nombre artístico, Garabatos, fue el objetivo de los ataques en redes sociales de funcionarios, exfuncionarios y cuentas que comparten el discurso del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Barahona es un artista hondureño con una experiencia de alrededor de 18 años como caricaturista. Algunos lo acusaron de ser «cooptado» por otro político, de ser machista o de ser un lobo disfrazado de oveja.

Estos ataques iniciaron tras la publicación de un cómic relacionado con la tormenta Sara, que en noviembre dejó numerosos daños en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro. Luis Barahona explicó que su intención era resaltar la labor de las personas que atienden a estas emergencias climáticas. Los reclamos que llegaron desde el oficialismo y personas afines a este fueron por manipular la caricatura, agregando a la original las figuras de la precandidata presidencial por Libre y actual ministra de Defensa, Rixi Moncada, y la presidenta Xiomara Castro.

En una entrevista con Contracorriente, Barahona explicó que inició su carrera en un medio deportivo de Honduras, y recordó que en ocasiones una caricatura podía ocasionar que algún director técnico de fútbol lo llamara diciendo que ya no iba a dar más entrevistas al medio. Ahora que se dedica a caricaturizar el ámbito político, la «pasión» con la que se vive la política en ciertos sectores, como lo describió él, resulta en un ambiente de desacreditación y ataques digitales.

Recomendamos leer: Honduras, paraíso para los desinformadores 

En agosto del 2023, el secretario de Planificación Estratégica del Gobierno, Ricardo Salgado, dijo a Contracorriente que contaban con alrededor de siete u ocho mil personas «que no son empleados, pero sí son militantes» y «tienen motivaciones, se les dan cursos de formación, se les prepara, se les da la línea, la marca, les decimos que se peguen a ella». Estas son las tropas digitales.

El mismo secretario de Planificación Estratégica publicó a mediados de noviembre de 2024 que «hasta la fecha: ningún medio, absolutamente ninguno ha recibido coacción de ningún tipo por parte de esta administración, ni se les ha pedido que cambien su línea editorial».

En ese sentido Barahona dijo que si bien es cierto no ha recibido ninguna llamada pidiéndole que le «baje» al tono de una caricatura, existe un condicionamiento «desde que vos publicás algo y automáticamente un grupo de choque digital, por decirlo así, empieza a decirte tarifado, que estás patrocinado por la Embajada (de Estados Unidos) o que estás patrocinado por otro grupo político».

«Todo el arte es político»

Algo similar ocurrió con la artista Ámbar Nicté, quien en septiembre publicó en las redes sociales de Contracorriente el cómic «El sonido de tu nombre», donde asoció sus recuerdos de una sobreviviente de intento de femicidio con los lamentos de las víctimas de violencia que siguen resonando en Honduras durante el gobierno de la presidenta Castro. Los comentarios de la publicación la tacharon de amarillista, machista y de incitar la violencia.

 

 
 
 
 
 
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En una entrevista para Contracorriente, Ámbar relató que este cómic fue motivado por la decepción que sintió tras la publicación de InsightCrime de un vídeo que data de 2013 durante la campaña presidencial de Xiomara Castro, en el que se puede ver a Carlos Zelaya, exdiputado y secretario del Congreso Nacional (CN) por el Partido Libertad y Refundación (Libre), conversando y negociando aportaciones de miles de dólares con narcotraficantes ahora enjuiciados y condenados en Estados Unidos. Todo esto, sumado a sus vivencias durante el golpe de Estado de 2009 y la persecución política que sufrió su familia, resultó en un cómic potente y crítico.

Para Ámbar «todo el arte es político» y también «lo personal es político». La procedencia de las reacciones a la publicación de este cómic le sorprendieron, pues ella vive en Guatemala, un país en el que «netcenter» es un término común en redes sociales. Los «netcenter» son definidos como «un grupo de personas pagadas para crear, manipular e incluso deshacer la reputación de una figura pública, institución o situación».

De acuerdo con Ámbar, mientras que en Guatemala las cuentas de los «netcenter» son bots, o sea cuentas automatizadas, en su caso, tras revisar algunas de las cuentas que respondieron a la publicación del cómic, concluyó que muchas de ellas parecían ser de personas reales.

¿Se cuenta solo lo malo? ¿Qué hacemos con el humor?

Un comentario recurrente contra los artistas que crean este tipo de contenido crítico es reprocharles que solo señalan lo malo que realizan los funcionarios, gobierno o militantes de los partidos políticos. Pero entonces, ¿sobre qué deben dibujar los artistas?

Para Luis Barahona, la caricatura es una herramienta para «esparcir una crítica o un pensamiento crítico del caricaturista», y añadió que «yo no estoy para resolver problemas, estoy para plantearlos». Así como la caricatura sirve para difundir una noticia, para él también es una forma de «hacer un momento de reflexión mediante el uso de un mensaje que al final te saca una sonrisa».

Según Darío Adanti, historietista argentino y cofundador de la revista satírica Mongolia, no hay un problema en cómo se utiliza el humor, sino cómo se ejerce la opinión. De acuerdo con él, a veces para opinar no se toma en cuenta una responsabilidad básica: la de informarse para tener una opinión informada.

Adanti recalcó que «en el contexto del humor como algo profesional, teatral, dibujado, escrito, es decir, lo que es el contexto de la ficción del humor, tenemos que permitirnos usar la imaginación como queramos, y como artistas y creadores no deberíamos tener límites».

La opinión de Adanti fue expresada en septiembre de 2023 en un XSpace organizado por Contracorriente, cuando se viralizó un video que contenía imágenes de una película sobre Adolf Hitler, utilizándolas como una parodia para criticar al Gobierno de Xiomara Castro.

En esa conversación, Adanti concluyó que entre la línea del debate y la difamación debe prevalecer la opinión responsable, y comprobar de dónde viene la información que circula en redes sociales y en el debate público. Para finalizar su participación, comparó el humor con una maceta para plantas, una que podemos usar para «poner una planta, o la puedes usar para tirarla por el balcón y darle en la cabeza a alguien».

Recomendamos leer: «Cuando ese humor lo están usando entidades financieras y políticas para expresar una falta de respeto, en realidad están usando el humor como coartada», Darío Adanti en XSpace

Ámbar Nicté, por su parte, expresó que, como artista, ella dibuja y plasma sus reflexiones desde los hechos y situaciones que le atraviesan identificada como persona: «yo trabajo desde lo que me atraviesa», y que su motivación es contar historias desde su «realidad como [persona] queer racializada, centroamericana, hondureña y migrante», cosas que considera no se ven en el mainstream.

Lo difícil del arte, en sus propias palabras, radica en «volverse vulnerable y estar dispuesto a poner tanto las cosas feas como las cosas bonitas que uno está sintiendo».

Un grupo de activistas de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh) realizó un plantón en los bajos del Congreso Nacional para exigir que se apruebe un proyecto de ley que trata de la prevención de enfermedades provocadas por la actividad laboral. La propuesta tiene más de un año en el hemiciclo. Mientras tanto, las centrales obreras piden que se incluya al sector sindical en las discusiones sobre la Ley. 

Texto: Allan Bu

Con reportes de Luis Escalante

Fotografías: Luis Escalante

El 10 de diciembre, la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh) realizó plantones frente a las oficinas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en el Barrio Abajo y en los bajos del Congreso Nacional en Tegucigalpa, para exigir que se reconozcan algunos derechos negados a la población trabajadora de la maquila, y a los trabajadores en general. 

María Luis Regalado, coordinadora de la Codemuh, explicó a Contracorriente que esta organización tiene más de 30 años luchando en temas del trabajo y salud ante las autoridades, «pero muy poco han escuchado». Y añadió que la protesta fue también porque el IHSS ha abandonado a sus afiliados en la zona norte, sobre todo a quienes trabajan en la maquila, en donde cubren extensas jornadas que son ilegales y acaban causando graves problemas a la población obrera. 

Las enfermedades tienen que ser dictaminadas y certificadas por el IHSS, y es ahí donde Regalado ve uno de los primeros inconvenientes. «El problema es que el IHSS en San Pedro Sula tiene esas comisiones [de dictamen] incompletas. La Comisión de Riesgos Profesionales ni siquiera tiene secretaria, la Comisión de Invalidez solo tiene tres miembros de cinco que deberían estar, si uno se va de vacaciones no hay dictámenes porque se queda sin quórum», dijo.  

Contó que la máquina para hacer resonancias magnéticas tiene más de cinco años de estar dañada y no se ha reparado, ni comprado otra. «Si no hay resonancia magnética, no hay dictámenes de calificación. Les dicen a las trabajadoras que se las hagan en lugares privados. y eso cuesta de ocho mil a doce mil lempiras», declaró. 

Añadió que las trabajadoras, cuando ya tienen esos dictámenes médicos, reciben una pensión que puede ir de 1,500 a 2,500 lempiras: «Eso no alcanza ni siquiera para sobrevivir», sostuvo. 

También aseguró que las empresas maquiladoras cierran, pero no se van del país, y en realidad lo que quieren es «deshacerse de una población con antigüedad laboral y otra que ya tiene daños en su salud y la única forma de echarlos a la calle es cerrando operaciones. 

Luego  volverán a abrir fábricas y van a contratar personas jóvenes que no tienen problemas», afirmó.

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Estas son las razones de la protesta en los bajos del Congreso Nacional, donde las activistas de Codemuh exigieron  la aprobación de la Ley de Salud en el Trabajo, una propuesta nacida en la organización que encabeza Regalado, que pretende el reconocimiento de 242 enfermedades profesionales.

«Ellos [el personal joven recién contratado] correrán el mismo riesgo de las personas que están saliendo ahorita, si el Estado hondureño no define las políticas públicas relacionadas a la atención a la salud. Por eso tenemos una propuesta de Ley de Salud en el Trabajo, que si el Congreso la aprueba sería una ventaja para la población trabajadora en general, no solo para obreras de maquila. Aquí lo que se necesita es trabajar la prevención de daños y luego una atención de calidad a aquellos que ya tienen enfermedades profesionales», dijo Regalado. 

Explicó que este proyecto de ley engavetado en el Congreso Nacional es importante porque es una herramienta totalmente preventiva, que hasta ahora no se encuentra en el marco laboral existente en el país y, por otro lado, en la ley también incorpora el enfoque de género: «El Código actual fue aprobado en 1959, cuando no existía maquila, no existía tecnología y otros rubros de hoy. Ahí solo hay enfermedades de cuando solo existía la agroindustria. Solo tiene [contempladas] 44 enfermedades; nosotros estamos aumentando 198 enfermedades más, para hacer un total de 242». 

Añadió que en esa misma ley se está incorporando un artículo para que a las mujeres embarazadas y que desarrollen su trabajo en condiciones de riesgo, como es el caso de las que trabajan en la maquila, se les cambie de puesto de trabajo y se les rebajen las metas de producción, por lo menos en un 40 %.    

Centrales obreras piden que se les incluya en la discusión 

El secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, mencionó en entrevista con Contracorriente que el tema de salud ocupacional no es nuevo, y está contemplado en un capítulo del Código del Trabajo (título V, capítulo lll) en referencia a riesgos ocupacionales. «Lo que se pretende hacer es que se contemplen nuevas enfermedades, el tema de las pandemias y ahora con esto del teletrabajo, la idea es actualizarlo», sostuvo. 

Reconoció que no hay regulación respecto al tema de salud ocupacional más allá del Código de Trabajo y lo que dice la ley del IHSS en función de riesgos específicos. «No tenemos una legislación abierta que pueda incluir nuevas regulaciones en función de las nuevas realidades del trabajo. Hay nuevas exposiciones y estamos atrasados con eso, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) nos está urgiendo en este tema de salud ocupacional», manifestó. 

Durón señaló que en el Congreso Nacional hay tres o cuatro proyectos de ley de alto interés social que no se han llevado a discusión, entre ellos el Convenio 187 que trata del trabajo doméstico, el Convenio 190 en referencia a la violencia y acoso laboral, y uno más que trata de los empleados públicos. Por último, pero no menos importante, contó que el nuevo Código Procesal Laboral fue discutido por el sector privado, la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno hace unos nueve años, y sigue en el Congreso. 

Unas 40 mujeres que integran la Colectiva de Mujeres de Honduras (Codemuh) se movilizaron al edificio del Congreso Nacional (CN) para exigir la aprobación de la Ley de Salud en el Trabajo. Tegucigalpa, 10 de diciembre de 2024. Foto: CC / Luis Escalante.

Sobre la posición de las centrales obreras, en este caso la CGT, respecto a la aprobación de la Ley de Salud en el Trabajo, Durón manifestó que es importante la participación de las organizaciones obreras: «Es importante que se incluyan a las asociaciones sindicales, estas son buenas acciones, pero es importante que se incorpore a las organizaciones constituidas del sector sindical, que son la representación básica». 

«Sería bien interesante manejar una agenda inclusiva con la participación de todos los sectores beneficiados o afectados con este tema de la salud ocupacional», añadió. 

Pese a que nunca mencionó estar de acuerdo con la propuesta nacida de la Codemuh, el dirigente sindical reconoció que nadie debería oponerse a que se revisen los riesgos de salud de un obrero en el trabajo, «¿Quién se opone?, usted debe saber», dijo, y luego elevó la voz para aseverar en tono enfático: «Pero los que menos nos oponemos y lo impulsamos, somos nosotros, porque somos los grandes afectados. Humanitariamente no debería existir oposición. En temas de reivindicación no deberían tener oposición, obviamente existe y la hay por intereses», aseguró. 

María Luisa Regalado afirmó que desde la organización que coordina se invitó a varios líderes sindicales, incluido Daniel Durón, para dar a conocer la ley, pero las convocatorias no fueron atendidas. 

Afirmó que esperan que en el Congreso agilicen la discusión de la ley. El martes 10, los diputados de la comisión encargada, de la que forman parte Bartolo Fuentes, periodista ligado al trabajo en la maquila, y Juan Barahona, líder sindical, les dijeron que están esperando las opiniones no vinculantes de la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud. La lentitud en el hemiciclo legislativo hace más grave un problema que, según un estudio de la Codemuh y la Universidad Metropolitana de México, puede afectar a un 66 % de la población obrera en la maquila. 

 

La niñez de El Salvador representa el “daño colateral” más invisible en la cadena de errores que se viven en la marginalidad del país. Las niñas y niños que sufrieron la violencia de las pandillas ahora observan, con temor y desde la sombra, cómo el régimen de excepción se vive día a día en su comunidad, en su escuela y en sus casas, muchas veces desde la ausencia de un familiar (un padre, un hermano, un tío) que ha sido detenido, sin explicaciones ni manera de saber dónde ni cómo está.

Por Verónica Reyna

La política de seguridad ha dejado siempre escondida, en el suelo e invisible a la niñez salvadoreña. Las políticas de corte represivo, conocidas como de Mano Dura, no son nuevas y han sido la única respuesta de los gobiernos al problema de violencia en el país. Responder con violencia estatal ante la violencia de las pandillas solo es una muestra más de la incapacidad de un Estado para responder a las necesidades de seguridad y a su obligación de garantizar los derechos de una población hundida en la desigualdad y la exclusión. En 2017 el Servicio Social Pasionista (SSPAS) publicó un informe sobre cómo la niñez estaba viviendo la violencia de las pandillas. Una escena definió muy bien cómo las políticas de seguridad implementadas impactaban en los niños y niñas: en un relato un niño contó cómo escuchó que un pandillero había subido a los techos de las casas y huía de la policía, de un salto este cayó en su patio, donde él se encontraba escondido en una hamaca. Luego del pandillero saltó el policía y en la persecución ambos empujaron la hamaca y el niño cayó a metros de distancia, sin que ninguno de los dos se percatara de él. 

Hoy, en el marco de un régimen de excepción permanente, la niñez se ha vuelto todavía más invisible. La guerra contra las pandillas, el casi único enfoque de la política de seguridad actual, se desarrolla con la misma superficialidad que las políticas manoduristas de los gobiernos anteriores, desatendiendo las causas de la desigualdad, potenciando la ruptura del tejido social y abandonando a las víctimas que sufrieron la violencia de las pandillas. Aunque estas estructuras criminales se han visto profundamente reducidas en su accionar, lo que ha mejorado la seguridad para millones de personas, esta seguridad se vive con miedo. 

Entre los meses de septiembre y octubre de 2024 el SSPAS recogió las impresiones de 59 niños y niñas que viven en comunidades de Mejicanos y Cuscatancingo, comunidades históricamente controladas por las pandillas, para conocer cómo percibían la seguridad que ahora se tiene. A través del juego y la exploración de sus emociones, nos encontramos en el relato de niños y niñas, de entre 6 a 11 años de edad, con una contradicción constante. Esta mirada, que no dista mucho de la adulta, se mezcla en una realidad que la niñez todavía no logra integrar en su mundo. Si bien ahora hay menos “malos”, también identifican en la Policía una figura a la que hay que temer. 

“Están buscando criminales”

“Buscan a alguien que no ha hecho nada”

“Andan agarrando ladrones”

“Esos soldados hacen a veces cosas malas”

“Se están llevando a la gente mala”

“Me da miedo porque (los policías) podrían enojarse y tienen armas”

La figura de protección, seguridad y cuidado que debería reflejarse en las fuerzas de seguridad del Estado también se experimenta desde el temor de ser víctima de su conducta arbitraria. La niñez vive ante una Policía que les protege de las pandillas y su violencia, y una Policía que les atemoriza, que es violenta y arbitraria. Al consultarles sobre qué percepción tenían de la Policía, la mayoría dijo, en un primer momento, que se sentían protegidos por ellos. Al profundizar, sin embargo, describían a la Policía como una figura ambigua que además les provocaba temor y desconfianza, ya que habían sido testigos de arrestos arbitrarios, golpizas, revisiones violentas de sus casas, amenazas hacia su familia o vecinos, entre otras formas de violencia.

La seguridad en las comunidades ha mejorado, efectivamente, respecto a la situación de seguridad respecto a la violencia que generaba por el control de las pandillas. Esta seguridad, no obstante, se encuentra mediada por el control y la vigilancia de la Policía y el ejército, instituciones que son casi el único contacto que tienen en la vida cotidiana de estas comunidades. 

“Cuando pasan, me da miedo, porque me da miedo

que se les salga un fusilazo”

“A mí me enoja, porque hay veces meten presos a

más gente y (la gente) ni hacen nada”

“Tristeza porque hacen maltrato”

“Ansiedad cuando están haciendo retenes y

operativos”

Las madres de los niños y niñas entrevistados reconocen el riesgo que implica vivir en un territorio estigmatizado, que pasó de sufrir la violencia de las pandillas a vivir bajo el control de una Policía que considera a cualquiera como sospechoso. 

“…ya desde las nueve de la 09:30 ya andaban los drones  

(…) ya no podía salir, usted, 

pues porque ya los drones ya andan ahí 

y cualquier que anda (fuera) ya es sospechoso”

El impacto del régimen de excepción en los niños y niñas, además de vivir su cotidianidad con una figura de temor, es mayor en aquellos que tienen algún familiar que ha sido detenido desde que se implementó la medida. El 43 % de la niñez consultada para este estudio reportó que al menos una persona de su familia ha sido detenida durante el régimen de excepción.

Los impactos recogidos en este estudio mostraron afectaciones psicológicas como ansiedad, problemas para dormir, tristeza y cuadros depresivos, duelo ambiguo, así como evitar lugares que les generan miedo por la presencia policial o militar. Este estudio también identificó niñez en abandono, que no cuentan con familiares adultos que les cuiden, y que, por el estigma social de la detención de alguien de su familia, reciben muy poco o nada de apoyo para su subsistencia, siendo la misma comunidad quien busca acompañar y brindar comida o dinero, incluso desde el miedo de ser arrestado injustamente solo por ayudarles. En estos casos se ha detectado a niñez víctima de explotación sexual, en particular niñas y adolescentes. 

“…el problema es que la gente tiene miedo a

acercársele, porque si tú te acercas a esas

personas te pueden vincular. Entonces la gente

mejor no se acerca, porque yo le dije una vez a una

persona −Mire, esos niños están solos, llevémosle

comida. −Sí, pero de lejos, porque si nos metemos

a la casa capaz que cae la policía y nos lleva

también”

“Sí, lo hemos visto, niñas adolescentes cuidando a sus hermanitos (…) Hay niñas aquí en la

comunidad igual que se prostituyen, se han visto esos casos, es por el hambre, por la economía, no es que le agrade hacer

eso”.

La estigmatización social que sufren las familias de comunidades marginalizadas y empobrecidas es potenciada por el Estado que ha colocado a las víctimas de las pandillas también como sospechosas. La niñez, en este contexto, no se libra de ese estigma y sufre las consecuencias de un discurso que las coloca fuera de la protección de sus derechos. Nacer con cariño y crecer juntos son frases que no alcanzan a llegar a la niñez afectada por el régimen de excepción. 

La mirada de la niñez ante una política de seguridad, en teoría exitosa, muestra con mucha más claridad las contradicciones de una sociedad herida por la violencia, no solo por las pandillas, sino también por un Estado que no ha podido enfrentar las causas de esta problemática y ha insistido en la fuerza como única medida de abordaje. La violencia del Estado vuelve de nuevo a las comunidades que han logrado respirar de la crueldad de las pandillas, pero que siguen esperando una seguridad que no restrinja sus derechos, sino que los garantice sin recurrir al miedo y la amenaza. Hasta entonces, hasta que no logremos reconocer los impactos de una política superficial y punitivista, ese “margen de error” será mucho más grande y profundo del que se quiere admitir. 

Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual Contracorriente forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.

El 11 de diciembre de 2024, el Congreso Nacional de Honduras aprobó el ascenso de ocho coroneles al grado de general de brigada, entre ellos a Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien también fue nombrado nuevo comandante del ejército hondureño. Ardón había ocupado anteriormente cargos de jefatura y comandancia en la Guardia de Honor del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Dos fuentes militares confirmaron a Contracorriente que, además, Valerio era «mano derecha» del general Tulio Romero Palacios, quien en marzo de 2024 fue testigo en favor del expresidente hondureño en el juicio que se desarrolló en Estados Unidos. 

Texto: Fernando Silva
Fotografía: Cortesía

«Nombrar a partir de la fecha como comandante general del ejército al general de brigada Hector Benjamin Valerio Ardón, en sustitución del general de brigada Carlos Efraín Aguilar Hernández», fueron las palabras con las que el pasado 11 de diciembre de 2024 se hizo oficial el nombramiento en la ceremonia del 199 aniversario de la institución castrense. En el evento fueron ascendidos 8 militares al grado de general, 122 oficiales al rango de coronel, y 305 oficiales subalternos al rango de capitán, en una ceremonia a la que asistieron la presidenta Xiomara Castro, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y la titular de la Secretaría de Defensa y precandidata oficialista, Rixi Moncada.

Valerio Ardón ocupó puestos de liderazgo en la Guardia de Honor del expresidente Juan Orlando Hernández, ahora sentenciado en una corte del Distrito Sur de Nueva York por cargos relacionados con el narcotráfico. Además, dos fuentes militares le confirmaron a Contracorriente que Ardón ha sido mano derecha del general Tulio Romero Palacios, quien fue procesado por haber cometido el presunto delito de «abandono de destino» al acudir como testigo al juicio contra el expresidente en marzo de 2024, en Estados Unidos.

Valerio Ardón tendrá una de las posiciones de mayor poder en la institución garante de la forma de gobierno y el territorio en el país.

En febrero de 2022, cuando apenas iniciaba su Gobierno, Castro facilitó la extradición de Hernández a Estados Unidos, tras una campaña política en la que prometió arrancar las raíces del narco-Estado. 

¿Quién es Valerio Ardón y cuál es su relación con Tulio Romero? 

En el evento del 11 de diciembre, las Fuerzas Armadas ratificaron en sus cargos a casi toda la junta de comandantes; el único cambio en ese rango fue justamente el que colocó a Valerio Ardón al frente de la fuerza del ejército.

Una denuncia anónima de una fuente militar recibida por Contracorriente muestra a Valerio Ardón en varias fotografías acompañando al expresidente Juan Orlando Hernández en diversos momentos, incluyendo la toma de posesión tras la reelección inconstitucional y la crisis política de 2018.

De fondo, Hector Benjamín Valerio Ardón custodiando al expresidente Juan Orlando Hernández en su toma de posesión. Tegucigalpa, enero 2018. Foto: Cortesía.

Según la denuncia, el ahora general de brigada fungió como jefe de seguridad y asistente de campo del exmandatario. Contracorriente tuvo acceso a la hoja de vida del general, donde se evidencia que entre 2015 y 2019 pasó por diversos puestos en la Guardia de Honor Presidencial, desde comandante de escuadrón, jefe del departamento de recursos humanos, hasta jefe de organización, operaciones y adiestramiento. 

Luego de ocupar dichos puestos, Valerio Ardón fue asignado como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Maya Chortí, una fuerza binacional entre Honduras y Guatemala creada en marzo de 2015 por Hernández, que tiene entre sus objetivos reducir las operaciones del crimen organizado, neutralizar el narcotráfico y la delincuencia común, y suprimir operaciones de actividades relacionadas con estos crímenes.

La información enviada a Contracorriente también indica que Valerio Ardón era «mano derecha» del general Tulio Armando Romero Palacios, lo cual fue confirmado por otra fuente relacionada con la institución castrense. En marzo de este año, Romero Palacios viajó a Estados Unidos para testificar en favor del expresidente Juan Orlando Hernández durante el juicio que la Corte del Distrito Sur de Nueva York realizó contra el exmandatario. 

Al volver al país tras brindar testimonio, Romero Palacios, junto a Willy Oseguera Rodas —otro general activo que también testificó en favor de Hernández—, fueron procesados por un juzgado militar, y pagaron 1,800 lempiras de fianza para defenderse en libertad. Desde marzo de 2024, cuando ocurrieron estos hechos, no ha habido actualizaciones sobre el caso. 

El general Romero Palacios es uno de los hombres fieles del expresidente que enfrentó un juicio por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Fue su compañero en el Liceo Militar del Norte y, en 2010, se convirtió en edecán del entonces presidente del Congreso Nacional. Posteriormente, fue nombrado subjefe de seguridad del Congreso y, finalmente, jefe de la Guardia de Honor del expresidente. Además, Romero Palacios y Hernández compartían vínculos de negocios, al asociarse en empresas con miembros de la familia Hernández y funcionarios de confianza de su Gobierno.

Una nota de Contracorriente de marzo de 2024 explicó todos estos vínculos y apuntó que el general Romero Palacios también estuvo involucrado en la compra de un lote de terreno en el departamento de Yoro, que hasta 2007 perteneció a Miguel Humberto Rodriguez Carrión, asesinado el 26 de febrero de 2021 en San Pedro Sula, en una masacre en la que, según medios de comunicación, individuos con indumentaria policial asesinaron a seis personas.

Carrión fue mencionado en un informe de la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) publicado el 22 de enero de 2013, donde se le señaló como líder de la banda de crimen organizado Los Olanchanos, y estuvo en prisión por 16 meses entre 2017 y 2018, acusado por los cargos de extorsión, asociación ilícita y atentado contra la seguridad interior del Estado.

Contracorriente contactó a la ministra de defensa Rixi Moncada para hablar sobre los ascensos antes mencionados; sin embargo, hasta el momento de publicación de esta nota, no hubo respuesta.

Cuestionamientos ante los ascenso

El ascenso de los nuevos generales, entre ellos Valerio Ardón, fue aprobado por 90 diputados y diputadas del Congreso Nacional, 10 se abstuvieron y 3 votaron en contra. Una de las diputadas que se opuso al ascenso de los uniformados fue la doctora Ligia Ramos, del Partido Salvador de Honduras. 

Ramos explicó que el proceso para tener el suficiente conocimiento sobre cada candidato es muy expedito, por lo que normalmente todos los diputados y diputadas votan a favor y hasta después salen las denuncias contra los ascendidos, ya sea de la policía o las fuerzas armadas. 

«Nosotros decidimos que mientras no se cambie el mecanismo de ascenso para que se pueda hacer todo un proceso, y podamos estar seguros de que las personas por las que estamos votando, que sean ascendidas, son personas que no tienen nexos con narcotráfico, con crimen organizado o con violación de derechos humanos, entonces poder darles el visto bueno. Mientras no sea un proceso así, nosotros como bancada no vamos a acompañar», apuntó Ramos en una entrevista con Contracorriente.

Además, explicó que están proponiendo un mecanismo «un poco más exhaustivo», donde se hagan públicas las hojas de vida y se puedan hacer denuncias. Ramos también se refirió a algunas denuncias que recibieron sobre generales del ejército que han violado derechos humanos.

Uno de los generales ascendidos que ha sido señalado por abusos a derechos humanos es Ramiro Muñoz, actual jefe del sistema nacional penitenciario y comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). En octubre de 2020, el portal Defensores en Línea publicó una serie de denuncias por parte de familiares de reclusos en el Primer Batallón de Infantería, según las cuales «los oficiales a cargo de la custodia de este módulo, el coronel Ramiro Múñoz, capitán Oliva, tenientes Vásquez y Múñoz han cometido nuevamente abusos atentatorios contra nuestros confinados».

Actualmente, como responsable del Sistema Nacional Penitenciario y tras la designación de la PMOP al frente de las cárceles hondureñas, Muñoz ha enfrentado constantes denuncias por abusos a derechos humanos en los centros penitenciarios bajo su mando.

Por otro lado, sobre la forma en la que se seleccionan a los oficiales y se realizan los ascensos, Leonardo Pineda, analista y consultor en temas de seguridad, apunta que los ascensos, tanto en la Policía Nacional como en las Fuerzas Armadas, son escogencias directas de la presidencia del país.

«Ahí no va a llegar nadie que no tenga la venia de las más altas cúpulas del Gobierno, tanto políticas, como militares o policiales; son personas de confianza de quienes tienen el poder, aunque son instituciones jerarquizadas y van saliendo promociones, entonces a veces hay un pequeño mix de que tienen que ascender personas por obligación, pero generalmente tienen el visto bueno de la clase política», explicó Pineda.

Sobre los cuestionamientos que puede generar el nombramiento de una persona cercana al círculo de Juan Orlando Hernández en cargos importantes dentro de las Fuerzas Armadas, Pineda señala que dicha cercanía, debido a la omisión de deberes asociados al puesto, probablemente sí es motivo de cuestionamiento.

«El mismo Juan Orlando mencionó en su testimonio que había consultado con algunas personas de su círculo de confianza en las Fuerzas Armadas por las relaciones de su hermano con el narcotráfico, y que al advertirle lo que él dijo fue: “Vamos a llamarle la atención”. Obviamente, el proceso no debería haber sido ese. Si hay alguien involucrado, independientemente de que sea tu hermano, tenía que haber habido algo más claro», señaló Pineda.

Valerio Ardón fue parte de la Guardia de Honor presidencial entre 2015 y 2019. En la imagen, al lado izquierdo y cerca del expresidente Juan Orlando Hernández en una de sus intervenciones públicas.

Finalmente, Pineda destacó las denuncias presentadas por la viceministra de la Secretaría de Seguridad, Julissa Villanueva, sobre ascensos de oficiales de policía vinculados con estructuras del crimen organizado, y apuntó que «antes, cuando no había personas como ella, estas cosas pasaban desapercibidas; no había nadie dentro que se atreviera a señalar. Pero en este caso, ella está diciendo claramente que estas personas tienen o han tenido vínculos con el crimen organizado».

El pasado 21 de noviembre, el Congreso Nacional aprobó el ascenso de 38 oficiales de la Policía Nacional, entre ellos varios que han sido señalados por tener algún tipo de vínculo con estructuras del crimen organizado. Contracorriente publicó una nota sobre el caso de Wilson Antonio Alvarenga Núñez, promovido de comisionado a comisionado general —el segundo grado más alto después de general director— y quien en el juicio del narcotraficante Geovanny Fuentes en Estados Unidos fue mencionado como contacto de confianza del criminal.

La Unión Europea invertirá mil millones de lempiras en Honduras para promover la igualdad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Los proyectos se implementarán a través de cinco consorcios de la sociedad civil, integrados por 15 organizaciones con amplia experiencia en el fortalecimiento de capacidades locales.

Texto: Catherine Calderón
Fotos: Fernando Destephen  

En un acto simbólico que coincidió con la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, la Unión Europea (UE) anunció una inversión de más de mil millones de lempiras en Honduras. Esta contribución está destinada a la implementación de cinco proyectos de cooperación enmarcados en la iniciativa Global Gateway, cuyo propósito es abordar desigualdades estructurales, promover los derechos humanos y fomentar el desarrollo sostenible. 

Entre los proyectos financiados se encuentran el fortalecimiento de la gobernanza local, la protección social y ambiental vinculada a la construcción de la represa El Tablón, la recuperación del Lago de Yojoa, y la creación de entornos propicios para la participación ciudadana y la transparencia. 

El rescate del Lago de Yojoa, un ecosistema importante para Honduras, fue una de las promesas  del nuevo Gobierno. En 2022, la presidenta Xiomara Castro destinó 247 millones de lempiras para intervenir en el lago debido a su preocupante nivel de contaminación. Las primeras acciones incluyeron la destrucción de muelles y restricciones a la pesca artesanal, lo que generó tensiones con las comunidades locales. 

En el especial periodístico ¿Por qué muere el Lago de Yojoa?, Contracorriente relató que hay varios actores poderosos detrás de la destrucción de esta fuente de agua. Un catedrático de la Universidad de Colorado que estudió el ecosistema señaló como la mayor fuente de contaminación del lago y sus ecosistemas a los alimentos utilizados para la cría industrial de tilapia de la empresa Regal Springs Aquafinca. Según Cristina Marín, jefa de cooperación de la UE en Honduras, el objetivo de esta iniciativa es «impactar positivamente la vida de las personas, mejorando su calidad de vida y brindándoles oportunidades sostenibles». Hizo además hincapié en que no se pueden ejecutar proyectos que no incluyan a las comunidades en donde se desarrollen.

Los proyectos se implementarán a través de cinco consorcios de la sociedad civil, integrados por 15 organizaciones con amplia experiencia en el fortalecimiento de capacidades locales. La meta es empoderar a más de 25,000 beneficiarios directos, incluidos productores, emprendedores, jóvenes, mujeres y comunidades indígenas. Sin embargo, lograr una participación efectiva de las comunidades requiere superar barreras significativas, como la falta de recursos, la criminalización del activismo y las tensiones históricas en la gestión de proyectos de infraestructura.

Proyectos para abordar la participación de las mujeres en el sector cooperativista

Otro de los proyectos presentados el 10 de diciembre abordará el sector cooperativista hondureño, que cuenta con 1,456,0251 personas afiliadas, en su mayoría mujeres, con un 56.98 %. 

En abril de 2024, el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop) informó que el sector ha experimentado un crecimiento del 23 % desde 2022 hasta la fecha. Además, destacó que las cooperativas contribuyen a la economía del país con un poco más del 10 % del producto interno bruto (PBI).No obstante, las mujeres siguen teniendo una presencia limitada en los principales órganos de decisión del movimiento cooperativista y un escaso control de los medios de producción o recursos económicos, lo cual limita sus posibilidades de acceder a oportunidades de trabajo digno o de tener un nivel aceptable de desarrollo que les permita aspirar a la independencia económica a mediano o largo plazo.

Este proyecto estará liderado por We Effect, CARE Honduras y Consejo Nacional de la Mujer Cooperativista de Honduras (Conamucooph).

Aunque el sector cooperativista cuenta con una política de género, los avances en su implementación han sido limitados. Persisten desafíos en áreas clave como la adopción de medidas que transformen las relaciones de género y promuevan la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la economía del cuidado; el desarrollo progresivo de políticas y normativas con enfoque de género; el incremento del liderazgo y la participación paritaria de las mujeres en asambleas y cargos directivos; y el fomento del empoderamiento y la autonomía económica de las cooperativistas, siempre bajo una visión de desarrollo sostenible que garantice igualdad de derechos y oportunidades.

El anuncio de esta inversión de la Unión Europea es un recordatorio de que el desarrollo sostenible no solo requiere recursos financieros, sino también el compromiso real de las comunidades y los gobiernos para transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad

Fotografías y texto: Fernando Destephen

En la Plaza Los Dolores, ubicada en el centro de Tegucigalpa, y construida entre 1579 y 1815 alrededor de la iglesia del mismo nombre, pasan muchas cosas. Por ejemplo, un hombre perdido en el alcohol le grita a un grupo de empleadas de la alcaldía municipal; las mujeres se ríen, no pierden la compostura y siguen su trabajo.

Toda esa zona es conocida como Los Dolores, incluido un mercado heterogéneo en el que se vende desde frutas, verduras, ropa, zapatos, baleadas, y tortillas, hasta cartuchos (made in China) de videojuegos como Mario Kart 64 o Super Mario 64, esos juegos retro que infunden nostalgia a las viejas generaciones. Uno de los locales donde se pueden encontrar esos «juegos retro» es Mundo Gamer, propiedad de Ricardo Amador, un joven de 29 años que lidera el negocio de venta y reparación de consolas y controles, venta de videojuegos, figuras de anime, y todo lo relacionado con la cultura geek y gamer.

Miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) patrullan los pasillos del mercado en el contexto del operativo Navidad Segura. Tegucigalpa, diciembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Ricardo es miembro de la Ultra Fiel, de la generación de 2007, la barra brava que apoya con sangre y sudor al Club Olimpia Deportivo, el equipo de fútbol más laureado y poderoso del país. Su barra ha sido un fenómeno social en el que jóvenes de todas las edades han encontrado sentido de pertenencia; sin embargo, también ha sido parte de algunos de los episodios de violencia más lamentables en la historia de Honduras.

Este emprendedor cuenta que Mundo Gamer inició porque Melvin Servellón, coordinador nacional de la Ultra Fiel, le ayudó a cambiar la percepción de su vida y le mostró que por el camino que seguía su único destino era la cárcel.

Miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) patrullan los pasillos del mercado en el contexto del operativo Navidad Segura. Tegucigalpa, diciembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

En ese tiempo, en el año 2018, Melvin invitó a Ricardo a una serie de capacitaciones que eran parte de un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y de la organización no gubernamental Alianza por la Paz, para frenar la migración hacia los Estados Unidos. Nueve meses después de estar en el proyecto, Ricardo era otra persona, una que pensaba en ganarse la vida con algo que disfrutaba mucho: los videojuegos y el anime. 

El proyecto no apoyó a los emprendimientos con dinero, sino que les dio insumos para iniciar operaciones. Por ejemplo, para Mundo Gamer, Ricardo solicitó consolas, televisores y controles. Ahora, en el local 82 de la Plaza Los Dolores, tiene un par de vitrinas de vidrio llenas de figuras de anime, pósteres, controles, cartuchos de juegos retro, varios gaveteros de plástico, y en la pared cuelgan dos televisores y una espada de diamantes del juego Minecraft. Entre los televisores y debajo de la espada, hay tres stickers del Olimpia que le recuerdan su pasado: «Soy del Albo». «Ultras, no criminales». «La TЯOPA del B2».

Figuras de anime, chapas, stickers y posters son parte del inventario de Mundo Gamer. Tegucigalpa, diciembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

En su momento, Ricardo no terminaba de creerse el éxito que llegó a tener, ni ese cambio radical en él. Dice que «de un vago, pasé a ser un emprendedor que logró superar la pandemia del Covid-19 en 2020 con Mundo Gamer, vendiendo hasta dos consolas diarias y contribuyendo económicamente a mi hogar». Reconoce que no es fácil, pero se gana la vida haciendo lo que le gusta, trabajando de lunes a domingo, empujando su negocio y jugando en cada momento libre que tiene.

Ricardo es reconocido y respetado al ser «vieja guardia» de la Ultra Fiel; por eso aprovecha para platicar con otros miembros de la barra y usar su ejemplo. «Yo les digo a los demás: pucha, si yo pude, cómo no van a poder salir adelante ustedes», apunta. «Salir adelante» también significó para Ricardo el sacrificio de dejar de seguir al Olimpia en todos los partidos; también abandonar la carrera de Antropología, por los horarios de las clases, pues este emprendimiento es su único sustento económico.

El proyecto que apoyó la creación de Mundo Gamer fue dirigido a una población terciaria, personas que en algún momento tuvieron problemas con la ley y para quienes encontrar un trabajo es más difícil de lo normal por el estigma de haber estado privados de libertad, y por la falta de un programa de rehabilitación efectivo. Fue una iniciativa que inició en 2018 y terminó en 2019, y entre los proyectos que nacieron de esa iniciativa, Mundo Gamer es uno de los pocos que continúa.

Cartuchos de juegos retro, controles y figuras de anime en una vitrina de Mundo Gamer, en el mercado Los Dolores. Tegucigalpa, diciembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

La publicación Bajo el sol de las higueras reúne minificciones de estudiantes de tres universidades hondureñas, explorando temas que van desde la fantasía clásica hasta las crudas realidades sociales. Este proyecto literario busca potenciar la creatividad y reflexionar sobre el mundo que nos rodea.

Texto: María Eugenia Ramos
Portada: Persy Cabrera, con ilustraciones de Patricia Toledo


Un conjunto de microrrelatos —de 175 palabras como máximo— escritos por estudiantes de tres universidades hondureñas demuestra que la literatura puede ser un puente entre la fantasía y los ecos de una realidad desgarradora. En Bajo el sol de las higueras, un libro fruto de la colaboración entre la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Universidad Zamorano, presentado este 11 de diciembre en el Auditorio Leticia Ma Tay, se conjugan personajes y escenarios clásicos —dragones, unicornios, castillos, espadas y el espacio sideral— con las sombras de una realidad marcada por femicidios, despojo y muerte.

Autoridades académicas de las universidades, autoras y autores incluidos en la publicación Bajo el sol de las higueras, durante la presentación en el Auditorio Leticia Ma-Tay, Unitec. Tegucigalpa, 11 de diciembre de 2024. Foto: Cortesía de Fernando Escobar.

Esta es la tercera publicación conjunta universitaria dedicada a la minificción, con la coordinación de Fernando Escobar en representación de Unitec y Miguel Barahona por la UNAH. Este año se destaca la incorporación de la Universidad Zamorano, así como el agregado de una sección dedicada al haiku, género clásico de la poesía japonesa, como resultado de un taller impartido por la profesora argentina Jaquelina Tesei a docentes de la UNAH y Unitec. Además, se incluyó como autora invitada a Melissa Merlo, docente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), con la perspectiva de que el próximo año las cuatro universidades le den continuidad a la idea y se formalice con la suscripción de un proyecto.

Fernando Escobar, jefe académico del Área de Humanidades de Unitec Tegucigalpa, destacó que el equipo detrás de la publicación —personal administrativo, docente, talleristas, edición, ilustraciones— trabajó con la meta de «abrir una ventana creativa a sus estudiantes». En sus palabras introductorias al libro, nos dice que «en un mundo donde el surgimiento de la Inteligencia Artificial (IA) parece amenazar las actividades creativas, (…) más allá del perfeccionamiento de la forma o el respeto de las convenciones, fácilmente recreadas por la IA, (…) los autores median a través de sus obras la realidad que les rodea».

Por su parte, Águeda Chávez, de la Maestría en Literatura Centroamericana de la UNAH, escribe en el prólogo que «instituciones que gozan de gran prestigio en su calidad educativa han conjuntado esfuerzos para entregar a la literatura nacional, al canon de la escritura breve, una caja de sorpresas compuesta por piezas literarias de gran valor», a las que «ya se encargará la historia y la literatura de darles su lugar».

En el apartado de haikus, la profesora argentina Jaquelina Tesei describe como «gratificante» su experiencia de diseñar e impartir un taller en línea dirigido a docentes de la UNAH y Unitec. «La poesía japonesa», dice en la introducción, «tiene un fundamento cuyas bases se nutren, no solo de la literatura, sino de filosofías, religiones y la naturaleza misma»; por consiguiente, «construir un haiku implica un aprendizaje de conceptos que nos muestran un camino hacia la literatura que nunca antes habíamos recorrido».

En el lanzamiento del libro, realizado el 11 de diciembre en el Auditorio Leticia Ma Tay de Unitec Tegucigalpa, estudiantes, docentes y autoridades académicas expresaron su satisfacción ante los resultados del proceso, destacando el cuidado de la edición, la impresión y las ilustraciones de la artista hondureña Patricia Toledo. Para la mayoría de las autoras y autores, se trata de una primera publicación, y por tanto, una manera alentadora de cerrar el año con esperanzas. Su satisfacción y la de sus familias al ver sus trabajos impresos representa el enfoque que ha animado estos esfuerzos innovadores por contribuir a la producción literaria hondureña.

En Villanueva, Cortés, comerciantes y emprendedores enfrentan un panorama económico desafiante esta temporada navideña. Mientras algunos ven un repunte en la venta de bisutería, otros, como barberías y restaurantes, reportan ingresos bajos. La incertidumbre global, marcada por la ralentización económica e inflación, afecta a pequeños negocios en Honduras. Los economistas advierten que estos factores internacionales tienen un impacto directo en la actividad local, reflejando las dificultades de los sectores más vulnerables en sostener sus ingresos.

Texto: Allan Bu
Fotografías: Archivo Contracorriente y Fernando Destephen

«Pregunte, amor, sin compromiso», le dice Maryuri a una sexagenaria que se acerca a la mesa donde exhibe sus productos de bisutería y joyería en el Parque Central de Villanueva, Cortés, al norte de Honduras. La señora pregunta y luego se retira sin comprar.  Es un ritual que a menudo se repite en el comercio de esa zona en estos tiempos.

Cuando llega la Navidad, los emprendedores y comerciantes suelen hablar de la temporada alta de ventas. La actividad económica aumenta debido a que empleados públicos y privados reciben el aguinaldo y están dispuestos a gastar.  

Maryuri ha logrado vender muchas de sus piezas. Considera que la venta ha sido buena y espera seguir aprovechando la oportunidad de vender sus productos en el Parque Central de Villanueva. «Todo bien gracias a Dios, hay que aprovechar», sostiene. 

Pero hay otros que no están tan bien. Por ejemplo, Fernando trabaja en una barbería que queda a unas dos cuadras de distancia de donde está ubicada Maryuri, y el trabajo en ese rubro no ha aumentado en el mes de diciembre.

«Esto está pelado, compa», exclama, tras expulsar una bocanada de humo de su cigarrillo. Así como van las cosas, no sabe si el próximo año continuará en la barbería. 

En otro negocio de la zona, el restaurante de pollo frito de Gabo, las ventas han mejorado en los últimos dos meses, pero no llegan a cubrir las expectativas de estas épocas decembrinas. «La época alta no tiene mucho de esto, pero al menos se vende algo. La verdad, está bien golpeada la economía», sostiene. 

Contexto internacional

Emprendedores y comerciantes entrevistados por Contracorriente aseguran que siguen esperando la temporada alta característica de las festividades, pero aún no perciben un aumento de la actividad económica. El dinero se mueve lento, y los economistas dicen que hay una ralentización de la actividad económica. Hay varias razones para esta lentitud. En el 2022, el economista Julio Raudales le dijo a Contracorriente que la economía de Honduras, al ser pequeña y abierta, depende mucho del contexto internacional, especialmente de lo que pasa en Estados Unidos. Hay una expresión coloquial que resume lo dicho por Raudales: «Si en el norte estornudan, a nosotros nos da gripe», dicen. 

El informe de Coyuntura Regional de Centroamérica y República Dominicana del Consejo Monetario Centroamericano (CMC) destaca que, a septiembre de 2024, la economía de Estados Unidos creció un 2.4 %, mientras que la inflación se estableció en el mismo porcentaje. Esto contrasta con el crecimiento de China (4.6 %) y la zona euro (0.7 %), donde la inflación fue de 1.7 %, por debajo de la meta del Banco Central Europeo. En ese sentido, la inflación en Estados Unidos fue de 2.4 %, mientras que en la Unión Europea fue de 1.7 %. 

El economista y consultor Wilfredo Díaz le dijo a Contracorriente que espera que por lo menos el principal socio comercial de la región, Estados Unidos, siga con una dinámica positiva de crecimiento económico, y que esto apoyaría a se mantenga la expansión de la actividad productiva en Centroamérica.

«No obstante, hay mucha incertidumbre debido a diferentes factores, como las políticas económicas que promulgará la administración de Donald Trump; además, las tensiones geopolíticas en distintas zonas alrededor del mundo podrían incidir de forma negativa si se llegan a materializar, tanto a nivel de precios, como en cuanto a crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para los países de la región», sostuvo. 

Comercios y tiendas del centro de Tegucigalpa ofrecen ofertas para la temporada navideña. Distrito Central, diciembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Crecimiento regional

En la  región de Centroamérica y República Dominicana (CARD), la actividad económica ha presentado un crecimiento respecto al año anterior de 3.75 %. La República Dominicana se destacó como la economía de mejor desempeño con un crecimiento de 5.59 %, seguido de Guatemala (4.11 %), Honduras (2.90 %), Costa Rica (2.34 %), El Salvador (1.82 %) y Nicaragua (0.27 %). Estas cifras responden, entre otros factores, al aumento del crédito en el sector privado, así como a una moderada recuperación de la inversión extranjera (en algunos países), turismo, remesas y de las exportaciones, sostiene el informe del CMC. 

Comercios y tiendas del centro de Tegucigalpa ofrecen ofertas para la temporada navideña. Distrito Central, diciembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

En el caso de Honduras, el informe revela que el sector de electricidad y agua mostraron el mayor crecimiento al cierre de agosto de 2024 (10.33%). Además, en el país crecieron las actividades financieras y de seguros en un 7.10 %, seguido del comercio con un 5 %, mientras que lo referente a hoteles y restaurantes creció en 4.48%. 

Sin embargo, hay rubros que descendieron, como las industrias manufactureras, en la cual se han perdido miles de empleos, según los empresarios maquiladores. También hay variaciones a la baja en los sectores de transporte y construcción, a pesar de que el Gobierno de Xiomara Castro ha anunciado la mayor inversión de la historia en infraestructura que se ha hecho en Honduras.

El economista hondureño Wilfredo Díaz explicó que la disminución en la actividad del sector de la construcción se debe a una combinación de factores que no pueden ser compensados únicamente por la inversión pública, la cual representa el 15.5 % del plan de inversión nacional.

Entre los factores destacados que menciona están los desastres naturales, que pudieron haber suspendido o destruido proyectos de construcción; la escasez de mano de obra, probablemente ocasionada por la migración, no solo en Honduras, sino en toda la región; la aproximación del año electoral, que podría influir en las decisiones de la inversión privada; y los costos de insumos y restricciones financieras, como el aumento de tasas de interés, que podrían haber limitado el desarrollo de nuevos proyectos.

La inflación en la economía significa la subida generalizada de precios y servicios por un determinado tiempo. En Centroamérica, Honduras tiene la tasa de inflación más alta, con 4.5 %; le sigue Nicaragua, con un 3.61 %; luego Guatemala con 1.17 %, y finalmente Costa Rica y El Salvador, con 0.79 y 0.08 %, respectivamente. Según los datos del CMC, la inflación regional ya acumula 16 meses por debajo del 4 % interanual en el período que va de julio de 2023 a octubre de 2024.  

Honduras cerró el año 2022 con una inflación de dos dígitos, y aunque ahora este informe la coloca en 4% , en los mercados, tiendas y pulperías el mensaje de los consumidores se repite: «Todo está caro». Para contener las presiones inflacionarias, los países de la región han tomado varias medidas. Una de ellas fue elevar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en el período entre 2021 y 2022, pero a partir de septiembre de 2024 ya comenzaron a hacer ajuste a la baja, menos Honduras, que no subió la TPM cuando lo hicieron los otros países de la región y lo está haciendo justamente ahora. 

No obstante, Wilfredo Díaz cree que el aumento de la TPM no está relacionado con la inflación, sino que más bien responde a presiones del  tipo de cambio en el país.  «Esto tiene  que ver mucho con el esquema de política monetaria en Honduras», dijo. 

Para Alejandro Kafati, oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la tardanza en la toma de decisiones, no solo en la TPM sino también en cuanto a la devaluación gradual de la moneda que anteriormente, han generado incertidumbre en los mercados, particularmente en los inversionistas nacionales e internacionales, lo cual, en su opinión, «afecta la confianza en la estabilidad económica del país».

Kafati explicó que la TPM es una herramienta que contribuye a controlar la inflación y a estabilizar la economía; sin embargo, su impacto no es inmediato y por tanto, un ajuste tardío, como el que hubo en Honduras, contribuye a un ciclo económico desfavorable, ya que el ajuste no será suficiente para contrarrestar la inflación, la falta de atracción de inversiones y la disminución de reservas internacionales. Agregó que estos factores y otros, como la dificultad para comprar dólares, están contribuyendo a una dinámica de ralentización económica. 

Instó a las autoridades monetarias a hacer los ajustes en el tiempo justo: «Es crucial que la autoridad económica tome decisiones oportunas, de manera técnica y no política», recalcó. 

En lo que respecta a las exportaciones e importaciones, en el país, las exportaciones sumaron 8,580.9 millones de dólares, con una disminución  de 4.1 % respecto al año anterior; mientras que las importaciones se situaron en 14,774.0 millones de dólares, denotando un alza de 1.9 % respecto al mismo período de 2023. 

El comportamiento de las exportaciones se explica fundamentalmente por la disminución de envíos externos de productos agrícolas y manufacturados como banano, café y aceite crudo de palma, entre otros, a causa de una combinación de factores, entre los que destacan los fenómenos climáticos adversos, incidencia de plagas, menores precios internacionales y menor disponibilidad de mano de obra, este último relacionado con la migración, de acuerdo con el economista Wilfredo Díaz. 

En las importaciones hubo un aumento, y el informe explica que se debe principalmente a mayores importaciones de regímenes definitivos, destacando equipos de transporte, alimentos y bebidas. También hubo un aumento en las importaciones de productos destinados a la industria maquiladora, lo cual contradice el discurso de los voceros de la industria, quienes aseguran que la pérdida de empleos en el rubro se debe precisamente a la baja demanda en el exterior. 

Si comparamos con la región, observamos que Nicaragua, gobernada por la dictadura Ortega-Murillo, registra un déficit de 2,088.4 millones de dólares, cifra que, aunque es menor que la de Honduras —que registró 6,193.1 millones de dólares en su desbalance comercial—, tuvo un incremento del 39.3 % respecto al año anterior. 

En El Salvador, al tercer trimestre, el comportamiento de las exportaciones e importaciones resultó en un déficit de la balanza comercial de 6,852.8 millones de dólares, con un aumento del 2.2 % (150.4 millones de dólares). Esta cifra contradice el discurso triunfalista de Nayib Bukele, ya que una balanza comercial negativa puede derivar en un aumento de la deuda externa y la pérdida de empleos. Mientras tanto, en Costa Rica, al tercer trimestre de 2024, la balanza comercial acumuló una brecha negativa de 2,893 millones de dólares. 

A septiembre de 2024, la región CARD mostró un aumento en su déficit comercial equivalente a 6.0 %, debido a la expansión de las importaciones en la mayoría de los países, como resultado del incremento en las compras de bienes de consumo y de materias primas. Honduras, incluso, está por arriba de ese promedio. 

Por otro lado, en Honduras sigue creciendo el flujo de las remesas, que es parte esencial de la economía nacional. Hasta septiembre de 2024, habían aumentado en un 5 % respecto al mismo período en el 2023. En la región ingresaron en total 41,473 millones de dólares hasta el tercer trimestre de 2024. Guatemala siguió siendo el principal receptor de remesas de la CARD, (15,835 millones de dólares), seguido de República Dominicana (7,998.7 millones), Honduras (7,194.3 millones), El Salvador (6,134.7 millones). Nicaragua aumentó en un 39 % respecto al año anterior, pero sigue en el quinto lugar, con 3,828.3 millones de dólares. 

Con base en el peso que tienen las remesas en el PIB como comparación, el informe indica que la economía guatemalteca es la más grande de este año, pues aunque ese país es el mayor receptor de divisas de la región, solo representan el 15 % de su PIB; en cambio, para Honduras y Nicaragua, los envíos de dinero que hacen sus ciudadanos desde el exterior constituyen el 40 % del PIB, el 35 % para El Salvador y solamente un 1 % para Costa Rica. 

De acuerdo con las proyecciones en el informe del CMC, la República Dominicana terminaría con el mejor crecimiento en la CARD con 5.4 %, seguida de Costa Rica y Nicaragua con un 4.0 %. Se espera que las economías de Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá se expandan en 3.60, 3.4, 3.0 y 2.50 %, respectivamente. 

Los países de la región crecerán por arriba de la media proyectada en América Latina, que es de 2.10 %, pero por debajo del promedio mundial de las economías emergentes (antes llamadas países en vías de desarrollo), que se prevé crecerán a un ritmo del 4 %.

A criterio de Wilfredo Díaz, tanto la balanza comercial como las remesas pueden generar presiones inflacionarias. «Desde el punto de vista de la balanza comercial, la inflación puede verse afectada por el valor de las importaciones, es decir, choques de precios de bienes importados se trasladan a nivel de precios nacional. Respecto a las remesas, también pueden generar inflación, debido a que en gran medida son utilizadas para consumo; esto genera aumento en la demanda que podría generar presiones inflacionarias», indicó.

Y estos números fríos, aunque son determinantes para el comportamiento de las economías, a veces pasan desapercibidos para emprendedores y trabajadores como Maryuri y Fernando, quienes buscan en diciembre elevar sus ventas para esperar y hacer frente a un período de recesión. «Hay que aprovechar ahorita, porque en enero esto se pone pelado», comenta Maryuri. 

Por Contracorriente

En Contracorriente defendemos el periodismo como pilar de la democracia, por lo tanto nuestra independencia y la libertad de prensa no pueden ser comprometidas por ninguna organización o gobierno. Estamos obligadas hoy a responder a un comunicado de la Oficina de Naciones Unidas en Honduras porque nos vulnera frente al poder que increpamos. 

El día 12 de diciembre de 2024, la Oficina de Honduras de la Organización de Naciones Unidas publicó un comunicado con «respecto a las expresiones que circulan en redes sociales y medios de comunicación refiriéndose a la Vicesecretaria General de Naciones Unidas Sra. Amina Mohammed», aclarando que «la Vicesecretaria general no concedió una entrevista específica sobre este tema. En el contexto de una reunión con un grupo de periodistas que tuvo lugar hace más de un mes, cuando se le preguntó sobre este tema, la vicesecretaria general recordó que las negociaciones con el Estado de Honduras están en curso y el resto de su respuesta se refirió a temas de impunidad a nivel global».  

Aunque no lo mencionan directamente, se refieren a una nota y un video publicados por Contracorriente el 10 de diciembre de 2024, en los que citamos a la vicesecretaria general de la Organización de Naciones Unidas Amina J. Mohammed, ya que ella respondió a una pregunta formulada por la periodista Vienna Herrera en el marco de la beca Reham al-Farra Memorial Journalism Fellowship (RAF) organizada por la ONU, con la que cubrió la 79.a Asamblea de la ONU en Nueva York el pasado 26 de septiembre de 2024, extendida hasta una reunión virtual «on the record» en noviembre de 2024. 

Contracorriente cuenta con un manual de respuesta, rectificación o aclaración pública para que las personas u organizaciones que consideran no haber sido tratadas con justicia en un reportaje o nota periodística puedan reclamar. Lamentamos que la Oficina de Naciones Unidas en Honduras no usara el procedimiento adecuado para aclarar lo que ellos consideran no fue tratado con justicia o rigurosidad en la nota periodística. 

Después de que la Oficina de Honduras de Naciones Unidas realizó esta acción, el Gobierno de Honduras, a través de su canciller Enrique Reina, calificó nuestra publicación de «noticia falsa», asegurando que la entrevista «nunca ocurrió», refiriéndose a la cita de la vicesecretaria publicada por este medio. Esta declaración tergiversa la información e ignora los hechos, datos y demás declaraciones de diversos analistas presentados en la nota periodística para dar contexto al tema de la Cicih, y es especialmente delicado, ya que el mismo canciller no respondió a nuestras solicitudes de entrevista para tener la versión del Gobierno al respecto. 

Como nuestro compromiso principal es con la audiencia, queremos compartir con ustedes la transcripción completa de la pregunta específica y la respuesta de la vicesecretaria Amina Mohammed realizada en una reunión virtual «on the record» el pasado 14 de noviembre organizada por la beca RAF de la ONU, con los becarios elegidos. La periodista Vienna Herrera realizó la siguiente pregunta, la cual fue enviada vía correo 15 días previos a la reunión: 

Pregunta íntegra:

Honduras is currently in discussions with the UN regarding an agreement to establish a Commission Against Impunity and Corruption, similar to one that previously existed in Guatemala. These negotiations have been ongoing for some years, and it is said that one reason the agreement has not been finalized is that this government, in its early months, approved a law granting immunity to all former officials from the administration of former President Manuel Zelaya, who is the current president’s husband, for any crimes related to public administration. Could you clarify if this is accurate?

Traducción al español:

Honduras se encuentra actualmente en conversaciones con la ONU sobre un acuerdo para establecer una Comisión Contra la Impunidad y la Corrupción, similar a la que existía anteriormente en Guatemala. Estas negociaciones se vienen realizando desde hace algunos años, y se dice que una de las razones por las que el acuerdo no se ha concretado es que este gobierno, en sus primeros meses, aprobó una ley que otorga inmunidad a todos los exfuncionarios de la administración del expresidente Manuel Zelaya. quien es el esposo de la actual presidenta, por cualquier delito relacionado con la administración pública. ¿Podría aclarar si esto es exacto?

Transcripción de la respuesta íntegra en idioma original: 

Oh yeah, I can’t go into the details of where we are on this particular issue what I can say is that memorandum of agreement for the UN to support Honduras to do this is in its way and it is taking years because essentially the reason for wanting to put an institution like that together is that we do not have sufficient justice and accountability, within a society and where government owes its people to do just that. There is, you know, the three arms of government, where government deals is institutions, the Judiciary and the Parliament, but they’re not working well enough. I know that in my country, we put together an anti-corruption institution, and it took quite a while to do. 

The biggest and contentious issues are always inmunity and we tend to, we focus on that because many will feel that that’s a huge loophole for people to go through, if we’re trying to be trying to get Justice and accountability. And we have to try to do something about that. I don’t know that we should spend many more years because that becomes the one barrier that we’re trying to get over. Or do we set the institutional and know that we’re going to have to have a progressive way to get to what we want to be. And I say that now because quite frankly look around you, there are countries who have these institutions and who still with impunity run their countries. So I think it’s always better to have that institution to have it, roll out, what it is intended to do and in terms of justice and accountability transparency and then work on implementation of that institution’s mandate.

So the struggle I think continues to try to get it done and I think, you know, the message needs to be: Impunity is one of the reasons why was setting up the institution to begin with. But every country is different in how badly that is ingrained in the fabric of the society.  And if that’s the case, you’re not going to be able to start from here. You will have to start from the foundation incrementally to get to where you need to get to. 

So I don’t want to, you know, I don’t want to shape, you know whatever is happening in Honduras with that process as it is. But I do think there’s a sense of urgency. This is being going on for a few years. It needs to get to a conclusion. But perhaps you will have to take less to get more in the longer time or you keep going for the longer time to get everything that you want. But understand that in the meantime, many people are going to lose, lose their lives. Impunity will increase and be more difficult to roll back. I mean, there are certain realities to this for which discourses need to happen. And we know that governance is a massive problem across the world. It’s a global issue.

Traducción al español: 

Oh, sí, no puedo entrar en detalles sobre en qué etapa estamos respecto a este tema en particular. Lo que puedo decir es que el memorándum de entendimiento para que la ONU apoye a Honduras en este esfuerzo está en proceso y ha tomado años porque, esencialmente, la razón para querer establecer una institución de ese tipo es que no tenemos suficiente justicia y rendición de cuentas en una sociedad donde el gobierno tiene la responsabilidad de cumplir con ello. Existen los tres poderes del gobierno: las instituciones, el poder judicial y el parlamento, pero no están funcionando de manera adecuada. En mi país establecimos una institución anticorrupción, y tomó bastante tiempo. 

Los temas más grandes y controversiales siempre giran en torno a la inmunidad. Nos enfocamos en eso porque muchos consideran que es una gran laguna que permite evadir la justicia y la rendición de cuentas y tenemos que intentar hacer algo al respecto. No creo que debamos dedicar muchos años más a este tema, ya que se convierte en la barrera principal que intentamos superar: o establecemos la institución con la idea de que tendremos que avanzar de manera progresiva para alcanzar lo que queremos. Lo digo ahora porque, sinceramente, si miramos a nuestro alrededor, hay países que tienen estas instituciones y que, aun así, gobiernan con impunidad. Así que creo que siempre es mejor tener esa institución, que comience a cumplir con su propósito en términos de justicia, rendición de cuentas y transparencia. Luego, trabajaremos en la implementación del mandato de esa institución.

Así que la lucha, creo, continúa para intentar que se logre. Y creo que, ¿sabes?, el mensaje debe ser: La impunidad es una de las razones por las que se está creando esta institución desde el principio. Pero cada país es diferente en cuanto a cuán profundamente está arraigada en el tejido social, y si ese es el caso, no se podrá empezar desde aquí; habrá que empezar desde los cimientos, avanzando poco a poco hasta llegar a donde se necesita. Así que no quiero condicionar lo que esté ocurriendo en Honduras con este proceso tal y como está. Pero creo que existe un sentido de urgencia. Esto ha estado en marcha durante algunos años y necesita llegar a una conclusión. Pero quizás tengas que ceder en algunos aspectos para obtener más a largo plazo o seguir adelante durante más tiempo para conseguirlo todo. Pero hay que entender que, mientras tanto, muchas personas perderán la vida. La impunidad aumentará, y será más difícil revertirla. Hay ciertas realidades para las cuales se necesitan discusiones. Sabemos que la gobernanza es un problema enorme en todo el mundo; es un problema global.

– Fin de la transcripción

***

La nota periodística publicada por este medio cita a la vicesecretaria en español de la siguiente manera:  «Los temas más grandes y controversiales siempre giran en torno a la inmunidad. Nos enfocamos en eso porque muchos consideran que es una gran laguna que permite evadir la justicia y la rendición de cuentas, y tenemos que intentar hacer algo al respecto. No creo que debamos dedicar muchos años más a este tema, ya que se convierte en la barrera principal que intentamos superar», explicó, tras preguntarle si en las negociaciones para la Cicih ha tenido peso la aprobación de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, más conocida como “ley de amnistía política”, que otorga amnistía a personas víctimas del golpe de Estado y exempleados o autoridades electas durante el gobierno del expresidente Zelaya Rosales, incluyendo delitos de corrupción».

Por otro lado, al redactar la nota, la periodista Vienna Herrera buscó a otros analistas, entre ellos, el hondureño Leonardo Pineda, quien expresó que los retrasos en reformas legislativas también estaban retrasando la instalación de la Cicih. En nuestras publicaciones nunca hemos dicho que el convenio no continúa en negociación y, al contrario, aportamos para explicar en qué etapa se encuentra, ya que se trata de un asunto de interés público. 

Si bien es cierto que las declaraciones de la vicesecretaria fueron brindadas hace 30 días, la nota periodística no se basa solamente en ellas, sino que actualiza el tema y ofrece diversas perspectivas sobre las preocupaciones alrededor de la negociación del convenio entre ONU y el gobierno de Honduras para la instalación del organismo internacional anticorrupción. En lo que aceptamos una omisión fue en explicar el contexto en el que se dio la respuesta a nuestra pregunta específica sobre la CICIH y los posibles obstáculos (una reunión virtual «on the record» el pasado 14 de noviembre).

Finalmente, reafirmamos que Contracorriente continuará haciendo periodismo, increpando al poder y atendiendo las preocupaciones de la sociedad hondureña con respecto a la corrupción, falta de transparencia e impunidad en el país. 

 

 

En la portada se usó una imagen generada con IA

Después de que Contracorriente publicara un reportaje revelando la compra de créditos de carbono por parte de la multinacional Uber y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a un proyecto hidroeléctrico irregular en Honduras, ambos negaron su responsabilidad a este medio, vía correo electrónico. La compra de estos créditos ha servido como garantía de pago de la deuda a la banca nacional por la construcción de la hidroeléctrica denunciada por no respetar los derechos indígenas ni las tierras de reforma agraria.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Fernando Destephen

«El BCIE está comprometido con la sostenibilida ambiental y social de los países que servimos, aplicando una política ambiental y social sólida», contestó el Banco Centroamericano de Integración Económica a este medio de comunicación, después de la publicación de un reportaje que revela cómo el banco y otras empresas han comprado créditos de carbono para compensar su contaminación al ambiente a través de una hidroeléctrica con irregularidades en Honduras.

En el reportaje contamos cómo el BCIE, además de comprar créditos de carbono en 2022 al programa Guacamaya Small Scale Hydropower Program —el cual contiene tres hidroeléctricas en Nicaragua, Costa Rica y Honduras—, también financió los estudios de factibilidad para la hidroeléctrica Puringla-Sazagua en  Honduras en 2009, con 315 mil dólares, lo que equivale a 5,922,000 de lempiras de ese entonces.

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Sobre esto, el BCIE dijo en su respuesta vía correo electrónico que en 2008 aprobaron una cooperación con recursos del Fondo Español de Consultoría para financiar estos estudios, que finalizó en 2010, pero que no participaron en el financiamiento de la construcción de dicho proyecto y que no han tenido vinculación con él más allá del financiamiento de los estudios, datos que mencionamos.

De este modo, el banco asegura desconocer las irregularidades reveladas en este reportaje, y también niega haber realizado un proceso de compra o venta de créditos de carbono relacionado con el proyecto, lo cual contradice el certificado de compra de créditos de carbono que se reprodujo en el reportaje, que está disponible en registro de programas y proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM por sus siglas en inglés) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Certificación de compra de créditos de carbono por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al Programa Guacamaya en 2022.

En el caso de Uber, una empresa multinacional que ofrece servicios de transporte y es predominante en Latinoamérica, la respuesta que dieron fue asegurando que la empresa solo invierte en proyectos debidamente certificados y con el respaldo de varias entidades.

«Uber solo invierte en proyectos que cumplen con estrictos estándares de debida diligencia y son certificados, rastreables y auditables por Verra, las Naciones Unidas, Gold Standard y Climate Action Reserve», dijo la empresa a este medio de comunicación vía correo electrónico, apuntando que estas son las entidades responsables de que todo esté en orden con los programas o proyectos mediante los cuales se efectúa la venta de créditos de carbono.

La empresa también puntualizó que, en este caso, Anaconda Carbon es la que se encarga de medir, mitigar y compensar mediante la compra de certificados de bonos de carbono la huella producida por los vehículos arrendados mediante la aplicación de Uber, y que, mediante este mecanismo, han logrado compensar 120 mil toneladas de gases de efecto invernadero en Latinoamérica.

Christian Giles, uno de los socios y director de Anaconda Carbon, dijo a este medio de comunicación que desconocía de irregularidades en el proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua, el cual se construyó en tierras destinadas a la reforma agraria, sin una consulta previa libre e informada a la población lenca del lugar, y con irregularidades en el trámite de su licencia ambiental, como la solicitud de cambio de la potencia en su fase de operación. Además, se ha criminalizado a los campesinos lencas, que han sido acusados de usurpar sus propias tierras.

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En sus declaraciones para el reportaje previamente publicado por este medio, Giles dijo que, de existir irregularidades, la certificación de los bonos de carbono no podría ser efectiva, y que tanto Naciones Unidas como la fundación Gold Standard no darían su certificación para la venta de créditos de carbono.

La venta de créditos de carbono fue una de las fuentes para financiar la construcción de Puringla-Sazagua, los cuales fueron utilizados como garantía de pago de una deuda de 22 millones de dólares, unos 429 millones de lempiras en ese entonces, contraída con Banco Atlántida. El préstamo con el banco fue con la condición de que los ingresos generados a partir de la venta de créditos de carbono fueran destinados al pago de la deuda exclusivamente, según lo estipula el contrato firmado entre la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), empresa desarrolladora de la hidroeléctrica, y Banco Atlántida.

«Los ingresos provenientes del carbono están descritos en el acuerdo de pago entre Banco Atlántida y el dueño del proyecto, por lo que se concluye que los ingresos provenientes de la captura de carbono ayudaron a superar el obstáculo de financiación del proyecto», indican los documentos de monitoreo del programa.

En este tipo de tratos, las comunidades locales no tienen voz ni voto, y tampoco reciben una compensación. La edificación de la hidroeléctrica ha representado el despojo y la escasez de agua para la población lenca de Sazagua, en el departamento de La Paz, que enfrenta un proceso de criminalización y no tiene conocimiento de que mediante este proyecto las empresas pueden compensar su contaminación al ambiente.

En sus redes sociales, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) expresó su indignación ante un mecanismo que opera mediante un proyecto que ha desplazado y amenazado a una población indigena. Además, agregaron que el Gobierno no garantizó la participación de las poblaciones indígenas en este mecanismo cuando se aprobó una ley que permitirá al Estado regular las transacciones de carbono.

En otra publicación de este medio de abril de 2024, que revela irregularidades en el diseño de un proyecto para la captura de carbono en La Moskitia, Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, dijo que con la aprobación de esta normativa se violentaba la consulta a los pueblos originarios.

«Yo creo que es totalmente nefasto que, en nombre del ambientalismo y de la protección de los recursos, se esté violentando el derecho a la verdadera consulta a los pueblos indígenas y originarios, que han vivido durante siglos en estos territorios», dijo Miriam Miranda en esa ocasión.

Mientras los pueblos originarios continúan siendo despojados y criminalizados por defender sus territorios, las empresas tienen la posibilidad de compensar su contaminación al ambiente mediante proyectos como estos, que no han traído desarrollo y que han generado conflictos en las comunidades donde se han instalado. 

El gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) extendieron por cuarta vez un memorándum de entendimiento para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih). En una entrevista con Contracorriente, la vicesecretaria General de la ONU, Amina J. Mohammed, confirmó que uno de los puntos de discordia es la amnistía a exfuncionarios aprobada por el Gobierno. Además, según los analistas, hay retrasos porque aún hay reformas legislativas pendientes y el gobierno quiere involucrarse en el financiamiento y la elección de miembros.

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Archivo CC

El gobierno de Honduras y la ONU han extendido por cuarta vez el memorándum de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih). En septiembre de 2024, la presidenta Xiomara Casro entregó un segundo borrador de convenio que aún no ha sido aprobado por Naciones Unidas porque sigue en negociaciones. 

Amina J. Mohammed, vicesecretaria General de la ONU, le dijo a Contracorriente que, aunque no podía entrar en detalles sobre en qué parte de la negociación se encuentra el convenio, el proceso ha tomado años por la necesidad de establecer una institución sólida que pueda hacer frente a un sistema de justicia y rendición de cuentas ineficiente en el país. 

«Los temas más grandes y controversiales siempre giran en torno a la inmunidad. Nos enfocamos en eso porque muchos consideran que es una gran laguna que permite evadir la justicia y la rendición de cuentas, y tenemos que intentar hacer algo al respecto. No creo que debamos dedicar muchos años más a este tema, ya que se convierte en la barrera principal que intentamos superar», explicó, tras preguntarle si en las negociaciones para la Cicih ha tenido peso la aprobación de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, más conocida como «ley de amnistía política», que otorga amnistía a personas víctimas del golpe de Estado y exempleados o autoridades electas durante el gobierno del expresidente Zelaya Rosales, incluyendo delitos de corrupción. 

La ley fue aprobada por el Congreso Nacional el 3 de febrero de 2024 y el pasado 8 de octubre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la declaró como constitucional. Varios  exfuncionarios se han amparado en esta ley, entre ellos Marcelo Chimirri, exgerente de Hondutel que en 2017 fue sentenciado por enriquecimiento ilícito, fraude y abuso de autoridad; Enrique Flores Lanza, el exsecretario de la Presidencia y ahora asesor presidencial, que enfrentaba acusaciones por fraude, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos; y Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde sampedrano, que utilizó la amnistía en cuatro de las siete causas penales que por enfrenta abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

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Cuando se conoció de esta resolución de la CSJ, la organización centroamericana dedicada a la defensa de los derechos humanos y la protección de las víctimas de violencia Cristosal emitió un comunicado señalando que esta amnistía «constituye un grave retroceso para el Estado de Derecho y los derechos humanos en Honduras. Esta decisión crea una distinción arbitraria que atenta contra la justicia y contraviene las obligaciones internacionales del país bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige la investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos. Al perpetuar la impunidad, se obstaculiza la lucha contra la corrupción y se envía un mensaje peligroso de que las malas prácticas pueden quedar impunes».

Mientras tanto, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, se pronunció hoy sobre la importancia que se instale este mecanismo en el país. «La corrupción es terrible en este país, ha impactado en cada persona y es importante construir un mecanismo diferente para luchar contra la corrupción. Yo creo que la Cicih es uno de los mecanismos muy importante», expresó ante medios de comunicación.

La vicesecretaria de la ONU, por su parte, añadió que «no quiero condicionar lo que esté ocurriendo en Honduras con este proceso tal y como está, pero creo que existe un sentido de urgencia. Esto ha estado en marcha durante algunos años y necesita llegar a una conclusión. Quizás tengas que ceder en algunos aspectos para obtener más a largo plazo o seguir adelante durante más tiempo para conseguirlo todo, pero hay que entender que, mientras tanto, muchas personas perderán la vida, la impunidad aumentará, y será más difícil revertirla», sentenció.

Contracorriente contactó al canciller de la república, Enrique Reina Flores, a través de la Directora de Comunicación Estratégica de esa Secretaría, para conocer la postura del gobierno ante estas declaraciones y obtener más detalles sobre la negociación; sin embargo, tras varias solicitudes de entrevista, no obtuvimos respuesta.  

Otros puntos en disputa durante la negociación

Este año, el gobierno reveló que había solicitado a la ONU desclasificar toda la documentación de las negociaciones sobre la Cicih. Sobre esta secretividad, Stéphane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, le dijo a Contracorriente en septiembre que no era útil entrar en los detalles: «Las negociaciones consisten en que dos partes con diferentes opiniones se unan para un bien común, y eso es exactamente lo que está ocurriendo», explicó en esa ocasión. 

Mientras tanto, hay múltiples análisis sobre los temas que detienen la instalación del mecanismo más allá de la amnistía política. De acuerdo con el analista político Leonardo Pineda, de parte del ejecutivo está la escogencia de las personas que van a integrar la misión. «El Gobierno quiere que se haga a través del fiscal general que se dé el visto bueno, y eso va a ser una gran limitante. Otra cosa es el tema del financiamiento. El gobierno ha dicho que quiere poner dinero para la operatividad de Cicih y eso también es un problema. Aquí hay un dicho popular, que quien paga el mariachi pide la música, ¿verdad?», cuestionó.

Pineda añadió que en cuanto al Poder Legislativo hay una serie de reformas y leyes que no se han logrado concretar, como la Ley de Colaboración Eficaz, que aun no pasa a segundo debate en las sesiones; las reformas al Código Penal, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, la existencia de una asignación de subvenciones de la presidencia a los diputados, y las facultades que aún tiene el Tribunal Superior de Cuentas para detener investigaciones de lavados de activos y malversación de caudales públicos que involucran a diputados y diputadas y la figura de acusador privado.

Cuando el gobierno entregó el primer borrador de la Cicih en septiembre de 2023, no se planteó este ente como un acusador privado, sino como un acompañante de la Fiscalía, similar a como funcionó en su momento la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), situación por la cual ese organismo tuvo muchas dificultades. Para septiembre de 2024, el gobierno declaró que este convenio sí se planteó de esa forma. 

Pineda añadió que esa figura requiere también de reformas legislativas. «Sería de modificar el Código Procesal Penal, pero el Gobierno quiere hacerlo a través de una modificación institucional y ahí es donde está el problema. Si lo hacen así, como lo propuso en su momento la diputada Hortensia Zelaya, obviamente no tendríamos Cicih hasta 2026 porque tendría que ratificarse en segunda legislatura. Creo que ahí hay un problema», señaló el analista.

Las exigencias de la ciudadanía ante la Cicih

Un estudio del Instituto Holandés para la Democracia (NIMD) publicado en agosto de 2024 sobre percepción de la corrupción, transparencia y las condiciones para la instalación de Cicih, reflejó que un 88 % de la ciudadanía quiere que venga este mecanismo al país, y un 77.4 % cree que es urgente que este mecanismo investigue y condene a funcionarios actuales del gobierno. Asimismo, señalaron que para un 61 % era importante la llegada de este mecanismo para decidir por quién votar en las próximas elecciones. 

Asimismo, el estudio Impactos de la corrupción en el acceso a la justicia de las mujeres frente a la violencia de género en Honduras, del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), publicado el 5 de diciembre de 2024, señaló que la Cicih también debe «analizar e investigar el funcionamiento de la corrupción de género en el sistema de administración de justicia, y el ejercicio de las redes de corrupción involucradas en las muertes violentas de mujeres o tráfico de mujeres para la explotación sexual, porque estos aspectos cuentan con poca investigación».

Yadira Minero, investigadora del estudio, agregó que «se está pidiendo que desde su mandato hasta los protocolos, los objetivos, los indicadores para medir el avance, se hagan desde la perspectiva de género, que incluyan la problemática que enfrentan las mujeres al pedir acceso a justicia. La MACCIH dejó recomendaciones de género, hablan de que se les exija a los funcionarios que tomen en cuenta a la hora de aplicar la ley la vulnerabilidad de los diferentes sectores, una vulnerabilidad que es creada por las condiciones de discriminación», señaló.

Para el analista Pineda, la llegada de la Cicih también implica que la ciudadanía se active. «Si la ciudadanía, la sociedad civil, las organizaciones no se activan, los políticos van a estar cómodos porque siempre van a estar en un espacio donde no se sienten amenazados, no van a sentir el sentido de urgencia que realmente tenemos. La Cicih no es una promesa de campaña, no tiene tres años de no venir, la Cicih es una exigencia del pueblo hondureño desde 2015», destacó. 

Por su parte, la vicesecretaria de la ONU, Mohammed finalizó diciendo que en este momento «hay países que tienen estas instituciones [en referencia a comisiones como la Cicih] y que, aun así, gobiernan con impunidad. Así que creo que siempre es mejor tener esa institución, que comience a cumplir con su propósito en términos de justicia, rendición de cuentas y transparencia. Luego, trabajaremos en la implementación del mandato de esa institución», concluyó. 

Por José Giddel Alvarado
Portada: Persy Cabrera

El Programa de Inversión Pública en Honduras para el sector de las artes y la cultura en 2025 propone una inversión de 221.1 millones de lempiras, dividida entre inversión productiva y social para fortalecer la infraestructura cultural y apoyar a las instituciones sin fines de lucro. Esta cifra representa un esfuerzo significativo en comparación con años anteriores, pero, ¿es esta cantidad suficiente para atender las necesidades del sector cultural del país?

En términos generales, el punto más favorable del plan es el aumento de 89.9 millones con respecto a los 40 millones asignados en el 2024, lo que supone un incremento del 225 %. Este avance refleja el creciente reconocimiento del papel crucial que juegan las artes y la cultura en el desarrollo del país. Además, 148 millones se destinarán a la restauración de importantes centros culturales e inmuebles patrimoniales, lo que ayudará a preservar el legado cultural y generar oportunidades económicas, como el turismo y el empleo.

También es destacable la inversión en la restauración de teatros históricos como el Manuel Bonilla y el Nicolás Avellaneda. Estas iniciativas son cruciales para preservar el patrimonio cultural y garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de espacios artísticos que promuevan la educación y la formación cultural.

A pesar de estos avances, los 73.1 millones asignados a la inversión social, destinados a transferencias para instituciones culturales sin fines de lucro, son insuficientes frente a las necesidades reales del sector. 

Si se analiza esta cantidad en relación con la población de Honduras, que se estima en aproximadamente 10.5 millones de habitantes, el resultado es que cada ciudadano estaría recibiendo indirectamente sólo alrededor de 6.96 lempiras por persona en inversión cultural. Esta cifra es más alta que la de nuestro país vecino, Guatemala, que en el 2023 destinó 30 millones de quetzales para inversión directa en sus artistas, el equivalente a aproximadamente 5.20 lempiras por habitante, pero es más baja que la de Costa Rica, que en su Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 asigna 1.403 billones de colones que llegan directamente a sus artistas por medio de fondos concursables, lo que equivale a aproximadamente 13.65 por habitante.

Es importante destacar una diferencia clave en este análisis: en Honduras estos fondos se destinan a instituciones culturales, no necesariamente a apoyar directamente las creaciones de los artistas, como ocurre en Guatemala y Costa Rica.

Este bajo monto refleja la limitada capacidad de las instituciones culturales para cumplir con sus objetivos de preservación, difusión y acceso a la cultura, especialmente en comunidades vulnerables. Si una parte significativa de este monto se destina a gastos operativos de dichos centros y organizaciones culturales, ¿qué porción queda para apoyar directamente a los artistas y sus creaciones? Con un presupuesto tanto productivo como social tan reducido, es difícil fomentar la participación cultural y asegurar que todos los artistas, incluidos los más marginados, tengan acceso equitativo a programas y actividades culturales.

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En conclusión, aunque el aumento en la asignación presupuestaria para el sector cultural en Honduras para el 2025 es un paso positivo, la cifra sigue siendo insuficiente frente a las verdaderas necesidades de un sector que es esencial no solo para la identidad nacional, sino también para el desarrollo económico y social del país. Si la administración de la presidenta Xiomara Castro realmente quiere fortalecer el sector cultural, debe realizar inversiones directas que beneficien a los artistas y a las comunidades más vulnerables. El apoyo a la infraestructura es importante, pero debe de ir de la mano con el respaldo directo a las creaciones culturales, que son el corazón de la identidad y la economía creativa de Honduras. Invertir más en el sector cultural es una inversión estratégica con retornos positivos: una sociedad más inteligente, diversa, educada y unida.

Una investigación presentada por el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca), en consorcio con el Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEMH), señala que las mujeres campesinas de las ciudades de San Pedro Sula y El Progreso, al norte de Honduras, han sido afectadas por la suspensión de garantías constitucionales y la militarización implementada en el marco del estado de excepción, lo que ha causado que sean sometidas a condiciones de encierro y cautiverio en sus hogares. Esta situación agrava la falta de acceso a la tierra por parte de las campesinas, en comparación con los hombres. 

Texto y fotografías: María Celeste Maradiaga

En las ciudades de San Pedro Sula, Cortés, y El Progreso, Yoro, al norte de Honduras, las mujeres campesinas han sido afectadas por la instalación de redes criminales en los territorios donde habitan. Sus comunidades rurales se han convertido en espacios altamente violentos e inseguros ante las amenazas constantes de grupos ilícitos en la zona.

Así lo señala la investigación «Sobre la situación de violencia de género en el contexto rural como consecuencia de las crisis climáticas y epidemiológicas», presentada por el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca), en consorcio con el Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEMH), así como el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y Mundubat, una organización con representación a nivel mundial. El estudio no solo apunta a la violencia que estas mujeres viven en esas ciudades, sino también a los perjuicios que las mujeres campesinas viven a consecuencia del cambio climático.

El contexto de inseguridad, marcado tanto por el control y operación de redes criminales como por la militarización implementada en los lugares donde operan, ha contribuido directamente a que las mujeres campesinas no puedan acceder a servicios básicos. Además, el horario limitado que ofrecen las instituciones gubernamentales como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) dificulta más el acceso para las mujeres que se dedican a actividades agrícolas.

«El debilitamiento del Estado de derecho y las suspensión de las garantías constitucionales con el estado de excepción, acompañado de la militarización de los territorios, el uso de la fuerza de la Policía Militar del Orden Público, más la aplicación del toque de queda en la ciudad de San Pedro Sula, somete al encierro y cautiverio a las mujeres campesinas en vivir altos niveles de violencia en el espacio público y privado», señala la investigación.

Según el estudio, las mujeres jóvenes enfrentaron situaciones de violencia sexual que ejercieron algunos agentes de la policía en los lugares públicos en estas ciudades, y además constataron que el Sistema Nacional de Emergencia 911 no cuentan con las suficientes cámaras para atender la violencia que enfrentan las mujeres en el ámbito público, específicamente en San Pedro Sula.

María Antonia Gutiérrez, coordinadora técnica de Codimca, durante la presentación del informe «Sobre la situación de violencia de género en el contexto rural como consecuencia de las crisis climáticas y epidemiológicas». Tegucigalpa, Honduras, 24 de noviembre de 2024. Foto: CC / María Celeste Maradiaga.

Hasta septiembre de este año, el Sistema Nacional de Emergencias registró 27,809 denuncias de violencia doméstica y 39,550 denuncias de maltrato familiar, según el Observatorio de Violencias Contra las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM). De estas denuncias, Francisco Morazán es el departamento en primer lugar con 7,460, y le sigue Cortés con 3,556.

El observatorio también señala que, hasta octubre de este año, se han registrado 203 muertes violentas de mujeres. En este apartado, Cortés es el departamento en primer lugar, con 37 femicidios; luego Francisco Morazán, con 36, y después Olancho, con 23. La cifra resulta alarmante; sin embargo, es menor a la del año pasado, cuando hasta el mismo mes se habían reportado 342 femicidios.

Aunque la violencia contra las mujeres prevalece en Honduras, también los arrestos por violencia doméstica y maltrato intrafamiliar han sido utilizados para inflar las cifras del estado de excepción, y gran parte de estas detenciones no han representado el acceso a la justicia para las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia.

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Estas circunstancias no solo generan un clima de inseguridad y temor en las mujeres campesinas, sino que además profundizan la discriminación, la pobreza y las desigualdades en estos territorios.

Solo el 30 % de títulos de tierras entregados pertenecen a mujeres

Otro de los puntos principales en el estudio fue el acceso a la tierra para las mujeres campesinas en Honduras. En los departamentos de Lempira, Ocotepeque y Comayagua, menos del 30 % de los títulos de tierra entregados pertenecen a las mujeres; de 30 mil títulos de tierra entregados entre 2011 y 2020, solo el 1 % fueron entregados a mujeres en estos territorios.

«La crisis climática y sanitaria profundizó las brechas de desigualdad de las mujeres campesinas en la relación con los hombres al invisibilizar los problemas estructurales de discriminación que viven las mujeres campesinas, generando impactos diferenciados de género», apunta la investigación.

En este mismo periodo, entre 2011 y 2020, el Instituto Nacional Agrario (INA) entregó más de 78 mil títulos de propiedad a nivel nacional, de los cuales el 62.7 % fueron entregados a hombres y el 37.3 % a mujeres. 

Lo anterior, sumado a los altos niveles de pobreza, el desempleo y los efectos del cambio climático registrados en las ciudades, ha contribuido a la degradación de la producción agrícola, afectando los medios de vida en las comunidades locales y ocasionando pérdidas humanas. Estos factores se han convertido en causas clave de la migración irregular de las mujeres campesinas, quienes buscan oportunidades de vida fuera del país.

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María Antonia Gutiérrez, coordinadora técnica de Codimca, manifestó que con los hallazgos de este informe han elaborado una agenda para incidir en estas dos ciudades; sin embargo, ninguno de los gobernantes ha tenido como prioridad la erradicación de la violencia contra las mujeres campesinas.

Por su parte, Merly Eguigure, coordinadora nacional de la organización Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, concluyó que «el Estado no nos protege, la policía no nos protege, protejámonos nosotras. Este gobierno no se diferencia de los anteriores en la defensa de los derechos de las mujeres; entonces nos toca seguir, aunque tengamos el último aliento de vida, porque parece que en esta realidad solo estamos nosotras».

Argel, 9 dic (EFE).- Túnez subrayó este lunes la necesidad de garantizar la seguridad del pueblo sirio y preservar ese Estado como uno «unificado y plenamente soberano de manera que lo proteja del peligro de caos, fragmentación y ocupación» y rechazó «cualquier injerencia extranjera en los asuntos» de este país tras el derrocamiento como presidente de Bachar al Asad, anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Túnez instó a todas las partes sirias a «la cohesión y a dar prioridad al interés superior del país para preservar la seguridad, la independencia, la protección y la estabilidad de la nación, y para asegurar una transición política pacífica que preserve el Estado y su continuidad y satisfaga las aspiraciones del pueblo sirio solo», según un comunicado de prensa de la Cancillería.

El país magrebí expresó su «absoluta» solidaridad con el «hermano» pueblo sirio que «está unido al pueblo tunecino por lazos de parentesco profundamente arraigados en la historia, y su certeza en su capacidad para superar esta delicada circunstancia a fin de construir un futuro brillante para Siria».

El Ministerio recordó la firme posición de Túnez sobre la necesidad de distinguir entre el Estado, por un lado, y el sistema político existente en su seno, por el otro, considerando que su sistema político es un asunto «puramente» sirio elegido por su pueblo soberano «único que tiene derecho a la autodeterminación, libre de cualquier forma de intervención externa».

El domingo, el Ministerio de Exteriores de Trípoli aseguró que sigue con «gran interés» los rápidos acontecimientos en Siria y los «importantes» cambios y expresó su pleno respeto por la voluntad del pueblo sirio y sus aspiraciones de libertad y justicia.

El Ministerio libio afirmó su firme apoyo a la lucha «legítima» de los sirios contra «la tiranía, ve esta etapa como la culminación de un largo camino de lucha por dignidad y libertad» y expresó su deseo de que estos acontecimientos constituyan un «verdadero avance hacia la construcción de un Estado civil democrático que satisfaga las esperanzas de los sirios y logre justicia para todo el pueblo del país».

En la misma línea, el vecino Argelia transmitió el domingo su apoyo al «hermano» pueblo sirio e instó a un «diálogo entre todos los sirios de distintas sectas y componentes» para preservar la seguridad y estabilidad de Siria «lejos de la injerencia extranjera».

La Siria de la familia Al Asad, que gobernó el país desde 1971, colapsó este domingo a manos de los insurgentes liderados por el Organismo de Liberación del Levante (Hayat Tahrir al Sham o HTS, en árabe), que tomaron Damasco prácticamente sin resistencia tras apenas 12 días de ofensiva.

Este lunes la Embajada de Siria en Rusia confirmó que el depuesto presidente se encuentra en Moscú, donde habría recibido asilo junto con su familia.

Tras la devastación que dejó la tormenta tropical Sara, con seis personas fallecidas y cuantiosas pérdidas en infraestructura, el gobierno hondureño recibió donaciones por 4.7 millones de dólares (más de 119 millones de lempiras) de organismos multilaterales y países como Estados Unidos, China y Corea del Sur. Los fondos fueron trasladados a instituciones que ya contaban con un presupuesto para mitigación de lluvias, las cuales quedaron autorizadas, vía decreto ejecutivo, para efectuar compras directas. 

Texto: Luis Escalante 
Fotografías: Amílcar Izaguirre y Fernando Destephen 

La tormenta tropical Sara, que azotó Honduras entre el 14 y el 18 de noviembre de 2024, dejó efectos devastadores, con pérdidas humanas y materiales. Ante esta emergencia, que parece repetirse cada año en el país, como ocurrió con Eta e Iota en 2020, Julia en 2022 y Pilar en 2023, diversos países y organismos internacionales han entregado al gobierno donativos que ascienden a 4,717,207.85 dólares (119,107,634.92 lempiras). Mientras tanto, la sociedad civil y el sector privado advierten sobre la necesidad de invertir en infraestructura resiliente y adoptar un enfoque a largo plazo para mitigar los daños de futuros fenómenos naturales.

El 14 de noviembre de 2024, en plena emergencia, la presidenta Xiomara Castro aprobó en Consejo de Ministros el decreto ejecutivo 35-2024, que estableció un estado de emergencia por 30 días y autorizó a seis secretarías de Estado Defensa, Seguridad, Desarrollo Social (Sedesol), Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), SIT y Copeco a realizar contrataciones directas para la «adquisición de bienes, servicios y obras necesarias para la construcción, reparación, reposición y rehabilitación de la red vial e infraestructura». El decreto también abarcó a otras instituciones, como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

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Cuatro días después, el 18 de noviembre, el ministro de Finanzas, Christian Duarte, informó que las donaciones entregadas por otros países, organismos multilaterales y organizaciones internacionales ingresarían a la cuenta única de la Tesorería General de la República (TGR), y que los fondos serían reasignados a las secretarías e instituciones descritas en el decreto de emergencia.

Entre los países que brindaron apoyo económico a Honduras para enfrentar los efectos de la tormenta tropical Sara, China contribuyó con 100,000 dólares (más de 2.5 millones de lempiras), Corea del Sur donó 3 millones de dólares (más de 75.7 millones de lempiras), y Estados Unidos aportó 17,207.85 dólares (434,498.21 lempiras), además de una suma adicional de 200,000 dólares (más de cinco millones de lempiras) gestionada directamente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).

En cuanto a los organismos multilaterales y organizaciones internacionales, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) dio 625,000 dólares (cerca de 15.8 millones de lempiras), la Organización de Estados Americanos (OEA) donó 25,000 dólares (631,250.00 lempiras), la Corporación Andina de Fomento (CAF) contribuyó con 250,000 dólares (6.3 millones de lempiras), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 200,000 dólares (5 millones de lempiras) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinó 500,000 dólares (12.6 millones de lempiras).

«En nombre del pueblo hondureño, agradecemos a estos organismos por su solidaridad en estos momentos críticos para nuestro país. Los fondos serán ejecutados con responsabilidad y transparencia, ya que son sagrados para salvar vidas», prometió Christian Duarte a través de una publicación en X.

Estos recursos se sumarán a los ya disponibles en instituciones como Copeco, la Secretaría de Defensa, el FHIS y la SIT, que, según el Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ya cuentan con partidas presupuestarias destinadas a contingencias, obras de emergencia, habilitación y construcción de carreteras, mitigación en el Valle de Sula y conservación ambiental, entre otros.

Según los portales de transparencia de estas instituciones y secretarías de Estado que fueron consultados por Contracorriente, el Congreso Nacional (CN) aprobó para 2024 un presupuesto total de 1,415,989,128.00 lempiras para tales fines. Sin embargo, hasta octubre solo se habían ejecutado 302,324,425.56 lempiras, lo que representa el 21.35 % del total.

La tormenta Sara se formó en el Caribe y se dirigió hacia Centroamérica y México, alcanzó vientos sostenidos de hasta 76 km/h y dejó acumulaciones de hasta 500 mm de lluvia, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (HNC, por sus siglas en inglés). En Honduras, las precipitaciones duraron aproximadamente seis días, causando numerosas pérdidas humanas y materiales.

De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), producto de esta tormenta se registraron seis personas fallecidas, 331,482 afectadas y damnificadas, 16,090 evacuadas y 8,927 albergadas. Además, se realizaron 7,682 rescates.

Albergue instalado en la escuela Juan Guifarro López de la colonia La Betania en Comayagüela. Esta zona es de alta vulnerabilidad y sus habitantes se han acostumbrado a dormir en albergues al menos una vez al año en temporada de lluvias. Distrito Central, noviembre de 2024. Foto: CC / Fernando Destephen

En cuanto a la infraestructura, la tormenta tropical Sara dejó 131 calles afectadas, 66 carreteras dañadas, 69 puentes y cajas puente destruidos, 13 vados colapsados y 5,020 viviendas impactadas. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) indicó que las pérdidas económicas ascendieron o superaron los 480 millones de lempiras (unos 19 millones de dólares), y que la mayoría de las afectaciones se concentraron en los departamentos de Cortés, Atlántida y Colón, en el Caribe, y Valle y Choluteca, en la costa del océano Pacífico.

El dinero llega después de la tormenta 

En Honduras, se ha vuelto una constante que tras las tormentas tropicales el Estado recurra a donaciones o créditos de organismos multilaterales. Por ejemplo, después de Eta e Iota, que azotaron a Honduras a finales de 2020 y  según datos oficiales dejaron 100 personas fallecidas y 4.5 millones de personas afectadas, el BCIE otorgó un préstamo de 70 millones de dólares (unos 1,750 millones de lempiras).

Este préstamo, que se utilizó para financiar el llamado Bono de Alivio a familias vulnerables afectadas por fenómenos naturales producto del cambio climático, finalmente fue entregado por el entonces gobierno de Juan Orlando Hernández con la condición de exigir a las y los beneficiarios votar por el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, según confirmaron a Contracorriente dos personas que cobraron el bono, dos fuentes dentro del banco y dos veedores de la sociedad civil.

En 2022 y 2023, el BCIE también otorgó otros donativos no reembolsables similares a los entregados para paliar los efectos de la tormenta tropical Sara. El 14 de octubre de 2022, el banco proporcionó una donación no reembolsable de 500,000 dólares para contribuir a remediar los daños causados por la tormenta tropical Julia.

Asimismo, el 25 de noviembre de 2023, el BCIE otorgó una ayuda económica no reembolsable de un millón de dólares, destinada a ser ejecutada por el gobierno hondureño en respuesta a los efectos de la tormenta tropical Pilar.

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Para el exdiputado del Congreso Nacional (CN) y representante de la sociedad civil, Aníbal Cálix, mientras solo se espere que lleguen las lluvias y se «extiendan las manos» a las donaciones de la cooperación internacional, se continuará acudiendo a los decretos de emergencia y las compras directas.

«Para muchos esta es una forma de operar, un modus operandi que buscan aprovechar. El primer paso en la lucha contra la corrupción es la transparencia. El problema surge cuando se emiten decretos ejecutivos de emergencia, una figura que por sí misma margina los procesos de transparencia, ya que a menudo se recurre a contrataciones directas y al manejo de dinero en efectivo, lo que siempre creará espacio para la corrupción», dijo Cálix a Contracorriente.

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Durante una rueda de prensa el 18 de noviembre de 2023, la presidenta Xiomara Castro atribuyó el desastre generado por la tormenta tropical Sara a la «falta de inversión» en infraestructura y a la «corrupción» cometida por sus predecesores.

«No es posible que cada año tengamos que salir a atender este tipo de emergencias. No es posible que, debido a la irresponsabilidad de 12 años y 7 meses, no se haya hecho nada, y hoy tengamos que seguir sufriendo lo que estamos sufriendo. Como gobierno central, debemos asumir la responsabilidad de buscar soluciones permanentes», manifestó la mandataria hondureña.

El exdiputado Aníbal Cálix considera que, mientras siga existiendo vulnerabilidad en la infraestructura, las tormentas tropicales y los huracanes continuarán afectando a regiones como el Valle de Sula, región compuesta por 20 municipios de los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida y Santa Bárbara.

«Creo que debemos ser claros: la verdadera herramienta para solucionar esta problemática es proteger el Valle de Sula mediante la implementación del plan maestro de protección. Mientras sigamos desprotegidos, cada tormenta provocará inundaciones, y la única respuesta que se tendrá será ayudar a las personas afectadas, algo que no resuelve el problema de fondo», señaló.

Durante las últimas décadas, en Honduras se han implementado diversas estrategias gubernamentales orientadas a la mejora, mantenimiento, reemplazo y expansión de la infraestructura del Valle de Sula, con el objetivo de mitigar las inundaciones provocadas por las lluvias y el aumento del caudal de los ríos Ulúa y Chamelecón.

En agosto de 1990 se creó la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula (CEVS), un ente público autónomo encargado del mantenimiento y operación del sistema de control de inundaciones, como los bordos y los canales, que habían sido construidos en la década de 1960 por la Tela Railroad Company.

Posteriormente, el 4 de mayo de 2010, el Congreso Nacional aprobó la creación de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS), que operó hasta diciembre de 2021. Esta comisión representó una coordinación entre el sector público, a través de secretarías de Estado y alcaldías, y el sector privado.

Durante su funcionamiento, se repararon 90 kilómetros de bordos y se realizaron trabajos de mantenimiento, dragado, rectificación y corrección de cauces, aunque no se implementaron programas de reforestación en las cuencas altas de los ríos Chamelecón y Ulúa. Cuando la CCIVS cesó sus actividades, el gobierno de Juan Orlando Hernández contempló la creación del Instituto para la Protección y Desarrollo Sostenible del Valle de Sula, aunque dicha iniciativa nunca llegó a concretarse.

Los habitantes de la colonia Flor de Cuba quedaron incomunicados luego de que el río Bermejo arrastrara el puente peatonal tras las lluvias dejadas por la tormenta Sara. San Pedro Sula, 16 de noviembre de 2024. Foto: CC / Amílcar Izaguirre

En la actual administración de Xiomara Castro, las competencias de la CCIVS se transfirieron a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), dentro de la cual se creó el Centro de Estudios y Desarrollo del Valle de Sula (CEDV), con el propósito de elaborar una planificación estratégica para el control de inundaciones.

Bajo este programa, la Agencia de Cooperación Técnica de Japón (JICA) está trabajando en la elaboración de estudios de factibilidad y en el diseño de obras de control, como bordos, canales de alivio, áreas de retención temporal y aliviaderos. La inversión de la cooperación japonesa asciende a tres millones de dólares.

Según datos oficiales, el mantenimiento y la reparación de la infraestructura en el Valle de Sula conlleva un gasto promedio anual de 4 millones de dólares. Sin embargo, cuando ocurren eventos climáticos extremos, como las tormentas Pilar, Julia y Sara, los gastos pueden elevarse hasta los 12.5 millones de dólares.

Falta de diálogo alienta ausencia de infraestructura, según sector privado

El decreto ejecutivo 35-2024 contempla que la planificación, coordinación y ejecución de las obras de reconstrucción tras la tormenta tropical Sara deben ser llevadas a cabo de manera conjunta entre el sector público y privado.

Sin embargo, según Eduardo Facussé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), la existencia de una «falta de diálogo» entre el gobierno y la empresa privada ha causado que no se ejecuten obras de mediano y largo plazo que mitiguen los daños causados por los fenómenos naturales.

«Siempre estamos apagando incendios, y lamentablemente, cuando se apagan estos incendios, los daños y los costos de solucionarlos son mayores que los de construir las obras necesarias a largo plazo», indicó Facussé a Contracorriente.

El empresario manifestó que el gobierno debe adoptar una visión a largo plazo y, de esa forma, «dar una solución concreta y definitiva a todos estos problemas, y así poder avanzar hacia esquemas económicos más avanzados».

«Me parece que los gobiernos evitan implementar soluciones a largo plazo porque son proyectos que van más allá de un período presidencial, y lo que no se ve como un beneficio inmediato se pospone. No obstante, son obras necesarias. Tenemos que trabajar en base a soluciones de largo plazo. Honduras será nuestro país para siempre, no solo por unos años», concluyó Facussé. 

Atravesamos una pequeña calle de tierra amarilla y de pronto desaparece lo distinto. Un paredón verde de unos dos metros de alto, muy tupido, crea una especie de túnel a los dos lados. Todo lo que nos rodea es caña de azúcar. Durante el entierro de Gems Joacin la melodía del viento en los cañaverales me parecía bondadosa, ahora siento que es una música más melancólica, como de otro tiempo. Pastor Wilson me dice que si se “navegara” por esta especie de mar verde sería posible cruzar los cerca de 200 kilómetros que separan Punta Cana de Santo Domingo. Es nuestro penúltimo encuentro y salimos por la mañana con la promesa de encontrar a Mikelson. Me sorprende que lo busquemos aquí porque una de las pocas cosas claras del vídeo borroso que me obsesiona hace casi un mes es que el policía lanza a Mikelson desde un tejado de un barrio urbano. Pero no le digo nada al pastor. Creo que mi guía me quiere mostrar algo más, el origen de todos los males de la comunidad haitiana, que tiene que ver con endulzar el mundo para los otros.

Vista de plantaciones de caña en los alrededores de Punta Cana.

En 2024 el corte de la caña y su procesamiento se hace todavía a machete y fuerza de brazos, como en la colonia, cuando franceses y españoles eran los amos de la isla. La caña aún representa una de las actividades económicas que más requiere de haitianos en República Dominicana y una de sus principales actividades agrícolas.

En la época de la colonia los esclavos vivían en bateyes, guetos de barracones donde no se juntaban nunca con los dominicanos (batey es una palabra del idioma taíno, que hacía alusión al juego de pelota, pero cuando los europeos exterminaron a estos indígenas pasó a denominar este hogar de trabajadores agrícolas). Las plantaciones pasaron de manos de los colonos, al Estado Dominicano y después llegaron las grandes transnacionales, como Central la Romana, la mayor de todas, propiedad de los hermanos Fanjul, una familia de origen cubano que ha creado un imperio del azúcar desde Florida. Las condiciones para los haitianos, sin embargo, han cambiado poco.

El Gobierno de Estados Unidos a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) emitió en septiembre de 2022 una orden de retención de liberación para impedir la llegada a ese país a todos los barcos con azúcar o sus derivados provenientes de Central la Romana. Investigaciones de diversas entidades internacionales encontraron 5 de los 11 indicadores que establece la Organización Internacional del Trabajo para establecer que en un lugar hay condiciones inaceptables y abusivas para los trabajadores. Central la Romana negó las acusaciones de los investigadores norteamericanos, que detectaron en su exploración desde trabajo infantil hasta trabajo forzado, palabras modernas para nombrar algo muy parecido a esa gran maldición del pueblo haitiano: la esclavitud.

Llegamos al Batey la Romanita, una especie de isla de árboles que rompe la monotonía del mar verde. Un grupo de niños juega fútbol en un pedazo de tierra. “Mira, Juan, ahí está el Real Madrid”, me dice Pastor Wilson, y suelta una gran carcajada.

El batey está bajo un letargo. Varios hombres en cuclillas nos miran fijamente y algunas mujeres salen de los 14 barracones despintados. Un anciano nos llama con la mano, habla suave y en una mezcla de español y francés. Nos cuenta, mientras mueve la boca en un masticar fantasma, que luego de 53 años de trabajar en el batey no le han pagado su pensión. Oficialmente los trabajadores de la caña ganan 15 mil pesos al mes, equivalente a 283 dólares americanos. Sin embargo, no hay trabajo todo el año y en muchas ocasiones se les paga según el peso de la caña cortada. Con esta paga es muy difícil ahorrar para la vejez, sin pensión estas personas quedan a expensas de la bondad del batey y sus bateyanos, y a merced de la empresa y el apartheid.

En el batey la Romita, los ancianos denuncian que no tienen derecho a jubilación ni a la indemnización por despido después de décadas trabajando en las plantaciones de caña.

Un grupo de ancianos que vegetan a la sombra de un antiguo barracón me cuentan que luego de perder la fuerza para blandir el machete en la zafra (temporada de corte) por décadas, Central La Romana los despidió y se niega a pagar indemnizaciones. Una mujer muy mayor me pide que le dé algo de dinero para comida y me muestra con una sonrisa lastimera que ya hace ratos perdió su dentadura. Otra mujer suplica al Pastor Wilson por ayuda. Le dice que su marido murió luego de trabajar más de 40 años en los cañaverales. Dice que delegados de la empresa le han visitado y le han dicho que posiblemente tenga que irse, ya que la casa que ha habitado toda su vida podrían necesitarla para nuevos trabajadores. 

La escena tiene un aire espectral, pero todo indica que aquí tampoco encontraré a Mikelson, el fantasma que llevo buscando un mes. De pronto veo una especie de aparición.

Un autobús nuevísimo pasa muy rápido por la calle frente al batey dejando una estela de polvo amarillento tras de sí. Cuando pregunto a quienes lleva ese bus, y a dónde van o de dónde vienen, a los haitianos parece habérseles olvidado el español. En creole le dicen al pastor Wilson que son los norteamericanos. Le pido que insista y solo logra sacarles dos palabras: “Norteamericanos” y “vudú”.

***

Detalle de la casa de un boko, sacerdote vudú, en Santo Domingo. El vudú ha sido una religión identitaria y de resistencia para los haitianos a lo largo de la historia.

Una noche de agosto de 1791, mientras tronaba en el cielo una tormenta eléctrica, una mambo o sacerdotisa vudú de nombre Fatiman lanzó un llamado hacia el cielo, a los loas africanos, y hacia abajo, a los guede, los muertos ancestrales. Las manos de hombres y mujeres negros hacían sonar los tambores como truenos en un lugar cerca de Cabo Francés, ahora Cabo Haitiano, en la parte francesa de la Hispaniola. Fue en esa noche que el sistema esclavista empezó a agonizar.

Cientos de esclavos negros huyeron de las plantaciones y se juntaron en un lugar perdido entre los montes, un lugar donde los extintos taínos, asesinados por los españoles y por las plagas que ellos traían consigo, veneraban a esos dioses que murieron con ellos. El lugar se llamaba Bwa Kayiman, o Bois Caimán, cuya posible traducción sería “bosque de los caimanes”. 

La ceremonia la dirigía, además de la mambo Fatiman, Dutty Bokman, uno de los próceres de la independencia haitiana, un esclavo liberto que había llegado desde Jamaica y que, empapado de esas ideas francesas de libertad y igualdad entre las personas, pronto lideró a esa gran masa encolerizada de africanos raptados y sus descendientes.

Esa noche la mambo Fatiman sacrificó a un cerdo negro y los presentes bebieron su sangre y juraron acabar con los amos blancos. La tradición histórica dice que los loas bajaron por un gran árbol. Papa Legba, con todo y sus perros, abrió el panteón y luego bajaron Shangó, Debehlla, Achun; también el señor de la guerra y de los fierros Ogun, y el señor de los bosques y de los árboles Loko. Los loas venían acompañados de un ejército de guedes, los muertos ancestros. Aquella multitud, sintiendo la fuerza de esos dioses ofendidos que viajaron con ellos desde África, en los barcos europeos, se lanzaron machetes y punzones en mano sobre las plantaciones de caña.

No todos los esclavos venían de los mismos lugares, ni hablaban las mismas lenguas, pero sus prácticas rituales eran similares y sus dioses referenciaban a un mismo universo religioso. Así se entendieron. A golpe de tambor. Esa noche de agosto de 1791, en una de las grandes Antillas del Caribe, miles de esclavos pasaron por fierro a aquellos que les robaron la libertad, a los que trataron de convertirlos en animales.

Camiones oxidados en un batey de las plantaciones de caña en los alrededores de Punta Cana.

Regreso a las plantaciones de caña para desentrañar el misterio del autobús blanco. Esta vez viajo solo. El interminable mar verde y los cascarones de viejos camiones juegan con la mente y me parece que he viajado al pasado, a un pasado etéreo, como desolado.

Pregunto por los norteamericanos y por el vudú, las dos palabras que le dijeron a Pastor Wilson el otro día. Pregunto con seguridad, como si supiera de lo que hablo, aunque en realidad no tengo idea.

Las respuestas de los extrañados haitianos me llevan hasta la parte trasera de un nuevo batey. Camino un poco y me encuentro con una vieja duela para peleas de gallos que parece abandonada y donde ahora juegan a las luchas cuatro niños casi esqueléticos. Hay algunas casas de madera con tejados macilentos de lata. Varios hombres jóvenes se me acercan, les digo las mismas dos palabras y uno mira un reloj en su muñeca. “Ya casi, a las 3 vienen”, me dice uno de ellos, y me señala una de las chabolas de madera con pinturas rojas y negras. Toco esa puerta y aparece un hombre viejo. Adentro hay tambores rituales, candelas, botes de talco para bebés, machetes y botellas de licor. Es un altar vudú, o parece serlo.

El anciano me dice que debo esperar a la dueña, que no pude dejarme pasar. Mientras esperamos se reúne un pequeño grupo de curiosos a ver de cerca al extraño que ha llegado haciendo preguntas. Me dicen que salir del batey es muy peligroso ahora que han arreciado las deportaciones. Varias personas han salido a comprar comida y no han vuelto jamás. Les pregunto por su comida diaria, me dicen que la dieta en el batey se reduce a yuca, arroz y plátano. Nunca juntos los tres. Le pregunto a una mujer mayor si comen de esa forma monótona los tres tiempos y me mira desde la frontera de la indignación y el enojo: “¿Tres tiempos? ¡Comemos una vez al día!”.

En ese momento aparece una camioneta. Desentona como desentonaría un refrigerador en un desierto. De ella se baja la bruja Margarita, así se presenta. Es una mujer dominicana, pequeña, de unos 50 años. Al principio me increpa, pero se calma cuando le digo que soy un periodista interesado en el vudú. Luego de charla y algunas preguntas suspicaces me invita a pasar al cuarto rojinegro.

La bruja Margarita me cuenta que esta casa es de ella y que organiza todos los días un show de vudú para turistas extranjeros. Me dice que cobra 150 dólares al día por organizar aquello y que ella le da algunos pesos a un grupo de bateyanos para que toquen tambores y monten el show. Me dice que el verdadero negocio no es de ella, a ella la subcontrata un alemán de nombre Norbert. Él organiza tours para europeos y norteamericanos. Les lleva a playas, a restaurantes y a un río. A las tres de la tarde los trae acá con la promesa que les mostrará algo único, muy pocas veces visto por blancos: un ritual vudú auténtico que justo se está llevando a cabo ese día.

Poco antes de esa ahora aparece un jeep. Es la hija de la bruja Margarita, una morena hermosa de labios carnosos que viste con jeans y una blusa ombliguera. En las caderas y el cuello luce tatuajes muy vistosos. Conversamos sobre cómo elige ella las indumentarias que va a usar en el show, me dice que las escoge ella misma según su criterio. Su madre la regaña y le dice que debe cambiarse rápido porque los turistas están por llegar. Regresa disfrazada, parece una miscelánea de símbolos con un puñado de collares, pulseras y pañuelos. Su madre enciende candelas y pone sillas. Tres ancianos bateyanos se ubican en sus posiciones, frente a grandes tambores, y uno de ellos se disfraza de bokó con la misma tónica que la muchacha. “Vamos a decir que eres mi sobrino porque Norbert me va a preguntar. Acuérdate que este es su negocio”, me dice la bruja Margarita, y me ubica a su lado, atrás de los hombres y los tambores.

El autobús blanco llega puntual. Son unos 50 turistas. Son todos blancos y visten de playa. Norbert es un hombre de unos 70 años. Es calvo y va vestido de camisa roja, shorts marrones y sandalias playeras.

Los cinco hombres comienzan a tocar los tambores para poner ambiente y los turistas se van sentando en las bancas mientras toman fotos y vídeos de aquel montaje. Los oficiantes son cinco bateyanos. Tres son ancianos que la empresa cañera desechó sin indemnización y los otros son hombres jóvenes y corpulentos que tocan un ritmo monótono en el tambor. Norbert comienza a explicar en alemán y francés y los turistas asienten y abren la boca, sorprendidos. Dirige el evento como si él mismo fuera un bokó y arrebata de las manos de un anciano unas maracas y las toca para su clientes. En medio arde un fuego y la hija de la bruja Margarita se mueve en una danza caótica, como si estuviera en trance, simulando ser montada por algún loa. Norbert invita a los turistas a tocar ellos mismos los tambores y las maracas. Entonces aquella gente blanca, aun con arena de playa en la sandalias, bailan, sin ningún atisbo de ritmo, bailan y tocan los tambores.

Al observar la escena recuerdo al bokó Winston Pierre, el sacerdote vudú que me dio casi una cátedra de historia haitiana y quien me explicara con gran paciencia la “biografía” de más de diez loas africanos. Ni siquiera me dejó tomarles fotos a sus fetiches por miedo a ofender a esos loas. Recuerdo también los más de diez bokós y ungans que Moisés, mi primer guía del ferrocarril subterráneo haitiano, me llevó a visitar, que traen sus fetiches desde Haití metidos en ataúdes, escondidos de la policía dominicana entre mercadería y a los cuales no dejan acercarse ni a sus propios familiares.

En ese momento, a inicios de esta investigación, tenía la esperanza de que esta parte del ferrocarril, quizás la más oculta de todas, me llevara hasta Mikelson. El vudú, al igual que gran parte de las religiones de origen africano, han sido prácticas de resistencia, una forma de llevar su hogar allá donde llegaron, y  una forma de ser fuertes en algo que las cadenas no pueden atrapar, y sigue siéndolo en este nuevo apartheid. Según la Constitución de República Dominicana, existe libertad de culto, pero en la práctica el Estado persigue al vudú como parte de la persecución de todo lo haitiano.

“Policía desmantela choza utilizada por nacionales haitianos para hacer trabajos de hechicería y brujería en Cabarete, Puerto Plata”, publicó la página oficial de la policía nacional el 12 de septiembre del 2023. Según esa misma publicación  “el brujo” Papallo mantenía en constante zozobra a los habitantes del barrio con sus ritos. En marzo de este año la policía subió un vídeo a Instagram y X donde desmantelan un altar. Quien graba el vídeo se escandaliza al sacar dos ataúdes usados con fines rituales. “Esto parece un cementerio”, dice. Luego de destrozar la choza y sacar todo a la calle, los agentes le prenden fuego. “A la casa no le prendemos fuego porque ahí dentro están los hijos del brujo”, dice uno de los policías mientras al fondo una piña de niños negros observan, temerosos, la hoguera con el ajuar sagrado de su padre.

Según me comentó en una entrevista el periodista venezolano radicado en República Dominicana, Simón Rodríguez , perseguir el vudú haitiano es uno de los pilares de la identidad dominicana y una forma más de generar una distancia entre “nosotros y los otros”. En la dictadura de Leónidas Trujillo se dictó una ley que prohibía expresamente la práctica del vudú en territorio dominicano. Esta ley  —a pesar de ser una gran contradicción ya que en la constitución está consignada la libertad de culto—  sigue en vigencia y los intentos por derogarla han sufrido ataques tanto desde la comunidad evangélica como desde varias trincheras políticas.

Luego de una hora de un calor asfixiante, los exhaustos ancianos del batey paran de tocar los tambores y los alegres veraneantes europeos paran, por fin, esos movimientos frenéticos y sin ritmo que llaman bailar.

Por un momento me dan deseos de tomar la palabra y decirles que tienen mucha suerte de que esta gente necesite tanto esos centavos, decirles que hace 233 años, en esta misma isla, miles de personas parecidas a estos ancianos, despedazaron a machete y palos a gente muy parecida a ellos. Quisiera decirles que las razones son similares: quisieron matarles su cultura y su libertad. Aquellos con látigo y cadenas; estos a fuerza de billetes.

Pero no lo hago, mejor salgo a toda prisa en mi camioneta. El misterio del autobús blanco está resuelto: todo parece indicar que el problema no es el vudú si no quién lo practica, quién lo baila.

Yo estoy aquí buscando otra cosa.

Pastor Wilson conduce su camioneta chueca la mañana del 26 de octubre de 2024. Parece alegre, aunque este hombre debe lidiar todos los días con las denuncias y los llamados de auxilio de la población haitiana en esta punta bonita de la isla. Yo apenas he estado poco más de un mes en esta investigación y ya se siente el peso abrumador de las decenas de mensajes y llamadas de personas desesperadas. Llaman contando siempre algún horror, pidiendo una ayuda que muchas veces es imposible darles. Mandan vídeos terribles en donde hombres y mujeres negros están en el suelo, siendo vapuleados, enjaulados o gritando enardecidos en el escalofriante Centro Vacacional de Haina. Siempre sufriendo, siempre perdiendo. Estos vídeos y estas quejas seguirán llegando a mi teléfono aún después que me vaya de esta isla, cada vez más crudos. 

El propio Pastor Wilson será arrestado por la policía dentro de dos días. Un grupo de uniformados llegará a su casa a las 11 de la noche del 28 de octubre y lo sacarán esposado, a empujones, frente a sus hijos. Pasará la noche en la incertidumbre de la celda y saldrá libre por la mañana pues, según contará luego, lo acusaron de estafa pero sin especificar a quién ni bajo qué mecanismo. Ese día de su liberación recibirá amenazas de muerte, y pensará en huir de Punta Cana. No lo hará, el ferrocarril subterráneo que protege hasta donde puede a los haitianos debe seguir operando, siempre en las sombras, siempre perdiendo todo, siempre ganando poquito.

Este es mi último día de reporteo en República Dominicana, y ya he dejado de insistir al pastor que me lleve donde Mikelson, ese hombre lanzado desde un tejado por un policía. Su tragedia llegó a mí en forma de vídeo unos días antes de venir a este país. En ese momento se volvió una obsesión, pensé que sería tan escandaloso como aquel donde se ve cómo casi matan a Rodney King, o aquel otro donde un policía asfixia a George Floyd. “I can’t breathe» (“No puedo respirar”), decía. Ardió Los Ángeles por Rodney King en 1992 y tembló Estados Unidos por Floyd en 2020. Por Mikelson no, por Mikelson no habrá calles tomadas, ni carros incendiados, ni titulares. Quizá, ante los ojos del mundo, no todas las personas valen lo mismo. Quizá mi obsesión por hallar a este hombre resultará fútil en un país donde cientos de miles son Mikelson. Busqué una gota, luego me di cuenta que la buscaba en el mar.

Hoy, de nuevo, me dejo llevar. Hoy Pastor Wilson sonríe y su sonrisa es contagiosa. Está contento porque consiguió que un hospital le diera una faja ortopédica para un hombre con las costillas rotas. Entre tanta tragedia, este hombre rudísimo ha aprendido a alegarse con las pequeñas victorias de esos que siempre pierden: salvar a una niña de la muerte luego que su madre fuera deportada, conseguir medicina para curar una cesárea infectada, lograr cupo en el hospital para un hombre desollado, lograr sepultar en un cementerio a un hombre asesinado por la policía.

En el camino, me dice que no entiende por qué su gente es tan odiada en este país, siendo ellos quienes históricamente les han producido la riqueza, ya sea en los cañales, los cafetales, los campos de tabaco, las fábricas textiles o construyendo hoteles en Punta Cana. Hace varios días, mientras buscábamos el cadáver de Gems Joacin en el barrio Matamosquito, un colaborador suyo me dijo: “Es como que hubiésemos criado un cachorro de león, dándole la mejor leche, y ahora viene sobre nosotros, a comernos”.

Entramos por los callejones de tierra de un barrio cercano a Matamosquitos. En una de las casas de madera y lámina a los costados nos espera el hombre al que Pastor Wilson va a entregar la faja ortopédica para sus costillas rotas.

—¡Juan, te presento a Mikelson! —me dice entusiasmado mientras pone su mano gruesa sobre el hombro del muchacho.

Mikelson tiene en la cara una expresión asustadiza y aún no se desprende de ese brillo en los ojos que tienen los niños. Apenas tiene 19 años. En una mano, carga el mismo chaleco que tenía cuando los primeros días de octubre del 2024 unos policías dominicanos lo lanzaron desde un tejado. No habla español y el pastor Wilson debe traducir.

Ese día Mikelson se preparaba para ir a la construcción de un hotel en la zona turística de Punta Cana y se había puesto ya su chaleco reflectante cuando escuchó gritos. Varias camionetas estaban cazando haitianos en el barrio. Escuchó cómo le daban patadas a la puerta de su cuarto de lata. La puerta todavía está destrozada. El cuarto entero se estremecía y abrió una ventana de madera contigua a su cama para escapar. Salió por ella, como otros haitianos de la cuartería salieron también por sus ventanas, y comenzaron a trepar. Lograron subir al techo, pero detrás de ellos un policía subió también. “¡Cógelo, cógelo!”, recuerda Mikelson que gritaban los agentes de abajo.

El policía cogió a su vecino pero este se le escapó de entre las manos y corrió buscando saltar a otro techo. Mikelson no pudo, quedó atrapado entre el borde del tejado y el policía. “¡Tiralo, tira acá al haitiano!”, gritaron los policías de abajo, así que el uniformado lo tomó del cuello y del cinturón y lo lanzó. Mientras esto pasaba una mujer lo grababa todo y lloraba y exclamaba: “¡Baba, Baba, lo mataron!”.

Lo que no grabó es que entre el techo y el suelo había una maraña de cables eléctricos medio sueltos. Mikelson cayó sobre ella y ralentizó la caída. Luego el golpe contra el suelo. Quedó inconsciente. Los policías lo dejaron ahí y se fueron.

Sus vecinos lo recogieron, le lavaron el rostro y le inmovilizaron la espalda. Se comunicaron con un pastor de nombre Wilson que es parte de una gran red de haitianos en este país y él logró llevarlo a un hospital y salvarle la vida. La mujer del vídeo se lo pasó a un conocido, que se lo pasó a otro y este a otro hasta llegar ante los ojos de quien esto escribe. 

Mikelson nació en un pueblo cerca del río Artibonito, en el sur de Haití. Se vino sólo, sin su familia y sin conocer a nadie, a trabajar a este país hace un año. Otros compatriotas suyos le dijeron que en la zona de Punta Cana los dominicanos contratan haitianos sin importar el estatus migratorio. Mikelson se vino, pues, igual que otros miles de mikelsons, a trabajar en Dominicana mientras la policía los caza.

Mikelson camina doblado, tiene varias costillas rotas y un montón de lesiones menos graves pero igual de dolorosas. De aquí en adelante será todavía más difícil para él construir hoteles en esta parte sureña de la isla la Española, donde el último sistema de segregación racial de las antillas aprieta sus tuercas sobre una población pobre y desesperada. El policía que lo lanzó de un tejado le jodió la única herramienta con la que cuenta en su vida: su cuerpo. Las tuercas se siguen apretando. El ferrocarril sigue caminando. Haití continúa agonizando. Mikelson duerme cada noche con la ventana abierta.

FIN.

* Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

“¡La policía ha matado haitiano! ¡Corre!”

Dice el pastor Wilson por teléfono.

20 minutos después hago mi mejor esfuerzo para seguirle por las carreteras oscuras del Punta Cana profundo. El pastor maneja un pick up Nissan Frontier del 2005, o lo que queda de él. Parece que el carro renquea porque le han acomodado llantas más grandes de un lado, pero de todos modos lo pone a 120 kilómetros por hora. Son casi las 12 de la noche de un jueves y la ciudad está poseída por la fiesta como casi todas las noches. Cerca de los paraísos de playa festejan los turistas europeos, estadounidenses y algún que otro latinoamericano de dinero. En los colmados (tiendas) de los barrios festejan los dominicanos tomando cerveza fría y escuchando música a altísimos decibeles. Pero en el barrio de Matamosquitos, del sector de Fiusa, los haitianos se han convertido en una masa inconforme, colérica, porque la policía subió al cerro y mató.

Nos recibe una turba de hombres jóvenes que forman casi una pared humana topando uno de los callejones de Matamosquitos, la parte más austral y pobre del barrio. El pastor Wilson ha hecho para él y sus colaboradores gorras con un bordado dorado que dice “Derechos Humanos”. Lo que me habían contado de él en Santo Domingo se parece bastante a la realidad. Wilson es un hombre robusto, de hablar fuerte y de tono grave. Tiene 46 años. Nació en República Dominicana de padres haitianos que vinieron en los años 50 a trabajar la caña de azúcar. Es dueño de un pequeño negocio de pollo frito, y se dedica además a hacer investigaciones particulares como investigador privado y machaca con denuncias a fiscalía, policía y migración. Aunque no tiene ningún cargo oficial, los haitianos le reconocen como un líder.

Soy el único acá que no soy negro, y los haitianos se ponen agresivos al verme bajar del carro. Creen que soy dominicano. Pero el pastor les habla fuerte, en una mezcla de creole y español. “Journalista internacional, es el journalist internacional calme, calme”, les dice casi a modo de regaño. Me pego a él, lo más cerca que puedo, y avanzamos.

Un túnel humano se abre hasta dejarnos frente a Gems Joacin. No lleva ni dos horas de haber sido asesinado por agentes de la policía dominicana. Tiene al menos tres tiros en el pecho, posiblemente uno en el cuello y aún tiene los ojos abiertos. “Mire, acá están los hoyos de los tiros, si es que se los pegaron desde cerca”, dice Fifa, una líder comunitaria haitiana, quien con su vozarrón logra poner cierta calma sobre un mar agitado de hombres jóvenes. Fifa hace a un lado la sábana blanca que le ha puesto a Gems para salvaguardar la intimidad de su muerte, y casi mete el dedo por los agujeros para mostrarme que efectivamente por ahí pasó una bala.

Ella cuenta, y su relato es corroborado por al menos 150 personas que afirman con la cabeza y muestran vídeos, que la policía subió a capturar haitianos para deportarlos, que lo han hecho varias veces esta semana, y que eso generó una especie de pequeña revuelta en la cual Gems Joacin se llevó la peor parte. Me explican que hace pocos días han pagado en la mayoría de obras de construcción de Punta Cana, donde trabajan la mayoría de migrantes haitianos. Dicen que en estos días las indeseables visitas policiales son más frecuentes y más voraces. Aseguran que les piden dinero a cambio de no ser llevados y entregados a migración.

Esta noche, alrededor de las 23:00, al ver la patrulla policial, la gran mayoría corrió, otros se encerraron en sus chabolas de lata a esperar que la oscuridad y el silencio los escondiera, otros cogieron esas armas que usan los pobres cuando se encabronan: piedras. Gems Joacin no hizo ninguna de estas. Cuando la policía lo mató tenía las dos manos ocupadas. Venía de comprar diez pesos de hielo, dos jugos de sabor y tres panes para cenar en el colmado de la esquina a unos 60 metros del cuarto de lata que alquilaba para vivir solo. Cuando llegamos su última compra todavía está a centímetros del charco de sangre que salió de su boca, pero los panes y los jugos pronto desaparecen. No solo la policía azota al barrio, también la pobreza, también el hambre.

Fifa y los demás aún se refieren a él por su nombre, aún es él, no eso. Fifa, el pastor Wilson, los otros cuatro líderes que le acompañan, y la masa indescifrable de gente del barrio, creen que la policía subirá a llevarse el cuerpo. Dicen que es lo común, que ha pasado otras veces. El pastor Wilson, que aceleró su carro patojo porque tenía la esperanza de encontrar vivo a Gems Joacin, ahora se concentra en salvar sus restos, y con esto, dice, su identidad. “No vamos a dejar que lo boten en una vereda, como si fuera basura”, me dice con la cólera en la cara, con el gesto del guerrero. Aquel mar de hombres jóvenes insiste en que la policía quiere el cuerpo, me dicen en el mejor español que pueden conjurar que van a subir por Gems. Todavía le llaman por su nombre. Un grupo coge piedras y palas y se prepara. Van a defender a Gems. Están decididos a que no lo vuelvan cosa.

La voz de megáfono de Fifa logra controlar esta marea de testosterona iracunda. Parece una madre regañando a su hijos. En esta zona del país, donde es la construcción lo que más ocupa a la comunidad haitiana, hay muchos más hombres que mujeres; en su mayoría jóvenes. Obedecen a esa madre postiza pero esa sangre es sangre joven, y eso mezclado con la muerte y la indignación son tormentas que no amainan fácil. Un grupo comienza a soltar patadas a una puerta de lata y hay un conato de violencia caótica. No saben a quién pegar, así que se pegan entre ellos. Pero Fifa y su voz profunda de fierros viejos, nuevamente logra que el mar amaine. Entre ella y el pastor Wilson hacen un ejercicio de escuela primaria. “Si viene la policía, la medicina legal, vamos a estar tranquilos ¿verdad?”, y la multitud responde un “seee” que transmite más violencia que paz.

Un pick up pequeño y viejo se asoma por los callejones. Lo manejan dos haitianos jóvenes y musculosos. “Venimos a traer un cuerpo, nos manda la policía”, dicen. Aquello suena como dos groserías, dos malas palabras en el barrio Matamosquitos. Entonces empieza, es un sonido extraño, como el que hace un león justo antes de rugir. Sale del pecho, justo arriba del estómago de aquella gran criatura que forman los haitianos. Los dos hombres se congelan. Fifa y Pastor Wilson les dicen que se vayan, que se vayan rápido. Antes que el sonido se convierta en otra cosa y en el barrio haya dos cuerpos más. Los dos muchachos se van con su pick up, pero el barrio entero ahora confirma su temor: la policía quiere el cuerpo.

El pastor hace llamadas sin parar y en menos de una hora está acá una pequeña minivan con el logo de una funeraria. Dos hombres montan bruscamente a Gems, que ya se va poniendo rígido.

El pick up patojo del pastor y mi carro rentado escoltan el cuerpo de Gems a toda velocidad por calles de tierra y charcos con una premura que nada tienen que ver con la solemnidad de la muerte.

Al salir del barrio nos detiene un retén policial. Son dos patrullas con al menos siete agentes. El líder comunitario que viaja conmigo como copiloto se lleva las manos a la cabeza. “Es una emboscada, quieren el cuerpo”, dice. Nos piden bajar a todos de los vehículos. Sacan a Pastor Wilson de su carro cojo y me piden de malas formas a mi bajar también.

Me ven con temor, no se esperaban foráneos por acá. Hago un ejercicio de blof que bien puede salir mal. Digo lo más alto que puedo: “Buenas noches, prensa internacional. ¿Quién está a cargo de este operativo? Lo necesito acá ahora mismo”. El policía joven frente a mí balbucea, me dice que él no es el jefe, que el jefe no está ahí, que vaya al cuartel. Les dice algo a los demás y se suben a la patrulla. Ven el cuerpo, le toman fotos pero no se animan a llevárselo frente a mi cámara, que ya he encendido. Así que le ordenan al conductor de la minivan seguirlos hasta el cuartel.

El pastor ganó, todo lo que pueden ganar los que siempre pierden. Será más difícil que boten ahora el cuerpo. Ya está grabado y ya ustedes saben su nombre. Todo indica que gracias a la labor de los líderes haitianos, Gems Joacin, el obrero de la construcción que salió de algún lugar del Artibonit, en Haití, alrededor del año 2004, siendo muy joven, buscando una vida mejor, seguirá siendo él y no eso.

***

Solo en los últimos tres años Punta Cana, el territorio donde Pastor Wilson resiste a las autoridades, ha recibido a un aproximado de nueve millones de turistas. Este lugar ha materializado el concepto de “paraíso tropical” y es por mucho el lugar más lujoso de las Grandes Antillas. Originalmente conocida como playa de los borrachos o playa de los pescadores, fue fundada a finales de los años 60 por un grupo de empresarios estadounidenses que vieron el potencial abrumador de ese pedazo de edén. Desde entonces se han construido más de 70 mega resort de lujo, con campos de golf y playas privadas, y cientos de hoteles de menor envergadura. En total hay disponibles 44,000 habitaciones para acoger veraneantes.

Desde que un grupo de empresarios fundó Punta Cana en los 60, esta parte de Dominicana se ha convertido en uno de los paraísos caribeños por excelencia. En los últimos tres años ha recibido a nueve millones de visitantes.

El magnate dominicano Óscar de La Renta quedó embrujado por las aguas cristalinas y decidió construir acá una mansión privada y un hotel, el Tortuga Bay, que es considerado como el lugar más lujoso de toda la isla de La Española. Lo mismo hizo el romántico cantante español Julio Iglesias, quien también construyó una mansión frente a una de las calas de arena blanca y agua turquesa. Punta Cana atrae a las celebridades como la miel a las hormigas. Por acá han pasado Shakira, Marc Anthony, Rihanna, Jenifer López, Justin Bieber y un rosario de grandes empresarios de todo el mundo. Pero este paraíso no solo es para famosos y millonarios. Miles de norteamericanos y europeos llegan en los cruceros todos los días y las discotecas y bares hacen que cada día y cada momento parezca sábado por la noche.

Todo este crecimiento acelerado, todas esas construcciones, necesitan materializarse en columnas, techos y vigas, y esas cosas no se arman solas, el dinero aún no tiene ese poder sobre los elementos. Más de 111,000 haitianos  han llegado o han sido llevados por las grandes constructoras para volver esas ideas de grandeza algo tangible, según cálculos de investigadores locales. Los turistas también necesitan personas que reciben a los bañistas y les ofrecen una toalla limpia al salir del mar o la piscina, alguien que arregle sus cuartos y sirva sus langostas. La gran industria del turismo ocupa al menos a 54,000 haitianos, según un estudio del Instituto de Migración de República Dominicana.

Las mismas personas que son perseguidas por las políticas de Abinader son esenciales para varios sectores económicos del país. Por eso los comerciantes de varios mercados se han manifestado en contra de las grandes deportaciones, dicen estar vendiendo menos de la mitad de sus productos por la ausencia de compradores haitianos. Se quejan también en el sector agropecuario, sobre todo los bananeros y cañeros. Incluso el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, ha aceptado que las deportaciones afectan gravemente el sector de la construcción. Todos hacen girar sus quejas en lo mismo: las deportaciones hacen que los trabajadores escaseen y esto deprime los procesos productivos y de consumo interno. El tema de derechos humanos no pasa a un segundo plano, ni a un tercero ni a un cuarto. No está sobre la mesa.

Un día de octubre, al final de la tarde, cuando el sol parece sonrojarse sobre un mar azuloso, una pareja de norteamericanos se casa sobre la playa. La gente de su hotel se ha encargado de acomodar altar y mesas para unas fotos perfectas. El hombre, un afroamericano de casi dos metros, le pone el anillo a su esposa justo cuando la tarde pinta su última escena. Más adelante un grupo de modelos son fotografiadas mientras posan orgullosas, imposibles, con el gesto de las divas en el rostro. Es hora agradable y un grupo de familias francesas flotan en las aguas mansitas del Caribe. Atrás, en la arena, cuidando las cosas de los bañistas, acomodando las tumbonas, entregando toallas y sirviendo el champagne de la boda están los haitianos, siempre haitianos, siempre atrás, siempre viviendo en las los cerros, como Matamosquito, en donde ellos pueden hacer sus chabolas en pisos de tierra y techos de lata. Unas horas después de esta boda, la policía matará a Gems Joacin.

El cadáver de Gems Joacin, asesinado por la policía a tiros en el barrio de Matamosquitos, en Punta Cana.

***

Mi primer encuentro con Pastor Wilson se produjo tres días antes del asesinato, cuando estaba a 40 minutos de Punta Cana. El día anterior me había confirmado escuetamente por teléfono lo que Rony me había dicho: Mikelson estaba vivo, bajo su resguardo, y me guiaría hacia él. Pero el teléfono volvió a sonar por otro motivo. “Tienes que venir, acá tengo un caso terrible. Estoy en el hospital con un muchacho que… mejor ven, acá te muestro”

En el Hospital general Nuestra Señora de la Altagracia, al fondo de un pasillo, separado del resto de enfermos, se lamentaba Wikey, el hombre desollado.

Wikey fue arrastrado por una camioneta. Después de 17 días escondido en su casa, la red de apoyo haitiano logró para él una cama en un hospital.

En el área donde estaba Wikey no se permiten visitas, pero Pastor Wilson me coló como a una mercancía de contrabando con la complicidad de un seguridad haitano, que le guiñó un ojo al verlo acompañado de un hombre blanco. Wikey es un joven delgado con unas dreadlocks cortas. Tenía la mirada perdida y respondió a mi saludo muy despacio, muy suave, como si nos encontráramos en un sueño.

La vida parecía haberse ido ya de su cuerpo. Hablaba y miraba como desde el fondo de un pozo. Tenía casi la mitad del cuerpo desollado, sin la piel y la carne que suele rodear los huesos. De la rodilla derecha hacia abajo tenía ya un color negruzco, como chamuscado. “A él una jepeta (camioneta) lo arrolló, parece que adrede, en la madrugada, y lo arrastró por la calle un kilómetro completo. Se soltó en una curva porque ese hombre jamás paró”, me explicó en secreto Pastor Wilson. Me dijo que las vecinas de ese muchacho lo habían llevado al hospital municipal de Verón, Punta Cana, entre el 1 y el 3 de octubre, pero ahí lo mandaron para su casa.

En su casa de piso de barro y todo lo demás de lata, plásticos y madera había langudecido Wikey durante 17 días. Fueron justo los días donde los operativos policiales de migración estaban en su auge y sus vecinas huyeron del caserío. Se quedó solo con un poco de arroz y agua, tratando de no hacer ruido y con la puerta trancada, esperando no ser descubierto por migración, la policía o el ejército. Así había pasado poco más de dos semanas, con el cuerpo infectado, hambriento y moribundo hasta que lo encontró Pastor Wilson, lo movió en su pick up patojo y movió sus contactos para que lo recibieran en este otro hospital.

En el hospital Pastor Wilson se encargaba de decir a cualquier persona con la que se topaba que le acompañaba “un hombre de la prensa internacional”. Un enfermero llegó con una camilla y se llevaron a Wikey a hacerle rayos X. Luego lo pasaron a una sala más grande donde al parecer, por fin, lo atendería una médico.

Tres mujeres jóvenes conversaban relajadamente en esa sala sobre la medida de un mueble que una de ellas instalaría en su casa. Las mujeres no ocultaron su horror al ver al hombre desollado. La doctora se acercó a revisarlo y a hacerle preguntas que Pastor Wilson traducía con premura. Cuando le explicaron que tenía 17 días infectándose reaccionó muy molesta: “¿17 días que tú estás así? Muchacho pero viendo como tú estás y hasta ahora vienes al hospital. Dios mio…”. 

Pastor Wilson le explicó que no había podido salir por temor a ser capturado por migración. La doctora ignoró esto último, le dio un par de regaños más y se fue. Entonces vino una enfermera y le lanzó un paquete al pastor Wilson. “Tú eres el responsable de él, desnúdalo y ponle este gorro y esta bata que ahora va para curación”, le dijo. 

Pastor Wilson comenzó a quitarle poco a poco la ropa, que a estas alturas ya se fundía con la piel, Wikey apretaba los dientes, abría los ojos y manoteaba en una lucha agónica, como si, poseído por el dolor,  desconociera por momentos a su benefactor. Pero entonces el pastor le susurró al oído, le habló de un futuro distinto, le dijo cosas buenas en creole. Parecía tararear bajito una canción para él. Logró calmarlo y la ropa iba cediendo, se iba desprendiendo muy lento, el pastor iba centímetro a centímetro y aunque lo hacía con cuidado arrancar tela era quitar también parte de Wikey. Logró quitar una parte, tela y piel se habían aliado en una sola cosa y el pastor parecía estarlo descascarando, pero Wikey lo miraba tranquilo, lo escuchaba y parecía seguir el hilo de esa historia bonita que el pastor le cantaba. Parecía creerle. Supongo que es así cómo luce la bondad: en medio del horror, una persona cantando bajito y prometiendo cosas buenas, mientras cambia la ropa de un hombre desollado.

***

Después de la noche en que la policía mató a Gems Joacin, el pastor me lleva cerca del Barrio Fuisa. Le he dicho que me gustaría conocer a Mikelson, el pastor Wilson me dice que me llevara con él.

Llegamos a un cerro donde esta semana los haitianos, hartos de las vejaciones de los uniformados, lanzaron una tormenta de piedras sobre las patrullas. Tuvo que llegar el Ejército a sacar a esos policías de ahí. En las cuarterías, lugares donde los haitianos alquilan pequeños cuartos temporales para vivir, se respira un aire de alerta. La cacería de las autoridades ha sido tan abrumadora que los haitianos dejan sus ventanas abiertas para escapar por los tejados en caso de redada.

Damos varias vueltas por el barrio, Pastor Wilson va saludando a todo el mundo. Nos detenemos en una cuartería de dos pisos y toca una puerta de lata. Un hombre joven sale a medio vestir de ese pequeño horno. Lleva la cara llena de residuos de pintura. El pastor le pregunta por algo, el hombre señala otra chabola de lata, el pastor lo regaña. El hombre va con prisa, abre una puerta con un candado y sale con una bebé en brazos. No soy bueno con la edad de los niños y las niñas pero esta no llega al año. Su madre fue raptada la segunda semana de octubre en las calles de Verón, Punta Cana. Fue metida en una de esas cosas infernales con ruedas y rejas donde apiñan a los haitianos, y llevada a una de las cárceles que funcionan como paso previo a la deportación. Dejó a la bebé en su chabola, suplicó a los agentes que las deportaran juntas, pero no logró nada. Pastor Wilson se enteró y fue a por la niña, que tuvo en su casa, donde vive con su mujer y sus hijos, por varias noches, luego la entregó a los vecinos de la mujer.

—¿Cuántos bebés ha tenido que recoger en casa en lo que va del año? — le pregunto al pastor. 

—Mmm varios, Juan, varios — me responde con una sonrisa tristona.

—¿Serán unos cuatro? —le pregunto después de hacer un cálculo para mí ya horroroso. Pero el pastor salta como un resorte.

—¿Como cuatro, tú estás loco?—.

Pastor Wilson dice haber tenido que resguardar al menos unos 25 niños menores de 10 años en los diez meses que van de año.

 
Un joven cuida a una bebé que quedó sola después de que las autoridades dominicanas arrestaran a su mamá.

El muchacho de la cara manchada de pintura no sabe cómo se llama la bebé ni cuántos meses tiene, no sabe cómo se llama la madre ni si regresará. El pastor lo tranquiliza, le dice que ha conseguido que liberen a la madre y espera que en la tarde estén juntas de nuevo. Mientras, el ferrocarril subterráneo, esa red semi clandestina de líderes y organizaciones haitianas que resiste al apartheid, cuidará de ella.

Vamos luego a otro barrio y luego a otro en busca de Mikelson. Los casos parecen infinitos y los líderes no quieren perder la oportunidad de que un “journalist” documente las tragedias en sus lugares. El de la mujer que fue sacada del hospital el mismo día que le hicieron una cesárea y tuvo que esconderse de la migración en su chabola junto a su bebé por una semana con talco para pies como única medicina. El del hombre que se tuvo que esconder en un hueco lleno de botellas de vidrio y su cuerpo quedó como mordido por mil pirañas.

Llegamos al fin a un edificio que funciona como cuartería y ahí sale un hombre con ambas piernas enyesadas. Fue el resultado de ser lanzado desde muy alto por un policía de migración.

—Bonjour, Mikelson, je vous cherchais. C’est un plaisir —le digo mi frase ensayada con la peor pronunciación con la que se ha hablado alguna vez el francés desde que se inventó.

Me saluda muy amable, pero su nombre no es Mikelson, mi hombre del tejado. Su tragedia, que le tendrá sin trabajar al menos seis meses, no fue grabada por nadie.

En este momento llego a creer que ese ferrocarril subterráneo, esa gran red de líderes haitianos quizá sí sabe quién es y dónde está Mikelson, pero para ella lo importante es mostrarme el horror del apartheid. O quizá no, quizá es solo que hay demasiados Mikelson en República Dominicana.

***

Gems Joacin descansa donde deben descansar los que mueren. Está metido en una caja muy sencilla de madera y sin vitral que el pastor consiguió comprar con ayudas de sus feligreses y con dinero de su propia bolsa. La policía tuvo que devolver el cuerpo y habrá una investigación sobre el caso. La gran mayoría de estas pesquisas no llegan a nada, pero al menos habrá registro y sobre todo no fue botado en una zanja en medio de basura de caña.

La última semana de octubre el pastor Wilson, su equipo de líderes y algunas personas del barrio se despiden de Gems Joacin cantando. Es una canción triste, como lejana. La cantan lento, alargando las vocales y con un ritmo que recuerda a los cantos rituales de algunas sociedades africanas.

“Ven a él, ven a él. Veeeeen a éeeeel. Que te espera tu graaaan salvador, ven a él…”

La melodía me recuerda a otra canción, la que canta el viento sobre los campos infinitos de caña verde. Evoca a otro tiempo, me recuerda las cosas buenas que aún se albergan en el alma humana.

El pastor me dice que me prepare, que mañana sí va a llevarme a ver a Mikelson. Ya no se si ese hombre solo quedará registrado en la posteridad como la persona que un cronista no encontró. Sin quererlo ya me mostró mucho. Ya a estas alturas soy como una veleta. Estos hombres y mujeres me llevan por este paraíso caribeño que para ellos es un infierno diario. Yo solo me dejo llevar.  

Continuará…

* Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

En el vídeo un policía persigue a dos hombres negros que huyen sobre un tejado rojo. Quiere acorralarlos, pero uno de ellos lo sobrepasa con una finta y corre. El otro, una figura delgada que viste un chaleco reflectante como los que usan los trabajadores de la construcción, queda atrapado. El agente lo captura y lo agarra de la ropa. El hombre intenta liberarse, pero el policía lo lleva hasta el borde del tejado. Y lo lanza. “¡Baba, Baba (Dios mío, Dios mío), lo mataron!”, exclama en creole, el idioma haitiano, la mujer que graba el vídeo desde un celular. El hombre del chaleco reflectante desaparece del plano. La mujer queda sollozando.  

El vídeo lo recibo el 4 de octubre por la tarde, dos días antes de aterrizar en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. La fuente que me lo manda no sabe nada de sus tres protagonistas, ni de la mujer que se lamenta. Tampoco sabe en qué lugar se grabó. Las casas bajas de techo de lámina se parecen a las de cualquiera de los barrios donde, según han documentado ongs de derechos humanos, las autoridades dominicanas detienen a cientos de jóvenes, niños y mujeres con y sin sus bebés para encerrarlos en jaulas rodantes antes de ser deportados a Haití.

De lo que está convencido mi contacto es que la escena ocurrió entre los últimos días de septiembre y los primeros de octubre de 2024. El gobierno de Luis Abinader ha prometido sacar del país a 10,000 haitianos por semana y la Policía de Migración, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, y parte de la población dominicana, incluso armándose, trabajan en conjunto para cumplir esa promesa y “defenderse” de lo que la narrativa oficial ha llamado una “invasión”. Durante el mes que estaré reporteando, el gobierno deportará a casi 28,000 haitianos. Mi contacto también cree que el hombre del chaleco ha muerto. Sería lo normal luego de una caída de ese tipo. 

Para mí este vídeo representa el espíritu de esta lógica violenta que parece haber poseído a la República Dominicana contra sus vecinos: dos hombres negros huyendo sobre un tejado, un uniformado persiguiéndolos, un hombre lanzado como una bolsa se desechos, una mujer que llora. 

Vídeos similares donde policías ejercen la brutalidad contra personas negras despertaron la indignación y movilización colectiva en países como Estados Unidos. El movimiento Black Lives Matter, que derivó en las mayores protestas cívicas en Estados Unidos desde hacía sesenta años, nació después de que en mayo de 2020 un vídeo mostrara cómo la policía asesinaba a George Floyd mientras exclamaba “I can´t breathe (no puedo respirar)”. La mayor revuelta cívica de California en siglo XX estalló luego de que un jurado compuesto en su mayoría por blancos absolviera a policías blancos por la golpiza colectiva del afroamericano Rodney King en Los Ángeles, aunque quedaron inmortalizados en un vídeo que una vecina grabó mientras exclamaba cosas parecidas a las que escucho en el vídeo que ahora tengo en mi poder. 

Es por eso que al llegar a Santo Domingo me acompaña lo que se irá volviendo una obsesión: encontrar al hombre del vídeo, o su tumba, o a alguien que lo extrañe; poder, además, responder qué fuerzas operan para que no haya juicios, ni investigaciones, ni protestas, ni fuego. 

Tengo una cita en MOSCTHA, una ONG de apoyo a la población haitiana, pero al llegar a las instalaciones un grupo de ultranacionalistas de ropas oscuras que se hacen llamar Código Patria ha bloqueado la entrada. No permite a nadie entrar o salir. Son unas 50 personas con banderas de República Dominicana y retratos de Juan Pablo Duarte, el prócer que lideró la guerra de independencia con respecto a Haití en 1844. Han puesto un parlante frente a la entrada de la institución y gritan consignas anti haitianas. “¡No queremos haitianos aquí, que se vayan para Haití!”. 

La institución funciona como clínica para los migrantes haitianos con papeles y sin ellos, tiene una cabina de radio donde transmite en creole para informar a la comunidad haitiana en el país y un programa especial para atender a gente con VIH. “¡Si no se van los sacamos, República Dominicana para los dominicanos!”, chilla Wendy Santiago, la líder fundadora de Código Patria. Pasadas unas dos horas paran las consignas y los insultos, guardan sus parlantes y sus banderas y se van. La clínica vuelve a abrir y los pacientes aparecen de nuevo, como si esta mañana del 7 de octubre de 2024 hubiesen estado escondidos en las cercanías. 

En la parte alta de la clínica me recibe Joseph Cherubin, el director de la institución. Estoy acá porque va a darme acceso a una red de líderes haitianos en República Dominicana. Se trata de líderes locales, representantes sindicales, pastores evangélicos y ungans, mambos y bokos, como se les conoce a los sacerdotes y sacerdotisas de la religión vudú, que han establecido un sistema, muy rudimentario y cuasi clandestino, de apoyo a la comunidad migrante. Es esta red la que organiza colectas para sufragar los gastos médicos de los haitianos enfermos o heridos, la que brinda cobijo y protección cuando las redadas migratorias arrecian, y la que documenta las constantes vejaciones de las autoridades y grupos ultranacionalistas. Es esta red de pocos recursos y escasas conexiones internacionales la barrera que separa a muchos migrantes haitianos de la muerte y otros horrores. 

Redes de este tipo han acompañado a la comunidad afroamericana casi desde la época de los grandes raptos de personas en África y los años de las colonias y el esclavismo. En el siglo XIX Harriet Tubman, una mujer negra esclavizada en el sur de los Estados Unidos conocida como “Moisés”, lideró una red clandestina que luchaba por la abolición de la esclavitud y apoyaba la huida de esclavos desde el Sur hacía los estados abolicionistas del Norte. A esta red clandestina se le conoció como “El ferrocarril subterráneo” y se calcula que al menos 100,000 esclavos la utilizaron para liberarse. En 2017 el escritor Colson Whitehead ganó el Pulitzer con su novela El ferrocarril subterráneo, basada en ese episodio histórico, y en 2023 el director Barry Jenkings la adaptó en una serie para HBO. En República Dominicana, un ferrocarril parecido, creado por hombres y mujeres negros, opera hoy. Éste, como aquél, debe hacerlo en las sombras si quiere sobrevivir. Éste, a diferencia de aquél, no camina para que las personas dejen de ser propiedad y logren su libertad, más bien intenta que las personas sean tratadas como personas y se queden donde están. 

El director Cherubin me lleva a su oficina y me explica que hay redadas para cazar haitianos por las mañanas y por las tardes. Me dice que los policías parecen tener cuotas de capturas diarias y que si no las cumplen entran por las noches a los barrios a raptar. Para mostrármelo saca su teléfono y abre sus carpetas con la recopilación de vídeos y fotografías que líderes haitianos en todo el país le han enviado en el último mes. El archivo parece interminable. Es como un gran menú de los horrores. 

Me muestra decenas de vídeos donde personas negras corren de sus perseguidores uniformados, muchas veces también negros, como el de una mujer que grita que su bebé recién nacido morirá de hambre si ella no vuelve mientras la insultan y la arrastran hacia uno de los camiones jaula que el gobierno ha destinado para la deportación. O la mujer que aprieta al bebé contra la reja de uno de sus camiones para que no caiga a la calle mientras el camión está en movimiento. O el de tres hombres uniformados que le dan a un hombre negro un garrotazo en la cabeza. “¡Parate, coño, haitiano del diablo!”, le dicen mientras el hombre convulsiona en el suelo, desangrándose.  

Me muestra vídeos que han sido grabados por personas detenidas y bajo custodia del gobierno dominicano: haitianos desmayados, hacinados como ganado en grandes naves sin ventilación; gente que grita en creole que llevan ocho días sin poder hablar con su familia ni tener derecho a abogados; personas defecando en una bolsa dentro de las jaulas rodantes luego de 12 horas de encierro bajo el sol. 

Muchos de esos haitianos están en un enorme centro de detención ubicado en la localidad de Haina, en el mismo lugar que durante décadas sirvió como destino para los veraneantes dominicanos, y que, aunque suena como una mala broma, conserva su antiguo nombre: Centro Vacacional de Haina.

Entre estos vídeos no está el del hombre que el policía tiró de un tejado. Le pregunto a Cherubin por él y le digo que quiero encontrarlo. Me dice que la red se pondrá en marcha y que lo encontrará para mí. A él o a su tumba. 

El “ferrocarril subterráneo” de los haitianos asigna a Moisés, un hombre de unos 40 años, como mi guía. Es calvo, de cuerpo macizo y sonrisa perfecta. Es un zorro viejo del Caribe que sabe cómo moverse en los barrios de haitianos en medio de la cacería de la policía. 

Dos días después de mi visita a la ONG, Moisés me llama por teléfono: “Está vivo”. 

***

La encargada de la puerta del hospital de traumatología de Santo Domingo solo me deja entrar a mí, a Moisés lo espanta, como a un niño, o más bien como a una mosca. En el tercer piso, en la habitación 204, sobre una camilla, vendado de medio cuerpo y pálido, de un pálido grisáceo, está Keken, un haitiano de 22 años. Su hermano lo acompaña, pero ninguno habla español. Deben recurrir al ferrocarril para contarme su historia. Llaman a uno de los líderes, un pastor evangélico, y él traduce desde el teléfono para mí. 

Keken, un haitiano de 22 años, en un hospital de República Dominicana. Tiene medio cuerpo vendado después de caerse de un tejado cuando un policía lo perseguía.

En la mañana del 1 de octubre de 2024 Keken se dirigía a su trabajo, en una fábrica de bloques de cemento, cuando la policía lo persiguió en una de las nuevas redadas migratorias. Él subió a un tercer piso pero la policía corrió tras él, acorralándolo. Keken cayó hasta el suelo y ahí quedó inconsciente, con la cadera y varias costillas rotas más un rosario de quebraduras y magullones. Los policías lo vieron inconsciente y se fueron mientras él sangraba en el polvo de la calle.

El ferrocarril subterráneo de los haitianos lo ha cuidado desde entonces y ha conseguido un cupo en el hospital. Pero para poder operarlo les piden varias bolsas de sangre y unos medicamentos con un valor de unos 300 dólares que la red aún no ha podido conseguir.  

Un grupo de médicos entra a la sala donde están también otros hombres muy lastimados. El doctor encargado va acompañado de un grupo de médicos y doctoras jóvenes. Le preguntan cosas a Keken, pero este solo levanta los ojos hacia su hermano que a su vez me lanza una mirada a mí. 

Le digo al doctor que soy periodista, que estoy escribiendo algo sobre este caso y otros. “Acá atendemos a todo tipo de personas, no importa si son haitianos. Tenemos que atenderlos igual”, me dice en automático. Le explico que no hablan español pero que pueden utilizar al mismo pastor como intérprete, pero no quiere. Le pregunto cómo se comunican con los haitianos que no hablan nada de español. “Tenemos un colega que habla creole, pero acá intérprete no hay, a veces algo entienden o hay alguien acá que pueda traducir”, me dice. En el caso de que no haya nadie, como el de Keken, pues nada, se dan la vuelta y se van sin informarle al paciente sobre su condición. Le pregunto si hay muchos extranjeros en condiciones similares. “Sí, hay varios chinos, pero ellos son más responsables que los haitianos”, me dice y sigue su camino. 

Keken llegó hasta República Dominicana hace apenas un año, nació cerca de Cabo Haitiano y vino a buscar trabajo y huyendo del caos violento de las bandas y la hambruna. No es seguro que vuelva a caminar. En caso que lo logre, es seguro que no lo hará como antes. 

Keken no es el hombre sobre el tejado que busco, es otro hombre sobre otro tejado. 

***

Seguiremos buscando”, me prometió Moisés el día que visitamos a Keken en el hospital. Llevo una semana en Santo Domingo cuando me llama de nuevo. “Una líder lo ha encontrado en Villa Mela”, me dice haciendo referencia a un barrio con gran concentración de haitianos. Me cuenta que la red ha hecho correr la información de que hay un periodista escribiendo sobre casos de abusos contra los haitianos y decenas de líderes, pastores, bokos, y activistas de todo el país están escribiendo, enviando vídeos, fotos y declaraciones. Un pastor evangélico haitiano ha escrito al ferrocarril subterráneo y dice saber dónde encontrar al hombre del tejado. Dice que una líder llamada Vania parece tener el caso en su territorio. 

Viajamos juntos con este pastor de quien lo más prudente será no decir su nombre ni dar mayores señas, hasta un barrio populoso a una hora de Santo Domingo. 

Vania me recibe en su oficina. Es una mujer rolliza y cabello hasta la barbilla. Tiene una cara amable y una sonrisa que contagia. Como Cherubin, dirige una ONG de apoyo a la comunidad haitiana migrante. La suya se llama Movimiento Socio Cultural para el Desarrollo de las Comunidades. Ella me habla de la crisis en su sector, de miles de haitianos desplazados, de niños que se quedan solos cuando se llevan a sus madres. Como Cherubín tiene su propio archivo de vídeos aterradores. 

Vania dice que la ofensiva contra la comunidad haitiana se hace más grave con el tiempo, dice que parece ser cíclico. La historia parece darle la razón. 

En los años treinta, el dictador Leónidas Trujillo prohibió muchas expresiones haitianas en este país y organizó uno de los genocidios más brutales de América Latina en 1937 con el asesinato de entre 5 y 15 mil  hatianos en la franja fronteriza de Dajabón. El tirano fue asesinado en 1971 pero dejó sembrada la semilla del etnocidio que ahora vuelve a florecer. 

En 2013 una reforma constitucional estipula que todos los hijos y descendientes de haitianos “ilegales”, a pesar de haber nacido en República Dominicana y de tener acta de nacimiento y cédula, dejan automáticamente de ser dominicanos, con la pérdida de derechos que eso incluye. Según las organizaciones haitianas —la falta de estadísticas oficiales no permiten una cifra más precisa— en un país de poco más de 11 millones de habitantes ahora mismo viven entre 500,000 y más de un millón de haitianos. Más de 200,000 personas están condenadas a ser apátridas, no son dominicanas pero tampoco son haitianas puesto que no nacieron ahí. Están condenadas a flotar en la incertidumbre de estar ilegales allá donde estén. 

La Comunidad de Haitianos Organizados, un conjunto de instituciones pro migrantes, ha documentado en 2024 cientos de casos de niños deportados, de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia enjauladas en condiciones lamentables y deportadas con y sin sus bebés, personas encarceladas en jaulas rodantes, sin las condiciones mínimas que apuntan los tratados internacionales. En los últimos cinco años este conjunto de ONGs ha envíado un informe anual donde se consignan estas vejaciones a la Procuraduría General de la República sin que haya derivado en ningún tipo de investigación. 

El discurso de odio, además, ha calado en la sociedad. Decenas de grupos anti haitianos amenazan, raptan y agreden a líderes y organizaciones haitianas con total impunidad. 

No son casos aislados. No son policías descarriados. No son grupos de lunáticos que odian a sus vecinos. Desde 2021, cuando el éxodo haitiano comenzó a aumentar mientras su país colapsaba, República Dominicana ha deportado a 400,000 haitianos, según la Organización Internacional para las Migraciones. Lo que ocurre en esta isla del Caribe es un sistema de segregación racial. Es un apartheid. 

Si se cumpliera la promesa de Abinader, en un año serían deportados tantos haitianos como habitantes tiene Asunción, la capital de Paraguay, o más de ocho veces los de Springfield, Ohio, donde según el bulo lanzado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, los haitianos comen mascotas. 

Vania me muestra una de las acciones más eficientes para la protección de los migrantes. Es un vídeo que el tramo de la red a la que ella pertenece han elaborado para la comunidad haitiana. En él una mujer joven explica qué deben hacer cuando los persiga la policía, les dice que estén calmados, que traten de no caminar solos, les enseña algunas palabras en español y recalca que no deben pelear ni correr. 

Cuando le pregunto por el muchacho del tejado, Vania dice que está vivo apenas y que agoniza en uno de los barrios de Villa Mela. 

***

La tarde siguiente Moisés me guía hasta Villa Mela. Los obreros haitianos van saliendo de las construcciones y llenan en masa los barrios marginales. Una patrulla de la policía nos sigue los pasos desde que llegamos a la zona. “Tú calmado, no van a hacer nada a periodista. Nos quieren quitar los cuartos (dinero), pero no van a hacer nada”, me dice Moisés en un español maluco y con una calma inquietante. Antes que subamos la cuesta de entrada al barrio, la patrulla se nos atraviesa por delante. Dos hombres uniformados rodean el carro con actitud de vaqueros, con las manos en las armas.

Un agente de la policía nacional que se identifica como Oficial Reyes toma mis papeles y anota mis datos en una libreta. Ni siquiera pide los documentos del vehículo. “Haitiano, ¿tienes tus papeles, estás en regla?”, le espeta el policía a Moisés, que se los entrega en silencio, sin quitarle una mirada desafiante de los ojos.  

Revuelven mis cosas y destrozan una caja de barras de granola que, en un intento por ser más saludable, guardaba en el asiento de atrás de mi camioneta. Nos preguntan a dónde vamos. No respondo. Se van, pero nos siguen por varias cuadras hasta que hacemos algunos regates y nos internamos en el cerro. Subimos hacia el barrio por calles de barro, sorteando los enormes charcos que la lluvia de anoche dejó a su paso. La mayoría son casas pequeñas de techos de lata y pequeños cubos de madera parecidos a barracones. 

Luego de un buen tramo llegamos a una casa pequeña. Adentro, boca abajo en un pequeño catre de madera, está Daniel gimiendo de dolor. Su sonido es un pugido suave y largo como el de alguien que se ha golpeado el estómago. Hablar le duele, parece que gemir también. En la espalda tiene unos seis orificios de bala en la parte izquierda de la espalda baja.

Hace unos días, dos policías le quisieron detener mientras iba a su trabajo en una construcción. Daniel no se detuvo y trató de escapar. Entonces uno de los uniformados le disparó por la espalda. El tiro fue a corta distancia, los plomos de la escopeta aún no se habían expandido mucho, apenas pocos centímetros. Los tiros no atravesaron a Daniel. Lo tumbaron. Según me cuenta su familia, los policías lo obligaron a caminar de rodillas un tramo y quisieron llevárselo. Pero cuando vieron que sangraba mucho y que el barrio comenzaba a ponerse bravo y grupos de hombres jóvenes se juntaban por las esquinas indignados, lo dejaron sobre el polvo. 

Antes de irme, Moisés me dice que él se llevará mi carro, insiste en que los policías que nos detuvieron son los mismos que dispararon a Daniel y cree que podrían detenernos o jodernos de alguna forma. La gran red del ferrocarril haitiano necesita sacar estas historias del barrio y no se arriesgan a que mis fotos, grabaciones y vídeos terminen en manos de la policía. Me montan en una moto y me sacan por otros callejones. 

***

Después de mis fracasos, creo que no encontraré a ese hombre del tejado o sus restos, que ese caso quedará en el olvido, que su vida, o su muerte, solo pasará a la posteridad como un vídeo anónimo donde un policía anónimo lanza al vacío a un hombre sin nombre que había venido desde un país moribundo a trabajar y que ese día vestía un chaleco amarillo reflectante y un pantalón azul. Pero el ferrocarril subterráneo se manifiesta de nuevo. 

Rony, uno de los líderes más activos de toda la red y cuyo nombre por supuesto no es Rony, me dice que los líderes le han enviado el mismo vídeo que tengo yo. Me dice que el muchacho está vivo y que está bajo la protección de Pastor Wilson, a quien nombra como si yo debiera saber quién es ese hombre. 

Luego de un silencio dramático me cuenta que es un dirigente haitiano que opera en el otro extremo del país, en la joya turística de República Dominicana, Punta Cana. Ese pastor está siendo perseguido por las autoridades dominicanas por sus constantes denuncias y por llevar un registro en extremo detallado de los abusos, asesinatos y maltratos por parte de autoridades a la población haitiana. Ha sido amenazado varias veces y esto le vuelve arisco. Es muy difícil hablar con él por teléfono. Otros líderes haitianos que me cuentan sobre él lo describen como un hombre rudo, que además de ser líder comunitario y pastor es detective privado. Dicen que se guarda muy bien las espaldas. 

Si quiero encontrar al hombre del tejado, asegura Rony, deberé ir hasta Punta Cana, a 200 kilómetros de Santo Domingo, y hablar con el pastor Wilson en persona. 

Luego de caminar a ciegas buscando a un fantasma, la información que llega por el ferrocarril subterráneo rompe con el anonimato del hombre del tejado: Mikelson, el hombre del tejado se llama Mikelson. 

Continuará…

* Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

El 23 de noviembre de 2024, la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado acusando a una publicación de Contracorriente de ser contenido «tendencioso que busca confundir a la población», después de que este medio publicara una nota en la que reveló cómo esta institución contrató de forma directa a una empresa mencionada en el caso Narcopolítica por vender paquetes de vuelo al cartel de Los Cachiros. La resolución judicial de este caso indica que el grupo del crimen organizado era cliente preferencial de la empresa.

Texto: Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen

Según el requerimiento fiscal del caso «Narcopolítica», Devis Leonel Rivera Maradiaga y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, jefes del cartel de Los Cachiros, arrendaron helicópteros por medio de paquetes de vuelo entre marzo de 2010 y septiembre de 2012, los cuales fueron utilizados por Miguel Pastor —político nacionalista y titular de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) entre 2010 y 2014—, Walter Maldonado —director de Carreteras en ese mismo periodo— y Fabio Lobo, hijo del entonces presidente Porfirio Lobo, quien en 2016 se declaró culpable en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. Los funcionarios fueron acusados por los delitos de lavado de activos, fraude, falsificación de documentos, soborno y cohecho.

La resolución del caso de la corte de apelaciones a la que Contracorriente tuvo acceso a través del Centro de Documentación del Centro de Estudio para la Democracia cita que la extracción de información de correos electrónicos entre Liana Bueso —en ese entonces funcionaria de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi)— y la empresa Divesa, indicaba que los vuelos habían sido dados a un precio especial «a la familia Rivera» (Los Cachiros) «por ser clientes especiales», y que estos vuelos fueron pagados por «clientes especiales de Divesa».

La Secretaría de Seguridad en Honduras justificó mediante un comunicado emitido el 23 de noviembre, tras la publicación de Contracorriente, que la empresa Divesa, contratada de forma directa en el marco del estado de excepción, opera como único distribuidor autorizado de equipos Bell en el país para poder ofrecer los servicios para el proceso de adquisición de repuestos e insumos, reparación y capacitación para el mantenimiento de los helicópteros policiales de esa marca.

Sin embargo, la misma nota publicada por este medio explica que Divesa se ha sometido a otros procesos de contratación y ha perdido ante otras empresas.

Por ejemplo, en noviembre de 2022, la empresa formó un consorcio con la empresa HJJ, justamente con el objetivo de participar en un proceso de contratación directa con la Fuerza Aérea Hondureña para el suministro de repuestos para helicópteros Bell. El documento de constitución del consorcio también destaca que Divesa se identifica como representante de la marca Bell en Honduras. Sin embargo, según información divulgada por la Secretaría de Defensa, el contrato finalmente no fue adjudicado al consorcio de la familia Nufio Fléfil, sino a la empresa S&S Aviation Services Inc, que según la resolución presentó la oferta económica más ventajosa y cumplió con todos los requisitos establecidos.

El comunicado de la Secretaría de Seguridad apunta que «la contratación actual con Divesa está fundamentada en la experiencia técnica de la empresa, garantizando la operatividad de las aeronaves (…) que desempeñan un rol crucial en operaciones de seguridad incluyendo extradiciones, rescates medicos y la erradicación de cultivos ilícitos, entre otros». 

Divesa también firmó contratos con el Estado durante la administración de Juan Orlando Hernández. Según el Portal de Contrataciones Abiertas de Honduras, entre 2014 y 2021 la empresa participó en 19 procesos de contratación, recibiendo alrededor de 1.8 millones de lempiras. En contraste, durante la administración de Xiomara Castro, Divesa ha recibido pagos que superan los 14.1 millones de lempiras en un periodo mucho más corto, lo que representa al menos 12.3 millones más que lo adjudicado durante los siete años de la administración anterior.

En 2019, esta compañía fue clave en una acusación del Ministerio Público contra 12 personas acusadas de integrar una red que lavó dinero del narcotráfico internacional mediante contratos de obras públicas. 

Por su parte, Divesa envió a través de su apoderado legal un documento a este medio solicitando que se «rectifique y amplíe la información publicada (…) o retire la nota». Contracorriente contestó solicitando una nueva entrevista, ya que la previa a la publicación de la nota no fue contestada, pero la empresa no respondió a la solicitud.

La justificación para la compra adjudicada a Divesa fue el estado de excepción, en cuyo marco en octubre de 2023 se emitió el acuerdo ejecutivo 245-2023, con el que se autorizó una serie de compras directas a la Secretaría de Seguridad que encabeza el general de policía Gustavo Sánchez. En el marco de ese acuerdo también se firmaron contratos directos por un total estimado de 228.3 millones de lempiras por la compra de cuatro drones, dos «grip» (de los que no hay más información), y diez vehículos tácticos Black Mamba Sandcat.

Las compras o contrataciones directas están estipuladas para procesos de emergencia y, según las regulaciones de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae), el objetivo es agilizar las compras en estas situaciones.

El Consejo Nacional Anticorrupción ha denunciado en múltiples ocasiones que las compras directas se han convertido en mecanismos de corrupción; por ejemplo, en agosto de 2024 la directora Gabriela Castellanos apuntó que «en la mayoría de las compras directas, estas se usan como mecanismos para favorecer a proveedores allegados a las autoridades, sin pasar por un proceso de calidad».

Los pilares que una vez definieron a Costa Rica como la “Suiza centroamericana” y la democracia más estable de Latinoamérica se desmoronan frente a nuestros ojos. La desigualdad profunda, los homicidios en niveles históricos y un sistema educativo en crisis están en la base de ese deterioro democrático. Un presidente de corte autoritario no tarda en sacarle provecho.  

Por María Fernanda Cruz

Costa Rica, considerada una democracia modelo dentro de la región, ahora quiere copiar el patrón autoritario de sus vecinos. La otrora “Suiza centroamericana” tiene en Rodrigo Chaves un presidente que detesta los controles del Estado y quiere gobernar por voto popular, brincándose la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos. Por eso desde que asumió la presidencia en 2022 ha ido tejiendo poco a poco una narrativa divisoria y revanchista que resuena en muchos sectores de la sociedad. La visita de Nayib Bukele a principios de noviembre lo dejó más que en evidencia: el modelo que Chaves admira y aspira a seguir es el de un presidente con poder absoluto. 

Bukele llegó en un momento justo para darle un empujón a la imagen de Chaves como líder autoritario, así oficialmente le quede un año y pocos meses en el poder. Después de su visita, Chaves repuntó en las encuestas de un 54 a un 63 % en las valoraciones positivas de la población, ayudado también por la gestión en la atención de la tormenta Sara. Es un apoyo que el Centro de Investigación Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP), que elabora las encuestas, considera “personalísimo”. Es decir, la gente todavía está preocupada por la tasa homicidios en el país, que en el 2023 alcanzó un máximo histórico  y la crisis en educación que su gobierno no ha logrado corregir, pero aún así lo aprueban a él como líder. Con la última encuesta, también creció la confianza en que el gobierno resolverá estos problemas. 

Chaves repite la receta heredada de personajes como Trump, Bolsonaro y Bukele. Se presenta como un político “antisistema”, habla en “pachuco” o jerga de pueblo y logra capturar a quienes no se sienten representados por ningún partido político. Si bien ha sabido aprovechar la baja confianza en los partidos y las fracturas de la antigua Suiza centroamericana, está lejos de ser el responsable de ellas. Su éxito, adornado de fracasos, es la consecuencia más evidente de un país en el que el desarrollo económico de las últimas dos décadas, potenciado por el turismo y las zonas francas, se quedó corto para satisfacer las necesidades de un país con una de las desigualdades más altas del mundo y que no ha logrado reducir sus niveles de pobreza en los últimos diez años. 

Hace un par de semanas regresé a mi pueblo, en la Provincia de Alajuela, a hora y media de la capital, para reencontrarme con mis amistades del colegio. Les pregunté si sienten que viven mejor ahora que cuando éramos más jóvenes, hace dos décadas. “Depende de dónde lo miremos”, me dicen. Aunque logramos superar o al menos igualar el estilo de vida de clase media que tuvieron nuestros padres y madres a nuestra edad, nos preocupa la inseguridad, atizada por la desigualdad, y la creciente crisis del sistema educativo. Vivimos con más recursos, sí, pero con menos tranquilidad y mucha ansiedad por el futuro. 

Mientras nuestra generación gozó de educación pública de calidad, varios de ellos y ellas ya sacrifican lo que sea necesario para enviar a sus hijos e hijas al sistema privado. No sienten que en el público vayan a recibir buena educación. Su preocupación está validada por informes como el Estado de la Educación, que el año pasado alertó de un “momento de extrema gravedad y vulnerabilidad” del sistema educativo. 

El informe también concluyó que, lejos de mejorar, la crisis se ha afianzado en los últimos dos años del gobierno de Chaves. El profesorado gana menos y no hay inversión suficiente en infraestructura ni en el desarrollo profesional de docentes. Paradójicamente, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, en vez de luchar por una mayor inversión, ha criticado que se destine el 8 % del PIB a ello por mandato constitucional. 

No hay duda de que el retroceso en la educación y el rezago en programas sociales amenazan nuestra democracia a futuro por las implicaciones que una sociedad menos educada sobre sus derechos supone. Pero la crisis de inseguridad y el repunte de homicidios de los últimos dos años es en definitiva la amenaza más inmediata.

De adolescente viví en una urbanización de bienestar social. Por la noche iba a comprar palomitas a la tienda del barrio, paseaba a la perra a cualquier hora, salía a bailar con mis amigas y me regresaba tranquilamente en taxi, sola, pasada la media noche. Dos décadas después, esa tranquilidad con la que iba y venía es impensable para cualquier adolescente del mismo barrio. 

El chat de WhatsApp de los vecinos arde a todas horas, pero sobre todo en la noche. “Que los hombres del barrio salgan a la calle porque hay presencia de varios sospechosos”, se lee en apenas uno de los cientos de mensajes. Hay una sensación de inseguridad constante. Si busco el nombre de Copán, cerca de mi antiguo caserío, en la sección de noticias de Google, los titulares me hablan de una mujer de 31 años a la que acribillaron en su propia casa, de un muchacho de 24 años interceptado en la calle y asesinado de un balazo en la nuca, de otro de 27 baleado en una vivienda que servía como búnker. 

No es solo allí. El país alcanzó cifras récord de homicidios en el 2023, con 17.2 por cada 100 mil habitantes. Superó a Guatemala y a República Dominicana, y es el único país de la región que presenta una tendencia al alza en este indicador, según el más reciente Estado de la Nación. La situación es peor en los poblados con menores índices de desarrollo humano y progreso social, como Matina, Pococí y Siquirres, en el Caribe. 

Quizás por ello no me sorprende que algunos de mis excolegas, familiares y hasta choferes de Uber con los que he conversado insistan en que apoyarían medidas extremas para controlar las secuelas del crimen organizado, o que aplaudan los métodos de autócratas como Nayib Bukele, presidente de El Salvador. 

Quienes más ganan por la violencia homicida son los líderes autoritarios. Rodrigo Chaves lo sabe. Por eso codearse con Bukele y tratarlo como huésped de honor, más que una muestra de hermandad entre países es una fachada publicitaria que ya le está dando buenos réditos.

Previo a la llegada de Bukele, en las autopistas se levantaron vallas publicitarias pagadas por el gobierno que le daban la bienvenida y aseguraban que “Nuestros pueblos merecen paz y seguridad”. Chaves recibió al presidente salvadoreño con bailes típicos, una visita a la cárcel de la Reforma y la mayor condecoración que se le puede dar a un extranjero: la Orden Juan Mora Fernández. Los periodistas de algunos medios (aliados al gobierno y no) incluso pidieron tomarse fotos con él. 

“Si ustedes quieren vencer la delincuencia tienen que estar detrás de este hombre y los poderes del Estado apoyarlo (…) Él es el líder, él es el jefe de la Policía y no puede tener a los otros poderes del Estado amarrándole los pies y las manos”, dijo Bukele en su visita frente a un Chaves que asentía y sonreía ante un mensaje que reafirmaba su más grande aspiración. 

Lo que el gobierno de Chaves no ha logrado para contener la delincuencia organizada, lo ha compensado con su agilidad para controlar la narrativa. Entre él y sus ministros han posicionado un mensaje poderoso en contra de los poderes legislativo y judicial, contra la Contraloría General de la República y contra la estabilidad de la Caja Costarricense del Seguro Social.

“Lamentablemente la justicia en Costa Rica requiere de tres actores: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo ha puesto de su parte, el Legislativo nos ha quedado debiendo y el Judicial… es constante la liberación de personas (peligrosas)”, se quejó el ministro de Justicia Gerald Campos en la transmisión especial que organizó el canal televisivo del Estado para la visita de Bukele. Este canal que hasta antes de Chaves mantuvo su distancia con administraciones pasadas, se dedica ahora a alabar las acciones del Gobierno. “Muchas gracias por toda su importante labor”, se despide la presentadora. 

Conversé con amigos y conocidos unos días después de que Bukele se fue y aunque mi opinión sea completamente distinta, entiendo cómo ese mensaje se está posicionando, incluso en las mentes más educadas que conozco. ¿Para qué quieren democracia y división de poderes si estos conceptos tan abstractos en el día a día no les resuelven sus problemas más inmediatos? La sola pregunta habla ya del deterioro en la capacidad de análisis a largo plazo y la fuerte amenaza de que incluso la “Suiza centroamericana” se rinda ante un régimen autoritario. 

*María Fernanda Cruz es periodista e investigadora independiente enfocada en derechos humanos, corrupción internacional y desarrollo de medios alternativos. Fue directora de La Voz de Guanacaste, el único medio local con vocación investigativa de Costa Rica, investigadora para Transparencia Internacional en Reino Unido y ha publicado en outlets internacionales como la OCCRP y la BBC Mundo.

 

Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual Contracorriente forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.

Texto y portada por Persy Cabrera

La serie televisiva The Wire no fue un éxito comercial; poca gente que conozco la ha visto, a pesar de que siempre figura en los tops de las listas que intentan nombrar a las mejores series de la historia, y que para algunas personas sea la número uno. 

The Wire es el tipo de serie que rara vez se produce en la actualidad, no porque las producciones de hoy en día sean terribles o carentes de calidad, sino porque hay una escasez de buenos personajes e historias, pero también de series que muestren estructuras, sistemas y mundos reales, que dosifiquen la exposición de sus ideas, que exijan la atención del espectador y recompensen con una crítica social profunda que perdure para siempre.

Creada, escrita y producida por el periodista estadounidense, originario de Baltimore, David Simons, durante cinco temporadas escuchamos las voces y ecos de una ciudad que carga a sus espaldas con un sistema injusto, y en el que alcaldes, senadores, jueces o jefes policiales entorpecen el trabajo policial y judicial, y que hospeda a personajes imperfectos, rotos y obsesionados. Para esta faena, Simons no estuvo solo. A su experiencia de doce años reporteando la violencia en Baltimore se unió como socio y coautor Ed Burns, un exdetective de homicidios de esta misma ciudad, con el que Simons ya había colaborado en el libro The Corner. 

El resultado de esta fusión «no es una serie policial», «sino la subversión de una serie policial estándar» como lo calificó  el youtuber Thomas Flight, en la primera parte de su análisis sobre esta serie. El punto de partida en la primera temporada de The Wire es la investigación que un grupo policial hace de una banda de narcotraficantes en Baltimore, utilizando equipos tecnológicos para vigilar e intervenir las comunicaciones del grupo criminal para dibujar una estructura y armar un caso contra estos criminales.

La siguiente temporada se enfoca en el sistema portuario de Baltimore, los sindicatos de esta industria, el contrabando, las promesas del Estado de mejorar el servicio, y las garras del narcotráfico. La tercera temporada vuelve a la distribución de drogas en la calle, a la lucha dentro de la policía por maquillar las estadísticas de homicidio, y narra además las vísperas de la contienda electoral por la alcaldía de Baltimore. La cuarta temporada se traslada al sistema educativo; los protagonistas son niños y adolescentes que viven en medio de todo lo que la serie construyó hasta ese punto. 

Simons y Burns trabajaron junto a varios guionistas que se unieron a lo largo de la producción, entre ellos más periodistas, que introdujeron a la narrativa un periódico local de Baltimore como uno de los escenarios de cierre para contar las historias de esta serie.

Un viaje por tantas instituciones, casos o miradas, requirió aterrizar en historias más humanas, alejadas de las series policiales más convencionales en las que un homicidio dispara el inicio de cada episodio y los protagonistas deben resolverlo. En esas series convencionales, con suerte nos dejan respirar y tener una trama de largo aliento. En The Wire, las tramas de largo aliento lo son todo, se juntan diversos protagonistas, hay policías, sindicalistas, alcaldes, senadores, estudiantes, vagabundos, y la decisión de cada uno afecta el destino de otros, aun cuando no cruzan ni una palabra entre ellos. 

Todo el entramado avanza con un ritmo más cotidiano, no hay tiroteos o escenas de acción espectaculares; aquí lo que importa es la gente. 

Esta serie no es como una película de Tarantino en la que disfrutemos viendo cómo se entrelazan las historias y admiramos con asombro los detalles que conectan a los personajes. Aquí lo esencial es establecer una estructura que muestre la esencia de la ciudad: pequeños destellos de humanidad, algunos bien intencionados pero desamparados por el sistema, y otros impulsados por malas intenciones que encuentran todas las ventajas para fallarle a la sociedad.

Pero esta red de personajes funciona bien porque Simons y Burns conocieron esta ciudad y a su gente, y pusieron muchos años de periodismo y de experiencia en el sistema policial al servicio de esta obra de ficción. Uno de los elementos a los que apuntaron Simons y Burns en la creación de los protagonistas de esta serie fue el realismo. Las personas que transitan en la Baltimore de The Wire fueron inspirados en personas reales; por ejemplo, Donny Andrews, quien fue un ladrón de narcotraficantes, asesino y posteriormente se rehabilitó para ser un defensor de la lucha anticrimen, fue la inspiración para el personaje de Omar Little, así como Martin O’Malley, quien fue alcalde de Baltimore de 1999 a 2007,  sirvió para construir el personaje de Tommy Carcetti. 

Esa fuente de inspiración de Simons no podría ser otra. «Como periodista, me propuse salir de la sala de redacción. Y traté de pasar más tiempo con las personas que estaban siendo vigiladas», le explicó Simons a Ian Rothkerch en una entrevista en junio de 2002, mientras se transmitía la serie. Además de Ed Burns, quien además de detective de la policía fue maestro en una escuela pública, al equipo de The Wire se sumaron guionistas como Rafael Álvarez, colega de Simons en The Sun, el periódico en el que trabajó durante doce años.

La serie The Wire puede disfrutarse de manera similar a como se disfruta la canción de Kendrick Lamar Sing About Me / I’m Dying of Thirst. Esta obra, que ayuda a entender por qué Lamar recibió un Pulitzer, forma parte de su álbum Good Kid, M.A.A.D City. Compuesta en dos mitades —como se refleja en su título dividido por una pleca—, esta canción es un retrato íntimo de Compton, la ciudad de Lamar. Al igual que Simons y Burns, Lamar se detiene en las historias que conoce, la suya y las de las personas que marcaron su vida mientras crecía.

Es una canción dolorosa, que inmortaliza las palabras de personas que ya no están en este mundo, y se siente como el sonido del fin del mundo resonando desde Compton. La canción es densa, con personas rotas y obsesionadas como protagonistas, así como los personajes que nos presentan en The Wire.

Al final nada va a mejorar

«No creo que algo vaya a mejorar», le dijo Simons a Rothkerch en esa entrevista de 2002, cuando la serie apenas venía iniciando sus transmisiones en televisión. Creo que ese pesimismo surgió de haber construido una serie tan precisa, que dibuja de manera clara las ideas del mundo que intenta representar.

Los policías competentes en The Wire se encuentran con muros de burocracia que bloquean sus investigaciones, y cuando hay luz verde para investigar es porque hay figuras políticas que quieren hundir a otras; no hay una justicia objetiva y de bienestar colectivo, solo individualismo. La imagen final es un ciclo que no termina, y tal vez por eso Simons dijera que con The Wire, él solo intentaba sentarse junto a una fogata para contar una historia que se sintiera muy real.

Honduras, como el Baltimore de The Wire, parece siempre enredada. La corrupción indignó y levantó al movimiento social en 2015. Cuando en 2016 llegó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), vimos casos de corrupción, nombres, destellos de justicia, y luego, en el 2020, una mayoría de diputados y diputadas del Congreso Nacional decidió sacarla del país.

La intrusión del narcotráfico en el Estado hondureño se mostró en su máxima expresión cuando vimos al expresidente Juan Orlando Hernández capturado por las fuerzas policiales tan solo unas semanas después de entregar su mandato. Los nexos de figuras políticas con el narcotráfico, el crimen organizado o la corrupción, junto con la impunidad que prevalece, perpetúan un sistema que mantiene a las víctimas en un limbo judicial.

The Wire cuenta todo eso, los vestigios de una buena ciudad y todo lo que le impide prosperar. Esta serie también es un ejemplo de lo que debe hacer el periodismo: entrar a las comunidades y conocer a su gente para que hablen y cuenten sus problemáticas, para que luego tengamos el privilegio de juntar sus historias y formar un gran mural que nos permita contar su realidad y, tal vez, interrumpir algunos ciclos de injusticia heredados.

El ascenso de Wilson Alvarenga a comisionado general de la Policía Nacional vuelve a poner en duda la eficacia de la depuración policial y evidencia la falta de controles persistentes en la fuerza pública, debido a sus presuntos nexos con el narcotraficante Geovanny Fuentes. El mismo Fuentes mencionó a Alvarenga como parte de su círculo de contactos dentro de la policía durante un interrogatorio con la DEA en 2020.

Texto: Contracorriente 

«Felicidades a todas y todos por su merecido ascenso, un escalón más en su dilatada carrera policial. Vienen más responsabilidades que estamos seguros sabrán enfrentar», publicó el 21 de noviembre de 2024 en X el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, tras la aprobación por parte del Congreso Nacional (CN) del ascenso de 38 oficiales de la Policía Nacional, quienes ocuparán los grados de generales directores, comisionados generales, comisionados, subcomisionados y comisarios.

Entre los oficiales ascendidos se encuentra Wilson Antonio Alvarenga Núñez, quien fue promovido de comisionado a comisionado general —el segundo grado más alto después de general director—. Alvarenga Núñez, quien recientemente se desempeñó como jefe de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, ha tenido una larga trayectoria dentro de la escala jerárquica durante los últimos diez años. En 2014 fue ascendido de comisario a subcomisionado y, tras haber ostentado el rango de subcomisionado hasta 2019 y después comisionado, finalmente ha alcanzado la cima de la estructura jerárquica de la fuerza pública. 

Wilson Antonio Alvarenga Núñez pertenece a la misma promoción que otros actuales altos mandos de la Policía Nacional, entre ellos el director Juan Manuel Aguilar Godoy, el subdirector Wilmer José Torres Saavedra, el inspector general Juan López Róchez y el actual secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien fue jefe de la Policía Nacional entre 2022 y 2023. La mayoría de ellos ascendieron a subcomisionados y después a comisionados en años similares.

Núñez fue nombrado inspector general del Instituto Nacional Penitenciario (INP) el 17 de diciembre de 2019 por acuerdo ejecutivo 147-2019, en un contexto en el que el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022) ordenó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intervinieran el sistema penitenciario, tras conflictos violentos entre privados de libertad. Cuatro días antes, el 13 de diciembre, había sido asesinado Pedro Ildefonso Armas Córdova, hasta entonces director de la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, conocida como «El Pozo».

El 20 de octubre de ese año, Armas Córdova presenció cuando al menos seis privados de libertad de esa cárcel asesinaron a disparos y puñaladas a Nery Orlando López Sanabria, alias Magdaleno Meza, a quien la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York perfiló como socio de Juan Antonio «Tony» Hernández en el narcotráfico. Documentos judiciales también indican que Tony y su hermano, el expresidente Juan Orlando Hernández, se asociaron con el narcotraficante Geovanny Fuentes.  

Según una declaración jurada presentada por parte de un testigo protegido en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el expresidente Hernández le garantizó a Fuentes que Óscar Chinchilla, fiscal general del Ministerio Público (MP) entre 2013 y 2023, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, protegerían sus cargamentos de droga.

Las evidencias que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York utilizó durante el juicio por narcotráfico contra Geovanny Fuentes indican que este narcotraficante, valiéndose de su cercanía con el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Tony, tuvo acceso a oficiales de alto y mediano rango dentro de la Policía Nacional que «lo ayudaron en sus actividades de tráfico de drogas».

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Uno de estos contactos de confianza, según esas evidencias, fue Wilson Antonio Alvarenga Núñez, quien recibió su ascenso a comisionado el tercer grado más alto de la Policía Nacional a inicios de 2019, un año antes de la captura de Geovanny Fuentes, ocurrida el 1 de marzo de 2020.

Entrada de la Secretaría de Seguridad, donde funciona la estructura jerárquica de la fuerza pública. Tegucigalpa. Foto: Archivo CC.

Cuando Geovanny Fuentes fue detenido en esa fecha por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto internacional de Miami, Estados Unidos, aceptó haber tenido una relación cercana con Alvarenga Núñez.

«Hay un muchacho que lo conozco desde que era subteniente, hoy es subcomisionado, y se llama Wilson Alvarenga. Él era compañero de mi cuñado, a quien mataron. Él estaba en la Policía», declaró Fuentes a los agentes de la DEA, en un interrogatorio que fue utilizado durante su juicio por narcotráfico.

De igual modo, el documento 370 del caso 1:15-cr-00379-PKC de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que contiene la sentencia al narcotraficante, señala: «Otros contactos policiales del acusado incluyen a Wilson Antonio Alvarenga Núñez, miembro de la Dirección de Logística de la Policía Nacional; el comisionado Raúl Martínez Alvarado, oficial de la Policía Nacional; la subcomisaria Clerit Yolivet Munguía Antúnez; y el subcomisionado Nelvin Rolando Sauceda Argueta».

El subcomisionado Sauceda Argueta fue nombrado director de la Penitenciaría Nacional de Siria, ubicada en El Porvenir, Francisco Morazán, durante la intervención carcelaria de 2019, mientras que el comisionado Raúl Martínez Alvarado actualmente se desempeña como subdirector de Operaciones de la Policía Nacional. Por su parte, el 21 de noviembre de este año, Clerit Yolivet Munguía Antúnez también fue ascendida al grado de comisaria de la Policía Nacional.

El comisionado Ramón Adalberto Martínez Hernández, quien fue depurado por la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional en 2016 y luego se desempeñó como agregado policial en la Embajada de Honduras en Chile hasta 2018, también figura como colaborador de Fuentes. Esta información fue obtenida por agentes de la DEA directamente del teléfono de Fuentes. 

Además de contactos policiales, el narcotraficante tenía en su teléfono los contactos del expresidente Manuel Zelaya Rosales, el exdesignado presidencial Ricardo Álvarez, y otros políticos como el exalcalde de Choloma, Cortés, Leopoldo Crivelli. 

Como revelamos en la investigación «La montaña sagrada del narco», publicada el 30 de mayo de 2023, Fuentes fue un narcotraficante que utilizó sus conexiones empresariales, políticas, policiales y militares para instalar su narcolaboratorio en la sierra El Merendón, crear una mina ilegal y un proyecto forestal.

El 22 de marzo de 2021, un jurado federal declaró culpable por delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego a Geovanny Fuentes, y el 8 de febrero de 2022 un juez federal lo sentenció a cadena perpetua y 30 años de prisión.

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Otro de los ascensos controvertidos que aprobó el CN el 21 de noviembre es el de David Leonardo Ortega Pagoaga, quien pasó de ocupar el grado de comisionado a comisionado general, y que ahora se desempeñará como jefe de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crímen Organizado (Dipampco). 

El medio Reportar Sin Miedo publicó el 2 de diciembre un artículo en el que apunta que David Leonardo Ortega supuestamente estuvo involucrado en un crimen de alto impacto. Este medio citó una investigación del New York Times publicada en 2016, que reveló cómo una banda de oficiales, supuestamente al servicio del narcotraficante Wilter Blanco y dirigida por entonces altos mandos de la institución policial como Ricardo Ramírez del Cid, José Luis Muñoz y José Francisco Murillo, ejecutó el asesinato del exdirector de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Arístides González, en 2009. 

Dicho artículo apunta que «Pagoaga estuvo en la reunión en la que se planificó el asesinato y, además, iba dentro de una de las camionetas del convoy que persiguió a González antes de que lo asesinaran en diciembre de 2009». 

Entre los oficiales ascendidos también figuran Francisco Humberto Bocanegra Castro y José Reinaldo Servellón Castillo, quienes habían sido separados de la institución por la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional en 2016, pero que luego fueron restituidos en sus grados como oficiales. 

¿Debía estudiar el CN las hojas de vida? 

El ascenso de Wilson Antonio Alvarenga Núñez y otros oficiales presuntamente vinculados al crimen organizado ha generado diversas reacciones. El medio Reporteros de Investigación fue el primero en alertar sobre el hecho de que antiguos colaboradores de Geovanny Fuentes estaban siendo ascendidos de rango por la actual administración de la Secretaría de Seguridad y el Congreso Nacional (CN).

Asimismo, la subsecretaria de Seguridad en Asuntos Policiales, Julissa Villanueva, cuestionó al CN por haber aprobado la lista de ascensos que le remitió el Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad.

«¿Acaso no hay interés en saber que muchos de esos oficiales de cúpula que hoy ascienden han participado en actos deshonestos, irregulares y han sido colaboradores activos del crimen organizado? (…) Basta con estudiar un poco quién promovió esta lista y se encontrarán con muchos de los mismos facilitadores y colaboradores que en el pasado y en el presente transformaron a nuestro país en un narcoestado», señaló Villanueva a través de la red social X. Contracorriente solicitó una entrevista con la funcionaria, quien prometió que la tramitará con su asistente.  

Uno de los diputados que reaccionó a lo expresado por Julissa Villanueva fue Ramón Barrios, del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien se limitó a decir que el CN no es un órgano investigador, y pidió a la subsecretaria de Seguridad presentar un escrito de denuncia ante el Ministerio Público (MP).

«Si ella, en su calidad de viceministra, tiene alguna prueba, que presente la denuncia ante el órgano investigativo, el Ministerio Público. Me parece muy responsable que ella haga estas denuncias, las materialice y nos dé insumos a nosotros. El Congreso no es un órgano investigador; nosotros asumimos que las hojas de vida ya vienen depuradas. Si alguien tiene algún elemento, debería poner la denuncia en el Ministerio Público», dijo Barrios a los medios de comunicación.

Más allá de lo expresado por el diputado oficialista, no es la primera vez que personas relacionadas con Geovanny Fuentes ocupan cargos o rangos importantes dentro del sistema de seguridad y defensa del país en la actual administración gubernamental.

El 25 de agosto de 2023, el medio estadounidense The Intercept publicó un reportaje que revela los vínculos entre Geovanny Fuentes y Elías Melgar Urbina, quien se desempeñó como subsecretario de Defensa del Gobierno de Xiomara Castro. El 21 de junio de 2023, tras la masacre de 46 mujeres privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), Melgar Urbina renunció al cargo. Sin embargo, hasta el 22 de agosto de 2023 continuaba en funciones, según un memorando de la Secretaría de Defensa al que accedieron los periodistas Jared Olson y Wendy Funes para un reportaje de investigación.

Las grietas en la depuración de la Policía Nacional 

Entre 2016 y 2020, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, un proyecto impulsado durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, separó a 6,500 elementos policiales por «falta de idoneidad» y remitió el 33 % de los expedientes al Ministerio Público (MP). El ahora comisionado general Wilson Antonio Alvarenga Núñez sobrevivió al proceso de depuración y continuó su ascenso hacia la cúpula.

La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional funcionó hasta el año 2022. Foto: Archivo CC.

Sin embargo, al igual que él, otros oficiales que también salieron avantes de dicho proceso, como Leonel Sauceda Guifarro o Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, posteriormente fueron procesados judicialmente por sus supuestas vinculaciones con el crimen organizado y presuntos delitos de lavado de activos.

Mejía Tinoco conformó, según una acusación del Ministerio Público (MP), una estructura criminal de la que formaban parte otros miembros de la Policía Nacional. Actualmente, está a la espera de que inicie su juicio oral y público por delitos que incluyen lavado de activos y asociación para delinquir.

Por su parte, Leonel Sauceda Guifarro fue detenido el 11 de febrero de 2020 por considerarlo sospechoso de malversación de caudales públicos y lavado de activos. Sin embargo, el 2 de febrero de 2022 un tribunal de sentencia lo absolvió de los cargos, basándose en el decreto 93-2021, que eliminó la exigencia de un delito precedente para la figura de lavado de activos, con lo cual el MP podía perder procesos judiciales al no ser necesario que una riqueza potencialmente mal habida fuera respaldada por un origen lícito. En 2023, el CN derogó dicha reforma al Código Penal.

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Para Leonardo Pineda, investigador y analista en seguridad, los procesos de depuración dentro de la Policía Nacional deben ser continuos y no limitarse únicamente a períodos específicos.

«Estos son ejemplos de que siempre se filtraron personas que no deberían haber estado. La policía misma tiene dificultades para depurarse, porque, por ejemplo, hay personas señaladas por servir al crimen organizado que están en los altos mandos, pero no se depuran a sí mismas. Ellos tienen el poder, prácticamente», señaló Pineda a Contracorriente.

Tras el proceso de depuración policial, se creó la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), una institución que en 2024 ha operado con un presupuesto que apenas supera los 53 millones de lempiras y que atiende a más de 14,000 policías.

«Sabemos que hubo una reforma legal y que se creó la Didadpol, pero aún le faltan muchas herramientas. Además, dentro de la policía hay personas que siguen bloqueando el avance de las reformas. La infiltración del crimen organizado en los aparatos del Estado es un problema sistémico», agregó Pineda.

Contracorriente contactó al secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, y al comisionado general Wilson Antonio Alvarenga Núñez, pero al cierre de la edición de esta nota no obtuvo respuesta. 

Un exalcalde acusado por corrupción, la esposa del expresidente preso por narcotráfico en Estados Unidos, la actual ministra de defensa del partido oficialista recientemente salpicado por involucramiento con el narcotráfico y un par de contendientes más apoyados por un exconvicto son los candidatos en las elecciones primarias de Honduras que se llevarán a cabo en marzo de 2025. La mayoría de estos candidatos –o de quienes están detrás de ellos– han alegado ante el sistema de justicia ser víctimas de persecución política después de enfrentar cargos graves. El Lawfare es la defensa de moda en la campaña. ¿Qué tanto se está usando el sistema de justicia para fines electorales? ¿Es el lawfare una falla en el sistema democrático?

Por: Jennifer Ávila

Honduras va a elecciones primarias en marzo y generales en noviembre de 2025, pero la campaña política suena desde principios de este año. En un país donde el expresidente fue condenado apenas hace nueve meses por conspirar con narcos para transportar toneladas de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos, para los políticos ser señalados de crímenes dentro y fuera del país se ha convertido en un escudo bajo el que se resguardan para pedir el apoyo del electorado. Este papel de víctimas ha sido parte de una fórmula reclutadora de votos. 

El lawfare o guerra jurídica es un término muy usado, sobre todo por políticos populistas, para mantenerse con buenos números en las encuestas en medio de sus aspiraciones electorales. Es un concepto que se ha desarrollado en el sistema de justicia para perpetrar «golpes blandos» sin necesidad de la violencia militar. Pero ¿es solo una estrategia populista mencionar el lawfare como justificación de actos indebidos o ilegales, o su uso lleva implícito el objetivo de transformar los principios mismos de la administración de justicia en democracia? 

Los primeros en usar el lawfare como argumento de defensa en Honduras fueron los Zelaya. Para Mel Zelaya, su familia y su partido —ahora en el gobierno— fue persecución política que varios de sus exministros, y él mismo, enfrentaran acusaciones por corrupción antes del golpe de Estado de 2009. Por eso, una de las primeras acciones del gobierno de Xiomara Castro, y quizá una de las más controversiales, fue emitir un decreto de amnistía política que incluyó delitos de corrupción para que sus allegados no fueran perseguidos por la justicia.

Los beneficiados incluyen a Marcelo Chimirril, sobrino de la presidenta, y a Enrique Flores Lanza, actual asesor presidencial y exministro durante la administración de Zelaya. La decisión de limpiar los expedientes de su círculo cercano le ha costado al gobierno de Honduras un atraso grande en la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e impunidad (CICIH), una de las promesas de campaña de Castro. 

El decreto de amnistía fue necesario al principio del mandato porque aún faltaban unos meses para la elección del nuevo fiscal general y la nueva Corte de Justicia, figuras que por principio democrático deberían ser contrapesos y poderes independientes, pero que en la práctica —en países cuyas democracias nunca despegaron— siempre terminan siendo negociados y cooptados por los partidos políticos para proteger a sus líderes y perpetuar la impunidad de su actos. Así, el gobierno de turno se blindó dos veces, porque el resultado de la elección del Poder Judicial y del fiscal general le favoreció. 

En Centroamérica hay casos claros del uso del sistema de justicia para perseguir a actores políticos. Si bien el caso del posible antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo y la persecución judicial contra varios miembros de su partido en Guatemala es un ejemplo, créanme que no se parece en nada con los supuestos intentos de golpe que Xiomara Castro asegura ha habido contra su gobierno.

La razón principal es que en Honduras el partido oficialista tiene control sobre el Poder Judicial, e impuso a un fiscal a la medida y a una Corte que le responde a su agenda política. Castro se encargó de preservar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, una figura creada por el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), para romper la independencia de poderes y dar el poder absoluto al presidente en temas de seguridad y justicia. Todos sabemos que la concentración de poder en el presidente no ha pasado en Guatemala, aunque muchos de los seguidores de Arévalo lo deseen, por más antidemocrático que sea. Por el contrario, el organismo judicial, el Ministerio Público y el Congreso tienen el poder suficiente para cercar cualquier intento de reforma —y rescate— de la democracia que impulsa el Ejecutivo en ese país.

Mientras tanto en Honduras, la candidata presidencial del partido oficialista, Rixi Moncada, fue nombrada ministra de Defensa y ha convertido todo acto en el que se rodea de militares en mítines políticos. En los otros partidos compiten el exalcalde de Tegucigalpa por el Partido Nacional, Nasry Asfura, acusado por corrupción, y Salvador Nasralla, el eterno candidato a presidente, que se ha radicalizado copiando a figuras de ultraderecha como Javier Milei, presidente de Argentina, o al mismo Donald Trump. Compite internamente con Nasralla por la candidatura del Partido Liberal Jorge Cálix; ambos acogidos por Yani Rosenthal, presidente del Consejo Central Ejecutivo del partido y ex convicto por haber sido encontrado culpable en EE. UU. por delitos relacionados al lavado de activos.

A pesar de tener el control del sistema de justicia, el gobierno de Xiomara Castro sigue victimizándose, sobre todo tras las revelaciones de un narcovideo en el que están involucradas varias figuras importantes de su partido, como Carlos Zelaya, su cuñado —antes secretario del Congreso Nacional—, Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, y supuestamente otros caudillos de ese partido. A ese nivel, por supuesto, ya no se trata de un lawfare local sino internacional. Tras la revelación del video en manos de autoridades estadounidenses, en lugar de dar respuestas, el gobierno hizo públicos nombres de personas de la oposición que supuestamente no han sido solicitados en extradición por EE. UU., como un anuncio para decir que se les aplicaría la justicia local. Al mismo tiempo dejó sin efecto el tratado de extradición, acabando con la herramienta más efectiva para acusar y procesar judicialmente a narcotraficantes hondureños.

¿El resultado? El fiscal general reabrió casos de corrupción que habían estado dormidos a petición de los gobernantes anteriores. El pasado 21 de octubre el fiscal general y el fiscal anticorrupción, Luis Javier Santos, presentaron en cadena nacional una acusación por corrupción contra Nasry Asfura, actual precandidato presidencial por el Partido Nacional, opositor del gobierno de Castro y exalcalde de Tegucigalpa. 

Nasry Asfura está compitiendo internamente en su partido frente a Ana García de Hernández, la esposa de JOH. Ambos contendientes representan los males de los partidos tradicionales. Es de conocimiento popular desde hace ya varios años que ambos fueron investigados por fiscales anticorrupción, casos que luego fueron detenidos por el sistema de impunidad que manejaba Juan Orlando Hernandez. El uso indiscriminado de fondos estatales para el clientelismo y para sus gastos personales, además del desvío de dinero público a través de ONG o de contratos amañados, son parte de las acusaciones.

La cadena nacional en la que el fiscal —como con ningún otro caso— se fue de frente a acusar a Asfura, victimizó a la oposición de tal manera que muchas personas comienzan a repetir lawfare como mecanismo de defensa. La campaña política suena a eso y es probable que le beneficie a Asfura, en un contexto de creciente descontento hacia el gobierno de Castro y su retórica del socialismo del siglo XXI (que usa los mismos fantasmas de la persecución judicial).

Es importante aclarar que, por el contrario, tanto el caso contra Asfura como la potencial investigación contra García no son persecución política, ya que podrían involucrar actos reales de corrupción, pero, en el contexto en el que esas investigaciones han sido reactivadas, se ha tergiversado mediáticamente su finalidad, dándole crédito al lawfare como argumento de defensa.

Tanto para el oficialismo como para la oposición, alegar lawfare es una ganancia electoral, pero para la tan esperada justicia, esa tergiversación es una pérdida, puesto que desacredita la imparcialidad en favor de la impunidad. 

Mientras tanto, la justicia no llega para la mayoría de hondureñas y hondureños. En Honduras, casos como el de la ambientalista Berta Cáceres continúan en la impunidad y generan más violencia; por eso siguen asesinando a defensores ambientales, como sucedió recientemente con el caso de Juan López en el Aguán. Otros tantos viven bajo amenazas y sin esperanza de protección, o buscan sobrevivir fuera de Honduras. Si la justicia se corrompe o se politiza, su funcionamiento será eficaz únicamente para proteger a las élites de poder y deja al resto de la población en la más absoluta vulnerabilidad, en un contexto que podrá ser cualquier otra cosa, menos democracia, justicia o libertad.

Mientras en la comunidad de Sazagua, departamento de La Paz, defensores del territorio han sido criminalizados por oponerse al proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua, que ha amenazado su modo de vida y limitado su acceso a la tierra, empresas como Uber e instituciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) han compensado su impacto ambiental comprando créditos de carbono generados por este mismo proyecto hidroeléctrico. El mismo BCIE financió los estudios de factibilidad y diseño de la hidroeléctrica, y la venta de los créditos de carbono fue utilizada como garantía para el pago de una deuda adquirida con un banco nacional para financiar el proyecto. A pesar de todo el impacto en su forma de vida, las comunidades no han recibido compensación directa por la venta de estos créditos.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
Portada: Persy Cabrera

Desde 2018, el programa Guacamaya Small Scale Hydropower Programme ha beneficiado a diversas empresas a través de la venta de créditos de carbono, entre ellas la gigante multinacional Uber, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una serie de empresas alemanas como la gasolinera Oil, una empresa dedicada a prestar servicios de reciclaje de residuos, servicios de tuberías y alcantarillado llamada Buhck Umweltservices GmbH and Co. KG. y el hotel Dekra en Berlín. También ha beneficiado a una tienda de accesorios artesanales en Honduras. 

A pesar del aparente éxito en el mercado de créditos de carbono, el programa está conectado con la cuestionada hidroeléctrica Puringla-Sazagua, ubicada en el municipio de Santiago de Puringla, en el departamento de La Paz. La hidroeléctrica ha sido señalada por afectar el acceso al agua y la forma de vida de dos comunidades, Las Lomas y Sazagua. Además, existen denuncias de que fue construida sobre tierras que, según el marco legal, estaban destinadas a procesos de reforma agraria. La población indígena también denuncia que no fue consultada ni para la instalación del proyecto hidroeléctrico ni para el proceso de certificación del proyecto de carbono.

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Parte del Río Sazagua, que fue desviado del cauce para favorecer un proyecto hidroeléctrico. Santiago de Puringla, La Paz, agosto de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

El financiamiento del proyecto hidroeléctrico fue gracias al mismo BCIE y al Banco Atlántida, instituciones que han sido señaladas por apoyar a proyectos de generación de energía altamente cuestionados.

Puringla-Sazagua forma parte del Guacamaya Small Scale Hydropower Programme, un programa de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que promueve el desarrollo de proyectos que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, y permite a países o empresas que buscan reducir su contaminación acceder a la compra de créditos de carbono mediante proyectos como estos, bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y el protocolo de Kyoto, que fue firmado por Honduras en 1999 y ratificado en 2002.

Este mecanismo, según las Naciones Unidas, permite el desarrollo sostenible y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que los países industrializados consiguen reducir la contaminación del ambiente accediendo a dichos proyectos que por lo general se ejecutan en países en desarrollo, como Honduras, en este caso. Es decir, fomenta la aplicación de fuentes de energía renovable en vez de de fuentes contaminantes, y la venta de créditos de carbono como compensación.

Dentro del Programa Guacamaya también están otras dos hidroeléctricas, una en Costa Rica y otra en Nicaragua. En el caso de la hidroeléctrica hondureña, se ha estimado recolectar más de 240 toneladas de carbono por un periodo de siete años desde 2015, con la posibilidad de ampliarlo hasta un máximo de 21 años.

Venta de créditos de carbono como pago de la deuda con la banca nacional

Al contrario de otros proyectos para la captura de carbono que no avanzaron después de la etapa de diseño, como el de La Moskitia hondureña, Guacamaya Small Scale Hydropower Programme ha vendido créditos de carbono a empresas nacionales e internacionales desde 2018 hasta la actualidad.

Pero el involucramiento del BCIE en este proyecto se remonta a mucho tiempo atrás. Este banco también financió los estudios de factibilidad y diseño de la hidroeléctrica Puringla-Sazagua en 2009, un proyecto que costó alrededor de 15,953,129.00 dólares, es decir, 299,918,825.2 millones de lempiras en ese momento, según documentos oficiales de la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), desarrolladora del proyecto. El BCIE aportó 315 mil dólares para los estudios de factibilidad de este proyecto, aproximadamente 5,922,000 millones de lempiras en ese entonces.

Aprobación de licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua por parte de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) en 2008, en la que se constata el valor del proyecto.

El BCIE también ha financiado otros proyectos de generación de energía cuestionados por ejecutarse sin consultar a las comunidades y por la oposición que han manifestado líderes indígenas ante dichos proyectos. Por ejemplo, en 2012 este banco aprobó un préstamo para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el departamento de Intibucá, al que la lideresa indigena y ambientalista Berta Cáceres se opuso por atentar contra la cosmovisión de las comunidades lencas de esa zona del país. En 2016, Cáceres fue asesinada a causa de su oposición al proyecto.

Además, después de que el BCIE vendió la deuda de este proyecto en 2018, el banco financió al Gobierno de Honduras en 2019 para impulsar una ley que regularía la consulta previa, libre e informada, pero que no fue socializada con las organizaciones que tienen la representación directa de los pueblos indígenas y afrodescendientes, como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh). Según documentos internos del banco, este proyecto de ley tenía como objetivo final reactivar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, por el cual fue asesinada Berta Cáceres.

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Otra de las fuentes de financiamiento para la construcción del proyecto Puringla-Sazagua fue la venta de créditos de carbono, utilizados como garantía de pago de una deuda de 22 millones de lempiras contraída con el Banco Atlántida. Este préstamo fue otorgado bajo la condición de que los ingresos generados por la comercialización de los créditos de carbono fueran destinados exclusivamente al pago de la deuda, según lo estipulado en el contrato firmado entre el banco y la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA).

«Los ingresos provenientes del carbono están descritos en el acuerdo de pago entre Banco Atlántida y el dueño del proyecto, por lo que se concluye que los ingresos provenientes de la captura de carbono ayudaron a superar el obstáculo de financiación del proyecto», indican los documentos de monitoreo del programa.

La entidad coordinadora del programa y responsable de certificar la reducción en las emisiones de carbono (Certified Emissions Reduction –CER– en inglés) fue Anaconda Carbon, una empresa dedicada al desarrollo de proyectos de energía renovable y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con énfasis en Latinoamérica y con oficinas en distintos países de la región, en el caso de Honduras, en San Pedro Sula. 

Gracias a este acuerdo y la certificación de Anaconda Carbon, la hidroeléctrica accedió a un préstamo de más de 22 millones de dólares (unos 429 millones de lempiras en ese entonces) con Banco Atlántida, ya que inicialmente solo disponía de 9 millones de dólares (175 millones de lempiras en ese momento) en fondos propios para poner en marcha el proyecto.

Un requisito fundamental para la certificación de los proyectos de carbono es que se realicen las consultas previas a las comunidades donde se instalan, y que además los proyectos no presenten irregularidades en su instalación y en la normativa nacional.

Personas entrevistadas por Contracorriente en las comunidades de Las Lomas y Sazagua, en Santiago de Puringla, La Paz, afirman desconocer que la hidroeléctrica Puringla-Sazagua esté asociada a un programa de venta de créditos de carbono actualmente en operación. Sin embargo, Cristian Giles, socio y director de Anaconda Carbon, sostiene que las consultas se realizaron conforme a los requisitos establecidos, y que la empresa ha llevado a cabo los monitoreos necesarios para garantizar que no existen irregularidades en el proyecto Puringla-Sazagua.

Los documentos relacionados con las actividades del proyecto (Component Project Activity  –CPA– en inglés) incluyen listados de residentes de Las Lomas y Sazagua, en los que se registran los nombres y datos de al menos 21 habitantes de ambas comunidades, con constancias de asistencia a reuniones catalogadas como «de socialización» realizadas entre 2010 y 2012.

Según estos documentos, los habitantes expresaron preocupaciones como la falta de agua en el río que abastece a las comunidades, e incertidumbre sobre la venta de sus tierras para el desarrollo del proyecto. También manifestaron que la empresa no había cumplido la promesa de realizar la instalación eléctrica en sus comunidades. 

A pesar de los listados y las afirmaciones de la certificadora de que todo se hizo según las regulaciones vigentes, testimonios recopilados por Contracorriente señalan que los beneficios se han concentrado en una parte de la población,  mientras que quienes se han opuesto al proyecto han enfrentado procesos de criminalización bajo acusaciones de usurpación de tierras. Además, documentos en el expediente de licencia ambiental del proyecto indican que parte de la hidroeléctrica fue construida sobre tierras destinadas a la reforma agraria, mientras que otros terrenos fueron vendidos a sobreprecio a Boris Arévalo Canahuati, presidente de la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), desarrolladora del proyecto.

Giles explica que el rol de Anaconda Carbon, empresa que tiene su origen en Panamá pero también constituida legalmente en Honduras, es el de certificar que todo esté en orden con los créditos de carbono correspondientes a este proyecto, y que posteriormente la empresa alemana Carbonbay GmbH & Co. KG es la encargada de colocar estos créditos, es decir, de venderlos. 

El director de Anaconda Carbon asegura que los procesos de auditoría del proyecto Puringla-Sazagua no han presentado ningún problema. Según sus declaraciones, no se han registrado irregularidades ni en las comunidades afectadas ni en el desarrollo del proyecto, y señala que, de haber existido alguna irregularidad, el proyecto no habría logrado obtener la certificación requerida para formar parte del programa de venta de créditos de carbono.

«Si, por ejemplo, hubiese algún problema donde hay una violación de derechos humanos, o que el proyecto no está operando con los requisitos legales del país donde está localizado, o si no está operando desde un punto de vista técnico con la tecnología que es permitida por las Naciones Unidas y por la Fundación Gold Standard, eso la auditoría no la pasaría, la empresa auditora diría “no, a este proyecto no le doy mi sello de validación”», aseguró Giles a Contracorriente en una entrevista telefónica.

Sin embargo, las comunidades han denunciado sufrir criminalización por defender el río en el que fue instalada la hidroeléctrica. Miembros de la empresa desarrolladora han presentado acusaciones contra defensores del territorio, alegando usurpación de tierras que, paradójicamente, pertenecen legalmente a los mismos acusados. 

A pesar de los señalamientos contra los defensores, una acusación del Ministerio Público indicaría que la empresa se benefició de las actuaciones irregulares de un funcionario público para hacer realidad el proyecto. En noviembre de 2024, se dictó un auto de formal procesamiento contra Diego Ernesto Cornejo, técnico del Instituto Nacional Agrario (INA) en Comayagua, quien según la Fiscalía de las Etnias, habría facilitado información falsa sobre los propietarios de las tierras para beneficiar a la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), por lo cual lo acusan de ser presunto responsable de los delitos de falsificación de documentos, violación de sus deberes como funcionario y falso testimonio en perjuicio del Estado.

En ese contexto, las comunidades siguen denunciando la falta de acceso al agua, un derecho humano fundamental que, según sus denuncias y preocupaciones registradas en los documentos de monitoreo del programa por el cual se gestionan los créditos de carbono, no se está garantizando. Esta problemática también aparece en los reportes de monitoreo del programa de venta de créditos de carbono asociado al proyecto.

Estos documentos también evidencian que las comunidades no reciben compensaciones directas derivadas de este mecanismo. Los ingresos generados por esta actividad se destinan a garantizar el pago al Banco Atlántida, financiador del proyecto, sirviendo así para mantener las operaciones de la hidroeléctrica, sin beneficios para los habitantes afectados.

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A pesar de todo esto, Giles asegura que el proyecto cuenta con una gran proyección social en las comunidades de influencia, y que se han pintado escuelas y entregado computadoras. Sobre el conocimiento que tiene la comunidad de la venta de créditos de carbono a través de este proyecto, señala que sí se hicieron las consultas pertinentes, pero que es imposible que todas las personas sepan de qué se trata.

«No puedo decir con certeza que el 100 % [de las personas en las comunidades] saben de este proyecto. Hay requisitos ambientales que pasan por una auditoría bastante rigurosa para que el proyecto llegue a este estándar. A las comunidades sí les impacta, podría decirse, que el proyecto pase por estas auditorías, pero no les impacta la venta de los créditos. Esta gente es bastante humilde, entonces, esto no es de pleno conocimiento por parte de ellos. Mucha gente incluso en Honduras, de cualquier nivel o estrato social, no conoce el tema de huella de carbono o créditos de carbono, entonces mucho menos uno lo esperaría de pobladores de estas aldeas», explicó.

Fabián Portillo, uno de los campesinos afectados por el proyecto que ha usurpado sus tierras. Santiago de Puringla, La Paz, agosto de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Empresas millonarias y emprendimientos «comprometidos con las comunidades»

Uber, una de las empresas más reconocidas a nivel mundial por ofrecer servicios de transporte a través de una aplicación, ha promovido su producto Uber Planet como una alternativa para compensar las emisiones de carbono. Este servicio permite a los usuarios optar por vehículos que, por un costo adicional, contribuyen a mitigar la huella ambiental. A cambio, Uber promete promociones diarias, semanales o mensuales para incentivar su uso.

Esta empresa  —que aumentó en un 15 % sus ganancias a nivel mundial a inicios de este año— asegura que este modelo es posible gracias a Anaconda Carbon, la empresa certificadora de créditos de carbono, y que estos créditos «apoyarán a diferentes proyectos sustentables», entre ellos Guacamaya, al que pertenece el proyecto Puringla-Sazagua en Honduras.

Contracorriente contactó a representantes de Uber en Honduras, quienes prometieron que la oficina regional de la empresa respondería a una serie de preguntas enviadas por este medio; sin embargo, hasta el momento de la publicación de este reportaje, no ha habido respuesta.

Además de Uber, otras empresas internacionales también han adquirido créditos del programa Guacamaya. Entre ellas se encuentran compañías alemanas especializadas en calefacción, reciclaje y alcantarillado, así como un hotel en Alemania. En Honduras, Uber Honduras, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Casa Isabel, una tienda de accesorios artesanales, también figuran como compradores. Este medio también buscó a representantes del BCIE para consultarles sobre los créditos comprados a Anaconda Carbon, pero hasta el momento de la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Certificación de compra de créditos de carbono por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al Programa Guacamaya en 2022.

Casa Isabel es una tienda de accesorios que emplea a mujeres rurales. Isabel Cahín, fundadora de la empresa, explicó en entrevistas que su interés de tener una marca sostenible viene de darse cuenta de los  «procesos sucios» que afectaban la salud y bienes en las comunidades al interior del país.

«Casa Isabel siempre nació con la idea de ser un negocio que tenga un impacto positivo, no solo en mi estado de resultados de sus productos, sino que también en la comunidad donde se elaboran», dijo en la entrevista.

Cahín comparte este negocio con su esposo, Christian Giles, y también es socia de Anaconda Carbon, la empresa encargada de certificar los créditos del programa Guacamaya. Al respecto, Giles niega que exista un conflicto de interés, argumentando que la adquisición de créditos de carbono fue una iniciativa destinada a fortalecer el compromiso ambiental de su emprendimiento. «Era una cantidad de créditos de carbono bastante mínima la que se colocó, pero no representa ningún tipo de conflicto de interés», asegura Christian Giles.

En la legislación nacional actualmente no existe una normativa que regule este posible conflicto de interés, pues hasta ahora en Honduras solo ha existido el mercado de carbono voluntario. En 2023, el Congreso Nacional aprobó una Ley para que el Estado sea quien regule este mercado en el país; sin embargo, hasta el momento se desconocen los avances en la creación del reglamento para su implementación.

Por otra parte, representantes de la población indigena que se ha encargado de preservar el medioambiente y los bienes comunes sostienen que no fueron incluidos en la socialización de esta normativa.

Las hidroeléctricas en Honduras, como Puringla-Sazagua, suelen instalarse en territorios indígenas o áreas protegidas. Según datos del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), hasta 2020 existían 37 proyectos hidroeléctricos, principalmente en Intibucá, La Paz y Lempira, regiones habitadas por comunidades lencas.

Mientras tanto, negocios como Casa Isabel, que se presentan como ambientalmente responsables, prosperan gracias a recursos obtenidos de programas como Guacamaya. Esto contrasta con la realidad de las comunidades que enfrentan despojos, criminalización y la lucha por el acceso a sus tierras y ríos. Se prioriza a quienes buscan compensar el daño ambiental que han causado, mientras las comunidades que históricamente han protegido estos recursos enfrentan abandono y amenazas 

La participación de un exfuncionario con múltiples señalamientos de corrupción

En 2010, el entonces ministro de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), Rigoberto Cuéllar Cruz, emitió una carta autorizando a Anaconda para realizar el trabajo de monitoreo del proyecto para la compensación de carbono. Sin embargo, Cuéllar es una figura controversial en Honduras.

Nota de aprobación por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) para la participación voluntaria en el proyecto para la compensación carbono.

En 2017, Cuéllar fue señalado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Honduras (MACCIH) como uno de los culpables por haber concedido licencias ambientales sin consulta previa libre e informada de las comunidades en donde se instalaron proyectos extractivos; uno de estos casos fue el de la licencia para la instalación del proyecto Agua Zarca, en el departamento de Intibucá.

La lideresa lenca y ambientalista Berta Cáceres, asesinada por su oposición a ese proyecto, denunció las irregularidades y el pacto político-empresarial corrupto que permitió su ejecución. Recientemente, tres de los imputados en este caso de corrupción, llamado «Fraude sobre el Gualcarque» fueron sentenciados a cinco años de prisión. Uno de ellos es David Castillo, presidente de la empresa desarrolladora del proyecto, quien ya había sido condenado a prisión por ser coautor del asesinato de Cáceres en 2021. Por este último caso, el Ministerio Público también presentó un requerimiento fiscal a finales de 2023 contra Daniel Atala, a quien se señala de ser autor intelectual del asesinato.

Los señalamientos en contra del exministro de la Serna no quedan ahí. En 2012, mientras aún fungía como secretario de Estado, fue acusado de participar en el proceso de venta de más de cinco mil transformadores de energía eléctrica con irregularidades, considerados «chatarra» por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Además, el Ministerio Público lo acusó por haber otorgado licencias ambientales para la operación de granjas camaroneras en el sur de Honduras, y extender permisos de operación a gasolineras y empresas que vendían equipos eléctricos. 

Después de ser ministro de la Serna, Cuéllar se desempeñó como Fiscal Adjunto de Óscar Chinchilla, quien fungió como Fiscal General después de la renuncia de Luis Alberto Rubí y Roy David Urtecho en 2013. Mientras ejercía como una de las máximas autoridades del Ministerio Público, un fiscal denunció en 2016 que Rigoberto Cuéllar estaba siendo investigado por presuntamente recibir sobornos relacionados con el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Sin embargo, a pesar de la gravedad de estas acusaciones, Cuéllar no ha enfrentado un proceso judicial.

Funcionarios, empresarios y bancos regionales o extranjeros figuran en la conformación de proyectos extractivos en Honduras, los cuales, como en este caso, han funcionado como una salvaguarda para empresas extranjeras o países que buscan compensar su contaminación al ambiente, mientras las comunidades locales y pueblos originarios, en cuya cosmovisión el cuidado de la naturaleza y de los bienes comunes es esencial, continúan siendo desplazados.

El Gobierno ha promocionado su compromiso con el ambiente, asegurando que en lo que va de esta administración no han emitido concesiones de microcuencas para implementar proyectos extractivos. Sin embargo, el Estado no ha suscrito o ratificado herramientas fundamentales como el Acuerdo de Escazú, que podría proporcionar protección jurídica para los defensores y defensoras del ambiente en Honduras, los cuales, tal como en gobiernos anteriores, siguen siendo amenazados por proteger su territorio.

Hubo lágrimas, abrazos y discursos en los que se hizo memoria del tiempo cuando la Cooperativa de Cuidados (CoopCuidados) era apenas una idea. Un sueño que finalmente se materializó el 29 de octubre de 2024, con un evento oficial de lanzamiento de la primera cooperativa en Honduras dedicada al trabajo doméstico y cuidados remunerados.

En Honduras, el trabajo doméstico remunerado es una actividad esencial en la economía, pero sumamente desvalorizada y desprotegida. A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reporta que una de cada 25 mujeres empleadas realiza trabajo doméstico. Sin embargo, en Honduras estas trabajadoras enfrentan salarios por debajo del mínimo, jornadas largas y condiciones de trabajo informales, en la mayoría de los  casos sin acceso a derechos básicos como vacaciones, seguridad laboral y protección ante el despido. La situación se agrava debido a que el Convenio 189 de la OIT, diseñado para proteger a las trabajadoras domésticas, aún no ha sido ratificado, manteniendo a este rubro al margen de una regulación laboral inclusiva y justa.

Ante esta realidad, Coopcuidados no solo busca formalizar el sector y garantizar condiciones laborales adecuadas, sino también dignificar el rol de las mujeres en un área que históricamente ha sido invisibilizada. Además de proporcionar formación en derechos, la cooperativa pretende incidir en la agenda pública, sensibilizando a la sociedad sobre la importancia del trabajo doméstico, exigiendo políticas de protección, reconocimiento de derechos laborales y la formalización del trabajo en el sector a través del cooperativismo.

Eda Luna, socia fundadora de la cooperativa, dijo a los medios de comunicación que la consecución de este proyecto «significa mucho para nosotras, lo vemos como un proyecto de transformación en la vida de las mujeres que hacemos trabajo doméstico remunerado».

Eda Luna recalcó también que este es un logro importante ante la violencia machista que afecta a las mujeres que trabajan en este rubro. Explicó que un factor de riesgo importante es que «casi siempre el empleador sabe quién es la trabajadora doméstica, pero la trabajadora no sabe para quién está trabajando».

En ese contexto, los casos de violencia contra las trabajadoras domésticas siguen multiplicándose. Por ejemplo, el lunes 28 de octubre, los medios de comunicación reportaron que una empleada doméstica fue asesinada en su lugar de trabajo en una casa en la colonia Montefresco de San Pedro Sula. Aunque el responsable fue capturado y remitido a un centro penal, la impunidad suele imperar en estos casos. 

Para Eda Luna, ante estos hechos se debe exigir justicia y no esperar a que ocurran los crímenes, sino que «desde las diferentes instancias del gobierno deben poder regular y asumir la corresponsabilidad del reconocimiento jurídico del trabajo doméstico como un trabajo»; por ejemplo, tener un horario regulado que no las exponga a salir muy temprano hacia su empleo, porque de acuerdo con Luna, «estamos propensas a todo este tipo de violencia que existe tanto dentro como fuera de nuestros lugares de trabajo».

Coopcuidados permitirá que las trabajadoras tengan contratos por escrito, y que exista una regulación de sus derechos y condiciones laborales. Además, brindará capacitaciones sobre derechos y cooperativismo a las mujeres afiliadas. 

Por Teddy Baca
Portada: Persy Cabrera

¡En un hermoso país, pero desechado por la heteronormatividad!
¡Sobrevivían los diversos, los más dotados de luminosidad!
¡En donde el binomio hombre y mujer se impone cada día!
¡Y que con sus mandatos absurdos predicaban y aburrían!
¡Se destacan los que por naturaleza, no obedecen esta patraña!
¡Para que el arcoíris salga libre, cada mañana!

Es un gusto escribir nuevamente. Nos encontramos próximos a celebrar la Navidad, e indistintamente del significado (religioso o no) que le demos, la mayoría solemos asociarla con pasar tiempo de calidad en familia.

Sea elegida o consanguínea, adoptiva o de herencia, las marcas y la publicidad nos recuerdan constantemente la importancia de pasar la navidad con quienes amamos.

Y aunque no quiero romantizar la época del año ni reducirla al consumismo, sí me gustaría contar un poco sobre qué puede significar las festividades decembrinas para una persona LGTBIQ+.

  • El dolor de haberse ocultado otro año

No pretendo dar un mensaje pesimista al artículo, pero tenemos que mencionar tanto lo positivo como lo negativo. Lo cierto es que para muchas personas sexodiversas y génerodisidentes, la Navidad es un recordatorio de lo duro que fue esconder su sexualidad o identidad durante todo el año, y de que además posiblemente tengan que seguir haciéndolo, particularmente cuando se vive en el seno de una familia conservadora, donde la expectativa es que presentes una pareja ante los demás, y casi siempre se espera que sea alguien del sexo opuesto. Simplemente es abrumador, y una vivencia que más de alguien recuerda con amargura o ironía.

Y no digamos cuando se trata de un niño, niña o adolescente diverso, la melancolía de no poder expresarse por temer perder el amor familiar es todavía más evidente.

A quienes todavía viven esto, les mando todo mi amor y les recuerdo que no están solxs.

  • En el olvido

Si la situación número 1 ya es horrible, no digamos vivir en la indigencia por abandono y rechazo familiar, o estar en el medio de un conflicto tras salir del clóset. Muchxs tienen el valor de presentar a sus parejas ante la familia por el compromiso y afecto que les tienen, ¿por qué esconder a quien amas? Sin embargo, muchos familiares terminan rechazando y discriminando.

No sé ustedes, pero yo veo infinidad de cenas navideñas con gente que no cumple con los «valores» que predican, que se sabe con certeza que fueron infieles o que incluso han cometido delitos como violentar a otros («pecados» según la interpretación minimalista de la Biblia). Y no es que sea purista, pero ¿en serio tanto les afecta que alguien sea honesto y lleve a su pareja del mismo sexo/género, cuando permiten la hipocresía de otras personas? Ni siquiera es comparable, estamos hablando de a quien queremos en nuestras vidas.

Y quizás por eso muchos optan por el número 3.

  • Celebrar con la familia elegida

Mucha gente usar el término «comunidad LGTBIQ+» para referirse a nosotrxs, y si bien no vivimos en comunas en la mayoría de los casos, sí generamos un sentido de comunidad debido al rechazo social que vivimos. Es una mezcla de empatía y solidaridad que no todas las personas en el ambiente comparten, pero que todavía existe.

Ya sea con una amistad o varias, exparejas, novios, amantes o incluso miembros de la familia que no suelen ser tan cercanos, las personas LGTBIQ+ encontramos un sentido de pertenencia que, además de ayudar al ajuste psicosocial, nos permite disfrutar la Navidad con genuinidad y amor.

  • Quienes tienen aceptación 

Vivir la Navidad siendo uno mismo, sin miedos, con quienes te vieron nacer y/o crecer, es posiblemente el escenario más idealizado y deseado. Ahora es más frecuente poder presentar a tu novio/a, lucir una prenda de vestir acorde a tu expresión de género y hablar del futuro sin tener que esconder o mentir; eso es un regalo en sí mismo en una sociedad cisheteronormada.

Lo cierto es que esta debería ser la norma, porque un hogar donde no se pueda ser uno mismo o se tenga que cohibir para «sobrevivir» ante comentarios incómodos, lejos de ilustrar lo que se asocia con la Navidad, promueve una visión egoísta y poco sensible.

En mi caso, podría decir que al inicio me encontraba en el número 1 y casi he logrado estar en el número 4. No ha sido un camino fácil de transitar, pero definitivamente me hace feliz creer que la temporada navideña es perfecta para sacar lo mejor de nosotrxs, una oportunidad para cuestionar los prejuicios y en la que finalmente se tome el valor para expresar la verdadera esencia de nuestras personalidades.

Ser no binario (no me identifico ni como hombre o mujer) y andrófilo (me gustan exclusivamente hombres o identidades transmasculinas) no son aspectos que quiera o deba ocultar, porque simplemente no están mal. Ya superé ese prejuicio interno y estoy agradecido de toda la gente cercana a mí que también lo ha hecho. Eso representa la navidad para mí (y comer mucho, ja, ja, ja).

Yo quiero Navidades en las que nadie tenga la necesidad de callarse, irse o mentir, sino en donde todxs podamos caber.

Desde ya, Feliz Navidad, les deseo felicidad y mucha aceptación. 🩷

Durante el primer año de Gobierno de Xiomara Castro hubo protestas casi a diario exigiendo respuestas a diversas problemáticas, y en la mayoría de los casos la respuesta de los elementos de la Policía Nacional (PN) no fue violenta. En el 2024, varios acontecimientos muestran que la tolerancia a las manifestaciones y protestas ha disminuido por parte de esa institución.

Texto: Allan Bu
Fotografías: Fernando Destephen

El 11 de octubre de 2024, miembros de la Policía Nacional le dieron 42 garrotazos a Misael cuando finalizaba una protesta de habitantes de la aldea Brisas del Mar en Puerto Cortés en contra de la actividad de la minera Agregados del Caribe S. A. (Agrecasa), cuya operación fue suspendida por el gobierno de Xiomara Castro por un año, pero siguen extrayendo material de la mina, aseguran en la comunidad. 

El ataque quedó registrado en un video que circuló en diversas páginas de redes sociales. Ahí se observa el cobarde comportamiento de unos 20 uniformados que golpearon sin piedad a una persona desarmada.

La agresión a Misael es parte de un cambio de comportamiento de la Policía Nacional para mediar en las protestas. Durante los primeros dos años de la administración de Castro, desde el Gobierno presumían de no haber utilizado una tan sola bomba de gas lacrimógeno —cosa muy común en los dos períodos de Juan Orlando Hernández—, y de que se había permitido cualquier tipo de protesta; por ejemplo, en Tegucigalpa unos conductores de camiones se manifestaron porque la Alcaldía no los dejaba estacionarse en la vía pública, y los trabajadores del transporte público protestaron porque la misma Policía Nacional les registraba demasiadas infracciones. Sin embargo, en el tercer año de este Gobierno las respuestas violentas de la Policía Nacional cada vez son más recurrentes. 

Así, mientras las autoridades mantienen un discurso que prioriza los derechos humanos y hablan de una «institución con vínculos de confianza y comunitaria», como dijo en marzo de 2022 la presidenta Xiomara Castro, en las calles esa posición ha cambiado. La agresión a Misael es una de varias que han sido documentadas por la población.

Hagamos un recuento. El 29 de febrero, unos 1,500 oficiales desalojaron de forma violenta a las personas de tres asentamientos campesinos, cuyos miembros después se manifestaron frente a las oficinas del  Ministerio Público (MP) en Tegucigalpa, condenando la brutalidad con que actuaron las fuerzas del Estado. «En nada parece un sistema democrático», le dijeron representantes de los campesinos al periódico digital Criterio

En mayo de 2024, los habitantes de Brisas del Mar en Puerto Cortés sufrieron otra brutal  represión durante una toma en la CA-13 exigiendo el cierre de Agrecasa. La población denunció el daño al río Brisas del Mar que pasa cerca a la comunidad, grietas en sus casas, los ruidos de las explosiones y la operación con las licencias vencidas de la minera. Unas 15 personas fueron golpeadas, y por la furia de los agentes policiales, varios vehículos acabaron con los vidrios quebrados. 

Luego, el 11 de junio de 2024, casi 2,000 empleados de la Corporación Delta Apparel —que reclamaban por el eventual cierre de la empresa— fueron retirados mediante el uso de una tanqueta de agua, y un chorro golpeó directamente a una operaria, que se retorció en el cemento frente al Zip Buena Vista. Esta agresión fue documentada por el periódico del Gobierno. 

Una vez consumado el cierre de la maquila, el personal de Delta comenzó a exigir el cumplimiento de sus derechos laborales tras el abrupto cierre de la empresa y la incapacidad del Estado para brindarles protección. En ese contexto, el 8 de octubre, nuevamente fueron desalojados con violencia de la carretera CA-5. En esta ocasión, elementos de la Policía golpearon con toletes a una operaria que, más tarde, declaró a los medios de comunicación que llegó a pensar que «la iban a matar».

Carlos Paz, director de Cáritas en la diócesis de San Pedro Sula, explicó que el uso de la fuerza por parte de las autoridades debería ser la excepción, usarse únicamente para evitar un daño de mayor gravedad, y buscar  proteger un objetivo legítimo. Un ejemplo que mencionó es evitar el vandalismo o los linchamientos públicos que ponen en grave riesgo la vida y la integridad de una persona. 

«Este uso de la fuerza debe estar regulado y se deben establecer las formas de actuar de los policías en estos casos. Este principio en los estándares internacionales se llama principio de legalidad. Pero también deben cumplirse los principios de “absoluta necesidad y de proporcionalidad”, esto es, que el uso de la fuerza sea estrictamente necesario y que ya se hayan agotado los recursos de negociación, y del control de la situación; además, la autoridad debe estar preparada para prestar los auxilios necesarios derivados del contexto», dijo Paz. 

Añadió que, a su juicio, este comportamiento no ha cambiado. «La actuación es la de siempre: intolerante, machista y hostil, carente de profesionalismo y sentido humanitario, y yo diría que no puede ser de otra manera, pues el discurso y la perspectiva de seguridad ciudadana es represiva y bélica», afirmó. 

Sin embargo, aclaró que este es un problema histórico y estructural. Citó como ejemplo que el sistema de justicia tiene un enfoque de «derecho penal del enemigo». Mencionó que el delito de usurpación es un buen ejemplo, ya que campesinos, grupos étnicos, empleados públicos que reivindican o protegen derechos son acusados por usurpación, cuando el Estado tiene la obligación de respetar la participación de las y los ciudadanos en la manifestación pública y de respetar la elección del lugar y el tiempo de la protesta; «pero eso no ocurre», dijo. 

Sostuvo que la actual administración y las anteriores «no han movido un tan solo dedo», ni han dado muestras de voluntad política para humanizar y profesionalizar a policías y militares.  Opinó que la formación en derechos humanos en estas instancias es mera formalidad sin compromiso. «¿Cómo podemos esperar algo distinto de los cuerpos de seguridad del Estado, sin esa voluntad, compromiso y cambio estructural? Esa institución policial y militar de hoy son los mismos de ayer y de siempre, solo cambiaron algunos rostros», concluyó. 

42 garrotazos

«Hágase a un lado, vamos a quitar la pancarta», contó Misael que le dijo a su compañera de hogar, que sostenía un letrero durante la protesta en Baracoa, Cortés. Él había salido de su trabajo como guardia de seguridad y le llevó algo de comer a su esposa.

Momentos después de que Misael tomó la pancarta, una tanqueta comenzó a tirar poderosos chorros de agua. En la toma había muy poca gente, y el agua hizo que los manifestantes corrieran para ponerse a salvo. Misael, al verse solo, pensó en retirarse y comenzó a recoger su pancarta. Así se observa en los videos grabados por personas en el lugar. Justamente en ese momento comenzó a recibir golpe tras golpe. 

«Yo vi que iban agresivos, entonces dije, “me voy a quitar”; di la espalda, y ahí empezaron a golpearme», recordó Misael. Agregó que en otras ocasiones en las que han protestado en favor del ambiente, la Policía ha llegado y ellos se retiran: «Pensé que eso iban a hacer esas bestias», dijo. La brutalidad del ataque quedó evidenciada en los ocho puntos que le tuvieron que hacer por una rotura en la cabeza a este hombre, a pesar de que no se había quitado el casco de protección que usa para transportarse en su motocicleta.

«Son delincuentes uniformados. ¿Por qué van a golpear a un solo hombre, que no se les está oponiendo, que no les está ofendiendo ni agrediendo. Si usted ve los videos, yo estoy enrollando la pancarta», explicó Misael, quien en los videos justamente solo parece estar retirándose. 

Ese día, después de la golpiza, Misael fue detenido, pero cuando estaba en la patrulla se escapó hacia una colonia cercana. Corrió con una herida en su cabeza y la ropa ensangrentada. Asegura que los agentes policiales que lo golpearon no recibieron ningún castigo, y que el jefe policial de la zona solo fue trasladado a otro lugar. 

Contracorriente intentó contactar al jefe policial del Valle de Sula, David Ortega Posadas, quien en primera instancia había acordado recibirnos en su oficina, pero antes requirió conocer el tema a tratar, y luego de recibir las preguntas no volvió a contestar. También le enviamos mensajes al director de comunicaciones de la PN a nivel nacional, Miguel Martínez Madrid, pero hasta el momento de la publicación no obtuvimos respuesta.

Tras la viralización de los videos que muestran la brutalidad con la que actuaron los agentes de la policía, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, condenó a través de la red social X el procedimiento erróneo contra Misael, y ordenó —suele dar órdenes a través de esta vía— una investigación sobre los hechos, pues, según él, ese maltrato no se apega a la normativa de actuación en esos casos. 

«La normativa» no parece ser algo a lo que estén muy atentos los subalternos de Sánchez, pues la represión también se ha repetido contra quienes exigen respuestas a situaciones puntuales y urgentes. 

En Brisas del Mar, por ejemplo, la población sigue alzando su voz porque aseguran que la mina Agrecasa sigue trabajando: «Está cerrado “de boca”, porque ellos están extrayendo material y han estado sacándolo de la mina y llevándolo a predios portuarios», reafirmó Misael. 

Sobre el cambio en la respuesta de la Policía a las manifestaciones, Carlos Paz, director de Cáritas, explicó que la protesta social es un derecho humano ligado al fortalecimiento del Estado de Derecho, pues ayuda a favorecer consensos y solución de problemas y necesidades sentidas por la ciudadanía. 

Señaló algunas diferencias respecto a los objetivos que perseguían las manifestaciones en la administración de Juan Orlando Hernández y la actual: «En el gobierno anterior estuvieron mediadas por la defensa de la democracia, la lucha contra la corrupción y la impunidad, tres aspectos de carácter estructural y central para la vida y el desarrollo de toda la sociedad hondureña. Sin embargo, la protesta social en los primeros años de este gobierno tuvieron una condición más de tipo militante o partidaria, o la defensa de derechos estuvo ligada a las mejoras laborales (enfermeras, los jueces y fiscales, medicina forense, etc).».

Además, señaló que actualmente «la represión es de tipo selectiva y focalizada, la brutalidad policial contra trabajadoras y trabajadores de la maquila, pobladores y pobladoras, o por los asesinatos contra ambientalistas, son muestra clara del carácter selectivo de la persecución del disenso, algo para nada nuevo y exclusivo de este gobierno. Podríamos decir que la actual administración aplicó viejas recetas para enfrentar viejos problemas sociales». 

Y después dejó varias preguntas que no son fáciles de contestar: «Me pregunto si la población se siente más segura y confiada con la policía comunitaria. ¿Tendrá este recurso estatal mejor y mayor capacidad para gestionar el conflicto social desde el diálogo y los consensos? Vale la pena preguntarnos: ¿por qué en muchos barrios la población acude a las maras para solucionar problemas domésticos y no a la policía?», cuestionó.

Efectivos de la Policía Nacional resguardan el portón de acceso a una maquila en Villanueva, Cortés, mientras los empleados protestan afuera. Un día antes la policía había reprimido a los empleados. Villanueva, Cortés, junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Misael sostiene que la Municipalidad de Puerto Cortés, la Cámara de Comercio en Puerto Cortés y la Policía Nacional en el sector están alineados con los intereses de Agrecasa. Durante la protesta, los oficiales a cargo les dijeron a los manifestantes que las órdenes de desalojarlos venían desde el más alto nivel de la Secretaría de Seguridad. 

«Deben proteger la vida del pueblo para que no lo sigan dañando, pero para estos tipos la cosa es servir y proteger a la empresa millonaria, porque son los que les pagan y sobornan», cuestionó Misael, refiriéndose al flamante eslogan que aparece en todas las patrullas de la Policía Nacional: «Servir y proteger». 

Además, contó que hizo la denuncia ante el Ministerio Público y también ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), una instancia que depende de la Policía Nacional, pero no quisieron recibirla hasta que mencionó que lo acompañaba una abogada del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh). Misael concluye que esto pasó porque «entre corruptos se protegen».

Abusos en la impunidad

Las agresiones que los entes de seguridad del Estado cometen contra ciudadanos que exigen o defienden algún derecho habitualmente quedan impunes. 

Por ejemplo, el 5 de noviembre de 2024, la Coalición contra la Impunidad realizó un acto en memoria del joven Cristian Hernández, quien fue muerto por balas militares en el 2017 durante las protestas contra el fraude electoral que en ese entonces consolidó el régimen de Juan Orlando Hernández. En el contexto de esas protestas ciudadanas por el fraude electoral de 2017, organismos de derechos humanos documentaron al menos 33 muertes a manos de organismos de seguridad del Estado, y siete años después ningún policía o militar ha sido condenado.

Hedme Castro, directora de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (Aci-Participa) resalta que en el año 2018 una jueza le dio sobreseimiento definitivo a los oficiales Juan Manuel Aguilar Godoy y Marlon Vásquez, que habían sido detenidos por los delitos de abuso de autoridad, tortura, detención ilegal y violación de los deberes del funcionario. «Hoy estas personas ocupan altos cargos en el Gobierno», dijo Castro. De hecho, Aguilar Godoy, desde junio de 2023, es el director de la Policía Nacional, luego que Gustavo Sánchez asumió como ministro de Seguridad. 

«Sigo denunciando que el director de la Policía Nacional, que fue uno de los torturadores en la Universidad Nacional, continúa teniendo cargos de poder; este tipo de persona desluce el Gobierno», aseguró Castro, defensora de derechos humanos en la zona sur del país. 

La Policía Nacional ha sido una institución cercana a los escándalos. En 2016 fue creada la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, instancia que funcionó hasta el año 2022 y que dejó 6,168 policías depurados a nivel nacional, de acuerdo a un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). La depuración estuvo lejos de ser un éxito. 

Hasta el 2024, nueve oficiales de la Policía Nacional, incluido su exdirector Juan Carlos Bonilla, habían sido condenados en cortes de Estados Unidos por colaborar con cárteles de narcotráfico en Honduras. 

Misael y otros vecinos de Brisas del Mar aseguran que no van a renunciar porque su lucha es por la vida y la humanidad. No obstante, tienen claro que defender el ambiente «es fatal», y lo más grave es que a los defensores los persiguen las empresas o entes policiales. 

«Parece que sí quieren callar al pueblo, pero ya sea en las calles o en otras instancias, nosotros seguimos protestando. No vamos a abandonar la lucha, no mira que nosotros peleamos por nuestro bienestar y el de nuestros hijos», manifestó Misael. Agregó que cree que la presidenta Castro quizás ha bajado la guardia sobre lo que hace su gobierno, y que «es Manuel Zelaya quien está dando las órdenes para que le den maceta al pueblo».

Hedme Castro expresó su asombro ante el papel que sigue desempeñando la Policía Militar del Orden Público (PMOP), afirmando que considera inmerecida su relevancia «por todo el lastre de represión y tortura que tienen». La defensora de derechos humanos describió a la PMOP como «un grupo élite, que está creado para reprimir a las personas y causar miedo». 

Curiosamente, esta visión era compartida por las principales figuras del actual gobierno cuando estaban en la oposición, tildando a la PMOP de ser un órgano represor al servicio de Juan Orlando Hernández. Sin embargo, esta postura ha cambiado desde que llegaron al poder, pues el actual Gobierno incluso ha entregado a la PMOP la administración de los centros penitenciarios del país.

Una vez en el Gobierno, la presidenta Xiomara Castro ordenó mantener la Policía Militar en colaboración con la Policía Nacional. En julio de 2022, Roosevelt Hernández, entonces comandante de la PMOP, ahora jefe del Estado Mayor Conjunto, manifestó que por órdenes de la presidenta «se había generado una nueva estrategia de seguridad y estarían 24 horas tras la persecución del delito».

Hedme Castro aclara que no está contra el Gobierno, e incluso destaca la inversión en infraestructura y en la reparación de escuelas. «Sufrí para que [el Gobierno] llegara donde está. Me quemaron la casa, que había pagado por 25 años en el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema). Sufrí muchos vejámenes luchando por la democracia que anhelamos», dijo. 

Sin embargo, recalcó que no tuvo ni tiene compromisos con ningún Gobierno, y que por tanto va a continuar denunciando y documentando las violaciones a los derechos humanos que hace el Estado de Honduras. Además, Castro consideró que el comportamiento ideal de la Policía Nacional debería basarse en el respeto a la vida y la dignidad de las personas. 

En su opinión, no cree que las órdenes de reprimir a manifestantes provengan «de las altas autoridades del Gobierno de doña Xiomara Castro», y expresó su deseo de que el derecho a la manifestación sea protegido. Sin embargo, también señaló que la PMOP refuerza los actos de represión que se están llevando a cabo, ya que, según ella, los elementos que conforman esta fuerza «son especialistas en eso».

Por su parte, Misael habla con resentimiento. Y no es para menos. Sufrió una agresión brutal e injustificada por miembros de una institución en la que sus altos mandos no se cansan de hablar de derechos humanos y cercanía con la población. «Hoy en día los policías no se usan para servir y proteger, sino para delinquir y maltratar», finalizó el hombre que sobrevivió a 42 garrotazos.

Por Rolan Eduardo Soto López
Portada: Persy Cabrera

A Maru, por su cumpleaños, por su existencia.

22 grados Celsius. Afuera canta un pájaro. Camino a la sala, doy una, dos, tres vueltas y regreso a la cama. Hay cansancio, diez minutos más arropado. Me levanto y pienso en algo que podría activarme: Mami Nena Café, producido a 1,600 metros sobre el nivel del mar  en la comunidad El Plantel, Yorito, Yoro. Lo busco en mi salita, doy vueltas, y no lo veo, me preocupo. Luego recuerdo que lo había guardado en una canasta elaborada por mujeres tolupanes de Montaña de la Flor. Listo, el café queda en preparación mientras me tiro a la cama de nuevo.

Pienso en el rinconcito que he construido en esta Tegucigalpa profunda: el calor, el olor a café mañanero, el abrazo de cada pared. Cuando llegué a esta casa, pequeña, austera, amigable. 

Las casas se parecen a su dueño: Maru y su casa.

Conocí a María Eugenia por una razón con pocas explicaciones. Ya éramos «amigos» en Facebook. En una ocasión me escribió para contactar a Mauren Romero, poeta de Olanchito, pues quería integrar sus escritos en una antología. También me escribió para solidarizarse por la muerte de Apolo, un gatito que yo había rescatado y que murió penosamente. Después vinieron otras empatías virtuales que nos llevaron a nuestro primer encuentro en su casa.

Yo estaba nervioso: iba a conocer a una narradora y editora hondureña tan reconocida. No sabía si la conversación iba a ser formal, solemne o seria. Para mi sorpresa, me encontré a una Maru muy suelta para hablar, y con una chispa de gracia. De vez en cuando soltaba una frase graciosa y yo le seguía la corriente, pues disfruto la risa y la carcajada.Yo fui con una camisa azul claro, manga corta y botones; pantalón jean azul y zapatillas negras. Ella vestía una camisa ligera y fresca: azul marino, con detalles color naranja, pantalón jeans azul y tenis rosados. Esa tarde del 26 de enero de 2023 inició una conexión espiritual y de amistad. 

La Inteligencia Artificial define a la amistad como «una relación afectiva que se establece entre dos o más personas, basada en el afecto, la confianza, la lealtad, el respeto y el apoyo mutuo». El filósofo griego Aristóteles identifica tres tipos de amistad: por utilidad, por placer y por virtud, es decir, amamos la utilidad, el placer y la virtud. En el mundo romano que vivió Cicerón, la amistad era considerada como aquello que hace espléndidas las situaciones favorables y leves las adversas. Este orador, estadista y escritor consideraba que la amistad no necesariamente debe ser útil, sino que más bien existir por sí misma. En Asia, precisamente en China, al amigo o amiga se le considera una fuerza débil, riqueza del pobre y medicina del enfermo. Omukago, es el concepto africano de amistad que refiere a un pacto de sangre entre dos personas que les une; este simboliza la unidad, el amor y la armonía. 

Y para la cosmovisión indígena mesoamericana y andina, la amistad es sinónimo de hermandad: se existe con el otro y/o la otra, estamos unidos umbilicalmente.

Más allá del nombramiento, la definición de la amistad, y cada uno de sus encuadres sociales y filosóficos, esta existe en sí misma. Se crea, se práctica, existe. Esto explica mi relación con Maru: mujer piedra, por su tesón; mujer algodón, por su forma de  querer; mujer hierro, por su manera de enfrentar la vida; mujer aire, por dar vida. 

Nos han unido los afectos, nuestras utopías de un mundo justo, nuestro amor por los hermanos gatos, y su locura por las herramientas u objetos de ferretería. También nuestro encantamiento por la literatura y todas las formas posibles y decibles de contar la vida: el ensayo, el artículo científico, la buena poesía, el relato, el chisme, el chiste, toda palabra.

Se existe en los afectos, en todas las formas de querer, en la vida misma. No existe nada más allá de los afectos. Se es con el otro y la otra. Así como he sido con Maru y ella conmigo. Así como he hecho un rincón balsámico en su casa, que es un ser vivo, y no me siento fuera de ella.

Por Fernando Destephen
Portada generada con IA

—¡Puta, perdí mi dragón! —exclamó el niño de pijama a cuadros.

Se acostó sin cenar, se bañó sin ganas, atrasó el sueño en espera del dragón. Nadie sabía qué era lo que esperaba sentado, en la orilla de la cama, dubitativo, razonando las sinrazones de la pérdida de un dragón en estos tiempos; la filosofía existencial en un niño, la irresponsabilidad social que implicaba el descuido de no haberlo amarrado a la pata de la cama. ¿Y si tiene hambre? ¿O frío?

La luz del baño aleteaba, suspiraba. La ventana también lo hacía, exhalaba la cortina, se respiraba angustia en la pequeña habitación de medidas inconclusas. Abajo, los padres, los adultos, ignoraban el dolor encarnado en el espíritu del niño que negaba su nombre, que se creía indigno de poseer cosa alguna por el inmenso descuido de olvidar asegurar al dragón. Sus padres solo se preguntaban en silencio, solo con las miradas: ¿por qué el niño no había comido su cena? Que por alguna extraña razón seguía ahí, la grasa de la carne se secaba en los garbanzos condimentados, los vegetales verdes se ensombrecían sin moscas, la comida esperaba muda. Y comenzó la hora del café; las tazas rebosan de la bebida oscura, amargo para él, dulce medio para ella, acompañado de unos panes almidonados de arroz dulce con pasas molidas y rellenos de jalea roja, digamos de mora…

Entre sorbo y masticada, se escapaban una serie de suspiros encriptados.

En el piso de arriba, el pequeño continuaba su disertación mecánica, las preguntas típicas, naturales en un hombre adulto, y en él, lleno de esa adultez tan singular: ¿por qué? ¿Cómo? ¿En qué momento?

Calculaba los hechos, las consecuencias, las causalidades; medía y mediaba con sus pequeños miedos; una teoría salía, otra entraba; el tiempo era el mismo, seguía su envejecimiento normal, su enrollamiento de caracol en proporción divina. Recalculaba su última plática y razonaba qué de malo había hecho para que huyera. Ya no era solo culpable de no atarlo a la primera pata a la derecha de su cama de juguete, ahora era una culpa entera: el dragón se había molestado con él… El miedo a perder algo nos acecha y nos modifica conductualmente, nos refleja inseguridades e hipótesis, funcionalidades, medidas de desahogo. Era interminable la forma de pensar exponencialmente, su espacio era esa orilla, con los pies desnudos colgando sin tocar el piso pulido y helado… Afuera la noche era otra, casi igual a la de ayer, o la de anteayer; lo que las diferenciaba era la falta del dragón. No estaba, y los pies del niño colgaban guindando de la cama, parecían proyectar el ahorcamiento de unas sombras secas, sus ojos idos en esa nada que nos deja absortos en un punto imaginario y nos pasma en un mismo lugar de pensamiento, análisis, recogiendo la cosecha mental.

El dilema seguía, modelando teorías. La noche enfriaba su oscuro cuerpo y la luz encerrada en un bombillo blanco enroscado en sí mismo palpitaba, mientras una mariposa negra hipnotizada giraba alrededor de sus invisibles manos de neón enjauladas. El lavabo goteaba como si tuviera gripe, los colores blancos del baño dormían, el reloj se movía lento, abajo los ratones buscaban las migajas de los panes rellenos, las fotos de las repisas seguían su coma habitual, los padres se habían encerrado en su ritual de padres, el niño había logrado acomodar los pies y había vuelto a su estado fetal primario, pero carente de líquido amniótico, sustituido por un par de sábanas de colores y almohadas con estampados de caricaturas en blanco y negro.

Sin darse cuenta entró en un ciclo REM profundo, y no escuchó cuando el dragón regresó y tumbó su cepillo dental al suelo callado del cuarto de baño, ni olió el sucio perfume de cabaret mezclado con el humo del tabaco, el aliento a arsénico y azufre mezclado con whisky barato sin hielo, ni vio los torpes pasos a secas que dio antes de acomodarse la cadena al cuello y regresar a hacer marcas en la pata de la cama, que se reseteó hasta el día o la noche de su próxima salida.

Entre 2010 y 2023, 16 de las familias centroamericanas más ricas crearon al menos 52 sociedades en España, país que se ha especializado en atraerlas permitiendo que sus ingresos personales sean sometidos, bajo ciertas condiciones, a una tributación mínima del 1,25%, menos de lo que tributarían en sus países, algunos de los más pobres y desiguales del mundo. Entre los propietarios de estas sociedades están los Novella, los Gutiérrez o los Castillo de Guatemala; los Poma o los Kriete de El Salvador, los Atala o los Bueso de Honduras, Wilhelm Steinvorth de Costa Rica o los Motta de Panamá. Solo en 2022, seis de estos grupos reportaron 341 millones de euros en dividendos en España.

Por:  Redacción Regional

Entre 2010 y 2023, 16 de las familias más ricas de Centroamérica crearon en España al menos 52 sociedades valoradas en 3 mil 588  millones de euros, según información disponible en el registro mercantil de Madrid. Una investigación de Redacción Regional y No-Ficción revela que desde la mayoría de estas sociedades, que siguen vigentes, los empresarios centroamericanos pueden controlar las acciones de las empresas establecidas en la región y, en algunos casos, pueden pagar legalmente impuestos mucho más reducidos sobre las ganancias que reciben de lo que harían en sus países, inmersos en una de las zonas más pobres y desiguales del mundo.

Solo en 2022, seis de los 16 grupos reportaron dividendos por un total cercano a los 341 millones de euros, según documentos públicos oficiales.

Estos son los grupos guatemaltecos: CBC (47.8 millones), CMI (45.8 millones) y Cementos Progreso (151 millones); el grupo Poma de El Salvador  (52.6 millones); los Motta de Panamá (41.8 millones) y Wilhelm Steinvorth de Costa Rica (2 millones).

De estos 341 millones de euros canalizados hacia España, al menos 55.9 millones fueron gravados con una tributación especialmente reducida, con frecuencia de solo el 1,25%. En contraste, los dividendos en Centroamérica tributan tasas que oscilan entre el 5% en El Salvador y Guatemala y el 15% en Costa Rica.  

Los dividendos son la compensación que los accionistas de una empresa reciben cuando esta decide repartir beneficios. Son una de las formas de ingreso más importantes que reciben las personas más ricas.

Estos 55.9 millones de euros que se beneficiaron de una tributación especialmente reducida procedieron de únicamente de tres de los grupos más pujantes de la región: los guatemaltecos CMI (2.9 millones) y CBC (33.5 millones) y los salvadoreños Poma (19.4 millones). 

Cuentas de un holding del grupo Cementos Progreso (familia Novella de Guatemala). En esta sección exponen cómo canalizaron hacia España 151 millones de euros en dividendos en 2022 y 172 millones en 2021.

Las dueñas de estos 16 grupos que se han establecido en España son familias con patrimonios multimillonarios, banqueros, cementeras, inmobiliarias, importadoras de vehículos, servicios, hoteles, restaurantes, centros comerciales y hasta la representación de marcas transnacionales como las bebidas del grupo Pepsi, los autos Toyota o los videojuegos de Nintendo.

Entre estas familias están los Gutiérrez de Guatemala, que poseen un conglomerado de negocios alimentarios y de generación de energía llamado CMI presente en toda Centroamérica;  los Poma de El Salvador, una gran fortuna centrada en la venta de vehículos y el desarrollo inmobiliario y hotelero; los Motta de Panamá, que representan decenas de marcas internacionales de productos electrónicos y de lujo; y los Castillo, también de Guatemala, que a través de su empresa CBC, distribuyen bebidas y snacks por la región.

Hay también industriales como los Novella, que dominan la producción de cemento en Guatemala; agroindustriales como los Herrera, los mayores productores de azúcar en Guatemala; banqueros hondureños como los Bueso y los Atala; e inversores costarricenses como Wilhelm Steinvorth, que preside el conglomerado de la alimentación Florida Ice and Farm Company (FIFCO) o los Durman Esquivel, accionistas de la transnacional de fabricación de tuberías Aliaxis.

Fuente: elaboración propia con datos aproximados según reportes públicos presentados entre 2017 y 2023. En total, los 16 grupos registraron al menos 52 sociedades. La mayoría de estas están relacionadas a las actividades de las empresas en Centroamérica y Latinoamérica. Los datos de activos y dividendos se corresponden a aquellas sociedades que presentaron información al registro mercantil de España.

La presencia en Madrid de estos grupos no es casual y se explica por una serie de políticas promovidas por España orientadas a convertirse en un lugar atractivo desde el que gestionar inversiones en países Latinoamericanos, principalmente. 

España cuenta con un régimen fiscal específico para las sociedades holding (una empresa dedicada a poseer acciones de otras empresas) que permite un extranjero tributar solo un 1,25% sobre sus dividendos si estos se canalizan a través de España. 

Además, el país ha suscrito Convenios contra la Doble Imposición (CDI) con la mayoría de países de Latinoamérica. Estos tratados permiten a cualquier inversor que se establezca en España sacar los dividendos que sus empresas repartan en países como El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia o la República Dominicana, entre otros, pagando impuestos reducidos o, bajo algunas condiciones,  beneficiándose de una exención tributaria total.

Esto estimula a alguien con inversiones en empresas en Latinoamérica a crear un holding en España desde el que gestionar las acciones de esas empresas y así tributar menos de lo que harían si estuvieran situados en otro lugar.

Los holdings propiedad de las familias centroamericanas son gestionados por bufetes de abogados o asesorías de empresas situadas en su mayoría en el centro de Madrid, especializados en ofrecer este tipo de servicio a inversores de todo el mundo por honorarios que pueden ir desde los 4,000 dólares anuales por administrar una sociedad a cifras cercanas a los $400 mil, en el caso de grupos empresariales grandes y con mayor actividad. 

El barrio de Salamanca es uno de los distritos más exclusivos de la capital española. Es un sector en el que abundan los despachos de abogados especialistas en holdings. Foto: David Adam Kess

Para este reportaje, Redacción Regional y No-Ficción intentaron obtener respuestas de los grupos empresariales que crearon sociedades en España, pero solo fue posible recibirlas de cuatro de los 16 grupos identificados. 

CMI se limitó a explicar que sus prácticas fiscales son legítimas y se apegan a las leyes de los países donde operan. No quisieron responder preguntas más detalladas, asegurando que este reportaje “parte de prejuicios” y busca “sembrar dudas”.

Grupo Cadelga respondió que tributan en Honduras “de la misma forma en que siempre lo hemos hecho”, que la operativa societaria e industrial del grupo sigue en Centroamérica y que establecer una estructura holding en España u otros países europeos “tiene ventajas desde el punto de vista del gobierno empresarial, el acceso a la financiación y también en relación con la protección de las inversiones”.  

El grupo Ficohsa también respondió que establecer un holding en España fue parte de una “estrategia de crecimiento y de protección de inversiones” y que esto “no afecta el cumplimiento riguroso de todas las obligaciones legales, regulatorias, laborales y tributarias” en cada país en el que tienen presencia.

Wilhelm Steinvorth, presidente de FIFCO, respondió a través de la agencia de comunicaciones CCK Centroamérica que el establecimiento de este tipo de figuras jurídicas constituye “una práctica regular, que cuenta con un marco jurídico y legal que las ampara” en Costa Rica y España, pero que “si bien este tipo de estructura de tenencia de inversiones y operaciones internacionales podría ofrecer posibilidades de eficiencia tributaria, nosotros no hacemos uso de ellas”. El empresario, además, aseguró que “este tema (el holding en España) no tiene ninguna vinculación con las operaciones de Florida Ice and Farm Company (FIFCO), sino que se refiere al ámbito personal de este servidor”. 

En el caso de CBC, se intentó durante semanas contactar con alguna persona responsable de la comunicación del grupo a la que enviarle un cuestionario, pero no fue posible, pese a reiteradas llamadas, correos y mensajes.

A la familia Poma se le envió un cuestionario con preguntas detalladas a través de la Fundación Poma, sin embargo, al momento de la publicación no se contaba aún con una respuesta.

La Fundación Kriete de El Salvador, representantes de los grupos Atlántida y Motta se comprometieron a trasladar consultas para buscar las reacciones, pero estas no llegaron. 

Al resto de grupos se les enviaron peticiones a través de los correos oficiales y teléfonos de las sociedades que presentaron estos datos al registro mercantil español,  o por los correos oficiales y teléfonos de sus empresas en Centroamérica o representantes legales, pero tampoco se obtuvieron respuestas. 

Thomas Dougherty Novella dirigió la empresa de su familia, Cementos Progreso, y también ha ocupado altos cargos en la influyente Cámara de Industria de Guatemala. Foto: Edwin Bercián

Millonarios y desigualdad

Los ingresos de estos grupos centroamericanos que se establecieron en España pueden ser considerables. Solo la familia guatemalteca Novella, que posee desde hace más de un siglo, prácticamente, un monopolio sobre el mercado del cemento con Cementos Progreso, reportó dividendos en España cercanos a los 151 millones de euros en 2022.

La cifra no parece extraordinaria si se compara con lo que reportaron en 2021. Un año antes, los dividendos de este grupo fueron aún más altos: ascendieron a 172 millones de euros.

Es decir, solo en dos años, los Novella ganaron 323 millones de euros. Esto representa unos 2 mil 700 millones de quetzales al cambio actual, el equivalente al presupuesto vigente de 2024 de todo el Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala, que concentra varios de los programas de subsidios a la pobreza más importantes que ejecuta el gobierno del país.

Los Novella compraron entre 2022 y 2024, y por unos 1,280 millones de dólares, las operaciones de su rival, Cemex, en El Salvador, Costa Rica y República Dominicana. En los últimos años también han invertido en negocios como la construcción de una carretera privada en Guatemala.

El siguiente grupo que más dividendos reportó en España fueron los Poma de El Salvador: 52.6 millones de euros. Y tras ellos, las familias guatemaltecas Castillo (47.8 millones) y Gutiérrez (45.8 millones), los Motta de Panamá (41.8 millones) y  Wilhelm Steinvorth de Costa Rica (2 millones).

Estas cifras corresponden a los dividendos enviados a los holdings españoles, según información del registro mercantil español.

El Salvadoreño Ricardo Poma es la actual cabeza de las empresas de la familia. El grupo se dedica, sobre todo, a la venta de vehículos, al desarrollo inmobiliario, hoteles y centros comerciales. Foto tomada de las redes sociales de la Fundación Poma

Que estos conglomerados reporten sus ganancias en el país europeo tiene implicaciones profundas para la región, ya que estos casos ponen de relieve cómo España se ha convertido en un eslabón más en los circuitos que permiten a los más ricos pagar legalmente impuestos mínimos.

El problema es mundial, pero sus efectos son especialmente dramáticos para países como los centroamericanos. Algunos países del istmo, sobre todo Guatemala y Honduras, se encuentran entre los que menos ingresos tributarios tienen en toda Latinoamérica.

Además, la mayoría de los países centroamericanos cuentan con estructuras tributarias regresivas, según explicó la economista salvadoreña Tatiana Marroquín, que ha realizado investigaciones sobre desigualdades en la región.

Esto significa que las personas más pobres destinan una parte mayor de sus ingresos para pagar impuestos que las personas más ricas. Esto ocurre porque las finanzas públicas se sostienen, en gran parte, gracias a tributos sobre el consumo y el trabajo.

Alguien que hace la compra y paga un 12 % de IVA en Guatemala o un 13 % en El Salvador. Los asalariados o profesionales a quienes su pagador les retienen un impuesto sobre la renta de entre el 5% o el 10%, según el país que se analice.

Los accionistas de las grandes empresas, en cambio, pueden conseguir que al menos una parte de sus dividendos sean sometidos a una tributación más reducida. Si cobran sus dividendos a través de holdings en España, los millonarios centroamericanos o cualquier otro inversor extranjero, pueden, bajo algunas circunstancias, tributar sobre este tipo de ingresos solo un 1,25% a nivel global.

Esto es menos de lo que pagarían si controlasen las ganancias de sus empresas desde los países en los que operan, o solo desde Panamá, como habían hecho tradicionalmente.

“Los impuestos sobre la renta no alcanzan tanto a los multimillonarios, como a los asalariados. Los multimillonarios siempre pueden mover su capital hacia donde no se tasa”, señala Marroquín.

La recaudación de impuestos a las grandes fortunas sigue siendo una de las debilidades principales de los sistemas fiscales de Centroamérica. Foto: Edwin Bercián

El estratégico viaje a España

Hasta 2008, las grandes fortunas de Centroamérica no habían considerado Madrid como un destino para crear un holding. Sin embargo, a medida que España firmaba tratados fiscales con países en los que las familias más ricas de la región ya poseían negocios o en los que planificaban invertir, el atractivo se multiplicó.

Estos acuerdos se llaman Convenios contra la Doble Imposición (CDI). En 2008 España suscribió un CDI con Colombia y le siguieron El Salvador (2009), Costa Rica, Panamá y Uruguay (2011) y Dominicana (2014). Todos estos países comenzaron a otorgar un trato fiscal preferente a los inversores españoles.

Por ejemplo, les permiten cobrar sus dividendos sin someterlos a retención o cobrándoles un impuesto reducido. España es el país del mundo que más de estos tratados ha suscrito con países latinoamericanos. En total, las autoridades de Madrid tienen CDI con 92 territorios. Panamá, en cambio, solo tiene 17.

“Es nuestra aportación al mundo de los holdings. Hemos querido entrar en la competencia por atraer dinero internacional”, dijo en una entrevista para este reportaje Carlos Cruzado, presidente del sindicato español de técnicos de Hacienda.

Fue en este periodo cuando comenzó la migración hacia Madrid, coincidiendo con una serie de reformas en los tres países del triángulo norte de Centroamérica que trataron de fortalecer la recaudación de impuestos sobre los dividendos. Esto sucedió entre 2011 y 2013 en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Durante la presidencia de José María Aznar (izquierda), a final de los años 90, España comenzó a adoptar políticas encaminadas a atraer la creación de holdings de inversores extranjeros. Foto: Juan Manuel Herrera/OAS

Grupo Motta: Los primeros en establecerse en España

Los primeros en establecerse en España fueron algunos de los grupos más globalizados, como los Motta de Panamá. Esta familia, desde hace décadas, representa a grandes transnacionales en varios países de la región, como los videojuegos Nintendo o los licores Diageo. También poseen una cadena de tiendas de productos Apple que está presente en el istmo y Colombia.

En 2010, los Motta trasladaron a España las acciones de la empresa a través de la que representan a Nintendo en la mayoría de Latinoamérica. Este negocio, en 2022, estaba valorado en 43.9 millones de euros, según información del registro mercantil español.

Los otros pioneros fueron los costarricenses que gestionan el fondo de inversión Mesoamérica. Este grupo, dirigido por Luis Castro Lachner, se ha dedicado a comprar y vender acciones de empresas por toda la región desde hace décadas. En la actualidad, son, por ejemplo, accionistas de una marca de leche en Colombia y cadenas de restaurantes en Colombia y Chile.

Estas participaciones las gestionan a través de holdings en Madrid con un patrimonio de más de 104 millones de euros, en 2022.

Tras los pioneros, llegaron a España otras familias con importante presencia transnacional, sobre todo guatemaltecas, salvadoreñas y costarricenses.

La familia Motta de Panamá es considerada la mayor fortuna de su país. El grupo ha sido dirigido por décadas por Stanley Motta (en segunda fila). Foto tomada de las redes sociales de la Fundación Alberto Motta.

2011:  llegan los dueños de Pollo Campero, los Poma y Steinvorth

En 2011, en Madrid se establecieron los Gutiérrez, una de las mayores fortunas de Guatemala y Centroamérica.

Ellos son propietarios del conglomerado, CMI, conocido por su cadena de restaurantes Pollo Campero, pero que incluye un sinfín de negocios en la industria alimentaria y la generación de energía renovable por todo el istmo, República Dominicana y Ecuador.

Los Gutiérrez trasladaron a España un buen número de sus negocios, sobre todo los relacionados con alimentación: sus avícolas, harineras o fábricas de pastas. Estos tenían en 2022 un valor de más de 1,283 millones de euros, según información del registro mercantil de Madrid. Es el mayor patrimonio centroamericano detectado en España.

Dionisio Gutiérrez ha sido por décadas una de las caras más visibles de su familia, los Gutiérrez de Guatemala. A diferencia de otros parientes, se ha involucrado en actividades políticas. Foto: Edwin Bercián

En el mismo periodo llegó la familia Poma. Ellos gestionan a través de holdings españoles solo una parte de sus negocios: sus ventas de carros en El Salvador y otras empresas inmobiliarias y de financiación de compra de vehículos en Costa Rica y Colombia. Estas están valoradas en 57 millones de euros en 2022.

En 2011, también se estableció en Madrid, Wilhelm Steinvorth, presidente y accionista de FIFCO, posiblemente el mayor grupo empresarial de Costa Rica. Este conglomerado, entre otras cosas, produce los frijoles Ducal y las salsas Kerns y distribuye bebidas en México o Panamá.

El  holding en España, asegura el empresario, es de carácter personal y no tiene ninguna vinculación a FIFCO. Está valorado en unos 45.5 millones de euros, en 2022, según información del registro mercantil español. 

Wilhelm Steinvorth (cuarto por la izquierda), preside el grupo FIFCO, considerada una de las mayores empresas de Costa Rica. Foto tomada de las redes sociales de FIFCO.

Poco después, entre 2014 y 2015, aterrizaron en España los Castillo, accionistas de la embotelladora CBC, que están en prácticamente todos los países de Latinoamérica: de México a Argentina. Ellos crearon holdings con un patrimonio de unos 954 millones de euros entre 2021 y 2022.

Y por otra parte, los Novella, propietarios de Cementos Progreso. Esta familia tradicionalmente se ha concentrado en el mercado guatemalteco de los materiales de construcción, pero en los últimos años ha incursionado en la venta de cemento por todo el istmo y Colombia. Desde España gestionan holdings valorados en unos 417 millones de euros en 2022.

En 2017 llegó el grupo que apoya a Bukele

En 2017 llegaron los Kriete, dueños del 22 % de acciones de la aerolínea Avianca y cuyo líder, Roberto Kriete, es uno de los principales empresarios salvadoreños que ha dado su apoyo al régimen de Nayib Bukele. “Espero que esta Asamblea apruebe las leyes que van a sacar a este país adelante”, declaró Kriete al oficialista Diario El Salvador el 3 de mayo de 2021, dos días después de la destitución irregular de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general, realizada por la Asamblea oficialista de Bukele.  En 2020, Kriete fue considerado por la Revista Forbes como uno de los principales millonarios de la región.  A España, el grupo trasladó solo las acciones de sus negocios de mantenimiento de aeronaves en El Salvador y México, un patrimonio de 100 millones de euros, en 2022.

Roberto Kriete, un inversor que ha desarrollado aerolíneas, es uno de los hombres más ricos de El Salvador y toda la región. Apoyó al presidente Nayib Bukele en decisiones polémicas. Foto: Think Huge.

Ese mismo año, también se establecieron en España los Herrera, de Guatemala. Esta familia es la principal productora de azúcar de Centroamérica, con el Grupo Pantaleón. Además, se han diversificado hacia el sector inmobiliario y construyen residenciales, oficinas y malls. A España trasladaron solo la propiedad de sus centros comerciales en Colombia: un holding valorado en 143.5 millones de euros, en 2022.

Algo similar hicieron otros destacados azucareros guatemaltecos: los Campollo. Ellos poseen ingenios y centrales de energía en Guatemala. Y más recientemente incursionaron en el ensamblaje y venta de las motos indias Bajaj en todo el istmo y Colombia, en alianza con un grupo dominicano. Fue solo este último negocio el que trasladaron a España en 2020.

El doble beneficio del paraíso español

Junto a las ventajas que ofrecen los CDI suscritos por España, hay que añadir otro factor clave que explica el atractivo que ejerce Madrid para los millonarios centroamericanos.

Desde hace décadas, España cuenta con una nueva legislación orientada a favorecer la creación de holdings. Es el llamado régimen de Entidades Tenedoras de Valores Extranjeros (ETVE).

Durante mucho tiempo, bajo el régimen ETVE, un inversor extranjero que no residiese en España era eximido totalmente de impuestos sobre los dividendos que canalizara hacia España. Además, podía después enviar el dinero a prácticamente cualquier otro lugar del mundo sin tampoco tributar.

En 2021, el gobierno del actual presidente Pedro Sánchez cambió la legislación para que los holdings comenzaran a tributar un cobro mínimo de 1,25% sobre sus dividendos. 

El gobierno español redujo los beneficios que reciben las sociedades holding en el país durante el gobierno de Pedro Sánchez en 2021. Foto: Presidencia del Gobierno en España.

Sin embargo, esto no parece haber disuadido a grandes fortunas de gestionar las acciones de sus empresas desde Madrid.

Combinar los beneficios de los CDI con el régimen ETVE provoca una situación especialmente ventajosa.

Holdings beneficiosos para inversores centroamericanos

Si un inversor centroamericano crea un holding en Madrid para controlar sus empresas en la región, las autoridades consideran el dinero que canalice a España como obtenido por un extranjero en el extranjero y, en gran parte, renunciarán a cobrarle impuestos. Y, por el otro lado, los países en donde operan realmente las empresas considerarán a ese inversor como español y, por tanto, estarán amarradas para tasar los dividendos debido a los CDI.

Un empresario de Guatemala, por ejemplo, puede crear un holding en España para gestionar las acciones de un negocio en El Salvador. Cuando cobre dividendos y estos se encaminen hacia Madrid, El Salvador no le aplicará la retención del 5% que establece la ley, si no el CDI suscrito con España. Este permite una exención total de impuestos sobre dividendos, bajo ciertas condiciones.

Panamá ha sido tradicionalmente un refugio para los millonarios centroamericanos. El país ofrece privacidad, estabilidad e impuestos casi inexistentes. Foto: jocluis

Ya en Madrid, el dinero solo será gravado con un tributo del 1,25%. Y desde allí, podrá dirigirse libre de retenciones a otro holding en, por ejemplo, Panamá, donde los dividendos tampoco serán gravados. 

Todo esto significa que un ingreso que tendría que haber tributado un 5% en El Salvador, terminó pagando un 1,25% en España.

Si el dinero se hubiese dirigido directamente a Panamá, no habría habido forma de evitar la retención del 5%.

En este caso, el ahorro puede no parecer considerable. Esto sucede porque El Salvador ya tiene un impuesto sobre dividendos bajo.

Pero el efecto de una estructura como esta resulta especialmente útil con dividendos obtenidos en países como Costa Rica, México o Colombia, que gravan estos ingresos con tasas de entre el 10% y el 20%, pero tienen CDI suscritos con España que reducen estas tasas.

En esos casos, el ahorro puede ser millonario. Y explica por qué el flujo de grandes fortunas centroamericanas hacia España no se ha detenido.

Los Durman Esquivel también viajan a España

En Madrid se establecieron, por ejemplo, los costarricenses Durman Esquivel, que controlan alrededor de un 2,6% de las acciones de la multinacional de tuberías Aliaxis.

Además, comenzaron a desembarcar los hondureños. Los primeros fueron los Bueso, del grupo Atlántida, que poseen bancos, aseguradoras o financieras en Honduras, El Salvador, Ecuador y Perú. Después llegaron los Atala Faraj, del banco Fihcosa, que operan, además de en su país, en Guatemala, Nicaragua y Panamá.

A ellos se sumaron los Yibrín Canahuati, del Grupo Cadelga, que venden agroquímicos en El Salvador y Guatemala.

El banquero Camilo Atala Faraj (segundo por la izquierda), del grupo Ficohsa, es uno de los hombres más ricos de Honduras. y la región. Foto: Twitter de Camilo Atala.

Entre los últimos en llegar destaca una coalición de prominentes familias salvadoreñas: los Calleja, Zablah-Touché y Bahaia Simán.  Miembros de estos tres grupos, junto a la empresa estadounidense Invenergy, están vinculados a un holding creado en 2022 y desde donde se gestiona el proyecto Energía del Pacífico, una inversión de mil millones de dólares, una de las principales centrales de producción de electricidad de El Salvador.

Este negocio es propiedad en un 65% de Invenergy, por lo que la decisión de establecerse en España es posible haya sido de esta transnacional y no de los socios salvadoreños. Gestionado bajo la mirada del último gobierno de izquierdas en El Salvador, el proyecto fue inaugurado bajo el primer gobierno de Nayib Bukele. En el acto fueron protagonistas Bukele y Carlos Calleja, heredero del Grupo Calleja en El Salvador y excandidato presidencial del partido de derechas, Arena, en las elecciones de 2019 que le dieron el primer mandato, y el único legítimo, a Bukele.

Energía del Pacífico es una de las mayores inversiones realizadas en El Salvador en los últimos años. Pertenece a Invenergy y una coalición de prominentes familias salvadoreñas. Foto: EDP.

Una empresa dentro de otra

Todos los inversores centroamericanos diseñaron holdings casi idénticos.

Las acciones de sus empresas en la región son ahora propiedad de un holding español, que es a su vez propiedad de otro holding, ubicado con frecuencia, en Panamá.

Es el caso del grupo Poma, uno de los más ricos y poderosos de su país y de Centroamérica. Este clan familiar y empresarial posee empresas como Excel Automotriz, que acapara la venta de casi seis de cada diez vehículos nuevos en El Salvador. Además, representan algunas de las marcas más vendidas en toda la región, como Kia en Guatemala, Hyundai en Honduras y Nicaragua o Nissan en Panamá.

En 2022, unos de sus negocios, Carrofácil, que se dedica a financiar la compra de vehículos, repartió 4.1 millones de euros de dividendos. Este dinero lo generaron las filiales de Carrofácil en Colombia y Costa Rica.

La mayoría de los dividendos –2.9 millones de euros– los pagó Carrofácil de Costa Rica. Y los 1.2 millones euros restantes la filial colombiana.

Costa Rica grava el reparto de dividendos a inversores extranjeros con un impuesto del 15% y Colombia con un 20%.

Cuentas presentadas por un holding de la familia Poma en 2022 en el registro mercantil de Madrid. En esta sección explican los beneficios que obtienen gracias a los CDI y el régimen ETVE.

Sin embargo, ambos países han suscrito CDI con España y dan un trato preferente a dividendos que se dirijan a un holding en Madrid.

Colombia otorga una exención total de impuestos. Mientras que Costa Rica reduce el tributo a un 5%.

Como los Poma cobraron estos dividendos a través de un holding en España, no pagaron los impuestos que, en teoría, hubiese tenido que pagar cualquier otro inversor salvadoreño en Costa Rica y Colombia: un aproximado de 692 mil euros, según un cálculo propio.

Los Poma tributaron solamente algo más de 145 mil euros en esos países, como exponen en las cuentas de su holding español.

En Madrid, el grupo también declaró los ingresos y a estos dividendos se les aplicó el régimen ETVE. Tributaron un 1,25%. 

Luego, los 3.9 millones de euros restantes se distribuyeron como dividendos hacia otro holding ubicado en Panamá. 

Las ventajas de esta estructura son claras. A partir de la información presentada por el grupo y, según un cálculo propio que tiene en cuenta los costos y los impuestos pagados en España,  se produce un ahorro de unos 457 mil euros, sobre unos dividendos de 4.1 millones de euros.

En total, gracias a las exenciones de los CDI españoles y de las ventajas del régimen ETVE, los Poma recibieron 19.4 millones de dividendos de negocios ubicados en Colombia y Costa Rica, que, según la información consultada, solo tributaron o un 1,25% en España o un 6,25%, sumando lo pagado entre España y Costa Rica.  

El guatemalteco Juan Pablo Mata (en el centro) es el actual CEO del grupo CBC, que controla su familia. El núcleo de su negocio consiste en embotellar los productos de Pepsi en varios países de la región.

Siete holdings controlan las acciones de Mata Castillo

Piensen en otro millonario ilustre: el guatemalteco Carlos Enrique Mata Castillo.  Su familia, una de las ramas de los Castillo, son propietarios de decenas de empresas en toda la región.

Embotellan y distribuyen las bebidas Pepsi en casi todo Centroamérica, Ecuador, Perú, Puerto Rico y Jamaica. Tienen además su propia línea de bebidas, como los jugos Petite. Compraron plantaciones de cítricos en Argentina. Y controlan marcas de café instantáneo, salsas, snacks o chocolates en lugares como México, Ecuador u Honduras.

Mata Castillo y sus parientes son dueños de todo esto y mucho más. Pero las acciones de las empresas no están directamente a su nombre.

Estas son propiedad de al menos nueve holdings, que operan en Madrid desde alrededor de 2015. Como una muñeca rusa, estos holdings son propiedad de otros holdings, situados en Panamá o Uruguay, que a su vez son propiedad de otros holdings.

Al final de esta cadena, aparece Mata Castillo y otros miembros de su familia, como beneficiarios finales de los dividendos que en 2022 sumaron 47.8 millones de euros.

Tener una estructura de este tipo no es ilegal. Al contrario, es una necesidad para empresarios que reciben dinero de múltiples empresas y países. Pero en el diseño de un holding nada es casual. Y, con frecuencia, una de las consideraciones que se tienen en cuenta para estructurarlos –aunque no la única– es el pago de bajos tributos.

La clave reside en dónde crear el holding; que los lugares elegidos permitan el pago de dividendos con los menores impuestos posibles.

Cuentas presentadas en Madrid de uno de los holdings de la familia Castillo, del grupo CBC.

Rutas especiales de baja tributación

Para Abelardo Medina, un economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) que ocupó altos cargos en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala, la institución que recauda impuestos y persigue la elusión y la evasión fiscal en ese país, este tipo de estructuras que buscan reducir la tributación sobre dividendos no son especialmente dañinas.

“No es que no sea importante, pero es un problema relativamente menor”, dijo Medina.

Según explica, lo más grave es que, en países como Guatemala, es común que muchas empresas apenas declaran beneficios ante los recaudadores de impuestos o los reduzcan significativamente. Así, logran un objetivo doble. Por una parte, en el nivel de la empresa, esta declara pocos beneficios y así pagan pocos impuestos sobre esos beneficios. Y por otra, precisamente porque se declaran pocos beneficios, también se distribuyen pocos dividendos a los accionistas de la empresa. De esta forma, también se reduce la tributación, a la que son sometidos los propietarios de un negocio. 

Barbados es una isla del caribe con muy bajos impuestos y un CDI suscrito con España lo que ha logrado atraer a grupos empresariales como CMI, de Guatemala. Foto: David Stanley

Hay diversas formas de lograr esto. Pero básicamente todas consisten en lo mismo: trasladar ingresos que se generan en un país hacia otro en el que tributen menos.

Por ejemplo, hay conglomerados económicos que pagan por productos y servicios entre empresas del mismo grupo.

“El problema no es lo que las empresas distribuyen (los dividendos) si no todo lo que no distribuyen porque consiguen transferirlo fuera y distribuirlo allí”, dijo Medina.

Estas técnicas existen desde hace décadas. Pero España se ha convertido también en un buen lugar donde practicarlas. Y al trasladarse allí, la exigencia de la transparencia de la ley española brinda más información sobre cómo lo hacen algunos millonarios centroamericanos.

Juan José Gutiérrez ha dirigido la división de alimentos y restaurantes del grupo CMI, que incluye a decenas de empresas en Centroamérica, Dominicana y Ecuador. Foto: Edwin Bercián.

Hay diversas formas de lograr esto. Pero básicamente todas consisten en lo mismo: trasladar ingresos que se generan en un país hacia otro en el que tributen menos.

Por ejemplo, hay

El negocio está en Barbados

Juan José Gutiérrez o en Juan Luis Bosch Gutiérrez son dos primos que comparten una característica en común: su rostro es poco conocido, pero una de sus principales compañías, Pollo Campero, es una de las marcas guatemaltecas más universales, que tiene cientos de restaurantes y un especial arraigo en Guatemala, El Salvador y en la diáspora de ambos países diseminada Estados Unidos. 

Ellos encabezan el conglomerado CMI. La lista de sus empresas es interminable. Solo por mencionar algunas: poseen la mayor central hidroeléctrica privada de Guatemala; controlan partes importantes del mercado del pollo, la harina o las pastas en Centroamérica, Dominicana y Ecuador.

Los Gutiérrez tienen varios holdings en Madrid desde hace años. Pero las cuentas de 2022 de uno de ellos muestran algo curioso, que los diferencia de la mayoría de grupos empresariales identificados que reportaron dividendos, según el registro mercantil español. 

En este holding, la familia concentra las acciones de la mayoría de su división de alimentos. Y, en 2022, a él canalizaron dividendos por 41.9 millones de euros.

Sin embargo, casi la mitad de este dinero, 21.3 millones de euros, procedió de una única empresa: una filial del grupo en la isla caribeña de Barbados.

conglomerados económicos que pagan por productos y servicios entre empresas del mismo grupo.

“El problema no es lo que las empresas distribuyen (los dividendos) si no todo lo que no distribuyen porque consiguen transferirlo fuera y distribuirlo allí”, dijo Medina.

Estas técnicas existen desde hace décadas. Pero España se ha convertido también en un buen lugar donde practicarlas. Y al trasladarse allí, la exigencia de la transparencia de la ley española brinda más información sobre cómo lo hacen algunos millonarios centroamericanos.

Juan Luis Bosch Gutiérrez es uno de los hombres más ricos de su país, Guatemala, y de toda Centroamérica. Su familia gestiona parte de su fortuna desde holdings en Madrid. Foto: Edwin Bercián

Los beneficios

CMI no tiene restaurantes, molinos o fábricas de pastas en este país que tiene menos de 300 mil habitantes. Lo que sí tienen es una sociedad dedicada a comprar o vender harina. Y esta, aparentemente, es la actividad más lucrativa de la división alimentaria del grupo, la que más dividendos repartió.

Los incentivos para hacer esto son obvios. En Barbados el impuesto sobre la renta que pagan las empresas locales es de poco más del 1%. Por ello, siempre será más ventajoso declarar beneficios allí que en cualquier país de Centroamérica.

Pero, además, Barbados tiene otra condición fundamental. Desde 2011 cuenta con un CDI suscrito con España. Y este permite distribuir dividendos a un holding español con un impuesto del 0%. 

La ventaja es doble. Esos 21.3 millones de euros son ingresos que se dejaron de declarar, posiblemente en Centroamérica y se trasladaron a Barbados, con lo cual hay un ahorro en el nivel de las empresas.

Después, ese dinero se convierte en dividendos para los accionistas en un país que no los grava, si se dirigen a España. Aquí hay un segundo ahorro.

Y finalmente, los 21.3 millones llegan a Madrid, donde se someten a un impuesto mínimo del 1,25%. El dinero termina en una fundación privada en New Hampshire, Estados Unidos, donde los extranjeros tampoco pagan impuestos.

En Montevideo existe toda una industria dedicada a facilitar la creación de holdings. A ello contribuye la legislación uruguaya y sus tratados fiscales, como el suscrito con España. Foto: Mx Granger

Las cuentas presentadas por uno de los holdings de los Castillo muestran algo muy similar.  Esta familia guatemalteca, en 2022, también concentró el 60% de los dividendos que les reportó el holding desde el que controlan sus embotelladoras de todo el continente en un único país: Uruguay.

Según muestran las cuentas de su holding español CBC Bottling Holdco, que comenzó a operar en 2015, los Castillo generaron en Uruguay 22.5 millones de euros en dividendos en 2022.

En este país, esta familia guatemalteca cuenta con una filial dedicada a comprar materias primas para hacer bebidas y botellas.

De nuevo, la elección de Uruguay no es casual. El país cuenta con un régimen   especial para negocios de “trading”, precisamente lo que hace allí los Castillo, que permite pagar un impuesto del 0,75%. Y Uruguay también tiene un CDI con España que exime de retenciones a los dividendos.

En total, las sociedades de estas familias guatemaltecas, en 2022, repartieron a sus accionistas 43.9 millones de euros que, no solo se dejaron de declarar en Centroamérica, si no que, además, solo tributaron un 1,25%.

Investigación y datos: Asier Andrés
Edición y reportes: Redacción Regional

*Esta investigación junto a No-Ficción forma parte de Centroamérica Desigual, un especial sobre fiscalidad y desigualdad de la Redacción Regional, en alianza con medios y periodistas independientes de Mesoamérica del que Contracorriente forma parte. 

Texto y fotografías: Fernando Destephen.

En la colonia Betania de Comayagüela, Itzá Alvarenga y Heidi Alegría, integrantes del Comité de Emergencia Municipal (Codem), son las encargadas de monitorear los niveles del río Choluteca durante las alertas por lluvia y liderar evacuaciones preventivas. Durante la tormenta tropical Sara, que afectó al territorio hondureño entre el 15 y 18 de noviembre de 2024, colaboraron para llevar a 49 familias hacia la escuela Juan Guifarro López, donde se construyó un albergue temporal.

Sin embargo, actualmente las condiciones para refugiar a estas familias son precarias. Una sola aula es insuficiente para tantas familias, los baños no son adecuados y no hay cocina para poder preparar sus alimentos. La comida llega preparada, gracias a instituciones gubernamentales o donaciones particulares, pero el lunes 18 de noviembre, a la 1:30 de la tarde, Itzá y Heidi aún esperaban que alguien se acordara de ellas.

Las lluvias producto de la tormenta tropical Sara cesaron en Tegucigalpa, pero en esta ciudad profundamente vulnerable a los fenómenos climáticos, queda el recuento de daños y el desafío de que las personas albergadas en escuelas puedan regresar a sus hogares. Allí enfrentarán la incertidumbre: descubrir si sus pertenencias sobrevivieron, cuánto tiempo les llevará limpiar, y prepararse para evacuar nuevamente cuando la naturaleza vuelva a golpear.

En el Distrito Central, 350 personas han sido evacuadas hacia los 17 albergues habilitados, según explicó el ingeniero Julio Quiñónez, encargado del Comité de Emergencia Municipal (Codem). Uno de estos albergues, ubicado en la colonia Monterrey, acoge a 80 personas, y fue visitado el lunes 18 de noviembre por el alcalde Jorge Aldana y la presidenta Xiomara Castro.

Durante su visita, ambos funcionarios evaluaron las condiciones del lugar, pero no ofrecieron una solución definitiva para las personas albergadas ni para evitar el uso improvisado de escuelas como refugios en futuras crisis climáticas. En cambio, se limitaron a prometer apoyo en situaciones similares. «Quiero decirles a todas las personas que se encuentran acá que nosotros estamos apoyándolos y que vamos a seguir haciéndolo», expresó la presidenta Castro.

En otro lugar de la ciudad, igualmente vulnerable, Bessy Mendoza, vecina de la colonia Las Brisas, fue evacuada el domingo 17 de noviembre junto a 26 familias al centro comunal de su colonia. En ese espacio reducido, niños y adultos comparten baños mientras esperan la comida, ya que los albergues, muchas veces escuelas, carecen de instalaciones para cocinar. 

Bessy sueña con la reubicación definitiva y que ya no haya asentamientos en estas zonas vulnerables. En colonias como Las Brisas y La Betania, las evacuaciones hacia albergues se repiten al menos una vez al año, un ciclo que, según Bessy, debe terminar para vivir en paz, sin el temor constante de perderlo todo. 

Según la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, la tormenta tropical Sara afectó a más de 200,000 personas en Honduras, con un total de 57,000 familias afectadas, 17,667 damnificadas y alrededor de 2,300 comunidades incomunicadas. Los daños incluyen 31 puentes dañados y 11 destruidos, 12 cajas puente dañadas y 14 destruidas, 58 carreteras dañadas y 5 destruidas, así como 42 pasos vehiculares inhabilitados, según la Policía Nacional. Además, se reportan cultivos arrasados, viviendas destruidas y cinco fallecidos.

Para el jueves 21 de noviembre se espera la llegada de un frente frío al país, lo que inquieta a Bessy, Itzá y Heidi. Si vuelven las lluvias, no saben cuándo podrán regresar a sus casas, pero sí tienen claro que por ahora la única opción es seguir durmiendo en una colchoneta sobre el frío suelo de una escuela, esperando que la lluvia cese y el río deje de ser esa amenaza constante que las pone en riesgo cada temporada de lluvia.

Albergue en la escuela Juan Guifarro López de la colonia La Betania en Comayagüela. Esta zona es de alta vulnerabilidad y sus habitantes se han acostumbrado a dormir en albergues al menos una vez al año en temporada de lluvias. Distrito Central, noviembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

El 19 de diciembre de 2023, el ministro de seguridad, Gustavo Sánchez firmó un contrato por 10.3 millones de lempiras para la contratación directa de servicios de adquisición de repuestos e insumos, reparación y capacitación destinados al mantenimiento de los helicópteros de la Secretaría de Seguridad. El contrato fue adjudicado a la empresa Distribuidora de Vehículos S. A. de C. V. (Divesa), relacionada en 2019 en el caso «Narcopolítica». Según el Ministerio Público, en 2010, el cartel de Los Cachiros compró a esta empresa paquetes de vuelos en helicóptero como parte de un esquema de lavado de dinero en beneficio de exfuncionarios gubernamentales.

Texto: Fernando Silva
Portada: Persy Cabrera

En octubre de 2023, con el estado de excepción como justificación, la presidenta y el consejo de ministros emitieron el acuerdo ejecutivo 245-2023 con que se autorizó una serie de compras directas en la Secretaría de Seguridad que encabeza el general de policía, Gustavo Sánchez. Entre las contrataciones aprobadas, destacaba la adquisición de repuestos e insumos, reparación y capacitación para el mantenimiento de los helicópteros policiales marca Bell.

Documentos obtenidos por Contracorriente mediante solicitudes de a/cceso a la información, y documentos publicados en portales de transparencia, revelan que, a través de contrataciones directas, el gobierno ha hecho tratos con una empresa vinculada en procesos judiciales a la narcopolítica hondureña.

La empresa seleccionada mediante invitación directa por el general Gustavo Sánchez fue Distribuidora de Vehículos S.A. de C.V. (Divesa), la cual tuvo un papel clave en el caso Narcopolítica, presentado en mayo de 2019 por la extinta Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic) del Ministerio Público, que la vinculó a una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que operaba mediante contratos con el Estado.

La presidenta Xiomara Castro autorizó en octubre de 2024 un nuevo lote de compras directas, esta vez a la Secretaría de Defensa que preside la precandidata presidencial oficialista Rixi Moncada. La implementación de este mecanismo, al que organizaciones de sociedad civil han señalado por facilitar la corrupción, es cada vez más común en un gobierno que llegó con la promesa de combatir la falta de transparencia en la administración pública.

Caso «Narcopolítica» y los tratos de Divesa con el Gobierno de Libre

El 19 de diciembre de 2023, Gustavo Sánchez en representación de la Secretaría de Seguridad, firmó un contrato por 10.3 millones de lempiras (alrededor de 411 mil dólares) con Divesa. En 2019, esta compañía fue clave en una acusación del Ministerio Público contra 12 personas a las que señaló de integrar una red que lavó dinero del narcotráfico internacional mediante contratos de obras públicas.

Entre los acusados están Miguel Pastor, político nacionalista y extitular de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) entre 2010 y 2014, y el exdirector de Carreteras en ese mismo periodo, Walter Noé Maldonado, por los delitos de lavado de activos, fraude, falsificación de documentos, soborno y cohecho.

Según el requerimiento fiscal, Devis Leonel Rivera Maradiaga y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, jefes del cartel del narcotráfico conocido como Los Cachiros, arrendaron helicópteros por medio de paquetes de vuelo entre marzo de 2010 y septiembre de 2012, los cuales fueron utilizados por Miguel Pastor, Walter Maldonado y Fabio Lobo, hijo del entonces presidente Porfirio Lobo, quien en 2016 se declaró culpable en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. 

La acusación detalla que el mecanismo de soborno incluyó pagos mensuales de entre 40,000 y 600,000 dólares para la campaña presidencial de Miguel Pastor como precandidato en 2012. Estos funcionarios otorgaron 21 contratos de Soptravi que permitieron lavar dinero a través de la empresa (INRIMAR). Los contratos estaban destinados a la ejecución de obras en Olancho y Colón, pero nunca se realizaron, aunque se pagaron por un monto de 68 millones de lempiras.

La investigación de los vuelos que Los Cachiros le pagaron a la empresa Distribuidora de Vehículos S.A. de C.V. (Divesa) llevó a la fiscalía a decomisar reportes de los vuelos de helicóptero adquiridos por la temida familia Rivera Maradiaga. 

Aunque Divesa fue señalada como receptora de dinero proveniente del narcotráfico, ninguno de sus representantes enfrentó cargos por este caso.

En seguimiento, en enero de 2022, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitieron sentencia a favor de los implicados. Ante esto, la Uferco presentó un recurso de reposición. 

Luis Santos, titular de la Uferco, dijo a los medios de comunicación que la resolución eximió de responsabilidad a varios de los acusados, pasando por alto las pruebas presentadas en su contra. No obstante, confirmó el auto de formal procesamiento contra Miguel Rodrigo Pastor. 

En septiembre de 2023, apenas unos meses antes de que la Secretaría de Seguridad contratara de forma directa a Divesa, la fiscalía presentó una segunda línea de investigación en el caso Narcopolítica, emitiendo seis órdenes de captura más en contra de nuevos involucrados.

Extracto del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público en el caso Narcopolítica.

Divesa ahora fue beneficiada con una contratación directa en el marco de la «Guerra contra las maras y pandillas» iniciada por el Gobierno de Xiomara Castro desde diciembre de 2022, con la implementación del estado de excepción. Este contrato, sin embargo, no es el único que la empresa ha recibido durante la actual administración.

Según información del Portal de contrataciones abiertas de Honduras, entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, Divesa fue beneficiaria de 15 contrataciones por parte de la Secretaría de Seguridad, y recibió un total aproximado de 3.8 millones de lempiras. Entre los servicios contratados se encuentran el alquiler del hangar que utilizan los helicópteros del escuadrón aéreo policial, adquisición de repuestos, alquiler de helicópteros para supervisiones aéreas en eventos especiales como la instalación de la segunda legislatura y la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el alquiler de aeronaves para misiones confidenciales de las diversas direcciones de la Policía Nacional.

Divesa es una sociedad mercantil constituida en 1963, que pertenece a la familia Nufio Fléfil. El presidente del Consejo de Administración es el empresario Héctor Nufio Fléfil. En noviembre de 2022, la empresa formó un consorcio con la empresa HJJ, cuyo propietario es Jesús Nufio Fléfil, quien también ocupa el cargo de vocal en Divesa.

El documento de constitución del consorcio detalla que su objetivo era participar en un proceso de contratación directa con la Fuerza Aérea Hondureña para el suministro de repuestos para helicópteros Bell. Este documento destaca un posible beneficio competitivo para Divesa: se identifican como representantes de la marca Bell en Honduras. Sin embargo, según información divulgada por la Secretaría de Defensa, el contrato no fue adjudicado al consorcio de la familia Nufio Fléfil, sino a la empresa S&S Aviation Services Inc, que según la resolución presentó la oferta económica más ventajosa y cumplió con todos los requisitos establecidos.

Contracorriente envió un correo a representantes de la empresa para solicitar una entrevista sobre los contratos que han firmado con el Estado y su mención en el caso Narcopolítica; sin embargo, hasta el momento de esta publicación no hubo respuesta.

Pero esta no es la primera vez que esta empresa recibe beneficios con la familia Zelaya en el poder. Según información en poder de Contracorriente, en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, el entonces ministro del Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (Pronaders), Roland Valenzuela, utilizó en múltiples ocasiones los servicios de Divesa para movilizarse en helicóptero a reuniones en el interior del país. 

En junio de 2010, Valenzuela fue asesinado por Carlos Alberto Yacamán, quien según los medios de comunicación era un supuesto socio de Valenzuela. Yacamán también era socio en la empresa Gastronómicas de Honduras S. de R. L.. con el mexicano Óscar Orlando Nava Valencia, líder en ese entonces del cártel del Milenio, quien fue el principal testigo en el caso en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, condenado en octubre de 2024 a 38 años de prisión por recibir sobornos del narcotráfico. 

Según un reporte de la Prensa Gráfica de El Salvador, en 2015 Nava Valencia adoptó el nuevo  nombre de Marco Antonio Ortiz Morales, y bajo esa identidad fundó la empresa Gastronómicas de Honduras en la ciudad de San Pedro Sula, junto a Carlos Yacamán.

Helicóptero de la Policía Nacional, en el cuartel de Fuerzas Especiales en Tegucigalpa, durante el traslado de un privado de libertad. Tegucigalpa, julio de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Los otros contratos de Divesa con el Estado 

Divesa también firmó contratos con el Estado durante la administración de Juan Orlando Hernández. Según el Portal de Contrataciones Abiertas de Honduras, entre 2014 y 2021 la empresa participó en 19 procesos de contratación, recibiendo alrededor de 1.8 millones de lempiras. En contraste, durante la administración de Xiomara Castro, Divesa ha recibido pagos que superan los 14.1 millones de lempiras en un periodo mucho más corto, lo que representa al menos 12.3 millones más que lo adjudicado durante los siete años de la administración anterior.

Contracorriente envió mensajes a Gustavo Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad, para consultar sobre las contrataciones a esta empresa; sin embargo, hasta el momento de esta publicación no hubo respuesta.

La vigencia del acuerdo ejecutivo 245-2023, mediante el cual la presidenta y el consejo de ministros autorizaron compras directas en la Secretaría de Seguridad en el marco del estado de excepción —incluyendo la contratación de Divesa—, estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, en abril de 2024, tras una publicación de este medio que evidenció contradicciones entre la adquisición de equipo de seguridad a Israel, como los vehículos tácticos Black Mamba Sandcat, y la postura oficial del Gobierno hondureño frente a la guerra en Gaza, el canciller Eduardo Enrique Reina emitió una carta pública anunciando la suspensión de dicho acuerdo y que, desde ese momento, las compras tendrían que ser autorizadas por la presidenta.

El pasado 25 de octubre se publicó en el diario oficial La Gaceta el acuerdo ejecutivo 190-2024, mediante el cual la presidenta autorizó a Rixi Moncada, precandidata presidencial de Libre y titular de la Secretaría de Defensa, la contratación directa para la adquisición y suministro de bienes y servicios, los contratos de consultoría y los contratos de construcción de obras públicas. La decisión se justificó en la implementación del Plan de Solución contra el Crimen, aprobado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que encabeza la presidenta. 

En junio de 2024, la presidenta y los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad anunciaron «acciones radicales» en el marco del Plan de Solución contra el Crimen, entre las que destacan la construcción de un Centro de Reclusión de Emergencia con capacidad para 20 mil privados de libertad, que se proyecta construir entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios. Además, se contempló el inicio de la licitación, adjudicación y construcción de una cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne. Dicho proceso ha sido declarado fracasado en tres ocasiones por autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y ha quedado en la incertidumbre.

Se crean constitucionalmente los cargos de “Copresidente” y “Copresidenta” que, de facto, ostentaba Rosario Murillo. Los copresidentes podrán nombrar vicepresidentes y también someterán a control total del Ejecutivo a todos los Poderes del Estado, oficializando la extinción del balance de poderes y la institucionalidad. La reforma afecta un centenar de artículos, entre los cuales legalizan a los paramilitares y faculta al Ejército de Nicaragua para reprimir por motivos políticos junto a la Policía Nacional

La reforma casi total a la Constitución Política ordenada por Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializa la sucesión dinástica en Nicaragua, ya que, entre el centenar de artículos modificados, se crean los cargos de “Copresidente” y “Copresidenta”, este último que Rosario Murillo ostentaba de facto. Además, los copresidentes “podrán nombrar vicepresidentes que desempeñarán las funciones que se les asignen”. De esa manera la pareja presidencial resuelve un tema que, según fuentes sandinistas, llevaba en boga ya varios años: seguir en familia atornillados al poder. 

El artículo 135 reformado amplía el período presidencial de Nicaragua de cinco a seis años. Y, según el nuevo artículo 132, los Copresidentes gozarán de atribuciones totales sobre el Estado nicaragüense: “La presidencia de la República dirige al Gobierno y como jefatura del Estado coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense y de lo establecido en la presente Constitución”.

Aparte, los dictadores ponen en rango constitucional el nombrar y remover ministros, viceministros, procuradores, directores de entes autónomos y gubernamentales; jefes de misiones diplomáticas y jefes de misiones especiales, como ya lo venían haciendo de facto con la purga estatal. 

Además, en un guiño hacia los centenares de opositores despojados de su nacionalidad nicaragüense y que han optado por otra para no quedar en la apatridia, les prohíbe constitucionalmente optar por la presidencia.

El artículo 8 reformado es tajante en establecer que la separación de poderes —que de facto ya no funcionaba en Nicaragua— ha sido extinguida, y constitucionalmente sometida a los designios de los copresidentes. Reza el acápite: “El pueblo ejerce el poder del Estado a través de la presidencia de la República que dirige al Gobierno coordina” a todos los órganos del Estado. 

“Esta reforma, en vez de modernizar nuestra Constitución, que de por sí ya estaba maltrecha por todas las reformas que han hecho durante los últimos 17 años, lo que hace es volvernos al medievo para instalar una figura de rey y reina… es decir, copresidentes con poderes plenipotenciarios. Figuras que pueden estar por encima de todos los poderes del Estado, y que tendrán voz, voto y decisión en materia legislativa, judicial, electoral, de defensa… en todas las materias del Estado”, analiza Jesus Tefel, presidente de la organización Hagamos Democracia.

Tefel dice que si bien Ortega y Murillo ya ejercían el control de facto sobre el Estado al ser una dictadura totalitaria, al elevarlo a rango constitucional lo que pretenden es “dar un baño de legalidad a la captura de facto del Estado”. 

Resuelven problema de sucesión

A nivel político, la creación constitucional de los cargos de copresidentes resuelve el embrollo de la sucesión constitucional que Ortega y Murillo han venido barajando desde hace años; un tema espinoso y poco popular. En principio en 2017, cuando Murillo fue designada como su vicepresidenta, luego nombrada por su marido como copresidenta. 

Eliseo Núñez, abogado y exdiputado opositor en el exilio, asegura que estas figuras de copresidentes es “innovadora, que no la ha visto en ningún país”. “No está bien definido qué funciones tiene uno y cuáles el otro. Ese tema no tiene asidero en la doctrina legal, pero ellos lo convierten en legalidad. Pero la barbaridad es que son ellos los que ahora, según la Carta Magna, coordinan a los demás poderes del Estado”, precisa. 

Mientras que Tefel sostiene que la pareja presidencial ya no tendrá que lidiar con un poder compartido de facto, en el sentido de quién manda más, si Ortega o Murillo, porque con esta reforma constitucional ahora son una figura al timón con igual autoridad. 

“Y eso de nombrar a sus copresidentes va más allá de la sucesión a corto plazo, que es Rosario Murillo, sino que resuelve el tercer escalón de la sucesión. Y para ese escalón, quien pinta, es Laureano Ortega. O también les permite tener ese cargo disponible para contentar a otro sector, como los militares, sin que pase por el sufragio popular. 

Ejército ya puede reprimir, paramilitares legales

Daniel Ortega, escoltado por el jefe del Ejército, Julio César Avilés. Foto/ Tomada de El 19 Digital.

Otro de los puntos más relevantes y graves de la reforma constitucional de los Ortega-Murillo es el artículo 94, el cual da cabida a la “presidencia de la República” el “ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera”. Es decir, que el cuerpo castrense puede constitucionalmente unirse a la represión de carácter político, que ha sido la principal misión de la Policía Nacional desde 2018, ya que, Murillo consideran toda disidencia o crítica a su régimen como intentos de “golpe de Estado” o intentos de “desestabilización del país”. 

El Ejército de Nicaragua siempre ha negado su participación en la represión política, pero hay indicios claros que desde la Dirección de Información para la Defensa (DID) han ejercido labores de espionaje y acoso político. Además, militares han participado en detenciones y asesinatos de opositores desde las protestas sociales de 2018. 

Durante la Operación Limpieza de 2018, cuando aparecieron los paramilitares que desangraron al país con violencia letal, se hizo común el armamento de alto calibre. Estos sujetos usaban fusiles de guerra que sólo el Ejército estaba supuesto a tener. Para justificar la matanza de los paramilitares y su vinculación con los militares, el mismo jefe de la Policía Nacional los justificó y catalogó como “policías voluntarios”. 

Ahora, con esta reforma constitucional, el artículo 97 “crea la Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, integradas por ciudadanos nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria”. 

“Con esta reforma, Ortega y Murillo convierte al Ejército de Nicaragua en un claro brazo de represión como ya lo es la policía. Un brazo armado para enfrentar la disidencia, a quienes ellos llaman traidores a la patria”, dice Tefel. 

Sobre los “traidores a la patria”, la reforma establece en el artículo 17 que todos pierden la nacionalidad nicaragüense. Constitucionaliza el despojo arbitrario de la nacionalidad de más de 400 nicaragüenses, entre ellos precandidatos presidenciales, opositores, periodistas, religiosos, escritores y artistas. 

Ciudad de Guatemala, 17 nov (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este domingo que su Gobierno «no permitirá» que la fuerza pública ejecute órdenes ilegales solicitadas por el Ministerio Público (Fiscalía), cuya cúpula se encuentra sancionada por Estados Unidos por corrupción. 

En una rueda de prensa de urgencia, Arévalo de León advirtió que «la justicia en Guatemala está en crisis» y añadió que citó nuevamente al a fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, para que brinde explicaciones de su labor, como establece la ley.

Arévalo de León explicó que su Gobierno elaborará un «mecanismo« para que las fuerzas de seguridad bajo el mando del Gobierno no ejecuten órdenes «ilegales que son emitidas» por el Ministerio Público. 

La decisión del presidente tiene lugar después de que el Ministerio Público allanara este domingo junto a la Policía Nacional Civil la vivienda del exministro de Comunicaciones Félix Alvarado, uno de los miembros más importantes del partido oficial, el Movimiento Semilla. «Hoy nuevamente somos testigos de una acción espuria más del Ministerio Público», apuntó el gobernante, investido en enero pasado. 

El Ministerio Público detalló en sus canales de comunicación oficiales que el caso en contra de Alvarado es por el delito de lavado de dinero y se encuentra bajo reserva, una medida judicial que brinda acceso al caso solo a las partes involucradas, por lo que no se conocen más detalles al respecto.

Alvarado dejó su cargo esta semana tras tomar el puesto en mayo, en uno de los ministerios más complicados del Gabinete, el de Comunicaciones.

El ahora exministro dijo que dejaba su cargo tras no llegar a acuerdos con Arévalo de León con respecto al camino que debía tomar la institución.

Según afirmaron analistas durante el último semestre, la llegada de Alvarado representó el cierre de un foco de corrupción históricamente exprimido por políticos que reciben sobornos de constructoras en el país centroamericano.

El allanamiento de este domingo se suma a más de una docena de procedimientos judiciales que el Ministerio Público ha iniciado desde 2023 en contra del partido Movimiento Semilla y sus miembros tras ganar las elecciones de dicho año.

Dichos procedimientos han sido catalogados por el partido y la comunidad internacional como ataques a la democracia e incluyen la detención de la exdiputada Ligia Hernández, quien estuvo más de 90 días en prisión este año.

La cúpula de la Fiscalía, bajo el mando de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea en los últimos años bajo acusaciones de corrupción y de atacar a la democracia por intentar revertir los resultados electorales de 2023.

La tormenta tropical Sara causó numerosos daños en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro; además, mantuvo en zozobra a casi todo el Valle de Sula. En ese contexto, durante las inundaciones, aparecieron como protagonistas funcionarios, exfuncionarios del gobierno y políticos de oposición con aspiraciones electorales, quienes, lejos de cumplir con su trabajo o ayudar sin esperar nada a cambio, parecen estar buscando el apoyo electoral que necesitarán en las elecciones primarias de marzo de 2025.

Texto: Allan Bu
Fotografías: Amílcar Izaguirre

La tarde del 16 de noviembre, doña Gloria bajó con esfuerzo por un resbaladizo camino de lodo, buscando refugio de la lluvia bajo la estructura del puente La Democracia que se eleva sobre el río Ulúa a su paso por El Progreso, Yoro. Ella y otras decenas de progreseños llegaron a la orilla del río para constatar la magnitud del riesgo provocado por las intensas lluvias que, desde el jueves 14 de noviembre, ha dejado a su paso la tormenta tropical Sara en Honduras. Hasta ese momento, según los curiosos, no había riesgo, pero debían estar alerta.

«A este río sí le tengo miedo», confesó doña Gloria. Ella vive en la colonia Policarpo Paz de El Progreso, Yoro, un asentamiento que por su ubicación, casi siempre es uno de los primeros en inundarse en la llamada Perla del Ulúa. Hasta la tarde del 16 de noviembre, doña Gloria, que hace 43 años vive en ese lugar, sostenía que no había peligro. 

Las emergencias climáticas como la provocada por la tormenta Sara también se prestan para la desinformación. Suany, otra habitante de la zona, recorrió con un grupo de amigas un par de kilómetros a la orilla del río Ulúa, para cerciorarse de si deben o no evacuar sus casas, pero en el camino escucharon algo que les preocupa: «Dicen que van a abrir El Cajón». Aunque el Gobierno no ha emitido ninguna comunicación al respecto, Suany compartió la información con otras personas de la comunidad. Cada vez que hay una emergencia provocada por lluvias, este rumor se esparce rápidamente. 

Los estragos causados por la tormenta Sara han dejado una huella significativa en Honduras, con los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro como los más afectados. Según el último recuento, más de 100,000 personas han sido perjudicadas, 9 viviendas han quedado destruidas y más de 1,250 presentan daños. Además, se reportaron 130 carreteras y 41 puentes afectados. En Colón, preliminarmente se estima que unas 40,000 hectáreas de cultivos podrían perderse. Además, los informes indican que hay dos personas muertas, incluido un menor de tres años, que murió ahogado en el departamento de Yoro. 

Entre las principales afectaciones está el colapso, la noche del jueves 14 de noviembre, del puente Saopín sobre el río Cangrejal, una vía clave que conecta Atlántida con Colón. Por otro lado, la ciudad de Olanchito, en Yoro, quedó incomunicada debido a un deslizamiento en la carretera que une Colón y Atlántida.

En Colón, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) habilitó 70 albergues para las familias evacuadas y damnificadas por las inundaciones provocadas por la tormenta.  

En declaraciones a Canal 5, el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), Nelson Castellanos, manifestó que hay 26 municipios afectados en los departamentos de Atlántida, Colón, Yoro, Cortés, Gracias a Dios y Santa Bárbara. Las autoridades decretaron alerta roja en Atlántida, Colón Cortés, Gracias a Dios y Yoro, y verde en el resto del país. 

Agua a su molino

En San Pedro Sula, muchos de los afectados por la tormenta viven en la colonia Flor de Cuba, que quedó incomunicada luego de que el río Bermejo arrastrara el puente hamaca que unía esa comunidad con la colonia Felipe Zelaya. Esa misma corriente también arrancó una plancha de cemento en el sector de Bosques de Jucutuma. Además, se reportaron daños en colonias de la zona Los Cármenes. 

Algunos de los evacuados de la colonia Flor de Cuba fueron llevados a la escuela Altagracia Sánchez de la colonia Felipe Zelaya, donde llegó el precandidato a alcalde por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rodolfo Pastor, quien justificó su presencia diciendo que «en una situación como en la que estoy, inmerso en una campaña como precandidato a la alcaldía, tengo mucho que ver y mucho que aportar».

«Para mí es una oportunidad importante de aprovechar la experiencia que tuve de ministro coordinando el gabinete con los contactos que tengo, y además, apoyando la prioridad que le ha dado la presidenta Castro de que se atienda la población», dijo Pastor. Agregó que llamó al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Karim Qubain, para pedirle apoyo «en básicamente atender una población que está demasiado expuesta». 

Al ser preguntado sobre si están utilizando recursos del Estado para estos apoyos, aclaró que  «al contrario, estoy ayudando a coordinar tanto recursos privados como institucionales, aprovechando que tengo un manejo bastante sólido de lo que debe hacer el Gobierno; aquí quien está  a cargo es Copeco». 

Por otra parte, no negó que estas acciones pueden ayudarle en sus intenciones de llegar a la titularidad de la municipalidad de San Pedro Sula. «Si esa labor tiene algún rédito político-electoral en algún momento porque mi figura destaca como alguien comprometido con la atención a la población, pues eso sería un resultado positivo», reconoció. 

El político de Libre también apareció en redes sociales en un centro de acopio de ayudas coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y aseguró que estaba ahí para «colaborar con las autoridades en la coordinación de la distribución de asistencia a las comunidades afectadas». Esta acción le generó críticas de diversos sectores, que lo acusaron de hacer campaña política con apoyos del gobierno.

Durante su comparecencia en los albergues, Pastor señaló la ausencia del alcalde Roberto Contreras: «No veo en este momento la presencia del alcalde actual, el señor Roberto Contreras, que ha brillado por su ausencia. Lo vimos preocupado limpiando un vado que mandó a construir en la colonia Juan Lindo, pero lo que yo insisto es que San Pedro Sula va más allá de un sector privilegiado de la ciudad, es diversa», dijo.

El paso por el vado de la colonia Juan Lindo de San Pedro Sula quedó inhabilitado tras las intensas lluvias que dejó la tormenta tropical Sara. Esto provocó diversos cuestionamientos por parte de actores cercanos al oficialismo; por ejemplo, la diputada Linda Donaire, quien señaló que la obra fue realizada por capricho del edil y obviando requerimientos técnicos.

Pastor no fue el único personaje vinculado al Gobierno con aspiraciones electorales que llegó al albergue de la escuela Altagracia Sánchez. También estuvieron presentes el ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, y el diputado por Francisco Morazán, Marco Eliud Girón. Por otro lado, políticos de oposición también aprovecharon la emergencia para hacerse notar en redes sociales, entre ellos el precandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Cálix, y el aspirante a una diputación por el Partido Nacional, Kilvett Bertrand.

Mientras tanto, al Litoral Atlántico se movilizó la ministra de Defensa, Rixi Moncada, quien es la candidata con mayores posibilidades de ganar la candidatura presidencial en Libre, ya que cuenta con el respaldo de la familia Zelaya.

En un video colgado en la cuenta de X de las Fuerzas Armadas, la funcionaria y aspirante presidencial lamentó que decisiones políticas hayan impedido construir las represas de Los Llanitos, El Tablón y Jicatuyo,  cuya construcción fue aprobada en el Gobierno de Mel Zelaya, derrocado en junio de 2009. «Nos toca a nosotros enfrentarlo, al pueblo decirle que tiene un Gobierno responsable que actúa en todos los departamentos afectados», dijo.  

Haciendo referencia a la movilización de funcionarios durante la emergencia, el ministro de Comunicación Estratégica, Ricardo Salgado, escribió un mensaje virulento en X en donde mencionaba que varios reporteros de medios de comunicación tienen «una línea de desinformación y ataque frontal al Gobierno diciendo que no está haciendo nada».

Mientras que los políticos aprovecharon la emergencia para hacer campaña y buscar beneficios propios, personas como doña Gloria y Suany permanecieron vigilando la furia del río Ulúa. Para alivio de los habitantes de El Progreso y del Valle de Sula en general, el nivel del río comenzó a descender durante la madrugada del domingo. No obstante, en las zonas bajas de la Perla del Ulúa, el desbordamiento previo continuó causando algunas inundaciones.

Después de un fin de semana de constantes lluvias, la tormenta Sara comenzó a alejarse lentamente de la costa hondureña, dejando tras de sí un rastro de destrucción y daños que afectaron a miles de familias en el territorio nacional.

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