DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Una niña palestina se encuentra cerca de bandejas con cuerpos manchados de sangre fuera de la morgue del Hospital Nasser en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, 16 de enero de 2025. Según los médicos del Hospital Nasser, al menos cuatro palestinos, incluyendo a un periodista, fueron asesinados durante la noche tras un ataque aéreo israelí en Khan Yunis, en el sur de Gaza. EFE/EPA/HAITHAM IMAD

Jerusalén, 16 ene (EFE).- Al menos 83 palestinos han muerto en la Franja de Gaza por ataques de Israel desde que se anunció el acuerdo de alto el fuego, que el Ejecutivo israelí aún no ha ratificado y que no entraría en vigor hasta el domingo, informaron los servicios de emergencias de la Defensa Civil gazatí.

«En el último día, las Fuerzas del Aire de Israel llevaron a cabo ataques contra aproximadamente 50 objetivos terroristas a lo largo de la Franja de Gaza», recogió un comunicado del Ejército esta tarde.

El último recuento de la Defensa Civil recogió 7 muertos en la ciudad sureña de Jan Yunis, cuatro en el centro del enclave y 72 en la gobernación de Gaza, en el norte. Uno de los últimos ataques, que dejó cinco muertos, fue en Yabalia, en el extremo norte del enclave, que lleva más de 100 días bajo asedio.

En el caso del ataque en Yabalia, entre los muertos se encontraban dos niños y dos mujeres, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Entre los objetivos del Ejército se encontraban milicianos de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina, y en uno de los ataques murió un miliciano identificado como Hasham Zahedi Abu al Rus, según las fuerzas israelíes.

El Ejército asegura que Al Rus participó en la masacre del festival Nova durante el 7 de octubre de 2023, en la que murieron 364 personas.

Las fuerzas armadas aseguraron, como siempre que atacan infraestructura civil en el enclave, que tomaron medidas preventivas para evitar herir a civiles, y culparon a Hamás de utilizar a la población como escudos humanos.

Por su parte, Hamás aseguró que Israel bombardeó a lo largo de la jornada el lugar en el que los milicianos retenían a una rehén que iba a ser liberada en la primera fase del acuerdo de alto el fuego, sin especificar en qué estado se encuentra.

«Llegados a este punto, cualquier agresión o bombardeo del enemigo podría transformar la libertad de un preso en una tragedia», denunció el portavoz del brazo armado del grupo, Abu Obeida.

La primera fase del acuerdo de alto el fuego, que el Gobierno israelí aún no ha aprobado pero que entraría en vigor el domingo, contempla un periodo de 42 días en el que 33 rehenes serían liberados.

De los 251 secuestrados el 7 de octubre de 2023, 94 siguen en Gaza y las autoridades israelíes estiman que al menos 34 están muertos.

Desde que Israel lanzó ese mismo día su represalia sobre la Franja, que se extiende ya más de 15 meses, 46.788 palestinos han perdido la vida en sus ataques y otros 110.453 han resultado heridos.

El Poder Judicial hondureño enfrenta una nueva polémica, al darse a conocer una denuncia que fue interpuesta en noviembre de 2024 ante el Ministerio Público contra los magistrados de la Corte Suprema, Mario Díaz y Nelson Mairena, acusados de recibir 3.5 millones de lempiras para beneficiar a una persona condenada por el desfalco al IHSS. Hace unos días el fiscal general Johel Zelaya confirmó una investigación contra dos altos jueces, sin revelar nombres. La denuncia incluye cohecho y lavado de activos, en un caso que podría derivar en antejuicio o  juicio político. 

Texto: Luis Escalante 
Fotografías: Fernando Destephen 

El Poder Judicial vuelve a estar en el centro de una controversia. Dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz y Nelson Mairena, asignados a la Sala de lo Penal, fueron denunciados el 12 de noviembre de 2024 por presuntamente haberse apropiado de 3.5 millones de lempiras (más de 137 mil dólares) para beneficiar con una resolución a una persona involucrada en el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La denuncia fue interpuesta ante el fiscal general, Johel Zelaya, por el exgerente administrativo del IHSS, José Ramón Bertetty, quien guarda prisión por delitos relacionados con corrupción. 

La denuncia, que Bertetty solicitó mantener en secretividad absoluta por temor a correr riesgo, fue escrita de su puño y letra, y pide que se investiguen delitos de cohecho, prevaricato judicial, lavado de activos y extorsión. En el escrito entregado al MP, que se hizo público hasta ahora, afirma que existe evidencia en audio y video que demuestra que John Charles Bográn Velásquez, también condenado por el desfalco al IHSS, y su esposa, Marcela de Bográn, dijeron haber pagado 3.5 millones de lempiras a los magistrados Mario Díaz y Nelson Mairena. Según Bertetty, la intermediación fue gestionada por el secretario general de la Sala de lo Penal, Juan Ramón Cruz, y la apoderada legal de Bográn.

El lunes 13 de enero, antes de que se hiciera pública la denuncia de Bertetty, el fiscal general del Ministerio Público (MP), Johel Zelaya, confirmó a los medios de comunicación estar al tanto de la existencia de una denuncia contra dos magistrados del alto tribunal. Aunque evitó mencionar nombres, aseguró que «investigará», y que no le «importará si se trata de altos funcionarios».

La denuncia presentada por Bertetty señala que Bográn Velásquez realizó el pago con el objetivo de que la Sala de lo Penal emitiera una resolución favorable en un recurso de casación que había sido presentado por su defensa legal en 2019. De igual modo, menciona que Bográn Velásquez tuvo privilegios al margen de la legalidad, como acceso a la parte resolutiva del fallo antes de que fuera emitido por los magistrados, así como a una copia de la resolución que sería notificada oficialmente.

De acuerdo con el escrito, para completar el pago exigido por los magistrados y el secretario de la Sala de lo Penal, Marcela de Bográn gestionó un préstamo hipotecario con el banco BAC Credomatic. Posteriormente, solicitó la emisión de un cheque de caja a nombre de un empleado de su esposo.

El exgerente administrativo también afirmó que existen grabaciones en las que Bográn Velásquez señala que los magistrados Mario Díaz y Nelson Mairena, junto al secretario general de la Sala de lo Penal, Juan Ramón Cruz, solicitaron el dinero. Además, menciona que, desde su celda, Bográn Velásquez declaró haber ordenado a su esposa y a un empleado «grabar la reunión sostenida con el abogado Juan Ramón Cruz, en la que se firmó el acuerdo».

El magistrado de la Sala de lo Penal, Mario Díaz, mientras atiende una entrevista con Contracorriente en el Palacio de Justicia. Tegucigalpa, 16 de octubre de 2024. Foto: CC / Fernando Destephen.

El 8 de junio de 2022, la Sala de lo Penal había declarado «no ha lugar» otros recursos de casación presentados por la defensa de Bográn Velásquez, quien cumple una condena de ocho años por fraude y otra de 19 años por lavado de activos. Según pudo probar el MP entre 2015 y 2017, su empresa, Corporación JM, sobrevaloró pasajes aéreos vendidos al IHSS por más de 36.6 millones de lempiras entre enero y noviembre de 2023.

La denuncia que enfrentan estos dos altos jueces se produce solo dos meses después de que el exjuez coordinador del Juzgado de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, Marco Vallecillo, se declarara culpable del delito de extorsión tras intentar sobornar a un empresario con un monto similar, de tres millones de lempiras. Según el MP, Vallecillo y otras dos personas le exigían dicha cantidad al empresario —quien actuaba como testigo protegido de la fiscalía en otro caso— «para que no tuviera problemas y para que el Ministerio Público hiciera un cierre administrativo a su favor». 

Podés leer: Testigo y pruebas del Ministerio Público muestran una red de corrupción que implica al juez Marco Antonio Vallecillo

Fiscal general asegura conocer denuncia contra dos magistrados de la CSJ 

El 13 de enero de 2025, tras haberse reunido en el Palacio de Justicia con la magistrada presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, el fiscal general Johel Zelaya confirmó a los medios de comunicación el inicio de una investigación contra los dos magistrados.

«Hemos recibido denuncias contra dos magistrados, pero no vamos a revelar sus nombres. Vamos a investigar, porque de eso se trata. A mí no me interesa si se trata de altos funcionarios o no», declaró el fiscal.

El 15 de enero de 2025, al conocerse la denuncia de Bertetty, el magistrado Mario Díaz manifestó estar al tanto de las acusaciones, pero afirmó que no había recibido ninguna notificación formal del MP. 

«Mientras no se haga una petición formal por parte del Ministerio Público, prefiero mantenerme en silencio. Es responsabilidad de la fiscalía realizar las investigaciones. Yo estoy dispuesto a someterme a lo que corresponde como funcionario judicial, pero hasta ahora no he sido informado oficialmente», respondió Díaz al medio televisivo HCH.

Posibles escenarios en caso de que avance la investigación 

Mario Díaz y Nelson Mairena fueron elegidos como magistrados de la CSJ el 16 de febrero de 2023, como parte de un acuerdo político entre los partidos Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal. 

De interés: Magistrados integrantes de la CSJ: La figura que surgió de una negociación política vulnera la carrera judicial y roza la inconstitucionalidad

El abogado Raúl Suazo, experto en derecho penal, explicó a Contracorriente que, según el Código Procesal Penal y la Constitución de la República, los magistrados de la CSJ pueden enfrentar dos procesos en caso de indicios de haber cometido un ilícito.

«La primera figura es el antejuicio en la cual el Ministerio Público puede realizar diligencias previas a un proceso judicial. La otra es el juicio político, que no implica responsabilidad penal, pero puede culminar en la destitución del funcionario. Ambos procesos son aplicables para los magistrados de la Corte Suprema en circunstancias específicas», señaló Suazo.

El juicio político, contemplado en la Ley Especial de Juicio Político, establece que cuando un magistrado de la CSJ enfrenta una denuncia grave en el desempeño de su cargo, el Congreso Nacional (CN) puede iniciar el proceso y destituirlo con al menos 65 votos.

Donald Trump regresa a la presidencia de Estados Unidos prometiendo más deportaciones en medio de un nuevo éxodo migratorio sin precedentes en la región. Solo en los primeros días de 2025, nuevas caravanas migrantes marcharon desde Honduras y desde el sur de México hacia la frontera norte, en un intento desesperado por cruzar antes del arribo del máximo representante del partido republicano. 

Redacción Regional conversó con Helena Olea, experta en derechos humanos y vicedirectora de Programas de Alianza Américas, la principal red transnacional de defensa de los derechos de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, para entender qué tan ciertas pueden ser las amenazas de Trump y cómo podrían afectar las deportaciones masivas a los países de la región.

Entre las preocupaciones, plantea Olea, está la seguridad, libertad y la ejecución del debido proceso para aquellas personas deportadas a El Salvador, con un régimen de excepción que detiene a ciudadanos por la mera sospecha de ser miembros de pandillas. “Observamos patrones de personas que son deportadas a El Salvador y que, por portar tatuajes o por otros elementos, están siendo automáticamente privadas de su libertad”, dice.

En el caso de Nicaragua, el temor radica en las condiciones de violencia estatal y las persecuciones desde el régimen de Daniel Ortega a las que se enfrentarían las personas que huyeron, precisamente, de esos escenarios.

Olea también señala como positivo que la administración Biden diera un respiro, hasta 2026, para 243 mil salvadoreños y 600 mil venezolanos beneficiados recientemente con el Tratado de Protección Temporal (TPS, por sus siglás en inglés).

Trump ganó la elección anunciando deportaciones masivas y tiene, sobre todo a esta región, en vilo por los anuncios que pueda dar a finales de enero. Sin embargo, antes de que él llegue hay que entender cómo estamos. ¿Qué deja la administración Biden en el manejo de la crisis migratoria?

Esta es una pregunta muy importante. El presidente Biden se demoró en poner fin al Título 42, que permite cerrar la frontera ante una situación de crisis. Esto es importante subrayarlo porque no es una decisión antojadiza. Lo pudo hacer Trump con la pandemia, pero es Biden quien le pone fin. También al programa Quédate en México, en el cual las personas ingresaban a Estados Unidos, pedían asilo y las devolvían a territorio mexicano a esperar la audiencia de su caso. Eso tenía muchos desafíos por la burocracia fronteriza, que hacía que las personas no llegaran a la audiencia a tiempo. Era un procedimiento muy difícil y tenía muy poca posibilidad de éxito.

Biden también hace esfuerzos importantes para reunificar a esos niños que continúan separados de sus papás como resultado de la política de separación de familias. Esos fueron tres pilares importantes. Pero con la narrativa en torno a demonizar a las personas migrantes no hizo absolutamente nada. Esa narrativa quedó instalada.

Helena Olea es abogada de derecho internacional de los derechos humanos con experiencia en incidencia y litigio ante organismos intergubernamentales y gobiernos. Imagen cortesía Alianza Americas.

Biden también fue cuestionado por obstaculizar a los solicitantes de asilo. 

Hizo un procedimiento administrativo aún más difícil para que las personas puedan pedir asilo, para aumentar el estándar de credibilidad que tiene que tener la persona en su primera entrevista. Esa regla modificada significa que pueden haber personas que no pasan ese primer estándar y por lo tanto no pueden ingresar al procedimiento de asilo y son inmediatamente devueltas a su país. Es una especie de rechazo en frontera y, digamos, devolución inmediata.

En la administración Biden se puso atención a las crisis políticas y democráticas de la región. ¿Eso fue positivo?

Biden intentó controlar el flujo de personas que llegaban a la frontera con varias medidas. De una parte estableció el parol, los permisos de viaje humanitario para nacionalidades que tenían un volumen alto de personas debido a las condiciones que las obligaban a salir. Esos cuatro países son Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua.  Sin embargo, el parol humanitario exigía que las personas tuvieran un patrocinador en Estados Unidos, una persona que por lo menos firmara documentos declarando que se haría financieramente responsable de esa persona. La gran ventaja es que podían ingresar de manera autorizada a Estados Unidos y, dentro del país, solicitar un permiso de trabajo por dos años o solicitar asilo. Eso es muy positivo. Y, además amplió el número de nacionalidades a las cuales designó para el programa de Protección Migratoria Temporal (TPS,  por sus siglas en inglés). Eso fue favorable y renovó los TPS que estaban vigentes.

De hecho, en la víspera del retorno de Trump ha renovado el TPS a El Salvador y lo ha dado a Venezuela. 

Es importante reconocer esa primera decisión de otorgar TPS a la población venezolana. Tenemos 600.000 beneficiarios, más o menos. Es realmente poco común. En general, observamos declaratorias de TPS a países con poblaciones en números mucho menores, de 100.000 personas. Creo que es positivo. En el caso de El Salvador, y de acuerdo al calendario, la administración tenía que tomar una decisión la semana pasada. Es positivo que hayan reconocido que las condiciones en El Salvador no han mejorado y que, por lo tanto, las personas no pueden regresar. Eso justifica hacer una extensión del TPS.

Por lo general, el TPS siempre ha sido una carta de negociación entre Estados Unidos y los países centroamericanos. ¿Corre riesgo la medida aprobada por la administración saliente hoy que llega Trump?

Es importante subrayar que la administración no puede actuar de manera antojadiza, porque le provoca al presidente o porque considera que algo no debe ser. Tienen que haber razones motivadas por las cuales se pone fin a una medida como el TPS. Biden y su administración estuvieron de acuerdo que no había justificación para intentar ponerle fin, poniendo fin a esos litigios. Sin embargo, esta también fue una administración que mantuvo un programa regular de deportaciones, que tiene sobre todo impacto en las personas que tienen antecedentes penales, que luego de cumplir una condena penal son deportadas. Por eso la administración Biden termina con cifras muy altas de personas deportadas. También trató de manejar el gran flujo de personas que ingresaban por la frontera sur. Ese flujo fue demonizado por la oposición y tuvimos otro  desafío importante.

Un migrante venezolano en el metro de New York, una de las ciudadaes santuario que albergó a solicitantes de asilo. Archivo RR| Nelson Rauda

La utilización de los ingresos como arma electoral para saturar las “ciudades santuario”. 

Por la frontera sur se genera el mayor número de cruces irregulares. Estas personas eran puestas en libertad, en Texas, y lo que el gobernador hizo fue organizar programas de buses para que las personas viajarán hasta varias ciudades de Estados Unidos. Lo hizo sobre todo para que las personas llegaran a Washington D.C, a Nueva York y a Chicago. Este gran flujo de personas puso a prueba la capacidad para responder, para brindar albergue, alimentar e integrar a estas personas. Además, por supuesto, para las organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios legales.

Por lo tanto, la administración termina con un número mucho más alto de casos de asilo pendientes y con un número significativo de personas bajo estos programas de parole humanitario, sin el apoyo significativo del Congreso para el programa de causas raíz de la migración… Al no tener apoyo presupuestal para invertir en los países, y entender que estas son inversiones de largo plazo, no se ha hecho nada para responder a los factores que siguen obligando a la población a salir de países como Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, por nombrar cuatro en particular,  donde vemos que la situación ha empeorado.

¿Considera que empeoró la situación para los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos o que mejoró en la última administración demócrata?

En términos generales podemos decir que la situación mejoró. Se abrieron algunas puertas para que las personas ingresaran a través del asilo, que estaba totalmente cerrado, en el contexto de la pandemia. Creo que mejoró, pero sin duda alguna no de la forma en que era necesario que mejorara y, sobre todo, no se transformó el entendimiento que tiene la opinión pública en torno a la migración y a las personas migrantes.

En un hipotético caso en el que Trump cumpla con sus amenazas de deportaciones masivas, ¿qué implicaciones habría para los países centroamericanos?

Nos preocupa en particular la seguridad de las personas que regresen a sus países de origen, donde hay situaciones que pueden ser muy diferentes a las que había cuando salieron. Por ejemplo, observamos patrones de personas que son deportadas a El Salvador y que, por portar tatuajes o por otros elementos, están siendo automáticamente privadas de su libertad. Eso genera en sí mismo preguntas en torno al debido proceso, que es un serio cuestionamiento a la situación en El Salvador. Lo mismo nos preocupa con la situación de represión a la oposición política en Nicaragua; y lo que significa para las personas que se vean obligadas a regresar o que sean deportadas a ese país. También nos preocupa la libertad personal, la forma en que las personas están siendo torturadas también en Nicaragua. 

¿Hay riesgos de suspensión de programas migratorios para el resto de países centroamericanos este año?

Con los países que tienen fechas de terminación del TPS más tarde en el año, la administración Trump podría hacer la misma valoración que hizo la administración Biden sobre El Salvador. Pero, por ejemplo, en torno a Honduras,  determinar que las condiciones han cambiado y que las personas pueden volver a su país. Sería un acto administrativo a publicarse en el Registro Federal y allí también se podrá intentar litigar.

Migrantes de Surámerica atraviesan de manera regular la frontera entre Nicaragua y Honduras. Imagen cortesía de Contracorriente.

¿Cómo se deben preparar Nicaragua, Honduras, Haití y Cuba para proteger a sus nacionales?

Todos los países tienen que prepararse para asistir a sus ciudadanos. Para informarles qué es lo que está sucediendo y, ojalá, buscar acuerdos para que puedan recibir asistencia jurídica. Puede haber muchas personas que tengan acceso a otras formas de regularización migratoria y eso es clave. Lo siguiente es aumentar la capacidad de los consulados para expedir documentos de identidad y de viaje a estas personas para ayudarlos a resolver la situación de sus familiares, que pueden no ser ciudadanos del país, pero que ahora estén considerando la posibilidad de irse a vivir a ese país. Hay otras medidas como exenciones de impuestos de importación, facilidades para que las personas puedan regresar con sus herramientas de trabajo; programas para reconocer tanto estudios como experiencias y competencias profesionales, que les hagan más fácil a esas personas la reintegración en la sociedad, pero fundamentalmente que haya condiciones de seguridad y oportunidades económicas. Esos siguen siendo los dos elementos fundamentales por los cuales las personas no pueden regresar.

¿Ustedes ven certezas en las amenazas de deportaciones masivas de Trump o las ven como parte del juego político para buscar otro tipo de negociaciones con los países de la región en materia migratoria?

Creo que él sí tiene la intención de tratar de deportar el mayor número de personas. Pero es importante recordar que hay un estándar de debido proceso y desafíos logísticos para buscar a las personas puerta a puerta. Las autoridades migratorias solo pueden entrar a una casa si tienen una orden judicial firmada, por ejemplo. Lo que probablemente observaremos es mayor esfuerzo para identificar a las personas que tienen una orden de deportación pendiente, y que esas sean deportadas. 

Ahora bien, es importante recordar que la deportación no es un acto unilateral de Estados Unidos. Se necesita la colaboración del país de origen, que tienen que confirmar que son nacionales antes de que esas personas puedan abordar un vuelo de deportación. Ahí también es necesario establecer un acuerdo, porque el país de origen tiene que destinar funcionarios, personal, para recibir los vuelos de deportación. O sea, no es un acto unilateral de Estados Unidos, así que probablemente sí vamos a ver algunos esfuerzos y presión para que los países de origen aumenten su capacidad de respuesta. Y, por el otro lado, lo que veremos es un incremento de personas privadas de libertad para ser deportadas. Eso a su vez pone presión en la protección consular. Entonces los países de origen tendrán que tener servicios consulares con mayor capacidad de respuesta para visitar a estas personas y darles la asistencia que necesitan antes de la deportación.

Partiendo de la política de muros de su primera gestión, ¿que se prevé que quiere exigir en esta nueva administración?. ¿El retorno de esta política?

El cambio más importante es que en la primera administración,  el discurso del muro era “vamos a detener la entrada a Estados Unidos”. En la segunda administración, el discurso es “vamos a deportar, vamos a sacar a las personas inmigrantes de Estados Unidos”. Es un cambio sustancial en la  retórica y en las acciones que vamos a ver del gobierno.

Actualmente, ¿considera que El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua están haciendo bien o mal su trabajo de apoyo a los migrantes en este momento?

En la situación el apoyo consular es insuficiente. México tiene uno de los mejores servicios consulares del mundo, y es abismal la diferencia entre la capacidad de los servicios que están prestando los consulados mexicanos y los que están prestando los consulados centroamericanos. Se necesita, en general, muchísimo más apoyo, más personal, más recursos y más capacidad. El otro elemento central es la ofensiva diplomática. Cómo van a responder los países, cómo están explicando el valor de la migración y cómo utilizan vías diplomáticas para organizarse mejor como bloque. Tenemos un anuncio de una reunión de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los ministros y viceministros de América Latina este mes y eso es promisorio y puede ser el comienzo de una mejor respuesta.

En su primer gestión Trump convirtió a países llenos de violencia en “terceros países seguros” para solicitantes de asilo. Ahora, con las condiciones actuales, con una dictadura en Nicaragua, la neodictadura en El Salvador y las inestabilidades en Guatemala y Honduras, ¿se prevé que busque reactivar este mecanismo?

Hay dos elementos que son clave. Los países se convierten en tercer país seguro porque hay un acuerdo firmado entre Estados Unidos y el respectivo país. Entonces no es que Trump les convirtió, es que el liderazgo de ese país aceptó firmar esos acuerdos. El país que se compromete tiene que tener un sistema de asilo con capacidad de funcionar, de recibir solicitudes y de tramitarlas; pero, además, tiene que poder ofrecerle a la población las condiciones de seguridad y de viabilidad de su integración económica. O de poder atender las necesidades de salud de esa población que está acogiendo. Ahí hay una primera responsabilidad estatal y un país puede decir: “yo no tengo la capacidad para hacerlo y no lo voy a hacer”. Tenemos un caso que yo creo que es importante de analizar: las 130 personas que recientemente fueron liberadas de Nicaragua y fueron acogidas en Guatemala. La gran pregunta es ¿cuál es la capacidad de respuesta de las autoridades guatemaltecas?, ¿se han podido resolver las necesidades, no solo de un lugar donde albergar, sino que la necesidad de salud y de integración de esas personas? Es muy probable que sí empecemos a ver más movimientos dentro de la región o, que frente a un escenario que cierra opciones en el norte, veamos más flujos hacia el sur. 

Este reportaje revela cómo las fallas de seguridad en la aplicación de citas Grindr han facilitado delitos como el abuso sexual, la venta y consumo de drogas ilícitas y el acoso a la comunidad LGTBIQ+ en Honduras y otros países de América Latina.

Por Cristhian Matamoros
Ilustración de portada: Alejandro Sol Gráficos: Cambia la Historia
Esta nota fue publicada originalmente en el sitio Cambia la Historia

En Honduras, el caso de Leonard Fabián Torres Licona, un hombre de 33 años, conmocionó a la comunidad LGTBIQ+ cuando la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lo detuvo por presuntamente drogar y abusar de sus víctimas. Según las autoridades, su modus operandi era sencillo pero efectivo: ofrecía bebidas granizadas mezcladas con somníferos a hombres que conocía a través de la app de citas Grindr, y, una vez inconscientes, abusaba sexualmente de ellos y hurtaba sus pertenencias.

Conocido en Grindr como «el Princeso», Torres es originario del municipio de Orica, en el departamento de Francisco Morazán, zona centro de Honduras. Fue capturado el 23 de septiembre de 2023 en Comayagüela, la ciudad gemela de la capital del país, después de varias denuncias interpuestas por sus víctimas. Algunas de estas personas acudieron a la organización defensora de derechos de la comunidad LGTBIQ+ Asociación Kukulcán para pedir apoyo en la denuncia. El presidente de esta organización, Danny Montecinos, contó que al menos tres personas denunciaron y fueron acompañadas al Ministerio Público para interponer las denuncias formales.

Durante la captura, Licona fue expuesto por la DPI de una manera estigmatizante, lo que levantó una serie de burlas y críticas en redes sociales.

Torres encontraba a sus potenciales víctimas en Grindr, la popular aplicación de citas dirigida principalmente a personas LGTBIQ+ —en su mayoría hombres gay, bisexuales y personas trans—. Lanzada en 2009, esta plataforma emplea tecnología de geolocalización, lo que permite que los usuarios se conecten más fácilmente con personas cercanas a su ubicación, incrementando las posibilidades de un encuentro físico.

A primera vista, Grindr puede parecer una plataforma que promueve la convivencia y la interacción pacífica dentro de la comunidad queer. Sin embargo, casos como el de Leonard Torres Licona revelan que los vacíos en la seguridad y la falta de supervisión dentro de la aplicación han permitido que usuarios como él utilicen Grindr para cometer crímenes. La proximidad física que facilita la plataforma resultó ser una ventaja clave para Torres, permitiéndole acercarse a sus víctimas bajo la promesa de un encuentro consensuado.

«A cero pies de distancia del mundo queer», dice su slogan, y a pesar de que esto puede aventajar a personas que buscan cometer delitos, Grindr advierte que «no es responsable de lo que hacen o dicen los usuarios». Este descargo de responsabilidad revela una brecha en la protección de los usuarios, es por eso que casos como el de Torres Licona no podrían generar problemas legales para la empresa dueña de la app. 

Torres Licona no fue más que uno entre los más de 10 millones de usuarios mensuales que alberga Grindr en más de 190 países. La aplicación, además de conectar personas en todo el mundo, generó ingresos de más de 250 millones de dólares en 2023, gracias a la venta de publicidad y otros servicios. América Latina es parte del extenso grupo de países donde Grindr tiene presencia, y es en esta región donde han surgido preocupaciones y denuncias que ponen en duda si la plataforma realmente cumple con sus políticas de privacidad y las normas comunitarias que establece.

Entre estas normas, el popular software insiste en que no tolera la discriminación, el odio, la violencia, las amenazas o el abuso de ningún tipo. Sin embargo, los casos a continuación apuntan a lo contrario. 

Fallas en la supervisión y control

Crear un perfil en Grindr es un proceso que toma menos de tres minutos. La interfaz, con tonos naranja y negro, solicita información mínima, como un correo electrónico o un número telefónico, al cual se envía un código de validación para activar la cuenta. También es necesario proporcionar una fecha de nacimiento para verificar que el usuario es mayor de edad, cumpliendo con las políticas establecidas por la plataforma.

Como toda aplicación en línea, el proceso incluye la aceptación de términos y condiciones. Estos varían según el país de residencia del usuario; por ejemplo, si vives en un país de la Unión Europea, Reino Unido o Estados Unidos, algunas políticas son diferentes en comparación con otros países, debido a algunos acuerdos de arbitraje, según detalla el sitio.

En Honduras, Grindr puede solicitar al usuario eliminar su cuenta si infringe las normas, y si la persona se niega a hacerlo, los oficiales de control de la aplicación tienen la autoridad para eliminar la cuenta o contenido que se considere ilegal. Sin embargo, en la práctica, los vacíos en la supervisión y aplicación de estas normas ponen en duda la capacidad real de Grindr para controlar lo que sucede en su plataforma.

El inciso número uno de las directrices de uso de Grindr establece que los servicios no deben ser utilizados por personas menores de edad. En Honduras, según el artículo 16 del Código de la Familia, la mayoría de edad se alcanza a los 21 años, aunque algunos derechos y libertades se otorgan a partir de los 18 años.

Para comprobar cómo se gestionan estas directrices y si la plataforma realmente las hace cumplir, hablamos con un exagente de soporte técnico en Honduras, quien trabajó para Grindr a través de PartnerHero, una firma de subcontratación estadounidense con oficinas en Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

Este exagente, quien pidió protegiéramos su identidad para evitar represalias, comentó que en su puesto en el soporte técnico recibió múltiples reportes de los usuarios como: «Esta persona me violó, este usuario me envió fotos de pornografía infantil, fui víctima de un crimen de odio, me encontré con alguien que intentó golpearme». 

Cuando se recibían estos reportes, los agentes de control tenían la obligación de eliminar la cuenta del infractor, sobre todo en casos graves. Sin embargo, según la fuente, la aplicación solo sancionaba perfiles si otro usuario los reportaba directamente. Esto significa que muchas personas que infringían las normas, hostigaban a otros usuarios o participaban en actividades ilegales no eran detectados ni sancionados a menos que alguien más los denunciara. Es decir, si el comportamiento ilegal no era reportado, pasaba desapercibido y el perfil quedaba activo, a pesar de violar abiertamente las directrices de Grindr.

Este exagente narró que existía un departamento legal encargado de gestionar los casos más graves, pero en 2018 dicho departamento estaba compuesto por solo dos personas en la oficina en San Pedro Sula, lo que dificultaba la respuesta oportuna y eficaz. En Estados Unidos, la situación era diferente, ya que las autoridades solían contactar directamente al departamento legal para obtener información sobre los sospechosos involucrados en delitos.

Además, según el exagente, las actividades ilegales dentro de la plataforma no eran excepcionales, y dio otros ejemplos como la venta de drogas ilícitas. Esta actividad solía estar codificada con emojis y descripciones ocultas. Entre los más utilizados se encontraban el emoji de diamante, que hacía referencia al cristal o metanfetaminas, las hojas, que representaban marihuana, y los billetes, que indicaban la oferta de servicios sexuales.

El proceso de moderación de Grindr era lento y a menudo ineficaz, lo que permitía que muchos usuarios continuaran sus actividades ilegales durante un período prolongado, aún después de alguna denuncia.

Grindr no solo tiene oficinas de soporte en Estados Unidos y Honduras, sino también en China y Brasil, donde gestionan la moderación de perfiles. En Honduras, los incidentes más comunes involucraban la creación de perfiles falsos, el robo de identidad, la presencia de menores de edad en la plataforma y la oferta de drogas, específicamente marihuana. Estos problemas no son exclusivos de Honduras, sino que forman parte de un patrón global de falta de control sobre las actividades dentro de la plataforma.

¿Menores de edad en Grindr?

Juan Carlos Ponce es el oficial de comunicaciones del Colectivo Violeta, una organización que ofrece apoyo a la comunidad LGTBIQ+ en Honduras, incluyendo asesoría legal y atención psicológica para usuarios que experimentan situaciones peligrosas dentro de la aplicación, en este caso. 

Según Ponce, a través de un estudio basado en una muestra de 100 personas realizado por el Colectivo Violeta en 2024, se encontró que la población de usuarios en Grindr en Tegucigalpa se divide principalmente en tres grupos de edad. El 39 % de los usuarios tienen entre 18 y 24 años, mientras que un 37 % están en el rango de 25 a 35 años. Solo un 11 % de los usuarios tienen más de 35 años, lo que significa que 87 % de la base de usuarios está conformada por adultos jóvenes.

Lo preocupante de estos datos es el 13 % restante, que representa a menores de 18 años que acceden a la plataforma, a pesar de las políticas de Grindr que prohíben el acceso a menores de edad. Esta brecha en la verificación de edad dentro de la aplicación expone a adolescentes a situaciones de vulnerabilidad en un entorno diseñado para adultos.

Aunque Grindr se presenta como un espacio de conexión entre personas adultas, la realidad muestra que muchos adolescentes logran burlar los sistemas de control y acceden a un entorno que los deja expuestos a abusos sexuales y acoso cibernético.

Lucía Barrientos, coordinadora de la Organización Ixchel en Honduras, cuenta que decidió crear un perfil en Grindr para ofrecer concientización sobre el uso de preservativos y la protección sexual. A través de su labor, pudo observar que dentro de la plataforma hay usuarios menores de edad que se presentan como trabajadores sexuales, algo que claramente constituye un caso de explotación sexual comercial.

«Al identificar a personas que no son mayores de edad involucradas en trabajo sexual, lo que se genera es una mayor violencia», explica Barrientos, «porque hemos recibido denuncias de otros usuarios que evidencian el peligro que representa la plataforma para estos menores». Según Barrientos, la vulnerabilidad de estos jóvenes los convierte en víctimas fáciles de abuso y explotación. 

Según datos obtenidos mediante solicitud de información al Ministerio Público, entre 2020 y septiembre de 2024 se recibieron 31 denuncias por contacto sexual con menores a través de medios electrónicos. Los años con más casos reportados fueron 2021 y 2022.

De las 31 denuncias, 24 involucraban a personas de sexo femenino, 6 a personas de sexo masculino, y una denuncia no especificaba el género. El departamento de Francisco Morazán fue el que más denuncias presentó, con 9 casos reportados.

Entre los menores de sexo masculino, las edades rondaban entre los 11 y 16 años, lo que muestra que los adolescentes en plena pubertad son un grupo altamente vulnerable al contacto no deseado.

Juan Carlos Ponce, de Colectivo Violeta, confirmó en conversaciones que mantuvo con usuarios adolescentes que muchos no reconocían que habían sido víctimas de abuso sexual y, en algunos casos, vivían en entornos violentos y disfuncionales que no les permitían hablar sobre lo que les había sucedido.

Estos jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los 15 y 17 años, enfrentaban traumas profundos que quedaban sin atender, en parte debido a la falta de apoyo familiar y a la ausencia de canales confiables para denunciar.

Como parte del proceso para entender cómo el Ministerio Público maneja este tipo de denuncias, intentamos obtener información del vocero de la Fiscalía de Ciberdelitos, Carlos Vallecillo. En respuesta a la consulta, Vallecillo explicó que, por razones de ley, no podía proporcionar detalles sobre las técnicas utilizadas para rastrear a los perpetradores de estos delitos, argumentando que «es como decirle al ratón dónde se esconde el queso».

Esta postura persistió a pesar de que se aclaró que las preguntas estaban orientadas únicamente a casos ya documentados y no a investigaciones activas; además, no se le consultó sobre las técnicas, sino sobre el manejo de los casos y las consideraciones para tipificar el delito. 

En este contexto de falta de transparencia por parte de las autoridades, fue necesario recurrir al Código Penal hondureño para entender el marco legal de estos delitos. El artículo 253 establece que quien, a través de tecnologías de la comunicación, proponga a un menor de catorce años un encuentro físico para realizar actividades sexuales, y acompañe esta propuesta con actos materiales dirigidos a concretar dicho encuentro, debe ser castigado con arresto domiciliario de entre uno y tres años.

Por otro lado, el artículo 265 establece que cualquier persona que venda, difunda o exhiba material pornográfico a menores de dieciocho años, afectando gravemente su desarrollo sexual, debe recibir una sanción de seis meses a dos años en forma de prestación de servicios de utilidad pública o servicios a las víctimas.

Explotación sexual comercial y «sugar dating» en Grindr

Otra preocupación que Juan Carlos Ponce, de Colectivo Violeta, compartió, fue la presencia de perfiles que ofrecían servicios sexuales dentro de la plataforma, con descripciones como «prepago» o frases del tipo «busco sugar». Esta tendencia no solo afecta a adultos, sino también a menores de edad, quienes se ven involucrados en dinámicas peligrosas como el fenómeno de «sugar dating», el cual se ha expuesto por diversos medios europeos y organizaciones como una forma de explotación sexual encubierta.

El concepto de sugar dating se ha popularizado a través de redes sociales y plataformas de citas. Según la organización Por Ti Mujer de España, este fenómeno implica que personas jóvenes, muchas veces menores de edad, establecen relaciones con hombres de mayor poder adquisitivo a cambio de regalos costosos, acompañamiento o intimidad sexual. Cuando el joven no accede a realizar las prácticas solicitadas por su «sugar daddy» puede perder sus beneficios económicos, lo que genera una coacción económica.

En Honduras, la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) ha advertido que la explotación sexual comercial ocurre cuando personas en posiciones de poder se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas —ya sea por su edad, condición económica o segregación geográfica— para obtener favores sexuales a cambio de dinero u otros beneficios. Entre 2021 y 2023, esta comisión atendió 37 casos de explotación sexual de menores, todos correspondientes a personas del sexo femenino.

En 2022, la Unidad contra la Trata de Personas, Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilícito de Personas (UTESCTP) del Ministerio Público reportó 101 casos que involucraban a 120 personas denunciadas. Durante ese mismo año, se lograron obtener 31 sentencias, condenando a 36 personas implicadas en la explotación de las víctimas. Además, se judicializaron 22 casos adicionales, lo que involucró a 30 personas acusadas de explotación sexual y trata.

A pesar de estos avances judiciales, Ponce subraya que muchas víctimas prefieren no denunciar por temor a la exposición mediática o porque sienten que las autoridades no toman en serio sus casos. En muchos casos, las víctimas han manifestado que sus denuncias son tomadas a burla por las autoridades, lo que las disuade de buscar justicia y prefieren tratar el trauma de manera privada, sin pasar por un proceso legal.

Danny Montecinos, presidente de la Asociación Kukulcán, explicó que muchos jóvenes menores de 18 años recurren a aplicaciones como Grindr como una vía de escape de su realidad familiar, marcada por normas machistas y patriarcales. En muchos casos, estos jóvenes provienen de familias profundamente tradicionales con estrictas reglas religiosas, donde ser parte de la comunidad LGTBIQ+ es visto como un estigma. Esta búsqueda de refugio en Grindr pone a los menores en una posición vulnerable, ya que pueden ser fácilmente expuestos a situaciones de riesgo, como el consumo de drogas o la explotación sexual.

El papel del entorno familiar en la vulnerabilidad de los menores

El psicólogo Yang Padilla, de la Organización Nuestros Pequeños Hermanos, que se ocupa de niños y jóvenes desfavorecidos, vulnerables y discapacitados en América Latina, explicó que en la mayoría de los casos de jóvenes que recurren a aplicaciones como Grindr para tener sus primeras experiencias sexuales, esta búsqueda de relaciones sexuales en plataformas digitales está vinculada a un historial previo de abuso emocional o sexual dentro del entorno familiar.

Según Padilla, el entorno doméstico es determinante en el desarrollo sexual de los menores, y muchos adolescentes que recurren a este tipo de aplicaciones ya han sido expuestos a comportamientos sexuales inapropiados en su propio hogar.

El experto detalla que la primera etapa del desarrollo sexual de una persona es crítica y ocurre entre los 7 y 11 años. Durante este periodo, si el entorno familiar es disfuncional o está marcado por el abuso, puede influir profundamente en cómo el menor canaliza su energía sexual más adelante en la vida. Por ejemplo, menciona casos en los que los padres mantienen relaciones sexuales en la misma habitación donde se encuentran sus hijos, creyendo que están dormidos, cuando en realidad los sentidos del menor —como el oído— permanecen activos.

Este tipo de conductas puede normalizar la sexualidad en el menor a una edad temprana, lo que lo lleva a buscar formas de satisfacer sus necesidades sexuales durante la adolescencia, a veces con personas de mayor edad con intenciones maliciosas.

Padilla enfatiza que estos traumas en la infancia pueden manifestarse más adelante en la vida como síntomas físicos o patrones psicológicos que permiten identificar el abuso sexual. Entre los síntomas comunes, se encuentran trastornos de la conducta y problemas emocionales que pueden ser rastreados hasta una experiencia traumática no resuelta en la niñez.

Sin embargo, el especialista aclaró que no todos los casos de abuso o explotación sexual en adolescentes derivan de experiencias traumáticas anteriores. «Cada caso es único y responde a circunstancias y condiciones específicas», señaló. Esto significa que no se puede asumir que todas las víctimas de explotación sexual a través de plataformas como Grindr hayan sido abusadas previamente; algunos adolescentes simplemente buscan una escapatoria en un ambiente social que no les permite explorar su sexualidad de forma sana y segura.

El psicólogo también señala que muchas de las personas que han sufrido violencia sexual o emocional buscan canales de escape para lidiar con el trauma. «Algunas personas recurren a conductas alimentarias disfuncionales o desarrollan trastornos de la conducta alimentaria (TCA)», explica Padilla. Otros, en cambio, pueden hipersexualizarse, es decir, buscar constantemente satisfacer sus necesidades sexuales como una forma de lidiar con el abuso o la represión que han sufrido.

Drogas y explotación en Grindr: un peligro relacionado

Cuando pregunté a Juan Carlos Ponce sobre el uso de sustancias ilícitas dentro de la plataforma Grindr, su respuesta fue contundente: «Está exageradamente promovido el uso de marihuana en la app». Además, mencionó que se ha encontrado perfiles de menores de edad que incluyen el número 420 en sus descripciones, un código ampliamente conocido en referencia a la marihuana. Según Ponce, este número implica que una persona posee marihuana o está buscando conectarse con alguien que la tenga.

Un caso que Ponce recuerda con claridad es «este menor me dijo que había empezado a consumir marihuana porque escuchó —de manera externa a la app— que podía perder peso». Cuando Ponce habló con él, el joven estaba por cumplir 18 años en abril de 2024, lo que significa que aún era menor de edad al momento de iniciar su consumo. En sus interacciones dentro de la app, el joven buscaba perfiles que tuvieran el número 420 en sus descripciones, o iniciaba conversaciones preguntando directamente si alguien tenía marihuana.

Ponce explicó que si un usuario coloca «420» en su perfil, es altamente probable que aparezcan distribuidores de marihuana de manera automática. Según Ponce, otro aspecto preocupante es la presencia de menores de edad dentro de la aplicación, particularmente en áreas cercanas a colegios. 

Dos casos específicos que Ponce documentó en un colegio popular de Tegucigalpa refuerzan esta tendencia. Un menor cambiaba su descripción en la plataforma de manera regular, a veces incluyendo términos como «busco sugar» o «prepago». Esto sugiere que el menor no solo buscaba marihuana, sino también estaba inmerso en un ciclo de explotación sexual. El otro caso involucraba a un joven de 17 años que asistía a clases los fines de semana y que también utilizaba Grindr para conectarse con distribuidores de marihuana.

Casos en México y Chile

Un ejemplo revelador de las fallas de seguridad y supervisión en la plataforma ocurrió en Puebla, Estado de México, a 1,713 kilómetros de Tegucigalpa. Según el medio de comunicación Almanaque, entre 2018 y 2020, la Fiscalía de Puebla registró 78 casos de violación, ciberacoso y abuso sexual relacionados con encuentros facilitados por aplicaciones de citas, entre las cuales destacaba Grindr. Estos casos revelan la vulnerabilidad de los usuarios, expuestos a diversos delitos al interactuar en un entorno en el que las normas establecidas no siempre se respetan.

El delito más común en estas denuncias fue la violación a la intimidad, que en México se refiere a la publicación de contenido sexual sin el consentimiento de la otra persona. Curiosamente, dentro de las normas de la misma plataforma, se prohíbe explícitamente el uso o la distribución de imágenes sin autorización, lo que genera dudas sobre la capacidad real de Grindr para controlar o sancionar este tipo de conductas.

Después de lo ocurrido en México, entre 2020 y 2022, en Chile se reportaron varias denuncias. A principios de 2020, la diputada Ximena Ossandón solicitó el cierre de Grindr en Chile debido al creciente uso de la aplicación para el tráfico de drogas. En medio de esta controversia, el medio de comunicación T13 llevó a cabo una investigación creando un perfil falso en la plataforma. En poco más de una hora, el perfil recibió 12 propuestas de venta de sustancias ilícitas. No obstante, el reportaje generó críticas por parte de los internautas, quienes señalaron que el enfoque de la diputada y el medio de comunicación promovía una estigmatización hacia la comunidad LGTBIQ+. Argumentaron que el problema no es la plataforma, sino la impunidad que rodea los delitos cometidos a través de ella.

En 2022, Chile registró 1,046 denuncias por violación a los derechos humanos de personas LGBTIQ. Entre estos casos se registraron 6 asesinatos y 40 agresiones físicas o verbales, según el informe anual sobre derechos humanos de la diversidad sexual del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH). Grindr, con una fuerte presencia en ese país, figura como una de las aplicaciones de citas más utilizadas. En varias regiones también se han reportado actividades delictivas a través de la plataforma.

Venta de diagnósticos de VIH y demandas contra Grindr

Antes de que Grindr Inc. se convirtiera en la compañía que conocemos hoy, llevaba el nombre de Grindr LLC y estaba bajo el control del conglomerado chino Kunlun Group. Sin embargo, entre 2020 y 2022, se produjo una venta inesperada de la plataforma que no fue del todo voluntaria. Según informes de medios como The New York Times, Reuters y The Wall Street Journal en 2019, esta venta se anticipaba como resultado de las presiones del gobierno de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.

La inquietud no sólo giraba en torno a la propiedad de una empresa extranjera, sino al acceso que Grindr tenía a información sensible de sus usuarios, como su ubicación, datos de salud (incluyendo resultados de VIH) y preferencias personales. Según los oficiales estadounidenses, estos datos podrían ser utilizados por el gobierno chino para fines de espionaje.

Grindr, como parte de su política de sexo seguro, permite a los usuarios ingresar su estado serológico o la fecha de su último examen de infecciones de transmisión sexual (ITS). Esto se convirtió en uno de los principales puntos de preocupación para los organismos de seguridad estadounidenses, ya que la plataforma almacenaba y compartía datos extremadamente confidenciales.

Las preocupaciones del gobierno de Estados Unidos no estaban del todo infundadas. En enero de 2020, el Consejo de Consumidores Noruego presentó un informe titulado «Out of Control», que destapó serias advertencias sobre el manejo de los datos personales por parte de Grindr. Según el informe, en 2018 se descubrió que la plataforma estaba compartiendo datos sensibles de los usuarios, como su estado serológico, con empresas de análisis de terceros, entre ellas Apptimize y Localytics. Estas empresas, al igual que Grindr, tienen su sede en California y se dedican a proporcionar servicios a aplicaciones móviles, enfocados en aumentar los ingresos a través de la recopilación y explotación de datos.

Mientras el escándalo de la venta de datos seguía causando controversia, en 2021, durante el proceso de venta de la plataforma, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos emitió una alerta al consumidor sobre las estafas de extorsión que ocurrían dentro de Grindr. Según la FTC, los estafadores se hacían pasar por parejas románticas, establecían conversaciones que llevaban al intercambio de fotos limpias y, una vez obtenidas estas imágenes, amenazaban a las víctimas con compartirlas con amigos y familiares si no se realizaba un pago. El método más común de pago exigido por los estafadores era a través de tarjetas de regalo o gift cards, lo que complicaba el rastreo de los perpetradores.

El investigador Zach Edwards, encargado de auditar la aplicación para el informe «Out of Control», descubrió que, además de la información serológica, varias empresas de terceros también obtenían direcciones IP de los usuarios, lo que permitía rastrear su ubicación y otros datos personales. Este tipo de filtración es especialmente preocupante en contextos donde las personas son vulnerables a la discriminación y el estigma social.

En Honduras, Donny Reyes, de coordinación de incidencia de la Asociación LGTBIQ+ Arcoiris, expresó su preocupación sobre la violación a la confidencialidad e intimidad de los usuarios en un contexto como el hondureño. Reyes señaló que el país enfrenta una epidemia concentrada de VIH, especialmente entre la comunidad LGBTIQ y la comunidad garífuna. A esto se suma la ausencia de un plan nacional efectivo de prevención del VIH durante los últimos 10 años, lo que agrava la situación de los grupos más vulnerables.

El Plan Nacional de la Comisión Nacional de Sida (Conasida) 2020-2024 confirma las declaraciones de Reyes, indicando que la epidemia en Honduras se trata de una modalidad concentrada, con un 93 % de transmisión relacionada con contacto sexual. A pesar de la reforma de la Ley Especial sobre el VIH-sida en 2015, Reyes critica que la inversión estatal en salud pública es insuficiente y que no se han implementado políticas con un enfoque integral de derechos humanos.

Por su parte, Lucía Barrientos relató que, como parte de programas de salud sexual y prevención de ITS, intentó crear un perfil personal en Grindr para ofrecer servicios de prevención del VIH y promover el uso de anticonceptivos dentro de la plataforma. Sin embargo, sus cuentas fueron eliminadas repetidamente, bajo el argumento de que su actividad era considerada «empresarial», privando a los usuarios de una oportunidad vital para acceder a recursos de prevención. 

Noruega no es el único país que ha sancionado a Grindr por la falta de protección de datos sensibles de sus usuarios; de hecho, en este país, la plataforma enfrenta una multa de 6 millones de dólares por incumplir sus políticas de privacidad. Pero las controversias van mucho más allá. Actualmente, Grindr también enfrenta una demanda colectiva en el Reino Unido, presentada en julio de 2022 después de que la Oficina del Comisionado de Información descubrió que Grindr había violado el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en el Reino Unido.

Esta demanda fue presentada por el bufete de abogados Austen Hays, que afirma que Grindr compartió datos personales y confidenciales de más de 600 usuarios entre 2018 y 2021 con empresas publicitarias de terceros, sin el consentimiento de los usuarios. Parte de los datos compartidos incluyen el estado serológico de VIH, la fecha de la última prueba y el uso de medicamentos preventivos como la PrEP.

La directora general del bufete, Chaya Hanoomanjee, declaró en abril de 2024: «Grindr tiene la obligación hacia la comunidad LGBTQ+ a la que sirve de compensar a aquellos cuyos datos se han visto comprometidos y han sufrido angustia como resultado, y de garantizar que todos sus usuarios estén seguros mientras usan la aplicación, donde sea que estén, sin temor a que sus datos puedan ser compartidos con terceros».

El Tribunal Superior del Reino Unido, en su última intervención el 16 de mayo de 2024, concedió una solicitud de anonimato para todos los demandantes. Los impartidores de justicia reconocieron que los posibles afectados ya han visto vulnerados sus derechos de privacidad.

Administración controvertida en Grindr Inc.

Después de la venta de Grindr y su transformación a Grindr Inc., la empresa pasó por una fusión con Tiga Acquisition Corp, una firma constituida en 2017 en las Islas Caimán, un territorio británico ampliamente conocido como paraíso fiscal y centro de lavado de activos debido a sus políticas de cero impuestos para empresas. Esta firma de cheques en blanco fue fundada por G. Raymond Zage III y Ashish Gupta para facilitar adquisiciones estratégicas.

Según documentos oficiales de Tiga, Zage cuenta con más de 26 años de experiencia en finanzas corporativas e inversiones en múltiples industrias. Anteriormente, fue director general y CEO de Farallon Capital Asia Pte Ltd., filial de Farallon Capital Management LLC. Esta empresa, fundada en 1986 por Tom Steyer, se especializa en arbitraje de fusiones y ha estado envuelta en controversias debido a algunas de sus inversiones.

Farallon Capital, a través de su filial Farallon Resource, estuvo involucrada en el sector minero en México bajo el nombre Farallon Minera Mexicana, S. A. de C. V. La empresa explotó el Campo Morado, una mina en el estado de Guerrero, operando bajo concesiones de exploración otorgadas por el gobierno mexicano que abarcaron aproximadamente 11,814 hectáreas. Tras cesar las operaciones en 2009, se observó un aumento considerable en los casos de cáncer en la región de Arcelia. De acuerdo con el medio Despertar del Sur, los casos de cáncer aumentaron a 120 en 2011, una cifra alarmante que sigue generando preocupación en la comunidad.

Sin embargo, no todos los señalamientos que enfrenta Grindr Inc. están relacionados con prácticas corporativas pasadas. El actual director ejecutivo, George Arison, nombrado en octubre de 2022, también ha sido objeto de críticas. Aunque en el sitio web de la empresa se le presenta como un líder comprometido con «un mundo en el que las vidas de su comunidad global en más de 190 países sean libres, iguales y justas», su historial en redes sociales ha generado dudas sobre su idoneidad para el cargo.

A pocas semanas de asumir como CEO, se revelaron tuits publicados por Arison en 2020 en los que mostraba apoyo al presidente Donald Trump y se describía a sí mismo como conservador. Esto generó una fuerte reacción en redes sociales, cuestionando cómo alguien con inclinaciones políticas alineadas a un líder que ha sido crítico de la comunidad LGTBIQ+ puede liderar una plataforma que pretende ser un espacio seguro e inclusivo para dicha comunidad.

En un intento por obtener la posición oficial de Grindr frente a las diversas demandas y cuestionamientos, se contactó varias veces, a través del correo oficial que proporciona la empresa en su sitio web para contacto de artículos periodísticos, a la coordinación de prensa de la empresa, sin obtener respuesta. Además, se trató de establecer comunicación a través de sus redes sociales, pero nuevamente no hubo respuesta.

El Gobierno de Xiomara Castro: promesas por cumplirse con las personas LGTBIQ+ 

Honduras es un país especialmente peligroso para las personas de la comunidad LGTBIQ+. En 2023, se registraron 50 muertes violentas, el año más letal para este grupo desde 1994. Según cifras de Cattrachas, entre 2017 y 2024, se contabilizaron 265 muertes violentas de personas LGTBIQ+, lo que refleja una escalada de violencia que no ha podido ser contenida por las autoridades.

El Gobierno de Honduras, bajo la presidencia de Xiomara Castro, instauró un estado de excepción en diciembre de 2022 con el objetivo de combatir la delincuencia. Sin embargo, esta medida ha hecho poco por proteger a la comunidad LGTBIQ+. Hasta octubre de 2024, se han registrado más de 68 asesinatos de personas LGTBIQ+, de los cuales 29 eran hombres gay, según la organización Cattrachas. 

A esto se suma la persistencia de normas discriminatorias, como el no reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo o la prohibición de visitas íntimas para personas LGBTI en las cárceles, según lo detalla el Informe de 2024 de Report Out, una organización de investigación de derechos humanos del Reino Unido. Al mismo tiempo, las personas LGTBIQ+ enfrentan graves obstáculos para acceder a la justicia, donde prevalecen estereotipos en comisarías y tribunales que no solo las discriminan, sino que también las revictimizan, lo que contribuye a una creciente desconfianza de la comunidad LGBTI en el sistema judicial hondureño.

Colectivo Violeta: defensores de los derechos humanos LGTBIQ+ desde los años ochenta

La Asociación Colectivo Violeta nació en 1985 bajo el nombre original de Asociación Hondureña de Homosexuales contra el Sida (AAHCOS), en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país. Desde su creación, la organización ha trabajado en temas cruciales para la comunidad LGTBIQ+, incluyendo derechos humanos, reducción del estigma y la discriminación, incidencia política y acceso a la justicia.

En 2023, como respuesta a las necesidades urgentes de la comunidad, la asociación lanzó el Observatorio de Derechos Humanos de las personas LGTBIQ+ en Honduras, el 15 de diciembre. Este proyecto, que había sido contemplado desde 2013, fue inicialmente apoyado por la organización Diakonia y, posteriormente, por la Cooperación Española en Honduras (AECID). El observatorio se enfoca en documentar y monitorear las violencias que sufre la comunidad LGTBQ+, y es clave para la atención psicológica de personas afectadas por la violencia o discriminación.

Uno de los servicios esenciales que ofrece es la atención psicológica a los usuarios de Grindr que han sido víctimas de violencia, discriminación, o que enfrentan problemas de salud mental derivados de su situación en la plataforma. Esta atención se brinda de manera directa a través de perfiles creados por la organización dentro de Grindr, permitiendo un acceso más inmediato y confidencial para quienes necesiten apoyo.

Juan Francisco Mencía, abogado de la Asociación Colectivo Violeta, informó que, entre 2021 y octubre de 2024, la organización ha brindado más de quinientas atenciones psicológicas sistematizadas a personas de la comunidad LGTBIQ+. Además, han registrado 239 denuncias y quejas de violencia contra miembros de esta población, un reflejo del clima de discriminación y agresiones que aún persiste en el país.

Sin embargo, Mencía señaló que, desde marzo de 2024, la organización ha solicitado una reunión de trabajo con el Ministerio Público, pero siete meses después no han recibido una respuesta concreta. Esta falta de atención por parte del ente acusador afecta directamente a las personas que buscan justicia. En uno de los casos más preocupantes, un voluntario de la organización interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, pero hasta la fecha no ha recibido información sobre el avance del caso. Mencía subraya que esta impunidad genera un desinterés generalizado en la ciudadanía para denunciar violaciones de derechos, al no confiar en que sus casos recibirán el debido proceso.

Durante una conversación con Yulissa Gómez, oficial de comunicaciones del ente acusador, se le cuestionó sobre por qué el Ministerio Público no incluye una categoría específica para las personas LGTBIQ+ en los casos de delitos cibernéticos y otros crímenes de odio. Gómez explicó que aún existen vacíos institucionales dentro del Ministerio, lo que impide que estas violencias sean visibilizadas adecuadamente en los registros y en las respuestas de solicitudes formales.

Además, el abogado indicó que la organización ha solicitado en varias ocasiones información al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sin obtener respuestas satisfactorias. Entre las solicitudes se encuentran interrogantes clave, como el presupuesto destinado a la salud mental y las cifras de muertes violentas de las personas de la diversidad sexual. 

En cuanto al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, Mencía señaló que, aunque recientemente se han realizado acercamientos entre la gobernanza y los diferentes colectivos LGTBIQ+, persiste una sensación de incertidumbre. El abogado cuestionó que, aunque la mandataria Castro se comprometió a incluir a las personas de esta población en los diferentes planes y programas, el gobierno tiene poco tiempo para cumplir con estas promesas, y no se perciben acciones serias que aborden las demandas urgentes de la población LGTBIQ+.

Este reportaje fue producido en el marco del proyecto Cambia La Historia, coordinado entre DW Akademie y Alharaca con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, que combina la perspectiva de género e interseccional con el periodismo constructivo, promoviendo la producción de historias que visibilizan la violencia y ofrecen nuevas narrativas de resistencia en América Latina. Fue editado por la periodista hondureña Jennifer Ávila  y la coordinación editorial fue de la periodista colombiana Ginna Morelo. 

Nicolás Maduro asumió su tercer mandato como presidente de Venezuela el 10 de enero, en medio de acusaciones de narcoterrorismo y tráfico de drogas por parte de Estados Unidos. Tras ello, Washington ha aumentado las recompensas por información sobre Maduro y otros funcionarios venezolanos, por sus presuntas vinculaciones con las FARC y el cártel de Los Soles. En Honduras, el fortalecimiento de la relación entre Xiomara Castro y Maduro ha intensificado las tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

Texto: Luis Escalante 
Fotografías: Agencia EFE y archivo CC

Nicolás Maduro asumió el pasado 10 de enero la presidencia de Venezuela por tercera vez, pese a enfrentar una acusación del gobierno de Estados Unidos por su presunta participación en actividades de narcoterrorismo y tráfico de drogas. Su investidura tuvo lugar en un contexto marcado por acusaciones de fraude electoral, así como denuncias de represión y persecución política contra la oposición.

La acusación estadounidense, que data de 2020 y de la cual este lunes se ha revelado un nuevo documento según Infobae, involucra a Maduro y a otras figuras influyentes del gobierno venezolano, como Diosdado Cabello Rondón, Hugo Carvajal («El Pollo») y Cliver Alcalá Cordones, así como a líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según el documento, entre 1999 y 2020, Maduro y otros altos funcionarios lideraron el cártel de Los Soles, una organización dedicada al tráfico de drogas conformada por miembros del gobierno venezolano.

El día de la investidura de Maduro en su nuevo mandato, el gobierno de Estados Unidos elevó a 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto, y ofreció la misma cantidad por Diosdado Cabello. Además, anunció una recompensa de 15 millones de dólares por el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, Maduro, Cabello, Carvajal y Alcalá Cordones, en colaboración con las FARC —designadas como organización terrorista en 1997—, producían grandes cantidades de cocaína que traficaban a través de rutas marítimas, aéreas y terrestres hacia Estados Unidos. Estas rutas pasaban por el Caribe y Centroamérica, con Honduras como uno de los principales puntos de tránsito en lo que las autoridades denominan un «puente aéreo de cocaína» entre Venezuela y Honduras. 

En el escrito presentado por Estados Unidos se indica que, tras el golpe de Estado de 2009 en Honduras, Maduro y Cabello discutieron que la inestabilidad resultante podría «joder el negocio». Tras ello, Maduro viajó a Honduras como canciller venezolano, pero con el objetivo —según el referido documento— de intervenir en nombre del cártel de Los Soles para «asegurarse de que los acontecimientos en Honduras no desbarataran las actividades de narcotráfico de la conspiración narcoterrorista». 

Los fiscales estadounidenses estimaron que, a partir de 2004,  más de 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente desde Venezuela.

La acusación también detalla que altos funcionarios de diversos países aceptaron sobornos para facilitar estas operaciones. Además, Maduro y sus aliados supuestamente lavaron millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante empresas estatales como Petróleos de Venezuela (PDVSA), utilizando negocios ficticios como fachada. Según el escrito, el régimen también entregó armas a las FARC como parte del pago por la cocaína, y entrenó a milicias no oficiales en Venezuela, con apoyo de líderes guerrilleros, para proteger sus actividades ilícitas.

Podés leer: Tensión en Venezuela tras resultados electorales cuestionados que dan como ganador a Nicolás Maduro

Maduro juró como presidente venezolano para su tercer período tras vencer, según el Consejo Nacional Electoral (CNE) —controlado por delegados afines al chavismo—, a Edmundo González en las elecciones del 29 de julio. Estos comicios fueron realizados bajo acusaciones de fraude por parte de la oposición, liderada por María Corina Machado, y denuncias de persecución política.

Implicaciones para Honduras del acercamiento al régimen de Maduro 

A la ceremonia de investidura de Nicolás Maduro asistió una comitiva hondureña encabezada por el vicecanciller Gerardo Torres Zelaya y el presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo. También participaron el expresidente Manuel Zelaya Rosales y Milton Benítez, en condición de asesores de la presidenta Xiomara Castro.

En Contracorriente hemos publicado dos investigaciones que detallan el financiamiento del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) a una comisión de Venezuela que visitó Honduras entre el 28 de enero y el 11 de febrero de 2024. Esta visita tuvo como objetivo asesorar al gobierno hondureño en un programa habitacional.

Asimismo, se reportó sobre una delegación hondureña que viajó a Venezuela en diciembre de 2023 para suscribir el memorando de entendimiento de dicho proyecto. En ambos casos el Injupemp manejó con opacidad los gastos relacionados con este proceso.

Desde la llegada de Castro a la presidencia, el 27 de enero de 2022, Honduras ha estrechado relaciones con el régimen venezolano, comenzando con el restablecimiento de vínculos oficiales tras la ruptura durante la administración de Juan Orlando Hernández, que desde 2019 había reconocido a Juan Guaidó como gobernante legítimo de Venezuela.

Sin embargo, este acercamiento entre Tegucigalpa y Caracas ha generado tensiones diplomáticas entre el actual gobierno y los Estados Unidos. La situación se agravó cuando José Zelaya, exministro hondureño de Defensa, y Roosevelt Hernández, jefe del ejército hondureño, fueron fotografiados junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, en un evento deportivo militar.

El 28 de agosto de 2024, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura F. Dogu, calificó como «lamentable» y «decepcionante» que funcionarios hondureños posaran junto a un «narcotraficante». 

Ese mismo día, horas después de que el canciller Enrique Reina calificara a Dogu de «insoportablemente injerencista», la presidenta Castro instruyó a Reina la denuncia del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, vigente desde 1912, y que desde su reglamentación por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2013 ha permitido 55 extradiciones, incluida la del expresidente Hernández, sentenciado en 2024 por una corte federal estadounidense a 45 años de prisión por narcotráfico y posesión de armas. El tratado expirará a finales de febrero.

Tras la denuncia del tratado, el cuñado de la presidenta Castro y entonces secretario del CN, Carlos Zelaya Rosales, renunció a su diputación y su cargo junto a su hijo, José Zelaya, quien ocupaba el cargo de ministro de Defensa.

De izquierda a derecha: José Zelaya, exministro de Defensa; la presidenta Xiomara Castro y el contralmirante José Jorge Fortín, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras entre 2022 y 2023. Foto: Archivo CC.

El 5 de septiembre de 2024, el medio estadounidense InSight Crime filtró un video de 2013 en el que Carlos Zelaya Rosales y Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Colón, aparecen negociando con narcotraficantes, incluido Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder de Los Cachiros, para financiar la primera campaña política del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Durante el juicio de Juan Orlando Hernández, Rivera Maradiaga declaró bajo juramento haber sobornado a Hernández durante su candidatura por el Partido Nacional, así como a otros líderes políticos, incluyendo a Carlos Zelaya Rosales, a quien entregó entre 100 y 200 mil dólares. Asimismo, afirmó haber proporcionado entre 200 y 250 mil dólares al entonces candidato del Partido Liberal, Mauricio Villeda.

El Congreso Nacional de Honduras aprobó en diciembre de 2024 la Ley de Organización y Transmisión de Debates Presidenciales, una normativa que obliga a que todos los debates presidenciales se realicen bajo el control de una comisión designada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con al menos dos encuentros obligatorios transmitidos en cadena nacional de radio y televisión. La normativa genera preocupación por restricciones como la exclusión de candidatos con menos del 15 % de apoyo en encuestas seleccionadas, y el control del gobierno sobre los debates.

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Fernando Destephen

El Congreso Nacional de Honduras aprobó a mediados de diciembre del 2024 una ley para todos los debates presidenciales organizados en el marco de las elecciones generales que se llevarán a cabo este 2025. Según la nueva ley, los debates serán organizados únicamente por una Comisión de Debates Presidenciales (CDP) elegida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). 

Según la nueva normativa, se realizarán dos debates presidenciales obligatorios, que serán transmitidos en cadena nacional. Esto implica que todas las estaciones de televisión y radio del país deberán emitir los debates en vivo y sin interrupciones, bajo pena de sanciones. Esta comisión estará compuesta por tres representantes del CNE, órgano que presidirá la comisión; un representante de las universidades públicas y privadas electo por el Consejo de Educación Superior; un representante del Colegio de Periodistas; tres expertos en procesos electorales; y un representante de los trabajadores.

Contracorriente consultó al respecto a Osman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), pero negó tener conocimiento de dicha ley. Al cierre de esta nota no había emitido más comentarios sobre las restricciones. La ley establece que los debates presidenciales solo se darán en este espacio coordinado, y prohíbe a otras entidades, como medios de comunicación, universidades u organizaciones civiles, realizar debates adicionales de candidatos presidenciales.

Los formatos incluyen debates estilo cabildo abierto y moderados, con preguntas estrictamente confidenciales, conocidas por los candidatos solo al momento del debate, que tendrá una duración de 90 minutos, divididos en segmentos temáticos de 15 minutos.  Para participar en los debates, los candidatos deben contar con al menos un 15 % de apoyo en un promedio de tres encuestas nacionales reconocidas y avaladas por el CNE. 

La diputada del Partido Salvador de Honduras, Ligia Ramos, señaló que aunque inicialmente su partido apoyaba la propuesta de la ley, retiraron su respaldo al percibir desigualdades en las condiciones para todos los partidos. Aseguró que la cuota del 15 % de intención de voto requerida para participar es «totalmente arbitraria» y que, aunque la ley habla de encuestas reguladas por el CNE, «no está claro cómo se llevarán a cabo estas evaluaciones».

Añadió que, tras investigar cómo se manejan los debates presidenciales en otros países, encontró que la mayoría no establece cuotas de intención de voto. «En los países más democráticos e inclusivos no se discrimina a los candidatos por intención de voto», agregó.

La oposición a la ley también fue respaldada por otros partidos minoritarios, como el Partido Anticorrupción (PAC) y la Democracia Cristiana (DC). Según estos partidos, las disposiciones actuales dejan en desventaja a los candidatos de partidos pequeños, quienes no cuentan con los fondos suficientes para dar a conocer sus propuestas. Ramos enfatizó que la ley debería garantizar igualdad de oportunidades para que todos los candidatos puedan acceder al público y presentar sus proyectos de país.

Esta ley, que aún no ha sido publicada en el diario oficial La Gaceta, estará vigente para el periodo de elecciones generales que se realizarán en noviembre de 2025. La normativa, además, señala que la Comisión de Debates Presidenciales será financiada con fondos del Consejo Nacional Electoral, donaciones privadas de fundaciones y corporaciones, y tarifas pagadas por las instituciones anfitrionas de los debates. También establece que cada miembro de la Comisión de Debates Presidenciales debe presentar declaraciones de interés para garantizar la imparcialidad.

La nueva Ley de Debates Presidenciales establece que los medios de comunicación deberán ser acreditados por la Comisión de Debate Presidencial (CDP) para cubrir estos eventos, y restringe el ejercicio de los medios al transmitir exclusivamente los debates oficiales en cadena nacional. 

Estas disposiciones generan preocupación por la posibilidad de centralizar de manera excesiva las narrativas electorales en un contexto tan importante como son las elecciones generales.

«Es un monopolio desde el Estado para poder regular quiénes pueden tener acceso o no a darle información a la población. Si tuviéramos un Estado democrático donde realmente no hay sectarismo político, pues se aplaudiría, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que los partidos que gobiernan hacen manipulación y excluyen a probables candidatos que podrían ser competencia», concluyó Ramos.

Por Ixchel Ayes

El pasado 24 de diciembre falleció mi padre de manera inesperada. Nada nos pudo haber preparado para una emergencia como la que vivimos con mi familia, y aunque a nivel personal esto ha sido desgarrador, esta historia no va de él. Va de la desolación y desesperanza que se vive al afrontar el sistema de salud público de nuestro país, tan herido y ultrajado.

Alrededor de las 4:00 a. m. de ese día, mi padre ingresó a la emergencia del Hospital Escuela en Tegucigalpa. Tanto mi padre como mi madre confiaban en la asistencia de emergencia pública; habiendo sido docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras durante toda su vida laboral, siempre lo recomendaban por encima de cualquier sistema asistencial privado. Confiaban principalmente en que las personas formadas en la universidad pública por colegas con alta calidad profesional y pedagógica, y más cercanas a la realidad de las personas más vulneradas del país, son capaces de dar un trato humano y una atención básica certera.

No entendíamos nada cuando el doctor de guardia pidió que compráramos hielo en las casetas de afuera. Sí, hielo, agua en estado sólido. Algo tan básico en el siglo XXI que puede lograrse con una nevera en buen estado. No explicó para qué se necesitaba el hielo, y en medio de la emergencia, tampoco preguntamos, solo buscamos la forma de llevarlo. Lo vendían afuera, en unas casetas a tan solo 15 metros de la sala de emergencia; bolsas de agua potable que mantienen congeladas para la venta.

Con el hielo, el doctor le dio a mi mamá una muestra para el laboratorio y le dijo: «Es un examen (gases arteriales) que tarda 10 minutos. Espérelo y luego se viene». Pasaron 40 minutos antes de que mi mamá volviera, pero no había conseguido el examen porque no lograban calibrar la máquina en la que se hace. Para ese momento yo ya me encontraba adentro, luego de rogar para que me dejaran pasar, explicando que mi mamá también es una persona de la tercera edad y que requería de mi apoyo.

Mi mamá volvió al laboratorio a esperar por el examen. En la ventanilla del laboratorio había pegada una hoja de papel bond indicando que «NO HAY HIELO». En el escenario adecuado, el mismo laboratorio provee el hielo para el transporte de las muestras que requieren mantenerse en frío. 

Mientras tanto, otra doctora me dio un papel y me pidió ir a la caja a pagar 800 lempiras para una tomografía que debían hacer en cuanto pudieran estabilizar a mi papá. Aunque me explicó la ruta, no estaba familiarizada con el hospital, y caminé desorientada por media decena de pasillos; un laberinto que parece estar repleto de nada más que historias tristes. En el camino me preguntaba: ¿cuántas personas pueden en este país darse el lujo de pagar 800 lempiras en una emergencia? Yo, privilegiada, pagué sin más, pero ¿qué pasa si la persona no los puede pagar? En horario de oficina, el departamento de Trabajo Social es capaz de ayudar, pero no de madrugada.

Regresé y me preguntaron por mi mamá; seguía esperando en el laboratorio. El doctor aprovechó para consultarme antecedentes de mi padre y recordar cómo  lo había visto con bastón en los pasillos de la Facultad. 

Me pidió también conseguir dónde realizar un examen de laboratorio de troponina, necesario para confirmar o descartar algún evento cardiológico, ya que era uno de los posibles diagnósticos. Me explicó que en el hospital lo hacían, pero a partir de las 7:00 a. m. porque a esa hora entra el personal y que, para avanzar, necesitábamos hacerlo en un laboratorio que estuviera abierto por la madrugada en la emergencia de algún hospital privado. Mi hermana buscó opciones y, por recomendación del doctor, en cada una de ellas tuvimos que consultar qué tipo y color de tubo de ensayo exigían para ese examen. El motivo: suelen ser verdes y no hay de ese color de tubo de ensayo en el Hospital Escuela. 

Mi hermana tuvo que ir al laboratorio privado, comprar el tubo de ensayo, comprar más hielo también, llevarlo al hospital para que sacaran la muestra, y con esa muestra lista hicimos el examen. Minutos antes, a las 6:40 a. m., el doctor de guardia vio entrando a su jornada laboral al encargado del laboratorio, y este le confirmó que, aunque esperáramos ahí, no sería posible tener ese examen porque «no hay reactivos».

Mientras tanto, con el nuevo hielo enviaron otra muestra al laboratorio, donde mi mamá esperó 70 minutos para obtener un resultado (una hora más de lo previsto). Regresó contándome que durante esa espera estuvo junto a una señora que llegó desde Danlí, por una apendicitis de su esposo; en el Hospital Gabriela Alvarado no solo le dijeron que no podían realizar la operación por falta de personal de cirugía, sino que no podían darle el diagnóstico oficial porque debía darlo ese personal. 

Mi mamá, con su conocimiento como docente de medicina, me contó que eso puede ser diagnosticado por medicina general, aunque el procedimiento lo haga alguien con especialidad de cirugía. Mientras hablábamos de esto, sentada en la emergencia, vi pasar a doctoras indignadas porque no enviaban a una paciente a quirófano de manera inmediata: la explicación fue que no había oxígeno con el que pudieran trasladarla, aún dentro del hospital.

Antes de salir del hospital, pude ver cómo las personas que iban conociendo el caso de mi padre mostraron calidad humana y empatía, pero también explicaron con impotencia que, en caso de ser un evento cardíaco, mi padre requeriría procedimientos para los cuales el Hospital Escuela no está equipado, y seguramente tendríamos que trasladarlo al Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero que para ser recibido ahí habría que conseguir que un cardiólogo trabajara en esa fecha, ya que esa especialidad no forma parte de las atenciones de emergencia. 

Fue hasta las 8:00 a. m. cuando tuvimos la confirmación en el laboratorio privado de que el diagnóstico de mi padre no tenía que ver con una falla en su corazón. Mi padre falleció horas después en el hospital donde se formó, donde (como contaba él mismo en cada cena navideña) pasó una víspera de Navidad de turno, cosiendo una oreja.

Mi papá dedicó su vida a la lucha gremial, tanto en el Colegio Médico de Honduras, como en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde como docente y Jefe del Departamento de Fisiología por muchos años, entregó no solo conocimiento, sino que lecciones sobre principios, derecho, historia y mucho más a decenas de generaciones. 

El diagnóstico de mi padre era muy complejo y no sabremos nunca si la historia hubiese sido diferente con la atención de otro sistema de salud. No podemos reprochar tampoco la atención brindada por el personal de salud, pero fue doloroso ver que se encuentran trabajando con las uñas.

El problema no es haber perdido físicamente a nuestro esposo, padre y abuelo, porque no podemos controlar lo que no está dentro de nuestras capacidades humanas; a la muerte solo podemos aceptarla. El problema es que esa madrugada me reveló una realidad que intuía, pero apenas conocía de fuera. Este es un fragmento de la realidad del sistema de salud público, que no le falló a mi papá, le falla a diario a cientos, miles y millones de personas en el país. 

Mi papá no merecía una atención diferente o especial; merecía todo lo que cada persona por su simple condición humana merece, atención de salud adecuada, donde se valore el trabajo de todo el personal médico y donde cuenten con las condiciones necesarias para dar lo mejor a toda persona. Y no hablo de condiciones mínimas; hablo de condiciones adecuadas que hagan posible una atención oportuna y pertinente para todo tipo de casos.

Él siempre postuló la necesidad de generar un sistema de salud basado en la prevención. El 14 de septiembre de 2022 escribió en su muro de Facebook:

«Un país se construye con transformaciones donde participa el pueblo, con un plan de salud que lleve a la formación de un Sistema Nacional de Salud donde existan médicos de familia en todas las comunidades y donde toda la población tenga acceso a servicios de la más alta calidad. ¡En Honduras no debería haber médicos desempleados! ¡Transformar no es cambiar nombres y colores! Continuará. (…)»

Tengo la certeza de que mi papá también hubiese denunciado esta situación. Hoy yo lo hago en este escrito, porque el nudo en la garganta no me permitiría hacerlo de otra manera. Nos duele la ausencia y nos desgarra el presente de este país.

A tres militares en condición de retiro, entre ellos el general y exjefe del Estado Mayor Conjunto Romeo Vásquez Velásquez, se les dictó arresto domiciliario por el homicidio simple de Isy Obed Murillo y tentativa de homicidio de Alex Roberto Zavala. Ambos jóvenes se manifestaban el 5 de julio de 2009 en contra del golpe de Estado dado en junio de ese mismo año en contra del gobierno del entonces presidente Manuel Zelaya, acontecimiento que desencadenó una crisis sin precedentes en Honduras. Ahora, en un país que sigue militarizado pese a las promesas de campaña del actual gobierno, las víctimas y sus familias claman por justicia.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen

David Murillo y Silvia Mancía rinden homenaje a su hijo en la misma plaza donde fue asesinado hace 15 años, en un evento donde están otras víctimas y familiares de la represión y de las muertes violentas de opositores al golpe de Estado el 28 de junio de 2009.

Su hijo, Isy Obed Murillo, un joven de 19 años, fue asesinado en una manifestación el 5 de julio, mientras esperaba en las afueras del Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa el retorno del expresidente Manuel Zelaya Rosales,  derrocado el 28 de junio y posteriormente expulsado hacia Costa Rica.

Los padres de Isy Obed, David Murillo y Silvia Mancía, durante un acto en homenaje a su hijo en la plaza que lleva su nombre. Tegucigalpa, enero de 2025. Foto: CC / Fernando Destephen.

Los familiares de las víctimas asesinadas en ese contexto y varios simpatizantes del Partido Libre sostienen letreros con los rostros y nombres de las víctimas. En la jornada conmemorativa, la ministra por ley de la Secretaría de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, pronuncia un discurso en el que asegura que que no se trata de tomar venganza en contra de quienes estaban al mando en ese momento, sino de que este gobierno está del lado correcto de la historia y que por eso en las próximas elecciones el partido de gobierno vencerá de nuevo.

Para Silvia Mancía, madre de Isy, lo importante no es enfrentarse a altos exjerarcas militares, sino la búsqueda de justicia. Después de 15 años, esa justicia parece haber llegado. «Yo solo doy gracias a Dios porque después de 15 años, en mis debilidades, a veces perdía la esperanza de justicia, pero ya estamos aquí, viviéndola. Lo demás contra Romeo Vásquez y los implicados, eso no me corresponde a mí, le corresponde al fiscal», apuntó.

Silvia Mancía, madre de Isy Obed, en las afueras de los juzgados, custodiada por simpatizantes del Partido Libertad y Refundación y por miembros de la Policía Nacional. Tegucigalpa, enero de 2025. Foto: CC / Fernando Destephen.

Un juez falló en contra de los tres militares en condición de retiro que fueron claves en el golpe de Estado de 2009 y que ahora se enfrentarán al enjuiciamiento por la muerte de Isy Obed Murillo: El general Romeo Vásquez Velásquez, quien se desempeñó como jefe del Estado Mayor Conjunto en el mandato del expresidente José Manuel Zelaya; Venancio Cervantes Suazo, subjefe de la institución en ese momento; y Carlos Roberto Puerto Fúnez, comandante del Comando de Operaciones Especiales en ese entonces.

A los tres exmilitares se les dictó auto de formal procesamiento con la medida de arresto domiciliario por la muerte de Isy Obed Murillo y por la tentativa de homicidio a Alex Roberto Zavala, otro manifestante. Inicialmente el Ministerio Público acusó a los exmilitares de cometer lesiones graves en contra de Zavala, pero esto cambió luego de que su abogado, Marlon Duarte, solicitara al ente acusador reclasificar el delito, argumentando que en el lugar se hallaron más de 200 casquillos de bala, lo que pudo haber causado múltiples muertes.

La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) sostiene que Isy Obed Murillo perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza, provocado por un proyectil de arma de fuego disparado por las Fuerzas Armadas con fusiles de alto poder y grueso calibre. En cuanto al caso de Murillo, la Fiscalía solicitó que el delito de homicidio fuera reclasificado como asesinato; sin embargo, el juez denegó esta solicitud en el requerimiento en contra de los militares.

Momento en que los militares acusados llegan escoltados a los juzgados para continuar con la audiencia. Tegucigalpa, enero de 2025. Foto: CC / Fernando Destephen.

El Ministerio Público presentó 14 medios de prueba en la audiencia inicial, dentro de los cuales se encuentra el dictamen de la autopsia de Isy Obed Murillo, un dictamen balístico de los hechos y la certificación de los nombramientos de los tres militares en condición de retiro. Además, presentó cuatro testigos y tres peritos.

La defensa de los militares presentó constancia del arraigo familiar de los militares y constancias médicas que acreditaron la edad de los mismos y su condición de salud, por lo cual el juez dictó medidas sustitutivas de prisión.

En agosto del año pasado el fiscal general, Johel Zelaya, reveló que los protocolos de autopsia en el caso de Isy Obed Murillo habían sido robados, y que el Ministerio Público tendría que reconstruir los acontecimientos de ese día. Anteriormente, la exdirectora de Medicina Forense y actual viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, desmintió las acusaciones de perder ese expediente que, según dijo, le habían hecho. Sin embargo, el médico forense Dennis Castro Bobadilla declaró en los medios recientemente que Villanueva fue quien retiró el expediente en 2020, durante la pandemia por Covid-19. 

Marlon Duarte, abogado de una de las víctimas, dijo en una entrevista que el dictamen de autopsia y acta de levantamiento son parte de los medios de prueba del MP, y que, así como lo indicó el fiscal general, lo que se extravió fueron las actas de protocolo elaboradas por los médicos forenses en ese momento.

El asesinato de Isy Obed Murillo vuelve al centro de la discusión. Por un lado, un sector opositor al Gobierno y figuras vinculadas al golpe de Estado lo consideran una persecución política contra Romeo Vásquez Velásquez; por otro, se exige justicia contra los militares por la represión, violencia y ejecuciones extrajudiciales en el marco de la crisis política en 2009.

La familia del general Romeo Vásquez Velásquez ha expresado en comunicados y en foros televisivos que la culpa del asesinato de Isy Obed Murillo no debería de recaer en estos exmilitares; sin embargo, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) publicado en julio de 2011 apunta a la responsabilidad individual del jefe y de los miembros del Estado Mayor Conjunto, por ser quienes estuvieron al mando y giraban las instrucciones de ese entonces.

La CVR se creó como resultado de los Acuerdos Tegucigalpa-San José, firmados a finales de 2009. En las negociaciones, los representantes del expresidente de facto, Roberto Micheletti Bain, y del depuesto exmandatario José Manuel Zelaya, con la mediación de la comunidad internacional, buscaban una solución al conflicto político.

«Evitar los muertos a toda costa»

La Comisión de la Verdad y Reconciliación, conformada en el primer trimestre de 2010, interrogó al general Romeo Vásquez Velásquez sobre la muerte de Isy Obed Murillo y los acontecimientos de represión en la crisis derivada del golpe de Estado. Vásquez Velásquez respondió que en ese momento que él tenía el mando efectivo sobre las Fuerzas Armadas, pero que sus acciones estaban derivadas de las órdenes y estrategia de Michelletti Bain, quien asumió como presidente de facto tras la expulsión de  Zelaya.

«Vásquez declaró que su estrategia fue “evitar los muertos a toda costa”», señala el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Además, el exjerarca negó inicialmente la posibilidad de que las balas que terminaron con la vida de Isy Obed fueran de procedencia militar, y también negó la existencia de francotiradores  en la zona. Sin embargo, después de que la comisión le mostró un video en el que se constataba la presencia de soldados con fusiles en las cercanías, Vásquez Velásquez reconoció la presencia de francotiradores, pero negó responsabilidad sobre la muerte de la víctima.

En esas declaraciones, el exmilitar aseguró que fue un error participar en los hechos violentos y represivos en la crisis post golpe de Estado, y reconoció que existieron planes militares para las operaciones que las Fuerzas Armadas realizaron en apoyo al Gobierno de facto. La Comisión dijo en su informe que el general Romeo Vásquez Velásquez, en su condición de jefe del Estado Mayor Conjunto, jugó un papel esencial en la ejecución de los decretos que restringieron las garantías constitucionales en ese entonces, y, por consiguiente, tuvo responsabilidad por las órdenes que conllevaron a violaciones a los derechos humanos en ese contexto.

La CVR también indicó que la responsabilidad del exmilitar está «estrechamente ligada» a la de Micheletti Bain, destacando además su omisión al no denunciar ni sancionar los abusos cometidos por los militares. Asimismo, estableció que era pertinente conocer los documentos de inteligencia militar para evaluar con mayor precisión la responsabilidad de Vásquez Velásquez y de las Fuerzas Armadas.

Recuerdos dolorosos en un país que continúa militarizado

Oslin George, coordinador del Banco de Datos sobre Derechos Humanos y Violencia Política de Honduras, un proyecto que aglutina a seis organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, asegura que el enjuiciamiento de estos exmilitares ha sido tardío, pero ha significado «abrir de nuevo las heridas» de la represión vivida en 2009.

«La mamá (de Isy Obed Murillo) lo dijo bien clarito en una entrevista; es volver a abrir la herida, es casi como revictimizar a la familia otra vez, volviendo a ponerla en la palestra pública, pero también ha movido un poco el sentimiento de muchas de las organizaciones y las personas que fueron víctimas en ese momento», dijo George.

Para Oslin este proceso representa algo más profundo, no solo desde alguien que trabaja con victimas de represión, capturas arbitrarias o torturas en su trabajo en el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), sino también como alguien que vivió la represión del 2009.

El 12 de agosto de 2009 fue detenido junto a otras 23 personas que estaban presentes en una protesta en los bajos del Congreso Nacional. Los militares reprimieron a los manifestantes con bombas lacrimógenas, y mientras Oslin tomaba fotografías, fue estrellado contra el suelo y golpeado por militares, quienes también lo privaron de su equipo fotográfico.

Aunque él y otras víctimas de ese día obtuvieron cartas de libertad en el 2019 después de que el Ministerio Público les imputó los delitos de sedición, robo, manifestación ilícita, daños a la propiedad y de atentar contra el Estado de Honduras, Oslin asegura que el proceso de detenciones a raíz de esos acontecimientos y el impacto emocional de ese día ha sido lo más difícil de superar. Además, recalca que la mayoría de los militares que proporcionaron golpizas y reprimieron a los manifestantes no han sido enjuiciados, a excepción de una policía militar. 

«Muchos de los compañeros que fueron detenidos tuvieron que salir del país exiliados, otros dejaron de participar en las manifestaciones por temor; al final siempre hay un rompimiento de ese tejido social al que uno estaba acostumbrado», manifiesta Oslin.

A pesar de que pasaron más de 15 años desde el golpe de Estado que dejó al país lleno de violencia y represión de parte de las fuerzas de seguridad del Estado, la presencia y poderes otorgados a las Fuerzas Armadas y la Policía sigue casi intacta. Aunque en su campaña política la presidenta Xiomara Castro prometió desmilitarizar el Estado, la implementación del «Plan solución contra el crimen» ha implicado el establecimiento de un estado de excepción desde diciembre de 2022 con constantes renovaciones, en el que se ha facultado a los militares la creación de batallones de emergencia y se les ha dado el control del sistema penitenciario.

Formación de los miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) durante la ceremonia de traspaso de mando de su unidad. Tegucigalpa, enero de 2025. Foto: CC / Fernando Destephen.

Además, en el contexto ambiental, las Fuerzas Armadas están asignadas a «batallones verdes» con tareas de preservación de zonas protegidas, y, según Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales, el 10 % de los militares están asignados a la protección de la naturaleza. Lo anterior contrasta con la situación de vulnerabilidad en la que están los defensores del ambiente en Honduras. 

Así lo evidencian casos como el de Juan López, defensor del ambiente que denunciaba el megaproyecto minero Los Pinares, en el Parque Nacional Carlos Escaleras, al norte de Honduras, quien era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023 y fue asesinado la noche del 14 de septiembre de 2024. 

Como alguien que vivió la represión en el golpe de Estado y ante un gobierno que prometió no dar protagonismo a las Fuerzas Armadas, Oslin opina que el papel de los militares ha sido nefasto en toda la historia, y que, en el contexto actual, resulta desesperanzador que continúen teniendo poder en el país.

«A mí me parece que (el papel de los militares) también tiene que ver con el debilitamiento de las fuerzas políticas, y que, al final, de una u otra manera, tienen que negociar con los militares con la intención de que no den más golpes de Estado, y en ese sentido tienen que ceder y ofrecerles espacios de poder, de incidencia y que se traducen, no solo en el poder frente a la sociedad, sino también en la cantidad de recursos a los que tienen acceso» asegura.

El Banco de Datos sobre Derechos Humanos y Violencia Política de Honduras ha documentado, en los años 2023 y 2024, entre 110 y 120 casos de violaciones de derechos humanos a privados de libertad, en el marco del estado de excepción.

Además, entre 2022 y 2024 registraron 250 casos de violaciones a derechos humanos a ambientalistas, población penitenciaria y ciudadanía en general, causadas por agentes de la Policía Militar o la Dirección Policial Anti Maras, Pandillas y Crimen Organizado (Dipamco) en acciones amparadas bajo la ejecución del estado de excepción.

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Dina Meza, defensora de derechos humanos y directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu), manifiesta que el enjuiciamiento de estos tres exmilitares podría representar un hecho histórico, siempre y cuando sean condenados por los acontecimientos violentos y la represión derivada del golpe de Estado. De no ser así, advierte que pudiera representar un recurso mediático en un año electoral.

La defensora de derechos humanos argumenta que Honduras «continúa más militarizada que nunca», y que, por ejemplo, altos mandos de esa institución, como el actual jefe del Estado del Mayor Conjunto, actúan como activistas políticos replicando un discurso a favor del gobierno.

«La presidenta nos ofreció desmilitarizar la sociedad y mandar a los militares a los cuarteles; eso nos daba esperanza. Eso es lo que nos despierta ahorita, porque llegamos a colocar denuncias por amenazas contra periodistas en el Ministerio Público y cierran los casos. Hay más de 100 colegas que han sido asesinados y no tenemos judicialización de casos, y tenemos defensores de derechos humanos que están en el Mecanismo Nacional de Protección y no encuentran protección; ahorita nos han dicho que no hay un presupuesto en el mecanismo» expresa la defensora.

Formación de la Fuerzas Especiales de la Policía Nacional custodiando el edificio de los juzgados donde se realizó la audiencia contra los militares acusados. Tegucigalpa, enero de 2025. Foto: CC / Fernando Destephen.

Por otro lado, la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, asegura que el estado de excepción implementado por la presidenta no representa un riesgo para la ciudadanía, que esta no es una política permanente y que eventualmente quedará sin vigencia.

No obstante, el pasado 7 de enero el estado de excepción fue ampliado por otros 45 días mediante el PCM 03-2025 aprobado en Consejo de Ministros, con la finalidad de «intensificar la lucha contra el crimen común y organizado en Honduras». 

Esta medida ha generado el rechazo de organizaciones de sociedad civil y defensores de derechos humanos, al señalar que su aprobación no pasó por el Congreso Nacional, poder del Estado en el que no se han alcanzado consensos para la discusión de leyes. Mientras tanto, el estado de excepción durante estos años en Honduras también ha representado abusos y desapariciones forzadas en las comunidades.

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Micheletti Bain en el radar 

El pasado 9 de enero de 2025, Bertha Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), solicitó ante el Ministerio Público que el requerimiento en contra de los tres exmilitares sea ampliado para incluir la responsabilidad de otros miembros de las Fuerzas Armadas y del expresidente de facto, Roberto Michelleti, en otras 11 muertes registradas durante el golpe. Oliva destacó que Cofadeh tiene documentados alrededor de 167 asesinatos relacionados con la crisis de 2009. 

«Presentamos la incorporacion de otros casos que en manifestaciones públicas habían hecho lo mismo, como el caso del profesor Roger Vallejo, en el que las Fuerzas Militares se movilizaron donde la poblacion se manifestaba, lo que tuvo como consecuencia el asesinato del profesor; por eso el CIDH tiene el conocimiento de este caso, por las violaciones a derechos humanos coordinadas y sistemáicas», explica Oliva.

Micheletti Bain, antes de tomar posesión como presidente de facto, era presidente del Congreso Nacional, y, desde ese espacio, estuvo en constante conflicto con el expresidente Zelaya, según lo detalla el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

En rótulos y consignas de simpatizantes del Partido Libre, que se manifestaban en las afueras del Juzgado de Letras de lo Penal, también figura el nombre de Roberto Micheletti, como el próximo que podría ser enjuiciado por la persecución y represión a manifestantes en contra del golpe de Estado.

«Yo quiero ver a Micheletti acá», dice Dina Meza, mientras se desarrolla la audiencia en contra de los tres militares en los Juzgados de lo Penal en Tegucigalpa. «Yo recuerdo todas las atrocidades que cometió también, a los militares, a los policías, y cómo, en ese contexto, teníamos que ser buenos corredores, porque nos ponían toques de queda para que saliéramos corriendo a todos lados».

La continuación de la audiencia inicial en contra de Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez fue programada para el sábado 11 de enero, para conocer si el juez admite los 14 medios de prueba presentados por el Ministerio Público.

La defensa del general Romeo Vásquez Velásquez podría presentar un informe acerca de cómo fueron los hechos ese día desde la perspectiva de los militares, información que la Comisión de la Verdad y Reconciliación apuntó como necesaria en 2011, y que la sociedad hondureña conocería 15 años después. 

Los abogados defensores de los exjerarcas no han dicho si apelarán al fallo del juez. Por otro lado, el Ministerio Público dijo en un comunicado que presentarán una apelación, debido a que por los delitos que se les imputa a los señalados no se debería permitir una medida distinta a prisión preventiva.

El próximo 20 de febrero se cumplirá un año desde que Natalie Roque anunció su «retiro temporal» como ministra de la Secretaría de Derechos Humanos debido a problemas de salud, sin especificar el tiempo de su incapacidad. Gracias a una licencia médica, Roque sigue percibiendo su salario con un aumento en junio de 2024 y beneficios que otorga el cargo, al mismo tiempo que se mantiene activa en foros televisivos. La salida de Roque coincidió con señalamientos sobre su gestión, que incluyeron denuncias de abusos laborales y manipulaciones de su parte en el Sistema Nacional de Protección (SNP).

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Archivo CC 
Portada: Persy Cabrera

El próximo 20 de febrero se cumplirá un año desde que Natalie Roque anunció su «retiro temporal» como ministra de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH). Esto ocurrió en un contexto de tensiones debido a las denuncias de empleados y exempleados de esta Secretaría de Estado, quienes argumentaban malos tratos, abusos y despidos injustificados, y mantuvieron tomas durante varios días en las instalaciones de dicha institución. Su salida del cargo ocurrió apenas unos días después de las renuncias de los viceministros Guido Eguigure y Mirtha Gutiérrez.

Roque argumentó problemas de salud derivados de un padecimiento de diabetes. A pesar de ello, gracias a una licencia médica, continúa percibiendo su salario y otros beneficios que otorga el cargo, además de que asiste habitualmente a foros televisivos, mientras la presidenta Xiomara Castro no efectúa el nombramiento definitivo de la persona que la reemplazará.

En aquel momento, Natalie Roque aseguró que su retiro era temporal y, por tanto, no implicaba la cancelación del acuerdo 35-2022, mediante el cual la presidenta Xiomara Castro la nombró ministra de la SEDH el 27 de enero de 2022. Sin embargo, casi un año después, Roque sigue cobrando su salario mensual como ministra, según el Sistema de Administración Financiera Integrada (Siafi). Dos fuentes que pidieron anonimato a Contracorriente, de las cuales una se desempeñó en la SEDH hasta inicios de 2024 y la otra labora actualmente en la institución, confirmaron que Roque también disfruta de otros beneficios, como vehículo, escolta y bonos de combustible. 

Según el portal de transparencia de la SEDH, Roque ha recibido su salario con normalidad desde marzo hasta noviembre de 2024, gracias a la licencia médica que se le otorgó por su padecimiento de diabetes. En las planillas de estos meses aparece registrada su fecha y acuerdo de nombramiento.

Cuando Natalie Roque se retiró temporalmente de la SEDH, su lugar fue ocupado por Angélica Álvarez, quien actúa hasta la fecha como ministra por ley. En las mismas planillas de pago, se puede verificar que Álvarez, quien tiene acuerdo de nombramiento 52-2024, recibe su salario como viceministra y no como ministra.

Esta información también fue confirmada por la propia Angélica Álvarez, quien dijo a Contracorriente que Natalie Roque se mantiene en un estado de salud delicado, y que la decisión de nombrar o no a un relevo corresponde exclusivamente a la presidenta Xiomara Castro. 

«La ministra Natalie Roque tiene una situación delicada de salud. Ella ha presentado formalmente ante la Secretaría de la Presidencia y la presidenta Xiomara Castro todo su expediente médico y ha solicitado una licencia médica desde que fue retirada del cargo. La presidenta me ha nombrado ministra por ley y he estado asumiendo funciones como tal. Un eventual retorno a las funciones de la ministra es una decisión que solo le concierne a la presidenta de la República», manifestó la funcionaria. 

Desde la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, que tiene la responsabilidad de registrar o cancelar los acuerdos de nombramiento de los altos funcionarios, nos contestaron que la persona responsable de que Natalie Roque continúe en el cargo es la presidenta Castro. 

«La potestad de nombrar y remover es exclusiva de la presidenta. La voluntad pasa por ella, o la funcionaria, en este caso, puede presentar su renuncia. Nosotros en la Secretaría obedecemos las órdenes que emanan de la titularidad del Ejecutivo, y hasta que ella nos instruya podríamos proceder a cancelar el acuerdo de nombramiento», explicó a Contracorriente el secretario general de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, Celso Alvarado.

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A consideración de Luis León, exdirector del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, por sus siglas en inglés), Roque no puede ser destituida de su cargo si el periodo de incapacidad médica no ha prescrito. 

«Aquí sería importante saber qué establece el permiso médico y conocer cuál fue el periodo de incapacidad. Si el tiempo de incapacidad supera el periodo que ha transcurrido desde su renuncia, ella está dentro del marco de la ley, porque el Código de Trabajo establece que no se pueden hacer despidos por problemas de salud o embarazo, y esto también aplica a altos funcionarios del Estado», dijo León a Contracorriente

Dentro del acuerdo ejecutivo por el cual se hizo el nombramiento de Angélica Álvarez como ministra por ley, con fecha 21 de febrero de 2024, se estableció que su cargo sería «hasta que se incorpore la titular de esa secretaría de Estado». 

Sin embargo, cuando Roque anunció su salida, no se proporcionó información sobre la duración de su incapacidad médica y legal. En Contracorriente intentamos contactarla, pero no respondió a nuestros mensajes de texto. Cuando la contactamos por llamada telefónica, indicó que no estaba disponible para atender asuntos profesionales o políticos.

Por su parte, el exviceministro de Derechos Humanos, Guido Eguigure, aseguró no estar al tanto de la situación de Roque.

«Entiendo que sí le dieron una licencia y que de alguna manera fue una forma de salida honrosa. Desde mi renuncia no he tenido ninguna relación con ella», afirmó el exfuncionario a este medio de comunicación.

No obstante, el 4 de junio de 2024, el entonces ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, afirmó al diario La Prensa que Natalie Roque no volvería a la titularidad de la SEDH, y que la presidencia de la República debía realizar a la brevedad el nombramiento definitivo para Angélica Álvarez o alguna otra persona que asumiera su reemplazo, lo cual no ha ocurrido a pesar del transcurso de los meses. 

Entre marzo y mayo de 2024, Roque percibió un salario mensual de 93,400 lempiras en esos meses, y a partir de junio de ese año su salario aumentó a 94,700 lempiras. El aumento salarial fue otorgado a todos los empleados por acuerdo de la SEDH, según se puede ver en la variación de la planilla de junio con respecto a la de mayo de ese año.

Durante esos nueve meses, la funcionaria cobró en total 848,400 lempiras, además de 94,700 lempiras por concepto de decimocuarto salario que se le acreditó en junio. La planilla de pagos correspondiente a diciembre de 2024 aún no había sido subida al portal de transparencia de la SEDH hasta la fecha de publicación de esta nota.

Natalie Roque en Casa Presidencial durante una conferencia de prensa. Tegucigalpa, septiembre de 2022. Foto: Archivo CC.

Múltiples apariciones en un foro televisivo 

Cuando Natalie Roque anunció su separación temporal del cargo, alegó haber sido diagnosticada seis meses atrás con diabetes mellitus. Asimismo, afirmó encontrarse con una incapacidad médica y legal. Sin embargo, solo unos meses después de haber dejado el cargo en la SEDH, comenzó a figurar como moderadora y habitual panelista en el foro televisivo Libertad y Poder, transmitido por el estatal Canal 8.

De hecho, el pasado 6 de enero hizo su más reciente aparición en dicho espacio, cuando se abordó la captura del general retirado de las Fuerzas Armadas Romeo Vázquez Velásquez y otros dos exjerarcas militares, luego de que el Ministerio Público (MP) los acusara de delitos de homicidio y lesiones por la muerte de Isy Obed Murillo López, un joven de 19 años que murió por un impacto de bala —según el MP disparada de un arma oficial— el 5 de julio de 2009 cuando protestaba contra el golpe de Estado que derrocó al expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Contracorriente ha identificado que, tras su separación del cargo en la SEDH, Natalie Roque participó en al menos siete ediciones más de dicho foro televisivo. Estas otras intervenciones en el programa se dieron durante 2024, en las siguientes fechas: 26 de junio, 27 de junio, 31 de julio, 3 de septiembre, 20 de septiembre, 21 de septiembre, 8 de octubre y 17 de octubre.

Las polémicas de Natalie Roque al frente de la SEDH 

Durante la gestión de Natalie Roque al frente de la SEDH, se generaron diversas controversias. El 17 de agosto de 2022, durante el foro televisivo Frente a Frente de Televicentro, la defensora de derechos humanos Dina Meza aseguró que personas que habían sido contratadas durante las tres últimas administraciones del Partido Nacional, entre 2010 y 2022, fueron catalogadas por funcionarios de la SEDH  como «narcodictadores».

«Hemos atendido varias denuncias de violaciones a derechos humanos. Una cosa es que los despidan, pero otra es que los despidan estigmatizados, diciéndoles que son de una dictadura. ¿Cómo los van a contratar en otro lugar?», afirmó.

En ese espacio, Meza también calificó a Natalie Roque de tener una «actitud revanchista» y de propagar un «discurso de odio» contra los trabajadores contratados durante la gestión del Partido Nacional.

Entre las denuncias que Roque también enfrentó como ministra, figuran las de empleados y exempleados de la SEDH, quienes denunciaron haber sido hostigados y acosados por elementos policiales y militares. A inicios de 2024, empleados de la SEDH realizaron tomas y protestas frente a las instalaciones de la institución.

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En noviembre de 2022, Natalie Roque fue denunciada por intentar intervenir en la elección de los concejales que representan a la sociedad civil en el Mecanismo Nacional de Protección (MNP), que gestiona la SEDH, en contraposición con lo que establece el artículo 5 del reglamento de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

El 11 de abril de 2024, en Contracorriente publicamos Los «VIP» del Sistema Nacional de Protección, un trabajo periodístico que evidenció que el 83 % del presupuesto era destinado a solo seis casos con medidas cautelares, entre ellos los correspondientes a altos funcionarios como Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad; Ligia Ramos, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) en el Congreso Nacional; y Glenda Ayala, excomisionada del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (MNP-Conaprev).

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En respuesta, la ministra por ley de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, calificó estas denuncias como «falsas acusaciones», y afirmó que «a nivel interno es otra la perspectiva que se tiene del Mecanismo».

Las carencias del Sistema Nacional de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (SNP) y del Mecanismo Nacional de Protección (MNP) se evidenciaron nuevamente tras el asesinato de Juan López, líder ambientalista y regidor municipal de Tocoa, el 14 de septiembre de 2024.

Desde 2023, López y otros defensores del medio ambiente pertenecientes al Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) contaban con medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, López fue asesinado a bordo de su propio vehículo, sin contar con ninguna protección.

Miami, 8 ene. (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tildó este miércoles de «grave retroceso» la decisión de Meta de eliminar la verificación profesional en sus plataformas, al considerar que debilita un elemento crucial en la lucha contra este problema y deja un vacío que difícilmente podrá ser llenado por un modelo basado en usuarios anónimos.

Meta anunció esta semana que reemplazará su programa de verificación de datos por un sistema de «notas comunitarias».

Según la organización internacional, la medida anunciada por la empresa matriz de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp representa «un grave retroceso» en la lucha contra la desinformación y contradice principios fundamentales recogidos en la Declaración de Salta II de la SIP, sobre principios de libertad de expresión en la era digital.

Recordó que el principio 11 de la Declaración de Salta II plantea que «la diseminación maliciosa o deliberada de desinformación por parte de actores estatales o privados afecta la confianza pública y menoscaba procesos democráticos. Además de las responsabilidades de quienes emitan, distribuyan, amplifiquen o moneticen estos mensajes, se requiere adoptar políticas de alfabetización noticiosa y digital sobre el impacto de las tecnologías».

Para la SIP, la decisión de Meta de resignar su responsabilidad directa en la verificación de información y delegarla exclusivamente en usuarios anónimos debilita los esfuerzos necesarios para combatir la propagación de noticias falsas, un problema que tiene impacto directo en la distorsión del debate público y, en consecuencia, afecta profundamente la calidad del sistema democrático.

Para la SIP, el anuncio del CEO de Meta, Marck Zuckerberg, de reemplazar el control de desinformación por un modelo de «notas comunitarias» similar al utilizado por la plataforma X, de Elon Musk, «carece de la transparencia y rigurosidad necesarias para garantizar que las normas de moderación y curación de contenidos se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos».

La organización señaló que este cambio no solo pone en riesgo los derechos de los usuarios, sino que también fomenta un entorno digital susceptible a la manipulación y el abuso.

«Genera, además, un precedente peligroso si otras plataformas adoptan políticas similares y, además, porque puede incentivar regulaciones estatales que en general se traducen en censura previa, violatoria de normas internacionales», indicó.

«La desinformación es una de las principales amenazas para la confianza pública y la estabilidad democrática», declaró José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.

Subrayó que la decisión de Meta de eliminar la verificación profesional en sus plataformas debilita un elemento crucial en la lucha contra este problema y deja un vacío que difícilmente podrá ser llenado por un modelo basado en usuarios anónimos.

«Esta medida contradice los principios fundamentales de la Declaración de Salta II, que exige políticas claras, transparentes y basadas en estándares internacionales para combatir la desinformación», dijo en el comunicado Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

«Meta está enviando una señal equivocada en un momento en el que el compromiso con la libertad de expresión y los derechos humanos debe ser fortalecido, no debilitado», agregó.

La Declaración de Salta II fue aprobada en el cierre de la Asamblea General de Córdoba, en octubre pasado. La actualización adapta el texto original a los nuevos retos que enfrenta la libertad de prensa en el nuevo entorno digital.

Entre los temas clave que aborda esta nueva versión destacan la inteligencia artificial; la opacidad de los algoritmos, que puede fomentar la polarización y la difusión de desinformación, minando así el debate público; las disrupciones comerciales generadas por las grandes empresas tecnológicas, que concentran el mercado de la publicidad, y el derecho de propiedad intelectual, cuyo respeto es fundamental para la viabilidad económica del periodismo.

«La decisión de Meta se suma a otras previas de la misma empresa en las que desjerarquizó o penalizó los contenidos periodísticos generados por medios profesionales, el principal antídoto contra la desinformación», criticó la SIP, con sede en Miami.

«Fue lo que sucedió con el bloqueo de las noticias en sus productos en Canadá tras la sanción de la ley de protección del copyright en ese país; con la modificación de sus productos para minimizar las noticias verificadas, y con la eliminación de sus programas de impulso al periodismo en el ecosistema digital», abundó.

El 7 de diciembre de 2024, el papa Francisco presidió su audiencia general en el Vaticano, ante un nacimiento cristiano en el que el pesebre del Niño Jesús estaba cubierto con una kufiya, pañuelo con sus característicos cuadros blanco y negro que se ha convertido en potente símbolo de la causa palestina. En Estados Unidos, unas semanas antes, cristianos evangélicos, en su mayoría, votaron masivamente por regresar a un convicto, mentiroso, racista y generador de odio, a la silla de liderazgo de la nación más poderosa del mundo. El punto, por supuesto, es la diferencia entre cristianos evangélicos y católicos en el abordaje de algunos de los acontecimientos sociales y políticos más importantes de nuestro tiempo.

Sin duda, el hecho de que el máximo líder religioso del catolicismo mencionara los ataques en la franja de Gaza que han dejado decenas de muertos cada semana, incluidos niños y niñas, mientras en la iglesia evangélica se celebra la toma del poder en Estados Unidos de su «mesías», hace una diametral diferencia y muestra dos narrativas predominantes contrapuestas.

Partiendo de que las fiestas navideñas, en principio, celebran la venida del hijo de Dios a la tierra, y que son los cristianos quienes mantienen de forma más ferviente ese significado, que representa el fundamento de su religión, me pregunto si ese evento, que según registros históricos y nuestros calendarios data de hace más de 2,000 años, ayudó a que Donald Trump ganara las elecciones y se convirtiera en el nuevo presidente de Estados Unidos. Permítanme explicar.

Un cable de la agencia EFE que a finales de septiembre fue reproducido por medios de comunicación en Honduras afirmó que, según encuestas de la consultora Lifeway Research, casi dos de cada tres evangélicos hispanos en Estados Unidos apoyaban a Trump. Además, un  artículo de Associated Press dice que, según una encuesta de AP VoteCast, aproximadamente 8 de cada 10 votantes evangélicos blancos apoyaron a Trump en las elecciones.

Los evangélicos, principalmente los neopentecostales conservadores, encontraron en Trump a un «mesías» que prometió darles poder, proteger sus «valores tradicionales», y revertir el derecho al aborto en todo el país, abolir el matrimonio igualitario y tomar medidas contra la aceptación de personas trans a nivel general. 

A pesar de que en el discurso el cristianismo se fundamenta en el amor al prójimo, la promesa que Trump hizo a los evangélicos fue, aparentemente, demasiado atractiva. Según la prensa internacional, el político, empresario y convicto estadounidense prometió en su campaña de 2016 que, de ser elegido, «el cristianismo tendrá poder», y en 2024 renovó su promesa diciendo a los cristianos que se les otorgaría «un poder a un nivel que nunca antes habían tenido». Esto no solo le generó al nuevo mandatario estadounidense simpatía en el país norteamericano, sino que evangélicos de todo el mundo, incluidos algunos hondureños, claman su nombre. Después de todo, es alguien que les garantiza una influencia mundial para que su sistema de valores prevalezca sobre cualquier otro.

En el mandato presidencial anterior de Trump, los evangélicos ya habían logrado tomar el poder en la Casa Blanca, y ahora seguramente estarán de vuelta. En esa ocasión un grupo de líderes evangélicos conservadores logró instalar a Capitol Ministries, una organización religiosa fundamentalista que se dedica a impartir estudios bíblicos en congresos y capitolios de 60 países en el mundo, con su principal sede y patrocinio en la Casa Blanca.

En ese entonces, Contracorriente, junto a Columbia Journalism Investigations (CJI), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), y 14 medios de investigación latinoamericanos, investigaron y revelaron la forma en la que ese ministerio conservador estaba manipulando e influenciando una agenda antiderechos en todo el continente. 

Otro de los puntos principales de estos grupos evangélicos pro Donald Trump en Estados Unidos es su apoyo incondicional a Israel, al considerarlo el «pueblo elegido por Dios». Esta postura incluye su respaldo hacia las acciones de Israel en lo que numerosos organismos internacionales y defensores de derechos humanos han calificado como un genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. 

Aunque durante su campaña política Trump —un firme aliado de Israel— no prometió medidas específicas más allá de «terminar con la guerra», sí aseguró que las elecciones de noviembre de 2024 eran «las más importantes de la historia de Israel». Teniendo el antecedente de que en su primer mandato cumplió con la controvertida decisión de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, ahora la expectativa es que sus decisiones favorezcan al gobierno de Netanyahu.

En Honduras, durante la pasada administración de Trump y con Capitol Ministries en su mejor momento, también se trasladó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y el ministerio tuvo una influencia importante sobre la mayoría parlamentaria en el Congreso Nacional hondureño, marcando una etapa de fuerte alineación geopolítica y religiosa con las decisiones de Estados Unidos. Actualmente, en Honduras, según la página web de Capitol Ministries, Rafael Antúnez, pastor del Centro Cristiano Filadelfia Internacional y de la Confraternidad Evangélica de Honduras, es el nuevo representante de la organización. Antúnez se ha mostrado cercano al poder político, orando en el 118 aniversario del conservador Partido Nacional, y dirigiendo la liturgia religiosa en la instalación de la tercera legislatura del pasado Congreso Nacional en 2020. 

Si bien el nacimiento de Jesucristo simboliza para el mundo la llegada de un salvador cercano y lleno de amor, su figura se ha convertido en una herramienta política que moviliza a millones de personas en favor de agendas conservadoras y contrarias a los derechos fundamentales. Respondiendo a la pregunta de si el nacimiento del «hijo de Dios» influyó en la llegada de Trump al poder, diría que sí, pero no como una promesa divina, como lo interpretan los evangélicos neopentecostales que lo apoyan. Más bien, ha influido como un sistema de valores percibido como superior, utilizado para dividir, excluir y oprimir a grupos históricamente vulnerados, adaptándose estratégicamente a los intereses de quienes lo manipulan. Pienso que es tiempo de que los cristianos evangélicos con conciencia asuman su responsabilidad, cuestionando a sus congregaciones, a sus familias y a sí mismos. 

Mientras tanto, en Palestina, donde se encuentra Belén, la ciudad donde según el texto bíblico nació Jesucristo, la Navidad y el Día de Reyes no tuvieron el mismo significado que hace más de dos mil años. Con un genocidio en curso y con el panorama profundamente desesperanzador que representa la llegada de Donald Trump nuevamente al poder, el mensaje de paz que alguna vez se vinculó con el nacimiento de aquel Mesías parece más distante que nunca.

Tegucigalpa, 7 ene (EFE).- Más de un centenar de migrantes hondureños, entre hombres, mujeres y niños, salieron este martes en caravana desde San Pedro Sula, norte de su país, con la idea de llegar a Estados Unidos por el desempleo y la inseguridad en sus comunidades, según escuetas declaraciones de algunos de ellos.

«Soy de Santa Bárbara (oeste), viajo solo porque no tengo trabajo», dijo a periodistas uno de los migrantes que se identificó solamente como Miguel y protegía parte de su rostro con una toalla.

Los migrantes comenzaron a llegar la noche del lunes a la Central Metropolitana de Transporte, de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, procedentes de varias regiones del país.

Una mujer, de nombre Reina, indicó que estaba viajando con su esposo y sus tres hijos, por la inseguridad en su comunidad, Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, norte.

Provistos de mochilas y cubiertos con sábanas y otro de tipo de abrigos, los migrantes descansaron varias horas en las áreas verdes de la Central Metropolitana de Transporte, desde donde comenzaron a salir a primeras horas de hoy.

Los migrantes partieron hacia el puerto de Corinto, Cortés, fronterizo con Guatemala, y aunque algunos indicaron que saben lo difícil del camino, principalmente al ingresar a México, coincidieron en que se van de Honduras por falta de oportunidades de trabajo y la inseguridad en el país.

Según fuentes oficiales, aunque siempre hay hondureños que abandonan el país, los flujos son menores a los de años recientes, cuando se calculaba que podrían sumar unos 3.000 al mes.

La primera caravana de migrantes hondureños hacia Estados Unidos salió en octubre de 2018.

Las autoridades de Tegucigalpa calculan que alrededor de 1,5 millones de hondureños viven en el exterior, en su mayoría en Estados Unidos.

Los migrantes envían remesas familiares que en 2024 rozaron los 10.000 millones de dólares, lo que representa alrededor del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país centroamericano, según diversas fuentes.

La figura de los magistrados integrantes fue creada mediante un acuerdo entre los partidos políticos, a pesar de que admitieron en primera instancia que estaba fuera de la Constitución. En medio de artimañas legales y favoritismos hacia la «filiación político-partidaria», la figura se introdujo a través de una reforma al reglamento interno de la Corte Suprema. Entre febrero de 2023 y octubre de 2024, el Poder Judicial ha erogado alrededor de 21 millones de lempiras para pagar salarios y gastos de representación a funcionarios que no tienen asignaciones claras más que suplir ausencias dentro de la Corte.   

Texto: Luis Escalante 

Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC

 

Wilfredo Castellanos Hipp, un abogado de 53 años con amplia experiencia como delegado departamental en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), y quien ha intentado sin éxito ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos veces, decidió renunciar a un cargo que estaba dentro de sus aspiraciones, pero que, desde su perspectiva, atenta contra los intereses de la nación. El 3 de marzo de 2023 hizo pública una carta en la que exponía sus argumentos para desistir a su designación como magistrado integrante (suplente) del tribunal supremo. 

«Mi retiro del cargo de magistrado integrante de la Corte Suprema de Justicia responde a criterios en los cuales valoré el nivel de participación que tendríamos para ser parte de la solución a los ingentes y graves problemas que enfrenta el sistema de impartición de justicia en nuestro país. Mi presencia particular en el Poder Judicial, sin la facultad de contribuir directamente a la solución de los problemas macro del sistema de justicia, consideré que sería una erogación innecesaria en el presupuesto nacional», declaró Castellanos Hipp. 

Durante la primera sesión del pleno de la CSJ que fue electa el 16 de febrero de 2023 para el período constitucional 2023-2030, se aprobó la designación como magistrados integrantes de seis abogados y notarios, los cuales también habían sido incluidos en la nómina de candidatos a magistrados enviada al Congreso Nacional (CN) por la Junta Nominadora el 23 de enero de ese año. Además de Wilfredo Castellanos Hipp, fueron nombrados Aída Martínez, Luis Discua, José Ricardo Pineda, Felipe Speer y Marvin Espinal.

Estos nombramientos se dieron gracias a una reforma al artículo 6 del Reglamento Interno de la CSJ, que añadió lo siguiente: «Aprobar por tres cuartos de sus miembros un listado de magistrados integrantes no menor de seis, que serán escogidos del último listado de candidatos propuestos al Congreso Nacional por la Junta Nominadora, y serán llamados a integrar el pleno de manera sucesiva y rotatoria, y excepcionalmente a las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia».

De inmediato se conoció la afinidad de algunos de estos abogados con los partidos políticos. Por ejemplo, Pineda había sido propuesto por el Partido Libertad y Refundación (Libre) en una de sus nóminas para convertirlo en magistrado de la Corte Suprema. Después se supo que Martínez también tiene cercanía con el oficialismo, Speer y Castellanos Hipp con el Partido Liberal, y Espinal y Discua con el Partido Nacional.

Pese a que la figura de magistrado integrante no existe dentro de la Constitución de la República y solo está presente en el referido reglamento interno, estos nuevos funcionarios judiciales tienen muchas puertas abiertas dentro del Poder Judicial y reciben prebendas similares a las de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia: salarios altos, gastos de representación y acceso a viáticos para viajes oficiales al extranjero. 

 

La erogación en números 

La existencia de magistradas y magistrados integrantes ha representado una erogación de 20,942,564.07 lempiras entre febrero de 2023 y octubre de 2024. El Poder Judicial ha destinado 16,924,564.07 lempiras en salarios y 4,018,000.00 lempiras en gastos de representación en ese período, según los portales de transparencia.

Estos funcionarios judiciales además reciben gastos de representación, a pesar de que el artículo 5 del Reglamento de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial precisa que este beneficio es exclusivo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Además, según documentos de la Pagaduría Especial del Poder Judicial, los magistrados integrantes Martha Merino y Felipe Speer han recibido viáticos para viajes al extranjero. Merino recibió 2,080 dólares (52,723.47 lempiras) para participar en el evento «Infancia y Justicia: Niños y Adolescentes en el Proceso Judicial», en Cartagena de Indias, Colombia, del 15 al 20 de septiembre de 2024. Por su parte, Speer recibió 1,760 dólares (44,612.17 lempiras) para participar en el Seminario sobre Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, en esa misma ciudad de Colombia, del 16 al 19 de julio de 2024.

Además de las y los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial cuenta con 59 magistrados en las Cortes de Apelaciones en las áreas Penal, Civil y Contencioso Administrativo, así como en las Cortes de Apelaciones departamentales de Choluteca, Comayagua, Copán, Atlántida y Santa Bárbara.

Según los portales de transparencia del Poder Judicial, las y los magistrados de las Cortes de Apelaciones perciben salarios que oscilan entre 58,313.19 y 127,825.53 lempiras al mes, y 29 de ellos reciben más de 100,000 lempiras mensuales. Sin embargo, a diferencia de algunos magistrados integrantes de la Corte Suprema, estos funcionarios judiciales cuentan con una amplia experiencia dentro del escalafón judicial. El más antiguo tiene 35 años de carrera judicial, mientras que los más recientes acumulan siete años de experiencia.

Actualmente, con un salario mensual de 127,825.58 lempiras, las y los magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia devengan un sueldo superior al de cualquier juez o magistrado de las Cortes de Apelaciones. Esto se hizo posible después de que se aprobara un incremento salarial a partir de agosto de 2024, ya que antes el salario devengado era de 117,271.17 lempiras. 

A juicio de Ana Pineda, exjueza de letras penal y exministra de Derechos Humanos, la figura del magistrado integrante, fundamentada en la «filiación político-partidaria», excluye el mérito, la integridad y la idoneidad, y, por lo tanto, vulnera la función judicial.

«Por ejemplo, la falta de asignación expresa de funciones y el hecho de que gocen de altos salarios y prerrogativas asociadas al cargo, tiene un impacto significativo en el presupuesto del Poder Judicial, en detrimento del personal de carrera que tiene exceso o mora de trabajo y devenga salarios inferiores», ilustró Pineda, quien, a pesar de haber sido la postulante mejor evaluada por la Junta Nominadora para convertirse en magistrada de la Corte Suprema, no recibió el respaldo de los partidos políticos en el Congreso.

Entre las y los magistrados integrantes de la Corte Suprema, solo tres tienen experiencia judicial, según sus hojas de vida. Felipe Speer ha sido funcionario del Poder Judicial desde 1996 y ha ocupado diversos cargos, incluido el de asistente letrado en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema entre 2009 y 2016. Por su lado, José Ricardo Pineda fue fiscal del Ministerio Público (MP) entre 1994 y 2000 y luego trabajó como asistente letrado en las Salas de lo Constitucional y Penal antes de su actual designación. Martha Merino, por su parte, fue jueza de letras penal y magistrada en la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula.

En contraste, Marvin Espinal, Luis Discua y Aída Martínez han trabajado tanto en el sector público como en el privado, además de desempeñarse como abogados independientes, pero nunca habían sido servidores del sistema judicial antes de su designación como magistrados integrantes.

 

El pacto entre los tres partidos que dio paso a los magistrados integrantes

La creación de magistrados integrantes surgió exclusivamente de un acuerdo entre políticos. Cuando las bancadas en el CN no lograban ponerse de acuerdo para elegir a las y los magistrados para el período constitucional 2023-2030, los líderes de los partidos Libre, Nacional y Liberal comenzaron a negociar varios puntos, como el número de magistrados que se repartirían, quién ostentaría la presidencia de la CSJ, cómo se distribuirían las salas y quiénes las coordinarían. Las negociaciones, después del primer intento fallido de elegir a la Corte Suprema el 25 de enero, se prolongaron durante varias semanas.

Fachada del edificio del Poder Judicial, donde funciona la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Tegucigalpa, noviembre de 2024. Foto CC/Fernando Destephen.
Fachada del edificio del Poder Judicial, donde funciona la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Tegucigalpa, noviembre de 2024. Foto CC/Fernando Destephen.

Bajo ese contexto, desde el Legislativo surgió la idea de elegir magistrados suplentes. El 2 de febrero de 2023, el jefe de bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento, manifestó a los medios de comunicación que «los magistrados suplentes es un tema que también está en las conversaciones, porque debemos hacer una interpretación del artículo 316 de la Constitución de la República, ya que existe un vacío legal».

Este artículo establece cómo se organiza la Corte Suprema de Justicia en cuatro salas: Constitucional, Penal, Civil y Laboral.  Ese precepto indica que cuando las sentencias son unánimes, se emiten en nombre de la Corte y tienen carácter definitivo. Si son por mayoría, deben someterse al pleno de magistrados y magistradas. 

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Sin embargo, el 10 de febrero, Sarmiento descartó la posibilidad de crear la figura de magistrados suplentes, ya que se requería una reforma constitucional y ratificación en la siguiente legislatura. «El tema de los magistrados suplentes fue planteado como una opción, pero al final, tras las consultas, se determinó que se necesita ratificación constitucional, por lo que no aplica para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia», indicó Sarmiento en aquel momento.

A pesar de lo anterior, el 16 de febrero, día en que finalmente el CN eligió la CSJ, se publicó el «Acuerdo para asegurar a los habitantes de la República de Honduras la integración de la Corte Suprema de Justicia que dirigirá el Poder Judicial en su potestad constitucional», un documento que, en realidad, no fue más que una repartición de la CSJ entre los tres partidos políticos mencionados. 

El acuerdo estaba firmado por los jefes y subjefes de bancada de los partidos Libre, Nacional y Liberal. También incluyó las firmas de la única diputada del Partido Anticorrupción (PAC), Karla Martínez, y del diputado independiente Carlos Raudales -en ese entonces de la Democracia Cristiana-. El Partido Salvador de Honduras (PSH), salvo algunos diputados, cuestionó el acuerdo. 

En el punto sexto del acuerdo se establece la designación de magistrados integrantes «por impedimento, licencia, ausencia temporal o cualquier otro motivo, regulado en el Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, mediante acta especial y votación calificada del pleno de la Corte Suprema de Justicia».

De esta forma, el impedimento constitucional no fue un obstáculo para que los partidos políticos colocaran a personas afines como magistrados integrantes, otorgándoles beneficios similares a los de los magistrados de la Corte Suprema, incluso cuando su única función es suplir ausencias. 

Sesión del 25 de enero de 2023 en el Congreso Nacional, día de la elección de los magistrados de la Nueva Corte Suprema de Justicia de Honduras. Foto: Archivo CC.
Sesión del 25 de enero de 2023 en el Congreso Nacional, día de la elección de los magistrados de la Nueva Corte Suprema de Justicia de Honduras. Foto: Archivo CC.

Aunque se hablaba de un «vacío», antes de la creación de la figura de los magistrados integrantes, en caso de ausencias por impedimentos, recusación, inhibición o excusa, la Corte Suprema de Justicia recurría a magistrados de las Cortes de Apelaciones para que integraran ad hoc el tribunal supremo, sin generar erogaciones adicionales, ya que eran personas cuyo salario ya estaba contemplado..

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Ana Pineda considera que la figura de los magistrados integrantes es inconstitucional y vulnera el artículo 308 de la Constitución de la República, que establece que la Corte Suprema de Justicia debe estar integrada por 15 magistrados.

«La figura fue creada al margen de lo establecido en la Constitución, que expresa cómo está conformada la Corte Suprema y quién es responsable de elegir a sus magistrados. La creación de los magistrados suplentes no es más que un acuerdo político, que genera una erogación innecesaria de fondos», subrayó Pineda en entrevista con Contracorriente.

Cuando se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto legislativo 2-2023, que contiene la elección de la Corte Suprema de Justicia para el período constitucional 2023-2030, no se incluyeron los nombres de las y los magistrados integrantes, ni tampoco se hizo referencia a las reformas al artículo 6 del reglamento interno.

Magistrados integrantes, un «mal necesario»

En la práctica, las y los magistrados integrantes han servido a los intereses del oficialismo en algunas resoluciones judiciales. Aunque Contracorriente solicitó sentencias de la Corte Suprema de Justicia en las que participaron magistrados y magistradas integrantes, a través del oficio SGCSJ-1375-2024 se nos contestó que las deliberaciones de la Corte Suprema son secretas, con base en los artículos 134, numeral 4, y 184 del Código Procesal Civil, por lo que se denegó la solicitud de información.

Sin embargo, se conoció que los votos de los magistrados integrantes fueron trascendentales en dos sentencias recientes:  la sentencia de inconstitucionalidad sobre los artículos 294, 303, 304 y 329 de la Constitución de la República, con la que se creó en 2013 la figura de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), y la sentencia de constitucionalidad al decreto 4-2022, incluido su artículo 4, literal A, que concede una amnistía «amplia» e incondicional» a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) que fueron judicializados o sentenciados por delitos de corrupción.

Puerta que da acceso a los tres salones actualmente ocupados por la Corte Suprema de Justicia. Palacio de Justicia, Tegucigalpa, agosto de 2024. Foto: CC/Fernando Destephen.
Puerta que da acceso a los tres salones actualmente ocupados por la Corte Suprema de Justicia. Palacio de Justicia, Tegucigalpa, agosto de 2024. Foto: CC/Fernando Destephen.

En la primera sentencia, los magistrados José Ricardo Pineda y Aída Martínez permitieron que se le diera un efecto ex tunc a la sentencia de inconstitucionalidad de las ZEDE, y en la segunda, nuevamente Pineda y Martínez, junto con Felipe Speer y la magistrada de Corte de Apelaciones, Roxana Morales -que fue llamada a integrar el pleno-, votaron a favor de declarar constitucional el decreto 4-2022,  Ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho y para que los Hechos no se Repitan. 

Con la sentencia de constitucionalidad del decreto 4-2022, la Corte Suprema de Justicia dejó un mensaje de lealtad, protección e impunidad a exfuncionarios afines al actual Gobierno, encabezado por Xiomara Castro. Así lo consideran analistas jurídicos consultados por Contracorriente en una publicación anterior, que analizaron las sentencias que absolvieron al exsecretario de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, judicializado por fraude, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, y al exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, quien en 2017 había sido condenado a nueve años de prisión por enriquecimiento ilícito y a ocho años y seis meses por fraude y abuso de autoridad, por no poder justificar 16.7 millones de lempiras que se sumaron a su patrimonio personal durante el tiempo en que fue funcionario público. 

 

Los vacíos legales 

El 25 de noviembre de 2011, el Congreso Nacional (CN) aprobó la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, con lo cual por primera vez se creó un ente en el Poder Judicial capaz de separar las funciones administrativas recargadas sobre la presidencia de la Corte Suprema y otorgárselas a un órgano colegiado aparte, encargado de la organización y dirección de la administración del personal judicial y de las finanzas. Sin embargo, el 15 de abril de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta normativa.

A consideración de Ana Pineda, uno de los principales problemas que afronta el Poder Judicial es justamente la concentración de poder que recae sobre la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel. Así sean magistrados integrantes o magistrados de la Corte de Apelaciones quienes llamen a integrar el pleno de la Corte Suprema, el marco normativo propicia que la presidencia de la CSJ pueda generar influencia sobre los primeros, por afinidad o compromisos políticos, y sobre los segundos, porque es ella quien tiene la potestad de destituir o ascenderlos ante la ausencia de un Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.

«En la sentencia de 2016 se estableció que, de manera transitoria, el titular del Poder Judicial reasumiría las funciones administrativas y jurisdiccionales, mientras la Corte Suprema de Justicia, con carácter urgente y haciendo uso de la iniciativa de Ley, presentaría ante el Congreso el anteproyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, lo cual no ha ocurrido a la fecha, por lo que la actual presidenta, al igual que lo hizo el anterior presidente de la CSJ, desempeña ambas funciones», consideró Pineda.

La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Honduras ha evolucionado con el tiempo. Antes, eran elegidos directamente por el Congreso Nacional (CN) sin un proceso de postulación ni proposición de candidatos. Sin embargo, en 2001 se aprobó la Ley de la Junta Nominadora, y en 2022 se aprobó una nueva normativa para regular este proceso. Siete organizaciones e instituciones evalúan a las y los postulantes y envían al Congreso una nómina de 45 candidatos y candidatas para la elección de las y los 15 magistrados. 

La Junta Nominadora está integrada por un representante propietario y otro suplente del Poder Judicial, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el Colegio de Abogados (CAH), la sociedad civil organizada, las centrales obreras y los claustros de las carreras de Derecho de las universidades.

Daniel Durón fue parte de la Junta Nominadora de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante el proceso que culminó con la elección de las y los magistrados del período constitucional 2002-2009. Desde su perspectiva, la inclusión del ámbito político en asuntos de la Corte Suprema deriva de cómo son elegidos estos funcionarios y por quiénes, además de que cada siete años existe una renovación total de la Corte Suprema, lo que lleva al CN a decidir sobre la composición de la misma.

«Aquí, cada siete años hay que ir a ese proceso de renovación de la Corte Suprema, cuando en otros países los magistrados y las magistradas se eligen de forma vitalicia. Entonces, quien marca la decisión es el Congreso Nacional. A nosotros nos pidieron una nómina de 45 abogados y abogadas, tratamos de hacer el mejor trabajo y se la entregamos al Congreso, quien al final decidió», dijo. 

 

Durón, quien representó a las centrales obreras en aquel proceso de escogencia de la Corte Suprema, declaró que la forma en que se elige a los magistrados y magistradas es un problema sistémico y está diseñado para ser influenciado por los grupos de poder económico y político.

«Se pueden postular 200 o 300 abogados o abogadas, pero siempre hay presiones del sector privado o dirigentes políticos, tanto en la Junta Nominadora como en el Congreso. Cuando yo estuve en la Junta Nominadora, recuerdo que hubo presiones para que reeligiéramos a algunos magistrados del período anterior; era gente afín al poder político de turno, pero al final no pasó. Hubo otras particularidades, pero por cuestiones éticas no las deseo divulgar», cerró Durón.

Mientras en el Poder Judicial algunos jueces y magistrados de apelaciones enfrentan precariedades, sobrecarga laboral y salarios poco competitivos, la figura de los magistrados integrantes parece perpetuar la premiación por acuerdos político-partidarios. Esto ocurre en un contexto marcado por vacíos legales, como la ausencia de una Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, y la concentración de poder que ostenta la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Bajo las mismas reglas de juego, los votos de las y los magistrados integrantes pueden seguir siendo utilizados para inclinar la balanza a favor de uno u otro sector en otros aspectos clave que deberá resolver la Corte Suprema. Entre estos temas destacan los recursos de inconstitucionalidad relacionados con el acuerdo 001-SG-2024 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que declara en reserva la información vinculada a las negociaciones del borrador de convenio para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), así como los recursos de inconstitucionalidad contra el decreto 93-2021. Este último amplió el catálogo de delitos de usurpación y, según defensores de derechos humanos, constituye una persecución hacia las comunidades y las personas que se oponen a proyectos extractivistas.

Para la realización de este trabajo periodístico, Contracorriente contactó al abogado Wilfredo Castellanos Hipp, quien inicialmente respondió a los mensajes de texto, pero luego dejó de hacerlo. Asimismo, se estableció comunicación con el magistrado integrante Luis Discua, quien aseguró que respondería a nuestras preguntas, pero hasta el momento de esta publicación no ha concedido la entrevista, y con el magistrado integrante Marvin Espinal, quien hasta el cierre de la edición no respondió a la solicitud de entrevista.

Por Lucía Vijil Saybe

Portada: Persy Cabrera

 

Sin duda, el 2024 ha sido un año clave en términos ambientales y agrarios. Avances y retrocesos en la gestión de la conflictividad socioambiental, la impunidad y el recuerdo constante de que Juan López, asesinado el 14 de septiembre, ya no está más entre nosotras, son parte de los acontecimientos sobre los que debemos reflexionar. En este escrito, nos vamos a referir a una de las más grandes preocupaciones del movimiento social y territorial, organizaciones de derechos humanos y ciudadanía en general: la avanzada de una política ambiental bajo la custodia de los militares.

El pasado 2 de noviembre, Contracorriente publicó una entrevista realizada a Lucky Medina en el marco de la Cumbre de la Biodiversidad COP16, en la que textualmente el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) afirmó: «La gente agradece que los militares están apagando incendios, pero además hay que tomar en cuenta a la gente que está trabajando en el proyecto Padre Andrés Tamayo. Los militares solo son la columna de los ejes de protección ambiental».

¿En qué contexto se sitúa la acción de los militares en la gestión ambiental? 

El Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022 – 2026 que presentó la ahora presidenta Xiomara Castro durante su campaña política prometía: «Desmilitarizar la seguridad ciudadana y confirmar su permanencia en su rol que ordena la constitución. Asegurar la conducción civil de la seguridad y de la defensa y la separación precisa y respeto de las funciones propias de las fuerzas armadas y de la policía, tomando como referencia la doctrina democrática de la seguridad ciudadana. Los guardianes del pueblo no pueden ser los mismos que los defensores del territorio, porque cada cual se entrena para su fin específico».

En ese contexto, por la naturaleza de las dinámicas sociales en nuestro país y la disputa entre élites, analistas como Gustavo Irías han afirmado que «las Fuerzas Armadas han actuado como una especie de partido político, con autonomía propia y con la misión de gestionar las periódicas crisis políticas, asegurando la vigencia de los intereses estratégicos de la élite tradicional». En esa misma línea, han existido períodos históricos caracterizados por la intervención de los militares en roles que exceden los límites establecidos por la Constitución.

Recordemos que, luego de la democracia tutelada por los militares entre 1981 y 1989, este actor volvió para participar en un golpe de Estado en el 2009 y respaldar a los gobiernos post golpe. Irías también apunta que: «Ante las tímidas reformas por parte del gobierno del Poder Ciudadano y la percepción de amenazas geopolíticas por la cercanía de la administración Zelaya con el chavismo (Hugo Chávez), los militares, en defensa de los intereses de la élite, rompieron el orden constitucional ante el asombro de la comunidad internacional. De hecho, este fue el primer golpe de Estado victorioso en América Latina en la post guerra fría. Entre el 2010-2021, los militares continuaron teniendo una presencia dominante en apoyo a las diferentes administraciones del Partido Nacional, es decir, en el período conocido como el de la narcodictadura». 

Recientemente, el juicio contra Juan Orlando Hernández demostró la forma en que la estructura militar estaba implicada en la narcoactividad,  y cómo el respaldo de las cúpulas militares sostuvo por completo la dinámica del Gobierno en Honduras. 

Para el Gobierno de Xiomara Castro, como transición, sin duda era todo un desafío la gestión del vínculo con las fuerzas armadas. El saldo al día de hoy ha sido un incumplimiento rotundo a las promesas de desmilitarización.

En primer lugar, se ha utilizado la figura del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para la gestión pública. Más allá del acompañamiento en espacios de trabajo, la aparición de los militares en la gestión de asuntos civiles justificados por el discurso de la «seguridad nacional» se ha traducido en una estrategia de seguridad pública, que ha implicado la declaración del estado de excepción desde el 6 de diciembre del 2022 hasta la fecha, centrado en el combate contra la extorsión, la remilitarización de los centros penitenciarios, un «Plan de Solución contra el Crimen» y el anuncio de la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne (hace un par de días desestimada de acuerdo a declaraciones de funcionarios públicos) y de dos megacárceles entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios.

Para gestionar la conflictividad relacionada con la propiedad de la tierra, y por presión de sectores de la empresa privada, se conformó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra (aún sin normas claras para su funcionamiento), en la que los militares tienen asignado el rol de desalojar a la población campesina de los predios rurales que son reclamados por grandes empresas agroindustriales, y en menor medida el avance en reformas estructurales que aseguren una verdadera distribución de la tierra. Esta Comisión ha sido denunciada por organizaciones campesinas debido al aumento de los desalojos y violencia a partir de las acciones lideradas por los militares.

Por otra parte, la estrategia de «Cero deforestación al 2029» implica alrededor de 8,000 nuevos efectivos militares para incorporarlos a los Batallones de Protección Ambiental, y el aumento del presupuesto de defensa en 19,000 millones de lempiras entre el 2024 y 2027. 

Es importante destacar que ha sido este Gobierno el que ha colocado en la discusión pública la acción de terceros en territorios indígenas (por ejemplo, el caso de La Moskitia), así como la exposición de redes de ganaderos vinculados a la narcoactividad y las estructuras del crimen organizado relacionadas a actividades de extracción de bienes comunes de la Naturaleza.

El plan estratégico «Cero deforestación al 2029» apunta: «Gran parte de la agricultura migratoria, ganadería extensiva, siembra de plantaciones de droga, que se da en la zona de la Moskitia, tiene su origen en el lavado de activos y el crimen organizado. Así mismo, actividades que atentan y destruyen los bosques tropicales de Honduras, y en especial Olancho, departamento de Gracias a Dios, áreas de La Mosquita y zonas de Río Plátano». 

Y aunque se han anunciado medidas integrales, la gestión gubernamental ha obviado por completo el plan de trabajo ya estipulado y se ha enfocado en el fortalecimiento del papel de las fuerzas armadas en la gestión de lo público, aumentando la presencia militar en los territorios y la narrativa que coloca a los «verde olivo» como bastiones de una política ambiental en uno de los países más peligroso para ser defensor y defensora del territorio. 

 

¿Qué es lo preocupante de los «verde olivo» en la gestión ambiental? 

A pesar de las expectativas sobre la desmilitarización de los asuntos civiles, el predominio de las fuerzas armadas en temas agrarios y ambientales es motivo de cuestionamiento por varias razones.

En primer lugar, el nulo acceso a la información. Cuando los militares entran en el debate sobre la política pública y su implementación, absolutamente todo se clasifica como «seguridad nacional», lo que restringe por completo el acceso a la información y la participación ciudadana. En Honduras, estos dos factores son los principales detonantes de la conflictividad socioterritorial.

Por otro lado, existe una marcada impunidad militar. La participación de los militares en asuntos públicos y la aplicación de la seguridad civil ha implicado grandes violaciones a los derechos humanos y con ellas fracturas históricas. Asimismo, su reciente vinculación con el narcotráfico deslegitima por completo su accionar. La investigadora Mirna Flores indica que: «A falta de castigo de los militares que han cometido abusos en los distintos gobiernos autoritarios que emergieron de las transiciones democráticas, ha generado una alta impunidad militar, en medio de bajos niveles de rendición de cuentas y, paradójicamente, la respuesta estatal de aumentar sus funciones y presupuestos».

El aumento del presupuesto asignado a los militares es otro punto crítico. Ha sido complejo para las organizaciones territoriales notar el aumento de las partidas presupuestarias asignadas a los militares para asumir su función de protección ambiental, mientras que, por ejemplo, no existe aumento significativo de presupuesto para instituciones clave en la titulación de tierras (el Instituto Nacional Agrario) en el marco de comisiones como la de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, y decretos relevantes en la gestión ambiental como el 18-2024 aún no tienen asignaciones presupuestarias para la restauración del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.

La presencia de los militares en mayor proporción en los territorios también se podría considerar como una estrategia de vigilancia y exposición de los liderazgos en defensa de los bienes comunes. Para autores que han estudiado la vinculación entre militares y extractivismo, como Raúl Zibechi, «la militarización no va de la mano sólo de la expansión del papel de las fuerzas armadas, sino que se trata de un fenómeno más complejo». 

«El papel clave de todo este proceso», dice Zibechi, «es el desplazamiento de la población o conseguir retenerla dentro de ciertos espacios, para que las empresas hagan su trabajo. Algo así no puede suceder sin que el Estado —a través de sus aparatos armados— intervenga para impedir, apoyar o tolerar la acción armada contra las poblaciones que deben proteger. Tanto las grandes empresas como los negocios ilegales tienen la suficiente capacidad financiera como para comprar los servicios de militares y policías, quienes a su vez adiestran a las bandas irregulares y les venden sus propias armas».

Estos elementos previos seguramente se irán ampliando en el debate y análisis, al momento de ir constatando avances —o retrocesos— de una política ambiental cuyo bastión son los militares. Pero a estas alturas debemos preguntarnos: ¿hay que alarmarnos sobre su papel en ese sector tan trascendental para los hondureños y hondureñas? 

Sabemos que la política militar puede ser cuestionada a través de los medios que sean, pero, en la práctica, esto tiene un impacto limitado frente a los tomadores de decisión que, claramente, se muestran orgullosos de su alianza momentánea con los «verde olivo». Sin embargo, es importante destacar ciertos puntos clave. En primer lugar, la legitimidad de la acción militar en la mayoría de acciones relacionadas a la gestión ambiental debe estar condicionada a un proceso efectivo de depuración institucional, llevado a cabo bajo los más altos estándares de transparencia.

Además, se debe apostar por una reducción de la impunidad en los casos en los que militares son acusados de cometer crímenes, precisamente para hacerle justicia a la historia agrietada por la acción militar en Honduras. Desclasificar la información vinculada a temas ambientales para la promoción de la participación ciudadana debe ser un componente integral de cualquier plan que pretenda tener presencia a nivel territorial y de relación directa con las comunidades involucradas. 

Finalmente, existen acciones pendientes con movimientos sociales y ambientales, que definitivamente deben ser prioridades para garantizar una efectiva protección a los bienes comunes de la Naturaleza (más allá del enfoque militar que se pretende aplicar a cada caso de conflictividad).

Las críticas al actual Gobierno en las obras de artistas como Luis Barahona, más conocido como «Garabatos», y Ámbar Nicté, les llevó a enfrentarse a ataques masivos en redes sociales. Aunque no existe una censura directa, el trabajo artístico ha sido objeto de condicionamiento y de ataques, no solo de bots, sino también de personas reales organizadas para defender de cualquier forma las acciones de la presidenta Xiomara Castro y su Gobierno.

Texto y portada por Persy Cabrera

Hace unas semanas, Luis Barahona, más conocido por su nombre artístico, Garabatos, fue el objetivo de los ataques en redes sociales de funcionarios, exfuncionarios y cuentas que comparten el discurso del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Barahona es un artista hondureño con una experiencia de alrededor de 18 años como caricaturista. Algunos lo acusaron de ser «cooptado» por otro político, de ser machista o de ser un lobo disfrazado de oveja.

Estos ataques iniciaron tras la publicación de un cómic relacionado con la tormenta Sara, que en noviembre dejó numerosos daños en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro. Luis Barahona explicó que su intención era resaltar la labor de las personas que atienden a estas emergencias climáticas. Los reclamos que llegaron desde el oficialismo y personas afines a este fueron por manipular la caricatura, agregando a la original las figuras de la precandidata presidencial por Libre y actual ministra de Defensa, Rixi Moncada, y la presidenta Xiomara Castro.

En una entrevista con Contracorriente, Barahona explicó que inició su carrera en un medio deportivo de Honduras, y recordó que en ocasiones una caricatura podía ocasionar que algún director técnico de fútbol lo llamara diciendo que ya no iba a dar más entrevistas al medio. Ahora que se dedica a caricaturizar el ámbito político, la «pasión» con la que se vive la política en ciertos sectores, como lo describió él, resulta en un ambiente de desacreditación y ataques digitales.

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En agosto del 2023, el secretario de Planificación Estratégica del Gobierno, Ricardo Salgado, dijo a Contracorriente que contaban con alrededor de siete u ocho mil personas «que no son empleados, pero sí son militantes» y «tienen motivaciones, se les dan cursos de formación, se les prepara, se les da la línea, la marca, les decimos que se peguen a ella». Estas son las tropas digitales.

El mismo secretario de Planificación Estratégica publicó a mediados de noviembre de 2024 que «hasta la fecha: ningún medio, absolutamente ninguno ha recibido coacción de ningún tipo por parte de esta administración, ni se les ha pedido que cambien su línea editorial».

En ese sentido Barahona dijo que si bien es cierto no ha recibido ninguna llamada pidiéndole que le «baje» al tono de una caricatura, existe un condicionamiento «desde que vos publicás algo y automáticamente un grupo de choque digital, por decirlo así, empieza a decirte tarifado, que estás patrocinado por la Embajada (de Estados Unidos) o que estás patrocinado por otro grupo político».

«Todo el arte es político»

Algo similar ocurrió con la artista Ámbar Nicté, quien en septiembre publicó en las redes sociales de Contracorriente el cómic «El sonido de tu nombre», donde asoció sus recuerdos de una sobreviviente de intento de femicidio con los lamentos de las víctimas de violencia que siguen resonando en Honduras durante el gobierno de la presidenta Castro. Los comentarios de la publicación la tacharon de amarillista, machista y de incitar la violencia.

 

 
 
 
 
 
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En una entrevista para Contracorriente, Ámbar relató que este cómic fue motivado por la decepción que sintió tras la publicación de InsightCrime de un vídeo que data de 2013 durante la campaña presidencial de Xiomara Castro, en el que se puede ver a Carlos Zelaya, exdiputado y secretario del Congreso Nacional (CN) por el Partido Libertad y Refundación (Libre), conversando y negociando aportaciones de miles de dólares con narcotraficantes ahora enjuiciados y condenados en Estados Unidos. Todo esto, sumado a sus vivencias durante el golpe de Estado de 2009 y la persecución política que sufrió su familia, resultó en un cómic potente y crítico.

Para Ámbar «todo el arte es político» y también «lo personal es político». La procedencia de las reacciones a la publicación de este cómic le sorprendieron, pues ella vive en Guatemala, un país en el que «netcenter» es un término común en redes sociales. Los «netcenter» son definidos como «un grupo de personas pagadas para crear, manipular e incluso deshacer la reputación de una figura pública, institución o situación».

De acuerdo con Ámbar, mientras que en Guatemala las cuentas de los «netcenter» son bots, o sea cuentas automatizadas, en su caso, tras revisar algunas de las cuentas que respondieron a la publicación del cómic, concluyó que muchas de ellas parecían ser de personas reales.

¿Se cuenta solo lo malo? ¿Qué hacemos con el humor?

Un comentario recurrente contra los artistas que crean este tipo de contenido crítico es reprocharles que solo señalan lo malo que realizan los funcionarios, gobierno o militantes de los partidos políticos. Pero entonces, ¿sobre qué deben dibujar los artistas?

Para Luis Barahona, la caricatura es una herramienta para «esparcir una crítica o un pensamiento crítico del caricaturista», y añadió que «yo no estoy para resolver problemas, estoy para plantearlos». Así como la caricatura sirve para difundir una noticia, para él también es una forma de «hacer un momento de reflexión mediante el uso de un mensaje que al final te saca una sonrisa».

Según Darío Adanti, historietista argentino y cofundador de la revista satírica Mongolia, no hay un problema en cómo se utiliza el humor, sino cómo se ejerce la opinión. De acuerdo con él, a veces para opinar no se toma en cuenta una responsabilidad básica: la de informarse para tener una opinión informada.

Adanti recalcó que «en el contexto del humor como algo profesional, teatral, dibujado, escrito, es decir, lo que es el contexto de la ficción del humor, tenemos que permitirnos usar la imaginación como queramos, y como artistas y creadores no deberíamos tener límites».

La opinión de Adanti fue expresada en septiembre de 2023 en un XSpace organizado por Contracorriente, cuando se viralizó un video que contenía imágenes de una película sobre Adolf Hitler, utilizándolas como una parodia para criticar al Gobierno de Xiomara Castro.

En esa conversación, Adanti concluyó que entre la línea del debate y la difamación debe prevalecer la opinión responsable, y comprobar de dónde viene la información que circula en redes sociales y en el debate público. Para finalizar su participación, comparó el humor con una maceta para plantas, una que podemos usar para «poner una planta, o la puedes usar para tirarla por el balcón y darle en la cabeza a alguien».

Recomendamos leer: «Cuando ese humor lo están usando entidades financieras y políticas para expresar una falta de respeto, en realidad están usando el humor como coartada», Darío Adanti en XSpace

Ámbar Nicté, por su parte, expresó que, como artista, ella dibuja y plasma sus reflexiones desde los hechos y situaciones que le atraviesan identificada como persona: «yo trabajo desde lo que me atraviesa», y que su motivación es contar historias desde su «realidad como [persona] queer racializada, centroamericana, hondureña y migrante», cosas que considera no se ven en el mainstream.

Lo difícil del arte, en sus propias palabras, radica en «volverse vulnerable y estar dispuesto a poner tanto las cosas feas como las cosas bonitas que uno está sintiendo».

Un grupo de activistas de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh) realizó un plantón en los bajos del Congreso Nacional para exigir que se apruebe un proyecto de ley que trata de la prevención de enfermedades provocadas por la actividad laboral. La propuesta tiene más de un año en el hemiciclo. Mientras tanto, las centrales obreras piden que se incluya al sector sindical en las discusiones sobre la Ley. 

Texto: Allan Bu

Con reportes de Luis Escalante

Fotografías: Luis Escalante

El 10 de diciembre, la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh) realizó plantones frente a las oficinas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en el Barrio Abajo y en los bajos del Congreso Nacional en Tegucigalpa, para exigir que se reconozcan algunos derechos negados a la población trabajadora de la maquila, y a los trabajadores en general. 

María Luis Regalado, coordinadora de la Codemuh, explicó a Contracorriente que esta organización tiene más de 30 años luchando en temas del trabajo y salud ante las autoridades, «pero muy poco han escuchado». Y añadió que la protesta fue también porque el IHSS ha abandonado a sus afiliados en la zona norte, sobre todo a quienes trabajan en la maquila, en donde cubren extensas jornadas que son ilegales y acaban causando graves problemas a la población obrera. 

Las enfermedades tienen que ser dictaminadas y certificadas por el IHSS, y es ahí donde Regalado ve uno de los primeros inconvenientes. «El problema es que el IHSS en San Pedro Sula tiene esas comisiones [de dictamen] incompletas. La Comisión de Riesgos Profesionales ni siquiera tiene secretaria, la Comisión de Invalidez solo tiene tres miembros de cinco que deberían estar, si uno se va de vacaciones no hay dictámenes porque se queda sin quórum», dijo.  

Contó que la máquina para hacer resonancias magnéticas tiene más de cinco años de estar dañada y no se ha reparado, ni comprado otra. «Si no hay resonancia magnética, no hay dictámenes de calificación. Les dicen a las trabajadoras que se las hagan en lugares privados. y eso cuesta de ocho mil a doce mil lempiras», declaró. 

Añadió que las trabajadoras, cuando ya tienen esos dictámenes médicos, reciben una pensión que puede ir de 1,500 a 2,500 lempiras: «Eso no alcanza ni siquiera para sobrevivir», sostuvo. 

También aseguró que las empresas maquiladoras cierran, pero no se van del país, y en realidad lo que quieren es «deshacerse de una población con antigüedad laboral y otra que ya tiene daños en su salud y la única forma de echarlos a la calle es cerrando operaciones. 

Luego  volverán a abrir fábricas y van a contratar personas jóvenes que no tienen problemas», afirmó.

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Estas son las razones de la protesta en los bajos del Congreso Nacional, donde las activistas de Codemuh exigieron  la aprobación de la Ley de Salud en el Trabajo, una propuesta nacida en la organización que encabeza Regalado, que pretende el reconocimiento de 242 enfermedades profesionales.

«Ellos [el personal joven recién contratado] correrán el mismo riesgo de las personas que están saliendo ahorita, si el Estado hondureño no define las políticas públicas relacionadas a la atención a la salud. Por eso tenemos una propuesta de Ley de Salud en el Trabajo, que si el Congreso la aprueba sería una ventaja para la población trabajadora en general, no solo para obreras de maquila. Aquí lo que se necesita es trabajar la prevención de daños y luego una atención de calidad a aquellos que ya tienen enfermedades profesionales», dijo Regalado. 

Explicó que este proyecto de ley engavetado en el Congreso Nacional es importante porque es una herramienta totalmente preventiva, que hasta ahora no se encuentra en el marco laboral existente en el país y, por otro lado, en la ley también incorpora el enfoque de género: «El Código actual fue aprobado en 1959, cuando no existía maquila, no existía tecnología y otros rubros de hoy. Ahí solo hay enfermedades de cuando solo existía la agroindustria. Solo tiene [contempladas] 44 enfermedades; nosotros estamos aumentando 198 enfermedades más, para hacer un total de 242». 

Añadió que en esa misma ley se está incorporando un artículo para que a las mujeres embarazadas y que desarrollen su trabajo en condiciones de riesgo, como es el caso de las que trabajan en la maquila, se les cambie de puesto de trabajo y se les rebajen las metas de producción, por lo menos en un 40 %.    

Centrales obreras piden que se les incluya en la discusión 

El secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, mencionó en entrevista con Contracorriente que el tema de salud ocupacional no es nuevo, y está contemplado en un capítulo del Código del Trabajo (título V, capítulo lll) en referencia a riesgos ocupacionales. «Lo que se pretende hacer es que se contemplen nuevas enfermedades, el tema de las pandemias y ahora con esto del teletrabajo, la idea es actualizarlo», sostuvo. 

Reconoció que no hay regulación respecto al tema de salud ocupacional más allá del Código de Trabajo y lo que dice la ley del IHSS en función de riesgos específicos. «No tenemos una legislación abierta que pueda incluir nuevas regulaciones en función de las nuevas realidades del trabajo. Hay nuevas exposiciones y estamos atrasados con eso, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) nos está urgiendo en este tema de salud ocupacional», manifestó. 

Durón señaló que en el Congreso Nacional hay tres o cuatro proyectos de ley de alto interés social que no se han llevado a discusión, entre ellos el Convenio 187 que trata del trabajo doméstico, el Convenio 190 en referencia a la violencia y acoso laboral, y uno más que trata de los empleados públicos. Por último, pero no menos importante, contó que el nuevo Código Procesal Laboral fue discutido por el sector privado, la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno hace unos nueve años, y sigue en el Congreso. 

Unas 40 mujeres que integran la Colectiva de Mujeres de Honduras (Codemuh) se movilizaron al edificio del Congreso Nacional (CN) para exigir la aprobación de la Ley de Salud en el Trabajo. Tegucigalpa, 10 de diciembre de 2024. Foto: CC / Luis Escalante.

Sobre la posición de las centrales obreras, en este caso la CGT, respecto a la aprobación de la Ley de Salud en el Trabajo, Durón manifestó que es importante la participación de las organizaciones obreras: «Es importante que se incluyan a las asociaciones sindicales, estas son buenas acciones, pero es importante que se incorpore a las organizaciones constituidas del sector sindical, que son la representación básica». 

«Sería bien interesante manejar una agenda inclusiva con la participación de todos los sectores beneficiados o afectados con este tema de la salud ocupacional», añadió. 

Pese a que nunca mencionó estar de acuerdo con la propuesta nacida de la Codemuh, el dirigente sindical reconoció que nadie debería oponerse a que se revisen los riesgos de salud de un obrero en el trabajo, «¿Quién se opone?, usted debe saber», dijo, y luego elevó la voz para aseverar en tono enfático: «Pero los que menos nos oponemos y lo impulsamos, somos nosotros, porque somos los grandes afectados. Humanitariamente no debería existir oposición. En temas de reivindicación no deberían tener oposición, obviamente existe y la hay por intereses», aseguró. 

María Luisa Regalado afirmó que desde la organización que coordina se invitó a varios líderes sindicales, incluido Daniel Durón, para dar a conocer la ley, pero las convocatorias no fueron atendidas. 

Afirmó que esperan que en el Congreso agilicen la discusión de la ley. El martes 10, los diputados de la comisión encargada, de la que forman parte Bartolo Fuentes, periodista ligado al trabajo en la maquila, y Juan Barahona, líder sindical, les dijeron que están esperando las opiniones no vinculantes de la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud. La lentitud en el hemiciclo legislativo hace más grave un problema que, según un estudio de la Codemuh y la Universidad Metropolitana de México, puede afectar a un 66 % de la población obrera en la maquila. 

 

La niñez de El Salvador representa el “daño colateral” más invisible en la cadena de errores que se viven en la marginalidad del país. Las niñas y niños que sufrieron la violencia de las pandillas ahora observan, con temor y desde la sombra, cómo el régimen de excepción se vive día a día en su comunidad, en su escuela y en sus casas, muchas veces desde la ausencia de un familiar (un padre, un hermano, un tío) que ha sido detenido, sin explicaciones ni manera de saber dónde ni cómo está.

Por Verónica Reyna

La política de seguridad ha dejado siempre escondida, en el suelo e invisible a la niñez salvadoreña. Las políticas de corte represivo, conocidas como de Mano Dura, no son nuevas y han sido la única respuesta de los gobiernos al problema de violencia en el país. Responder con violencia estatal ante la violencia de las pandillas solo es una muestra más de la incapacidad de un Estado para responder a las necesidades de seguridad y a su obligación de garantizar los derechos de una población hundida en la desigualdad y la exclusión. En 2017 el Servicio Social Pasionista (SSPAS) publicó un informe sobre cómo la niñez estaba viviendo la violencia de las pandillas. Una escena definió muy bien cómo las políticas de seguridad implementadas impactaban en los niños y niñas: en un relato un niño contó cómo escuchó que un pandillero había subido a los techos de las casas y huía de la policía, de un salto este cayó en su patio, donde él se encontraba escondido en una hamaca. Luego del pandillero saltó el policía y en la persecución ambos empujaron la hamaca y el niño cayó a metros de distancia, sin que ninguno de los dos se percatara de él. 

Hoy, en el marco de un régimen de excepción permanente, la niñez se ha vuelto todavía más invisible. La guerra contra las pandillas, el casi único enfoque de la política de seguridad actual, se desarrolla con la misma superficialidad que las políticas manoduristas de los gobiernos anteriores, desatendiendo las causas de la desigualdad, potenciando la ruptura del tejido social y abandonando a las víctimas que sufrieron la violencia de las pandillas. Aunque estas estructuras criminales se han visto profundamente reducidas en su accionar, lo que ha mejorado la seguridad para millones de personas, esta seguridad se vive con miedo. 

Entre los meses de septiembre y octubre de 2024 el SSPAS recogió las impresiones de 59 niños y niñas que viven en comunidades de Mejicanos y Cuscatancingo, comunidades históricamente controladas por las pandillas, para conocer cómo percibían la seguridad que ahora se tiene. A través del juego y la exploración de sus emociones, nos encontramos en el relato de niños y niñas, de entre 6 a 11 años de edad, con una contradicción constante. Esta mirada, que no dista mucho de la adulta, se mezcla en una realidad que la niñez todavía no logra integrar en su mundo. Si bien ahora hay menos “malos”, también identifican en la Policía una figura a la que hay que temer. 

“Están buscando criminales”

“Buscan a alguien que no ha hecho nada”

“Andan agarrando ladrones”

“Esos soldados hacen a veces cosas malas”

“Se están llevando a la gente mala”

“Me da miedo porque (los policías) podrían enojarse y tienen armas”

La figura de protección, seguridad y cuidado que debería reflejarse en las fuerzas de seguridad del Estado también se experimenta desde el temor de ser víctima de su conducta arbitraria. La niñez vive ante una Policía que les protege de las pandillas y su violencia, y una Policía que les atemoriza, que es violenta y arbitraria. Al consultarles sobre qué percepción tenían de la Policía, la mayoría dijo, en un primer momento, que se sentían protegidos por ellos. Al profundizar, sin embargo, describían a la Policía como una figura ambigua que además les provocaba temor y desconfianza, ya que habían sido testigos de arrestos arbitrarios, golpizas, revisiones violentas de sus casas, amenazas hacia su familia o vecinos, entre otras formas de violencia.

La seguridad en las comunidades ha mejorado, efectivamente, respecto a la situación de seguridad respecto a la violencia que generaba por el control de las pandillas. Esta seguridad, no obstante, se encuentra mediada por el control y la vigilancia de la Policía y el ejército, instituciones que son casi el único contacto que tienen en la vida cotidiana de estas comunidades. 

“Cuando pasan, me da miedo, porque me da miedo

que se les salga un fusilazo”

“A mí me enoja, porque hay veces meten presos a

más gente y (la gente) ni hacen nada”

“Tristeza porque hacen maltrato”

“Ansiedad cuando están haciendo retenes y

operativos”

Las madres de los niños y niñas entrevistados reconocen el riesgo que implica vivir en un territorio estigmatizado, que pasó de sufrir la violencia de las pandillas a vivir bajo el control de una Policía que considera a cualquiera como sospechoso. 

“…ya desde las nueve de la 09:30 ya andaban los drones  

(…) ya no podía salir, usted, 

pues porque ya los drones ya andan ahí 

y cualquier que anda (fuera) ya es sospechoso”

El impacto del régimen de excepción en los niños y niñas, además de vivir su cotidianidad con una figura de temor, es mayor en aquellos que tienen algún familiar que ha sido detenido desde que se implementó la medida. El 43 % de la niñez consultada para este estudio reportó que al menos una persona de su familia ha sido detenida durante el régimen de excepción.

Los impactos recogidos en este estudio mostraron afectaciones psicológicas como ansiedad, problemas para dormir, tristeza y cuadros depresivos, duelo ambiguo, así como evitar lugares que les generan miedo por la presencia policial o militar. Este estudio también identificó niñez en abandono, que no cuentan con familiares adultos que les cuiden, y que, por el estigma social de la detención de alguien de su familia, reciben muy poco o nada de apoyo para su subsistencia, siendo la misma comunidad quien busca acompañar y brindar comida o dinero, incluso desde el miedo de ser arrestado injustamente solo por ayudarles. En estos casos se ha detectado a niñez víctima de explotación sexual, en particular niñas y adolescentes. 

“…el problema es que la gente tiene miedo a

acercársele, porque si tú te acercas a esas

personas te pueden vincular. Entonces la gente

mejor no se acerca, porque yo le dije una vez a una

persona −Mire, esos niños están solos, llevémosle

comida. −Sí, pero de lejos, porque si nos metemos

a la casa capaz que cae la policía y nos lleva

también”

“Sí, lo hemos visto, niñas adolescentes cuidando a sus hermanitos (…) Hay niñas aquí en la

comunidad igual que se prostituyen, se han visto esos casos, es por el hambre, por la economía, no es que le agrade hacer

eso”.

La estigmatización social que sufren las familias de comunidades marginalizadas y empobrecidas es potenciada por el Estado que ha colocado a las víctimas de las pandillas también como sospechosas. La niñez, en este contexto, no se libra de ese estigma y sufre las consecuencias de un discurso que las coloca fuera de la protección de sus derechos. Nacer con cariño y crecer juntos son frases que no alcanzan a llegar a la niñez afectada por el régimen de excepción. 

La mirada de la niñez ante una política de seguridad, en teoría exitosa, muestra con mucha más claridad las contradicciones de una sociedad herida por la violencia, no solo por las pandillas, sino también por un Estado que no ha podido enfrentar las causas de esta problemática y ha insistido en la fuerza como única medida de abordaje. La violencia del Estado vuelve de nuevo a las comunidades que han logrado respirar de la crueldad de las pandillas, pero que siguen esperando una seguridad que no restrinja sus derechos, sino que los garantice sin recurrir al miedo y la amenaza. Hasta entonces, hasta que no logremos reconocer los impactos de una política superficial y punitivista, ese “margen de error” será mucho más grande y profundo del que se quiere admitir. 

Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual Contracorriente forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.

El 11 de diciembre de 2024, el Congreso Nacional de Honduras aprobó el ascenso de ocho coroneles al grado de general de brigada, entre ellos a Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien también fue nombrado nuevo comandante del ejército hondureño. Ardón había ocupado anteriormente cargos de jefatura y comandancia en la Guardia de Honor del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Dos fuentes militares confirmaron a Contracorriente que, además, Valerio era «mano derecha» del general Tulio Romero Palacios, quien en marzo de 2024 fue testigo en favor del expresidente hondureño en el juicio que se desarrolló en Estados Unidos. 

Texto: Fernando Silva
Fotografía: Cortesía

«Nombrar a partir de la fecha como comandante general del ejército al general de brigada Hector Benjamin Valerio Ardón, en sustitución del general de brigada Carlos Efraín Aguilar Hernández», fueron las palabras con las que el pasado 11 de diciembre de 2024 se hizo oficial el nombramiento en la ceremonia del 199 aniversario de la institución castrense. En el evento fueron ascendidos 8 militares al grado de general, 122 oficiales al rango de coronel, y 305 oficiales subalternos al rango de capitán, en una ceremonia a la que asistieron la presidenta Xiomara Castro, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y la titular de la Secretaría de Defensa y precandidata oficialista, Rixi Moncada.

Valerio Ardón ocupó puestos de liderazgo en la Guardia de Honor del expresidente Juan Orlando Hernández, ahora sentenciado en una corte del Distrito Sur de Nueva York por cargos relacionados con el narcotráfico. Además, dos fuentes militares le confirmaron a Contracorriente que Ardón ha sido mano derecha del general Tulio Romero Palacios, quien fue procesado por haber cometido el presunto delito de «abandono de destino» al acudir como testigo al juicio contra el expresidente en marzo de 2024, en Estados Unidos.

Valerio Ardón tendrá una de las posiciones de mayor poder en la institución garante de la forma de gobierno y el territorio en el país.

En febrero de 2022, cuando apenas iniciaba su Gobierno, Castro facilitó la extradición de Hernández a Estados Unidos, tras una campaña política en la que prometió arrancar las raíces del narco-Estado. 

¿Quién es Valerio Ardón y cuál es su relación con Tulio Romero? 

En el evento del 11 de diciembre, las Fuerzas Armadas ratificaron en sus cargos a casi toda la junta de comandantes; el único cambio en ese rango fue justamente el que colocó a Valerio Ardón al frente de la fuerza del ejército.

Una denuncia anónima de una fuente militar recibida por Contracorriente muestra a Valerio Ardón en varias fotografías acompañando al expresidente Juan Orlando Hernández en diversos momentos, incluyendo la toma de posesión tras la reelección inconstitucional y la crisis política de 2018.

De fondo, Hector Benjamín Valerio Ardón custodiando al expresidente Juan Orlando Hernández en su toma de posesión. Tegucigalpa, enero 2018. Foto: Cortesía.

Según la denuncia, el ahora general de brigada fungió como jefe de seguridad y asistente de campo del exmandatario. Contracorriente tuvo acceso a la hoja de vida del general, donde se evidencia que entre 2015 y 2019 pasó por diversos puestos en la Guardia de Honor Presidencial, desde comandante de escuadrón, jefe del departamento de recursos humanos, hasta jefe de organización, operaciones y adiestramiento. 

Luego de ocupar dichos puestos, Valerio Ardón fue asignado como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Maya Chortí, una fuerza binacional entre Honduras y Guatemala creada en marzo de 2015 por Hernández, que tiene entre sus objetivos reducir las operaciones del crimen organizado, neutralizar el narcotráfico y la delincuencia común, y suprimir operaciones de actividades relacionadas con estos crímenes.

La información enviada a Contracorriente también indica que Valerio Ardón era «mano derecha» del general Tulio Armando Romero Palacios, lo cual fue confirmado por otra fuente relacionada con la institución castrense. En marzo de este año, Romero Palacios viajó a Estados Unidos para testificar en favor del expresidente Juan Orlando Hernández durante el juicio que la Corte del Distrito Sur de Nueva York realizó contra el exmandatario. 

Al volver al país tras brindar testimonio, Romero Palacios, junto a Willy Oseguera Rodas —otro general activo que también testificó en favor de Hernández—, fueron procesados por un juzgado militar, y pagaron 1,800 lempiras de fianza para defenderse en libertad. Desde marzo de 2024, cuando ocurrieron estos hechos, no ha habido actualizaciones sobre el caso. 

El general Romero Palacios es uno de los hombres fieles del expresidente que enfrentó un juicio por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Fue su compañero en el Liceo Militar del Norte y, en 2010, se convirtió en edecán del entonces presidente del Congreso Nacional. Posteriormente, fue nombrado subjefe de seguridad del Congreso y, finalmente, jefe de la Guardia de Honor del expresidente. Además, Romero Palacios y Hernández compartían vínculos de negocios, al asociarse en empresas con miembros de la familia Hernández y funcionarios de confianza de su Gobierno.

Una nota de Contracorriente de marzo de 2024 explicó todos estos vínculos y apuntó que el general Romero Palacios también estuvo involucrado en la compra de un lote de terreno en el departamento de Yoro, que hasta 2007 perteneció a Miguel Humberto Rodriguez Carrión, asesinado el 26 de febrero de 2021 en San Pedro Sula, en una masacre en la que, según medios de comunicación, individuos con indumentaria policial asesinaron a seis personas.

Carrión fue mencionado en un informe de la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) publicado el 22 de enero de 2013, donde se le señaló como líder de la banda de crimen organizado Los Olanchanos, y estuvo en prisión por 16 meses entre 2017 y 2018, acusado por los cargos de extorsión, asociación ilícita y atentado contra la seguridad interior del Estado.

Contracorriente contactó a la ministra de defensa Rixi Moncada para hablar sobre los ascensos antes mencionados; sin embargo, hasta el momento de publicación de esta nota, no hubo respuesta.

Cuestionamientos ante los ascenso

El ascenso de los nuevos generales, entre ellos Valerio Ardón, fue aprobado por 90 diputados y diputadas del Congreso Nacional, 10 se abstuvieron y 3 votaron en contra. Una de las diputadas que se opuso al ascenso de los uniformados fue la doctora Ligia Ramos, del Partido Salvador de Honduras. 

Ramos explicó que el proceso para tener el suficiente conocimiento sobre cada candidato es muy expedito, por lo que normalmente todos los diputados y diputadas votan a favor y hasta después salen las denuncias contra los ascendidos, ya sea de la policía o las fuerzas armadas. 

«Nosotros decidimos que mientras no se cambie el mecanismo de ascenso para que se pueda hacer todo un proceso, y podamos estar seguros de que las personas por las que estamos votando, que sean ascendidas, son personas que no tienen nexos con narcotráfico, con crimen organizado o con violación de derechos humanos, entonces poder darles el visto bueno. Mientras no sea un proceso así, nosotros como bancada no vamos a acompañar», apuntó Ramos en una entrevista con Contracorriente.

Además, explicó que están proponiendo un mecanismo «un poco más exhaustivo», donde se hagan públicas las hojas de vida y se puedan hacer denuncias. Ramos también se refirió a algunas denuncias que recibieron sobre generales del ejército que han violado derechos humanos.

Uno de los generales ascendidos que ha sido señalado por abusos a derechos humanos es Ramiro Muñoz, actual jefe del sistema nacional penitenciario y comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). En octubre de 2020, el portal Defensores en Línea publicó una serie de denuncias por parte de familiares de reclusos en el Primer Batallón de Infantería, según las cuales «los oficiales a cargo de la custodia de este módulo, el coronel Ramiro Múñoz, capitán Oliva, tenientes Vásquez y Múñoz han cometido nuevamente abusos atentatorios contra nuestros confinados».

Actualmente, como responsable del Sistema Nacional Penitenciario y tras la designación de la PMOP al frente de las cárceles hondureñas, Muñoz ha enfrentado constantes denuncias por abusos a derechos humanos en los centros penitenciarios bajo su mando.

Por otro lado, sobre la forma en la que se seleccionan a los oficiales y se realizan los ascensos, Leonardo Pineda, analista y consultor en temas de seguridad, apunta que los ascensos, tanto en la Policía Nacional como en las Fuerzas Armadas, son escogencias directas de la presidencia del país.

«Ahí no va a llegar nadie que no tenga la venia de las más altas cúpulas del Gobierno, tanto políticas, como militares o policiales; son personas de confianza de quienes tienen el poder, aunque son instituciones jerarquizadas y van saliendo promociones, entonces a veces hay un pequeño mix de que tienen que ascender personas por obligación, pero generalmente tienen el visto bueno de la clase política», explicó Pineda.

Sobre los cuestionamientos que puede generar el nombramiento de una persona cercana al círculo de Juan Orlando Hernández en cargos importantes dentro de las Fuerzas Armadas, Pineda señala que dicha cercanía, debido a la omisión de deberes asociados al puesto, probablemente sí es motivo de cuestionamiento.

«El mismo Juan Orlando mencionó en su testimonio que había consultado con algunas personas de su círculo de confianza en las Fuerzas Armadas por las relaciones de su hermano con el narcotráfico, y que al advertirle lo que él dijo fue: “Vamos a llamarle la atención”. Obviamente, el proceso no debería haber sido ese. Si hay alguien involucrado, independientemente de que sea tu hermano, tenía que haber habido algo más claro», señaló Pineda.

Valerio Ardón fue parte de la Guardia de Honor presidencial entre 2015 y 2019. En la imagen, al lado izquierdo y cerca del expresidente Juan Orlando Hernández en una de sus intervenciones públicas.

Finalmente, Pineda destacó las denuncias presentadas por la viceministra de la Secretaría de Seguridad, Julissa Villanueva, sobre ascensos de oficiales de policía vinculados con estructuras del crimen organizado, y apuntó que «antes, cuando no había personas como ella, estas cosas pasaban desapercibidas; no había nadie dentro que se atreviera a señalar. Pero en este caso, ella está diciendo claramente que estas personas tienen o han tenido vínculos con el crimen organizado».

El pasado 21 de noviembre, el Congreso Nacional aprobó el ascenso de 38 oficiales de la Policía Nacional, entre ellos varios que han sido señalados por tener algún tipo de vínculo con estructuras del crimen organizado. Contracorriente publicó una nota sobre el caso de Wilson Antonio Alvarenga Núñez, promovido de comisionado a comisionado general —el segundo grado más alto después de general director— y quien en el juicio del narcotraficante Geovanny Fuentes en Estados Unidos fue mencionado como contacto de confianza del criminal.

La Unión Europea invertirá mil millones de lempiras en Honduras para promover la igualdad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Los proyectos se implementarán a través de cinco consorcios de la sociedad civil, integrados por 15 organizaciones con amplia experiencia en el fortalecimiento de capacidades locales.

Texto: Catherine Calderón
Fotos: Fernando Destephen  

En un acto simbólico que coincidió con la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, la Unión Europea (UE) anunció una inversión de más de mil millones de lempiras en Honduras. Esta contribución está destinada a la implementación de cinco proyectos de cooperación enmarcados en la iniciativa Global Gateway, cuyo propósito es abordar desigualdades estructurales, promover los derechos humanos y fomentar el desarrollo sostenible. 

Entre los proyectos financiados se encuentran el fortalecimiento de la gobernanza local, la protección social y ambiental vinculada a la construcción de la represa El Tablón, la recuperación del Lago de Yojoa, y la creación de entornos propicios para la participación ciudadana y la transparencia. 

El rescate del Lago de Yojoa, un ecosistema importante para Honduras, fue una de las promesas  del nuevo Gobierno. En 2022, la presidenta Xiomara Castro destinó 247 millones de lempiras para intervenir en el lago debido a su preocupante nivel de contaminación. Las primeras acciones incluyeron la destrucción de muelles y restricciones a la pesca artesanal, lo que generó tensiones con las comunidades locales. 

En el especial periodístico ¿Por qué muere el Lago de Yojoa?, Contracorriente relató que hay varios actores poderosos detrás de la destrucción de esta fuente de agua. Un catedrático de la Universidad de Colorado que estudió el ecosistema señaló como la mayor fuente de contaminación del lago y sus ecosistemas a los alimentos utilizados para la cría industrial de tilapia de la empresa Regal Springs Aquafinca. Según Cristina Marín, jefa de cooperación de la UE en Honduras, el objetivo de esta iniciativa es «impactar positivamente la vida de las personas, mejorando su calidad de vida y brindándoles oportunidades sostenibles». Hizo además hincapié en que no se pueden ejecutar proyectos que no incluyan a las comunidades en donde se desarrollen.

Los proyectos se implementarán a través de cinco consorcios de la sociedad civil, integrados por 15 organizaciones con amplia experiencia en el fortalecimiento de capacidades locales. La meta es empoderar a más de 25,000 beneficiarios directos, incluidos productores, emprendedores, jóvenes, mujeres y comunidades indígenas. Sin embargo, lograr una participación efectiva de las comunidades requiere superar barreras significativas, como la falta de recursos, la criminalización del activismo y las tensiones históricas en la gestión de proyectos de infraestructura.

Proyectos para abordar la participación de las mujeres en el sector cooperativista

Otro de los proyectos presentados el 10 de diciembre abordará el sector cooperativista hondureño, que cuenta con 1,456,0251 personas afiliadas, en su mayoría mujeres, con un 56.98 %. 

En abril de 2024, el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop) informó que el sector ha experimentado un crecimiento del 23 % desde 2022 hasta la fecha. Además, destacó que las cooperativas contribuyen a la economía del país con un poco más del 10 % del producto interno bruto (PBI).No obstante, las mujeres siguen teniendo una presencia limitada en los principales órganos de decisión del movimiento cooperativista y un escaso control de los medios de producción o recursos económicos, lo cual limita sus posibilidades de acceder a oportunidades de trabajo digno o de tener un nivel aceptable de desarrollo que les permita aspirar a la independencia económica a mediano o largo plazo.

Este proyecto estará liderado por We Effect, CARE Honduras y Consejo Nacional de la Mujer Cooperativista de Honduras (Conamucooph).

Aunque el sector cooperativista cuenta con una política de género, los avances en su implementación han sido limitados. Persisten desafíos en áreas clave como la adopción de medidas que transformen las relaciones de género y promuevan la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la economía del cuidado; el desarrollo progresivo de políticas y normativas con enfoque de género; el incremento del liderazgo y la participación paritaria de las mujeres en asambleas y cargos directivos; y el fomento del empoderamiento y la autonomía económica de las cooperativistas, siempre bajo una visión de desarrollo sostenible que garantice igualdad de derechos y oportunidades.

El anuncio de esta inversión de la Unión Europea es un recordatorio de que el desarrollo sostenible no solo requiere recursos financieros, sino también el compromiso real de las comunidades y los gobiernos para transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad

Fotografías y texto: Fernando Destephen

En la Plaza Los Dolores, ubicada en el centro de Tegucigalpa, y construida entre 1579 y 1815 alrededor de la iglesia del mismo nombre, pasan muchas cosas. Por ejemplo, un hombre perdido en el alcohol le grita a un grupo de empleadas de la alcaldía municipal; las mujeres se ríen, no pierden la compostura y siguen su trabajo.

Toda esa zona es conocida como Los Dolores, incluido un mercado heterogéneo en el que se vende desde frutas, verduras, ropa, zapatos, baleadas, y tortillas, hasta cartuchos (made in China) de videojuegos como Mario Kart 64 o Super Mario 64, esos juegos retro que infunden nostalgia a las viejas generaciones. Uno de los locales donde se pueden encontrar esos «juegos retro» es Mundo Gamer, propiedad de Ricardo Amador, un joven de 29 años que lidera el negocio de venta y reparación de consolas y controles, venta de videojuegos, figuras de anime, y todo lo relacionado con la cultura geek y gamer.

Miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) patrullan los pasillos del mercado en el contexto del operativo Navidad Segura. Tegucigalpa, diciembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Ricardo es miembro de la Ultra Fiel, de la generación de 2007, la barra brava que apoya con sangre y sudor al Club Olimpia Deportivo, el equipo de fútbol más laureado y poderoso del país. Su barra ha sido un fenómeno social en el que jóvenes de todas las edades han encontrado sentido de pertenencia; sin embargo, también ha sido parte de algunos de los episodios de violencia más lamentables en la historia de Honduras.

Este emprendedor cuenta que Mundo Gamer inició porque Melvin Servellón, coordinador nacional de la Ultra Fiel, le ayudó a cambiar la percepción de su vida y le mostró que por el camino que seguía su único destino era la cárcel.

Miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) patrullan los pasillos del mercado en el contexto del operativo Navidad Segura. Tegucigalpa, diciembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

En ese tiempo, en el año 2018, Melvin invitó a Ricardo a una serie de capacitaciones que eran parte de un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y de la organización no gubernamental Alianza por la Paz, para frenar la migración hacia los Estados Unidos. Nueve meses después de estar en el proyecto, Ricardo era otra persona, una que pensaba en ganarse la vida con algo que disfrutaba mucho: los videojuegos y el anime. 

El proyecto no apoyó a los emprendimientos con dinero, sino que les dio insumos para iniciar operaciones. Por ejemplo, para Mundo Gamer, Ricardo solicitó consolas, televisores y controles. Ahora, en el local 82 de la Plaza Los Dolores, tiene un par de vitrinas de vidrio llenas de figuras de anime, pósteres, controles, cartuchos de juegos retro, varios gaveteros de plástico, y en la pared cuelgan dos televisores y una espada de diamantes del juego Minecraft. Entre los televisores y debajo de la espada, hay tres stickers del Olimpia que le recuerdan su pasado: «Soy del Albo». «Ultras, no criminales». «La TЯOPA del B2».

Figuras de anime, chapas, stickers y posters son parte del inventario de Mundo Gamer. Tegucigalpa, diciembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

En su momento, Ricardo no terminaba de creerse el éxito que llegó a tener, ni ese cambio radical en él. Dice que «de un vago, pasé a ser un emprendedor que logró superar la pandemia del Covid-19 en 2020 con Mundo Gamer, vendiendo hasta dos consolas diarias y contribuyendo económicamente a mi hogar». Reconoce que no es fácil, pero se gana la vida haciendo lo que le gusta, trabajando de lunes a domingo, empujando su negocio y jugando en cada momento libre que tiene.

Ricardo es reconocido y respetado al ser «vieja guardia» de la Ultra Fiel; por eso aprovecha para platicar con otros miembros de la barra y usar su ejemplo. «Yo les digo a los demás: pucha, si yo pude, cómo no van a poder salir adelante ustedes», apunta. «Salir adelante» también significó para Ricardo el sacrificio de dejar de seguir al Olimpia en todos los partidos; también abandonar la carrera de Antropología, por los horarios de las clases, pues este emprendimiento es su único sustento económico.

El proyecto que apoyó la creación de Mundo Gamer fue dirigido a una población terciaria, personas que en algún momento tuvieron problemas con la ley y para quienes encontrar un trabajo es más difícil de lo normal por el estigma de haber estado privados de libertad, y por la falta de un programa de rehabilitación efectivo. Fue una iniciativa que inició en 2018 y terminó en 2019, y entre los proyectos que nacieron de esa iniciativa, Mundo Gamer es uno de los pocos que continúa.

Cartuchos de juegos retro, controles y figuras de anime en una vitrina de Mundo Gamer, en el mercado Los Dolores. Tegucigalpa, diciembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

La publicación Bajo el sol de las higueras reúne minificciones de estudiantes de tres universidades hondureñas, explorando temas que van desde la fantasía clásica hasta las crudas realidades sociales. Este proyecto literario busca potenciar la creatividad y reflexionar sobre el mundo que nos rodea.

Texto: María Eugenia Ramos
Portada: Persy Cabrera, con ilustraciones de Patricia Toledo


Un conjunto de microrrelatos —de 175 palabras como máximo— escritos por estudiantes de tres universidades hondureñas demuestra que la literatura puede ser un puente entre la fantasía y los ecos de una realidad desgarradora. En Bajo el sol de las higueras, un libro fruto de la colaboración entre la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Universidad Zamorano, presentado este 11 de diciembre en el Auditorio Leticia Ma Tay, se conjugan personajes y escenarios clásicos —dragones, unicornios, castillos, espadas y el espacio sideral— con las sombras de una realidad marcada por femicidios, despojo y muerte.

Autoridades académicas de las universidades, autoras y autores incluidos en la publicación Bajo el sol de las higueras, durante la presentación en el Auditorio Leticia Ma-Tay, Unitec. Tegucigalpa, 11 de diciembre de 2024. Foto: Cortesía de Fernando Escobar.

Esta es la tercera publicación conjunta universitaria dedicada a la minificción, con la coordinación de Fernando Escobar en representación de Unitec y Miguel Barahona por la UNAH. Este año se destaca la incorporación de la Universidad Zamorano, así como el agregado de una sección dedicada al haiku, género clásico de la poesía japonesa, como resultado de un taller impartido por la profesora argentina Jaquelina Tesei a docentes de la UNAH y Unitec. Además, se incluyó como autora invitada a Melissa Merlo, docente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), con la perspectiva de que el próximo año las cuatro universidades le den continuidad a la idea y se formalice con la suscripción de un proyecto.

Fernando Escobar, jefe académico del Área de Humanidades de Unitec Tegucigalpa, destacó que el equipo detrás de la publicación —personal administrativo, docente, talleristas, edición, ilustraciones— trabajó con la meta de «abrir una ventana creativa a sus estudiantes». En sus palabras introductorias al libro, nos dice que «en un mundo donde el surgimiento de la Inteligencia Artificial (IA) parece amenazar las actividades creativas, (…) más allá del perfeccionamiento de la forma o el respeto de las convenciones, fácilmente recreadas por la IA, (…) los autores median a través de sus obras la realidad que les rodea».

Por su parte, Águeda Chávez, de la Maestría en Literatura Centroamericana de la UNAH, escribe en el prólogo que «instituciones que gozan de gran prestigio en su calidad educativa han conjuntado esfuerzos para entregar a la literatura nacional, al canon de la escritura breve, una caja de sorpresas compuesta por piezas literarias de gran valor», a las que «ya se encargará la historia y la literatura de darles su lugar».

En el apartado de haikus, la profesora argentina Jaquelina Tesei describe como «gratificante» su experiencia de diseñar e impartir un taller en línea dirigido a docentes de la UNAH y Unitec. «La poesía japonesa», dice en la introducción, «tiene un fundamento cuyas bases se nutren, no solo de la literatura, sino de filosofías, religiones y la naturaleza misma»; por consiguiente, «construir un haiku implica un aprendizaje de conceptos que nos muestran un camino hacia la literatura que nunca antes habíamos recorrido».

En el lanzamiento del libro, realizado el 11 de diciembre en el Auditorio Leticia Ma Tay de Unitec Tegucigalpa, estudiantes, docentes y autoridades académicas expresaron su satisfacción ante los resultados del proceso, destacando el cuidado de la edición, la impresión y las ilustraciones de la artista hondureña Patricia Toledo. Para la mayoría de las autoras y autores, se trata de una primera publicación, y por tanto, una manera alentadora de cerrar el año con esperanzas. Su satisfacción y la de sus familias al ver sus trabajos impresos representa el enfoque que ha animado estos esfuerzos innovadores por contribuir a la producción literaria hondureña.

En Villanueva, Cortés, comerciantes y emprendedores enfrentan un panorama económico desafiante esta temporada navideña. Mientras algunos ven un repunte en la venta de bisutería, otros, como barberías y restaurantes, reportan ingresos bajos. La incertidumbre global, marcada por la ralentización económica e inflación, afecta a pequeños negocios en Honduras. Los economistas advierten que estos factores internacionales tienen un impacto directo en la actividad local, reflejando las dificultades de los sectores más vulnerables en sostener sus ingresos.

Texto: Allan Bu
Fotografías: Archivo Contracorriente y Fernando Destephen

«Pregunte, amor, sin compromiso», le dice Maryuri a una sexagenaria que se acerca a la mesa donde exhibe sus productos de bisutería y joyería en el Parque Central de Villanueva, Cortés, al norte de Honduras. La señora pregunta y luego se retira sin comprar.  Es un ritual que a menudo se repite en el comercio de esa zona en estos tiempos.

Cuando llega la Navidad, los emprendedores y comerciantes suelen hablar de la temporada alta de ventas. La actividad económica aumenta debido a que empleados públicos y privados reciben el aguinaldo y están dispuestos a gastar.  

Maryuri ha logrado vender muchas de sus piezas. Considera que la venta ha sido buena y espera seguir aprovechando la oportunidad de vender sus productos en el Parque Central de Villanueva. «Todo bien gracias a Dios, hay que aprovechar», sostiene. 

Pero hay otros que no están tan bien. Por ejemplo, Fernando trabaja en una barbería que queda a unas dos cuadras de distancia de donde está ubicada Maryuri, y el trabajo en ese rubro no ha aumentado en el mes de diciembre.

«Esto está pelado, compa», exclama, tras expulsar una bocanada de humo de su cigarrillo. Así como van las cosas, no sabe si el próximo año continuará en la barbería. 

En otro negocio de la zona, el restaurante de pollo frito de Gabo, las ventas han mejorado en los últimos dos meses, pero no llegan a cubrir las expectativas de estas épocas decembrinas. «La época alta no tiene mucho de esto, pero al menos se vende algo. La verdad, está bien golpeada la economía», sostiene. 

Contexto internacional

Emprendedores y comerciantes entrevistados por Contracorriente aseguran que siguen esperando la temporada alta característica de las festividades, pero aún no perciben un aumento de la actividad económica. El dinero se mueve lento, y los economistas dicen que hay una ralentización de la actividad económica. Hay varias razones para esta lentitud. En el 2022, el economista Julio Raudales le dijo a Contracorriente que la economía de Honduras, al ser pequeña y abierta, depende mucho del contexto internacional, especialmente de lo que pasa en Estados Unidos. Hay una expresión coloquial que resume lo dicho por Raudales: «Si en el norte estornudan, a nosotros nos da gripe», dicen. 

El informe de Coyuntura Regional de Centroamérica y República Dominicana del Consejo Monetario Centroamericano (CMC) destaca que, a septiembre de 2024, la economía de Estados Unidos creció un 2.4 %, mientras que la inflación se estableció en el mismo porcentaje. Esto contrasta con el crecimiento de China (4.6 %) y la zona euro (0.7 %), donde la inflación fue de 1.7 %, por debajo de la meta del Banco Central Europeo. En ese sentido, la inflación en Estados Unidos fue de 2.4 %, mientras que en la Unión Europea fue de 1.7 %. 

El economista y consultor Wilfredo Díaz le dijo a Contracorriente que espera que por lo menos el principal socio comercial de la región, Estados Unidos, siga con una dinámica positiva de crecimiento económico, y que esto apoyaría a se mantenga la expansión de la actividad productiva en Centroamérica.

«No obstante, hay mucha incertidumbre debido a diferentes factores, como las políticas económicas que promulgará la administración de Donald Trump; además, las tensiones geopolíticas en distintas zonas alrededor del mundo podrían incidir de forma negativa si se llegan a materializar, tanto a nivel de precios, como en cuanto a crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para los países de la región», sostuvo. 

Comercios y tiendas del centro de Tegucigalpa ofrecen ofertas para la temporada navideña. Distrito Central, diciembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Crecimiento regional

En la  región de Centroamérica y República Dominicana (CARD), la actividad económica ha presentado un crecimiento respecto al año anterior de 3.75 %. La República Dominicana se destacó como la economía de mejor desempeño con un crecimiento de 5.59 %, seguido de Guatemala (4.11 %), Honduras (2.90 %), Costa Rica (2.34 %), El Salvador (1.82 %) y Nicaragua (0.27 %). Estas cifras responden, entre otros factores, al aumento del crédito en el sector privado, así como a una moderada recuperación de la inversión extranjera (en algunos países), turismo, remesas y de las exportaciones, sostiene el informe del CMC. 

Comercios y tiendas del centro de Tegucigalpa ofrecen ofertas para la temporada navideña. Distrito Central, diciembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

En el caso de Honduras, el informe revela que el sector de electricidad y agua mostraron el mayor crecimiento al cierre de agosto de 2024 (10.33%). Además, en el país crecieron las actividades financieras y de seguros en un 7.10 %, seguido del comercio con un 5 %, mientras que lo referente a hoteles y restaurantes creció en 4.48%. 

Sin embargo, hay rubros que descendieron, como las industrias manufactureras, en la cual se han perdido miles de empleos, según los empresarios maquiladores. También hay variaciones a la baja en los sectores de transporte y construcción, a pesar de que el Gobierno de Xiomara Castro ha anunciado la mayor inversión de la historia en infraestructura que se ha hecho en Honduras.

El economista hondureño Wilfredo Díaz explicó que la disminución en la actividad del sector de la construcción se debe a una combinación de factores que no pueden ser compensados únicamente por la inversión pública, la cual representa el 15.5 % del plan de inversión nacional.

Entre los factores destacados que menciona están los desastres naturales, que pudieron haber suspendido o destruido proyectos de construcción; la escasez de mano de obra, probablemente ocasionada por la migración, no solo en Honduras, sino en toda la región; la aproximación del año electoral, que podría influir en las decisiones de la inversión privada; y los costos de insumos y restricciones financieras, como el aumento de tasas de interés, que podrían haber limitado el desarrollo de nuevos proyectos.

La inflación en la economía significa la subida generalizada de precios y servicios por un determinado tiempo. En Centroamérica, Honduras tiene la tasa de inflación más alta, con 4.5 %; le sigue Nicaragua, con un 3.61 %; luego Guatemala con 1.17 %, y finalmente Costa Rica y El Salvador, con 0.79 y 0.08 %, respectivamente. Según los datos del CMC, la inflación regional ya acumula 16 meses por debajo del 4 % interanual en el período que va de julio de 2023 a octubre de 2024.  

Honduras cerró el año 2022 con una inflación de dos dígitos, y aunque ahora este informe la coloca en 4% , en los mercados, tiendas y pulperías el mensaje de los consumidores se repite: «Todo está caro». Para contener las presiones inflacionarias, los países de la región han tomado varias medidas. Una de ellas fue elevar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en el período entre 2021 y 2022, pero a partir de septiembre de 2024 ya comenzaron a hacer ajuste a la baja, menos Honduras, que no subió la TPM cuando lo hicieron los otros países de la región y lo está haciendo justamente ahora. 

No obstante, Wilfredo Díaz cree que el aumento de la TPM no está relacionado con la inflación, sino que más bien responde a presiones del  tipo de cambio en el país.  «Esto tiene  que ver mucho con el esquema de política monetaria en Honduras», dijo. 

Para Alejandro Kafati, oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la tardanza en la toma de decisiones, no solo en la TPM sino también en cuanto a la devaluación gradual de la moneda que anteriormente, han generado incertidumbre en los mercados, particularmente en los inversionistas nacionales e internacionales, lo cual, en su opinión, «afecta la confianza en la estabilidad económica del país».

Kafati explicó que la TPM es una herramienta que contribuye a controlar la inflación y a estabilizar la economía; sin embargo, su impacto no es inmediato y por tanto, un ajuste tardío, como el que hubo en Honduras, contribuye a un ciclo económico desfavorable, ya que el ajuste no será suficiente para contrarrestar la inflación, la falta de atracción de inversiones y la disminución de reservas internacionales. Agregó que estos factores y otros, como la dificultad para comprar dólares, están contribuyendo a una dinámica de ralentización económica. 

Instó a las autoridades monetarias a hacer los ajustes en el tiempo justo: «Es crucial que la autoridad económica tome decisiones oportunas, de manera técnica y no política», recalcó. 

En lo que respecta a las exportaciones e importaciones, en el país, las exportaciones sumaron 8,580.9 millones de dólares, con una disminución  de 4.1 % respecto al año anterior; mientras que las importaciones se situaron en 14,774.0 millones de dólares, denotando un alza de 1.9 % respecto al mismo período de 2023. 

El comportamiento de las exportaciones se explica fundamentalmente por la disminución de envíos externos de productos agrícolas y manufacturados como banano, café y aceite crudo de palma, entre otros, a causa de una combinación de factores, entre los que destacan los fenómenos climáticos adversos, incidencia de plagas, menores precios internacionales y menor disponibilidad de mano de obra, este último relacionado con la migración, de acuerdo con el economista Wilfredo Díaz. 

En las importaciones hubo un aumento, y el informe explica que se debe principalmente a mayores importaciones de regímenes definitivos, destacando equipos de transporte, alimentos y bebidas. También hubo un aumento en las importaciones de productos destinados a la industria maquiladora, lo cual contradice el discurso de los voceros de la industria, quienes aseguran que la pérdida de empleos en el rubro se debe precisamente a la baja demanda en el exterior. 

Si comparamos con la región, observamos que Nicaragua, gobernada por la dictadura Ortega-Murillo, registra un déficit de 2,088.4 millones de dólares, cifra que, aunque es menor que la de Honduras —que registró 6,193.1 millones de dólares en su desbalance comercial—, tuvo un incremento del 39.3 % respecto al año anterior. 

En El Salvador, al tercer trimestre, el comportamiento de las exportaciones e importaciones resultó en un déficit de la balanza comercial de 6,852.8 millones de dólares, con un aumento del 2.2 % (150.4 millones de dólares). Esta cifra contradice el discurso triunfalista de Nayib Bukele, ya que una balanza comercial negativa puede derivar en un aumento de la deuda externa y la pérdida de empleos. Mientras tanto, en Costa Rica, al tercer trimestre de 2024, la balanza comercial acumuló una brecha negativa de 2,893 millones de dólares. 

A septiembre de 2024, la región CARD mostró un aumento en su déficit comercial equivalente a 6.0 %, debido a la expansión de las importaciones en la mayoría de los países, como resultado del incremento en las compras de bienes de consumo y de materias primas. Honduras, incluso, está por arriba de ese promedio. 

Por otro lado, en Honduras sigue creciendo el flujo de las remesas, que es parte esencial de la economía nacional. Hasta septiembre de 2024, habían aumentado en un 5 % respecto al mismo período en el 2023. En la región ingresaron en total 41,473 millones de dólares hasta el tercer trimestre de 2024. Guatemala siguió siendo el principal receptor de remesas de la CARD, (15,835 millones de dólares), seguido de República Dominicana (7,998.7 millones), Honduras (7,194.3 millones), El Salvador (6,134.7 millones). Nicaragua aumentó en un 39 % respecto al año anterior, pero sigue en el quinto lugar, con 3,828.3 millones de dólares. 

Con base en el peso que tienen las remesas en el PIB como comparación, el informe indica que la economía guatemalteca es la más grande de este año, pues aunque ese país es el mayor receptor de divisas de la región, solo representan el 15 % de su PIB; en cambio, para Honduras y Nicaragua, los envíos de dinero que hacen sus ciudadanos desde el exterior constituyen el 40 % del PIB, el 35 % para El Salvador y solamente un 1 % para Costa Rica. 

De acuerdo con las proyecciones en el informe del CMC, la República Dominicana terminaría con el mejor crecimiento en la CARD con 5.4 %, seguida de Costa Rica y Nicaragua con un 4.0 %. Se espera que las economías de Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá se expandan en 3.60, 3.4, 3.0 y 2.50 %, respectivamente. 

Los países de la región crecerán por arriba de la media proyectada en América Latina, que es de 2.10 %, pero por debajo del promedio mundial de las economías emergentes (antes llamadas países en vías de desarrollo), que se prevé crecerán a un ritmo del 4 %.

A criterio de Wilfredo Díaz, tanto la balanza comercial como las remesas pueden generar presiones inflacionarias. «Desde el punto de vista de la balanza comercial, la inflación puede verse afectada por el valor de las importaciones, es decir, choques de precios de bienes importados se trasladan a nivel de precios nacional. Respecto a las remesas, también pueden generar inflación, debido a que en gran medida son utilizadas para consumo; esto genera aumento en la demanda que podría generar presiones inflacionarias», indicó.

Y estos números fríos, aunque son determinantes para el comportamiento de las economías, a veces pasan desapercibidos para emprendedores y trabajadores como Maryuri y Fernando, quienes buscan en diciembre elevar sus ventas para esperar y hacer frente a un período de recesión. «Hay que aprovechar ahorita, porque en enero esto se pone pelado», comenta Maryuri. 

Por Contracorriente

En Contracorriente defendemos el periodismo como pilar de la democracia, por lo tanto nuestra independencia y la libertad de prensa no pueden ser comprometidas por ninguna organización o gobierno. Estamos obligadas hoy a responder a un comunicado de la Oficina de Naciones Unidas en Honduras porque nos vulnera frente al poder que increpamos. 

El día 12 de diciembre de 2024, la Oficina de Honduras de la Organización de Naciones Unidas publicó un comunicado con «respecto a las expresiones que circulan en redes sociales y medios de comunicación refiriéndose a la Vicesecretaria General de Naciones Unidas Sra. Amina Mohammed», aclarando que «la Vicesecretaria general no concedió una entrevista específica sobre este tema. En el contexto de una reunión con un grupo de periodistas que tuvo lugar hace más de un mes, cuando se le preguntó sobre este tema, la vicesecretaria general recordó que las negociaciones con el Estado de Honduras están en curso y el resto de su respuesta se refirió a temas de impunidad a nivel global».  

Aunque no lo mencionan directamente, se refieren a una nota y un video publicados por Contracorriente el 10 de diciembre de 2024, en los que citamos a la vicesecretaria general de la Organización de Naciones Unidas Amina J. Mohammed, ya que ella respondió a una pregunta formulada por la periodista Vienna Herrera en el marco de la beca Reham al-Farra Memorial Journalism Fellowship (RAF) organizada por la ONU, con la que cubrió la 79.a Asamblea de la ONU en Nueva York el pasado 26 de septiembre de 2024, extendida hasta una reunión virtual «on the record» en noviembre de 2024. 

Contracorriente cuenta con un manual de respuesta, rectificación o aclaración pública para que las personas u organizaciones que consideran no haber sido tratadas con justicia en un reportaje o nota periodística puedan reclamar. Lamentamos que la Oficina de Naciones Unidas en Honduras no usara el procedimiento adecuado para aclarar lo que ellos consideran no fue tratado con justicia o rigurosidad en la nota periodística. 

Después de que la Oficina de Honduras de Naciones Unidas realizó esta acción, el Gobierno de Honduras, a través de su canciller Enrique Reina, calificó nuestra publicación de «noticia falsa», asegurando que la entrevista «nunca ocurrió», refiriéndose a la cita de la vicesecretaria publicada por este medio. Esta declaración tergiversa la información e ignora los hechos, datos y demás declaraciones de diversos analistas presentados en la nota periodística para dar contexto al tema de la Cicih, y es especialmente delicado, ya que el mismo canciller no respondió a nuestras solicitudes de entrevista para tener la versión del Gobierno al respecto. 

Como nuestro compromiso principal es con la audiencia, queremos compartir con ustedes la transcripción completa de la pregunta específica y la respuesta de la vicesecretaria Amina Mohammed realizada en una reunión virtual «on the record» el pasado 14 de noviembre organizada por la beca RAF de la ONU, con los becarios elegidos. La periodista Vienna Herrera realizó la siguiente pregunta, la cual fue enviada vía correo 15 días previos a la reunión: 

Pregunta íntegra:

Honduras is currently in discussions with the UN regarding an agreement to establish a Commission Against Impunity and Corruption, similar to one that previously existed in Guatemala. These negotiations have been ongoing for some years, and it is said that one reason the agreement has not been finalized is that this government, in its early months, approved a law granting immunity to all former officials from the administration of former President Manuel Zelaya, who is the current president’s husband, for any crimes related to public administration. Could you clarify if this is accurate?

Traducción al español:

Honduras se encuentra actualmente en conversaciones con la ONU sobre un acuerdo para establecer una Comisión Contra la Impunidad y la Corrupción, similar a la que existía anteriormente en Guatemala. Estas negociaciones se vienen realizando desde hace algunos años, y se dice que una de las razones por las que el acuerdo no se ha concretado es que este gobierno, en sus primeros meses, aprobó una ley que otorga inmunidad a todos los exfuncionarios de la administración del expresidente Manuel Zelaya. quien es el esposo de la actual presidenta, por cualquier delito relacionado con la administración pública. ¿Podría aclarar si esto es exacto?

Transcripción de la respuesta íntegra en idioma original: 

Oh yeah, I can’t go into the details of where we are on this particular issue what I can say is that memorandum of agreement for the UN to support Honduras to do this is in its way and it is taking years because essentially the reason for wanting to put an institution like that together is that we do not have sufficient justice and accountability, within a society and where government owes its people to do just that. There is, you know, the three arms of government, where government deals is institutions, the Judiciary and the Parliament, but they’re not working well enough. I know that in my country, we put together an anti-corruption institution, and it took quite a while to do. 

The biggest and contentious issues are always inmunity and we tend to, we focus on that because many will feel that that’s a huge loophole for people to go through, if we’re trying to be trying to get Justice and accountability. And we have to try to do something about that. I don’t know that we should spend many more years because that becomes the one barrier that we’re trying to get over. Or do we set the institutional and know that we’re going to have to have a progressive way to get to what we want to be. And I say that now because quite frankly look around you, there are countries who have these institutions and who still with impunity run their countries. So I think it’s always better to have that institution to have it, roll out, what it is intended to do and in terms of justice and accountability transparency and then work on implementation of that institution’s mandate.

So the struggle I think continues to try to get it done and I think, you know, the message needs to be: Impunity is one of the reasons why was setting up the institution to begin with. But every country is different in how badly that is ingrained in the fabric of the society.  And if that’s the case, you’re not going to be able to start from here. You will have to start from the foundation incrementally to get to where you need to get to. 

So I don’t want to, you know, I don’t want to shape, you know whatever is happening in Honduras with that process as it is. But I do think there’s a sense of urgency. This is being going on for a few years. It needs to get to a conclusion. But perhaps you will have to take less to get more in the longer time or you keep going for the longer time to get everything that you want. But understand that in the meantime, many people are going to lose, lose their lives. Impunity will increase and be more difficult to roll back. I mean, there are certain realities to this for which discourses need to happen. And we know that governance is a massive problem across the world. It’s a global issue.

Traducción al español: 

Oh, sí, no puedo entrar en detalles sobre en qué etapa estamos respecto a este tema en particular. Lo que puedo decir es que el memorándum de entendimiento para que la ONU apoye a Honduras en este esfuerzo está en proceso y ha tomado años porque, esencialmente, la razón para querer establecer una institución de ese tipo es que no tenemos suficiente justicia y rendición de cuentas en una sociedad donde el gobierno tiene la responsabilidad de cumplir con ello. Existen los tres poderes del gobierno: las instituciones, el poder judicial y el parlamento, pero no están funcionando de manera adecuada. En mi país establecimos una institución anticorrupción, y tomó bastante tiempo. 

Los temas más grandes y controversiales siempre giran en torno a la inmunidad. Nos enfocamos en eso porque muchos consideran que es una gran laguna que permite evadir la justicia y la rendición de cuentas y tenemos que intentar hacer algo al respecto. No creo que debamos dedicar muchos años más a este tema, ya que se convierte en la barrera principal que intentamos superar: o establecemos la institución con la idea de que tendremos que avanzar de manera progresiva para alcanzar lo que queremos. Lo digo ahora porque, sinceramente, si miramos a nuestro alrededor, hay países que tienen estas instituciones y que, aun así, gobiernan con impunidad. Así que creo que siempre es mejor tener esa institución, que comience a cumplir con su propósito en términos de justicia, rendición de cuentas y transparencia. Luego, trabajaremos en la implementación del mandato de esa institución.

Así que la lucha, creo, continúa para intentar que se logre. Y creo que, ¿sabes?, el mensaje debe ser: La impunidad es una de las razones por las que se está creando esta institución desde el principio. Pero cada país es diferente en cuanto a cuán profundamente está arraigada en el tejido social, y si ese es el caso, no se podrá empezar desde aquí; habrá que empezar desde los cimientos, avanzando poco a poco hasta llegar a donde se necesita. Así que no quiero condicionar lo que esté ocurriendo en Honduras con este proceso tal y como está. Pero creo que existe un sentido de urgencia. Esto ha estado en marcha durante algunos años y necesita llegar a una conclusión. Pero quizás tengas que ceder en algunos aspectos para obtener más a largo plazo o seguir adelante durante más tiempo para conseguirlo todo. Pero hay que entender que, mientras tanto, muchas personas perderán la vida. La impunidad aumentará, y será más difícil revertirla. Hay ciertas realidades para las cuales se necesitan discusiones. Sabemos que la gobernanza es un problema enorme en todo el mundo; es un problema global.

– Fin de la transcripción

***

La nota periodística publicada por este medio cita a la vicesecretaria en español de la siguiente manera:  «Los temas más grandes y controversiales siempre giran en torno a la inmunidad. Nos enfocamos en eso porque muchos consideran que es una gran laguna que permite evadir la justicia y la rendición de cuentas, y tenemos que intentar hacer algo al respecto. No creo que debamos dedicar muchos años más a este tema, ya que se convierte en la barrera principal que intentamos superar», explicó, tras preguntarle si en las negociaciones para la Cicih ha tenido peso la aprobación de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, más conocida como “ley de amnistía política”, que otorga amnistía a personas víctimas del golpe de Estado y exempleados o autoridades electas durante el gobierno del expresidente Zelaya Rosales, incluyendo delitos de corrupción».

Por otro lado, al redactar la nota, la periodista Vienna Herrera buscó a otros analistas, entre ellos, el hondureño Leonardo Pineda, quien expresó que los retrasos en reformas legislativas también estaban retrasando la instalación de la Cicih. En nuestras publicaciones nunca hemos dicho que el convenio no continúa en negociación y, al contrario, aportamos para explicar en qué etapa se encuentra, ya que se trata de un asunto de interés público. 

Si bien es cierto que las declaraciones de la vicesecretaria fueron brindadas hace 30 días, la nota periodística no se basa solamente en ellas, sino que actualiza el tema y ofrece diversas perspectivas sobre las preocupaciones alrededor de la negociación del convenio entre ONU y el gobierno de Honduras para la instalación del organismo internacional anticorrupción. En lo que aceptamos una omisión fue en explicar el contexto en el que se dio la respuesta a nuestra pregunta específica sobre la CICIH y los posibles obstáculos (una reunión virtual «on the record» el pasado 14 de noviembre).

Finalmente, reafirmamos que Contracorriente continuará haciendo periodismo, increpando al poder y atendiendo las preocupaciones de la sociedad hondureña con respecto a la corrupción, falta de transparencia e impunidad en el país. 

 

 

En la portada se usó una imagen generada con IA

Después de que Contracorriente publicara un reportaje revelando la compra de créditos de carbono por parte de la multinacional Uber y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a un proyecto hidroeléctrico irregular en Honduras, ambos negaron su responsabilidad a este medio, vía correo electrónico. La compra de estos créditos ha servido como garantía de pago de la deuda a la banca nacional por la construcción de la hidroeléctrica denunciada por no respetar los derechos indígenas ni las tierras de reforma agraria.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Fernando Destephen

«El BCIE está comprometido con la sostenibilida ambiental y social de los países que servimos, aplicando una política ambiental y social sólida», contestó el Banco Centroamericano de Integración Económica a este medio de comunicación, después de la publicación de un reportaje que revela cómo el banco y otras empresas han comprado créditos de carbono para compensar su contaminación al ambiente a través de una hidroeléctrica con irregularidades en Honduras.

En el reportaje contamos cómo el BCIE, además de comprar créditos de carbono en 2022 al programa Guacamaya Small Scale Hydropower Program —el cual contiene tres hidroeléctricas en Nicaragua, Costa Rica y Honduras—, también financió los estudios de factibilidad para la hidroeléctrica Puringla-Sazagua en  Honduras en 2009, con 315 mil dólares, lo que equivale a 5,922,000 de lempiras de ese entonces.

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Sobre esto, el BCIE dijo en su respuesta vía correo electrónico que en 2008 aprobaron una cooperación con recursos del Fondo Español de Consultoría para financiar estos estudios, que finalizó en 2010, pero que no participaron en el financiamiento de la construcción de dicho proyecto y que no han tenido vinculación con él más allá del financiamiento de los estudios, datos que mencionamos.

De este modo, el banco asegura desconocer las irregularidades reveladas en este reportaje, y también niega haber realizado un proceso de compra o venta de créditos de carbono relacionado con el proyecto, lo cual contradice el certificado de compra de créditos de carbono que se reprodujo en el reportaje, que está disponible en registro de programas y proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM por sus siglas en inglés) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Certificación de compra de créditos de carbono por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al Programa Guacamaya en 2022.

En el caso de Uber, una empresa multinacional que ofrece servicios de transporte y es predominante en Latinoamérica, la respuesta que dieron fue asegurando que la empresa solo invierte en proyectos debidamente certificados y con el respaldo de varias entidades.

«Uber solo invierte en proyectos que cumplen con estrictos estándares de debida diligencia y son certificados, rastreables y auditables por Verra, las Naciones Unidas, Gold Standard y Climate Action Reserve», dijo la empresa a este medio de comunicación vía correo electrónico, apuntando que estas son las entidades responsables de que todo esté en orden con los programas o proyectos mediante los cuales se efectúa la venta de créditos de carbono.

La empresa también puntualizó que, en este caso, Anaconda Carbon es la que se encarga de medir, mitigar y compensar mediante la compra de certificados de bonos de carbono la huella producida por los vehículos arrendados mediante la aplicación de Uber, y que, mediante este mecanismo, han logrado compensar 120 mil toneladas de gases de efecto invernadero en Latinoamérica.

Christian Giles, uno de los socios y director de Anaconda Carbon, dijo a este medio de comunicación que desconocía de irregularidades en el proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua, el cual se construyó en tierras destinadas a la reforma agraria, sin una consulta previa libre e informada a la población lenca del lugar, y con irregularidades en el trámite de su licencia ambiental, como la solicitud de cambio de la potencia en su fase de operación. Además, se ha criminalizado a los campesinos lencas, que han sido acusados de usurpar sus propias tierras.

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En sus declaraciones para el reportaje previamente publicado por este medio, Giles dijo que, de existir irregularidades, la certificación de los bonos de carbono no podría ser efectiva, y que tanto Naciones Unidas como la fundación Gold Standard no darían su certificación para la venta de créditos de carbono.

La venta de créditos de carbono fue una de las fuentes para financiar la construcción de Puringla-Sazagua, los cuales fueron utilizados como garantía de pago de una deuda de 22 millones de dólares, unos 429 millones de lempiras en ese entonces, contraída con Banco Atlántida. El préstamo con el banco fue con la condición de que los ingresos generados a partir de la venta de créditos de carbono fueran destinados al pago de la deuda exclusivamente, según lo estipula el contrato firmado entre la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), empresa desarrolladora de la hidroeléctrica, y Banco Atlántida.

«Los ingresos provenientes del carbono están descritos en el acuerdo de pago entre Banco Atlántida y el dueño del proyecto, por lo que se concluye que los ingresos provenientes de la captura de carbono ayudaron a superar el obstáculo de financiación del proyecto», indican los documentos de monitoreo del programa.

En este tipo de tratos, las comunidades locales no tienen voz ni voto, y tampoco reciben una compensación. La edificación de la hidroeléctrica ha representado el despojo y la escasez de agua para la población lenca de Sazagua, en el departamento de La Paz, que enfrenta un proceso de criminalización y no tiene conocimiento de que mediante este proyecto las empresas pueden compensar su contaminación al ambiente.

En sus redes sociales, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) expresó su indignación ante un mecanismo que opera mediante un proyecto que ha desplazado y amenazado a una población indigena. Además, agregaron que el Gobierno no garantizó la participación de las poblaciones indígenas en este mecanismo cuando se aprobó una ley que permitirá al Estado regular las transacciones de carbono.

En otra publicación de este medio de abril de 2024, que revela irregularidades en el diseño de un proyecto para la captura de carbono en La Moskitia, Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, dijo que con la aprobación de esta normativa se violentaba la consulta a los pueblos originarios.

«Yo creo que es totalmente nefasto que, en nombre del ambientalismo y de la protección de los recursos, se esté violentando el derecho a la verdadera consulta a los pueblos indígenas y originarios, que han vivido durante siglos en estos territorios», dijo Miriam Miranda en esa ocasión.

Mientras los pueblos originarios continúan siendo despojados y criminalizados por defender sus territorios, las empresas tienen la posibilidad de compensar su contaminación al ambiente mediante proyectos como estos, que no han traído desarrollo y que han generado conflictos en las comunidades donde se han instalado. 

El gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) extendieron por cuarta vez un memorándum de entendimiento para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih). En una entrevista con Contracorriente, la vicesecretaria General de la ONU, Amina J. Mohammed, confirmó que uno de los puntos de discordia es la amnistía a exfuncionarios aprobada por el Gobierno. Además, según los analistas, hay retrasos porque aún hay reformas legislativas pendientes y el gobierno quiere involucrarse en el financiamiento y la elección de miembros.

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Archivo CC

El gobierno de Honduras y la ONU han extendido por cuarta vez el memorándum de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih). En septiembre de 2024, la presidenta Xiomara Casro entregó un segundo borrador de convenio que aún no ha sido aprobado por Naciones Unidas porque sigue en negociaciones. 

Amina J. Mohammed, vicesecretaria General de la ONU, le dijo a Contracorriente que, aunque no podía entrar en detalles sobre en qué parte de la negociación se encuentra el convenio, el proceso ha tomado años por la necesidad de establecer una institución sólida que pueda hacer frente a un sistema de justicia y rendición de cuentas ineficiente en el país. 

«Los temas más grandes y controversiales siempre giran en torno a la inmunidad. Nos enfocamos en eso porque muchos consideran que es una gran laguna que permite evadir la justicia y la rendición de cuentas, y tenemos que intentar hacer algo al respecto. No creo que debamos dedicar muchos años más a este tema, ya que se convierte en la barrera principal que intentamos superar», explicó, tras preguntarle si en las negociaciones para la Cicih ha tenido peso la aprobación de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, más conocida como «ley de amnistía política», que otorga amnistía a personas víctimas del golpe de Estado y exempleados o autoridades electas durante el gobierno del expresidente Zelaya Rosales, incluyendo delitos de corrupción. 

La ley fue aprobada por el Congreso Nacional el 3 de febrero de 2024 y el pasado 8 de octubre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la declaró como constitucional. Varios  exfuncionarios se han amparado en esta ley, entre ellos Marcelo Chimirri, exgerente de Hondutel que en 2017 fue sentenciado por enriquecimiento ilícito, fraude y abuso de autoridad; Enrique Flores Lanza, el exsecretario de la Presidencia y ahora asesor presidencial, que enfrentaba acusaciones por fraude, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos; y Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde sampedrano, que utilizó la amnistía en cuatro de las siete causas penales que por enfrenta abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

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Cuando se conoció de esta resolución de la CSJ, la organización centroamericana dedicada a la defensa de los derechos humanos y la protección de las víctimas de violencia Cristosal emitió un comunicado señalando que esta amnistía «constituye un grave retroceso para el Estado de Derecho y los derechos humanos en Honduras. Esta decisión crea una distinción arbitraria que atenta contra la justicia y contraviene las obligaciones internacionales del país bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige la investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos. Al perpetuar la impunidad, se obstaculiza la lucha contra la corrupción y se envía un mensaje peligroso de que las malas prácticas pueden quedar impunes».

Mientras tanto, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, se pronunció hoy sobre la importancia que se instale este mecanismo en el país. «La corrupción es terrible en este país, ha impactado en cada persona y es importante construir un mecanismo diferente para luchar contra la corrupción. Yo creo que la Cicih es uno de los mecanismos muy importante», expresó ante medios de comunicación.

La vicesecretaria de la ONU, por su parte, añadió que «no quiero condicionar lo que esté ocurriendo en Honduras con este proceso tal y como está, pero creo que existe un sentido de urgencia. Esto ha estado en marcha durante algunos años y necesita llegar a una conclusión. Quizás tengas que ceder en algunos aspectos para obtener más a largo plazo o seguir adelante durante más tiempo para conseguirlo todo, pero hay que entender que, mientras tanto, muchas personas perderán la vida, la impunidad aumentará, y será más difícil revertirla», sentenció.

Contracorriente contactó al canciller de la república, Enrique Reina Flores, a través de la Directora de Comunicación Estratégica de esa Secretaría, para conocer la postura del gobierno ante estas declaraciones y obtener más detalles sobre la negociación; sin embargo, tras varias solicitudes de entrevista, no obtuvimos respuesta.  

Otros puntos en disputa durante la negociación

Este año, el gobierno reveló que había solicitado a la ONU desclasificar toda la documentación de las negociaciones sobre la Cicih. Sobre esta secretividad, Stéphane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, le dijo a Contracorriente en septiembre que no era útil entrar en los detalles: «Las negociaciones consisten en que dos partes con diferentes opiniones se unan para un bien común, y eso es exactamente lo que está ocurriendo», explicó en esa ocasión. 

Mientras tanto, hay múltiples análisis sobre los temas que detienen la instalación del mecanismo más allá de la amnistía política. De acuerdo con el analista político Leonardo Pineda, de parte del ejecutivo está la escogencia de las personas que van a integrar la misión. «El Gobierno quiere que se haga a través del fiscal general que se dé el visto bueno, y eso va a ser una gran limitante. Otra cosa es el tema del financiamiento. El gobierno ha dicho que quiere poner dinero para la operatividad de Cicih y eso también es un problema. Aquí hay un dicho popular, que quien paga el mariachi pide la música, ¿verdad?», cuestionó.

Pineda añadió que en cuanto al Poder Legislativo hay una serie de reformas y leyes que no se han logrado concretar, como la Ley de Colaboración Eficaz, que aun no pasa a segundo debate en las sesiones; las reformas al Código Penal, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, la existencia de una asignación de subvenciones de la presidencia a los diputados, y las facultades que aún tiene el Tribunal Superior de Cuentas para detener investigaciones de lavados de activos y malversación de caudales públicos que involucran a diputados y diputadas y la figura de acusador privado.

Cuando el gobierno entregó el primer borrador de la Cicih en septiembre de 2023, no se planteó este ente como un acusador privado, sino como un acompañante de la Fiscalía, similar a como funcionó en su momento la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), situación por la cual ese organismo tuvo muchas dificultades. Para septiembre de 2024, el gobierno declaró que este convenio sí se planteó de esa forma. 

Pineda añadió que esa figura requiere también de reformas legislativas. «Sería de modificar el Código Procesal Penal, pero el Gobierno quiere hacerlo a través de una modificación institucional y ahí es donde está el problema. Si lo hacen así, como lo propuso en su momento la diputada Hortensia Zelaya, obviamente no tendríamos Cicih hasta 2026 porque tendría que ratificarse en segunda legislatura. Creo que ahí hay un problema», señaló el analista.

Las exigencias de la ciudadanía ante la Cicih

Un estudio del Instituto Holandés para la Democracia (NIMD) publicado en agosto de 2024 sobre percepción de la corrupción, transparencia y las condiciones para la instalación de Cicih, reflejó que un 88 % de la ciudadanía quiere que venga este mecanismo al país, y un 77.4 % cree que es urgente que este mecanismo investigue y condene a funcionarios actuales del gobierno. Asimismo, señalaron que para un 61 % era importante la llegada de este mecanismo para decidir por quién votar en las próximas elecciones. 

Asimismo, el estudio Impactos de la corrupción en el acceso a la justicia de las mujeres frente a la violencia de género en Honduras, del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), publicado el 5 de diciembre de 2024, señaló que la Cicih también debe «analizar e investigar el funcionamiento de la corrupción de género en el sistema de administración de justicia, y el ejercicio de las redes de corrupción involucradas en las muertes violentas de mujeres o tráfico de mujeres para la explotación sexual, porque estos aspectos cuentan con poca investigación».

Yadira Minero, investigadora del estudio, agregó que «se está pidiendo que desde su mandato hasta los protocolos, los objetivos, los indicadores para medir el avance, se hagan desde la perspectiva de género, que incluyan la problemática que enfrentan las mujeres al pedir acceso a justicia. La MACCIH dejó recomendaciones de género, hablan de que se les exija a los funcionarios que tomen en cuenta a la hora de aplicar la ley la vulnerabilidad de los diferentes sectores, una vulnerabilidad que es creada por las condiciones de discriminación», señaló.

Para el analista Pineda, la llegada de la Cicih también implica que la ciudadanía se active. «Si la ciudadanía, la sociedad civil, las organizaciones no se activan, los políticos van a estar cómodos porque siempre van a estar en un espacio donde no se sienten amenazados, no van a sentir el sentido de urgencia que realmente tenemos. La Cicih no es una promesa de campaña, no tiene tres años de no venir, la Cicih es una exigencia del pueblo hondureño desde 2015», destacó. 

Por su parte, la vicesecretaria de la ONU, Mohammed finalizó diciendo que en este momento «hay países que tienen estas instituciones [en referencia a comisiones como la Cicih] y que, aun así, gobiernan con impunidad. Así que creo que siempre es mejor tener esa institución, que comience a cumplir con su propósito en términos de justicia, rendición de cuentas y transparencia. Luego, trabajaremos en la implementación del mandato de esa institución», concluyó. 

Por José Giddel Alvarado
Portada: Persy Cabrera

El Programa de Inversión Pública en Honduras para el sector de las artes y la cultura en 2025 propone una inversión de 221.1 millones de lempiras, dividida entre inversión productiva y social para fortalecer la infraestructura cultural y apoyar a las instituciones sin fines de lucro. Esta cifra representa un esfuerzo significativo en comparación con años anteriores, pero, ¿es esta cantidad suficiente para atender las necesidades del sector cultural del país?

En términos generales, el punto más favorable del plan es el aumento de 89.9 millones con respecto a los 40 millones asignados en el 2024, lo que supone un incremento del 225 %. Este avance refleja el creciente reconocimiento del papel crucial que juegan las artes y la cultura en el desarrollo del país. Además, 148 millones se destinarán a la restauración de importantes centros culturales e inmuebles patrimoniales, lo que ayudará a preservar el legado cultural y generar oportunidades económicas, como el turismo y el empleo.

También es destacable la inversión en la restauración de teatros históricos como el Manuel Bonilla y el Nicolás Avellaneda. Estas iniciativas son cruciales para preservar el patrimonio cultural y garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de espacios artísticos que promuevan la educación y la formación cultural.

A pesar de estos avances, los 73.1 millones asignados a la inversión social, destinados a transferencias para instituciones culturales sin fines de lucro, son insuficientes frente a las necesidades reales del sector. 

Si se analiza esta cantidad en relación con la población de Honduras, que se estima en aproximadamente 10.5 millones de habitantes, el resultado es que cada ciudadano estaría recibiendo indirectamente sólo alrededor de 6.96 lempiras por persona en inversión cultural. Esta cifra es más alta que la de nuestro país vecino, Guatemala, que en el 2023 destinó 30 millones de quetzales para inversión directa en sus artistas, el equivalente a aproximadamente 5.20 lempiras por habitante, pero es más baja que la de Costa Rica, que en su Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 asigna 1.403 billones de colones que llegan directamente a sus artistas por medio de fondos concursables, lo que equivale a aproximadamente 13.65 por habitante.

Es importante destacar una diferencia clave en este análisis: en Honduras estos fondos se destinan a instituciones culturales, no necesariamente a apoyar directamente las creaciones de los artistas, como ocurre en Guatemala y Costa Rica.

Este bajo monto refleja la limitada capacidad de las instituciones culturales para cumplir con sus objetivos de preservación, difusión y acceso a la cultura, especialmente en comunidades vulnerables. Si una parte significativa de este monto se destina a gastos operativos de dichos centros y organizaciones culturales, ¿qué porción queda para apoyar directamente a los artistas y sus creaciones? Con un presupuesto tanto productivo como social tan reducido, es difícil fomentar la participación cultural y asegurar que todos los artistas, incluidos los más marginados, tengan acceso equitativo a programas y actividades culturales.

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En conclusión, aunque el aumento en la asignación presupuestaria para el sector cultural en Honduras para el 2025 es un paso positivo, la cifra sigue siendo insuficiente frente a las verdaderas necesidades de un sector que es esencial no solo para la identidad nacional, sino también para el desarrollo económico y social del país. Si la administración de la presidenta Xiomara Castro realmente quiere fortalecer el sector cultural, debe realizar inversiones directas que beneficien a los artistas y a las comunidades más vulnerables. El apoyo a la infraestructura es importante, pero debe de ir de la mano con el respaldo directo a las creaciones culturales, que son el corazón de la identidad y la economía creativa de Honduras. Invertir más en el sector cultural es una inversión estratégica con retornos positivos: una sociedad más inteligente, diversa, educada y unida.

Una investigación presentada por el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca), en consorcio con el Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEMH), señala que las mujeres campesinas de las ciudades de San Pedro Sula y El Progreso, al norte de Honduras, han sido afectadas por la suspensión de garantías constitucionales y la militarización implementada en el marco del estado de excepción, lo que ha causado que sean sometidas a condiciones de encierro y cautiverio en sus hogares. Esta situación agrava la falta de acceso a la tierra por parte de las campesinas, en comparación con los hombres. 

Texto y fotografías: María Celeste Maradiaga

En las ciudades de San Pedro Sula, Cortés, y El Progreso, Yoro, al norte de Honduras, las mujeres campesinas han sido afectadas por la instalación de redes criminales en los territorios donde habitan. Sus comunidades rurales se han convertido en espacios altamente violentos e inseguros ante las amenazas constantes de grupos ilícitos en la zona.

Así lo señala la investigación «Sobre la situación de violencia de género en el contexto rural como consecuencia de las crisis climáticas y epidemiológicas», presentada por el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca), en consorcio con el Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEMH), así como el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y Mundubat, una organización con representación a nivel mundial. El estudio no solo apunta a la violencia que estas mujeres viven en esas ciudades, sino también a los perjuicios que las mujeres campesinas viven a consecuencia del cambio climático.

El contexto de inseguridad, marcado tanto por el control y operación de redes criminales como por la militarización implementada en los lugares donde operan, ha contribuido directamente a que las mujeres campesinas no puedan acceder a servicios básicos. Además, el horario limitado que ofrecen las instituciones gubernamentales como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) dificulta más el acceso para las mujeres que se dedican a actividades agrícolas.

«El debilitamiento del Estado de derecho y las suspensión de las garantías constitucionales con el estado de excepción, acompañado de la militarización de los territorios, el uso de la fuerza de la Policía Militar del Orden Público, más la aplicación del toque de queda en la ciudad de San Pedro Sula, somete al encierro y cautiverio a las mujeres campesinas en vivir altos niveles de violencia en el espacio público y privado», señala la investigación.

Según el estudio, las mujeres jóvenes enfrentaron situaciones de violencia sexual que ejercieron algunos agentes de la policía en los lugares públicos en estas ciudades, y además constataron que el Sistema Nacional de Emergencia 911 no cuentan con las suficientes cámaras para atender la violencia que enfrentan las mujeres en el ámbito público, específicamente en San Pedro Sula.

María Antonia Gutiérrez, coordinadora técnica de Codimca, durante la presentación del informe «Sobre la situación de violencia de género en el contexto rural como consecuencia de las crisis climáticas y epidemiológicas». Tegucigalpa, Honduras, 24 de noviembre de 2024. Foto: CC / María Celeste Maradiaga.

Hasta septiembre de este año, el Sistema Nacional de Emergencias registró 27,809 denuncias de violencia doméstica y 39,550 denuncias de maltrato familiar, según el Observatorio de Violencias Contra las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM). De estas denuncias, Francisco Morazán es el departamento en primer lugar con 7,460, y le sigue Cortés con 3,556.

El observatorio también señala que, hasta octubre de este año, se han registrado 203 muertes violentas de mujeres. En este apartado, Cortés es el departamento en primer lugar, con 37 femicidios; luego Francisco Morazán, con 36, y después Olancho, con 23. La cifra resulta alarmante; sin embargo, es menor a la del año pasado, cuando hasta el mismo mes se habían reportado 342 femicidios.

Aunque la violencia contra las mujeres prevalece en Honduras, también los arrestos por violencia doméstica y maltrato intrafamiliar han sido utilizados para inflar las cifras del estado de excepción, y gran parte de estas detenciones no han representado el acceso a la justicia para las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia.

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Estas circunstancias no solo generan un clima de inseguridad y temor en las mujeres campesinas, sino que además profundizan la discriminación, la pobreza y las desigualdades en estos territorios.

Solo el 30 % de títulos de tierras entregados pertenecen a mujeres

Otro de los puntos principales en el estudio fue el acceso a la tierra para las mujeres campesinas en Honduras. En los departamentos de Lempira, Ocotepeque y Comayagua, menos del 30 % de los títulos de tierra entregados pertenecen a las mujeres; de 30 mil títulos de tierra entregados entre 2011 y 2020, solo el 1 % fueron entregados a mujeres en estos territorios.

«La crisis climática y sanitaria profundizó las brechas de desigualdad de las mujeres campesinas en la relación con los hombres al invisibilizar los problemas estructurales de discriminación que viven las mujeres campesinas, generando impactos diferenciados de género», apunta la investigación.

En este mismo periodo, entre 2011 y 2020, el Instituto Nacional Agrario (INA) entregó más de 78 mil títulos de propiedad a nivel nacional, de los cuales el 62.7 % fueron entregados a hombres y el 37.3 % a mujeres. 

Lo anterior, sumado a los altos niveles de pobreza, el desempleo y los efectos del cambio climático registrados en las ciudades, ha contribuido a la degradación de la producción agrícola, afectando los medios de vida en las comunidades locales y ocasionando pérdidas humanas. Estos factores se han convertido en causas clave de la migración irregular de las mujeres campesinas, quienes buscan oportunidades de vida fuera del país.

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María Antonia Gutiérrez, coordinadora técnica de Codimca, manifestó que con los hallazgos de este informe han elaborado una agenda para incidir en estas dos ciudades; sin embargo, ninguno de los gobernantes ha tenido como prioridad la erradicación de la violencia contra las mujeres campesinas.

Por su parte, Merly Eguigure, coordinadora nacional de la organización Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, concluyó que «el Estado no nos protege, la policía no nos protege, protejámonos nosotras. Este gobierno no se diferencia de los anteriores en la defensa de los derechos de las mujeres; entonces nos toca seguir, aunque tengamos el último aliento de vida, porque parece que en esta realidad solo estamos nosotras».

Argel, 9 dic (EFE).- Túnez subrayó este lunes la necesidad de garantizar la seguridad del pueblo sirio y preservar ese Estado como uno «unificado y plenamente soberano de manera que lo proteja del peligro de caos, fragmentación y ocupación» y rechazó «cualquier injerencia extranjera en los asuntos» de este país tras el derrocamiento como presidente de Bachar al Asad, anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Túnez instó a todas las partes sirias a «la cohesión y a dar prioridad al interés superior del país para preservar la seguridad, la independencia, la protección y la estabilidad de la nación, y para asegurar una transición política pacífica que preserve el Estado y su continuidad y satisfaga las aspiraciones del pueblo sirio solo», según un comunicado de prensa de la Cancillería.

El país magrebí expresó su «absoluta» solidaridad con el «hermano» pueblo sirio que «está unido al pueblo tunecino por lazos de parentesco profundamente arraigados en la historia, y su certeza en su capacidad para superar esta delicada circunstancia a fin de construir un futuro brillante para Siria».

El Ministerio recordó la firme posición de Túnez sobre la necesidad de distinguir entre el Estado, por un lado, y el sistema político existente en su seno, por el otro, considerando que su sistema político es un asunto «puramente» sirio elegido por su pueblo soberano «único que tiene derecho a la autodeterminación, libre de cualquier forma de intervención externa».

El domingo, el Ministerio de Exteriores de Trípoli aseguró que sigue con «gran interés» los rápidos acontecimientos en Siria y los «importantes» cambios y expresó su pleno respeto por la voluntad del pueblo sirio y sus aspiraciones de libertad y justicia.

El Ministerio libio afirmó su firme apoyo a la lucha «legítima» de los sirios contra «la tiranía, ve esta etapa como la culminación de un largo camino de lucha por dignidad y libertad» y expresó su deseo de que estos acontecimientos constituyan un «verdadero avance hacia la construcción de un Estado civil democrático que satisfaga las esperanzas de los sirios y logre justicia para todo el pueblo del país».

En la misma línea, el vecino Argelia transmitió el domingo su apoyo al «hermano» pueblo sirio e instó a un «diálogo entre todos los sirios de distintas sectas y componentes» para preservar la seguridad y estabilidad de Siria «lejos de la injerencia extranjera».

La Siria de la familia Al Asad, que gobernó el país desde 1971, colapsó este domingo a manos de los insurgentes liderados por el Organismo de Liberación del Levante (Hayat Tahrir al Sham o HTS, en árabe), que tomaron Damasco prácticamente sin resistencia tras apenas 12 días de ofensiva.

Este lunes la Embajada de Siria en Rusia confirmó que el depuesto presidente se encuentra en Moscú, donde habría recibido asilo junto con su familia.

Tras la devastación que dejó la tormenta tropical Sara, con seis personas fallecidas y cuantiosas pérdidas en infraestructura, el gobierno hondureño recibió donaciones por 4.7 millones de dólares (más de 119 millones de lempiras) de organismos multilaterales y países como Estados Unidos, China y Corea del Sur. Los fondos fueron trasladados a instituciones que ya contaban con un presupuesto para mitigación de lluvias, las cuales quedaron autorizadas, vía decreto ejecutivo, para efectuar compras directas. 

Texto: Luis Escalante 
Fotografías: Amílcar Izaguirre y Fernando Destephen 

La tormenta tropical Sara, que azotó Honduras entre el 14 y el 18 de noviembre de 2024, dejó efectos devastadores, con pérdidas humanas y materiales. Ante esta emergencia, que parece repetirse cada año en el país, como ocurrió con Eta e Iota en 2020, Julia en 2022 y Pilar en 2023, diversos países y organismos internacionales han entregado al gobierno donativos que ascienden a 4,717,207.85 dólares (119,107,634.92 lempiras). Mientras tanto, la sociedad civil y el sector privado advierten sobre la necesidad de invertir en infraestructura resiliente y adoptar un enfoque a largo plazo para mitigar los daños de futuros fenómenos naturales.

El 14 de noviembre de 2024, en plena emergencia, la presidenta Xiomara Castro aprobó en Consejo de Ministros el decreto ejecutivo 35-2024, que estableció un estado de emergencia por 30 días y autorizó a seis secretarías de Estado Defensa, Seguridad, Desarrollo Social (Sedesol), Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), SIT y Copeco a realizar contrataciones directas para la «adquisición de bienes, servicios y obras necesarias para la construcción, reparación, reposición y rehabilitación de la red vial e infraestructura». El decreto también abarcó a otras instituciones, como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

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Cuatro días después, el 18 de noviembre, el ministro de Finanzas, Christian Duarte, informó que las donaciones entregadas por otros países, organismos multilaterales y organizaciones internacionales ingresarían a la cuenta única de la Tesorería General de la República (TGR), y que los fondos serían reasignados a las secretarías e instituciones descritas en el decreto de emergencia.

Entre los países que brindaron apoyo económico a Honduras para enfrentar los efectos de la tormenta tropical Sara, China contribuyó con 100,000 dólares (más de 2.5 millones de lempiras), Corea del Sur donó 3 millones de dólares (más de 75.7 millones de lempiras), y Estados Unidos aportó 17,207.85 dólares (434,498.21 lempiras), además de una suma adicional de 200,000 dólares (más de cinco millones de lempiras) gestionada directamente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).

En cuanto a los organismos multilaterales y organizaciones internacionales, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) dio 625,000 dólares (cerca de 15.8 millones de lempiras), la Organización de Estados Americanos (OEA) donó 25,000 dólares (631,250.00 lempiras), la Corporación Andina de Fomento (CAF) contribuyó con 250,000 dólares (6.3 millones de lempiras), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 200,000 dólares (5 millones de lempiras) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinó 500,000 dólares (12.6 millones de lempiras).

«En nombre del pueblo hondureño, agradecemos a estos organismos por su solidaridad en estos momentos críticos para nuestro país. Los fondos serán ejecutados con responsabilidad y transparencia, ya que son sagrados para salvar vidas», prometió Christian Duarte a través de una publicación en X.

Estos recursos se sumarán a los ya disponibles en instituciones como Copeco, la Secretaría de Defensa, el FHIS y la SIT, que, según el Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ya cuentan con partidas presupuestarias destinadas a contingencias, obras de emergencia, habilitación y construcción de carreteras, mitigación en el Valle de Sula y conservación ambiental, entre otros.

Según los portales de transparencia de estas instituciones y secretarías de Estado que fueron consultados por Contracorriente, el Congreso Nacional (CN) aprobó para 2024 un presupuesto total de 1,415,989,128.00 lempiras para tales fines. Sin embargo, hasta octubre solo se habían ejecutado 302,324,425.56 lempiras, lo que representa el 21.35 % del total.

La tormenta Sara se formó en el Caribe y se dirigió hacia Centroamérica y México, alcanzó vientos sostenidos de hasta 76 km/h y dejó acumulaciones de hasta 500 mm de lluvia, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (HNC, por sus siglas en inglés). En Honduras, las precipitaciones duraron aproximadamente seis días, causando numerosas pérdidas humanas y materiales.

De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), producto de esta tormenta se registraron seis personas fallecidas, 331,482 afectadas y damnificadas, 16,090 evacuadas y 8,927 albergadas. Además, se realizaron 7,682 rescates.

Albergue instalado en la escuela Juan Guifarro López de la colonia La Betania en Comayagüela. Esta zona es de alta vulnerabilidad y sus habitantes se han acostumbrado a dormir en albergues al menos una vez al año en temporada de lluvias. Distrito Central, noviembre de 2024. Foto: CC / Fernando Destephen

En cuanto a la infraestructura, la tormenta tropical Sara dejó 131 calles afectadas, 66 carreteras dañadas, 69 puentes y cajas puente destruidos, 13 vados colapsados y 5,020 viviendas impactadas. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) indicó que las pérdidas económicas ascendieron o superaron los 480 millones de lempiras (unos 19 millones de dólares), y que la mayoría de las afectaciones se concentraron en los departamentos de Cortés, Atlántida y Colón, en el Caribe, y Valle y Choluteca, en la costa del océano Pacífico.

El dinero llega después de la tormenta 

En Honduras, se ha vuelto una constante que tras las tormentas tropicales el Estado recurra a donaciones o créditos de organismos multilaterales. Por ejemplo, después de Eta e Iota, que azotaron a Honduras a finales de 2020 y  según datos oficiales dejaron 100 personas fallecidas y 4.5 millones de personas afectadas, el BCIE otorgó un préstamo de 70 millones de dólares (unos 1,750 millones de lempiras).

Este préstamo, que se utilizó para financiar el llamado Bono de Alivio a familias vulnerables afectadas por fenómenos naturales producto del cambio climático, finalmente fue entregado por el entonces gobierno de Juan Orlando Hernández con la condición de exigir a las y los beneficiarios votar por el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, según confirmaron a Contracorriente dos personas que cobraron el bono, dos fuentes dentro del banco y dos veedores de la sociedad civil.

En 2022 y 2023, el BCIE también otorgó otros donativos no reembolsables similares a los entregados para paliar los efectos de la tormenta tropical Sara. El 14 de octubre de 2022, el banco proporcionó una donación no reembolsable de 500,000 dólares para contribuir a remediar los daños causados por la tormenta tropical Julia.

Asimismo, el 25 de noviembre de 2023, el BCIE otorgó una ayuda económica no reembolsable de un millón de dólares, destinada a ser ejecutada por el gobierno hondureño en respuesta a los efectos de la tormenta tropical Pilar.

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Para el exdiputado del Congreso Nacional (CN) y representante de la sociedad civil, Aníbal Cálix, mientras solo se espere que lleguen las lluvias y se «extiendan las manos» a las donaciones de la cooperación internacional, se continuará acudiendo a los decretos de emergencia y las compras directas.

«Para muchos esta es una forma de operar, un modus operandi que buscan aprovechar. El primer paso en la lucha contra la corrupción es la transparencia. El problema surge cuando se emiten decretos ejecutivos de emergencia, una figura que por sí misma margina los procesos de transparencia, ya que a menudo se recurre a contrataciones directas y al manejo de dinero en efectivo, lo que siempre creará espacio para la corrupción», dijo Cálix a Contracorriente.

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Durante una rueda de prensa el 18 de noviembre de 2023, la presidenta Xiomara Castro atribuyó el desastre generado por la tormenta tropical Sara a la «falta de inversión» en infraestructura y a la «corrupción» cometida por sus predecesores.

«No es posible que cada año tengamos que salir a atender este tipo de emergencias. No es posible que, debido a la irresponsabilidad de 12 años y 7 meses, no se haya hecho nada, y hoy tengamos que seguir sufriendo lo que estamos sufriendo. Como gobierno central, debemos asumir la responsabilidad de buscar soluciones permanentes», manifestó la mandataria hondureña.

El exdiputado Aníbal Cálix considera que, mientras siga existiendo vulnerabilidad en la infraestructura, las tormentas tropicales y los huracanes continuarán afectando a regiones como el Valle de Sula, región compuesta por 20 municipios de los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida y Santa Bárbara.

«Creo que debemos ser claros: la verdadera herramienta para solucionar esta problemática es proteger el Valle de Sula mediante la implementación del plan maestro de protección. Mientras sigamos desprotegidos, cada tormenta provocará inundaciones, y la única respuesta que se tendrá será ayudar a las personas afectadas, algo que no resuelve el problema de fondo», señaló.

Durante las últimas décadas, en Honduras se han implementado diversas estrategias gubernamentales orientadas a la mejora, mantenimiento, reemplazo y expansión de la infraestructura del Valle de Sula, con el objetivo de mitigar las inundaciones provocadas por las lluvias y el aumento del caudal de los ríos Ulúa y Chamelecón.

En agosto de 1990 se creó la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula (CEVS), un ente público autónomo encargado del mantenimiento y operación del sistema de control de inundaciones, como los bordos y los canales, que habían sido construidos en la década de 1960 por la Tela Railroad Company.

Posteriormente, el 4 de mayo de 2010, el Congreso Nacional aprobó la creación de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS), que operó hasta diciembre de 2021. Esta comisión representó una coordinación entre el sector público, a través de secretarías de Estado y alcaldías, y el sector privado.

Durante su funcionamiento, se repararon 90 kilómetros de bordos y se realizaron trabajos de mantenimiento, dragado, rectificación y corrección de cauces, aunque no se implementaron programas de reforestación en las cuencas altas de los ríos Chamelecón y Ulúa. Cuando la CCIVS cesó sus actividades, el gobierno de Juan Orlando Hernández contempló la creación del Instituto para la Protección y Desarrollo Sostenible del Valle de Sula, aunque dicha iniciativa nunca llegó a concretarse.

Los habitantes de la colonia Flor de Cuba quedaron incomunicados luego de que el río Bermejo arrastrara el puente peatonal tras las lluvias dejadas por la tormenta Sara. San Pedro Sula, 16 de noviembre de 2024. Foto: CC / Amílcar Izaguirre

En la actual administración de Xiomara Castro, las competencias de la CCIVS se transfirieron a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), dentro de la cual se creó el Centro de Estudios y Desarrollo del Valle de Sula (CEDV), con el propósito de elaborar una planificación estratégica para el control de inundaciones.

Bajo este programa, la Agencia de Cooperación Técnica de Japón (JICA) está trabajando en la elaboración de estudios de factibilidad y en el diseño de obras de control, como bordos, canales de alivio, áreas de retención temporal y aliviaderos. La inversión de la cooperación japonesa asciende a tres millones de dólares.

Según datos oficiales, el mantenimiento y la reparación de la infraestructura en el Valle de Sula conlleva un gasto promedio anual de 4 millones de dólares. Sin embargo, cuando ocurren eventos climáticos extremos, como las tormentas Pilar, Julia y Sara, los gastos pueden elevarse hasta los 12.5 millones de dólares.

Falta de diálogo alienta ausencia de infraestructura, según sector privado

El decreto ejecutivo 35-2024 contempla que la planificación, coordinación y ejecución de las obras de reconstrucción tras la tormenta tropical Sara deben ser llevadas a cabo de manera conjunta entre el sector público y privado.

Sin embargo, según Eduardo Facussé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), la existencia de una «falta de diálogo» entre el gobierno y la empresa privada ha causado que no se ejecuten obras de mediano y largo plazo que mitiguen los daños causados por los fenómenos naturales.

«Siempre estamos apagando incendios, y lamentablemente, cuando se apagan estos incendios, los daños y los costos de solucionarlos son mayores que los de construir las obras necesarias a largo plazo», indicó Facussé a Contracorriente.

El empresario manifestó que el gobierno debe adoptar una visión a largo plazo y, de esa forma, «dar una solución concreta y definitiva a todos estos problemas, y así poder avanzar hacia esquemas económicos más avanzados».

«Me parece que los gobiernos evitan implementar soluciones a largo plazo porque son proyectos que van más allá de un período presidencial, y lo que no se ve como un beneficio inmediato se pospone. No obstante, son obras necesarias. Tenemos que trabajar en base a soluciones de largo plazo. Honduras será nuestro país para siempre, no solo por unos años», concluyó Facussé. 

Atravesamos una pequeña calle de tierra amarilla y de pronto desaparece lo distinto. Un paredón verde de unos dos metros de alto, muy tupido, crea una especie de túnel a los dos lados. Todo lo que nos rodea es caña de azúcar. Durante el entierro de Gems Joacin la melodía del viento en los cañaverales me parecía bondadosa, ahora siento que es una música más melancólica, como de otro tiempo. Pastor Wilson me dice que si se “navegara” por esta especie de mar verde sería posible cruzar los cerca de 200 kilómetros que separan Punta Cana de Santo Domingo. Es nuestro penúltimo encuentro y salimos por la mañana con la promesa de encontrar a Mikelson. Me sorprende que lo busquemos aquí porque una de las pocas cosas claras del vídeo borroso que me obsesiona hace casi un mes es que el policía lanza a Mikelson desde un tejado de un barrio urbano. Pero no le digo nada al pastor. Creo que mi guía me quiere mostrar algo más, el origen de todos los males de la comunidad haitiana, que tiene que ver con endulzar el mundo para los otros.

Vista de plantaciones de caña en los alrededores de Punta Cana.

En 2024 el corte de la caña y su procesamiento se hace todavía a machete y fuerza de brazos, como en la colonia, cuando franceses y españoles eran los amos de la isla. La caña aún representa una de las actividades económicas que más requiere de haitianos en República Dominicana y una de sus principales actividades agrícolas.

En la época de la colonia los esclavos vivían en bateyes, guetos de barracones donde no se juntaban nunca con los dominicanos (batey es una palabra del idioma taíno, que hacía alusión al juego de pelota, pero cuando los europeos exterminaron a estos indígenas pasó a denominar este hogar de trabajadores agrícolas). Las plantaciones pasaron de manos de los colonos, al Estado Dominicano y después llegaron las grandes transnacionales, como Central la Romana, la mayor de todas, propiedad de los hermanos Fanjul, una familia de origen cubano que ha creado un imperio del azúcar desde Florida. Las condiciones para los haitianos, sin embargo, han cambiado poco.

El Gobierno de Estados Unidos a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) emitió en septiembre de 2022 una orden de retención de liberación para impedir la llegada a ese país a todos los barcos con azúcar o sus derivados provenientes de Central la Romana. Investigaciones de diversas entidades internacionales encontraron 5 de los 11 indicadores que establece la Organización Internacional del Trabajo para establecer que en un lugar hay condiciones inaceptables y abusivas para los trabajadores. Central la Romana negó las acusaciones de los investigadores norteamericanos, que detectaron en su exploración desde trabajo infantil hasta trabajo forzado, palabras modernas para nombrar algo muy parecido a esa gran maldición del pueblo haitiano: la esclavitud.

Llegamos al Batey la Romanita, una especie de isla de árboles que rompe la monotonía del mar verde. Un grupo de niños juega fútbol en un pedazo de tierra. “Mira, Juan, ahí está el Real Madrid”, me dice Pastor Wilson, y suelta una gran carcajada.

El batey está bajo un letargo. Varios hombres en cuclillas nos miran fijamente y algunas mujeres salen de los 14 barracones despintados. Un anciano nos llama con la mano, habla suave y en una mezcla de español y francés. Nos cuenta, mientras mueve la boca en un masticar fantasma, que luego de 53 años de trabajar en el batey no le han pagado su pensión. Oficialmente los trabajadores de la caña ganan 15 mil pesos al mes, equivalente a 283 dólares americanos. Sin embargo, no hay trabajo todo el año y en muchas ocasiones se les paga según el peso de la caña cortada. Con esta paga es muy difícil ahorrar para la vejez, sin pensión estas personas quedan a expensas de la bondad del batey y sus bateyanos, y a merced de la empresa y el apartheid.

En el batey la Romita, los ancianos denuncian que no tienen derecho a jubilación ni a la indemnización por despido después de décadas trabajando en las plantaciones de caña.

Un grupo de ancianos que vegetan a la sombra de un antiguo barracón me cuentan que luego de perder la fuerza para blandir el machete en la zafra (temporada de corte) por décadas, Central La Romana los despidió y se niega a pagar indemnizaciones. Una mujer muy mayor me pide que le dé algo de dinero para comida y me muestra con una sonrisa lastimera que ya hace ratos perdió su dentadura. Otra mujer suplica al Pastor Wilson por ayuda. Le dice que su marido murió luego de trabajar más de 40 años en los cañaverales. Dice que delegados de la empresa le han visitado y le han dicho que posiblemente tenga que irse, ya que la casa que ha habitado toda su vida podrían necesitarla para nuevos trabajadores. 

La escena tiene un aire espectral, pero todo indica que aquí tampoco encontraré a Mikelson, el fantasma que llevo buscando un mes. De pronto veo una especie de aparición.

Un autobús nuevísimo pasa muy rápido por la calle frente al batey dejando una estela de polvo amarillento tras de sí. Cuando pregunto a quienes lleva ese bus, y a dónde van o de dónde vienen, a los haitianos parece habérseles olvidado el español. En creole le dicen al pastor Wilson que son los norteamericanos. Le pido que insista y solo logra sacarles dos palabras: “Norteamericanos” y “vudú”.

***

Detalle de la casa de un boko, sacerdote vudú, en Santo Domingo. El vudú ha sido una religión identitaria y de resistencia para los haitianos a lo largo de la historia.

Una noche de agosto de 1791, mientras tronaba en el cielo una tormenta eléctrica, una mambo o sacerdotisa vudú de nombre Fatiman lanzó un llamado hacia el cielo, a los loas africanos, y hacia abajo, a los guede, los muertos ancestrales. Las manos de hombres y mujeres negros hacían sonar los tambores como truenos en un lugar cerca de Cabo Francés, ahora Cabo Haitiano, en la parte francesa de la Hispaniola. Fue en esa noche que el sistema esclavista empezó a agonizar.

Cientos de esclavos negros huyeron de las plantaciones y se juntaron en un lugar perdido entre los montes, un lugar donde los extintos taínos, asesinados por los españoles y por las plagas que ellos traían consigo, veneraban a esos dioses que murieron con ellos. El lugar se llamaba Bwa Kayiman, o Bois Caimán, cuya posible traducción sería “bosque de los caimanes”. 

La ceremonia la dirigía, además de la mambo Fatiman, Dutty Bokman, uno de los próceres de la independencia haitiana, un esclavo liberto que había llegado desde Jamaica y que, empapado de esas ideas francesas de libertad y igualdad entre las personas, pronto lideró a esa gran masa encolerizada de africanos raptados y sus descendientes.

Esa noche la mambo Fatiman sacrificó a un cerdo negro y los presentes bebieron su sangre y juraron acabar con los amos blancos. La tradición histórica dice que los loas bajaron por un gran árbol. Papa Legba, con todo y sus perros, abrió el panteón y luego bajaron Shangó, Debehlla, Achun; también el señor de la guerra y de los fierros Ogun, y el señor de los bosques y de los árboles Loko. Los loas venían acompañados de un ejército de guedes, los muertos ancestros. Aquella multitud, sintiendo la fuerza de esos dioses ofendidos que viajaron con ellos desde África, en los barcos europeos, se lanzaron machetes y punzones en mano sobre las plantaciones de caña.

No todos los esclavos venían de los mismos lugares, ni hablaban las mismas lenguas, pero sus prácticas rituales eran similares y sus dioses referenciaban a un mismo universo religioso. Así se entendieron. A golpe de tambor. Esa noche de agosto de 1791, en una de las grandes Antillas del Caribe, miles de esclavos pasaron por fierro a aquellos que les robaron la libertad, a los que trataron de convertirlos en animales.

Camiones oxidados en un batey de las plantaciones de caña en los alrededores de Punta Cana.

Regreso a las plantaciones de caña para desentrañar el misterio del autobús blanco. Esta vez viajo solo. El interminable mar verde y los cascarones de viejos camiones juegan con la mente y me parece que he viajado al pasado, a un pasado etéreo, como desolado.

Pregunto por los norteamericanos y por el vudú, las dos palabras que le dijeron a Pastor Wilson el otro día. Pregunto con seguridad, como si supiera de lo que hablo, aunque en realidad no tengo idea.

Las respuestas de los extrañados haitianos me llevan hasta la parte trasera de un nuevo batey. Camino un poco y me encuentro con una vieja duela para peleas de gallos que parece abandonada y donde ahora juegan a las luchas cuatro niños casi esqueléticos. Hay algunas casas de madera con tejados macilentos de lata. Varios hombres jóvenes se me acercan, les digo las mismas dos palabras y uno mira un reloj en su muñeca. “Ya casi, a las 3 vienen”, me dice uno de ellos, y me señala una de las chabolas de madera con pinturas rojas y negras. Toco esa puerta y aparece un hombre viejo. Adentro hay tambores rituales, candelas, botes de talco para bebés, machetes y botellas de licor. Es un altar vudú, o parece serlo.

El anciano me dice que debo esperar a la dueña, que no pude dejarme pasar. Mientras esperamos se reúne un pequeño grupo de curiosos a ver de cerca al extraño que ha llegado haciendo preguntas. Me dicen que salir del batey es muy peligroso ahora que han arreciado las deportaciones. Varias personas han salido a comprar comida y no han vuelto jamás. Les pregunto por su comida diaria, me dicen que la dieta en el batey se reduce a yuca, arroz y plátano. Nunca juntos los tres. Le pregunto a una mujer mayor si comen de esa forma monótona los tres tiempos y me mira desde la frontera de la indignación y el enojo: “¿Tres tiempos? ¡Comemos una vez al día!”.

En ese momento aparece una camioneta. Desentona como desentonaría un refrigerador en un desierto. De ella se baja la bruja Margarita, así se presenta. Es una mujer dominicana, pequeña, de unos 50 años. Al principio me increpa, pero se calma cuando le digo que soy un periodista interesado en el vudú. Luego de charla y algunas preguntas suspicaces me invita a pasar al cuarto rojinegro.

La bruja Margarita me cuenta que esta casa es de ella y que organiza todos los días un show de vudú para turistas extranjeros. Me dice que cobra 150 dólares al día por organizar aquello y que ella le da algunos pesos a un grupo de bateyanos para que toquen tambores y monten el show. Me dice que el verdadero negocio no es de ella, a ella la subcontrata un alemán de nombre Norbert. Él organiza tours para europeos y norteamericanos. Les lleva a playas, a restaurantes y a un río. A las tres de la tarde los trae acá con la promesa que les mostrará algo único, muy pocas veces visto por blancos: un ritual vudú auténtico que justo se está llevando a cabo ese día.

Poco antes de esa ahora aparece un jeep. Es la hija de la bruja Margarita, una morena hermosa de labios carnosos que viste con jeans y una blusa ombliguera. En las caderas y el cuello luce tatuajes muy vistosos. Conversamos sobre cómo elige ella las indumentarias que va a usar en el show, me dice que las escoge ella misma según su criterio. Su madre la regaña y le dice que debe cambiarse rápido porque los turistas están por llegar. Regresa disfrazada, parece una miscelánea de símbolos con un puñado de collares, pulseras y pañuelos. Su madre enciende candelas y pone sillas. Tres ancianos bateyanos se ubican en sus posiciones, frente a grandes tambores, y uno de ellos se disfraza de bokó con la misma tónica que la muchacha. “Vamos a decir que eres mi sobrino porque Norbert me va a preguntar. Acuérdate que este es su negocio”, me dice la bruja Margarita, y me ubica a su lado, atrás de los hombres y los tambores.

El autobús blanco llega puntual. Son unos 50 turistas. Son todos blancos y visten de playa. Norbert es un hombre de unos 70 años. Es calvo y va vestido de camisa roja, shorts marrones y sandalias playeras.

Los cinco hombres comienzan a tocar los tambores para poner ambiente y los turistas se van sentando en las bancas mientras toman fotos y vídeos de aquel montaje. Los oficiantes son cinco bateyanos. Tres son ancianos que la empresa cañera desechó sin indemnización y los otros son hombres jóvenes y corpulentos que tocan un ritmo monótono en el tambor. Norbert comienza a explicar en alemán y francés y los turistas asienten y abren la boca, sorprendidos. Dirige el evento como si él mismo fuera un bokó y arrebata de las manos de un anciano unas maracas y las toca para su clientes. En medio arde un fuego y la hija de la bruja Margarita se mueve en una danza caótica, como si estuviera en trance, simulando ser montada por algún loa. Norbert invita a los turistas a tocar ellos mismos los tambores y las maracas. Entonces aquella gente blanca, aun con arena de playa en la sandalias, bailan, sin ningún atisbo de ritmo, bailan y tocan los tambores.

Al observar la escena recuerdo al bokó Winston Pierre, el sacerdote vudú que me dio casi una cátedra de historia haitiana y quien me explicara con gran paciencia la “biografía” de más de diez loas africanos. Ni siquiera me dejó tomarles fotos a sus fetiches por miedo a ofender a esos loas. Recuerdo también los más de diez bokós y ungans que Moisés, mi primer guía del ferrocarril subterráneo haitiano, me llevó a visitar, que traen sus fetiches desde Haití metidos en ataúdes, escondidos de la policía dominicana entre mercadería y a los cuales no dejan acercarse ni a sus propios familiares.

En ese momento, a inicios de esta investigación, tenía la esperanza de que esta parte del ferrocarril, quizás la más oculta de todas, me llevara hasta Mikelson. El vudú, al igual que gran parte de las religiones de origen africano, han sido prácticas de resistencia, una forma de llevar su hogar allá donde llegaron, y  una forma de ser fuertes en algo que las cadenas no pueden atrapar, y sigue siéndolo en este nuevo apartheid. Según la Constitución de República Dominicana, existe libertad de culto, pero en la práctica el Estado persigue al vudú como parte de la persecución de todo lo haitiano.

“Policía desmantela choza utilizada por nacionales haitianos para hacer trabajos de hechicería y brujería en Cabarete, Puerto Plata”, publicó la página oficial de la policía nacional el 12 de septiembre del 2023. Según esa misma publicación  “el brujo” Papallo mantenía en constante zozobra a los habitantes del barrio con sus ritos. En marzo de este año la policía subió un vídeo a Instagram y X donde desmantelan un altar. Quien graba el vídeo se escandaliza al sacar dos ataúdes usados con fines rituales. “Esto parece un cementerio”, dice. Luego de destrozar la choza y sacar todo a la calle, los agentes le prenden fuego. “A la casa no le prendemos fuego porque ahí dentro están los hijos del brujo”, dice uno de los policías mientras al fondo una piña de niños negros observan, temerosos, la hoguera con el ajuar sagrado de su padre.

Según me comentó en una entrevista el periodista venezolano radicado en República Dominicana, Simón Rodríguez , perseguir el vudú haitiano es uno de los pilares de la identidad dominicana y una forma más de generar una distancia entre “nosotros y los otros”. En la dictadura de Leónidas Trujillo se dictó una ley que prohibía expresamente la práctica del vudú en territorio dominicano. Esta ley  —a pesar de ser una gran contradicción ya que en la constitución está consignada la libertad de culto—  sigue en vigencia y los intentos por derogarla han sufrido ataques tanto desde la comunidad evangélica como desde varias trincheras políticas.

Luego de una hora de un calor asfixiante, los exhaustos ancianos del batey paran de tocar los tambores y los alegres veraneantes europeos paran, por fin, esos movimientos frenéticos y sin ritmo que llaman bailar.

Por un momento me dan deseos de tomar la palabra y decirles que tienen mucha suerte de que esta gente necesite tanto esos centavos, decirles que hace 233 años, en esta misma isla, miles de personas parecidas a estos ancianos, despedazaron a machete y palos a gente muy parecida a ellos. Quisiera decirles que las razones son similares: quisieron matarles su cultura y su libertad. Aquellos con látigo y cadenas; estos a fuerza de billetes.

Pero no lo hago, mejor salgo a toda prisa en mi camioneta. El misterio del autobús blanco está resuelto: todo parece indicar que el problema no es el vudú si no quién lo practica, quién lo baila.

Yo estoy aquí buscando otra cosa.

Pastor Wilson conduce su camioneta chueca la mañana del 26 de octubre de 2024. Parece alegre, aunque este hombre debe lidiar todos los días con las denuncias y los llamados de auxilio de la población haitiana en esta punta bonita de la isla. Yo apenas he estado poco más de un mes en esta investigación y ya se siente el peso abrumador de las decenas de mensajes y llamadas de personas desesperadas. Llaman contando siempre algún horror, pidiendo una ayuda que muchas veces es imposible darles. Mandan vídeos terribles en donde hombres y mujeres negros están en el suelo, siendo vapuleados, enjaulados o gritando enardecidos en el escalofriante Centro Vacacional de Haina. Siempre sufriendo, siempre perdiendo. Estos vídeos y estas quejas seguirán llegando a mi teléfono aún después que me vaya de esta isla, cada vez más crudos. 

El propio Pastor Wilson será arrestado por la policía dentro de dos días. Un grupo de uniformados llegará a su casa a las 11 de la noche del 28 de octubre y lo sacarán esposado, a empujones, frente a sus hijos. Pasará la noche en la incertidumbre de la celda y saldrá libre por la mañana pues, según contará luego, lo acusaron de estafa pero sin especificar a quién ni bajo qué mecanismo. Ese día de su liberación recibirá amenazas de muerte, y pensará en huir de Punta Cana. No lo hará, el ferrocarril subterráneo que protege hasta donde puede a los haitianos debe seguir operando, siempre en las sombras, siempre perdiendo todo, siempre ganando poquito.

Este es mi último día de reporteo en República Dominicana, y ya he dejado de insistir al pastor que me lleve donde Mikelson, ese hombre lanzado desde un tejado por un policía. Su tragedia llegó a mí en forma de vídeo unos días antes de venir a este país. En ese momento se volvió una obsesión, pensé que sería tan escandaloso como aquel donde se ve cómo casi matan a Rodney King, o aquel otro donde un policía asfixia a George Floyd. “I can’t breathe» (“No puedo respirar”), decía. Ardió Los Ángeles por Rodney King en 1992 y tembló Estados Unidos por Floyd en 2020. Por Mikelson no, por Mikelson no habrá calles tomadas, ni carros incendiados, ni titulares. Quizá, ante los ojos del mundo, no todas las personas valen lo mismo. Quizá mi obsesión por hallar a este hombre resultará fútil en un país donde cientos de miles son Mikelson. Busqué una gota, luego me di cuenta que la buscaba en el mar.

Hoy, de nuevo, me dejo llevar. Hoy Pastor Wilson sonríe y su sonrisa es contagiosa. Está contento porque consiguió que un hospital le diera una faja ortopédica para un hombre con las costillas rotas. Entre tanta tragedia, este hombre rudísimo ha aprendido a alegarse con las pequeñas victorias de esos que siempre pierden: salvar a una niña de la muerte luego que su madre fuera deportada, conseguir medicina para curar una cesárea infectada, lograr cupo en el hospital para un hombre desollado, lograr sepultar en un cementerio a un hombre asesinado por la policía.

En el camino, me dice que no entiende por qué su gente es tan odiada en este país, siendo ellos quienes históricamente les han producido la riqueza, ya sea en los cañales, los cafetales, los campos de tabaco, las fábricas textiles o construyendo hoteles en Punta Cana. Hace varios días, mientras buscábamos el cadáver de Gems Joacin en el barrio Matamosquito, un colaborador suyo me dijo: “Es como que hubiésemos criado un cachorro de león, dándole la mejor leche, y ahora viene sobre nosotros, a comernos”.

Entramos por los callejones de tierra de un barrio cercano a Matamosquitos. En una de las casas de madera y lámina a los costados nos espera el hombre al que Pastor Wilson va a entregar la faja ortopédica para sus costillas rotas.

—¡Juan, te presento a Mikelson! —me dice entusiasmado mientras pone su mano gruesa sobre el hombro del muchacho.

Mikelson tiene en la cara una expresión asustadiza y aún no se desprende de ese brillo en los ojos que tienen los niños. Apenas tiene 19 años. En una mano, carga el mismo chaleco que tenía cuando los primeros días de octubre del 2024 unos policías dominicanos lo lanzaron desde un tejado. No habla español y el pastor Wilson debe traducir.

Ese día Mikelson se preparaba para ir a la construcción de un hotel en la zona turística de Punta Cana y se había puesto ya su chaleco reflectante cuando escuchó gritos. Varias camionetas estaban cazando haitianos en el barrio. Escuchó cómo le daban patadas a la puerta de su cuarto de lata. La puerta todavía está destrozada. El cuarto entero se estremecía y abrió una ventana de madera contigua a su cama para escapar. Salió por ella, como otros haitianos de la cuartería salieron también por sus ventanas, y comenzaron a trepar. Lograron subir al techo, pero detrás de ellos un policía subió también. “¡Cógelo, cógelo!”, recuerda Mikelson que gritaban los agentes de abajo.

El policía cogió a su vecino pero este se le escapó de entre las manos y corrió buscando saltar a otro techo. Mikelson no pudo, quedó atrapado entre el borde del tejado y el policía. “¡Tiralo, tira acá al haitiano!”, gritaron los policías de abajo, así que el uniformado lo tomó del cuello y del cinturón y lo lanzó. Mientras esto pasaba una mujer lo grababa todo y lloraba y exclamaba: “¡Baba, Baba, lo mataron!”.

Lo que no grabó es que entre el techo y el suelo había una maraña de cables eléctricos medio sueltos. Mikelson cayó sobre ella y ralentizó la caída. Luego el golpe contra el suelo. Quedó inconsciente. Los policías lo dejaron ahí y se fueron.

Sus vecinos lo recogieron, le lavaron el rostro y le inmovilizaron la espalda. Se comunicaron con un pastor de nombre Wilson que es parte de una gran red de haitianos en este país y él logró llevarlo a un hospital y salvarle la vida. La mujer del vídeo se lo pasó a un conocido, que se lo pasó a otro y este a otro hasta llegar ante los ojos de quien esto escribe. 

Mikelson nació en un pueblo cerca del río Artibonito, en el sur de Haití. Se vino sólo, sin su familia y sin conocer a nadie, a trabajar a este país hace un año. Otros compatriotas suyos le dijeron que en la zona de Punta Cana los dominicanos contratan haitianos sin importar el estatus migratorio. Mikelson se vino, pues, igual que otros miles de mikelsons, a trabajar en Dominicana mientras la policía los caza.

Mikelson camina doblado, tiene varias costillas rotas y un montón de lesiones menos graves pero igual de dolorosas. De aquí en adelante será todavía más difícil para él construir hoteles en esta parte sureña de la isla la Española, donde el último sistema de segregación racial de las antillas aprieta sus tuercas sobre una población pobre y desesperada. El policía que lo lanzó de un tejado le jodió la única herramienta con la que cuenta en su vida: su cuerpo. Las tuercas se siguen apretando. El ferrocarril sigue caminando. Haití continúa agonizando. Mikelson duerme cada noche con la ventana abierta.

FIN.

* Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

“¡La policía ha matado haitiano! ¡Corre!”

Dice el pastor Wilson por teléfono.

20 minutos después hago mi mejor esfuerzo para seguirle por las carreteras oscuras del Punta Cana profundo. El pastor maneja un pick up Nissan Frontier del 2005, o lo que queda de él. Parece que el carro renquea porque le han acomodado llantas más grandes de un lado, pero de todos modos lo pone a 120 kilómetros por hora. Son casi las 12 de la noche de un jueves y la ciudad está poseída por la fiesta como casi todas las noches. Cerca de los paraísos de playa festejan los turistas europeos, estadounidenses y algún que otro latinoamericano de dinero. En los colmados (tiendas) de los barrios festejan los dominicanos tomando cerveza fría y escuchando música a altísimos decibeles. Pero en el barrio de Matamosquitos, del sector de Fiusa, los haitianos se han convertido en una masa inconforme, colérica, porque la policía subió al cerro y mató.

Nos recibe una turba de hombres jóvenes que forman casi una pared humana topando uno de los callejones de Matamosquitos, la parte más austral y pobre del barrio. El pastor Wilson ha hecho para él y sus colaboradores gorras con un bordado dorado que dice “Derechos Humanos”. Lo que me habían contado de él en Santo Domingo se parece bastante a la realidad. Wilson es un hombre robusto, de hablar fuerte y de tono grave. Tiene 46 años. Nació en República Dominicana de padres haitianos que vinieron en los años 50 a trabajar la caña de azúcar. Es dueño de un pequeño negocio de pollo frito, y se dedica además a hacer investigaciones particulares como investigador privado y machaca con denuncias a fiscalía, policía y migración. Aunque no tiene ningún cargo oficial, los haitianos le reconocen como un líder.

Soy el único acá que no soy negro, y los haitianos se ponen agresivos al verme bajar del carro. Creen que soy dominicano. Pero el pastor les habla fuerte, en una mezcla de creole y español. “Journalista internacional, es el journalist internacional calme, calme”, les dice casi a modo de regaño. Me pego a él, lo más cerca que puedo, y avanzamos.

Un túnel humano se abre hasta dejarnos frente a Gems Joacin. No lleva ni dos horas de haber sido asesinado por agentes de la policía dominicana. Tiene al menos tres tiros en el pecho, posiblemente uno en el cuello y aún tiene los ojos abiertos. “Mire, acá están los hoyos de los tiros, si es que se los pegaron desde cerca”, dice Fifa, una líder comunitaria haitiana, quien con su vozarrón logra poner cierta calma sobre un mar agitado de hombres jóvenes. Fifa hace a un lado la sábana blanca que le ha puesto a Gems para salvaguardar la intimidad de su muerte, y casi mete el dedo por los agujeros para mostrarme que efectivamente por ahí pasó una bala.

Ella cuenta, y su relato es corroborado por al menos 150 personas que afirman con la cabeza y muestran vídeos, que la policía subió a capturar haitianos para deportarlos, que lo han hecho varias veces esta semana, y que eso generó una especie de pequeña revuelta en la cual Gems Joacin se llevó la peor parte. Me explican que hace pocos días han pagado en la mayoría de obras de construcción de Punta Cana, donde trabajan la mayoría de migrantes haitianos. Dicen que en estos días las indeseables visitas policiales son más frecuentes y más voraces. Aseguran que les piden dinero a cambio de no ser llevados y entregados a migración.

Esta noche, alrededor de las 23:00, al ver la patrulla policial, la gran mayoría corrió, otros se encerraron en sus chabolas de lata a esperar que la oscuridad y el silencio los escondiera, otros cogieron esas armas que usan los pobres cuando se encabronan: piedras. Gems Joacin no hizo ninguna de estas. Cuando la policía lo mató tenía las dos manos ocupadas. Venía de comprar diez pesos de hielo, dos jugos de sabor y tres panes para cenar en el colmado de la esquina a unos 60 metros del cuarto de lata que alquilaba para vivir solo. Cuando llegamos su última compra todavía está a centímetros del charco de sangre que salió de su boca, pero los panes y los jugos pronto desaparecen. No solo la policía azota al barrio, también la pobreza, también el hambre.

Fifa y los demás aún se refieren a él por su nombre, aún es él, no eso. Fifa, el pastor Wilson, los otros cuatro líderes que le acompañan, y la masa indescifrable de gente del barrio, creen que la policía subirá a llevarse el cuerpo. Dicen que es lo común, que ha pasado otras veces. El pastor Wilson, que aceleró su carro patojo porque tenía la esperanza de encontrar vivo a Gems Joacin, ahora se concentra en salvar sus restos, y con esto, dice, su identidad. “No vamos a dejar que lo boten en una vereda, como si fuera basura”, me dice con la cólera en la cara, con el gesto del guerrero. Aquel mar de hombres jóvenes insiste en que la policía quiere el cuerpo, me dicen en el mejor español que pueden conjurar que van a subir por Gems. Todavía le llaman por su nombre. Un grupo coge piedras y palas y se prepara. Van a defender a Gems. Están decididos a que no lo vuelvan cosa.

La voz de megáfono de Fifa logra controlar esta marea de testosterona iracunda. Parece una madre regañando a su hijos. En esta zona del país, donde es la construcción lo que más ocupa a la comunidad haitiana, hay muchos más hombres que mujeres; en su mayoría jóvenes. Obedecen a esa madre postiza pero esa sangre es sangre joven, y eso mezclado con la muerte y la indignación son tormentas que no amainan fácil. Un grupo comienza a soltar patadas a una puerta de lata y hay un conato de violencia caótica. No saben a quién pegar, así que se pegan entre ellos. Pero Fifa y su voz profunda de fierros viejos, nuevamente logra que el mar amaine. Entre ella y el pastor Wilson hacen un ejercicio de escuela primaria. “Si viene la policía, la medicina legal, vamos a estar tranquilos ¿verdad?”, y la multitud responde un “seee” que transmite más violencia que paz.

Un pick up pequeño y viejo se asoma por los callejones. Lo manejan dos haitianos jóvenes y musculosos. “Venimos a traer un cuerpo, nos manda la policía”, dicen. Aquello suena como dos groserías, dos malas palabras en el barrio Matamosquitos. Entonces empieza, es un sonido extraño, como el que hace un león justo antes de rugir. Sale del pecho, justo arriba del estómago de aquella gran criatura que forman los haitianos. Los dos hombres se congelan. Fifa y Pastor Wilson les dicen que se vayan, que se vayan rápido. Antes que el sonido se convierta en otra cosa y en el barrio haya dos cuerpos más. Los dos muchachos se van con su pick up, pero el barrio entero ahora confirma su temor: la policía quiere el cuerpo.

El pastor hace llamadas sin parar y en menos de una hora está acá una pequeña minivan con el logo de una funeraria. Dos hombres montan bruscamente a Gems, que ya se va poniendo rígido.

El pick up patojo del pastor y mi carro rentado escoltan el cuerpo de Gems a toda velocidad por calles de tierra y charcos con una premura que nada tienen que ver con la solemnidad de la muerte.

Al salir del barrio nos detiene un retén policial. Son dos patrullas con al menos siete agentes. El líder comunitario que viaja conmigo como copiloto se lleva las manos a la cabeza. “Es una emboscada, quieren el cuerpo”, dice. Nos piden bajar a todos de los vehículos. Sacan a Pastor Wilson de su carro cojo y me piden de malas formas a mi bajar también.

Me ven con temor, no se esperaban foráneos por acá. Hago un ejercicio de blof que bien puede salir mal. Digo lo más alto que puedo: “Buenas noches, prensa internacional. ¿Quién está a cargo de este operativo? Lo necesito acá ahora mismo”. El policía joven frente a mí balbucea, me dice que él no es el jefe, que el jefe no está ahí, que vaya al cuartel. Les dice algo a los demás y se suben a la patrulla. Ven el cuerpo, le toman fotos pero no se animan a llevárselo frente a mi cámara, que ya he encendido. Así que le ordenan al conductor de la minivan seguirlos hasta el cuartel.

El pastor ganó, todo lo que pueden ganar los que siempre pierden. Será más difícil que boten ahora el cuerpo. Ya está grabado y ya ustedes saben su nombre. Todo indica que gracias a la labor de los líderes haitianos, Gems Joacin, el obrero de la construcción que salió de algún lugar del Artibonit, en Haití, alrededor del año 2004, siendo muy joven, buscando una vida mejor, seguirá siendo él y no eso.

***

Solo en los últimos tres años Punta Cana, el territorio donde Pastor Wilson resiste a las autoridades, ha recibido a un aproximado de nueve millones de turistas. Este lugar ha materializado el concepto de “paraíso tropical” y es por mucho el lugar más lujoso de las Grandes Antillas. Originalmente conocida como playa de los borrachos o playa de los pescadores, fue fundada a finales de los años 60 por un grupo de empresarios estadounidenses que vieron el potencial abrumador de ese pedazo de edén. Desde entonces se han construido más de 70 mega resort de lujo, con campos de golf y playas privadas, y cientos de hoteles de menor envergadura. En total hay disponibles 44,000 habitaciones para acoger veraneantes.

Desde que un grupo de empresarios fundó Punta Cana en los 60, esta parte de Dominicana se ha convertido en uno de los paraísos caribeños por excelencia. En los últimos tres años ha recibido a nueve millones de visitantes.

El magnate dominicano Óscar de La Renta quedó embrujado por las aguas cristalinas y decidió construir acá una mansión privada y un hotel, el Tortuga Bay, que es considerado como el lugar más lujoso de toda la isla de La Española. Lo mismo hizo el romántico cantante español Julio Iglesias, quien también construyó una mansión frente a una de las calas de arena blanca y agua turquesa. Punta Cana atrae a las celebridades como la miel a las hormigas. Por acá han pasado Shakira, Marc Anthony, Rihanna, Jenifer López, Justin Bieber y un rosario de grandes empresarios de todo el mundo. Pero este paraíso no solo es para famosos y millonarios. Miles de norteamericanos y europeos llegan en los cruceros todos los días y las discotecas y bares hacen que cada día y cada momento parezca sábado por la noche.

Todo este crecimiento acelerado, todas esas construcciones, necesitan materializarse en columnas, techos y vigas, y esas cosas no se arman solas, el dinero aún no tiene ese poder sobre los elementos. Más de 111,000 haitianos  han llegado o han sido llevados por las grandes constructoras para volver esas ideas de grandeza algo tangible, según cálculos de investigadores locales. Los turistas también necesitan personas que reciben a los bañistas y les ofrecen una toalla limpia al salir del mar o la piscina, alguien que arregle sus cuartos y sirva sus langostas. La gran industria del turismo ocupa al menos a 54,000 haitianos, según un estudio del Instituto de Migración de República Dominicana.

Las mismas personas que son perseguidas por las políticas de Abinader son esenciales para varios sectores económicos del país. Por eso los comerciantes de varios mercados se han manifestado en contra de las grandes deportaciones, dicen estar vendiendo menos de la mitad de sus productos por la ausencia de compradores haitianos. Se quejan también en el sector agropecuario, sobre todo los bananeros y cañeros. Incluso el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, ha aceptado que las deportaciones afectan gravemente el sector de la construcción. Todos hacen girar sus quejas en lo mismo: las deportaciones hacen que los trabajadores escaseen y esto deprime los procesos productivos y de consumo interno. El tema de derechos humanos no pasa a un segundo plano, ni a un tercero ni a un cuarto. No está sobre la mesa.

Un día de octubre, al final de la tarde, cuando el sol parece sonrojarse sobre un mar azuloso, una pareja de norteamericanos se casa sobre la playa. La gente de su hotel se ha encargado de acomodar altar y mesas para unas fotos perfectas. El hombre, un afroamericano de casi dos metros, le pone el anillo a su esposa justo cuando la tarde pinta su última escena. Más adelante un grupo de modelos son fotografiadas mientras posan orgullosas, imposibles, con el gesto de las divas en el rostro. Es hora agradable y un grupo de familias francesas flotan en las aguas mansitas del Caribe. Atrás, en la arena, cuidando las cosas de los bañistas, acomodando las tumbonas, entregando toallas y sirviendo el champagne de la boda están los haitianos, siempre haitianos, siempre atrás, siempre viviendo en las los cerros, como Matamosquito, en donde ellos pueden hacer sus chabolas en pisos de tierra y techos de lata. Unas horas después de esta boda, la policía matará a Gems Joacin.

El cadáver de Gems Joacin, asesinado por la policía a tiros en el barrio de Matamosquitos, en Punta Cana.

***

Mi primer encuentro con Pastor Wilson se produjo tres días antes del asesinato, cuando estaba a 40 minutos de Punta Cana. El día anterior me había confirmado escuetamente por teléfono lo que Rony me había dicho: Mikelson estaba vivo, bajo su resguardo, y me guiaría hacia él. Pero el teléfono volvió a sonar por otro motivo. “Tienes que venir, acá tengo un caso terrible. Estoy en el hospital con un muchacho que… mejor ven, acá te muestro”

En el Hospital general Nuestra Señora de la Altagracia, al fondo de un pasillo, separado del resto de enfermos, se lamentaba Wikey, el hombre desollado.

Wikey fue arrastrado por una camioneta. Después de 17 días escondido en su casa, la red de apoyo haitiano logró para él una cama en un hospital.

En el área donde estaba Wikey no se permiten visitas, pero Pastor Wilson me coló como a una mercancía de contrabando con la complicidad de un seguridad haitano, que le guiñó un ojo al verlo acompañado de un hombre blanco. Wikey es un joven delgado con unas dreadlocks cortas. Tenía la mirada perdida y respondió a mi saludo muy despacio, muy suave, como si nos encontráramos en un sueño.

La vida parecía haberse ido ya de su cuerpo. Hablaba y miraba como desde el fondo de un pozo. Tenía casi la mitad del cuerpo desollado, sin la piel y la carne que suele rodear los huesos. De la rodilla derecha hacia abajo tenía ya un color negruzco, como chamuscado. “A él una jepeta (camioneta) lo arrolló, parece que adrede, en la madrugada, y lo arrastró por la calle un kilómetro completo. Se soltó en una curva porque ese hombre jamás paró”, me explicó en secreto Pastor Wilson. Me dijo que las vecinas de ese muchacho lo habían llevado al hospital municipal de Verón, Punta Cana, entre el 1 y el 3 de octubre, pero ahí lo mandaron para su casa.

En su casa de piso de barro y todo lo demás de lata, plásticos y madera había langudecido Wikey durante 17 días. Fueron justo los días donde los operativos policiales de migración estaban en su auge y sus vecinas huyeron del caserío. Se quedó solo con un poco de arroz y agua, tratando de no hacer ruido y con la puerta trancada, esperando no ser descubierto por migración, la policía o el ejército. Así había pasado poco más de dos semanas, con el cuerpo infectado, hambriento y moribundo hasta que lo encontró Pastor Wilson, lo movió en su pick up patojo y movió sus contactos para que lo recibieran en este otro hospital.

En el hospital Pastor Wilson se encargaba de decir a cualquier persona con la que se topaba que le acompañaba “un hombre de la prensa internacional”. Un enfermero llegó con una camilla y se llevaron a Wikey a hacerle rayos X. Luego lo pasaron a una sala más grande donde al parecer, por fin, lo atendería una médico.

Tres mujeres jóvenes conversaban relajadamente en esa sala sobre la medida de un mueble que una de ellas instalaría en su casa. Las mujeres no ocultaron su horror al ver al hombre desollado. La doctora se acercó a revisarlo y a hacerle preguntas que Pastor Wilson traducía con premura. Cuando le explicaron que tenía 17 días infectándose reaccionó muy molesta: “¿17 días que tú estás así? Muchacho pero viendo como tú estás y hasta ahora vienes al hospital. Dios mio…”. 

Pastor Wilson le explicó que no había podido salir por temor a ser capturado por migración. La doctora ignoró esto último, le dio un par de regaños más y se fue. Entonces vino una enfermera y le lanzó un paquete al pastor Wilson. “Tú eres el responsable de él, desnúdalo y ponle este gorro y esta bata que ahora va para curación”, le dijo. 

Pastor Wilson comenzó a quitarle poco a poco la ropa, que a estas alturas ya se fundía con la piel, Wikey apretaba los dientes, abría los ojos y manoteaba en una lucha agónica, como si, poseído por el dolor,  desconociera por momentos a su benefactor. Pero entonces el pastor le susurró al oído, le habló de un futuro distinto, le dijo cosas buenas en creole. Parecía tararear bajito una canción para él. Logró calmarlo y la ropa iba cediendo, se iba desprendiendo muy lento, el pastor iba centímetro a centímetro y aunque lo hacía con cuidado arrancar tela era quitar también parte de Wikey. Logró quitar una parte, tela y piel se habían aliado en una sola cosa y el pastor parecía estarlo descascarando, pero Wikey lo miraba tranquilo, lo escuchaba y parecía seguir el hilo de esa historia bonita que el pastor le cantaba. Parecía creerle. Supongo que es así cómo luce la bondad: en medio del horror, una persona cantando bajito y prometiendo cosas buenas, mientras cambia la ropa de un hombre desollado.

***

Después de la noche en que la policía mató a Gems Joacin, el pastor me lleva cerca del Barrio Fuisa. Le he dicho que me gustaría conocer a Mikelson, el pastor Wilson me dice que me llevara con él.

Llegamos a un cerro donde esta semana los haitianos, hartos de las vejaciones de los uniformados, lanzaron una tormenta de piedras sobre las patrullas. Tuvo que llegar el Ejército a sacar a esos policías de ahí. En las cuarterías, lugares donde los haitianos alquilan pequeños cuartos temporales para vivir, se respira un aire de alerta. La cacería de las autoridades ha sido tan abrumadora que los haitianos dejan sus ventanas abiertas para escapar por los tejados en caso de redada.

Damos varias vueltas por el barrio, Pastor Wilson va saludando a todo el mundo. Nos detenemos en una cuartería de dos pisos y toca una puerta de lata. Un hombre joven sale a medio vestir de ese pequeño horno. Lleva la cara llena de residuos de pintura. El pastor le pregunta por algo, el hombre señala otra chabola de lata, el pastor lo regaña. El hombre va con prisa, abre una puerta con un candado y sale con una bebé en brazos. No soy bueno con la edad de los niños y las niñas pero esta no llega al año. Su madre fue raptada la segunda semana de octubre en las calles de Verón, Punta Cana. Fue metida en una de esas cosas infernales con ruedas y rejas donde apiñan a los haitianos, y llevada a una de las cárceles que funcionan como paso previo a la deportación. Dejó a la bebé en su chabola, suplicó a los agentes que las deportaran juntas, pero no logró nada. Pastor Wilson se enteró y fue a por la niña, que tuvo en su casa, donde vive con su mujer y sus hijos, por varias noches, luego la entregó a los vecinos de la mujer.

—¿Cuántos bebés ha tenido que recoger en casa en lo que va del año? — le pregunto al pastor. 

—Mmm varios, Juan, varios — me responde con una sonrisa tristona.

—¿Serán unos cuatro? —le pregunto después de hacer un cálculo para mí ya horroroso. Pero el pastor salta como un resorte.

—¿Como cuatro, tú estás loco?—.

Pastor Wilson dice haber tenido que resguardar al menos unos 25 niños menores de 10 años en los diez meses que van de año.

 
Un joven cuida a una bebé que quedó sola después de que las autoridades dominicanas arrestaran a su mamá.

El muchacho de la cara manchada de pintura no sabe cómo se llama la bebé ni cuántos meses tiene, no sabe cómo se llama la madre ni si regresará. El pastor lo tranquiliza, le dice que ha conseguido que liberen a la madre y espera que en la tarde estén juntas de nuevo. Mientras, el ferrocarril subterráneo, esa red semi clandestina de líderes y organizaciones haitianas que resiste al apartheid, cuidará de ella.

Vamos luego a otro barrio y luego a otro en busca de Mikelson. Los casos parecen infinitos y los líderes no quieren perder la oportunidad de que un “journalist” documente las tragedias en sus lugares. El de la mujer que fue sacada del hospital el mismo día que le hicieron una cesárea y tuvo que esconderse de la migración en su chabola junto a su bebé por una semana con talco para pies como única medicina. El del hombre que se tuvo que esconder en un hueco lleno de botellas de vidrio y su cuerpo quedó como mordido por mil pirañas.

Llegamos al fin a un edificio que funciona como cuartería y ahí sale un hombre con ambas piernas enyesadas. Fue el resultado de ser lanzado desde muy alto por un policía de migración.

—Bonjour, Mikelson, je vous cherchais. C’est un plaisir —le digo mi frase ensayada con la peor pronunciación con la que se ha hablado alguna vez el francés desde que se inventó.

Me saluda muy amable, pero su nombre no es Mikelson, mi hombre del tejado. Su tragedia, que le tendrá sin trabajar al menos seis meses, no fue grabada por nadie.

En este momento llego a creer que ese ferrocarril subterráneo, esa gran red de líderes haitianos quizá sí sabe quién es y dónde está Mikelson, pero para ella lo importante es mostrarme el horror del apartheid. O quizá no, quizá es solo que hay demasiados Mikelson en República Dominicana.

***

Gems Joacin descansa donde deben descansar los que mueren. Está metido en una caja muy sencilla de madera y sin vitral que el pastor consiguió comprar con ayudas de sus feligreses y con dinero de su propia bolsa. La policía tuvo que devolver el cuerpo y habrá una investigación sobre el caso. La gran mayoría de estas pesquisas no llegan a nada, pero al menos habrá registro y sobre todo no fue botado en una zanja en medio de basura de caña.

La última semana de octubre el pastor Wilson, su equipo de líderes y algunas personas del barrio se despiden de Gems Joacin cantando. Es una canción triste, como lejana. La cantan lento, alargando las vocales y con un ritmo que recuerda a los cantos rituales de algunas sociedades africanas.

“Ven a él, ven a él. Veeeeen a éeeeel. Que te espera tu graaaan salvador, ven a él…”

La melodía me recuerda a otra canción, la que canta el viento sobre los campos infinitos de caña verde. Evoca a otro tiempo, me recuerda las cosas buenas que aún se albergan en el alma humana.

El pastor me dice que me prepare, que mañana sí va a llevarme a ver a Mikelson. Ya no se si ese hombre solo quedará registrado en la posteridad como la persona que un cronista no encontró. Sin quererlo ya me mostró mucho. Ya a estas alturas soy como una veleta. Estos hombres y mujeres me llevan por este paraíso caribeño que para ellos es un infierno diario. Yo solo me dejo llevar.  

Continuará…

* Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

En el vídeo un policía persigue a dos hombres negros que huyen sobre un tejado rojo. Quiere acorralarlos, pero uno de ellos lo sobrepasa con una finta y corre. El otro, una figura delgada que viste un chaleco reflectante como los que usan los trabajadores de la construcción, queda atrapado. El agente lo captura y lo agarra de la ropa. El hombre intenta liberarse, pero el policía lo lleva hasta el borde del tejado. Y lo lanza. “¡Baba, Baba (Dios mío, Dios mío), lo mataron!”, exclama en creole, el idioma haitiano, la mujer que graba el vídeo desde un celular. El hombre del chaleco reflectante desaparece del plano. La mujer queda sollozando.  

El vídeo lo recibo el 4 de octubre por la tarde, dos días antes de aterrizar en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. La fuente que me lo manda no sabe nada de sus tres protagonistas, ni de la mujer que se lamenta. Tampoco sabe en qué lugar se grabó. Las casas bajas de techo de lámina se parecen a las de cualquiera de los barrios donde, según han documentado ongs de derechos humanos, las autoridades dominicanas detienen a cientos de jóvenes, niños y mujeres con y sin sus bebés para encerrarlos en jaulas rodantes antes de ser deportados a Haití.

De lo que está convencido mi contacto es que la escena ocurrió entre los últimos días de septiembre y los primeros de octubre de 2024. El gobierno de Luis Abinader ha prometido sacar del país a 10,000 haitianos por semana y la Policía de Migración, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, y parte de la población dominicana, incluso armándose, trabajan en conjunto para cumplir esa promesa y “defenderse” de lo que la narrativa oficial ha llamado una “invasión”. Durante el mes que estaré reporteando, el gobierno deportará a casi 28,000 haitianos. Mi contacto también cree que el hombre del chaleco ha muerto. Sería lo normal luego de una caída de ese tipo. 

Para mí este vídeo representa el espíritu de esta lógica violenta que parece haber poseído a la República Dominicana contra sus vecinos: dos hombres negros huyendo sobre un tejado, un uniformado persiguiéndolos, un hombre lanzado como una bolsa se desechos, una mujer que llora. 

Vídeos similares donde policías ejercen la brutalidad contra personas negras despertaron la indignación y movilización colectiva en países como Estados Unidos. El movimiento Black Lives Matter, que derivó en las mayores protestas cívicas en Estados Unidos desde hacía sesenta años, nació después de que en mayo de 2020 un vídeo mostrara cómo la policía asesinaba a George Floyd mientras exclamaba “I can´t breathe (no puedo respirar)”. La mayor revuelta cívica de California en siglo XX estalló luego de que un jurado compuesto en su mayoría por blancos absolviera a policías blancos por la golpiza colectiva del afroamericano Rodney King en Los Ángeles, aunque quedaron inmortalizados en un vídeo que una vecina grabó mientras exclamaba cosas parecidas a las que escucho en el vídeo que ahora tengo en mi poder. 

Es por eso que al llegar a Santo Domingo me acompaña lo que se irá volviendo una obsesión: encontrar al hombre del vídeo, o su tumba, o a alguien que lo extrañe; poder, además, responder qué fuerzas operan para que no haya juicios, ni investigaciones, ni protestas, ni fuego. 

Tengo una cita en MOSCTHA, una ONG de apoyo a la población haitiana, pero al llegar a las instalaciones un grupo de ultranacionalistas de ropas oscuras que se hacen llamar Código Patria ha bloqueado la entrada. No permite a nadie entrar o salir. Son unas 50 personas con banderas de República Dominicana y retratos de Juan Pablo Duarte, el prócer que lideró la guerra de independencia con respecto a Haití en 1844. Han puesto un parlante frente a la entrada de la institución y gritan consignas anti haitianas. “¡No queremos haitianos aquí, que se vayan para Haití!”. 

La institución funciona como clínica para los migrantes haitianos con papeles y sin ellos, tiene una cabina de radio donde transmite en creole para informar a la comunidad haitiana en el país y un programa especial para atender a gente con VIH. “¡Si no se van los sacamos, República Dominicana para los dominicanos!”, chilla Wendy Santiago, la líder fundadora de Código Patria. Pasadas unas dos horas paran las consignas y los insultos, guardan sus parlantes y sus banderas y se van. La clínica vuelve a abrir y los pacientes aparecen de nuevo, como si esta mañana del 7 de octubre de 2024 hubiesen estado escondidos en las cercanías. 

En la parte alta de la clínica me recibe Joseph Cherubin, el director de la institución. Estoy acá porque va a darme acceso a una red de líderes haitianos en República Dominicana. Se trata de líderes locales, representantes sindicales, pastores evangélicos y ungans, mambos y bokos, como se les conoce a los sacerdotes y sacerdotisas de la religión vudú, que han establecido un sistema, muy rudimentario y cuasi clandestino, de apoyo a la comunidad migrante. Es esta red la que organiza colectas para sufragar los gastos médicos de los haitianos enfermos o heridos, la que brinda cobijo y protección cuando las redadas migratorias arrecian, y la que documenta las constantes vejaciones de las autoridades y grupos ultranacionalistas. Es esta red de pocos recursos y escasas conexiones internacionales la barrera que separa a muchos migrantes haitianos de la muerte y otros horrores. 

Redes de este tipo han acompañado a la comunidad afroamericana casi desde la época de los grandes raptos de personas en África y los años de las colonias y el esclavismo. En el siglo XIX Harriet Tubman, una mujer negra esclavizada en el sur de los Estados Unidos conocida como “Moisés”, lideró una red clandestina que luchaba por la abolición de la esclavitud y apoyaba la huida de esclavos desde el Sur hacía los estados abolicionistas del Norte. A esta red clandestina se le conoció como “El ferrocarril subterráneo” y se calcula que al menos 100,000 esclavos la utilizaron para liberarse. En 2017 el escritor Colson Whitehead ganó el Pulitzer con su novela El ferrocarril subterráneo, basada en ese episodio histórico, y en 2023 el director Barry Jenkings la adaptó en una serie para HBO. En República Dominicana, un ferrocarril parecido, creado por hombres y mujeres negros, opera hoy. Éste, como aquél, debe hacerlo en las sombras si quiere sobrevivir. Éste, a diferencia de aquél, no camina para que las personas dejen de ser propiedad y logren su libertad, más bien intenta que las personas sean tratadas como personas y se queden donde están. 

El director Cherubin me lleva a su oficina y me explica que hay redadas para cazar haitianos por las mañanas y por las tardes. Me dice que los policías parecen tener cuotas de capturas diarias y que si no las cumplen entran por las noches a los barrios a raptar. Para mostrármelo saca su teléfono y abre sus carpetas con la recopilación de vídeos y fotografías que líderes haitianos en todo el país le han enviado en el último mes. El archivo parece interminable. Es como un gran menú de los horrores. 

Me muestra decenas de vídeos donde personas negras corren de sus perseguidores uniformados, muchas veces también negros, como el de una mujer que grita que su bebé recién nacido morirá de hambre si ella no vuelve mientras la insultan y la arrastran hacia uno de los camiones jaula que el gobierno ha destinado para la deportación. O la mujer que aprieta al bebé contra la reja de uno de sus camiones para que no caiga a la calle mientras el camión está en movimiento. O el de tres hombres uniformados que le dan a un hombre negro un garrotazo en la cabeza. “¡Parate, coño, haitiano del diablo!”, le dicen mientras el hombre convulsiona en el suelo, desangrándose.  

Me muestra vídeos que han sido grabados por personas detenidas y bajo custodia del gobierno dominicano: haitianos desmayados, hacinados como ganado en grandes naves sin ventilación; gente que grita en creole que llevan ocho días sin poder hablar con su familia ni tener derecho a abogados; personas defecando en una bolsa dentro de las jaulas rodantes luego de 12 horas de encierro bajo el sol. 

Muchos de esos haitianos están en un enorme centro de detención ubicado en la localidad de Haina, en el mismo lugar que durante décadas sirvió como destino para los veraneantes dominicanos, y que, aunque suena como una mala broma, conserva su antiguo nombre: Centro Vacacional de Haina.

Entre estos vídeos no está el del hombre que el policía tiró de un tejado. Le pregunto a Cherubin por él y le digo que quiero encontrarlo. Me dice que la red se pondrá en marcha y que lo encontrará para mí. A él o a su tumba. 

El “ferrocarril subterráneo” de los haitianos asigna a Moisés, un hombre de unos 40 años, como mi guía. Es calvo, de cuerpo macizo y sonrisa perfecta. Es un zorro viejo del Caribe que sabe cómo moverse en los barrios de haitianos en medio de la cacería de la policía. 

Dos días después de mi visita a la ONG, Moisés me llama por teléfono: “Está vivo”. 

***

La encargada de la puerta del hospital de traumatología de Santo Domingo solo me deja entrar a mí, a Moisés lo espanta, como a un niño, o más bien como a una mosca. En el tercer piso, en la habitación 204, sobre una camilla, vendado de medio cuerpo y pálido, de un pálido grisáceo, está Keken, un haitiano de 22 años. Su hermano lo acompaña, pero ninguno habla español. Deben recurrir al ferrocarril para contarme su historia. Llaman a uno de los líderes, un pastor evangélico, y él traduce desde el teléfono para mí. 

Keken, un haitiano de 22 años, en un hospital de República Dominicana. Tiene medio cuerpo vendado después de caerse de un tejado cuando un policía lo perseguía.

En la mañana del 1 de octubre de 2024 Keken se dirigía a su trabajo, en una fábrica de bloques de cemento, cuando la policía lo persiguió en una de las nuevas redadas migratorias. Él subió a un tercer piso pero la policía corrió tras él, acorralándolo. Keken cayó hasta el suelo y ahí quedó inconsciente, con la cadera y varias costillas rotas más un rosario de quebraduras y magullones. Los policías lo vieron inconsciente y se fueron mientras él sangraba en el polvo de la calle.

El ferrocarril subterráneo de los haitianos lo ha cuidado desde entonces y ha conseguido un cupo en el hospital. Pero para poder operarlo les piden varias bolsas de sangre y unos medicamentos con un valor de unos 300 dólares que la red aún no ha podido conseguir.  

Un grupo de médicos entra a la sala donde están también otros hombres muy lastimados. El doctor encargado va acompañado de un grupo de médicos y doctoras jóvenes. Le preguntan cosas a Keken, pero este solo levanta los ojos hacia su hermano que a su vez me lanza una mirada a mí. 

Le digo al doctor que soy periodista, que estoy escribiendo algo sobre este caso y otros. “Acá atendemos a todo tipo de personas, no importa si son haitianos. Tenemos que atenderlos igual”, me dice en automático. Le explico que no hablan español pero que pueden utilizar al mismo pastor como intérprete, pero no quiere. Le pregunto cómo se comunican con los haitianos que no hablan nada de español. “Tenemos un colega que habla creole, pero acá intérprete no hay, a veces algo entienden o hay alguien acá que pueda traducir”, me dice. En el caso de que no haya nadie, como el de Keken, pues nada, se dan la vuelta y se van sin informarle al paciente sobre su condición. Le pregunto si hay muchos extranjeros en condiciones similares. “Sí, hay varios chinos, pero ellos son más responsables que los haitianos”, me dice y sigue su camino. 

Keken llegó hasta República Dominicana hace apenas un año, nació cerca de Cabo Haitiano y vino a buscar trabajo y huyendo del caos violento de las bandas y la hambruna. No es seguro que vuelva a caminar. En caso que lo logre, es seguro que no lo hará como antes. 

Keken no es el hombre sobre el tejado que busco, es otro hombre sobre otro tejado. 

***

Seguiremos buscando”, me prometió Moisés el día que visitamos a Keken en el hospital. Llevo una semana en Santo Domingo cuando me llama de nuevo. “Una líder lo ha encontrado en Villa Mela”, me dice haciendo referencia a un barrio con gran concentración de haitianos. Me cuenta que la red ha hecho correr la información de que hay un periodista escribiendo sobre casos de abusos contra los haitianos y decenas de líderes, pastores, bokos, y activistas de todo el país están escribiendo, enviando vídeos, fotos y declaraciones. Un pastor evangélico haitiano ha escrito al ferrocarril subterráneo y dice saber dónde encontrar al hombre del tejado. Dice que una líder llamada Vania parece tener el caso en su territorio. 

Viajamos juntos con este pastor de quien lo más prudente será no decir su nombre ni dar mayores señas, hasta un barrio populoso a una hora de Santo Domingo. 

Vania me recibe en su oficina. Es una mujer rolliza y cabello hasta la barbilla. Tiene una cara amable y una sonrisa que contagia. Como Cherubin, dirige una ONG de apoyo a la comunidad haitiana migrante. La suya se llama Movimiento Socio Cultural para el Desarrollo de las Comunidades. Ella me habla de la crisis en su sector, de miles de haitianos desplazados, de niños que se quedan solos cuando se llevan a sus madres. Como Cherubín tiene su propio archivo de vídeos aterradores. 

Vania dice que la ofensiva contra la comunidad haitiana se hace más grave con el tiempo, dice que parece ser cíclico. La historia parece darle la razón. 

En los años treinta, el dictador Leónidas Trujillo prohibió muchas expresiones haitianas en este país y organizó uno de los genocidios más brutales de América Latina en 1937 con el asesinato de entre 5 y 15 mil  hatianos en la franja fronteriza de Dajabón. El tirano fue asesinado en 1971 pero dejó sembrada la semilla del etnocidio que ahora vuelve a florecer. 

En 2013 una reforma constitucional estipula que todos los hijos y descendientes de haitianos “ilegales”, a pesar de haber nacido en República Dominicana y de tener acta de nacimiento y cédula, dejan automáticamente de ser dominicanos, con la pérdida de derechos que eso incluye. Según las organizaciones haitianas —la falta de estadísticas oficiales no permiten una cifra más precisa— en un país de poco más de 11 millones de habitantes ahora mismo viven entre 500,000 y más de un millón de haitianos. Más de 200,000 personas están condenadas a ser apátridas, no son dominicanas pero tampoco son haitianas puesto que no nacieron ahí. Están condenadas a flotar en la incertidumbre de estar ilegales allá donde estén. 

La Comunidad de Haitianos Organizados, un conjunto de instituciones pro migrantes, ha documentado en 2024 cientos de casos de niños deportados, de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia enjauladas en condiciones lamentables y deportadas con y sin sus bebés, personas encarceladas en jaulas rodantes, sin las condiciones mínimas que apuntan los tratados internacionales. En los últimos cinco años este conjunto de ONGs ha envíado un informe anual donde se consignan estas vejaciones a la Procuraduría General de la República sin que haya derivado en ningún tipo de investigación. 

El discurso de odio, además, ha calado en la sociedad. Decenas de grupos anti haitianos amenazan, raptan y agreden a líderes y organizaciones haitianas con total impunidad. 

No son casos aislados. No son policías descarriados. No son grupos de lunáticos que odian a sus vecinos. Desde 2021, cuando el éxodo haitiano comenzó a aumentar mientras su país colapsaba, República Dominicana ha deportado a 400,000 haitianos, según la Organización Internacional para las Migraciones. Lo que ocurre en esta isla del Caribe es un sistema de segregación racial. Es un apartheid. 

Si se cumpliera la promesa de Abinader, en un año serían deportados tantos haitianos como habitantes tiene Asunción, la capital de Paraguay, o más de ocho veces los de Springfield, Ohio, donde según el bulo lanzado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, los haitianos comen mascotas. 

Vania me muestra una de las acciones más eficientes para la protección de los migrantes. Es un vídeo que el tramo de la red a la que ella pertenece han elaborado para la comunidad haitiana. En él una mujer joven explica qué deben hacer cuando los persiga la policía, les dice que estén calmados, que traten de no caminar solos, les enseña algunas palabras en español y recalca que no deben pelear ni correr. 

Cuando le pregunto por el muchacho del tejado, Vania dice que está vivo apenas y que agoniza en uno de los barrios de Villa Mela. 

***

La tarde siguiente Moisés me guía hasta Villa Mela. Los obreros haitianos van saliendo de las construcciones y llenan en masa los barrios marginales. Una patrulla de la policía nos sigue los pasos desde que llegamos a la zona. “Tú calmado, no van a hacer nada a periodista. Nos quieren quitar los cuartos (dinero), pero no van a hacer nada”, me dice Moisés en un español maluco y con una calma inquietante. Antes que subamos la cuesta de entrada al barrio, la patrulla se nos atraviesa por delante. Dos hombres uniformados rodean el carro con actitud de vaqueros, con las manos en las armas.

Un agente de la policía nacional que se identifica como Oficial Reyes toma mis papeles y anota mis datos en una libreta. Ni siquiera pide los documentos del vehículo. “Haitiano, ¿tienes tus papeles, estás en regla?”, le espeta el policía a Moisés, que se los entrega en silencio, sin quitarle una mirada desafiante de los ojos.  

Revuelven mis cosas y destrozan una caja de barras de granola que, en un intento por ser más saludable, guardaba en el asiento de atrás de mi camioneta. Nos preguntan a dónde vamos. No respondo. Se van, pero nos siguen por varias cuadras hasta que hacemos algunos regates y nos internamos en el cerro. Subimos hacia el barrio por calles de barro, sorteando los enormes charcos que la lluvia de anoche dejó a su paso. La mayoría son casas pequeñas de techos de lata y pequeños cubos de madera parecidos a barracones. 

Luego de un buen tramo llegamos a una casa pequeña. Adentro, boca abajo en un pequeño catre de madera, está Daniel gimiendo de dolor. Su sonido es un pugido suave y largo como el de alguien que se ha golpeado el estómago. Hablar le duele, parece que gemir también. En la espalda tiene unos seis orificios de bala en la parte izquierda de la espalda baja.

Hace unos días, dos policías le quisieron detener mientras iba a su trabajo en una construcción. Daniel no se detuvo y trató de escapar. Entonces uno de los uniformados le disparó por la espalda. El tiro fue a corta distancia, los plomos de la escopeta aún no se habían expandido mucho, apenas pocos centímetros. Los tiros no atravesaron a Daniel. Lo tumbaron. Según me cuenta su familia, los policías lo obligaron a caminar de rodillas un tramo y quisieron llevárselo. Pero cuando vieron que sangraba mucho y que el barrio comenzaba a ponerse bravo y grupos de hombres jóvenes se juntaban por las esquinas indignados, lo dejaron sobre el polvo. 

Antes de irme, Moisés me dice que él se llevará mi carro, insiste en que los policías que nos detuvieron son los mismos que dispararon a Daniel y cree que podrían detenernos o jodernos de alguna forma. La gran red del ferrocarril haitiano necesita sacar estas historias del barrio y no se arriesgan a que mis fotos, grabaciones y vídeos terminen en manos de la policía. Me montan en una moto y me sacan por otros callejones. 

***

Después de mis fracasos, creo que no encontraré a ese hombre del tejado o sus restos, que ese caso quedará en el olvido, que su vida, o su muerte, solo pasará a la posteridad como un vídeo anónimo donde un policía anónimo lanza al vacío a un hombre sin nombre que había venido desde un país moribundo a trabajar y que ese día vestía un chaleco amarillo reflectante y un pantalón azul. Pero el ferrocarril subterráneo se manifiesta de nuevo. 

Rony, uno de los líderes más activos de toda la red y cuyo nombre por supuesto no es Rony, me dice que los líderes le han enviado el mismo vídeo que tengo yo. Me dice que el muchacho está vivo y que está bajo la protección de Pastor Wilson, a quien nombra como si yo debiera saber quién es ese hombre. 

Luego de un silencio dramático me cuenta que es un dirigente haitiano que opera en el otro extremo del país, en la joya turística de República Dominicana, Punta Cana. Ese pastor está siendo perseguido por las autoridades dominicanas por sus constantes denuncias y por llevar un registro en extremo detallado de los abusos, asesinatos y maltratos por parte de autoridades a la población haitiana. Ha sido amenazado varias veces y esto le vuelve arisco. Es muy difícil hablar con él por teléfono. Otros líderes haitianos que me cuentan sobre él lo describen como un hombre rudo, que además de ser líder comunitario y pastor es detective privado. Dicen que se guarda muy bien las espaldas. 

Si quiero encontrar al hombre del tejado, asegura Rony, deberé ir hasta Punta Cana, a 200 kilómetros de Santo Domingo, y hablar con el pastor Wilson en persona. 

Luego de caminar a ciegas buscando a un fantasma, la información que llega por el ferrocarril subterráneo rompe con el anonimato del hombre del tejado: Mikelson, el hombre del tejado se llama Mikelson. 

Continuará…

* Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

El 23 de noviembre de 2024, la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado acusando a una publicación de Contracorriente de ser contenido «tendencioso que busca confundir a la población», después de que este medio publicara una nota en la que reveló cómo esta institución contrató de forma directa a una empresa mencionada en el caso Narcopolítica por vender paquetes de vuelo al cartel de Los Cachiros. La resolución judicial de este caso indica que el grupo del crimen organizado era cliente preferencial de la empresa.

Texto: Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen

Según el requerimiento fiscal del caso «Narcopolítica», Devis Leonel Rivera Maradiaga y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, jefes del cartel de Los Cachiros, arrendaron helicópteros por medio de paquetes de vuelo entre marzo de 2010 y septiembre de 2012, los cuales fueron utilizados por Miguel Pastor —político nacionalista y titular de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) entre 2010 y 2014—, Walter Maldonado —director de Carreteras en ese mismo periodo— y Fabio Lobo, hijo del entonces presidente Porfirio Lobo, quien en 2016 se declaró culpable en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. Los funcionarios fueron acusados por los delitos de lavado de activos, fraude, falsificación de documentos, soborno y cohecho.

La resolución del caso de la corte de apelaciones a la que Contracorriente tuvo acceso a través del Centro de Documentación del Centro de Estudio para la Democracia cita que la extracción de información de correos electrónicos entre Liana Bueso —en ese entonces funcionaria de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi)— y la empresa Divesa, indicaba que los vuelos habían sido dados a un precio especial «a la familia Rivera» (Los Cachiros) «por ser clientes especiales», y que estos vuelos fueron pagados por «clientes especiales de Divesa».

La Secretaría de Seguridad en Honduras justificó mediante un comunicado emitido el 23 de noviembre, tras la publicación de Contracorriente, que la empresa Divesa, contratada de forma directa en el marco del estado de excepción, opera como único distribuidor autorizado de equipos Bell en el país para poder ofrecer los servicios para el proceso de adquisición de repuestos e insumos, reparación y capacitación para el mantenimiento de los helicópteros policiales de esa marca.

Sin embargo, la misma nota publicada por este medio explica que Divesa se ha sometido a otros procesos de contratación y ha perdido ante otras empresas.

Por ejemplo, en noviembre de 2022, la empresa formó un consorcio con la empresa HJJ, justamente con el objetivo de participar en un proceso de contratación directa con la Fuerza Aérea Hondureña para el suministro de repuestos para helicópteros Bell. El documento de constitución del consorcio también destaca que Divesa se identifica como representante de la marca Bell en Honduras. Sin embargo, según información divulgada por la Secretaría de Defensa, el contrato finalmente no fue adjudicado al consorcio de la familia Nufio Fléfil, sino a la empresa S&S Aviation Services Inc, que según la resolución presentó la oferta económica más ventajosa y cumplió con todos los requisitos establecidos.

El comunicado de la Secretaría de Seguridad apunta que «la contratación actual con Divesa está fundamentada en la experiencia técnica de la empresa, garantizando la operatividad de las aeronaves (…) que desempeñan un rol crucial en operaciones de seguridad incluyendo extradiciones, rescates medicos y la erradicación de cultivos ilícitos, entre otros». 

Divesa también firmó contratos con el Estado durante la administración de Juan Orlando Hernández. Según el Portal de Contrataciones Abiertas de Honduras, entre 2014 y 2021 la empresa participó en 19 procesos de contratación, recibiendo alrededor de 1.8 millones de lempiras. En contraste, durante la administración de Xiomara Castro, Divesa ha recibido pagos que superan los 14.1 millones de lempiras en un periodo mucho más corto, lo que representa al menos 12.3 millones más que lo adjudicado durante los siete años de la administración anterior.

En 2019, esta compañía fue clave en una acusación del Ministerio Público contra 12 personas acusadas de integrar una red que lavó dinero del narcotráfico internacional mediante contratos de obras públicas. 

Por su parte, Divesa envió a través de su apoderado legal un documento a este medio solicitando que se «rectifique y amplíe la información publicada (…) o retire la nota». Contracorriente contestó solicitando una nueva entrevista, ya que la previa a la publicación de la nota no fue contestada, pero la empresa no respondió a la solicitud.

La justificación para la compra adjudicada a Divesa fue el estado de excepción, en cuyo marco en octubre de 2023 se emitió el acuerdo ejecutivo 245-2023, con el que se autorizó una serie de compras directas a la Secretaría de Seguridad que encabeza el general de policía Gustavo Sánchez. En el marco de ese acuerdo también se firmaron contratos directos por un total estimado de 228.3 millones de lempiras por la compra de cuatro drones, dos «grip» (de los que no hay más información), y diez vehículos tácticos Black Mamba Sandcat.

Las compras o contrataciones directas están estipuladas para procesos de emergencia y, según las regulaciones de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae), el objetivo es agilizar las compras en estas situaciones.

El Consejo Nacional Anticorrupción ha denunciado en múltiples ocasiones que las compras directas se han convertido en mecanismos de corrupción; por ejemplo, en agosto de 2024 la directora Gabriela Castellanos apuntó que «en la mayoría de las compras directas, estas se usan como mecanismos para favorecer a proveedores allegados a las autoridades, sin pasar por un proceso de calidad».

Los pilares que una vez definieron a Costa Rica como la “Suiza centroamericana” y la democracia más estable de Latinoamérica se desmoronan frente a nuestros ojos. La desigualdad profunda, los homicidios en niveles históricos y un sistema educativo en crisis están en la base de ese deterioro democrático. Un presidente de corte autoritario no tarda en sacarle provecho.  

Por María Fernanda Cruz

Costa Rica, considerada una democracia modelo dentro de la región, ahora quiere copiar el patrón autoritario de sus vecinos. La otrora “Suiza centroamericana” tiene en Rodrigo Chaves un presidente que detesta los controles del Estado y quiere gobernar por voto popular, brincándose la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos. Por eso desde que asumió la presidencia en 2022 ha ido tejiendo poco a poco una narrativa divisoria y revanchista que resuena en muchos sectores de la sociedad. La visita de Nayib Bukele a principios de noviembre lo dejó más que en evidencia: el modelo que Chaves admira y aspira a seguir es el de un presidente con poder absoluto. 

Bukele llegó en un momento justo para darle un empujón a la imagen de Chaves como líder autoritario, así oficialmente le quede un año y pocos meses en el poder. Después de su visita, Chaves repuntó en las encuestas de un 54 a un 63 % en las valoraciones positivas de la población, ayudado también por la gestión en la atención de la tormenta Sara. Es un apoyo que el Centro de Investigación Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP), que elabora las encuestas, considera “personalísimo”. Es decir, la gente todavía está preocupada por la tasa homicidios en el país, que en el 2023 alcanzó un máximo histórico  y la crisis en educación que su gobierno no ha logrado corregir, pero aún así lo aprueban a él como líder. Con la última encuesta, también creció la confianza en que el gobierno resolverá estos problemas. 

Chaves repite la receta heredada de personajes como Trump, Bolsonaro y Bukele. Se presenta como un político “antisistema”, habla en “pachuco” o jerga de pueblo y logra capturar a quienes no se sienten representados por ningún partido político. Si bien ha sabido aprovechar la baja confianza en los partidos y las fracturas de la antigua Suiza centroamericana, está lejos de ser el responsable de ellas. Su éxito, adornado de fracasos, es la consecuencia más evidente de un país en el que el desarrollo económico de las últimas dos décadas, potenciado por el turismo y las zonas francas, se quedó corto para satisfacer las necesidades de un país con una de las desigualdades más altas del mundo y que no ha logrado reducir sus niveles de pobreza en los últimos diez años. 

Hace un par de semanas regresé a mi pueblo, en la Provincia de Alajuela, a hora y media de la capital, para reencontrarme con mis amistades del colegio. Les pregunté si sienten que viven mejor ahora que cuando éramos más jóvenes, hace dos décadas. “Depende de dónde lo miremos”, me dicen. Aunque logramos superar o al menos igualar el estilo de vida de clase media que tuvieron nuestros padres y madres a nuestra edad, nos preocupa la inseguridad, atizada por la desigualdad, y la creciente crisis del sistema educativo. Vivimos con más recursos, sí, pero con menos tranquilidad y mucha ansiedad por el futuro. 

Mientras nuestra generación gozó de educación pública de calidad, varios de ellos y ellas ya sacrifican lo que sea necesario para enviar a sus hijos e hijas al sistema privado. No sienten que en el público vayan a recibir buena educación. Su preocupación está validada por informes como el Estado de la Educación, que el año pasado alertó de un “momento de extrema gravedad y vulnerabilidad” del sistema educativo. 

El informe también concluyó que, lejos de mejorar, la crisis se ha afianzado en los últimos dos años del gobierno de Chaves. El profesorado gana menos y no hay inversión suficiente en infraestructura ni en el desarrollo profesional de docentes. Paradójicamente, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, en vez de luchar por una mayor inversión, ha criticado que se destine el 8 % del PIB a ello por mandato constitucional. 

No hay duda de que el retroceso en la educación y el rezago en programas sociales amenazan nuestra democracia a futuro por las implicaciones que una sociedad menos educada sobre sus derechos supone. Pero la crisis de inseguridad y el repunte de homicidios de los últimos dos años es en definitiva la amenaza más inmediata.

De adolescente viví en una urbanización de bienestar social. Por la noche iba a comprar palomitas a la tienda del barrio, paseaba a la perra a cualquier hora, salía a bailar con mis amigas y me regresaba tranquilamente en taxi, sola, pasada la media noche. Dos décadas después, esa tranquilidad con la que iba y venía es impensable para cualquier adolescente del mismo barrio. 

El chat de WhatsApp de los vecinos arde a todas horas, pero sobre todo en la noche. “Que los hombres del barrio salgan a la calle porque hay presencia de varios sospechosos”, se lee en apenas uno de los cientos de mensajes. Hay una sensación de inseguridad constante. Si busco el nombre de Copán, cerca de mi antiguo caserío, en la sección de noticias de Google, los titulares me hablan de una mujer de 31 años a la que acribillaron en su propia casa, de un muchacho de 24 años interceptado en la calle y asesinado de un balazo en la nuca, de otro de 27 baleado en una vivienda que servía como búnker. 

No es solo allí. El país alcanzó cifras récord de homicidios en el 2023, con 17.2 por cada 100 mil habitantes. Superó a Guatemala y a República Dominicana, y es el único país de la región que presenta una tendencia al alza en este indicador, según el más reciente Estado de la Nación. La situación es peor en los poblados con menores índices de desarrollo humano y progreso social, como Matina, Pococí y Siquirres, en el Caribe. 

Quizás por ello no me sorprende que algunos de mis excolegas, familiares y hasta choferes de Uber con los que he conversado insistan en que apoyarían medidas extremas para controlar las secuelas del crimen organizado, o que aplaudan los métodos de autócratas como Nayib Bukele, presidente de El Salvador. 

Quienes más ganan por la violencia homicida son los líderes autoritarios. Rodrigo Chaves lo sabe. Por eso codearse con Bukele y tratarlo como huésped de honor, más que una muestra de hermandad entre países es una fachada publicitaria que ya le está dando buenos réditos.

Previo a la llegada de Bukele, en las autopistas se levantaron vallas publicitarias pagadas por el gobierno que le daban la bienvenida y aseguraban que “Nuestros pueblos merecen paz y seguridad”. Chaves recibió al presidente salvadoreño con bailes típicos, una visita a la cárcel de la Reforma y la mayor condecoración que se le puede dar a un extranjero: la Orden Juan Mora Fernández. Los periodistas de algunos medios (aliados al gobierno y no) incluso pidieron tomarse fotos con él. 

“Si ustedes quieren vencer la delincuencia tienen que estar detrás de este hombre y los poderes del Estado apoyarlo (…) Él es el líder, él es el jefe de la Policía y no puede tener a los otros poderes del Estado amarrándole los pies y las manos”, dijo Bukele en su visita frente a un Chaves que asentía y sonreía ante un mensaje que reafirmaba su más grande aspiración. 

Lo que el gobierno de Chaves no ha logrado para contener la delincuencia organizada, lo ha compensado con su agilidad para controlar la narrativa. Entre él y sus ministros han posicionado un mensaje poderoso en contra de los poderes legislativo y judicial, contra la Contraloría General de la República y contra la estabilidad de la Caja Costarricense del Seguro Social.

“Lamentablemente la justicia en Costa Rica requiere de tres actores: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo ha puesto de su parte, el Legislativo nos ha quedado debiendo y el Judicial… es constante la liberación de personas (peligrosas)”, se quejó el ministro de Justicia Gerald Campos en la transmisión especial que organizó el canal televisivo del Estado para la visita de Bukele. Este canal que hasta antes de Chaves mantuvo su distancia con administraciones pasadas, se dedica ahora a alabar las acciones del Gobierno. “Muchas gracias por toda su importante labor”, se despide la presentadora. 

Conversé con amigos y conocidos unos días después de que Bukele se fue y aunque mi opinión sea completamente distinta, entiendo cómo ese mensaje se está posicionando, incluso en las mentes más educadas que conozco. ¿Para qué quieren democracia y división de poderes si estos conceptos tan abstractos en el día a día no les resuelven sus problemas más inmediatos? La sola pregunta habla ya del deterioro en la capacidad de análisis a largo plazo y la fuerte amenaza de que incluso la “Suiza centroamericana” se rinda ante un régimen autoritario. 

*María Fernanda Cruz es periodista e investigadora independiente enfocada en derechos humanos, corrupción internacional y desarrollo de medios alternativos. Fue directora de La Voz de Guanacaste, el único medio local con vocación investigativa de Costa Rica, investigadora para Transparencia Internacional en Reino Unido y ha publicado en outlets internacionales como la OCCRP y la BBC Mundo.

 

Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual Contracorriente forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.

Texto y portada por Persy Cabrera

La serie televisiva The Wire no fue un éxito comercial; poca gente que conozco la ha visto, a pesar de que siempre figura en los tops de las listas que intentan nombrar a las mejores series de la historia, y que para algunas personas sea la número uno. 

The Wire es el tipo de serie que rara vez se produce en la actualidad, no porque las producciones de hoy en día sean terribles o carentes de calidad, sino porque hay una escasez de buenos personajes e historias, pero también de series que muestren estructuras, sistemas y mundos reales, que dosifiquen la exposición de sus ideas, que exijan la atención del espectador y recompensen con una crítica social profunda que perdure para siempre.

Creada, escrita y producida por el periodista estadounidense, originario de Baltimore, David Simons, durante cinco temporadas escuchamos las voces y ecos de una ciudad que carga a sus espaldas con un sistema injusto, y en el que alcaldes, senadores, jueces o jefes policiales entorpecen el trabajo policial y judicial, y que hospeda a personajes imperfectos, rotos y obsesionados. Para esta faena, Simons no estuvo solo. A su experiencia de doce años reporteando la violencia en Baltimore se unió como socio y coautor Ed Burns, un exdetective de homicidios de esta misma ciudad, con el que Simons ya había colaborado en el libro The Corner. 

El resultado de esta fusión «no es una serie policial», «sino la subversión de una serie policial estándar» como lo calificó  el youtuber Thomas Flight, en la primera parte de su análisis sobre esta serie. El punto de partida en la primera temporada de The Wire es la investigación que un grupo policial hace de una banda de narcotraficantes en Baltimore, utilizando equipos tecnológicos para vigilar e intervenir las comunicaciones del grupo criminal para dibujar una estructura y armar un caso contra estos criminales.

La siguiente temporada se enfoca en el sistema portuario de Baltimore, los sindicatos de esta industria, el contrabando, las promesas del Estado de mejorar el servicio, y las garras del narcotráfico. La tercera temporada vuelve a la distribución de drogas en la calle, a la lucha dentro de la policía por maquillar las estadísticas de homicidio, y narra además las vísperas de la contienda electoral por la alcaldía de Baltimore. La cuarta temporada se traslada al sistema educativo; los protagonistas son niños y adolescentes que viven en medio de todo lo que la serie construyó hasta ese punto. 

Simons y Burns trabajaron junto a varios guionistas que se unieron a lo largo de la producción, entre ellos más periodistas, que introdujeron a la narrativa un periódico local de Baltimore como uno de los escenarios de cierre para contar las historias de esta serie.

Un viaje por tantas instituciones, casos o miradas, requirió aterrizar en historias más humanas, alejadas de las series policiales más convencionales en las que un homicidio dispara el inicio de cada episodio y los protagonistas deben resolverlo. En esas series convencionales, con suerte nos dejan respirar y tener una trama de largo aliento. En The Wire, las tramas de largo aliento lo son todo, se juntan diversos protagonistas, hay policías, sindicalistas, alcaldes, senadores, estudiantes, vagabundos, y la decisión de cada uno afecta el destino de otros, aun cuando no cruzan ni una palabra entre ellos. 

Todo el entramado avanza con un ritmo más cotidiano, no hay tiroteos o escenas de acción espectaculares; aquí lo que importa es la gente. 

Esta serie no es como una película de Tarantino en la que disfrutemos viendo cómo se entrelazan las historias y admiramos con asombro los detalles que conectan a los personajes. Aquí lo esencial es establecer una estructura que muestre la esencia de la ciudad: pequeños destellos de humanidad, algunos bien intencionados pero desamparados por el sistema, y otros impulsados por malas intenciones que encuentran todas las ventajas para fallarle a la sociedad.

Pero esta red de personajes funciona bien porque Simons y Burns conocieron esta ciudad y a su gente, y pusieron muchos años de periodismo y de experiencia en el sistema policial al servicio de esta obra de ficción. Uno de los elementos a los que apuntaron Simons y Burns en la creación de los protagonistas de esta serie fue el realismo. Las personas que transitan en la Baltimore de The Wire fueron inspirados en personas reales; por ejemplo, Donny Andrews, quien fue un ladrón de narcotraficantes, asesino y posteriormente se rehabilitó para ser un defensor de la lucha anticrimen, fue la inspiración para el personaje de Omar Little, así como Martin O’Malley, quien fue alcalde de Baltimore de 1999 a 2007,  sirvió para construir el personaje de Tommy Carcetti. 

Esa fuente de inspiración de Simons no podría ser otra. «Como periodista, me propuse salir de la sala de redacción. Y traté de pasar más tiempo con las personas que estaban siendo vigiladas», le explicó Simons a Ian Rothkerch en una entrevista en junio de 2002, mientras se transmitía la serie. Además de Ed Burns, quien además de detective de la policía fue maestro en una escuela pública, al equipo de The Wire se sumaron guionistas como Rafael Álvarez, colega de Simons en The Sun, el periódico en el que trabajó durante doce años.

La serie The Wire puede disfrutarse de manera similar a como se disfruta la canción de Kendrick Lamar Sing About Me / I’m Dying of Thirst. Esta obra, que ayuda a entender por qué Lamar recibió un Pulitzer, forma parte de su álbum Good Kid, M.A.A.D City. Compuesta en dos mitades —como se refleja en su título dividido por una pleca—, esta canción es un retrato íntimo de Compton, la ciudad de Lamar. Al igual que Simons y Burns, Lamar se detiene en las historias que conoce, la suya y las de las personas que marcaron su vida mientras crecía.

Es una canción dolorosa, que inmortaliza las palabras de personas que ya no están en este mundo, y se siente como el sonido del fin del mundo resonando desde Compton. La canción es densa, con personas rotas y obsesionadas como protagonistas, así como los personajes que nos presentan en The Wire.

Al final nada va a mejorar

«No creo que algo vaya a mejorar», le dijo Simons a Rothkerch en esa entrevista de 2002, cuando la serie apenas venía iniciando sus transmisiones en televisión. Creo que ese pesimismo surgió de haber construido una serie tan precisa, que dibuja de manera clara las ideas del mundo que intenta representar.

Los policías competentes en The Wire se encuentran con muros de burocracia que bloquean sus investigaciones, y cuando hay luz verde para investigar es porque hay figuras políticas que quieren hundir a otras; no hay una justicia objetiva y de bienestar colectivo, solo individualismo. La imagen final es un ciclo que no termina, y tal vez por eso Simons dijera que con The Wire, él solo intentaba sentarse junto a una fogata para contar una historia que se sintiera muy real.

Honduras, como el Baltimore de The Wire, parece siempre enredada. La corrupción indignó y levantó al movimiento social en 2015. Cuando en 2016 llegó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), vimos casos de corrupción, nombres, destellos de justicia, y luego, en el 2020, una mayoría de diputados y diputadas del Congreso Nacional decidió sacarla del país.

La intrusión del narcotráfico en el Estado hondureño se mostró en su máxima expresión cuando vimos al expresidente Juan Orlando Hernández capturado por las fuerzas policiales tan solo unas semanas después de entregar su mandato. Los nexos de figuras políticas con el narcotráfico, el crimen organizado o la corrupción, junto con la impunidad que prevalece, perpetúan un sistema que mantiene a las víctimas en un limbo judicial.

The Wire cuenta todo eso, los vestigios de una buena ciudad y todo lo que le impide prosperar. Esta serie también es un ejemplo de lo que debe hacer el periodismo: entrar a las comunidades y conocer a su gente para que hablen y cuenten sus problemáticas, para que luego tengamos el privilegio de juntar sus historias y formar un gran mural que nos permita contar su realidad y, tal vez, interrumpir algunos ciclos de injusticia heredados.

El ascenso de Wilson Alvarenga a comisionado general de la Policía Nacional vuelve a poner en duda la eficacia de la depuración policial y evidencia la falta de controles persistentes en la fuerza pública, debido a sus presuntos nexos con el narcotraficante Geovanny Fuentes. El mismo Fuentes mencionó a Alvarenga como parte de su círculo de contactos dentro de la policía durante un interrogatorio con la DEA en 2020.

Texto: Contracorriente 

«Felicidades a todas y todos por su merecido ascenso, un escalón más en su dilatada carrera policial. Vienen más responsabilidades que estamos seguros sabrán enfrentar», publicó el 21 de noviembre de 2024 en X el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, tras la aprobación por parte del Congreso Nacional (CN) del ascenso de 38 oficiales de la Policía Nacional, quienes ocuparán los grados de generales directores, comisionados generales, comisionados, subcomisionados y comisarios.

Entre los oficiales ascendidos se encuentra Wilson Antonio Alvarenga Núñez, quien fue promovido de comisionado a comisionado general —el segundo grado más alto después de general director—. Alvarenga Núñez, quien recientemente se desempeñó como jefe de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, ha tenido una larga trayectoria dentro de la escala jerárquica durante los últimos diez años. En 2014 fue ascendido de comisario a subcomisionado y, tras haber ostentado el rango de subcomisionado hasta 2019 y después comisionado, finalmente ha alcanzado la cima de la estructura jerárquica de la fuerza pública. 

Wilson Antonio Alvarenga Núñez pertenece a la misma promoción que otros actuales altos mandos de la Policía Nacional, entre ellos el director Juan Manuel Aguilar Godoy, el subdirector Wilmer José Torres Saavedra, el inspector general Juan López Róchez y el actual secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien fue jefe de la Policía Nacional entre 2022 y 2023. La mayoría de ellos ascendieron a subcomisionados y después a comisionados en años similares.

Núñez fue nombrado inspector general del Instituto Nacional Penitenciario (INP) el 17 de diciembre de 2019 por acuerdo ejecutivo 147-2019, en un contexto en el que el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022) ordenó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intervinieran el sistema penitenciario, tras conflictos violentos entre privados de libertad. Cuatro días antes, el 13 de diciembre, había sido asesinado Pedro Ildefonso Armas Córdova, hasta entonces director de la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, conocida como «El Pozo».

El 20 de octubre de ese año, Armas Córdova presenció cuando al menos seis privados de libertad de esa cárcel asesinaron a disparos y puñaladas a Nery Orlando López Sanabria, alias Magdaleno Meza, a quien la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York perfiló como socio de Juan Antonio «Tony» Hernández en el narcotráfico. Documentos judiciales también indican que Tony y su hermano, el expresidente Juan Orlando Hernández, se asociaron con el narcotraficante Geovanny Fuentes.  

Según una declaración jurada presentada por parte de un testigo protegido en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el expresidente Hernández le garantizó a Fuentes que Óscar Chinchilla, fiscal general del Ministerio Público (MP) entre 2013 y 2023, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, protegerían sus cargamentos de droga.

Las evidencias que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York utilizó durante el juicio por narcotráfico contra Geovanny Fuentes indican que este narcotraficante, valiéndose de su cercanía con el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Tony, tuvo acceso a oficiales de alto y mediano rango dentro de la Policía Nacional que «lo ayudaron en sus actividades de tráfico de drogas».

Leé también: Secretaría de Seguridad del gobierno de Xiomara Castro adjudicó millonaria compra directa a empresa relacionada con caso de narcopolítica

Uno de estos contactos de confianza, según esas evidencias, fue Wilson Antonio Alvarenga Núñez, quien recibió su ascenso a comisionado el tercer grado más alto de la Policía Nacional a inicios de 2019, un año antes de la captura de Geovanny Fuentes, ocurrida el 1 de marzo de 2020.

Entrada de la Secretaría de Seguridad, donde funciona la estructura jerárquica de la fuerza pública. Tegucigalpa. Foto: Archivo CC.

Cuando Geovanny Fuentes fue detenido en esa fecha por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto internacional de Miami, Estados Unidos, aceptó haber tenido una relación cercana con Alvarenga Núñez.

«Hay un muchacho que lo conozco desde que era subteniente, hoy es subcomisionado, y se llama Wilson Alvarenga. Él era compañero de mi cuñado, a quien mataron. Él estaba en la Policía», declaró Fuentes a los agentes de la DEA, en un interrogatorio que fue utilizado durante su juicio por narcotráfico.

De igual modo, el documento 370 del caso 1:15-cr-00379-PKC de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que contiene la sentencia al narcotraficante, señala: «Otros contactos policiales del acusado incluyen a Wilson Antonio Alvarenga Núñez, miembro de la Dirección de Logística de la Policía Nacional; el comisionado Raúl Martínez Alvarado, oficial de la Policía Nacional; la subcomisaria Clerit Yolivet Munguía Antúnez; y el subcomisionado Nelvin Rolando Sauceda Argueta».

El subcomisionado Sauceda Argueta fue nombrado director de la Penitenciaría Nacional de Siria, ubicada en El Porvenir, Francisco Morazán, durante la intervención carcelaria de 2019, mientras que el comisionado Raúl Martínez Alvarado actualmente se desempeña como subdirector de Operaciones de la Policía Nacional. Por su parte, el 21 de noviembre de este año, Clerit Yolivet Munguía Antúnez también fue ascendida al grado de comisaria de la Policía Nacional.

El comisionado Ramón Adalberto Martínez Hernández, quien fue depurado por la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional en 2016 y luego se desempeñó como agregado policial en la Embajada de Honduras en Chile hasta 2018, también figura como colaborador de Fuentes. Esta información fue obtenida por agentes de la DEA directamente del teléfono de Fuentes. 

Además de contactos policiales, el narcotraficante tenía en su teléfono los contactos del expresidente Manuel Zelaya Rosales, el exdesignado presidencial Ricardo Álvarez, y otros políticos como el exalcalde de Choloma, Cortés, Leopoldo Crivelli. 

Como revelamos en la investigación «La montaña sagrada del narco», publicada el 30 de mayo de 2023, Fuentes fue un narcotraficante que utilizó sus conexiones empresariales, políticas, policiales y militares para instalar su narcolaboratorio en la sierra El Merendón, crear una mina ilegal y un proyecto forestal.

El 22 de marzo de 2021, un jurado federal declaró culpable por delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego a Geovanny Fuentes, y el 8 de febrero de 2022 un juez federal lo sentenció a cadena perpetua y 30 años de prisión.

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Otro de los ascensos controvertidos que aprobó el CN el 21 de noviembre es el de David Leonardo Ortega Pagoaga, quien pasó de ocupar el grado de comisionado a comisionado general, y que ahora se desempeñará como jefe de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crímen Organizado (Dipampco). 

El medio Reportar Sin Miedo publicó el 2 de diciembre un artículo en el que apunta que David Leonardo Ortega supuestamente estuvo involucrado en un crimen de alto impacto. Este medio citó una investigación del New York Times publicada en 2016, que reveló cómo una banda de oficiales, supuestamente al servicio del narcotraficante Wilter Blanco y dirigida por entonces altos mandos de la institución policial como Ricardo Ramírez del Cid, José Luis Muñoz y José Francisco Murillo, ejecutó el asesinato del exdirector de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Arístides González, en 2009. 

Dicho artículo apunta que «Pagoaga estuvo en la reunión en la que se planificó el asesinato y, además, iba dentro de una de las camionetas del convoy que persiguió a González antes de que lo asesinaran en diciembre de 2009». 

Entre los oficiales ascendidos también figuran Francisco Humberto Bocanegra Castro y José Reinaldo Servellón Castillo, quienes habían sido separados de la institución por la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional en 2016, pero que luego fueron restituidos en sus grados como oficiales. 

¿Debía estudiar el CN las hojas de vida? 

El ascenso de Wilson Antonio Alvarenga Núñez y otros oficiales presuntamente vinculados al crimen organizado ha generado diversas reacciones. El medio Reporteros de Investigación fue el primero en alertar sobre el hecho de que antiguos colaboradores de Geovanny Fuentes estaban siendo ascendidos de rango por la actual administración de la Secretaría de Seguridad y el Congreso Nacional (CN).

Asimismo, la subsecretaria de Seguridad en Asuntos Policiales, Julissa Villanueva, cuestionó al CN por haber aprobado la lista de ascensos que le remitió el Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad.

«¿Acaso no hay interés en saber que muchos de esos oficiales de cúpula que hoy ascienden han participado en actos deshonestos, irregulares y han sido colaboradores activos del crimen organizado? (…) Basta con estudiar un poco quién promovió esta lista y se encontrarán con muchos de los mismos facilitadores y colaboradores que en el pasado y en el presente transformaron a nuestro país en un narcoestado», señaló Villanueva a través de la red social X. Contracorriente solicitó una entrevista con la funcionaria, quien prometió que la tramitará con su asistente.  

Uno de los diputados que reaccionó a lo expresado por Julissa Villanueva fue Ramón Barrios, del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien se limitó a decir que el CN no es un órgano investigador, y pidió a la subsecretaria de Seguridad presentar un escrito de denuncia ante el Ministerio Público (MP).

«Si ella, en su calidad de viceministra, tiene alguna prueba, que presente la denuncia ante el órgano investigativo, el Ministerio Público. Me parece muy responsable que ella haga estas denuncias, las materialice y nos dé insumos a nosotros. El Congreso no es un órgano investigador; nosotros asumimos que las hojas de vida ya vienen depuradas. Si alguien tiene algún elemento, debería poner la denuncia en el Ministerio Público», dijo Barrios a los medios de comunicación.

Más allá de lo expresado por el diputado oficialista, no es la primera vez que personas relacionadas con Geovanny Fuentes ocupan cargos o rangos importantes dentro del sistema de seguridad y defensa del país en la actual administración gubernamental.

El 25 de agosto de 2023, el medio estadounidense The Intercept publicó un reportaje que revela los vínculos entre Geovanny Fuentes y Elías Melgar Urbina, quien se desempeñó como subsecretario de Defensa del Gobierno de Xiomara Castro. El 21 de junio de 2023, tras la masacre de 46 mujeres privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), Melgar Urbina renunció al cargo. Sin embargo, hasta el 22 de agosto de 2023 continuaba en funciones, según un memorando de la Secretaría de Defensa al que accedieron los periodistas Jared Olson y Wendy Funes para un reportaje de investigación.

Las grietas en la depuración de la Policía Nacional 

Entre 2016 y 2020, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, un proyecto impulsado durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, separó a 6,500 elementos policiales por «falta de idoneidad» y remitió el 33 % de los expedientes al Ministerio Público (MP). El ahora comisionado general Wilson Antonio Alvarenga Núñez sobrevivió al proceso de depuración y continuó su ascenso hacia la cúpula.

La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional funcionó hasta el año 2022. Foto: Archivo CC.

Sin embargo, al igual que él, otros oficiales que también salieron avantes de dicho proceso, como Leonel Sauceda Guifarro o Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, posteriormente fueron procesados judicialmente por sus supuestas vinculaciones con el crimen organizado y presuntos delitos de lavado de activos.

Mejía Tinoco conformó, según una acusación del Ministerio Público (MP), una estructura criminal de la que formaban parte otros miembros de la Policía Nacional. Actualmente, está a la espera de que inicie su juicio oral y público por delitos que incluyen lavado de activos y asociación para delinquir.

Por su parte, Leonel Sauceda Guifarro fue detenido el 11 de febrero de 2020 por considerarlo sospechoso de malversación de caudales públicos y lavado de activos. Sin embargo, el 2 de febrero de 2022 un tribunal de sentencia lo absolvió de los cargos, basándose en el decreto 93-2021, que eliminó la exigencia de un delito precedente para la figura de lavado de activos, con lo cual el MP podía perder procesos judiciales al no ser necesario que una riqueza potencialmente mal habida fuera respaldada por un origen lícito. En 2023, el CN derogó dicha reforma al Código Penal.

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Para Leonardo Pineda, investigador y analista en seguridad, los procesos de depuración dentro de la Policía Nacional deben ser continuos y no limitarse únicamente a períodos específicos.

«Estos son ejemplos de que siempre se filtraron personas que no deberían haber estado. La policía misma tiene dificultades para depurarse, porque, por ejemplo, hay personas señaladas por servir al crimen organizado que están en los altos mandos, pero no se depuran a sí mismas. Ellos tienen el poder, prácticamente», señaló Pineda a Contracorriente.

Tras el proceso de depuración policial, se creó la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), una institución que en 2024 ha operado con un presupuesto que apenas supera los 53 millones de lempiras y que atiende a más de 14,000 policías.

«Sabemos que hubo una reforma legal y que se creó la Didadpol, pero aún le faltan muchas herramientas. Además, dentro de la policía hay personas que siguen bloqueando el avance de las reformas. La infiltración del crimen organizado en los aparatos del Estado es un problema sistémico», agregó Pineda.

Contracorriente contactó al secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, y al comisionado general Wilson Antonio Alvarenga Núñez, pero al cierre de la edición de esta nota no obtuvo respuesta. 

Un exalcalde acusado por corrupción, la esposa del expresidente preso por narcotráfico en Estados Unidos, la actual ministra de defensa del partido oficialista recientemente salpicado por involucramiento con el narcotráfico y un par de contendientes más apoyados por un exconvicto son los candidatos en las elecciones primarias de Honduras que se llevarán a cabo en marzo de 2025. La mayoría de estos candidatos –o de quienes están detrás de ellos– han alegado ante el sistema de justicia ser víctimas de persecución política después de enfrentar cargos graves. El Lawfare es la defensa de moda en la campaña. ¿Qué tanto se está usando el sistema de justicia para fines electorales? ¿Es el lawfare una falla en el sistema democrático?

Por: Jennifer Ávila

Honduras va a elecciones primarias en marzo y generales en noviembre de 2025, pero la campaña política suena desde principios de este año. En un país donde el expresidente fue condenado apenas hace nueve meses por conspirar con narcos para transportar toneladas de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos, para los políticos ser señalados de crímenes dentro y fuera del país se ha convertido en un escudo bajo el que se resguardan para pedir el apoyo del electorado. Este papel de víctimas ha sido parte de una fórmula reclutadora de votos. 

El lawfare o guerra jurídica es un término muy usado, sobre todo por políticos populistas, para mantenerse con buenos números en las encuestas en medio de sus aspiraciones electorales. Es un concepto que se ha desarrollado en el sistema de justicia para perpetrar «golpes blandos» sin necesidad de la violencia militar. Pero ¿es solo una estrategia populista mencionar el lawfare como justificación de actos indebidos o ilegales, o su uso lleva implícito el objetivo de transformar los principios mismos de la administración de justicia en democracia? 

Los primeros en usar el lawfare como argumento de defensa en Honduras fueron los Zelaya. Para Mel Zelaya, su familia y su partido —ahora en el gobierno— fue persecución política que varios de sus exministros, y él mismo, enfrentaran acusaciones por corrupción antes del golpe de Estado de 2009. Por eso, una de las primeras acciones del gobierno de Xiomara Castro, y quizá una de las más controversiales, fue emitir un decreto de amnistía política que incluyó delitos de corrupción para que sus allegados no fueran perseguidos por la justicia.

Los beneficiados incluyen a Marcelo Chimirril, sobrino de la presidenta, y a Enrique Flores Lanza, actual asesor presidencial y exministro durante la administración de Zelaya. La decisión de limpiar los expedientes de su círculo cercano le ha costado al gobierno de Honduras un atraso grande en la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e impunidad (CICIH), una de las promesas de campaña de Castro. 

El decreto de amnistía fue necesario al principio del mandato porque aún faltaban unos meses para la elección del nuevo fiscal general y la nueva Corte de Justicia, figuras que por principio democrático deberían ser contrapesos y poderes independientes, pero que en la práctica —en países cuyas democracias nunca despegaron— siempre terminan siendo negociados y cooptados por los partidos políticos para proteger a sus líderes y perpetuar la impunidad de su actos. Así, el gobierno de turno se blindó dos veces, porque el resultado de la elección del Poder Judicial y del fiscal general le favoreció. 

En Centroamérica hay casos claros del uso del sistema de justicia para perseguir a actores políticos. Si bien el caso del posible antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo y la persecución judicial contra varios miembros de su partido en Guatemala es un ejemplo, créanme que no se parece en nada con los supuestos intentos de golpe que Xiomara Castro asegura ha habido contra su gobierno.

La razón principal es que en Honduras el partido oficialista tiene control sobre el Poder Judicial, e impuso a un fiscal a la medida y a una Corte que le responde a su agenda política. Castro se encargó de preservar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, una figura creada por el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), para romper la independencia de poderes y dar el poder absoluto al presidente en temas de seguridad y justicia. Todos sabemos que la concentración de poder en el presidente no ha pasado en Guatemala, aunque muchos de los seguidores de Arévalo lo deseen, por más antidemocrático que sea. Por el contrario, el organismo judicial, el Ministerio Público y el Congreso tienen el poder suficiente para cercar cualquier intento de reforma —y rescate— de la democracia que impulsa el Ejecutivo en ese país.

Mientras tanto en Honduras, la candidata presidencial del partido oficialista, Rixi Moncada, fue nombrada ministra de Defensa y ha convertido todo acto en el que se rodea de militares en mítines políticos. En los otros partidos compiten el exalcalde de Tegucigalpa por el Partido Nacional, Nasry Asfura, acusado por corrupción, y Salvador Nasralla, el eterno candidato a presidente, que se ha radicalizado copiando a figuras de ultraderecha como Javier Milei, presidente de Argentina, o al mismo Donald Trump. Compite internamente con Nasralla por la candidatura del Partido Liberal Jorge Cálix; ambos acogidos por Yani Rosenthal, presidente del Consejo Central Ejecutivo del partido y ex convicto por haber sido encontrado culpable en EE. UU. por delitos relacionados al lavado de activos.

A pesar de tener el control del sistema de justicia, el gobierno de Xiomara Castro sigue victimizándose, sobre todo tras las revelaciones de un narcovideo en el que están involucradas varias figuras importantes de su partido, como Carlos Zelaya, su cuñado —antes secretario del Congreso Nacional—, Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, y supuestamente otros caudillos de ese partido. A ese nivel, por supuesto, ya no se trata de un lawfare local sino internacional. Tras la revelación del video en manos de autoridades estadounidenses, en lugar de dar respuestas, el gobierno hizo públicos nombres de personas de la oposición que supuestamente no han sido solicitados en extradición por EE. UU., como un anuncio para decir que se les aplicaría la justicia local. Al mismo tiempo dejó sin efecto el tratado de extradición, acabando con la herramienta más efectiva para acusar y procesar judicialmente a narcotraficantes hondureños.

¿El resultado? El fiscal general reabrió casos de corrupción que habían estado dormidos a petición de los gobernantes anteriores. El pasado 21 de octubre el fiscal general y el fiscal anticorrupción, Luis Javier Santos, presentaron en cadena nacional una acusación por corrupción contra Nasry Asfura, actual precandidato presidencial por el Partido Nacional, opositor del gobierno de Castro y exalcalde de Tegucigalpa. 

Nasry Asfura está compitiendo internamente en su partido frente a Ana García de Hernández, la esposa de JOH. Ambos contendientes representan los males de los partidos tradicionales. Es de conocimiento popular desde hace ya varios años que ambos fueron investigados por fiscales anticorrupción, casos que luego fueron detenidos por el sistema de impunidad que manejaba Juan Orlando Hernandez. El uso indiscriminado de fondos estatales para el clientelismo y para sus gastos personales, además del desvío de dinero público a través de ONG o de contratos amañados, son parte de las acusaciones.

La cadena nacional en la que el fiscal —como con ningún otro caso— se fue de frente a acusar a Asfura, victimizó a la oposición de tal manera que muchas personas comienzan a repetir lawfare como mecanismo de defensa. La campaña política suena a eso y es probable que le beneficie a Asfura, en un contexto de creciente descontento hacia el gobierno de Castro y su retórica del socialismo del siglo XXI (que usa los mismos fantasmas de la persecución judicial).

Es importante aclarar que, por el contrario, tanto el caso contra Asfura como la potencial investigación contra García no son persecución política, ya que podrían involucrar actos reales de corrupción, pero, en el contexto en el que esas investigaciones han sido reactivadas, se ha tergiversado mediáticamente su finalidad, dándole crédito al lawfare como argumento de defensa.

Tanto para el oficialismo como para la oposición, alegar lawfare es una ganancia electoral, pero para la tan esperada justicia, esa tergiversación es una pérdida, puesto que desacredita la imparcialidad en favor de la impunidad. 

Mientras tanto, la justicia no llega para la mayoría de hondureñas y hondureños. En Honduras, casos como el de la ambientalista Berta Cáceres continúan en la impunidad y generan más violencia; por eso siguen asesinando a defensores ambientales, como sucedió recientemente con el caso de Juan López en el Aguán. Otros tantos viven bajo amenazas y sin esperanza de protección, o buscan sobrevivir fuera de Honduras. Si la justicia se corrompe o se politiza, su funcionamiento será eficaz únicamente para proteger a las élites de poder y deja al resto de la población en la más absoluta vulnerabilidad, en un contexto que podrá ser cualquier otra cosa, menos democracia, justicia o libertad.

Mientras en la comunidad de Sazagua, departamento de La Paz, defensores del territorio han sido criminalizados por oponerse al proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua, que ha amenazado su modo de vida y limitado su acceso a la tierra, empresas como Uber e instituciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) han compensado su impacto ambiental comprando créditos de carbono generados por este mismo proyecto hidroeléctrico. El mismo BCIE financió los estudios de factibilidad y diseño de la hidroeléctrica, y la venta de los créditos de carbono fue utilizada como garantía para el pago de una deuda adquirida con un banco nacional para financiar el proyecto. A pesar de todo el impacto en su forma de vida, las comunidades no han recibido compensación directa por la venta de estos créditos.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
Portada: Persy Cabrera

Desde 2018, el programa Guacamaya Small Scale Hydropower Programme ha beneficiado a diversas empresas a través de la venta de créditos de carbono, entre ellas la gigante multinacional Uber, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una serie de empresas alemanas como la gasolinera Oil, una empresa dedicada a prestar servicios de reciclaje de residuos, servicios de tuberías y alcantarillado llamada Buhck Umweltservices GmbH and Co. KG. y el hotel Dekra en Berlín. También ha beneficiado a una tienda de accesorios artesanales en Honduras. 

A pesar del aparente éxito en el mercado de créditos de carbono, el programa está conectado con la cuestionada hidroeléctrica Puringla-Sazagua, ubicada en el municipio de Santiago de Puringla, en el departamento de La Paz. La hidroeléctrica ha sido señalada por afectar el acceso al agua y la forma de vida de dos comunidades, Las Lomas y Sazagua. Además, existen denuncias de que fue construida sobre tierras que, según el marco legal, estaban destinadas a procesos de reforma agraria. La población indígena también denuncia que no fue consultada ni para la instalación del proyecto hidroeléctrico ni para el proceso de certificación del proyecto de carbono.

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Parte del Río Sazagua, que fue desviado del cauce para favorecer un proyecto hidroeléctrico. Santiago de Puringla, La Paz, agosto de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

El financiamiento del proyecto hidroeléctrico fue gracias al mismo BCIE y al Banco Atlántida, instituciones que han sido señaladas por apoyar a proyectos de generación de energía altamente cuestionados.

Puringla-Sazagua forma parte del Guacamaya Small Scale Hydropower Programme, un programa de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que promueve el desarrollo de proyectos que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, y permite a países o empresas que buscan reducir su contaminación acceder a la compra de créditos de carbono mediante proyectos como estos, bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y el protocolo de Kyoto, que fue firmado por Honduras en 1999 y ratificado en 2002.

Este mecanismo, según las Naciones Unidas, permite el desarrollo sostenible y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que los países industrializados consiguen reducir la contaminación del ambiente accediendo a dichos proyectos que por lo general se ejecutan en países en desarrollo, como Honduras, en este caso. Es decir, fomenta la aplicación de fuentes de energía renovable en vez de de fuentes contaminantes, y la venta de créditos de carbono como compensación.

Dentro del Programa Guacamaya también están otras dos hidroeléctricas, una en Costa Rica y otra en Nicaragua. En el caso de la hidroeléctrica hondureña, se ha estimado recolectar más de 240 toneladas de carbono por un periodo de siete años desde 2015, con la posibilidad de ampliarlo hasta un máximo de 21 años.

Venta de créditos de carbono como pago de la deuda con la banca nacional

Al contrario de otros proyectos para la captura de carbono que no avanzaron después de la etapa de diseño, como el de La Moskitia hondureña, Guacamaya Small Scale Hydropower Programme ha vendido créditos de carbono a empresas nacionales e internacionales desde 2018 hasta la actualidad.

Pero el involucramiento del BCIE en este proyecto se remonta a mucho tiempo atrás. Este banco también financió los estudios de factibilidad y diseño de la hidroeléctrica Puringla-Sazagua en 2009, un proyecto que costó alrededor de 15,953,129.00 dólares, es decir, 299,918,825.2 millones de lempiras en ese momento, según documentos oficiales de la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), desarrolladora del proyecto. El BCIE aportó 315 mil dólares para los estudios de factibilidad de este proyecto, aproximadamente 5,922,000 millones de lempiras en ese entonces.

Aprobación de licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua por parte de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) en 2008, en la que se constata el valor del proyecto.

El BCIE también ha financiado otros proyectos de generación de energía cuestionados por ejecutarse sin consultar a las comunidades y por la oposición que han manifestado líderes indígenas ante dichos proyectos. Por ejemplo, en 2012 este banco aprobó un préstamo para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el departamento de Intibucá, al que la lideresa indigena y ambientalista Berta Cáceres se opuso por atentar contra la cosmovisión de las comunidades lencas de esa zona del país. En 2016, Cáceres fue asesinada a causa de su oposición al proyecto.

Además, después de que el BCIE vendió la deuda de este proyecto en 2018, el banco financió al Gobierno de Honduras en 2019 para impulsar una ley que regularía la consulta previa, libre e informada, pero que no fue socializada con las organizaciones que tienen la representación directa de los pueblos indígenas y afrodescendientes, como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh). Según documentos internos del banco, este proyecto de ley tenía como objetivo final reactivar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, por el cual fue asesinada Berta Cáceres.

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Otra de las fuentes de financiamiento para la construcción del proyecto Puringla-Sazagua fue la venta de créditos de carbono, utilizados como garantía de pago de una deuda de 22 millones de lempiras contraída con el Banco Atlántida. Este préstamo fue otorgado bajo la condición de que los ingresos generados por la comercialización de los créditos de carbono fueran destinados exclusivamente al pago de la deuda, según lo estipulado en el contrato firmado entre el banco y la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA).

«Los ingresos provenientes del carbono están descritos en el acuerdo de pago entre Banco Atlántida y el dueño del proyecto, por lo que se concluye que los ingresos provenientes de la captura de carbono ayudaron a superar el obstáculo de financiación del proyecto», indican los documentos de monitoreo del programa.

La entidad coordinadora del programa y responsable de certificar la reducción en las emisiones de carbono (Certified Emissions Reduction –CER– en inglés) fue Anaconda Carbon, una empresa dedicada al desarrollo de proyectos de energía renovable y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con énfasis en Latinoamérica y con oficinas en distintos países de la región, en el caso de Honduras, en San Pedro Sula. 

Gracias a este acuerdo y la certificación de Anaconda Carbon, la hidroeléctrica accedió a un préstamo de más de 22 millones de dólares (unos 429 millones de lempiras en ese entonces) con Banco Atlántida, ya que inicialmente solo disponía de 9 millones de dólares (175 millones de lempiras en ese momento) en fondos propios para poner en marcha el proyecto.

Un requisito fundamental para la certificación de los proyectos de carbono es que se realicen las consultas previas a las comunidades donde se instalan, y que además los proyectos no presenten irregularidades en su instalación y en la normativa nacional.

Personas entrevistadas por Contracorriente en las comunidades de Las Lomas y Sazagua, en Santiago de Puringla, La Paz, afirman desconocer que la hidroeléctrica Puringla-Sazagua esté asociada a un programa de venta de créditos de carbono actualmente en operación. Sin embargo, Cristian Giles, socio y director de Anaconda Carbon, sostiene que las consultas se realizaron conforme a los requisitos establecidos, y que la empresa ha llevado a cabo los monitoreos necesarios para garantizar que no existen irregularidades en el proyecto Puringla-Sazagua.

Los documentos relacionados con las actividades del proyecto (Component Project Activity  –CPA– en inglés) incluyen listados de residentes de Las Lomas y Sazagua, en los que se registran los nombres y datos de al menos 21 habitantes de ambas comunidades, con constancias de asistencia a reuniones catalogadas como «de socialización» realizadas entre 2010 y 2012.

Según estos documentos, los habitantes expresaron preocupaciones como la falta de agua en el río que abastece a las comunidades, e incertidumbre sobre la venta de sus tierras para el desarrollo del proyecto. También manifestaron que la empresa no había cumplido la promesa de realizar la instalación eléctrica en sus comunidades. 

A pesar de los listados y las afirmaciones de la certificadora de que todo se hizo según las regulaciones vigentes, testimonios recopilados por Contracorriente señalan que los beneficios se han concentrado en una parte de la población,  mientras que quienes se han opuesto al proyecto han enfrentado procesos de criminalización bajo acusaciones de usurpación de tierras. Además, documentos en el expediente de licencia ambiental del proyecto indican que parte de la hidroeléctrica fue construida sobre tierras destinadas a la reforma agraria, mientras que otros terrenos fueron vendidos a sobreprecio a Boris Arévalo Canahuati, presidente de la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), desarrolladora del proyecto.

Giles explica que el rol de Anaconda Carbon, empresa que tiene su origen en Panamá pero también constituida legalmente en Honduras, es el de certificar que todo esté en orden con los créditos de carbono correspondientes a este proyecto, y que posteriormente la empresa alemana Carbonbay GmbH & Co. KG es la encargada de colocar estos créditos, es decir, de venderlos. 

El director de Anaconda Carbon asegura que los procesos de auditoría del proyecto Puringla-Sazagua no han presentado ningún problema. Según sus declaraciones, no se han registrado irregularidades ni en las comunidades afectadas ni en el desarrollo del proyecto, y señala que, de haber existido alguna irregularidad, el proyecto no habría logrado obtener la certificación requerida para formar parte del programa de venta de créditos de carbono.

«Si, por ejemplo, hubiese algún problema donde hay una violación de derechos humanos, o que el proyecto no está operando con los requisitos legales del país donde está localizado, o si no está operando desde un punto de vista técnico con la tecnología que es permitida por las Naciones Unidas y por la Fundación Gold Standard, eso la auditoría no la pasaría, la empresa auditora diría “no, a este proyecto no le doy mi sello de validación”», aseguró Giles a Contracorriente en una entrevista telefónica.

Sin embargo, las comunidades han denunciado sufrir criminalización por defender el río en el que fue instalada la hidroeléctrica. Miembros de la empresa desarrolladora han presentado acusaciones contra defensores del territorio, alegando usurpación de tierras que, paradójicamente, pertenecen legalmente a los mismos acusados. 

A pesar de los señalamientos contra los defensores, una acusación del Ministerio Público indicaría que la empresa se benefició de las actuaciones irregulares de un funcionario público para hacer realidad el proyecto. En noviembre de 2024, se dictó un auto de formal procesamiento contra Diego Ernesto Cornejo, técnico del Instituto Nacional Agrario (INA) en Comayagua, quien según la Fiscalía de las Etnias, habría facilitado información falsa sobre los propietarios de las tierras para beneficiar a la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), por lo cual lo acusan de ser presunto responsable de los delitos de falsificación de documentos, violación de sus deberes como funcionario y falso testimonio en perjuicio del Estado.

En ese contexto, las comunidades siguen denunciando la falta de acceso al agua, un derecho humano fundamental que, según sus denuncias y preocupaciones registradas en los documentos de monitoreo del programa por el cual se gestionan los créditos de carbono, no se está garantizando. Esta problemática también aparece en los reportes de monitoreo del programa de venta de créditos de carbono asociado al proyecto.

Estos documentos también evidencian que las comunidades no reciben compensaciones directas derivadas de este mecanismo. Los ingresos generados por esta actividad se destinan a garantizar el pago al Banco Atlántida, financiador del proyecto, sirviendo así para mantener las operaciones de la hidroeléctrica, sin beneficios para los habitantes afectados.

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A pesar de todo esto, Giles asegura que el proyecto cuenta con una gran proyección social en las comunidades de influencia, y que se han pintado escuelas y entregado computadoras. Sobre el conocimiento que tiene la comunidad de la venta de créditos de carbono a través de este proyecto, señala que sí se hicieron las consultas pertinentes, pero que es imposible que todas las personas sepan de qué se trata.

«No puedo decir con certeza que el 100 % [de las personas en las comunidades] saben de este proyecto. Hay requisitos ambientales que pasan por una auditoría bastante rigurosa para que el proyecto llegue a este estándar. A las comunidades sí les impacta, podría decirse, que el proyecto pase por estas auditorías, pero no les impacta la venta de los créditos. Esta gente es bastante humilde, entonces, esto no es de pleno conocimiento por parte de ellos. Mucha gente incluso en Honduras, de cualquier nivel o estrato social, no conoce el tema de huella de carbono o créditos de carbono, entonces mucho menos uno lo esperaría de pobladores de estas aldeas», explicó.

Fabián Portillo, uno de los campesinos afectados por el proyecto que ha usurpado sus tierras. Santiago de Puringla, La Paz, agosto de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Empresas millonarias y emprendimientos «comprometidos con las comunidades»

Uber, una de las empresas más reconocidas a nivel mundial por ofrecer servicios de transporte a través de una aplicación, ha promovido su producto Uber Planet como una alternativa para compensar las emisiones de carbono. Este servicio permite a los usuarios optar por vehículos que, por un costo adicional, contribuyen a mitigar la huella ambiental. A cambio, Uber promete promociones diarias, semanales o mensuales para incentivar su uso.

Esta empresa  —que aumentó en un 15 % sus ganancias a nivel mundial a inicios de este año— asegura que este modelo es posible gracias a Anaconda Carbon, la empresa certificadora de créditos de carbono, y que estos créditos «apoyarán a diferentes proyectos sustentables», entre ellos Guacamaya, al que pertenece el proyecto Puringla-Sazagua en Honduras.

Contracorriente contactó a representantes de Uber en Honduras, quienes prometieron que la oficina regional de la empresa respondería a una serie de preguntas enviadas por este medio; sin embargo, hasta el momento de la publicación de este reportaje, no ha habido respuesta.

Además de Uber, otras empresas internacionales también han adquirido créditos del programa Guacamaya. Entre ellas se encuentran compañías alemanas especializadas en calefacción, reciclaje y alcantarillado, así como un hotel en Alemania. En Honduras, Uber Honduras, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Casa Isabel, una tienda de accesorios artesanales, también figuran como compradores. Este medio también buscó a representantes del BCIE para consultarles sobre los créditos comprados a Anaconda Carbon, pero hasta el momento de la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Certificación de compra de créditos de carbono por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al Programa Guacamaya en 2022.

Casa Isabel es una tienda de accesorios que emplea a mujeres rurales. Isabel Cahín, fundadora de la empresa, explicó en entrevistas que su interés de tener una marca sostenible viene de darse cuenta de los  «procesos sucios» que afectaban la salud y bienes en las comunidades al interior del país.

«Casa Isabel siempre nació con la idea de ser un negocio que tenga un impacto positivo, no solo en mi estado de resultados de sus productos, sino que también en la comunidad donde se elaboran», dijo en la entrevista.

Cahín comparte este negocio con su esposo, Christian Giles, y también es socia de Anaconda Carbon, la empresa encargada de certificar los créditos del programa Guacamaya. Al respecto, Giles niega que exista un conflicto de interés, argumentando que la adquisición de créditos de carbono fue una iniciativa destinada a fortalecer el compromiso ambiental de su emprendimiento. «Era una cantidad de créditos de carbono bastante mínima la que se colocó, pero no representa ningún tipo de conflicto de interés», asegura Christian Giles.

En la legislación nacional actualmente no existe una normativa que regule este posible conflicto de interés, pues hasta ahora en Honduras solo ha existido el mercado de carbono voluntario. En 2023, el Congreso Nacional aprobó una Ley para que el Estado sea quien regule este mercado en el país; sin embargo, hasta el momento se desconocen los avances en la creación del reglamento para su implementación.

Por otra parte, representantes de la población indigena que se ha encargado de preservar el medioambiente y los bienes comunes sostienen que no fueron incluidos en la socialización de esta normativa.

Las hidroeléctricas en Honduras, como Puringla-Sazagua, suelen instalarse en territorios indígenas o áreas protegidas. Según datos del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), hasta 2020 existían 37 proyectos hidroeléctricos, principalmente en Intibucá, La Paz y Lempira, regiones habitadas por comunidades lencas.

Mientras tanto, negocios como Casa Isabel, que se presentan como ambientalmente responsables, prosperan gracias a recursos obtenidos de programas como Guacamaya. Esto contrasta con la realidad de las comunidades que enfrentan despojos, criminalización y la lucha por el acceso a sus tierras y ríos. Se prioriza a quienes buscan compensar el daño ambiental que han causado, mientras las comunidades que históricamente han protegido estos recursos enfrentan abandono y amenazas 

La participación de un exfuncionario con múltiples señalamientos de corrupción

En 2010, el entonces ministro de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), Rigoberto Cuéllar Cruz, emitió una carta autorizando a Anaconda para realizar el trabajo de monitoreo del proyecto para la compensación de carbono. Sin embargo, Cuéllar es una figura controversial en Honduras.

Nota de aprobación por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) para la participación voluntaria en el proyecto para la compensación carbono.

En 2017, Cuéllar fue señalado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Honduras (MACCIH) como uno de los culpables por haber concedido licencias ambientales sin consulta previa libre e informada de las comunidades en donde se instalaron proyectos extractivos; uno de estos casos fue el de la licencia para la instalación del proyecto Agua Zarca, en el departamento de Intibucá.

La lideresa lenca y ambientalista Berta Cáceres, asesinada por su oposición a ese proyecto, denunció las irregularidades y el pacto político-empresarial corrupto que permitió su ejecución. Recientemente, tres de los imputados en este caso de corrupción, llamado «Fraude sobre el Gualcarque» fueron sentenciados a cinco años de prisión. Uno de ellos es David Castillo, presidente de la empresa desarrolladora del proyecto, quien ya había sido condenado a prisión por ser coautor del asesinato de Cáceres en 2021. Por este último caso, el Ministerio Público también presentó un requerimiento fiscal a finales de 2023 contra Daniel Atala, a quien se señala de ser autor intelectual del asesinato.

Los señalamientos en contra del exministro de la Serna no quedan ahí. En 2012, mientras aún fungía como secretario de Estado, fue acusado de participar en el proceso de venta de más de cinco mil transformadores de energía eléctrica con irregularidades, considerados «chatarra» por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Además, el Ministerio Público lo acusó por haber otorgado licencias ambientales para la operación de granjas camaroneras en el sur de Honduras, y extender permisos de operación a gasolineras y empresas que vendían equipos eléctricos. 

Después de ser ministro de la Serna, Cuéllar se desempeñó como Fiscal Adjunto de Óscar Chinchilla, quien fungió como Fiscal General después de la renuncia de Luis Alberto Rubí y Roy David Urtecho en 2013. Mientras ejercía como una de las máximas autoridades del Ministerio Público, un fiscal denunció en 2016 que Rigoberto Cuéllar estaba siendo investigado por presuntamente recibir sobornos relacionados con el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Sin embargo, a pesar de la gravedad de estas acusaciones, Cuéllar no ha enfrentado un proceso judicial.

Funcionarios, empresarios y bancos regionales o extranjeros figuran en la conformación de proyectos extractivos en Honduras, los cuales, como en este caso, han funcionado como una salvaguarda para empresas extranjeras o países que buscan compensar su contaminación al ambiente, mientras las comunidades locales y pueblos originarios, en cuya cosmovisión el cuidado de la naturaleza y de los bienes comunes es esencial, continúan siendo desplazados.

El Gobierno ha promocionado su compromiso con el ambiente, asegurando que en lo que va de esta administración no han emitido concesiones de microcuencas para implementar proyectos extractivos. Sin embargo, el Estado no ha suscrito o ratificado herramientas fundamentales como el Acuerdo de Escazú, que podría proporcionar protección jurídica para los defensores y defensoras del ambiente en Honduras, los cuales, tal como en gobiernos anteriores, siguen siendo amenazados por proteger su territorio.

Hubo lágrimas, abrazos y discursos en los que se hizo memoria del tiempo cuando la Cooperativa de Cuidados (CoopCuidados) era apenas una idea. Un sueño que finalmente se materializó el 29 de octubre de 2024, con un evento oficial de lanzamiento de la primera cooperativa en Honduras dedicada al trabajo doméstico y cuidados remunerados.

En Honduras, el trabajo doméstico remunerado es una actividad esencial en la economía, pero sumamente desvalorizada y desprotegida. A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reporta que una de cada 25 mujeres empleadas realiza trabajo doméstico. Sin embargo, en Honduras estas trabajadoras enfrentan salarios por debajo del mínimo, jornadas largas y condiciones de trabajo informales, en la mayoría de los  casos sin acceso a derechos básicos como vacaciones, seguridad laboral y protección ante el despido. La situación se agrava debido a que el Convenio 189 de la OIT, diseñado para proteger a las trabajadoras domésticas, aún no ha sido ratificado, manteniendo a este rubro al margen de una regulación laboral inclusiva y justa.

Ante esta realidad, Coopcuidados no solo busca formalizar el sector y garantizar condiciones laborales adecuadas, sino también dignificar el rol de las mujeres en un área que históricamente ha sido invisibilizada. Además de proporcionar formación en derechos, la cooperativa pretende incidir en la agenda pública, sensibilizando a la sociedad sobre la importancia del trabajo doméstico, exigiendo políticas de protección, reconocimiento de derechos laborales y la formalización del trabajo en el sector a través del cooperativismo.

Eda Luna, socia fundadora de la cooperativa, dijo a los medios de comunicación que la consecución de este proyecto «significa mucho para nosotras, lo vemos como un proyecto de transformación en la vida de las mujeres que hacemos trabajo doméstico remunerado».

Eda Luna recalcó también que este es un logro importante ante la violencia machista que afecta a las mujeres que trabajan en este rubro. Explicó que un factor de riesgo importante es que «casi siempre el empleador sabe quién es la trabajadora doméstica, pero la trabajadora no sabe para quién está trabajando».

En ese contexto, los casos de violencia contra las trabajadoras domésticas siguen multiplicándose. Por ejemplo, el lunes 28 de octubre, los medios de comunicación reportaron que una empleada doméstica fue asesinada en su lugar de trabajo en una casa en la colonia Montefresco de San Pedro Sula. Aunque el responsable fue capturado y remitido a un centro penal, la impunidad suele imperar en estos casos. 

Para Eda Luna, ante estos hechos se debe exigir justicia y no esperar a que ocurran los crímenes, sino que «desde las diferentes instancias del gobierno deben poder regular y asumir la corresponsabilidad del reconocimiento jurídico del trabajo doméstico como un trabajo»; por ejemplo, tener un horario regulado que no las exponga a salir muy temprano hacia su empleo, porque de acuerdo con Luna, «estamos propensas a todo este tipo de violencia que existe tanto dentro como fuera de nuestros lugares de trabajo».

Coopcuidados permitirá que las trabajadoras tengan contratos por escrito, y que exista una regulación de sus derechos y condiciones laborales. Además, brindará capacitaciones sobre derechos y cooperativismo a las mujeres afiliadas. 

Por Teddy Baca
Portada: Persy Cabrera

¡En un hermoso país, pero desechado por la heteronormatividad!
¡Sobrevivían los diversos, los más dotados de luminosidad!
¡En donde el binomio hombre y mujer se impone cada día!
¡Y que con sus mandatos absurdos predicaban y aburrían!
¡Se destacan los que por naturaleza, no obedecen esta patraña!
¡Para que el arcoíris salga libre, cada mañana!

Es un gusto escribir nuevamente. Nos encontramos próximos a celebrar la Navidad, e indistintamente del significado (religioso o no) que le demos, la mayoría solemos asociarla con pasar tiempo de calidad en familia.

Sea elegida o consanguínea, adoptiva o de herencia, las marcas y la publicidad nos recuerdan constantemente la importancia de pasar la navidad con quienes amamos.

Y aunque no quiero romantizar la época del año ni reducirla al consumismo, sí me gustaría contar un poco sobre qué puede significar las festividades decembrinas para una persona LGTBIQ+.

  • El dolor de haberse ocultado otro año

No pretendo dar un mensaje pesimista al artículo, pero tenemos que mencionar tanto lo positivo como lo negativo. Lo cierto es que para muchas personas sexodiversas y génerodisidentes, la Navidad es un recordatorio de lo duro que fue esconder su sexualidad o identidad durante todo el año, y de que además posiblemente tengan que seguir haciéndolo, particularmente cuando se vive en el seno de una familia conservadora, donde la expectativa es que presentes una pareja ante los demás, y casi siempre se espera que sea alguien del sexo opuesto. Simplemente es abrumador, y una vivencia que más de alguien recuerda con amargura o ironía.

Y no digamos cuando se trata de un niño, niña o adolescente diverso, la melancolía de no poder expresarse por temer perder el amor familiar es todavía más evidente.

A quienes todavía viven esto, les mando todo mi amor y les recuerdo que no están solxs.

  • En el olvido

Si la situación número 1 ya es horrible, no digamos vivir en la indigencia por abandono y rechazo familiar, o estar en el medio de un conflicto tras salir del clóset. Muchxs tienen el valor de presentar a sus parejas ante la familia por el compromiso y afecto que les tienen, ¿por qué esconder a quien amas? Sin embargo, muchos familiares terminan rechazando y discriminando.

No sé ustedes, pero yo veo infinidad de cenas navideñas con gente que no cumple con los «valores» que predican, que se sabe con certeza que fueron infieles o que incluso han cometido delitos como violentar a otros («pecados» según la interpretación minimalista de la Biblia). Y no es que sea purista, pero ¿en serio tanto les afecta que alguien sea honesto y lleve a su pareja del mismo sexo/género, cuando permiten la hipocresía de otras personas? Ni siquiera es comparable, estamos hablando de a quien queremos en nuestras vidas.

Y quizás por eso muchos optan por el número 3.

  • Celebrar con la familia elegida

Mucha gente usar el término «comunidad LGTBIQ+» para referirse a nosotrxs, y si bien no vivimos en comunas en la mayoría de los casos, sí generamos un sentido de comunidad debido al rechazo social que vivimos. Es una mezcla de empatía y solidaridad que no todas las personas en el ambiente comparten, pero que todavía existe.

Ya sea con una amistad o varias, exparejas, novios, amantes o incluso miembros de la familia que no suelen ser tan cercanos, las personas LGTBIQ+ encontramos un sentido de pertenencia que, además de ayudar al ajuste psicosocial, nos permite disfrutar la Navidad con genuinidad y amor.

  • Quienes tienen aceptación 

Vivir la Navidad siendo uno mismo, sin miedos, con quienes te vieron nacer y/o crecer, es posiblemente el escenario más idealizado y deseado. Ahora es más frecuente poder presentar a tu novio/a, lucir una prenda de vestir acorde a tu expresión de género y hablar del futuro sin tener que esconder o mentir; eso es un regalo en sí mismo en una sociedad cisheteronormada.

Lo cierto es que esta debería ser la norma, porque un hogar donde no se pueda ser uno mismo o se tenga que cohibir para «sobrevivir» ante comentarios incómodos, lejos de ilustrar lo que se asocia con la Navidad, promueve una visión egoísta y poco sensible.

En mi caso, podría decir que al inicio me encontraba en el número 1 y casi he logrado estar en el número 4. No ha sido un camino fácil de transitar, pero definitivamente me hace feliz creer que la temporada navideña es perfecta para sacar lo mejor de nosotrxs, una oportunidad para cuestionar los prejuicios y en la que finalmente se tome el valor para expresar la verdadera esencia de nuestras personalidades.

Ser no binario (no me identifico ni como hombre o mujer) y andrófilo (me gustan exclusivamente hombres o identidades transmasculinas) no son aspectos que quiera o deba ocultar, porque simplemente no están mal. Ya superé ese prejuicio interno y estoy agradecido de toda la gente cercana a mí que también lo ha hecho. Eso representa la navidad para mí (y comer mucho, ja, ja, ja).

Yo quiero Navidades en las que nadie tenga la necesidad de callarse, irse o mentir, sino en donde todxs podamos caber.

Desde ya, Feliz Navidad, les deseo felicidad y mucha aceptación. 🩷

Durante el primer año de Gobierno de Xiomara Castro hubo protestas casi a diario exigiendo respuestas a diversas problemáticas, y en la mayoría de los casos la respuesta de los elementos de la Policía Nacional (PN) no fue violenta. En el 2024, varios acontecimientos muestran que la tolerancia a las manifestaciones y protestas ha disminuido por parte de esa institución.

Texto: Allan Bu
Fotografías: Fernando Destephen

El 11 de octubre de 2024, miembros de la Policía Nacional le dieron 42 garrotazos a Misael cuando finalizaba una protesta de habitantes de la aldea Brisas del Mar en Puerto Cortés en contra de la actividad de la minera Agregados del Caribe S. A. (Agrecasa), cuya operación fue suspendida por el gobierno de Xiomara Castro por un año, pero siguen extrayendo material de la mina, aseguran en la comunidad. 

El ataque quedó registrado en un video que circuló en diversas páginas de redes sociales. Ahí se observa el cobarde comportamiento de unos 20 uniformados que golpearon sin piedad a una persona desarmada.

La agresión a Misael es parte de un cambio de comportamiento de la Policía Nacional para mediar en las protestas. Durante los primeros dos años de la administración de Castro, desde el Gobierno presumían de no haber utilizado una tan sola bomba de gas lacrimógeno —cosa muy común en los dos períodos de Juan Orlando Hernández—, y de que se había permitido cualquier tipo de protesta; por ejemplo, en Tegucigalpa unos conductores de camiones se manifestaron porque la Alcaldía no los dejaba estacionarse en la vía pública, y los trabajadores del transporte público protestaron porque la misma Policía Nacional les registraba demasiadas infracciones. Sin embargo, en el tercer año de este Gobierno las respuestas violentas de la Policía Nacional cada vez son más recurrentes. 

Así, mientras las autoridades mantienen un discurso que prioriza los derechos humanos y hablan de una «institución con vínculos de confianza y comunitaria», como dijo en marzo de 2022 la presidenta Xiomara Castro, en las calles esa posición ha cambiado. La agresión a Misael es una de varias que han sido documentadas por la población.

Hagamos un recuento. El 29 de febrero, unos 1,500 oficiales desalojaron de forma violenta a las personas de tres asentamientos campesinos, cuyos miembros después se manifestaron frente a las oficinas del  Ministerio Público (MP) en Tegucigalpa, condenando la brutalidad con que actuaron las fuerzas del Estado. «En nada parece un sistema democrático», le dijeron representantes de los campesinos al periódico digital Criterio

En mayo de 2024, los habitantes de Brisas del Mar en Puerto Cortés sufrieron otra brutal  represión durante una toma en la CA-13 exigiendo el cierre de Agrecasa. La población denunció el daño al río Brisas del Mar que pasa cerca a la comunidad, grietas en sus casas, los ruidos de las explosiones y la operación con las licencias vencidas de la minera. Unas 15 personas fueron golpeadas, y por la furia de los agentes policiales, varios vehículos acabaron con los vidrios quebrados. 

Luego, el 11 de junio de 2024, casi 2,000 empleados de la Corporación Delta Apparel —que reclamaban por el eventual cierre de la empresa— fueron retirados mediante el uso de una tanqueta de agua, y un chorro golpeó directamente a una operaria, que se retorció en el cemento frente al Zip Buena Vista. Esta agresión fue documentada por el periódico del Gobierno. 

Una vez consumado el cierre de la maquila, el personal de Delta comenzó a exigir el cumplimiento de sus derechos laborales tras el abrupto cierre de la empresa y la incapacidad del Estado para brindarles protección. En ese contexto, el 8 de octubre, nuevamente fueron desalojados con violencia de la carretera CA-5. En esta ocasión, elementos de la Policía golpearon con toletes a una operaria que, más tarde, declaró a los medios de comunicación que llegó a pensar que «la iban a matar».

Carlos Paz, director de Cáritas en la diócesis de San Pedro Sula, explicó que el uso de la fuerza por parte de las autoridades debería ser la excepción, usarse únicamente para evitar un daño de mayor gravedad, y buscar  proteger un objetivo legítimo. Un ejemplo que mencionó es evitar el vandalismo o los linchamientos públicos que ponen en grave riesgo la vida y la integridad de una persona. 

«Este uso de la fuerza debe estar regulado y se deben establecer las formas de actuar de los policías en estos casos. Este principio en los estándares internacionales se llama principio de legalidad. Pero también deben cumplirse los principios de “absoluta necesidad y de proporcionalidad”, esto es, que el uso de la fuerza sea estrictamente necesario y que ya se hayan agotado los recursos de negociación, y del control de la situación; además, la autoridad debe estar preparada para prestar los auxilios necesarios derivados del contexto», dijo Paz. 

Añadió que, a su juicio, este comportamiento no ha cambiado. «La actuación es la de siempre: intolerante, machista y hostil, carente de profesionalismo y sentido humanitario, y yo diría que no puede ser de otra manera, pues el discurso y la perspectiva de seguridad ciudadana es represiva y bélica», afirmó. 

Sin embargo, aclaró que este es un problema histórico y estructural. Citó como ejemplo que el sistema de justicia tiene un enfoque de «derecho penal del enemigo». Mencionó que el delito de usurpación es un buen ejemplo, ya que campesinos, grupos étnicos, empleados públicos que reivindican o protegen derechos son acusados por usurpación, cuando el Estado tiene la obligación de respetar la participación de las y los ciudadanos en la manifestación pública y de respetar la elección del lugar y el tiempo de la protesta; «pero eso no ocurre», dijo. 

Sostuvo que la actual administración y las anteriores «no han movido un tan solo dedo», ni han dado muestras de voluntad política para humanizar y profesionalizar a policías y militares.  Opinó que la formación en derechos humanos en estas instancias es mera formalidad sin compromiso. «¿Cómo podemos esperar algo distinto de los cuerpos de seguridad del Estado, sin esa voluntad, compromiso y cambio estructural? Esa institución policial y militar de hoy son los mismos de ayer y de siempre, solo cambiaron algunos rostros», concluyó. 

42 garrotazos

«Hágase a un lado, vamos a quitar la pancarta», contó Misael que le dijo a su compañera de hogar, que sostenía un letrero durante la protesta en Baracoa, Cortés. Él había salido de su trabajo como guardia de seguridad y le llevó algo de comer a su esposa.

Momentos después de que Misael tomó la pancarta, una tanqueta comenzó a tirar poderosos chorros de agua. En la toma había muy poca gente, y el agua hizo que los manifestantes corrieran para ponerse a salvo. Misael, al verse solo, pensó en retirarse y comenzó a recoger su pancarta. Así se observa en los videos grabados por personas en el lugar. Justamente en ese momento comenzó a recibir golpe tras golpe. 

«Yo vi que iban agresivos, entonces dije, “me voy a quitar”; di la espalda, y ahí empezaron a golpearme», recordó Misael. Agregó que en otras ocasiones en las que han protestado en favor del ambiente, la Policía ha llegado y ellos se retiran: «Pensé que eso iban a hacer esas bestias», dijo. La brutalidad del ataque quedó evidenciada en los ocho puntos que le tuvieron que hacer por una rotura en la cabeza a este hombre, a pesar de que no se había quitado el casco de protección que usa para transportarse en su motocicleta.

«Son delincuentes uniformados. ¿Por qué van a golpear a un solo hombre, que no se les está oponiendo, que no les está ofendiendo ni agrediendo. Si usted ve los videos, yo estoy enrollando la pancarta», explicó Misael, quien en los videos justamente solo parece estar retirándose. 

Ese día, después de la golpiza, Misael fue detenido, pero cuando estaba en la patrulla se escapó hacia una colonia cercana. Corrió con una herida en su cabeza y la ropa ensangrentada. Asegura que los agentes policiales que lo golpearon no recibieron ningún castigo, y que el jefe policial de la zona solo fue trasladado a otro lugar. 

Contracorriente intentó contactar al jefe policial del Valle de Sula, David Ortega Posadas, quien en primera instancia había acordado recibirnos en su oficina, pero antes requirió conocer el tema a tratar, y luego de recibir las preguntas no volvió a contestar. También le enviamos mensajes al director de comunicaciones de la PN a nivel nacional, Miguel Martínez Madrid, pero hasta el momento de la publicación no obtuvimos respuesta.

Tras la viralización de los videos que muestran la brutalidad con la que actuaron los agentes de la policía, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, condenó a través de la red social X el procedimiento erróneo contra Misael, y ordenó —suele dar órdenes a través de esta vía— una investigación sobre los hechos, pues, según él, ese maltrato no se apega a la normativa de actuación en esos casos. 

«La normativa» no parece ser algo a lo que estén muy atentos los subalternos de Sánchez, pues la represión también se ha repetido contra quienes exigen respuestas a situaciones puntuales y urgentes. 

En Brisas del Mar, por ejemplo, la población sigue alzando su voz porque aseguran que la mina Agrecasa sigue trabajando: «Está cerrado “de boca”, porque ellos están extrayendo material y han estado sacándolo de la mina y llevándolo a predios portuarios», reafirmó Misael. 

Sobre el cambio en la respuesta de la Policía a las manifestaciones, Carlos Paz, director de Cáritas, explicó que la protesta social es un derecho humano ligado al fortalecimiento del Estado de Derecho, pues ayuda a favorecer consensos y solución de problemas y necesidades sentidas por la ciudadanía. 

Señaló algunas diferencias respecto a los objetivos que perseguían las manifestaciones en la administración de Juan Orlando Hernández y la actual: «En el gobierno anterior estuvieron mediadas por la defensa de la democracia, la lucha contra la corrupción y la impunidad, tres aspectos de carácter estructural y central para la vida y el desarrollo de toda la sociedad hondureña. Sin embargo, la protesta social en los primeros años de este gobierno tuvieron una condición más de tipo militante o partidaria, o la defensa de derechos estuvo ligada a las mejoras laborales (enfermeras, los jueces y fiscales, medicina forense, etc).».

Además, señaló que actualmente «la represión es de tipo selectiva y focalizada, la brutalidad policial contra trabajadoras y trabajadores de la maquila, pobladores y pobladoras, o por los asesinatos contra ambientalistas, son muestra clara del carácter selectivo de la persecución del disenso, algo para nada nuevo y exclusivo de este gobierno. Podríamos decir que la actual administración aplicó viejas recetas para enfrentar viejos problemas sociales». 

Y después dejó varias preguntas que no son fáciles de contestar: «Me pregunto si la población se siente más segura y confiada con la policía comunitaria. ¿Tendrá este recurso estatal mejor y mayor capacidad para gestionar el conflicto social desde el diálogo y los consensos? Vale la pena preguntarnos: ¿por qué en muchos barrios la población acude a las maras para solucionar problemas domésticos y no a la policía?», cuestionó.

Efectivos de la Policía Nacional resguardan el portón de acceso a una maquila en Villanueva, Cortés, mientras los empleados protestan afuera. Un día antes la policía había reprimido a los empleados. Villanueva, Cortés, junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Misael sostiene que la Municipalidad de Puerto Cortés, la Cámara de Comercio en Puerto Cortés y la Policía Nacional en el sector están alineados con los intereses de Agrecasa. Durante la protesta, los oficiales a cargo les dijeron a los manifestantes que las órdenes de desalojarlos venían desde el más alto nivel de la Secretaría de Seguridad. 

«Deben proteger la vida del pueblo para que no lo sigan dañando, pero para estos tipos la cosa es servir y proteger a la empresa millonaria, porque son los que les pagan y sobornan», cuestionó Misael, refiriéndose al flamante eslogan que aparece en todas las patrullas de la Policía Nacional: «Servir y proteger». 

Además, contó que hizo la denuncia ante el Ministerio Público y también ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), una instancia que depende de la Policía Nacional, pero no quisieron recibirla hasta que mencionó que lo acompañaba una abogada del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh). Misael concluye que esto pasó porque «entre corruptos se protegen».

Abusos en la impunidad

Las agresiones que los entes de seguridad del Estado cometen contra ciudadanos que exigen o defienden algún derecho habitualmente quedan impunes. 

Por ejemplo, el 5 de noviembre de 2024, la Coalición contra la Impunidad realizó un acto en memoria del joven Cristian Hernández, quien fue muerto por balas militares en el 2017 durante las protestas contra el fraude electoral que en ese entonces consolidó el régimen de Juan Orlando Hernández. En el contexto de esas protestas ciudadanas por el fraude electoral de 2017, organismos de derechos humanos documentaron al menos 33 muertes a manos de organismos de seguridad del Estado, y siete años después ningún policía o militar ha sido condenado.

Hedme Castro, directora de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (Aci-Participa) resalta que en el año 2018 una jueza le dio sobreseimiento definitivo a los oficiales Juan Manuel Aguilar Godoy y Marlon Vásquez, que habían sido detenidos por los delitos de abuso de autoridad, tortura, detención ilegal y violación de los deberes del funcionario. «Hoy estas personas ocupan altos cargos en el Gobierno», dijo Castro. De hecho, Aguilar Godoy, desde junio de 2023, es el director de la Policía Nacional, luego que Gustavo Sánchez asumió como ministro de Seguridad. 

«Sigo denunciando que el director de la Policía Nacional, que fue uno de los torturadores en la Universidad Nacional, continúa teniendo cargos de poder; este tipo de persona desluce el Gobierno», aseguró Castro, defensora de derechos humanos en la zona sur del país. 

La Policía Nacional ha sido una institución cercana a los escándalos. En 2016 fue creada la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, instancia que funcionó hasta el año 2022 y que dejó 6,168 policías depurados a nivel nacional, de acuerdo a un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). La depuración estuvo lejos de ser un éxito. 

Hasta el 2024, nueve oficiales de la Policía Nacional, incluido su exdirector Juan Carlos Bonilla, habían sido condenados en cortes de Estados Unidos por colaborar con cárteles de narcotráfico en Honduras. 

Misael y otros vecinos de Brisas del Mar aseguran que no van a renunciar porque su lucha es por la vida y la humanidad. No obstante, tienen claro que defender el ambiente «es fatal», y lo más grave es que a los defensores los persiguen las empresas o entes policiales. 

«Parece que sí quieren callar al pueblo, pero ya sea en las calles o en otras instancias, nosotros seguimos protestando. No vamos a abandonar la lucha, no mira que nosotros peleamos por nuestro bienestar y el de nuestros hijos», manifestó Misael. Agregó que cree que la presidenta Castro quizás ha bajado la guardia sobre lo que hace su gobierno, y que «es Manuel Zelaya quien está dando las órdenes para que le den maceta al pueblo».

Hedme Castro expresó su asombro ante el papel que sigue desempeñando la Policía Militar del Orden Público (PMOP), afirmando que considera inmerecida su relevancia «por todo el lastre de represión y tortura que tienen». La defensora de derechos humanos describió a la PMOP como «un grupo élite, que está creado para reprimir a las personas y causar miedo». 

Curiosamente, esta visión era compartida por las principales figuras del actual gobierno cuando estaban en la oposición, tildando a la PMOP de ser un órgano represor al servicio de Juan Orlando Hernández. Sin embargo, esta postura ha cambiado desde que llegaron al poder, pues el actual Gobierno incluso ha entregado a la PMOP la administración de los centros penitenciarios del país.

Una vez en el Gobierno, la presidenta Xiomara Castro ordenó mantener la Policía Militar en colaboración con la Policía Nacional. En julio de 2022, Roosevelt Hernández, entonces comandante de la PMOP, ahora jefe del Estado Mayor Conjunto, manifestó que por órdenes de la presidenta «se había generado una nueva estrategia de seguridad y estarían 24 horas tras la persecución del delito».

Hedme Castro aclara que no está contra el Gobierno, e incluso destaca la inversión en infraestructura y en la reparación de escuelas. «Sufrí para que [el Gobierno] llegara donde está. Me quemaron la casa, que había pagado por 25 años en el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema). Sufrí muchos vejámenes luchando por la democracia que anhelamos», dijo. 

Sin embargo, recalcó que no tuvo ni tiene compromisos con ningún Gobierno, y que por tanto va a continuar denunciando y documentando las violaciones a los derechos humanos que hace el Estado de Honduras. Además, Castro consideró que el comportamiento ideal de la Policía Nacional debería basarse en el respeto a la vida y la dignidad de las personas. 

En su opinión, no cree que las órdenes de reprimir a manifestantes provengan «de las altas autoridades del Gobierno de doña Xiomara Castro», y expresó su deseo de que el derecho a la manifestación sea protegido. Sin embargo, también señaló que la PMOP refuerza los actos de represión que se están llevando a cabo, ya que, según ella, los elementos que conforman esta fuerza «son especialistas en eso».

Por su parte, Misael habla con resentimiento. Y no es para menos. Sufrió una agresión brutal e injustificada por miembros de una institución en la que sus altos mandos no se cansan de hablar de derechos humanos y cercanía con la población. «Hoy en día los policías no se usan para servir y proteger, sino para delinquir y maltratar», finalizó el hombre que sobrevivió a 42 garrotazos.

Por Rolan Eduardo Soto López
Portada: Persy Cabrera

A Maru, por su cumpleaños, por su existencia.

22 grados Celsius. Afuera canta un pájaro. Camino a la sala, doy una, dos, tres vueltas y regreso a la cama. Hay cansancio, diez minutos más arropado. Me levanto y pienso en algo que podría activarme: Mami Nena Café, producido a 1,600 metros sobre el nivel del mar  en la comunidad El Plantel, Yorito, Yoro. Lo busco en mi salita, doy vueltas, y no lo veo, me preocupo. Luego recuerdo que lo había guardado en una canasta elaborada por mujeres tolupanes de Montaña de la Flor. Listo, el café queda en preparación mientras me tiro a la cama de nuevo.

Pienso en el rinconcito que he construido en esta Tegucigalpa profunda: el calor, el olor a café mañanero, el abrazo de cada pared. Cuando llegué a esta casa, pequeña, austera, amigable. 

Las casas se parecen a su dueño: Maru y su casa.

Conocí a María Eugenia por una razón con pocas explicaciones. Ya éramos «amigos» en Facebook. En una ocasión me escribió para contactar a Mauren Romero, poeta de Olanchito, pues quería integrar sus escritos en una antología. También me escribió para solidarizarse por la muerte de Apolo, un gatito que yo había rescatado y que murió penosamente. Después vinieron otras empatías virtuales que nos llevaron a nuestro primer encuentro en su casa.

Yo estaba nervioso: iba a conocer a una narradora y editora hondureña tan reconocida. No sabía si la conversación iba a ser formal, solemne o seria. Para mi sorpresa, me encontré a una Maru muy suelta para hablar, y con una chispa de gracia. De vez en cuando soltaba una frase graciosa y yo le seguía la corriente, pues disfruto la risa y la carcajada.Yo fui con una camisa azul claro, manga corta y botones; pantalón jean azul y zapatillas negras. Ella vestía una camisa ligera y fresca: azul marino, con detalles color naranja, pantalón jeans azul y tenis rosados. Esa tarde del 26 de enero de 2023 inició una conexión espiritual y de amistad. 

La Inteligencia Artificial define a la amistad como «una relación afectiva que se establece entre dos o más personas, basada en el afecto, la confianza, la lealtad, el respeto y el apoyo mutuo». El filósofo griego Aristóteles identifica tres tipos de amistad: por utilidad, por placer y por virtud, es decir, amamos la utilidad, el placer y la virtud. En el mundo romano que vivió Cicerón, la amistad era considerada como aquello que hace espléndidas las situaciones favorables y leves las adversas. Este orador, estadista y escritor consideraba que la amistad no necesariamente debe ser útil, sino que más bien existir por sí misma. En Asia, precisamente en China, al amigo o amiga se le considera una fuerza débil, riqueza del pobre y medicina del enfermo. Omukago, es el concepto africano de amistad que refiere a un pacto de sangre entre dos personas que les une; este simboliza la unidad, el amor y la armonía. 

Y para la cosmovisión indígena mesoamericana y andina, la amistad es sinónimo de hermandad: se existe con el otro y/o la otra, estamos unidos umbilicalmente.

Más allá del nombramiento, la definición de la amistad, y cada uno de sus encuadres sociales y filosóficos, esta existe en sí misma. Se crea, se práctica, existe. Esto explica mi relación con Maru: mujer piedra, por su tesón; mujer algodón, por su forma de  querer; mujer hierro, por su manera de enfrentar la vida; mujer aire, por dar vida. 

Nos han unido los afectos, nuestras utopías de un mundo justo, nuestro amor por los hermanos gatos, y su locura por las herramientas u objetos de ferretería. También nuestro encantamiento por la literatura y todas las formas posibles y decibles de contar la vida: el ensayo, el artículo científico, la buena poesía, el relato, el chisme, el chiste, toda palabra.

Se existe en los afectos, en todas las formas de querer, en la vida misma. No existe nada más allá de los afectos. Se es con el otro y la otra. Así como he sido con Maru y ella conmigo. Así como he hecho un rincón balsámico en su casa, que es un ser vivo, y no me siento fuera de ella.

Por Fernando Destephen
Portada generada con IA

—¡Puta, perdí mi dragón! —exclamó el niño de pijama a cuadros.

Se acostó sin cenar, se bañó sin ganas, atrasó el sueño en espera del dragón. Nadie sabía qué era lo que esperaba sentado, en la orilla de la cama, dubitativo, razonando las sinrazones de la pérdida de un dragón en estos tiempos; la filosofía existencial en un niño, la irresponsabilidad social que implicaba el descuido de no haberlo amarrado a la pata de la cama. ¿Y si tiene hambre? ¿O frío?

La luz del baño aleteaba, suspiraba. La ventana también lo hacía, exhalaba la cortina, se respiraba angustia en la pequeña habitación de medidas inconclusas. Abajo, los padres, los adultos, ignoraban el dolor encarnado en el espíritu del niño que negaba su nombre, que se creía indigno de poseer cosa alguna por el inmenso descuido de olvidar asegurar al dragón. Sus padres solo se preguntaban en silencio, solo con las miradas: ¿por qué el niño no había comido su cena? Que por alguna extraña razón seguía ahí, la grasa de la carne se secaba en los garbanzos condimentados, los vegetales verdes se ensombrecían sin moscas, la comida esperaba muda. Y comenzó la hora del café; las tazas rebosan de la bebida oscura, amargo para él, dulce medio para ella, acompañado de unos panes almidonados de arroz dulce con pasas molidas y rellenos de jalea roja, digamos de mora…

Entre sorbo y masticada, se escapaban una serie de suspiros encriptados.

En el piso de arriba, el pequeño continuaba su disertación mecánica, las preguntas típicas, naturales en un hombre adulto, y en él, lleno de esa adultez tan singular: ¿por qué? ¿Cómo? ¿En qué momento?

Calculaba los hechos, las consecuencias, las causalidades; medía y mediaba con sus pequeños miedos; una teoría salía, otra entraba; el tiempo era el mismo, seguía su envejecimiento normal, su enrollamiento de caracol en proporción divina. Recalculaba su última plática y razonaba qué de malo había hecho para que huyera. Ya no era solo culpable de no atarlo a la primera pata a la derecha de su cama de juguete, ahora era una culpa entera: el dragón se había molestado con él… El miedo a perder algo nos acecha y nos modifica conductualmente, nos refleja inseguridades e hipótesis, funcionalidades, medidas de desahogo. Era interminable la forma de pensar exponencialmente, su espacio era esa orilla, con los pies desnudos colgando sin tocar el piso pulido y helado… Afuera la noche era otra, casi igual a la de ayer, o la de anteayer; lo que las diferenciaba era la falta del dragón. No estaba, y los pies del niño colgaban guindando de la cama, parecían proyectar el ahorcamiento de unas sombras secas, sus ojos idos en esa nada que nos deja absortos en un punto imaginario y nos pasma en un mismo lugar de pensamiento, análisis, recogiendo la cosecha mental.

El dilema seguía, modelando teorías. La noche enfriaba su oscuro cuerpo y la luz encerrada en un bombillo blanco enroscado en sí mismo palpitaba, mientras una mariposa negra hipnotizada giraba alrededor de sus invisibles manos de neón enjauladas. El lavabo goteaba como si tuviera gripe, los colores blancos del baño dormían, el reloj se movía lento, abajo los ratones buscaban las migajas de los panes rellenos, las fotos de las repisas seguían su coma habitual, los padres se habían encerrado en su ritual de padres, el niño había logrado acomodar los pies y había vuelto a su estado fetal primario, pero carente de líquido amniótico, sustituido por un par de sábanas de colores y almohadas con estampados de caricaturas en blanco y negro.

Sin darse cuenta entró en un ciclo REM profundo, y no escuchó cuando el dragón regresó y tumbó su cepillo dental al suelo callado del cuarto de baño, ni olió el sucio perfume de cabaret mezclado con el humo del tabaco, el aliento a arsénico y azufre mezclado con whisky barato sin hielo, ni vio los torpes pasos a secas que dio antes de acomodarse la cadena al cuello y regresar a hacer marcas en la pata de la cama, que se reseteó hasta el día o la noche de su próxima salida.

Entre 2010 y 2023, 16 de las familias centroamericanas más ricas crearon al menos 52 sociedades en España, país que se ha especializado en atraerlas permitiendo que sus ingresos personales sean sometidos, bajo ciertas condiciones, a una tributación mínima del 1,25%, menos de lo que tributarían en sus países, algunos de los más pobres y desiguales del mundo. Entre los propietarios de estas sociedades están los Novella, los Gutiérrez o los Castillo de Guatemala; los Poma o los Kriete de El Salvador, los Atala o los Bueso de Honduras, Wilhelm Steinvorth de Costa Rica o los Motta de Panamá. Solo en 2022, seis de estos grupos reportaron 341 millones de euros en dividendos en España.

Por:  Redacción Regional

Entre 2010 y 2023, 16 de las familias más ricas de Centroamérica crearon en España al menos 52 sociedades valoradas en 3 mil 588  millones de euros, según información disponible en el registro mercantil de Madrid. Una investigación de Redacción Regional y No-Ficción revela que desde la mayoría de estas sociedades, que siguen vigentes, los empresarios centroamericanos pueden controlar las acciones de las empresas establecidas en la región y, en algunos casos, pueden pagar legalmente impuestos mucho más reducidos sobre las ganancias que reciben de lo que harían en sus países, inmersos en una de las zonas más pobres y desiguales del mundo.

Solo en 2022, seis de los 16 grupos reportaron dividendos por un total cercano a los 341 millones de euros, según documentos públicos oficiales.

Estos son los grupos guatemaltecos: CBC (47.8 millones), CMI (45.8 millones) y Cementos Progreso (151 millones); el grupo Poma de El Salvador  (52.6 millones); los Motta de Panamá (41.8 millones) y Wilhelm Steinvorth de Costa Rica (2 millones).

De estos 341 millones de euros canalizados hacia España, al menos 55.9 millones fueron gravados con una tributación especialmente reducida, con frecuencia de solo el 1,25%. En contraste, los dividendos en Centroamérica tributan tasas que oscilan entre el 5% en El Salvador y Guatemala y el 15% en Costa Rica.  

Los dividendos son la compensación que los accionistas de una empresa reciben cuando esta decide repartir beneficios. Son una de las formas de ingreso más importantes que reciben las personas más ricas.

Estos 55.9 millones de euros que se beneficiaron de una tributación especialmente reducida procedieron de únicamente de tres de los grupos más pujantes de la región: los guatemaltecos CMI (2.9 millones) y CBC (33.5 millones) y los salvadoreños Poma (19.4 millones). 

Cuentas de un holding del grupo Cementos Progreso (familia Novella de Guatemala). En esta sección exponen cómo canalizaron hacia España 151 millones de euros en dividendos en 2022 y 172 millones en 2021.

Las dueñas de estos 16 grupos que se han establecido en España son familias con patrimonios multimillonarios, banqueros, cementeras, inmobiliarias, importadoras de vehículos, servicios, hoteles, restaurantes, centros comerciales y hasta la representación de marcas transnacionales como las bebidas del grupo Pepsi, los autos Toyota o los videojuegos de Nintendo.

Entre estas familias están los Gutiérrez de Guatemala, que poseen un conglomerado de negocios alimentarios y de generación de energía llamado CMI presente en toda Centroamérica;  los Poma de El Salvador, una gran fortuna centrada en la venta de vehículos y el desarrollo inmobiliario y hotelero; los Motta de Panamá, que representan decenas de marcas internacionales de productos electrónicos y de lujo; y los Castillo, también de Guatemala, que a través de su empresa CBC, distribuyen bebidas y snacks por la región.

Hay también industriales como los Novella, que dominan la producción de cemento en Guatemala; agroindustriales como los Herrera, los mayores productores de azúcar en Guatemala; banqueros hondureños como los Bueso y los Atala; e inversores costarricenses como Wilhelm Steinvorth, que preside el conglomerado de la alimentación Florida Ice and Farm Company (FIFCO) o los Durman Esquivel, accionistas de la transnacional de fabricación de tuberías Aliaxis.

Fuente: elaboración propia con datos aproximados según reportes públicos presentados entre 2017 y 2023. En total, los 16 grupos registraron al menos 52 sociedades. La mayoría de estas están relacionadas a las actividades de las empresas en Centroamérica y Latinoamérica. Los datos de activos y dividendos se corresponden a aquellas sociedades que presentaron información al registro mercantil de España.

La presencia en Madrid de estos grupos no es casual y se explica por una serie de políticas promovidas por España orientadas a convertirse en un lugar atractivo desde el que gestionar inversiones en países Latinoamericanos, principalmente. 

España cuenta con un régimen fiscal específico para las sociedades holding (una empresa dedicada a poseer acciones de otras empresas) que permite un extranjero tributar solo un 1,25% sobre sus dividendos si estos se canalizan a través de España. 

Además, el país ha suscrito Convenios contra la Doble Imposición (CDI) con la mayoría de países de Latinoamérica. Estos tratados permiten a cualquier inversor que se establezca en España sacar los dividendos que sus empresas repartan en países como El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia o la República Dominicana, entre otros, pagando impuestos reducidos o, bajo algunas condiciones,  beneficiándose de una exención tributaria total.

Esto estimula a alguien con inversiones en empresas en Latinoamérica a crear un holding en España desde el que gestionar las acciones de esas empresas y así tributar menos de lo que harían si estuvieran situados en otro lugar.

Los holdings propiedad de las familias centroamericanas son gestionados por bufetes de abogados o asesorías de empresas situadas en su mayoría en el centro de Madrid, especializados en ofrecer este tipo de servicio a inversores de todo el mundo por honorarios que pueden ir desde los 4,000 dólares anuales por administrar una sociedad a cifras cercanas a los $400 mil, en el caso de grupos empresariales grandes y con mayor actividad. 

El barrio de Salamanca es uno de los distritos más exclusivos de la capital española. Es un sector en el que abundan los despachos de abogados especialistas en holdings. Foto: David Adam Kess

Para este reportaje, Redacción Regional y No-Ficción intentaron obtener respuestas de los grupos empresariales que crearon sociedades en España, pero solo fue posible recibirlas de cuatro de los 16 grupos identificados. 

CMI se limitó a explicar que sus prácticas fiscales son legítimas y se apegan a las leyes de los países donde operan. No quisieron responder preguntas más detalladas, asegurando que este reportaje “parte de prejuicios” y busca “sembrar dudas”.

Grupo Cadelga respondió que tributan en Honduras “de la misma forma en que siempre lo hemos hecho”, que la operativa societaria e industrial del grupo sigue en Centroamérica y que establecer una estructura holding en España u otros países europeos “tiene ventajas desde el punto de vista del gobierno empresarial, el acceso a la financiación y también en relación con la protección de las inversiones”.  

El grupo Ficohsa también respondió que establecer un holding en España fue parte de una “estrategia de crecimiento y de protección de inversiones” y que esto “no afecta el cumplimiento riguroso de todas las obligaciones legales, regulatorias, laborales y tributarias” en cada país en el que tienen presencia.

Wilhelm Steinvorth, presidente de FIFCO, respondió a través de la agencia de comunicaciones CCK Centroamérica que el establecimiento de este tipo de figuras jurídicas constituye “una práctica regular, que cuenta con un marco jurídico y legal que las ampara” en Costa Rica y España, pero que “si bien este tipo de estructura de tenencia de inversiones y operaciones internacionales podría ofrecer posibilidades de eficiencia tributaria, nosotros no hacemos uso de ellas”. El empresario, además, aseguró que “este tema (el holding en España) no tiene ninguna vinculación con las operaciones de Florida Ice and Farm Company (FIFCO), sino que se refiere al ámbito personal de este servidor”. 

En el caso de CBC, se intentó durante semanas contactar con alguna persona responsable de la comunicación del grupo a la que enviarle un cuestionario, pero no fue posible, pese a reiteradas llamadas, correos y mensajes.

A la familia Poma se le envió un cuestionario con preguntas detalladas a través de la Fundación Poma, sin embargo, al momento de la publicación no se contaba aún con una respuesta.

La Fundación Kriete de El Salvador, representantes de los grupos Atlántida y Motta se comprometieron a trasladar consultas para buscar las reacciones, pero estas no llegaron. 

Al resto de grupos se les enviaron peticiones a través de los correos oficiales y teléfonos de las sociedades que presentaron estos datos al registro mercantil español,  o por los correos oficiales y teléfonos de sus empresas en Centroamérica o representantes legales, pero tampoco se obtuvieron respuestas. 

Thomas Dougherty Novella dirigió la empresa de su familia, Cementos Progreso, y también ha ocupado altos cargos en la influyente Cámara de Industria de Guatemala. Foto: Edwin Bercián

Millonarios y desigualdad

Los ingresos de estos grupos centroamericanos que se establecieron en España pueden ser considerables. Solo la familia guatemalteca Novella, que posee desde hace más de un siglo, prácticamente, un monopolio sobre el mercado del cemento con Cementos Progreso, reportó dividendos en España cercanos a los 151 millones de euros en 2022.

La cifra no parece extraordinaria si se compara con lo que reportaron en 2021. Un año antes, los dividendos de este grupo fueron aún más altos: ascendieron a 172 millones de euros.

Es decir, solo en dos años, los Novella ganaron 323 millones de euros. Esto representa unos 2 mil 700 millones de quetzales al cambio actual, el equivalente al presupuesto vigente de 2024 de todo el Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala, que concentra varios de los programas de subsidios a la pobreza más importantes que ejecuta el gobierno del país.

Los Novella compraron entre 2022 y 2024, y por unos 1,280 millones de dólares, las operaciones de su rival, Cemex, en El Salvador, Costa Rica y República Dominicana. En los últimos años también han invertido en negocios como la construcción de una carretera privada en Guatemala.

El siguiente grupo que más dividendos reportó en España fueron los Poma de El Salvador: 52.6 millones de euros. Y tras ellos, las familias guatemaltecas Castillo (47.8 millones) y Gutiérrez (45.8 millones), los Motta de Panamá (41.8 millones) y  Wilhelm Steinvorth de Costa Rica (2 millones).

Estas cifras corresponden a los dividendos enviados a los holdings españoles, según información del registro mercantil español.

El Salvadoreño Ricardo Poma es la actual cabeza de las empresas de la familia. El grupo se dedica, sobre todo, a la venta de vehículos, al desarrollo inmobiliario, hoteles y centros comerciales. Foto tomada de las redes sociales de la Fundación Poma

Que estos conglomerados reporten sus ganancias en el país europeo tiene implicaciones profundas para la región, ya que estos casos ponen de relieve cómo España se ha convertido en un eslabón más en los circuitos que permiten a los más ricos pagar legalmente impuestos mínimos.

El problema es mundial, pero sus efectos son especialmente dramáticos para países como los centroamericanos. Algunos países del istmo, sobre todo Guatemala y Honduras, se encuentran entre los que menos ingresos tributarios tienen en toda Latinoamérica.

Además, la mayoría de los países centroamericanos cuentan con estructuras tributarias regresivas, según explicó la economista salvadoreña Tatiana Marroquín, que ha realizado investigaciones sobre desigualdades en la región.

Esto significa que las personas más pobres destinan una parte mayor de sus ingresos para pagar impuestos que las personas más ricas. Esto ocurre porque las finanzas públicas se sostienen, en gran parte, gracias a tributos sobre el consumo y el trabajo.

Alguien que hace la compra y paga un 12 % de IVA en Guatemala o un 13 % en El Salvador. Los asalariados o profesionales a quienes su pagador les retienen un impuesto sobre la renta de entre el 5% o el 10%, según el país que se analice.

Los accionistas de las grandes empresas, en cambio, pueden conseguir que al menos una parte de sus dividendos sean sometidos a una tributación más reducida. Si cobran sus dividendos a través de holdings en España, los millonarios centroamericanos o cualquier otro inversor extranjero, pueden, bajo algunas circunstancias, tributar sobre este tipo de ingresos solo un 1,25% a nivel global.

Esto es menos de lo que pagarían si controlasen las ganancias de sus empresas desde los países en los que operan, o solo desde Panamá, como habían hecho tradicionalmente.

“Los impuestos sobre la renta no alcanzan tanto a los multimillonarios, como a los asalariados. Los multimillonarios siempre pueden mover su capital hacia donde no se tasa”, señala Marroquín.

La recaudación de impuestos a las grandes fortunas sigue siendo una de las debilidades principales de los sistemas fiscales de Centroamérica. Foto: Edwin Bercián

El estratégico viaje a España

Hasta 2008, las grandes fortunas de Centroamérica no habían considerado Madrid como un destino para crear un holding. Sin embargo, a medida que España firmaba tratados fiscales con países en los que las familias más ricas de la región ya poseían negocios o en los que planificaban invertir, el atractivo se multiplicó.

Estos acuerdos se llaman Convenios contra la Doble Imposición (CDI). En 2008 España suscribió un CDI con Colombia y le siguieron El Salvador (2009), Costa Rica, Panamá y Uruguay (2011) y Dominicana (2014). Todos estos países comenzaron a otorgar un trato fiscal preferente a los inversores españoles.

Por ejemplo, les permiten cobrar sus dividendos sin someterlos a retención o cobrándoles un impuesto reducido. España es el país del mundo que más de estos tratados ha suscrito con países latinoamericanos. En total, las autoridades de Madrid tienen CDI con 92 territorios. Panamá, en cambio, solo tiene 17.

“Es nuestra aportación al mundo de los holdings. Hemos querido entrar en la competencia por atraer dinero internacional”, dijo en una entrevista para este reportaje Carlos Cruzado, presidente del sindicato español de técnicos de Hacienda.

Fue en este periodo cuando comenzó la migración hacia Madrid, coincidiendo con una serie de reformas en los tres países del triángulo norte de Centroamérica que trataron de fortalecer la recaudación de impuestos sobre los dividendos. Esto sucedió entre 2011 y 2013 en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Durante la presidencia de José María Aznar (izquierda), a final de los años 90, España comenzó a adoptar políticas encaminadas a atraer la creación de holdings de inversores extranjeros. Foto: Juan Manuel Herrera/OAS

Grupo Motta: Los primeros en establecerse en España

Los primeros en establecerse en España fueron algunos de los grupos más globalizados, como los Motta de Panamá. Esta familia, desde hace décadas, representa a grandes transnacionales en varios países de la región, como los videojuegos Nintendo o los licores Diageo. También poseen una cadena de tiendas de productos Apple que está presente en el istmo y Colombia.

En 2010, los Motta trasladaron a España las acciones de la empresa a través de la que representan a Nintendo en la mayoría de Latinoamérica. Este negocio, en 2022, estaba valorado en 43.9 millones de euros, según información del registro mercantil español.

Los otros pioneros fueron los costarricenses que gestionan el fondo de inversión Mesoamérica. Este grupo, dirigido por Luis Castro Lachner, se ha dedicado a comprar y vender acciones de empresas por toda la región desde hace décadas. En la actualidad, son, por ejemplo, accionistas de una marca de leche en Colombia y cadenas de restaurantes en Colombia y Chile.

Estas participaciones las gestionan a través de holdings en Madrid con un patrimonio de más de 104 millones de euros, en 2022.

Tras los pioneros, llegaron a España otras familias con importante presencia transnacional, sobre todo guatemaltecas, salvadoreñas y costarricenses.

La familia Motta de Panamá es considerada la mayor fortuna de su país. El grupo ha sido dirigido por décadas por Stanley Motta (en segunda fila). Foto tomada de las redes sociales de la Fundación Alberto Motta.

2011:  llegan los dueños de Pollo Campero, los Poma y Steinvorth

En 2011, en Madrid se establecieron los Gutiérrez, una de las mayores fortunas de Guatemala y Centroamérica.

Ellos son propietarios del conglomerado, CMI, conocido por su cadena de restaurantes Pollo Campero, pero que incluye un sinfín de negocios en la industria alimentaria y la generación de energía renovable por todo el istmo, República Dominicana y Ecuador.

Los Gutiérrez trasladaron a España un buen número de sus negocios, sobre todo los relacionados con alimentación: sus avícolas, harineras o fábricas de pastas. Estos tenían en 2022 un valor de más de 1,283 millones de euros, según información del registro mercantil de Madrid. Es el mayor patrimonio centroamericano detectado en España.

Dionisio Gutiérrez ha sido por décadas una de las caras más visibles de su familia, los Gutiérrez de Guatemala. A diferencia de otros parientes, se ha involucrado en actividades políticas. Foto: Edwin Bercián

En el mismo periodo llegó la familia Poma. Ellos gestionan a través de holdings españoles solo una parte de sus negocios: sus ventas de carros en El Salvador y otras empresas inmobiliarias y de financiación de compra de vehículos en Costa Rica y Colombia. Estas están valoradas en 57 millones de euros en 2022.

En 2011, también se estableció en Madrid, Wilhelm Steinvorth, presidente y accionista de FIFCO, posiblemente el mayor grupo empresarial de Costa Rica. Este conglomerado, entre otras cosas, produce los frijoles Ducal y las salsas Kerns y distribuye bebidas en México o Panamá.

El  holding en España, asegura el empresario, es de carácter personal y no tiene ninguna vinculación a FIFCO. Está valorado en unos 45.5 millones de euros, en 2022, según información del registro mercantil español. 

Wilhelm Steinvorth (cuarto por la izquierda), preside el grupo FIFCO, considerada una de las mayores empresas de Costa Rica. Foto tomada de las redes sociales de FIFCO.

Poco después, entre 2014 y 2015, aterrizaron en España los Castillo, accionistas de la embotelladora CBC, que están en prácticamente todos los países de Latinoamérica: de México a Argentina. Ellos crearon holdings con un patrimonio de unos 954 millones de euros entre 2021 y 2022.

Y por otra parte, los Novella, propietarios de Cementos Progreso. Esta familia tradicionalmente se ha concentrado en el mercado guatemalteco de los materiales de construcción, pero en los últimos años ha incursionado en la venta de cemento por todo el istmo y Colombia. Desde España gestionan holdings valorados en unos 417 millones de euros en 2022.

En 2017 llegó el grupo que apoya a Bukele

En 2017 llegaron los Kriete, dueños del 22 % de acciones de la aerolínea Avianca y cuyo líder, Roberto Kriete, es uno de los principales empresarios salvadoreños que ha dado su apoyo al régimen de Nayib Bukele. “Espero que esta Asamblea apruebe las leyes que van a sacar a este país adelante”, declaró Kriete al oficialista Diario El Salvador el 3 de mayo de 2021, dos días después de la destitución irregular de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general, realizada por la Asamblea oficialista de Bukele.  En 2020, Kriete fue considerado por la Revista Forbes como uno de los principales millonarios de la región.  A España, el grupo trasladó solo las acciones de sus negocios de mantenimiento de aeronaves en El Salvador y México, un patrimonio de 100 millones de euros, en 2022.

Roberto Kriete, un inversor que ha desarrollado aerolíneas, es uno de los hombres más ricos de El Salvador y toda la región. Apoyó al presidente Nayib Bukele en decisiones polémicas. Foto: Think Huge.

Ese mismo año, también se establecieron en España los Herrera, de Guatemala. Esta familia es la principal productora de azúcar de Centroamérica, con el Grupo Pantaleón. Además, se han diversificado hacia el sector inmobiliario y construyen residenciales, oficinas y malls. A España trasladaron solo la propiedad de sus centros comerciales en Colombia: un holding valorado en 143.5 millones de euros, en 2022.

Algo similar hicieron otros destacados azucareros guatemaltecos: los Campollo. Ellos poseen ingenios y centrales de energía en Guatemala. Y más recientemente incursionaron en el ensamblaje y venta de las motos indias Bajaj en todo el istmo y Colombia, en alianza con un grupo dominicano. Fue solo este último negocio el que trasladaron a España en 2020.

El doble beneficio del paraíso español

Junto a las ventajas que ofrecen los CDI suscritos por España, hay que añadir otro factor clave que explica el atractivo que ejerce Madrid para los millonarios centroamericanos.

Desde hace décadas, España cuenta con una nueva legislación orientada a favorecer la creación de holdings. Es el llamado régimen de Entidades Tenedoras de Valores Extranjeros (ETVE).

Durante mucho tiempo, bajo el régimen ETVE, un inversor extranjero que no residiese en España era eximido totalmente de impuestos sobre los dividendos que canalizara hacia España. Además, podía después enviar el dinero a prácticamente cualquier otro lugar del mundo sin tampoco tributar.

En 2021, el gobierno del actual presidente Pedro Sánchez cambió la legislación para que los holdings comenzaran a tributar un cobro mínimo de 1,25% sobre sus dividendos. 

El gobierno español redujo los beneficios que reciben las sociedades holding en el país durante el gobierno de Pedro Sánchez en 2021. Foto: Presidencia del Gobierno en España.

Sin embargo, esto no parece haber disuadido a grandes fortunas de gestionar las acciones de sus empresas desde Madrid.

Combinar los beneficios de los CDI con el régimen ETVE provoca una situación especialmente ventajosa.

Holdings beneficiosos para inversores centroamericanos

Si un inversor centroamericano crea un holding en Madrid para controlar sus empresas en la región, las autoridades consideran el dinero que canalice a España como obtenido por un extranjero en el extranjero y, en gran parte, renunciarán a cobrarle impuestos. Y, por el otro lado, los países en donde operan realmente las empresas considerarán a ese inversor como español y, por tanto, estarán amarradas para tasar los dividendos debido a los CDI.

Un empresario de Guatemala, por ejemplo, puede crear un holding en España para gestionar las acciones de un negocio en El Salvador. Cuando cobre dividendos y estos se encaminen hacia Madrid, El Salvador no le aplicará la retención del 5% que establece la ley, si no el CDI suscrito con España. Este permite una exención total de impuestos sobre dividendos, bajo ciertas condiciones.

Panamá ha sido tradicionalmente un refugio para los millonarios centroamericanos. El país ofrece privacidad, estabilidad e impuestos casi inexistentes. Foto: jocluis

Ya en Madrid, el dinero solo será gravado con un tributo del 1,25%. Y desde allí, podrá dirigirse libre de retenciones a otro holding en, por ejemplo, Panamá, donde los dividendos tampoco serán gravados. 

Todo esto significa que un ingreso que tendría que haber tributado un 5% en El Salvador, terminó pagando un 1,25% en España.

Si el dinero se hubiese dirigido directamente a Panamá, no habría habido forma de evitar la retención del 5%.

En este caso, el ahorro puede no parecer considerable. Esto sucede porque El Salvador ya tiene un impuesto sobre dividendos bajo.

Pero el efecto de una estructura como esta resulta especialmente útil con dividendos obtenidos en países como Costa Rica, México o Colombia, que gravan estos ingresos con tasas de entre el 10% y el 20%, pero tienen CDI suscritos con España que reducen estas tasas.

En esos casos, el ahorro puede ser millonario. Y explica por qué el flujo de grandes fortunas centroamericanas hacia España no se ha detenido.

Los Durman Esquivel también viajan a España

En Madrid se establecieron, por ejemplo, los costarricenses Durman Esquivel, que controlan alrededor de un 2,6% de las acciones de la multinacional de tuberías Aliaxis.

Además, comenzaron a desembarcar los hondureños. Los primeros fueron los Bueso, del grupo Atlántida, que poseen bancos, aseguradoras o financieras en Honduras, El Salvador, Ecuador y Perú. Después llegaron los Atala Faraj, del banco Fihcosa, que operan, además de en su país, en Guatemala, Nicaragua y Panamá.

A ellos se sumaron los Yibrín Canahuati, del Grupo Cadelga, que venden agroquímicos en El Salvador y Guatemala.

El banquero Camilo Atala Faraj (segundo por la izquierda), del grupo Ficohsa, es uno de los hombres más ricos de Honduras. y la región. Foto: Twitter de Camilo Atala.

Entre los últimos en llegar destaca una coalición de prominentes familias salvadoreñas: los Calleja, Zablah-Touché y Bahaia Simán.  Miembros de estos tres grupos, junto a la empresa estadounidense Invenergy, están vinculados a un holding creado en 2022 y desde donde se gestiona el proyecto Energía del Pacífico, una inversión de mil millones de dólares, una de las principales centrales de producción de electricidad de El Salvador.

Este negocio es propiedad en un 65% de Invenergy, por lo que la decisión de establecerse en España es posible haya sido de esta transnacional y no de los socios salvadoreños. Gestionado bajo la mirada del último gobierno de izquierdas en El Salvador, el proyecto fue inaugurado bajo el primer gobierno de Nayib Bukele. En el acto fueron protagonistas Bukele y Carlos Calleja, heredero del Grupo Calleja en El Salvador y excandidato presidencial del partido de derechas, Arena, en las elecciones de 2019 que le dieron el primer mandato, y el único legítimo, a Bukele.

Energía del Pacífico es una de las mayores inversiones realizadas en El Salvador en los últimos años. Pertenece a Invenergy y una coalición de prominentes familias salvadoreñas. Foto: EDP.

Una empresa dentro de otra

Todos los inversores centroamericanos diseñaron holdings casi idénticos.

Las acciones de sus empresas en la región son ahora propiedad de un holding español, que es a su vez propiedad de otro holding, ubicado con frecuencia, en Panamá.

Es el caso del grupo Poma, uno de los más ricos y poderosos de su país y de Centroamérica. Este clan familiar y empresarial posee empresas como Excel Automotriz, que acapara la venta de casi seis de cada diez vehículos nuevos en El Salvador. Además, representan algunas de las marcas más vendidas en toda la región, como Kia en Guatemala, Hyundai en Honduras y Nicaragua o Nissan en Panamá.

En 2022, unos de sus negocios, Carrofácil, que se dedica a financiar la compra de vehículos, repartió 4.1 millones de euros de dividendos. Este dinero lo generaron las filiales de Carrofácil en Colombia y Costa Rica.

La mayoría de los dividendos –2.9 millones de euros– los pagó Carrofácil de Costa Rica. Y los 1.2 millones euros restantes la filial colombiana.

Costa Rica grava el reparto de dividendos a inversores extranjeros con un impuesto del 15% y Colombia con un 20%.

Cuentas presentadas por un holding de la familia Poma en 2022 en el registro mercantil de Madrid. En esta sección explican los beneficios que obtienen gracias a los CDI y el régimen ETVE.

Sin embargo, ambos países han suscrito CDI con España y dan un trato preferente a dividendos que se dirijan a un holding en Madrid.

Colombia otorga una exención total de impuestos. Mientras que Costa Rica reduce el tributo a un 5%.

Como los Poma cobraron estos dividendos a través de un holding en España, no pagaron los impuestos que, en teoría, hubiese tenido que pagar cualquier otro inversor salvadoreño en Costa Rica y Colombia: un aproximado de 692 mil euros, según un cálculo propio.

Los Poma tributaron solamente algo más de 145 mil euros en esos países, como exponen en las cuentas de su holding español.

En Madrid, el grupo también declaró los ingresos y a estos dividendos se les aplicó el régimen ETVE. Tributaron un 1,25%. 

Luego, los 3.9 millones de euros restantes se distribuyeron como dividendos hacia otro holding ubicado en Panamá. 

Las ventajas de esta estructura son claras. A partir de la información presentada por el grupo y, según un cálculo propio que tiene en cuenta los costos y los impuestos pagados en España,  se produce un ahorro de unos 457 mil euros, sobre unos dividendos de 4.1 millones de euros.

En total, gracias a las exenciones de los CDI españoles y de las ventajas del régimen ETVE, los Poma recibieron 19.4 millones de dividendos de negocios ubicados en Colombia y Costa Rica, que, según la información consultada, solo tributaron o un 1,25% en España o un 6,25%, sumando lo pagado entre España y Costa Rica.  

El guatemalteco Juan Pablo Mata (en el centro) es el actual CEO del grupo CBC, que controla su familia. El núcleo de su negocio consiste en embotellar los productos de Pepsi en varios países de la región.

Siete holdings controlan las acciones de Mata Castillo

Piensen en otro millonario ilustre: el guatemalteco Carlos Enrique Mata Castillo.  Su familia, una de las ramas de los Castillo, son propietarios de decenas de empresas en toda la región.

Embotellan y distribuyen las bebidas Pepsi en casi todo Centroamérica, Ecuador, Perú, Puerto Rico y Jamaica. Tienen además su propia línea de bebidas, como los jugos Petite. Compraron plantaciones de cítricos en Argentina. Y controlan marcas de café instantáneo, salsas, snacks o chocolates en lugares como México, Ecuador u Honduras.

Mata Castillo y sus parientes son dueños de todo esto y mucho más. Pero las acciones de las empresas no están directamente a su nombre.

Estas son propiedad de al menos nueve holdings, que operan en Madrid desde alrededor de 2015. Como una muñeca rusa, estos holdings son propiedad de otros holdings, situados en Panamá o Uruguay, que a su vez son propiedad de otros holdings.

Al final de esta cadena, aparece Mata Castillo y otros miembros de su familia, como beneficiarios finales de los dividendos que en 2022 sumaron 47.8 millones de euros.

Tener una estructura de este tipo no es ilegal. Al contrario, es una necesidad para empresarios que reciben dinero de múltiples empresas y países. Pero en el diseño de un holding nada es casual. Y, con frecuencia, una de las consideraciones que se tienen en cuenta para estructurarlos –aunque no la única– es el pago de bajos tributos.

La clave reside en dónde crear el holding; que los lugares elegidos permitan el pago de dividendos con los menores impuestos posibles.

Cuentas presentadas en Madrid de uno de los holdings de la familia Castillo, del grupo CBC.

Rutas especiales de baja tributación

Para Abelardo Medina, un economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) que ocupó altos cargos en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala, la institución que recauda impuestos y persigue la elusión y la evasión fiscal en ese país, este tipo de estructuras que buscan reducir la tributación sobre dividendos no son especialmente dañinas.

“No es que no sea importante, pero es un problema relativamente menor”, dijo Medina.

Según explica, lo más grave es que, en países como Guatemala, es común que muchas empresas apenas declaran beneficios ante los recaudadores de impuestos o los reduzcan significativamente. Así, logran un objetivo doble. Por una parte, en el nivel de la empresa, esta declara pocos beneficios y así pagan pocos impuestos sobre esos beneficios. Y por otra, precisamente porque se declaran pocos beneficios, también se distribuyen pocos dividendos a los accionistas de la empresa. De esta forma, también se reduce la tributación, a la que son sometidos los propietarios de un negocio. 

Barbados es una isla del caribe con muy bajos impuestos y un CDI suscrito con España lo que ha logrado atraer a grupos empresariales como CMI, de Guatemala. Foto: David Stanley

Hay diversas formas de lograr esto. Pero básicamente todas consisten en lo mismo: trasladar ingresos que se generan en un país hacia otro en el que tributen menos.

Por ejemplo, hay conglomerados económicos que pagan por productos y servicios entre empresas del mismo grupo.

“El problema no es lo que las empresas distribuyen (los dividendos) si no todo lo que no distribuyen porque consiguen transferirlo fuera y distribuirlo allí”, dijo Medina.

Estas técnicas existen desde hace décadas. Pero España se ha convertido también en un buen lugar donde practicarlas. Y al trasladarse allí, la exigencia de la transparencia de la ley española brinda más información sobre cómo lo hacen algunos millonarios centroamericanos.

Juan José Gutiérrez ha dirigido la división de alimentos y restaurantes del grupo CMI, que incluye a decenas de empresas en Centroamérica, Dominicana y Ecuador. Foto: Edwin Bercián.

Hay diversas formas de lograr esto. Pero básicamente todas consisten en lo mismo: trasladar ingresos que se generan en un país hacia otro en el que tributen menos.

Por ejemplo, hay

El negocio está en Barbados

Juan José Gutiérrez o en Juan Luis Bosch Gutiérrez son dos primos que comparten una característica en común: su rostro es poco conocido, pero una de sus principales compañías, Pollo Campero, es una de las marcas guatemaltecas más universales, que tiene cientos de restaurantes y un especial arraigo en Guatemala, El Salvador y en la diáspora de ambos países diseminada Estados Unidos. 

Ellos encabezan el conglomerado CMI. La lista de sus empresas es interminable. Solo por mencionar algunas: poseen la mayor central hidroeléctrica privada de Guatemala; controlan partes importantes del mercado del pollo, la harina o las pastas en Centroamérica, Dominicana y Ecuador.

Los Gutiérrez tienen varios holdings en Madrid desde hace años. Pero las cuentas de 2022 de uno de ellos muestran algo curioso, que los diferencia de la mayoría de grupos empresariales identificados que reportaron dividendos, según el registro mercantil español. 

En este holding, la familia concentra las acciones de la mayoría de su división de alimentos. Y, en 2022, a él canalizaron dividendos por 41.9 millones de euros.

Sin embargo, casi la mitad de este dinero, 21.3 millones de euros, procedió de una única empresa: una filial del grupo en la isla caribeña de Barbados.

conglomerados económicos que pagan por productos y servicios entre empresas del mismo grupo.

“El problema no es lo que las empresas distribuyen (los dividendos) si no todo lo que no distribuyen porque consiguen transferirlo fuera y distribuirlo allí”, dijo Medina.

Estas técnicas existen desde hace décadas. Pero España se ha convertido también en un buen lugar donde practicarlas. Y al trasladarse allí, la exigencia de la transparencia de la ley española brinda más información sobre cómo lo hacen algunos millonarios centroamericanos.

Juan Luis Bosch Gutiérrez es uno de los hombres más ricos de su país, Guatemala, y de toda Centroamérica. Su familia gestiona parte de su fortuna desde holdings en Madrid. Foto: Edwin Bercián

Los beneficios

CMI no tiene restaurantes, molinos o fábricas de pastas en este país que tiene menos de 300 mil habitantes. Lo que sí tienen es una sociedad dedicada a comprar o vender harina. Y esta, aparentemente, es la actividad más lucrativa de la división alimentaria del grupo, la que más dividendos repartió.

Los incentivos para hacer esto son obvios. En Barbados el impuesto sobre la renta que pagan las empresas locales es de poco más del 1%. Por ello, siempre será más ventajoso declarar beneficios allí que en cualquier país de Centroamérica.

Pero, además, Barbados tiene otra condición fundamental. Desde 2011 cuenta con un CDI suscrito con España. Y este permite distribuir dividendos a un holding español con un impuesto del 0%. 

La ventaja es doble. Esos 21.3 millones de euros son ingresos que se dejaron de declarar, posiblemente en Centroamérica y se trasladaron a Barbados, con lo cual hay un ahorro en el nivel de las empresas.

Después, ese dinero se convierte en dividendos para los accionistas en un país que no los grava, si se dirigen a España. Aquí hay un segundo ahorro.

Y finalmente, los 21.3 millones llegan a Madrid, donde se someten a un impuesto mínimo del 1,25%. El dinero termina en una fundación privada en New Hampshire, Estados Unidos, donde los extranjeros tampoco pagan impuestos.

En Montevideo existe toda una industria dedicada a facilitar la creación de holdings. A ello contribuye la legislación uruguaya y sus tratados fiscales, como el suscrito con España. Foto: Mx Granger

Las cuentas presentadas por uno de los holdings de los Castillo muestran algo muy similar.  Esta familia guatemalteca, en 2022, también concentró el 60% de los dividendos que les reportó el holding desde el que controlan sus embotelladoras de todo el continente en un único país: Uruguay.

Según muestran las cuentas de su holding español CBC Bottling Holdco, que comenzó a operar en 2015, los Castillo generaron en Uruguay 22.5 millones de euros en dividendos en 2022.

En este país, esta familia guatemalteca cuenta con una filial dedicada a comprar materias primas para hacer bebidas y botellas.

De nuevo, la elección de Uruguay no es casual. El país cuenta con un régimen   especial para negocios de “trading”, precisamente lo que hace allí los Castillo, que permite pagar un impuesto del 0,75%. Y Uruguay también tiene un CDI con España que exime de retenciones a los dividendos.

En total, las sociedades de estas familias guatemaltecas, en 2022, repartieron a sus accionistas 43.9 millones de euros que, no solo se dejaron de declarar en Centroamérica, si no que, además, solo tributaron un 1,25%.

Investigación y datos: Asier Andrés
Edición y reportes: Redacción Regional

*Esta investigación junto a No-Ficción forma parte de Centroamérica Desigual, un especial sobre fiscalidad y desigualdad de la Redacción Regional, en alianza con medios y periodistas independientes de Mesoamérica del que Contracorriente forma parte. 

Texto y fotografías: Fernando Destephen.

En la colonia Betania de Comayagüela, Itzá Alvarenga y Heidi Alegría, integrantes del Comité de Emergencia Municipal (Codem), son las encargadas de monitorear los niveles del río Choluteca durante las alertas por lluvia y liderar evacuaciones preventivas. Durante la tormenta tropical Sara, que afectó al territorio hondureño entre el 15 y 18 de noviembre de 2024, colaboraron para llevar a 49 familias hacia la escuela Juan Guifarro López, donde se construyó un albergue temporal.

Sin embargo, actualmente las condiciones para refugiar a estas familias son precarias. Una sola aula es insuficiente para tantas familias, los baños no son adecuados y no hay cocina para poder preparar sus alimentos. La comida llega preparada, gracias a instituciones gubernamentales o donaciones particulares, pero el lunes 18 de noviembre, a la 1:30 de la tarde, Itzá y Heidi aún esperaban que alguien se acordara de ellas.

Las lluvias producto de la tormenta tropical Sara cesaron en Tegucigalpa, pero en esta ciudad profundamente vulnerable a los fenómenos climáticos, queda el recuento de daños y el desafío de que las personas albergadas en escuelas puedan regresar a sus hogares. Allí enfrentarán la incertidumbre: descubrir si sus pertenencias sobrevivieron, cuánto tiempo les llevará limpiar, y prepararse para evacuar nuevamente cuando la naturaleza vuelva a golpear.

En el Distrito Central, 350 personas han sido evacuadas hacia los 17 albergues habilitados, según explicó el ingeniero Julio Quiñónez, encargado del Comité de Emergencia Municipal (Codem). Uno de estos albergues, ubicado en la colonia Monterrey, acoge a 80 personas, y fue visitado el lunes 18 de noviembre por el alcalde Jorge Aldana y la presidenta Xiomara Castro.

Durante su visita, ambos funcionarios evaluaron las condiciones del lugar, pero no ofrecieron una solución definitiva para las personas albergadas ni para evitar el uso improvisado de escuelas como refugios en futuras crisis climáticas. En cambio, se limitaron a prometer apoyo en situaciones similares. «Quiero decirles a todas las personas que se encuentran acá que nosotros estamos apoyándolos y que vamos a seguir haciéndolo», expresó la presidenta Castro.

En otro lugar de la ciudad, igualmente vulnerable, Bessy Mendoza, vecina de la colonia Las Brisas, fue evacuada el domingo 17 de noviembre junto a 26 familias al centro comunal de su colonia. En ese espacio reducido, niños y adultos comparten baños mientras esperan la comida, ya que los albergues, muchas veces escuelas, carecen de instalaciones para cocinar. 

Bessy sueña con la reubicación definitiva y que ya no haya asentamientos en estas zonas vulnerables. En colonias como Las Brisas y La Betania, las evacuaciones hacia albergues se repiten al menos una vez al año, un ciclo que, según Bessy, debe terminar para vivir en paz, sin el temor constante de perderlo todo. 

Según la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, la tormenta tropical Sara afectó a más de 200,000 personas en Honduras, con un total de 57,000 familias afectadas, 17,667 damnificadas y alrededor de 2,300 comunidades incomunicadas. Los daños incluyen 31 puentes dañados y 11 destruidos, 12 cajas puente dañadas y 14 destruidas, 58 carreteras dañadas y 5 destruidas, así como 42 pasos vehiculares inhabilitados, según la Policía Nacional. Además, se reportan cultivos arrasados, viviendas destruidas y cinco fallecidos.

Para el jueves 21 de noviembre se espera la llegada de un frente frío al país, lo que inquieta a Bessy, Itzá y Heidi. Si vuelven las lluvias, no saben cuándo podrán regresar a sus casas, pero sí tienen claro que por ahora la única opción es seguir durmiendo en una colchoneta sobre el frío suelo de una escuela, esperando que la lluvia cese y el río deje de ser esa amenaza constante que las pone en riesgo cada temporada de lluvia.

Albergue en la escuela Juan Guifarro López de la colonia La Betania en Comayagüela. Esta zona es de alta vulnerabilidad y sus habitantes se han acostumbrado a dormir en albergues al menos una vez al año en temporada de lluvias. Distrito Central, noviembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

El 19 de diciembre de 2023, el ministro de seguridad, Gustavo Sánchez firmó un contrato por 10.3 millones de lempiras para la contratación directa de servicios de adquisición de repuestos e insumos, reparación y capacitación destinados al mantenimiento de los helicópteros de la Secretaría de Seguridad. El contrato fue adjudicado a la empresa Distribuidora de Vehículos S. A. de C. V. (Divesa), relacionada en 2019 en el caso «Narcopolítica». Según el Ministerio Público, en 2010, el cartel de Los Cachiros compró a esta empresa paquetes de vuelos en helicóptero como parte de un esquema de lavado de dinero en beneficio de exfuncionarios gubernamentales.

Texto: Fernando Silva
Portada: Persy Cabrera

En octubre de 2023, con el estado de excepción como justificación, la presidenta y el consejo de ministros emitieron el acuerdo ejecutivo 245-2023 con que se autorizó una serie de compras directas en la Secretaría de Seguridad que encabeza el general de policía, Gustavo Sánchez. Entre las contrataciones aprobadas, destacaba la adquisición de repuestos e insumos, reparación y capacitación para el mantenimiento de los helicópteros policiales marca Bell.

Documentos obtenidos por Contracorriente mediante solicitudes de a/cceso a la información, y documentos publicados en portales de transparencia, revelan que, a través de contrataciones directas, el gobierno ha hecho tratos con una empresa vinculada en procesos judiciales a la narcopolítica hondureña.

La empresa seleccionada mediante invitación directa por el general Gustavo Sánchez fue Distribuidora de Vehículos S.A. de C.V. (Divesa), la cual tuvo un papel clave en el caso Narcopolítica, presentado en mayo de 2019 por la extinta Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic) del Ministerio Público, que la vinculó a una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que operaba mediante contratos con el Estado.

La presidenta Xiomara Castro autorizó en octubre de 2024 un nuevo lote de compras directas, esta vez a la Secretaría de Defensa que preside la precandidata presidencial oficialista Rixi Moncada. La implementación de este mecanismo, al que organizaciones de sociedad civil han señalado por facilitar la corrupción, es cada vez más común en un gobierno que llegó con la promesa de combatir la falta de transparencia en la administración pública.

Caso «Narcopolítica» y los tratos de Divesa con el Gobierno de Libre

El 19 de diciembre de 2023, Gustavo Sánchez en representación de la Secretaría de Seguridad, firmó un contrato por 10.3 millones de lempiras (alrededor de 411 mil dólares) con Divesa. En 2019, esta compañía fue clave en una acusación del Ministerio Público contra 12 personas a las que señaló de integrar una red que lavó dinero del narcotráfico internacional mediante contratos de obras públicas.

Entre los acusados están Miguel Pastor, político nacionalista y extitular de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) entre 2010 y 2014, y el exdirector de Carreteras en ese mismo periodo, Walter Noé Maldonado, por los delitos de lavado de activos, fraude, falsificación de documentos, soborno y cohecho.

Según el requerimiento fiscal, Devis Leonel Rivera Maradiaga y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, jefes del cartel del narcotráfico conocido como Los Cachiros, arrendaron helicópteros por medio de paquetes de vuelo entre marzo de 2010 y septiembre de 2012, los cuales fueron utilizados por Miguel Pastor, Walter Maldonado y Fabio Lobo, hijo del entonces presidente Porfirio Lobo, quien en 2016 se declaró culpable en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. 

La acusación detalla que el mecanismo de soborno incluyó pagos mensuales de entre 40,000 y 600,000 dólares para la campaña presidencial de Miguel Pastor como precandidato en 2012. Estos funcionarios otorgaron 21 contratos de Soptravi que permitieron lavar dinero a través de la empresa (INRIMAR). Los contratos estaban destinados a la ejecución de obras en Olancho y Colón, pero nunca se realizaron, aunque se pagaron por un monto de 68 millones de lempiras.

La investigación de los vuelos que Los Cachiros le pagaron a la empresa Distribuidora de Vehículos S.A. de C.V. (Divesa) llevó a la fiscalía a decomisar reportes de los vuelos de helicóptero adquiridos por la temida familia Rivera Maradiaga. 

Aunque Divesa fue señalada como receptora de dinero proveniente del narcotráfico, ninguno de sus representantes enfrentó cargos por este caso.

En seguimiento, en enero de 2022, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitieron sentencia a favor de los implicados. Ante esto, la Uferco presentó un recurso de reposición. 

Luis Santos, titular de la Uferco, dijo a los medios de comunicación que la resolución eximió de responsabilidad a varios de los acusados, pasando por alto las pruebas presentadas en su contra. No obstante, confirmó el auto de formal procesamiento contra Miguel Rodrigo Pastor. 

En septiembre de 2023, apenas unos meses antes de que la Secretaría de Seguridad contratara de forma directa a Divesa, la fiscalía presentó una segunda línea de investigación en el caso Narcopolítica, emitiendo seis órdenes de captura más en contra de nuevos involucrados.

Extracto del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público en el caso Narcopolítica.

Divesa ahora fue beneficiada con una contratación directa en el marco de la «Guerra contra las maras y pandillas» iniciada por el Gobierno de Xiomara Castro desde diciembre de 2022, con la implementación del estado de excepción. Este contrato, sin embargo, no es el único que la empresa ha recibido durante la actual administración.

Según información del Portal de contrataciones abiertas de Honduras, entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, Divesa fue beneficiaria de 15 contrataciones por parte de la Secretaría de Seguridad, y recibió un total aproximado de 3.8 millones de lempiras. Entre los servicios contratados se encuentran el alquiler del hangar que utilizan los helicópteros del escuadrón aéreo policial, adquisición de repuestos, alquiler de helicópteros para supervisiones aéreas en eventos especiales como la instalación de la segunda legislatura y la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el alquiler de aeronaves para misiones confidenciales de las diversas direcciones de la Policía Nacional.

Divesa es una sociedad mercantil constituida en 1963, que pertenece a la familia Nufio Fléfil. El presidente del Consejo de Administración es el empresario Héctor Nufio Fléfil. En noviembre de 2022, la empresa formó un consorcio con la empresa HJJ, cuyo propietario es Jesús Nufio Fléfil, quien también ocupa el cargo de vocal en Divesa.

El documento de constitución del consorcio detalla que su objetivo era participar en un proceso de contratación directa con la Fuerza Aérea Hondureña para el suministro de repuestos para helicópteros Bell. Este documento destaca un posible beneficio competitivo para Divesa: se identifican como representantes de la marca Bell en Honduras. Sin embargo, según información divulgada por la Secretaría de Defensa, el contrato no fue adjudicado al consorcio de la familia Nufio Fléfil, sino a la empresa S&S Aviation Services Inc, que según la resolución presentó la oferta económica más ventajosa y cumplió con todos los requisitos establecidos.

Contracorriente envió un correo a representantes de la empresa para solicitar una entrevista sobre los contratos que han firmado con el Estado y su mención en el caso Narcopolítica; sin embargo, hasta el momento de esta publicación no hubo respuesta.

Pero esta no es la primera vez que esta empresa recibe beneficios con la familia Zelaya en el poder. Según información en poder de Contracorriente, en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, el entonces ministro del Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (Pronaders), Roland Valenzuela, utilizó en múltiples ocasiones los servicios de Divesa para movilizarse en helicóptero a reuniones en el interior del país. 

En junio de 2010, Valenzuela fue asesinado por Carlos Alberto Yacamán, quien según los medios de comunicación era un supuesto socio de Valenzuela. Yacamán también era socio en la empresa Gastronómicas de Honduras S. de R. L.. con el mexicano Óscar Orlando Nava Valencia, líder en ese entonces del cártel del Milenio, quien fue el principal testigo en el caso en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, condenado en octubre de 2024 a 38 años de prisión por recibir sobornos del narcotráfico. 

Según un reporte de la Prensa Gráfica de El Salvador, en 2015 Nava Valencia adoptó el nuevo  nombre de Marco Antonio Ortiz Morales, y bajo esa identidad fundó la empresa Gastronómicas de Honduras en la ciudad de San Pedro Sula, junto a Carlos Yacamán.

Helicóptero de la Policía Nacional, en el cuartel de Fuerzas Especiales en Tegucigalpa, durante el traslado de un privado de libertad. Tegucigalpa, julio de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Los otros contratos de Divesa con el Estado 

Divesa también firmó contratos con el Estado durante la administración de Juan Orlando Hernández. Según el Portal de Contrataciones Abiertas de Honduras, entre 2014 y 2021 la empresa participó en 19 procesos de contratación, recibiendo alrededor de 1.8 millones de lempiras. En contraste, durante la administración de Xiomara Castro, Divesa ha recibido pagos que superan los 14.1 millones de lempiras en un periodo mucho más corto, lo que representa al menos 12.3 millones más que lo adjudicado durante los siete años de la administración anterior.

Contracorriente envió mensajes a Gustavo Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad, para consultar sobre las contrataciones a esta empresa; sin embargo, hasta el momento de esta publicación no hubo respuesta.

La vigencia del acuerdo ejecutivo 245-2023, mediante el cual la presidenta y el consejo de ministros autorizaron compras directas en la Secretaría de Seguridad en el marco del estado de excepción —incluyendo la contratación de Divesa—, estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, en abril de 2024, tras una publicación de este medio que evidenció contradicciones entre la adquisición de equipo de seguridad a Israel, como los vehículos tácticos Black Mamba Sandcat, y la postura oficial del Gobierno hondureño frente a la guerra en Gaza, el canciller Eduardo Enrique Reina emitió una carta pública anunciando la suspensión de dicho acuerdo y que, desde ese momento, las compras tendrían que ser autorizadas por la presidenta.

El pasado 25 de octubre se publicó en el diario oficial La Gaceta el acuerdo ejecutivo 190-2024, mediante el cual la presidenta autorizó a Rixi Moncada, precandidata presidencial de Libre y titular de la Secretaría de Defensa, la contratación directa para la adquisición y suministro de bienes y servicios, los contratos de consultoría y los contratos de construcción de obras públicas. La decisión se justificó en la implementación del Plan de Solución contra el Crimen, aprobado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que encabeza la presidenta. 

En junio de 2024, la presidenta y los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad anunciaron «acciones radicales» en el marco del Plan de Solución contra el Crimen, entre las que destacan la construcción de un Centro de Reclusión de Emergencia con capacidad para 20 mil privados de libertad, que se proyecta construir entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios. Además, se contempló el inicio de la licitación, adjudicación y construcción de una cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne. Dicho proceso ha sido declarado fracasado en tres ocasiones por autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y ha quedado en la incertidumbre.

Se crean constitucionalmente los cargos de “Copresidente” y “Copresidenta” que, de facto, ostentaba Rosario Murillo. Los copresidentes podrán nombrar vicepresidentes y también someterán a control total del Ejecutivo a todos los Poderes del Estado, oficializando la extinción del balance de poderes y la institucionalidad. La reforma afecta un centenar de artículos, entre los cuales legalizan a los paramilitares y faculta al Ejército de Nicaragua para reprimir por motivos políticos junto a la Policía Nacional

La reforma casi total a la Constitución Política ordenada por Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializa la sucesión dinástica en Nicaragua, ya que, entre el centenar de artículos modificados, se crean los cargos de “Copresidente” y “Copresidenta”, este último que Rosario Murillo ostentaba de facto. Además, los copresidentes “podrán nombrar vicepresidentes que desempeñarán las funciones que se les asignen”. De esa manera la pareja presidencial resuelve un tema que, según fuentes sandinistas, llevaba en boga ya varios años: seguir en familia atornillados al poder. 

El artículo 135 reformado amplía el período presidencial de Nicaragua de cinco a seis años. Y, según el nuevo artículo 132, los Copresidentes gozarán de atribuciones totales sobre el Estado nicaragüense: “La presidencia de la República dirige al Gobierno y como jefatura del Estado coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense y de lo establecido en la presente Constitución”.

Aparte, los dictadores ponen en rango constitucional el nombrar y remover ministros, viceministros, procuradores, directores de entes autónomos y gubernamentales; jefes de misiones diplomáticas y jefes de misiones especiales, como ya lo venían haciendo de facto con la purga estatal. 

Además, en un guiño hacia los centenares de opositores despojados de su nacionalidad nicaragüense y que han optado por otra para no quedar en la apatridia, les prohíbe constitucionalmente optar por la presidencia.

El artículo 8 reformado es tajante en establecer que la separación de poderes —que de facto ya no funcionaba en Nicaragua— ha sido extinguida, y constitucionalmente sometida a los designios de los copresidentes. Reza el acápite: “El pueblo ejerce el poder del Estado a través de la presidencia de la República que dirige al Gobierno coordina” a todos los órganos del Estado. 

“Esta reforma, en vez de modernizar nuestra Constitución, que de por sí ya estaba maltrecha por todas las reformas que han hecho durante los últimos 17 años, lo que hace es volvernos al medievo para instalar una figura de rey y reina… es decir, copresidentes con poderes plenipotenciarios. Figuras que pueden estar por encima de todos los poderes del Estado, y que tendrán voz, voto y decisión en materia legislativa, judicial, electoral, de defensa… en todas las materias del Estado”, analiza Jesus Tefel, presidente de la organización Hagamos Democracia.

Tefel dice que si bien Ortega y Murillo ya ejercían el control de facto sobre el Estado al ser una dictadura totalitaria, al elevarlo a rango constitucional lo que pretenden es “dar un baño de legalidad a la captura de facto del Estado”. 

Resuelven problema de sucesión

A nivel político, la creación constitucional de los cargos de copresidentes resuelve el embrollo de la sucesión constitucional que Ortega y Murillo han venido barajando desde hace años; un tema espinoso y poco popular. En principio en 2017, cuando Murillo fue designada como su vicepresidenta, luego nombrada por su marido como copresidenta. 

Eliseo Núñez, abogado y exdiputado opositor en el exilio, asegura que estas figuras de copresidentes es “innovadora, que no la ha visto en ningún país”. “No está bien definido qué funciones tiene uno y cuáles el otro. Ese tema no tiene asidero en la doctrina legal, pero ellos lo convierten en legalidad. Pero la barbaridad es que son ellos los que ahora, según la Carta Magna, coordinan a los demás poderes del Estado”, precisa. 

Mientras que Tefel sostiene que la pareja presidencial ya no tendrá que lidiar con un poder compartido de facto, en el sentido de quién manda más, si Ortega o Murillo, porque con esta reforma constitucional ahora son una figura al timón con igual autoridad. 

“Y eso de nombrar a sus copresidentes va más allá de la sucesión a corto plazo, que es Rosario Murillo, sino que resuelve el tercer escalón de la sucesión. Y para ese escalón, quien pinta, es Laureano Ortega. O también les permite tener ese cargo disponible para contentar a otro sector, como los militares, sin que pase por el sufragio popular. 

Ejército ya puede reprimir, paramilitares legales

Daniel Ortega, escoltado por el jefe del Ejército, Julio César Avilés. Foto/ Tomada de El 19 Digital.

Otro de los puntos más relevantes y graves de la reforma constitucional de los Ortega-Murillo es el artículo 94, el cual da cabida a la “presidencia de la República” el “ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera”. Es decir, que el cuerpo castrense puede constitucionalmente unirse a la represión de carácter político, que ha sido la principal misión de la Policía Nacional desde 2018, ya que, Murillo consideran toda disidencia o crítica a su régimen como intentos de “golpe de Estado” o intentos de “desestabilización del país”. 

El Ejército de Nicaragua siempre ha negado su participación en la represión política, pero hay indicios claros que desde la Dirección de Información para la Defensa (DID) han ejercido labores de espionaje y acoso político. Además, militares han participado en detenciones y asesinatos de opositores desde las protestas sociales de 2018. 

Durante la Operación Limpieza de 2018, cuando aparecieron los paramilitares que desangraron al país con violencia letal, se hizo común el armamento de alto calibre. Estos sujetos usaban fusiles de guerra que sólo el Ejército estaba supuesto a tener. Para justificar la matanza de los paramilitares y su vinculación con los militares, el mismo jefe de la Policía Nacional los justificó y catalogó como “policías voluntarios”. 

Ahora, con esta reforma constitucional, el artículo 97 “crea la Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, integradas por ciudadanos nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria”. 

“Con esta reforma, Ortega y Murillo convierte al Ejército de Nicaragua en un claro brazo de represión como ya lo es la policía. Un brazo armado para enfrentar la disidencia, a quienes ellos llaman traidores a la patria”, dice Tefel. 

Sobre los “traidores a la patria”, la reforma establece en el artículo 17 que todos pierden la nacionalidad nicaragüense. Constitucionaliza el despojo arbitrario de la nacionalidad de más de 400 nicaragüenses, entre ellos precandidatos presidenciales, opositores, periodistas, religiosos, escritores y artistas. 

Ciudad de Guatemala, 17 nov (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este domingo que su Gobierno «no permitirá» que la fuerza pública ejecute órdenes ilegales solicitadas por el Ministerio Público (Fiscalía), cuya cúpula se encuentra sancionada por Estados Unidos por corrupción. 

En una rueda de prensa de urgencia, Arévalo de León advirtió que «la justicia en Guatemala está en crisis» y añadió que citó nuevamente al a fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, para que brinde explicaciones de su labor, como establece la ley.

Arévalo de León explicó que su Gobierno elaborará un «mecanismo« para que las fuerzas de seguridad bajo el mando del Gobierno no ejecuten órdenes «ilegales que son emitidas» por el Ministerio Público. 

La decisión del presidente tiene lugar después de que el Ministerio Público allanara este domingo junto a la Policía Nacional Civil la vivienda del exministro de Comunicaciones Félix Alvarado, uno de los miembros más importantes del partido oficial, el Movimiento Semilla. «Hoy nuevamente somos testigos de una acción espuria más del Ministerio Público», apuntó el gobernante, investido en enero pasado. 

El Ministerio Público detalló en sus canales de comunicación oficiales que el caso en contra de Alvarado es por el delito de lavado de dinero y se encuentra bajo reserva, una medida judicial que brinda acceso al caso solo a las partes involucradas, por lo que no se conocen más detalles al respecto.

Alvarado dejó su cargo esta semana tras tomar el puesto en mayo, en uno de los ministerios más complicados del Gabinete, el de Comunicaciones.

El ahora exministro dijo que dejaba su cargo tras no llegar a acuerdos con Arévalo de León con respecto al camino que debía tomar la institución.

Según afirmaron analistas durante el último semestre, la llegada de Alvarado representó el cierre de un foco de corrupción históricamente exprimido por políticos que reciben sobornos de constructoras en el país centroamericano.

El allanamiento de este domingo se suma a más de una docena de procedimientos judiciales que el Ministerio Público ha iniciado desde 2023 en contra del partido Movimiento Semilla y sus miembros tras ganar las elecciones de dicho año.

Dichos procedimientos han sido catalogados por el partido y la comunidad internacional como ataques a la democracia e incluyen la detención de la exdiputada Ligia Hernández, quien estuvo más de 90 días en prisión este año.

La cúpula de la Fiscalía, bajo el mando de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea en los últimos años bajo acusaciones de corrupción y de atacar a la democracia por intentar revertir los resultados electorales de 2023.

La tormenta tropical Sara causó numerosos daños en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro; además, mantuvo en zozobra a casi todo el Valle de Sula. En ese contexto, durante las inundaciones, aparecieron como protagonistas funcionarios, exfuncionarios del gobierno y políticos de oposición con aspiraciones electorales, quienes, lejos de cumplir con su trabajo o ayudar sin esperar nada a cambio, parecen estar buscando el apoyo electoral que necesitarán en las elecciones primarias de marzo de 2025.

Texto: Allan Bu
Fotografías: Amílcar Izaguirre

La tarde del 16 de noviembre, doña Gloria bajó con esfuerzo por un resbaladizo camino de lodo, buscando refugio de la lluvia bajo la estructura del puente La Democracia que se eleva sobre el río Ulúa a su paso por El Progreso, Yoro. Ella y otras decenas de progreseños llegaron a la orilla del río para constatar la magnitud del riesgo provocado por las intensas lluvias que, desde el jueves 14 de noviembre, ha dejado a su paso la tormenta tropical Sara en Honduras. Hasta ese momento, según los curiosos, no había riesgo, pero debían estar alerta.

«A este río sí le tengo miedo», confesó doña Gloria. Ella vive en la colonia Policarpo Paz de El Progreso, Yoro, un asentamiento que por su ubicación, casi siempre es uno de los primeros en inundarse en la llamada Perla del Ulúa. Hasta la tarde del 16 de noviembre, doña Gloria, que hace 43 años vive en ese lugar, sostenía que no había peligro. 

Las emergencias climáticas como la provocada por la tormenta Sara también se prestan para la desinformación. Suany, otra habitante de la zona, recorrió con un grupo de amigas un par de kilómetros a la orilla del río Ulúa, para cerciorarse de si deben o no evacuar sus casas, pero en el camino escucharon algo que les preocupa: «Dicen que van a abrir El Cajón». Aunque el Gobierno no ha emitido ninguna comunicación al respecto, Suany compartió la información con otras personas de la comunidad. Cada vez que hay una emergencia provocada por lluvias, este rumor se esparce rápidamente. 

Los estragos causados por la tormenta Sara han dejado una huella significativa en Honduras, con los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro como los más afectados. Según el último recuento, más de 100,000 personas han sido perjudicadas, 9 viviendas han quedado destruidas y más de 1,250 presentan daños. Además, se reportaron 130 carreteras y 41 puentes afectados. En Colón, preliminarmente se estima que unas 40,000 hectáreas de cultivos podrían perderse. Además, los informes indican que hay dos personas muertas, incluido un menor de tres años, que murió ahogado en el departamento de Yoro. 

Entre las principales afectaciones está el colapso, la noche del jueves 14 de noviembre, del puente Saopín sobre el río Cangrejal, una vía clave que conecta Atlántida con Colón. Por otro lado, la ciudad de Olanchito, en Yoro, quedó incomunicada debido a un deslizamiento en la carretera que une Colón y Atlántida.

En Colón, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) habilitó 70 albergues para las familias evacuadas y damnificadas por las inundaciones provocadas por la tormenta.  

En declaraciones a Canal 5, el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), Nelson Castellanos, manifestó que hay 26 municipios afectados en los departamentos de Atlántida, Colón, Yoro, Cortés, Gracias a Dios y Santa Bárbara. Las autoridades decretaron alerta roja en Atlántida, Colón Cortés, Gracias a Dios y Yoro, y verde en el resto del país. 

Agua a su molino

En San Pedro Sula, muchos de los afectados por la tormenta viven en la colonia Flor de Cuba, que quedó incomunicada luego de que el río Bermejo arrastrara el puente hamaca que unía esa comunidad con la colonia Felipe Zelaya. Esa misma corriente también arrancó una plancha de cemento en el sector de Bosques de Jucutuma. Además, se reportaron daños en colonias de la zona Los Cármenes. 

Algunos de los evacuados de la colonia Flor de Cuba fueron llevados a la escuela Altagracia Sánchez de la colonia Felipe Zelaya, donde llegó el precandidato a alcalde por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rodolfo Pastor, quien justificó su presencia diciendo que «en una situación como en la que estoy, inmerso en una campaña como precandidato a la alcaldía, tengo mucho que ver y mucho que aportar».

«Para mí es una oportunidad importante de aprovechar la experiencia que tuve de ministro coordinando el gabinete con los contactos que tengo, y además, apoyando la prioridad que le ha dado la presidenta Castro de que se atienda la población», dijo Pastor. Agregó que llamó al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Karim Qubain, para pedirle apoyo «en básicamente atender una población que está demasiado expuesta». 

Al ser preguntado sobre si están utilizando recursos del Estado para estos apoyos, aclaró que  «al contrario, estoy ayudando a coordinar tanto recursos privados como institucionales, aprovechando que tengo un manejo bastante sólido de lo que debe hacer el Gobierno; aquí quien está  a cargo es Copeco». 

Por otra parte, no negó que estas acciones pueden ayudarle en sus intenciones de llegar a la titularidad de la municipalidad de San Pedro Sula. «Si esa labor tiene algún rédito político-electoral en algún momento porque mi figura destaca como alguien comprometido con la atención a la población, pues eso sería un resultado positivo», reconoció. 

El político de Libre también apareció en redes sociales en un centro de acopio de ayudas coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y aseguró que estaba ahí para «colaborar con las autoridades en la coordinación de la distribución de asistencia a las comunidades afectadas». Esta acción le generó críticas de diversos sectores, que lo acusaron de hacer campaña política con apoyos del gobierno.

Durante su comparecencia en los albergues, Pastor señaló la ausencia del alcalde Roberto Contreras: «No veo en este momento la presencia del alcalde actual, el señor Roberto Contreras, que ha brillado por su ausencia. Lo vimos preocupado limpiando un vado que mandó a construir en la colonia Juan Lindo, pero lo que yo insisto es que San Pedro Sula va más allá de un sector privilegiado de la ciudad, es diversa», dijo.

El paso por el vado de la colonia Juan Lindo de San Pedro Sula quedó inhabilitado tras las intensas lluvias que dejó la tormenta tropical Sara. Esto provocó diversos cuestionamientos por parte de actores cercanos al oficialismo; por ejemplo, la diputada Linda Donaire, quien señaló que la obra fue realizada por capricho del edil y obviando requerimientos técnicos.

Pastor no fue el único personaje vinculado al Gobierno con aspiraciones electorales que llegó al albergue de la escuela Altagracia Sánchez. También estuvieron presentes el ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, y el diputado por Francisco Morazán, Marco Eliud Girón. Por otro lado, políticos de oposición también aprovecharon la emergencia para hacerse notar en redes sociales, entre ellos el precandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Cálix, y el aspirante a una diputación por el Partido Nacional, Kilvett Bertrand.

Mientras tanto, al Litoral Atlántico se movilizó la ministra de Defensa, Rixi Moncada, quien es la candidata con mayores posibilidades de ganar la candidatura presidencial en Libre, ya que cuenta con el respaldo de la familia Zelaya.

En un video colgado en la cuenta de X de las Fuerzas Armadas, la funcionaria y aspirante presidencial lamentó que decisiones políticas hayan impedido construir las represas de Los Llanitos, El Tablón y Jicatuyo,  cuya construcción fue aprobada en el Gobierno de Mel Zelaya, derrocado en junio de 2009. «Nos toca a nosotros enfrentarlo, al pueblo decirle que tiene un Gobierno responsable que actúa en todos los departamentos afectados», dijo.  

Haciendo referencia a la movilización de funcionarios durante la emergencia, el ministro de Comunicación Estratégica, Ricardo Salgado, escribió un mensaje virulento en X en donde mencionaba que varios reporteros de medios de comunicación tienen «una línea de desinformación y ataque frontal al Gobierno diciendo que no está haciendo nada».

Mientras que los políticos aprovecharon la emergencia para hacer campaña y buscar beneficios propios, personas como doña Gloria y Suany permanecieron vigilando la furia del río Ulúa. Para alivio de los habitantes de El Progreso y del Valle de Sula en general, el nivel del río comenzó a descender durante la madrugada del domingo. No obstante, en las zonas bajas de la Perla del Ulúa, el desbordamiento previo continuó causando algunas inundaciones.

Después de un fin de semana de constantes lluvias, la tormenta Sara comenzó a alejarse lentamente de la costa hondureña, dejando tras de sí un rastro de destrucción y daños que afectaron a miles de familias en el territorio nacional.

El proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua fue construido sobre tierras con fines de reforma agraria, adquiridas de forma irregular y a precios sobrevalorados por la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), empresa desarrolladora del proyecto. La comunidad lenca  de Sazagua denuncia que el  proyecto se instaló sin consultarle, y que el Estado los ha criminalizado por defender sus tierras. 

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
Portada: Persy Cabrera

José Portillo estaba en Estados Unidos cuando sus familiares le contaron por teléfono que un proyecto hidroeléctrico buscaba instalarse en su comunidad, en los ríos Puringla y Sazagua, pertenecientes a Santiago de Puringla, municipio de La Paz. Le dijeron que personas desconocidas habían llegado con herramientas a examinar el suelo, medir el caudal de los ríos y operar máquinas que excavaban sus tierras.

Por eso, en 2009, José regresó a Honduras sin pensarlo demasiado. Su familia lo necesitaba en Sazagua para defender lo que les pertenecía. La empresa estaba utilizando sus tierras para edificar el proyecto sin su permiso ni acuerdo previo. Le prometieron empleo a él y a otras personas. José y otras dos personas —las únicas a las que emplearon en Sazagua, según él— lo aceptaron por desesperación. Pero después, los representantes le dijeron que no estaban en la obligación de pagarle sus tierras, pues a cambio de ellas les habían dado el empleo.

«Me dijeron que de todos modos ellos tenían un dominio pleno de 45 manzanas en el que estaban los dos ríos, autorizado por la municipalidad de Santiago de Puringla», cuenta José.

José y su familia cercaron los predios que les pertenecían, pero la empresa los denunció ante las autoridades por el delito de usurpación de tierras. Por eso, desde hace cuatro años, él, sus hermanos Antonio y Marcos y su padre, Claros Portillo, se han enfrentado a un proceso legal en distintos juzgados de la zona occidental del país. Pese a que en este municipio más del 97 % de personas pertenecen al pueblo lenca, en el caso de la comunidad de Sazagua no existe un título comunitario indígena.

Los campesinos interpusieron una demanda ante el Ministerio Público en contra del administrador de la empresa, Kevin Panchamé, por la comisión de los delitos de usurpación. estafa, y daños y perjuicios en contra de los campesinos de Sazagua.

En respuesta a esta denuncia, el Ministerio Público dictó un auto de formal procesamiento en contra de uno de los técnicos del Instituto Nacional Agrario (INA) en el departamento de Comayagua. Según la Fiscalía de las Etnias, Diego Ernesto Cornejo Rodriguez es presunto responsable de los delitos de falsificación de documentos, violación a los deberes de los funcionarios y falso testimonio en perjuicio del Estado al haber facilitado información falsa de la familia Portillo para favorecer a CECA.

José Portillo frente a la casa que abandonó debido a los hostigamientos de la empresa. Sazagua, Santiago de Puringla, La Paz, agosto de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

La CECA prometió mucho al momento de instalarse en la comunidad. Cuando las personas comenzaron a pedir explicaciones sobre el uso de los terrenos de la zona y los trabajos de exploración a los representantes de la empresa, estos les dijeron que habría trabajo para todos en la comunidad, que iban a construir escuelas y traerían desarrollo a Sazagua. 

Sin embargo, los pobladores que conforman el Consejo Indígena Lenca de Sazagua reiteran que en ningún momento la empresa les consultó sobre la construcción de una represa en los ríos de su comunidad. Claros Portillo dice que CECA gestionó los permisos y la autorización para edificar el proyecto con las personas de la comunidad de Las Lomas, también en el departamento de La Paz, pero que en el caso de Sazagua ellos no fueron consultados y tampoco informados en su totalidad sobre el proyecto.

Pero la falta de consulta a las comunidades que resultan afectadas no es el único problema relacionado con el proyecto. Según uno de los documentos de adjudicación de tierras, parte de la hidroeléctrica se edificó en tierras que originalmente eran de reforma agraria en el departamento de La Paz y, según documentos de traspaso de propiedades, al otro lado de los ríos, en el departamento de Intibucá, las tierras fueron adquiridas por CECA a un precio 4,000 veces superior al de su compra original.

Además, la comunidad de Sazagua ha denunciado las acciones de Javier Argueta Turcios, exalcalde de Santiago de Puringla perteneciente al Partido Nacional, que estaba en el poder cuando la empresa buscó instalarse en su comunidad. Argueta entregó a la empresa un dominio pleno de 45 manzanas a CECA para la construcción de la hidroeléctrica, algo que no fue consultado con los habitantes del lugar y que no es permitido, según el actual alcalde de Santiago de Puringla, Wilfredo Vijil.

Rótulo de advertencia en el terreno de los Portillo, en disputa con la hidroeléctrica que cruza un canal de agua por la propiedad. Sazagua, Santiago de Puringla, La Paz, agosto de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Por esta razón, los campesinos, entre ellos la familia Portillo, no pueden acceder a las tierras que, según escrituras que tienen en su poder, les pertenecen, y en las que por años han cultivado frijol y maíz como medio de subsistencia.

 Un proyecto en tierras para campesinos

En 2008, Boris Iván Arévalo Canahuati adquirió una serie de terrenos ubicados en los alrededores de los ríos Puringla y Sazagua, en el departamento de La Paz, para la construcción de un proyecto hidroeléctrico que produciría 37.03 gigavatios de energía eléctrica anualmente. Un año antes, en 2007, se aprobó la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, una promesa del expresidente y ahora asesor presidencial José Manuel Zelaya, para acabar con los proyectos de energía eléctrica que resultaban dañinos para el ambiente.

Sin embargo, la aprobación de esta ley resultó en la firma de contratos de generación de energía con irregularidades, y la autorización a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la compra directa de energía sin licitaciones. La normativa se puso en marcha en 2008, el mismo año en el que se firmó el contrato entre CECA y el Estado hondureño.

Seis de los terrenos comprados para el desarrollo del proyecto  estaban a nombre de  Bernardino Gómez Amaya, un campesino oriundo de Santiago de Puringla. Dos de estos predios fueron otorgados por el INA a Gómez para ser  destinados a actividades agrícolas en 2002, en el marco  de la reforma agraria.

El campesino pagó 280 lempiras al Instituto Nacional Agrario (INA) por estas dos manzanas de tierra, equivalentes a 1.40 hectáreas. José Erasmo Portillo Fernández fue quien autorizó la venta de estas tierras al campesino, mientras fungía como director ejecutivo del INA en 2002.

José Erasmo Portillo fue acusado de enriquecimiento ilícito por el incremento injustificado de más de dos millones de lempiras en su capital mientras era director ejecutivo del INA, según la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP). El proceso legal en contra de Portillo Fernandez duró 15 años. Finalmente, en 2018, fue absuelto «por falta de pruebas». El exdirector del INA es padre de Erasmo José Portillo, actual diputado del Partido Nacional.

Según el título definitivo de propiedad del INA y la Ley de Reforma Agraria, las tierras destinadas para uso agrícola y ganadero no pueden ser destinadas, vendidas o utilizadas para fines distintos.

Aunque se desconoce por cuánto dinero Gómez le vendió a CECA estos terrenos, la empresa adquirió las tierras aledañas de otros campesinos y campesinas por valores que oscilan entre los 29 y 32 mil lempiras.  

Acuerdo de compra-venta de dos parcelas de tierra entre Bernardino Gómez y Boris Iván Arévalo Canahuati.
Título definitivo de propiedad en dominio pleno, donde se acredita que las tierras en posesión de Bernardino Gómez y posteriormente vendidas a Boris Iván Arévalo Canahuati para la construcción de la hidroeléctrica Puringla-Sazagua son parcelas destinadas para fines de reforma agraria exclusivamente.
Constancia de la Alcaldía de Santiago de Puringla en la que se ratifica que parte del proyecto hidroeléctrico está en tierras de la reforma agraria.

Este no es el único caso en el que tierras campesinas han sido utilizadas para edificar proyectos extractivos en Honduras. En junio de este año, Contracorriente contó que el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) denunció ante el Ministerio Público que Inversiones Los Pinares –la desarrolladora del megaproyecto minero que ha provocado conflictos socioambientales y perpetrado muertes violentas en el Bajo Aguán– se benefició con la compra de 12 parcelas de tierra que originalmente habían sido adjudicadas a ocho personas en el marco de la Ley de Reforma Agraria.

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En las comunidades de Las Lomas y Sazagua, CECA adquirió alrededor de 120 manzanas para construir la hidroeléctrica. Estas tierras originalmente pertenecían a los campesinos, que las cedieron debido a presiones de la empresa y del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), con el cual algunos tenían préstamos pendientes.

Parte del Río Sazagua que fue desviado por la empresa para construir el proyecto hidroeléctrico. Sazagua, Santiago de Puringla, La Paz, agosto de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Así lo cuenta Claros Portillo, quien aseguró que al menos un grupo de 11 campesinos que tenían préstamos agropecuarios en mora en Banadesa fueron presionados a realizar tratos con la empresa para vender sus tierras. El campesino recuerda cuando llegaron a su casa el gerente del banco de ese entonces y representantes de la hidroeléctrica, para negociar la venta de sus tierras.

«Si vos no te ponés de acuerdo, te vamos a rematar tus tierras», recuerda que le dijo Gustavo Carranza, gerente del banco en ese entonces. En el listado de tierras adquiridas por CECA para la construcción del proyecto, el nombre de Banadesa aparece junto al de Claros Portillo y de otros siete campesinos.

Al otro lado de los ríos, en el departamento de Intibucá, tres propiedades también fueron vendidas a CECA por un monto considerablemente mayor a su precio original,  después de que el proyecto iniciara operaciones.

La primera propiedad designada para la construcción del proyecto en el lado oeste del río Sazagua, en el municipio de Masaguara, en Intibucá, fue comprada en 2015 por Boris Iván Arévalo, y las otras dos propiedades en 2017 y 2018 respectivamente. René Omar Gámez Panchamé actuó como representante de la empresa en esas transacciones.

CECA le compró las propiedades a Manuel de Jesús Martínez Matute, quien originalmente compró un solo predio al agricultor Napoleón Díaz, en 2014. En ese año, Martínez Matute adquirió el predio por 1,000 lempiras, para después dividirlo en tres parcelas y venderlas por 4,100,000 millones de lempiras a la empresa desarrolladora de la hidroeléctrica, es decir, 4,100 veces más que el precio original.

Aunque estas transacciones se realizaron en Masaguara, departamento de Intibucá, Napoleón Díaz también aparece en el listado de personas a quienes CECA les compró tierras para la construcción del proyecto en el municipio de Santiago de Puringla, La Paz,. Aquí Díaz aparece como registrado con 2.25 manzanas.

Felipe Portillo, otro campesino oriundo de Santiago de Puringla, pero perteneciente a la comunidad de Las Lomas —con la que sí se consultó el proyecto, según los campesinos de Sazagua—, asegura que la empresa sí realizó las debidas consultas y que el proyecto ha traído beneficio a las comunidades. 

Según Portillo, el conflicto que existe entre los campesinos de la comunidad de Sazagua es de carácter «personal». Felipe es hermano de Claros Portillo, padre de José, Marcos y Antonio; sin embargo, asegura que desconoce cuál es el conflicto entre sus familiares y la empresa, e insiste en que en Las Lomas el proyecto se instaló de forma transparente y con la colaboración de la comunidad.

Estas contradicciones indican división entre las comunidades, y también en las familias. Los habitantes de Sazagua dicen que el proyecto solo se socializó con Las Lomas, mientras que la población de esta comunidad asegura desconocer el conflicto de tierras entre la empresa y Sazagua. Sin embargo, todos hacen lo mismo: trabajar la tierra para producir alimentos de consumo propio o como medio de vida.

Según la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), entre 2016 y 2021, el porcentaje de migrantes retornados aumentó en más de un 42 % en el municipio de Santiago de Puringla en 2022. Durante ese período, 453 personas retornaron a este municipio, de las cuales el 16.11 % fueron niñas y niños. En julio de este año, la presidenta Xiomara Castro anunció en un evento que, por primera vez, Honduras registraba un departamento con cero analfabetismo, el de La Paz.

Antonio Portillo, hermano de José y campesino de Sazagua, es quien vigila los terrenos en los que la empresa construyó un canal. La mayoría de la gente de la comunidad se ha empobrecido después de la venta de tierras a la empresa, asegura.

Antonio Portillo, hermano de José, cuida sus terrenos, en los que la empresa construyó un canal para su proyecto hidroeléctrico. Sazagua, Santiago de Puringla, La Paz, agosto de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

«No es justo que venga un empresario y un terrateniente a quitarnos las tierras. Por eso pedimos a las autoridades que están arriba que vengan y vean que nosotros vivimos en un monte, ya que ellos [la empresa] en vez de ayudarnos nos están empobreciendo aún más», dice Antonio, al lado de una frijolera que aún no está lista para la cosecha. Igual que sus hermanos y su padre, Antonio enfrenta un proceso en su contra por usurpación de tierras.

En su celular enseña videos de cuando vacas, toros y cabras han sido arrastrados por el canal de la empresa que conduce a la represa. Los campesinos explican que a veces los animales caen desde el cerro que está más arriba que el canal.

Frente a lo que una vez fue un río caudaloso, Claros Portillo recuerda la vida antes del conflicto, las costumbres de la comunidad y la rutina de su familia. Cuenta que en las vacaciones de Semana Santa aprovechaban para vender los pescados y camarones sacados del río Sazagua a las personas que llegaban a visitarlo.

Pero el río ya no es el mismo; los caudales fueron desviados, los peces que conocían y el agua en la que se bañaban ahora se deposita dentro de la represa. Las descargas de la hidroeléctrica son las que ahora llenan el espacio donde antes se podía bañar, pescar y vivir.

En septiembre de este año, una jueza de ejecución llegó a los terrenos donde la CECA construyó uno de los canales que conducen a la represa. Un grupo de habitantes de Sazagua se movilizó para reclamar que estas tierras les pertenecían. Interpusieron un recurso antes de la llegada de la jueza de ejecución para detener el despojo, pero la incertidumbre prevalece.

La presencia y vigilancia de la empresa también es visible en la zona. Empleados o personas afines al proyecto toman fotografías a quienes llegan a los predios donde se construyó este canal que conduce a la hidroeléctrica, en las tierras que los Portillo reclaman como propias.

«Así es esta gente», dice José Portillo, frustrado, mientras saca su celular para grabar de nuevo a quienes llegaron a intimidarlos. Estas comunidades, que han nacido y crecido en estas tierras y provienen del mismo pueblo lenca, ahora están fraccionadas y en bandos contrarios, unos a favor y otros en contra de un proyecto impuesto que no ha mejorado sus condiciones de vida.

Incumplimiento en medidas de control ambiental

En 2013, uno de los apoderados legales de la empresa desarrolladora de Puringla-Sazagua presentó un escrito ante la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) para solicitar un cambio en la capacidad instalada para la generación de energía de la hidroeléctrica, pasando de 7.3 a 9.6 megavatios.

En la solicitud, el abogado Marvin Gerardo Matamoros, apoderado legal de CECA en ese entonces, dijo que este cambio no representaba la necesidad de solicitar otra licencia ambiental o de realizar modificaciones en el contrato de operaciones entre el Estado de Honduras y la empresa, otorgados en 2009 y 2010 respectivamente, pues la hidroeléctrica se encontraba en la misma categoría de capacidad, aún con el aumento en la producción de energía.

Un año después, la Serna solicitó más información a CECA sobre los cambios en la construcción de la hidroeléctrica que ocasionaron un aumento en la capacidad de producción de energía. En un dictamen técnico, la Secretaría dijo que el Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) correspondiente al primer semestre de 2014 presentaba una serie de irregularidades: no había sido elaborado conforme a las indicaciones de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), tampoco fue presentado en el tiempo estipulado, los responsables de su elaboración no estaban autorizados por la Serna, y el aumento de potencia en la hidroeléctrica requirió realizar cambios en el diseño y estructura de los canales de la represa.

«El aumentar el gasto o caudal de diseño requirió aumentar la sección y rasante de excavación de los canales y por consiguiente el volumen de concreto, y como consecuencia subir la cota en el tanque de un aumento en la carga bruta de la Central Hidroeléctrica y por ende un aumento en la generación de energía», apuntó la Serna en el dictamen técnico.

Desviación del río Sazagua para favorecer el proyecto hidroeléctrico de la zona. Esta desviación del río ha afectado a la comunidad, pues sufren de falta de agua. Sazagua, Santiago de Puringla, La Paz, agosto de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

La Secretaría aclaró que el proyecto no cambiaba de categoría, pues los proyectos de producción de energía hidroeléctrica que producen entre 3 a 15 megavatios de energía pertenecen a la categoría 2, y  la hidroeléctrica no se sale de estos parámetros aún con el aumento en su capacidad instalada. No obstante, indicaron que el rediseño y los cambios derivados del aumento de potencia «impactan directamente sobre los recursos naturales como la flora y fauna por cambios en el cauce de agua, inundaciones de áreas, remoción de suelos o tala de árboles en los nuevas sitios de influencia del proyecto por el rediseño estructural antes descrito que implica el aumento de potencia».

En la parte de autorización y condiciones del contrato de operación suscrito en 2010 entre CECA y el Estado de Honduras se estipula que Puringla-Sazagua tendrá una capacidad instalada de 7,319 megavatios de potencia nominal, con una producción de energía estimada en 37.03 gigavatios hora anualmente por 30 años, lo que dura la concesión que el Estadio dio a la empresa para el funcionamiento del proyecto.

La razón por la cual aumentó la potencia del proyecto hidroeléctrico, según la empresa, es que se tuvo que mover la presa en el río Sazagua 600 metros aguas abajo, por la inestabilidad que representaba su construcción original en un cerro, lo que significaba un riesgo para la vida de los trabajadores. La Serna indicó que se acepta aumentar la distancia máxima en modificaciones o ampliaciones, siempre y cuando no sobrepase 100 metros de los límites del proyecto original; de hacerlo, se deberá solicitar una nueva licencia ambiental.

Dictamen técnico de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) en la que plantea a CECA la posibilidad de solicitar una nueva licencia ambiental debido a las inconsistencias que presenta el proyecto.

Serna impuso una multa de 100 mil lempiras a CECA en 2015 por haber actuado en contra de la disposición en la licencia ambiental que estipula presentar previamente una solicitud de autorización ambiental antes de realizar una ampliación del proyecto, algo incumplido según la Serna porque la solicitud para aumentar la potencia de la hidroeléctrica se hizo después de que el proyecto iniciara su fase de operación.

En Sazagua, los Portillo exponen que, así como la represa de Sazagua fue reubicada, también uno de los canales de la hidroeléctrica fue construido en sus tierras, no en las de la empresa donde originalmente estaba destinada la construcción.

«La propiedad de la empresa quedó libre arriba, entonces bajaron el canal de agua y lo entablaron en la propiedad de nosotros. Como vieron que pusimos el cerco nos demandaron a nosotros; luego pusieron un guardia que decía que quien entrara a esas tierras iba a ser procesado», afirma José Portillo.

Parte de la hidroeléctrica es un canal que lleva el agua de regreso al río, dándole un color café. Sazagua, Santiago de Puringla, La Paz, agosto de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Wilfredo Vijil, alcalde de la Municipalidad de Santiago de Puringla por el Partido Liberal, revela que estas no son las únicas irregularidades de este proyecto, y que, si bien la empresa hizo reuniones con personas de la comunidad para informar sobre cambios o modificaciones en la hidroeléctrica, nunca se desarrolló una consulta previa, libre e informada en este sitio.

«El Congreso Nacional dio [aprobó] el contrato, y aquí [en la Alcaldía de Santiago de Puringla] solo vinieron los trámites, ya no se podía hacer algo. Yo he visto cómo empresas privadas vienen y dicen “mire, ya tengo los trámites, solo ocupo el permiso de la Alcaldía para explotar el bosque, por ejemplo”», dice el edil, quien en ese entonces se desempeñaba como regidor.

Fue durante el período como alcalde de Javier Argueta Turcios que CECA consiguió la aprobación para la construcción de la hidroeléctrica. Según el actual alcalde, uno de los errores de la administración de Turcios fue dar el dominio pleno de 45 manzanas a la empresa para la construcción de la hidroeléctrica, pues asegura que, como Alcaldía, «nosotros no estamos autorizados a dar dominios plenos de gran cantidad». 

El exalcalde Turcios no atendió las solicitudes de entrevista, ni de forma presencial ni por teléfono.

Otras irregularidades por parte de la empresa a las que apunta el actual alcalde tienen que ver con el incumplimiento del traslado de desechos sólidos al crematorio municipal, y con la contaminación en el río a causa de las limpiezas que se hacen en la hidroeléctrica. Esto último ha causado que miles de peces mueran y que el agua del río esté contaminada, según el alcalde. La población de Sazagua también ha advertido de estas limpiezas, por lo que, al menos este año, la empresa ha desistido de realizarlas.

«Yo no estoy de acuerdo con el proyecto de la hidroeléctrica», asegura Wilfredo Vigil. «Yo todo el tiempo he estado en contra porque conozco un poco de la situación de nuestro país, en donde las leyes están a favor de los más grandes y la gente humilde al final no tiene ningún apoyo popular».

Wilfredo Vijil, alcalde de Santiago de Puringla, atiende en su oficina una entrevista de Contracorriente. Sazagua, La Paz, agosto de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Aunque él es quien ahora está al frente, dice que la empresa sigue realizando trámites con los otros regidores que están en la alcaldía. Relata que una vez Kevin Panchamé, administrador de la empresa, llegó a solicitarle una constancia donde dijera que él era el representante legal de CECA, no el administrador. Vigil se negó a dar trámite a dicha constancia, por lo cual la solicitud se trasladó a una sesión de corporación municipal, donde finalmente fue aprobada.

«Me dijo que le diera una constancia en donde yo decía que a mí me constaba que él era el presidente de CECA, pero yo le dije que yo lo conocía y que él no era el presidente, y [me contestó] que si no se la firmaba entonces iba a ir a la corporación municipal para que ellos lo hicieran; y así sucedió, la mayoría votó a favor de la constancia», dice el alcalde.

El acta era para reemplazar a René Omar Panchamé por Kevin Panchamé. El primero es uno de los accionistas de la empresa CECA y el segundo, según documentos, es el jefe de planta de la hidroeléctrica. Según el alcalde, estos movimientos se dan a raíz del conflicto en la comunidad de Sazagua, y por la avanzada edad de Omar Panchamé.

Contactamos a Kevin Panchamé para una entrevista sobre el caso y que nos diera su versión de los testimonios incluidos en este reportaje, pero hasta el cierre no habíamos recibido respuesta a la solicitud de entrevista.

Finalmente, en junio de 2018, Serna no solo aceptó el aumento de potencia de la hidroeléctrica, sino que dejó sin valor y efecto la solicitud de una nueva licencia ambiental a CECA, y justificó el desplazamiento de la construcción de la presa de Sazagua con el mismo argumento de la empresa desarrolladora del proyecto: reducir los impactos ambientales.

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) da por aceptado el aumento de potencia de la hidroeléctrica, a pesar de haber señalado faltas en el proceso previamente.

Pero la empresa no se salvó de pagar una multa debido a la presentación extemporánea de los Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales correspondientes al primer y segundo semestre del 2013 y al primer semestre del 2014. En 2020, otro apoderado legal de CECA solicitó una amnistía para no pagar multas, petición que fue denegada por la Serna; posteriormente, la empresa pagó una multa de 101,000 lempiras.

Además, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) señaló en una investigación de 2016 que el comité operativo de la hidroeléctrica Puringla-Sazagua declaró el inicio de operación comercial de la planta en abril de 2015, sin haber realizado pruebas de capacidad para determinar la potencia real del proyecto, como lo exige la cláusula 13 del contrato entre CECA y el Estado.

En una auditoría realizada a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el TSC encontró que, en 2015, el comité operativo del proyecto suscribió un acta de 2010, en la que se certifica que la prueba de capacidad no se realizó porque el caudal del río no lo permitió, pero aun así se certificó el inicio de operación comercial de la planta hidroeléctrica para 2015.

«Es de aclarar, que a pesar de que el Comité Operativo no realizó las pruebas de capacidad, la empresa generadora de energía eléctrica está funcionando en óptimas condiciones», indicó el TSC, quien recordó que con esto se estaba incumpliendo el contrato suscrito entre CECA y el Estado en 2010.

Aun con las irregularidades e incumplimientos señalados por la institucionalidad hondureña, la hidroeléctrica permanece intacta y vendiendo la energía al mismo Estado. 

El aumento de potencia posterior al inicio de operaciones no es un caso aislado en el entramado de concesiones hidroeléctricas en Honduras. En el denominado «fraude sobre el Gualcarque», un caso en el que estuvieron coludidos funcionarios de distintas instituciones estatales con banqueros y empresarios para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca en el departamento de Intibucá, también se registró entre las irregularidades el aumento de potencia. 

Berta Cáceres, lideresa lenca y ambientalista asesinada en 2016, fue frontal en la lucha en contra de este proyecto que amenazaba a su comunidad y a su modo de vida. Tres años después de su asesinato, en 2019, la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (antes Ufecic, ahora Uferco), con el apoyo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), presentó este caso, en el que se señaló a 16 personas por los delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.

Una de las personas señaladas por este caso y también por el asesinato de la ambientalista fue David Castillo, un exmilitar con formación en Estados Unidos y presidente de la empresa desarrolladora del proyecto. Castillo fue condenado en 2021 a 22 años de carcel por el asesinato, y en noviembre de este año también fue condenado junto a otros dos exfuncionarios a cinco años de cárcel por su involucramiento en el caso Fraude sobre el Gualcarque.

Harald Waxenecker, sociólogo que realizó el peritaje en el juicio en contra de Castillo en 2021, explica que el aumento de potencia no representa solo una irregularidad en el desarrollo de esos proyectos, sino que también evidencia la influencia del sector privado en las instituciones a la hora de aprobar este tipo de acciones.

«Cuando realicé la revisión documental pude identificar las ausencias de evidencia clara de por qué se autorizan esas ampliaciones, pero no logré profundizar mucho más allá sobre cómo se dio esto; aquí definitivamente se sobreentiende que los actores privados y públicos incurren en una lógica de corrupción al aumentarlo», dice Waxenecker sobre el caso del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

El caso de Puringla-Sazagua es similar, pues en su momento la Serna señaló el aumento de potencia como una irregularidad al no estar consignada en la fase de factibilidad del proyecto, pero tiempo después dio por aceptado el aumento sin dar explicaciones, al menos en papel.

«Cuando se trata de aumentar la producción energética obviamente se modifica la construcción, se incrementa generalmente también el volumen de la construcción y el costo de la construcción, y eso de nuevo involucra también a los grupos de financiamiento internacional. Estos tampoco son novatos en el tema; deberían entender a la perfección también que estas dinámicas son delicadas y generalmente no cumplen con los estándares que deberían respetarse para obtener un incremento del financiamiento internacional», dice el sociólogo.

Aunque estos proyectos se edificaron hace más de una década, las comunidades continúan en conflicto; las personas que se oponen a los proyectos siguen siendo criminalizadas y muchos y muchas campesinos que antes vivían de la cosecha en sus tierras son obligados a irse de su comunidad, una en la que la empresa les prometió desarrollo y en su lugar ha traído despojo.

Ante la búsqueda de respuestas, Waxenecker considera oportuno que en Honduras se  cree una Comisión de la Verdad que investigue en qué contexto y cómo se dieron estos estos procesos en el país, y que además explique los mecanismos que emplearon y continúan empleando los actores poderosos en las comunidades con el fin de instalar sus proyectos. 

Perspectiva del canal que transporta el agua de la hidroeléctrica hacia el río Sazagua. Santiago de Puringla, La Paz, agosto de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Waxenecker dice que el Estado podría tener una oportunidad al crear esta comisión, una que llegue y se siente con las comunidades, con los defensores y defensoras del territorio y los pueblos originarios, y les diga quiénes han estado detrás de las redes de corrupción que ejecutan estos proyectos, y no solo se quede en el discurso de no otorgar más concesiones extractivas.

«Supongo que es poco viable decir que desaparezca un proyecto hidroeléctrico ya construido, en el corto plazo», apunta el sociólogo. «Eso depende del diálogo con las comunidades y con las poblaciones que están en los alrededores. Aquí volvemos al mismo punto: mientras los actores empresariales y políticos sigan manteniendo una forma de actuación prepotente y de criminalización no podría haber un diálogo sobre un resarcimiento en estas dinámicas, primero se deben resolver las asimetrías de poder que existen en esas zonas. Estos son procesos largos, pero que sí podrían traer verdad y justicia».

Familias que dominan el sector eléctrico 

Aunque Boris Iván Arévalo Canahuati, gerente general de la desarrolladora de Puringla-Sazagua, parece ser el único al frente de las transacciones y movimientos de la hidroeléctrica, el capital de la empresa se extiende a sus familiares, quienes también son propietarios de esta y otras desarrolladoras de proyectos hidroeléctricos en Honduras.

Boris Iván Arévalo comparte el capital de la empresa CECA con su hermano, Jack Arévalo Canahuati. El padre de ambos, Jack Arévalo Fuentes, ostentó varios cargos en instituciones del Estado encargadas de regular y tomar decisiones en el sector eléctrico de Honduras: fue gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) entre 1986 y 1990 y presidente de la Comisión de Energía y Combustibles del Congreso Nacional entre 1998 y 2002. Además, fue diputado por el Partido Liberal en tres períodos distintos: de 1990 a 1994, de 1997 a 2001 y de 2002 a 2006, los primeros dos por el departamento de Cortés y el último periodo por el departamento de Francisco Morazán.

Uno de sus hijos, Jack Arévalo Canahuati, es vicepresidente de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), una organización que participa activamente en las negociaciones sobre reformas al sector eléctrico en Honduras.

Dentro de los propietarios de CECA también están Marco Tulio Gámez Pachamé (quien ya falleció, pero continúa apareciendo en el listado de propietarios de la empresa), René Omar y José Darío Pachamé. El propietario mayoritario de CECA es la empresa Profesionales de la Construcción S.A. de C.V. (Prodecon), con el 50 % de las acciones de la empresa desarrolladora de la hidroeléctrica en La Paz.

Cuatro de los cinco propietarios de Prodecon también son propietarios de CECA: Marco Tulio Gámez Panchamé, Rolando Federico Paguada Barahona, Luis Alonzo Alvarado Sagastume y René Omar Gámez Panchamé.

Prodecon es parte de un listado de 30 personas naturales y jurídicas que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos mandó a investigar en 2019 por su relación con Juan Antonio «Tony» Hernández Alvarado, procesado por narcotráfico y tráfico de armas en 2021.

Contracorriente reveló en un reportaje cómo Prodecon y Tradeco, ambas en el listado de empresas vinculadas a «Tony» Hernández, continúan operando en el gobierno actual y son favorecidas con contratos del Estado. En el caso de Profesionales de la Construcción, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) le adjudicó seis contratos entre marzo y abril de del año pasado para la construcción de proyectos de infraestructura vial, valorados en aproximadamente 69 millones de lempiras,

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Los propietarios de CECA también han participado en otros proyectos hidroeléctricos controversiales en Honduras. Uno de ellos es el proyecto hidroeléctrico río Petacón, en el municipio de Reitoca, Francisco Morazán.

Aunque más del 97 % de las acciones de Promotora de Generación de Energía Limpia (Progelsa) pertenece a Sociedad Sistemas Integrales Energéticos de Honduras, S. A., y el 1 % pertenece a Investment Corporation S. A., el resto se reparte entre los hermanos Erika, Jack y Boris Arévalo Canahuati, junto a su padre Jack Arévalo Fuentes, quienes se convirtieron en accionistas de la empresa en 2023. Boris Iván Arévalo se convirtió en presidente de la misma en ese año.

La instalación de esta represa en Reitoca tiene una historia similar a la de Puringla-Sazagua: se instaló sin consulta previa libre e informada al pueblo lenca, ha criminalizado a quienes se oponen a su instalación y se han registrado daños en las fuentes de agua que antes abastecían y daban trabajo a la comunidad.

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Los propietarios de CECA también coinciden con los de las empresas COMGELSA, Acqua Futura y G. A. Energy. CECA y COMGELSA, desarrolladora de la hidroeléctrica Cececapa en Ilama, departamento de La Paz, comparten ocho de nueve propietarios;  Acqua Futura S. A. de C. V., desarrolladora de la hidroeléctrica San Alejo en el departamento de Comayagua, tiene a Boris Iván Arévalo como su representante y secretario; y  Jack y Boris Arévalo Canahuati fueron propietarios hasta 2010 de G. A. Energy, responsable de las represas hidroeléctricas Zinguizapa y Río Blanco La Puerta, en el departamento de Francisco Morazán.

El capital de los Arévalo Canahuati y de los accionistas de la empresa desarrolladora de Puringla-Sazagua no se reduce al sector energético del país. Al menos otras 19 empresas hondureñas son propiedad de estas personas, incluyendo inmobiliarias, mineras, supermercados y consultoras financieras. Los propietarios de CECA son dueños de al menos 114 propiedades en distintas partes de Honduras.

Contactamos a Boris Iván Arevalo a través del director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), Cantalicio Paz; sin embargo, al cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta a las preguntas enviadas sobre este caso.

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En el último año, al menos 40 personas han partido de Sazagua hacia los Estados Unidos. José piensa en su hija y su nieta, quienes hace poco partieron de la comunidad con coyotes para reunirse en ese país con el yerno de José. Era la última que faltaba de sus hijos para salir de la comunidad.

«Si a nosotros nos hubieran dado empleo aquí, ¡qué vamos a estar migrando!», dice José, moviendo las manos para enfatizar la idea e imaginando lo distinta que podría ser la realidad para su familia si estuvieran en otras condiciones.

Él también fue desplazado de su comunidad, y ahora vive en un municipio aledaño por temor a repercusiones a causa de la defensa del río y la lucha por la recuperación de sus tierras. Abandonó por miedo su casa en la comunidad que lo vio crecer; la policía ha llegado tres veces ahí después de que cercaron sus propiedades, en el lugar donde está construido el canal de la empresa.

Por Wendy Romero
Portada: Catherine Calderón y Persy Cabrera

Hace algunas semanas anduvimos en busca de pijamas, pues las que teníamos ya se habían convertido en trapos para limpiar. Los pantalones que aún se podían usar los estábamos guardando para la hermana menor, y los disponibles, pues ya servían más para cruzar un río, es decir, a mitad de pierna.

Confieso que no disfruto esa labor de comprar ropa para un niño y una niña, y menos aún si me acompañan, porque significa andar con un ojo en la ropa que se busca y con otro en el cipote y la cipota para que no se vayan a perder.

Al terminar la misión que teníamos encomendada, cuando llegamos a la casa y sacamos las pijamas, las miré y pensé: una pijama, ¿de dónde me surgió a mí que había que comprarles pijamas? Confieso que desde que mi primer hijo nació asigné algunos de sus mamelucos solo para ponérselos por las noches; a medida que fue creciendo le compré pijamas. No tengo claro en qué momento decidí que él, y ahora también la niña, debían tener pijamas. Tal vez así lo dicta la costumbre, o fue una idea heredada de alguien más, o una costumbre que he ido adquiriendo, aun cuando de pequeña yo no la viví, o al menos no la recuerdo tan claramente. Creo que puede ser una mezcla de las tres.

Una pijama me hizo pensar en cuando yo era niña, y empecé a tratar de recordar, a tratar de verme por las noches. ¿Cómo dormía? ¿Con qué ropa dormía? ¿Tenía una rutina previa para ir a la cama? ¿Tenía pijama? Con mucho esfuerzo logré recordar un camisón con mangas largas y con revuelo que me quedaba a mitad de pierna, color blanco con rosado; tenía un dibujo en el centro, pero no recuerdo de qué era. Esa es la ropa para dormir que recuerdo de cuando era niña, y probablemente la única que tuve, hasta que fui adulta joven y empecé a costear mi propia ropa y demás cosas necesarias. No es que una pijama haya hecho mucha diferencia en mí.

Probablemente, como pasa en la mayoría de hogares de Honduras, una pijama no tiene mucha importancia; es algo para dormir, que casi nadie ve más que nuestra propia familia. Hay cosas que priorizar: un par de zapatos para la escuela, o tenis para educación física, uniformes escolares, pañales, leche, y no digamos comida y medicamentos. Como dije, hay prioridades, y seguramente en mi familia una pijama no era una prioridad en la cual se debía gastar dinero.

Pero continué pensando: una pijama, además de haberme traído recuerdos y de ver si es prioritaria o no para un hogar, representa algo íntimo, es algo cómodo que te ponés cuando llegás a casa después de una jornada larga de trabajo; es con lo que andamos con mi cipotillo y cipotilla a veces todo el domingo; una pijama representa también algo muy propio. Y así como a veces no es una prioridad comprar una pijama, tampoco lo suele ser cultivar nuestro mundo interior, aprender a identificar con claridad qué me gusta y qué no, qué quiero y qué no, qué siento, y tampoco lo es aprender a estar sola (lo). 

Hay una realidad, un contexto de país, político, social y económico, que nos lleva a andar en modo supervivencia, buscando el dinero para el día a día, o cumpliendo con metas de trabajo para mantenerlo cuando se tiene; y si no se tiene es peor aún, porque está la presión de tener que encontrar trabajo para comer. Ante esta realidad, ni me hablen de mirarme hacia adentro y cultivar «un mundo interior» en mí, peor en infancias y otras personas que cuido y acompaño.

Desde el momento que se decide ser madre o padre, pienso que algo se activa y nos decimos: no quiero que viva con las mismas limitantes que yo tuve. Quiero que sea mejor que yo, que logre más cosas que yo. Y probablemente lo pensamos en un plano meramente material y económico, pero ¿nos hemos detenido a pensar y a decir, que no viva las mismas carencias o dificultades emocionales que yo? 

Hace unos años me lo planteé y hoy estoy mirando nuevamente mis propias carencias y dificultades, pensando en cómo trabajarlas para no heredarlas a las infancias que acompaño. Como dice uno de mis sobrinos, «las probabilidades son muchas, no podés controlar todo». Sí, es verdad, pero estoy haciendo el intento, y me cuestiono: ¿cómo cultivo mi mundo interior, y el de las dos infancias que acompaño? ¿Cómo les hago conscientes de lo que sienten? ¿Cómo les hago tomar conciencia de toda la red de emociones, sentires y pensares que poseemos y de su conexión con el cuerpo, cuando a veces ni yo misma lo sé, cuando a veces yo misma descubro que me cuesta conectar con mis emociones y sentimientos, con mi cuerpo y con las cosas que vivo, cuando también me cuesta guardar silencio y me descubro con la cabeza por un lado y el cuerpo por otro lado?

Phillip Moffitt, en su artículo «Healing Your Mother (or Father) Wound», describe las cuatro funciones de una madre: nutrir, proteger, empoderar e iniciar. Una pijama me hizo pensar en la posibilidad que tenemos para nutrirnos a nosotras (os) mismas (os) y a los demás. Esta capacidad está muy ligada a cultivar y hacer que florezcan nuestros sentimientos y pensamientos, a aprender a estar en contacto con nosotras (os) mismas (os), con nuestro cuerpo y también el entorno. Y seguro que al nutrirme o cultivar mi interior iré  aprendiendo cómo hacerlo, a identificar de qué manera me funciona a mí, pues no siempre tenemos en casa los mejores modelos que nos enseñan esas cualidades, si se pudieran llamar así. Es algo que me toca aprender, así como también me toca aprender a enseñarle a mi hijo e hija esas formas de nutrirse, cuidarse o cultivar su interior.

Resulta verdaderamente contrastante como madre cuando descubres que ese es el camino que quieres seguir: enseñar nutrir, cuidar, acompañar, pero no es tan fácil por eso, porque no ha habido modelos previos y es un camino que estás recorriendo por primera vez.

Una pijama me hizo pensar nuevamente en lo necesario que es maternar acompañada de otros y otras; si no, la carga se puede volver extremadamente pesada y hasta fastidiosa. Me hizo pensar en lo agotadora que es la maternidad cuando las responsabilidades económicas y emocionales recaen sobre una sola persona y lo importante que es, como mamá, aprender a estar ausente por momentos del entorno familiar para procurarme esos momentos de soledad, silencio, y hacer cosas que me recuerden a la mujer que está detrás de la labor de maternar.

Una pijama me hizo pensar en las niñas y niños que hemos crecido sintiendo tanto, pensando tanto, pero que aprendimos con mayor facilidad a desconectarnos de nosotras (os) mismas (os), a desligarnos de nuestro cuerpo, a disociar para evitar el dolor.

Una pijama me hizo pensar con más conciencia que cada niño y niña es único (a), y que esa magia con la que nacen hay que cuidarla y enseñarles a hacerla crecer. Una pijama me hizo pensar en lo valioso que son las infancias y en el mundo tan hecho para adultos en el queremos que encajen. En lo fácil que se vuelve defender a una persona adulta y dejar de lado a las niñas, niños y adolescentes.

Por Maryoriet Salgado
Portada: Persy Cabrera

Las recientes elecciones de Estados Unidos reflejan patrones históricos de patriarcado y racismo, así como las contradicciones de una comunidad que, a pesar de ser constantemente desplazada, a menudo apoya políticas y candidatos que perpetúan el mismo sistema que los excluye.

La ayuda del voto latino permitió el regreso histórico de Donald Trump a la Casa Blanca. El 53 % de los hombres hispanos que votaron lo hicieron por Trump, frente al 37 % de las mujeres. Trump logró su mejor resultado hasta la fecha (45 %) entre la comunidad latina (El País, 2024, noviembre 7). Las explicaciones del suceso giran en torno a las críticas dirigidas a la estrategia demócrata o se centran en las debilidades de su oponente, pero debemos observar el fenómeno del apoyo a Trump por lo que realmente es. Las explicaciones simplistas, como «la otra candidata no me convenció», pasan por alto, una vez más, que la responsabilidad de detener a un líder autoritario recae en las mujeres, insinuando que no estamos preparadas para liderar. 

¿No es irónico que algunos latinos prefieran apoyar a un hombre que ha descrito a nuestra gente como «violadores» y «comedores de perros»?

¿Cómo se puede interpretar el voto latino en relación con temas de justicia y derechos humanos? Muchos votantes, impulsados por la promesa de un cambio económico, han decidido pasar por alto discursos que denigran a sus propias comunidades y que atacan derechos fundamentales. Pese a este contexto, los inmigrantes siguen siendo esenciales para el crecimiento y la innovación en Estados Unidos; más del 55 % de las empresas emergentes valoradas en más de mil millones de dólares fueron fundadas o cofundadas por inmigrantes

Además, las políticas de deportación masiva no solo plantean serios dilemas éticos, sino que también implican un elevado costo económico, estimado en 88 mil millones de dólares anuales. Este tipo de políticas, junto con el endurecimiento de los controles fronterizos y la posible eliminación de programas que protegen los derechos de personas indocumentadas, generan una profunda inquietud por los posibles retrocesos en derechos civiles, en el acceso a la salud reproductiva y en la protección de derechos humanos de familias migrantes, mujeres y personas de la comunidad LGBTQI+, cuyos derechos se convierten en moneda de cambio en este juego político.

La autora Paola Ramos explora este fenómeno en su libro Desertores: El auge de la extrema derecha latina y su significado para Estados Unidos. Según Ramos, hay latinos que tienen un temor constante a que la América dominante siempre los vea como extranjeros. De acuerdo con la autora, es este miedo, junto al deseo de pertenecer, el que explica por qué algunos latinos han interiorizado un rechazo hacia su propio origen, lo que hace que el discurso antiinmigrante resuene en ellos.

Lo que parece no estar claro es que el racismo es un sistema opresivo que no distingue entre «migrantes buenos» y «migrantes malos». Tampoco distingue entre su legalidad. La retórica racista no establece una falsa dicotomía, sino que ataca por igual a todos los migrantes sin importar las circunstancias que les llevaron a migrar. A lo largo de la historia y en diversas regiones, el racismo ha afectado a múltiples grupos: actualmente la comunidad latina y afrodescendiente de Estados Unidos sufre prejuicios y odio. Al mismo tiempo, Europa y Estados Unidos respaldan el genocidio perpetrado por Israel contra la población palestina en Gaza. Hace apenas unas generaciones, los judíos fueron víctimas de una persecución similar. Antes que ellos, las colonias africanas padecieron y continúan resistiendo las devastadoras consecuencias de la opresión y el racismo sistemático. Para afrontar esta realidad, debemos reconocer que el racismo y las políticas opresivas no se transforman en función del origen de sus víctimas, sino que se perpetúan a través de una base común: la supremacía blanca.

Más allá de los argumentos económicos, el colonialismo que históricamente subyugó a América Latina sigue vivo y se ha adaptado a formas contemporáneas de opresión que a menudo aceptamos sin cuestionar. Aníbal Quijano,  quien acuñó el término «colonialidad del poder» nos ayuda a entender este sistema global de dominación que surgió con la conquista europea de América y que aún persiste, basado en jerarquías raciales y en la expansión del mercado capitalista mundial (Quijano, A., 2000). 

La académica decolonial María Lugones aporta una perspectiva sobre el papel del género en este sistema. Su concepto de «colonialidad de género» demuestra cómo la raza, el género y la clase se entrecruzan para mantener la violencia sistemática contra las mujeres racializadas.  La colonialidad de género nos permite entender por qué el voto latino también se ha convertido en un voto patriarcal; en lugar de proteger a las mujeres y a los más vulnerables, una parte significativa de la población latina respalda políticas que silencian y deshumanizan, seducidos por la ilusión de una aceleración económica personal.

Quizás es momento de preguntarnos, tanto a nivel personal como colectivo, ¿qué parte de esos mensajes de superioridad que nos inculcaron desde la infancia hemos absorbido y por qué lo «blanco» parece más valioso que nuestros propios valores y orígenes? Parece que, al migrar, empacamos en la maleta el colonialismo internalizado. ¿Cuánto de esta mentalidad afecta nuestras elecciones y acciones? Tal vez, al reconocer cómo la colonialidad sigue presente en nuestras decisiones y actitudes, podamos responder de manera distinta cuando se atenten contra nuestros derechos y los de los más vulnerables.

Texto y portada por Persy Cabrera

Pocos o mejor dicho, ningún personaje ficticio sería tan acertado de imaginar sosteniendo y defendiendo la bandera de Palestina como Luffy. Más allá de los debates que circulan en internet sobre los fanarts que lo representan en esta postura, Luffy representa en esencia un personaje construido políticamente del lado más sencillo posible: este capitán pirata de 19 años jamás podría mantenerse neutral y no posicionarse al lado de un pueblo que sufre un genocidio y una limpieza étnica, que lleva resistiendo décadas y décadas de abuso, vulneración masiva a los derechos humanos, tortura, sangre y constante pérdida.

Desde su lanzamiento el 22 de julio de 1997 en la Weekly Shonen Jump, probablemente la revista de manga más popular en Japón, hasta la última actualización de One Piece a inicios de octubre de este año, tras 1,128 capítulos (y los que faltan) de este manga que Luffy protagoniza, no podría haber dudas sobre su convicción, su compás político. Aunque en la obra nunca se hable abiertamente de estos temas, sus decisiones lo llevan, por ejemplo, a enfrentarse a un gobierno mundial autoritario, genocida, militarista, a dictadores, a monarcas que se ven como una raza superior y a grupos terroristas que nacieron de las injusticias de ese mundo imaginario, que casualmente no es muy diferente al que vivimos nosotros.

Los antecedentes están: hay arcos enteros de One Piece en los que puede verse reflejada la historia de genocidio y limpieza étnica que Israel ha cometido en contra del pueblo palestino. El arco de Arabasta, que cubre del capítulo 155 al 217 del manga, nos embarca en la historia de un país en el desierto que está siendo orillado a sumirse en una guerra civil, y en el que la población ha sido privada del agua, todo esto con conocimiento del gobierno mundial, entidad que determina quiénes son héroes y villanos en ese mundo.

El último arco de One Piece nos llevó a Wano, un país que vive una dictadura en la que la población disidente es encarcelada y torturada, y los demás viven bajo hambruna, esclavitud y en peligro de ser asesinadas. Todo bajo la atenta mirada del Gobierno Mundial que no puede –o mejor dicho– no quiere hacer nada, o que tiene más que perder en términos económicos o militares si decide hacer algo por esta gente.

Todo cambia cuando llega Luffy; siempre cambia cuando él llega a cualquier rincón del Grand Line, el mar que lo llevará hasta el preciado One Piece.

Mientras, en nuestra realidad el pueblo palestino ha sufrido la muerte de 16,756 niños y niñas entre el 7 de octubre de 2023 y el 10 de septiembre de 2024, de acuerdo al Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Bragi Gudbrandsson, vicepresidente de este comité, afirmó: «No creo que hayamos visto antes una violación tan masiva como la que hemos visto en Gaza. Hay tres violaciones de las seis más graves que no queda duda de que Israel comete: matar y mutilar a niños, atacar hospitales y escuelas y denegar el acceso humanitario».

Pero esta desgracia no inició el 7 de octubre con el ataque del grupo terrorista Hamás en Israel, en el que asesinaron alrededor de 1,200 personas y secuestraron a otras 250. El periodista Joe Sacco, en una de sus novelas gráficas, titulada Palestine, detalló cómo en  Cisjordania o la Franja de Gaza, a finales de 1991 e inicios de 1992, la población palestina ya vivía bajo una opresión militar, violenta, restrictiva de derechos humanos. En esta obra Sacco representó a personas que vieron morir entre llamas a los olivos, de décadas de edad, con los que obtenían aceite para vender y sobrevivir en un sistema excluyente; a víctimas de tortura; a personas que no tienen acceso a educación, a un trabajo digno, a una vivienda, a vivir.

Esta es una realidad que sobrepasa lo que hay en la ficción de One Piece, aunque Eiichiro Oda, su creador, tampoco escatima en hablar sobre racismo, trata de personas, esclavitud o abuso de poder de fuerzas del orden. 

Hay pocos personajes como Luffy. Su sencillez y bondad se asemeja a la de figuras como Naruto, de Masashi Kishimoto; Goku, de Dragon Ball Z; o incluso Superman y Wonder Woman en el ámbito occidental, todos ejemplos de voluntades inquebrantables para posicionarse al lado de las víctimas. Sin embargo, aunque todos ellos tienen un trasfondo político que les identifica, ninguno sostendría la causa palestina y defendería su bandera porque ninguno está construido como Luffy, con un amplio abanico de ideales y convicciones por la justicia.

Para el aniversario número 23 de la publicación de One Piece, Gonzalo Espinoza, periodista y host del podcast «El anime triunfó», escribió que lo que diferencia a Luffy de otros protagonistas es que «[Luffy] se transforma en el portador de una voluntad colectiva que va a cambiar el ordenamiento del mundo en el que habita», y que «el triunfo que va a lograr Luffy no es un triunfo para el mundo como una comunidad completa que deba ser rescatada de las garras del mal, sino que va a ser la victoria de ciertos tipos de comunidades, y de ciertos tipos de identidades, que están reclamando su lugar en el mundo». 

One Piece se planteó desde el inicio como un épico viaje de piratas para encontrar el One Piece, el legendario tesoro que Gol D. Roger, el rey de los piratas, en el día de su ejecución exclamó que podían encontrar en el Grand Line, el mar que atraviesa el mundo de One Piece y donde se desarrolla la historia, y que ahí estaría para quien pueda alcanzarlo. Hay muchísimo de piratería en la historia que narra este manga, con los significados clásicos de un pirata: ladrón, vividor, saqueador y rufián; pero hay personajes como Luffy, que creen que ser un pirata significa algo más: ser libre.

Luffy no concibe otra manera de vivir la vida que en libertad, enfrentar el mar y a todo aquel que impida que otros sean libres, y por eso es que se levanta de manera anárquica contra el gobierno, sin atender a ninguna advertencia para enfrentarse a aquellos que son injustos y desalmados con los pueblos que él conoce de primera mano.

Por eso es que aunque causó revuelo en redes sociales, tampoco fue una sorpresa tan grande que la bandera pirata de la tripulación de Monkey D. Luffy se levantara al lado de la palestina en una protesta en Estados Unidos. 

Actualmente el manga ya entró a su etapa final después de más de 1,000 capítulos, y al día de hoy no se ha revelado siquiera qué es el One Piece, y Oda sigue dejando migas de misterios que vemos pasar cada tantos episodios, colocados sistemáticamente para llamar la atención sin decir mucho. 

La escena a la que los fanarts hacen referencia, que mencioné al inicio de este texto, es una en la que Luffy sostiene la bandera que representa al pirata Dr. Hiruluk mientras está en el punto más alto de un castillo. Hiruluk intentó encontrar una medicina para curar un país entero de la desesperanza y falta de empatía. Estando ahí arriba, Luffy recibe muy dispuesto un cañonazo, solo para demostrar que la bandera iba a seguir ahí intacta mientras estuviera alguien para defenderla. Esta obra es brillante en esos términos simbólicos; cada acto de heroísmo de Luffy está impregnado de épica, de emoción y de un valor político inmenso.

Luffy defendería la bandera de Palestina. Lo haría porque sería consciente de lo que significa para el pueblo palestino, que ve cómo quieren borrar su bandera de nuestro mundo, junto a ellos y ellas. Ojalá existiera Luffy, ojalá las personas que toman las decisiones importantes ya no estuvieran de brazos cruzados.

Texto y fotografías: Fernando Destephen.

La noche del domingo 6 de octubre, el pueblo garífuna organizado de Nueva Armenia, en el municipio de Jutiapa, Atlántida, aprobó en asamblea recuperar tierras ancestrales en poder de la empresa aceitera Palmas de Atlántida, propiedad de los herederos del magnate de la palma, Reynaldo Canales. 

La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) denunció en un comunicado que ese día hubo hostilidad y presencia de miembros de la Policía Nacional y guardias de seguridad armados de la empresa Palmas de Atlántida, además de unos ocho vehículos sin placa.  

A medianoche, los miembros del grupo se alertaron por los movimientos de las patrullas de la policía y guardias de la empresa; varios disparos se escucharon a lo lejos, en medio de la oscuridad. Sus sospechas se confirmaron: era una emboscada. Dos personas resultaron heridas en el campamento, una en el cuello y otra en el abdomen. Así comenzó el segundo día de la lucha por recuperar 250 hectáreas de tierra ancestral, ocupadas por una empresa que, desde hace tres décadas, ha explotado y exportado sus frutos sin ningún beneficio para la comunidad.

«Algunas de las tierras que fueron tituladas para nosotros están en manos de terceros porque el IP [Instituto de la Propiedad] ilegalmente se las ha cedido a otras personas», explica Mabel Robledo, lideresa de la Ofraneh, quien encabeza las acciones de recuperación en esta región de la costa norte hondureña.

Mabel explica que las tierras que se están recuperando son ancestrales, concedidas a la comunidad garífuna de Nueva Armenia en 1887. Agrega que tienen documentos y un mapa que demuestra que las 1,600 hectáreas comprendidas entre Playa del Este, la orilla del río Papaloteca y las comunidades El Corazón y El Cacao les pertenecen; sin embargo, debido a la fertilidad de la zona para la agricultura, siempre han estado en el blanco de las grandes empresas agroindustriales que imponen el monocultivo de moda, la palma africana. 

Primero, entre 1899 y 1975, el banano dominó las plantaciones de la región, con varias empresas en operación; la más reconocida fue la Standard Fruit Company, que finalmente devolvió las tierras en 1948. Posteriormente, por un breve período, las tierras pasaron a ser plantaciones de coco, hasta que en 2012 la superficie cultivada se redujo a aproximadamente 1,100 hectáreas debido al daño causado por las plagas de amarillamiento letal del cocotero y la pudrición del cogollo. Actualmente, las plantaciones son en su mayoría de palma africana, cultivo que llegó a Honduras en la década de 1940. La superficie de palma africana se duplicó entre 2004 y 2017, pasando de 69,000 a casi 150,000 hectáreas.

Sobre el conflicto con la empresa Palmas de Atlántida, la gente en la comunidad cuenta que hace unos años hubo un diálogo entre ellos y la empresa, pero en septiembre de 2023 se retiraron sin explicación. En general, la situación de la tierra es complicada porque hay títulos sobre títulos emitidos por instituciones del Estado.

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Tras 14 días de haber iniciado la recuperación en Nueva Armenia, hay grandes troncos de palma bloqueando los caminos de entrada a la tierra, que impiden que los camiones de la empresa sigan sacando la fruta. 

Varios rótulos llevan escrito «policía racista», señalando la indiferencia y neutralidad de las fuerzas de seguridad del Estado, que favorecieron a los guardias de la empresa que le dispararon a dos personas la noche del 7 de octubre. En el acceso a una de las plantaciones también cuelga un mapa ancestral que muestra la extensión total de lo que están intentando recuperar.

Para reforzar la seguridad, otros troncos, algunos de casi un metro de diámetro, han sido apilados en forma de muro para impedir el acceso de vehículos desconocidos y proteger el campamento, ahora bautizado como «Comunidad Barauda».

Cada núcleo familiar limpia su terreno y colabora en labores comunes como cocinar, quemar restos de palma, perforar un pozo, acarrear basura, cuidar a los niños y niñas, y transportar materiales. Poco a poco, están construyendo una comunidad desde cero.

Están creando una comunidad autosuficiente, tal como ocurrió en otra recuperación, la de El Cayo, un área cercana a Barauda. En esta recuperación, ya hay familias asentadas que cultivan yuca, guayabas, limones y plátano, y crían gallinas, logrando una independencia alimentaria en sus hogares.

También quieren una comunidad segura donde puedan caminar tranquilos. Mabel, por ejemplo, solo lo hace a horas determinadas y en ciertas partes, nunca sola. Ha sabido que dos sicarios la buscan, y ha visto a personas desconocidas rondando cerca del límite del campamento. 

Mabel, lideresa del campamento, de 37 años, es abogada con una maestría en criminología, y sirvió en la Policía Nacional durante más de 20 años antes de su despido injustificado, el cual actualmente busca revertir en los tribunales. A pesar de su pasado en la policía, ganó la confianza de la comunidad garífuna gracias a su liderazgo. Ella asegura que su propósito ha sido guiado por sus ancestros, y que está lista para liderar la recuperación de tierras, movida por una razón clara: «Tenemos hambre».

A pesar de los 30 años de explotación de la tierra por parte de la empresa, la comunidad no ha visto mejoras sustanciales. Mabel señala que solo han ofrecido algunos empleos temporales. Por eso son los miembros de las comunidades recuperadas quienes tienen que atender sus propias necesidades; por ejemplo, en La Colonia (recuperación realizada en los años noventa) han comenzado la construcción de una cancha multiusos, con el apoyo de personas que envían sus remesas para apoyarles.

Las recuperaciones de tierra no son decisiones improvisadas; estas acciones se consultan previamente con la comunidad y responden a una lógica de recuperar lo que históricamente les pertenece. Mabel explica que la comunidad se cansó de vivir en hacinamiento mientras están rodeados de tierra ancestral y mar. Además, la empresa que explota la tierra no ha cumplido con las promesas de mejorar su calidad de vida ni les brinda oportunidades de empleo. Esa hambre de justicia social, según Mabel, despertó en ellos la conciencia de su valor como pueblo originario, al ver cómo se les limitan incluso los accesos al mar. 

Es irónico que todo esto ocurra en Nueva Armenia, una de las vías de acceso a los Cayos Cochinos, donde se graba Supervivientes, un programa extranjero de televisión sobre supervivencia en lo salvaje, en el que los participantes deben arreglárselas en condiciones extremas, pero siempre bajo la protección de una fuerza naval que aleja a los pescadores locales. Mientras tanto, los garífunas luchan por sobrevivir en sus propias tierras, sin premios ni reconocimiento, y sin que nadie vele por su seguridad.

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En el campamento, el punto de reunión es la cocina. Las mañanas comienzan con café y «caballito», una galleta dulce y gruesa de harina, azúcar, canela y jengibre. A poca distancia de la cocina, el sonido de las palmas cayendo al suelo hace temblar levemente la tierra, mientras el aire helado del amanecer refresca el ambiente. Unas veinte palmas yacen en el suelo, un recordatorio dirigido a los guardias de la empresa Palmas de Atlántida; «para que cada vez que pasen y vean, les duela que ya no hay palma», comenta un integrante del grupo.

Una de las primeras acciones en el campamento fue limpiar de palma la entrada y comenzar a sembrar cocos en su lugar. Este acto simbólico no solo representa la recuperación de la tierra, sino también la revitalización de sus cultivos tradicionales, un paso hacia la reconstrucción de su vínculo con la tierra que les pertenece.

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El conflicto de tierra no es ni nuevo ni únicamente de este gobierno. Según datos de organizaciones campesinas citados en un reportaje de Mongabay, el conflicto agrario ha cobrado aproximadamente unas 200 vidas en la última década, solo en el Valle del Aguán, y no parece haber solución, solo más sangre corriendo alrededor de las tierras en conflicto y de los pueblos originarios que buscan soberanía alimentaria y recuperar su cultura.

El 14 de octubre de 2024, en la comunidad garífuna de Punta Piedra, ubicada a 184 kilómetros de Nueva Armenia, la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI) inició formalmente la devolución de tierras al pueblo garífuna. Este conflicto data de 1993, y fue en 2015 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado hondureño responsable por la violación de los derechos de propiedad colectiva de Punta Piedra.

El evento de CIANCSI, realizado en el centro comunal de Punta Piedra, en Iriona, Colón, contó con la presencia del canciller Enrique Reina, representante de la presidenta Xiomara Castro. Reina destacó que «este acto simboliza el reconocimiento del Estado de Honduras a los derechos de las comunidades garífunas sobre sus tierras ancestrales». 

En contraste con esa acción y la retórica oficialista, en Nueva Armenia miembros del campamento han denunciado que, durante la primera semana de octubre de 2024, agentes de la Policía Nacional asignados a la zona intimidaron y hostigaron a los residentes, encubrieron las acciones de los guardias de la empresa y utilizaron vehículos oficiales para transportar y esconder a civiles armados. 

Con el reciente nombramiento de una nueva jefatura regional, se ordenó el traslado de los agentes involucrados en las intimidaciones. Contracorriente solicitó una entrevista con la subcomisionada Martha María Bu Cruz, nueva jefa regional de La Ceiba, pero no obtuvo respuesta. También se contactó a la subinspectora Angelina Galeas, vía WhatsApp, para consultar el motivo del traslado de los agentes y si existe una investigación en la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) en relación con las denuncias presentadas, pero hasta la fecha de esta publicación no hubo respuesta.

Tras varias semanas de intimidación y los incidentes de la noche del 7 de septiembre, la tensión en la zona disminuyó, luego de la visita hecha el viernes 11 de octubre por parte de representantes de la Secretaría de Seguridad, la jefa regional de la Policía Nacional, el Fiscal General Adjunto, el viceministro de Seguridad, un delegado del Instituto Nacional Agrario (INA), representantes de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y del Mecanismo de Protección, quienes evaluaron la situación tras los incidentes violentos y los heridos de bala en el campamento.

Sin embargo, el pasado 7 de noviembre Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, apuntó en la red social X que el hostigamiento en contra de la comunidades recuperadas continúa y se agudiza. Miranda adjuntó un video en el que se observa a supuestos miembros de la seguridad privada de la empresa Palmas de Atlántida, con armas de diferente calibre, junto con oficiales de la policía, intimidando a personas de las comunidades. La lideresa garífuna finalizó su publicación exclamando: «Realmente tenemos una masacre!!!»  

La violencia criminal contra el pueblo garífuna no es nueva. En los últimos años varios líderes y lideresas han sido perseguidos, criminalizados y asesinados. Uno de los casos más graves que permanece en impunidad es la desaparición en julio de 2020 de los cuatro líderes garífunas Albert Snaider Centeno Thomas, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, y Gerardo Misael Róchez Cálix. El 11 de noviembre, diario La Prensa publicó una nota en la que apuntaron que la Policía Nacional ya había resuelto el caso, responsabilizando al crimen organizado de las desapariciones. 

Sobre las afirmaciones de la Policía, Miriam Miranda señaló en una red social que las víctimas fueron sacadas de sus casas en pleno confinamiento por la pandemia de COVID-19, y que en ese tiempo nadie circulaba más que la policía. 

«Entonces cómo es que entró y salió ese comando impunemente de la comunidad de Triunfo de la Cruz? No nos vengan con ese cuento de Caso Cerrado», señaló la lideresa garífuna.

En el sur de Honduras, el Estado ha privilegiado a la gran industria camaronera por sobre las cooperativas de pescadores. En medio del debate  sobre una propuesta de Ley de justicia tributaria impulsado por el gobierno de Xiomara Castro,  y que eliminaría los regímenes especiales existentes, empresas y pescadores se ven en un callejón sin salida.   Mientras una empresa recibe beneficios con un impacto fiscal de L 17,354 millones en el Presupuesto de la República, desmantelar esos incentivos acabaría con la principal fuente generadora de empleos en la zona, pese a la desigualdad que esta genera en las comunidades pesqueras y  en la contaminación de los recursos naturales.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen

Enemías Velásquez aún recuerda el día en que policías antimotines reprimieron a la comunidad pesquera de San Bernardo. Fue el 6 de agosto de 2001, en el último año de gobierno de Carlos Flores Facussé, sobrino del que fuera uno de los terratenientes más poderosos del país, miembro de una de las familias más poderosas e influyentes de Honduras.

«Todavía puedo escuchar los golpes (de los antimotines), porque era darle con la bota al suelo y un golpe con el garrote al escudo, o sea, hacer un estruendo de guerra», dice Enemías, sentado en una silla de plástico fuera de su casa, ubicada en la comunidad de El Quebrachal.

Enemías Velasquez, pescador y presidente de Coddefagolf, en el patio de su casa en la comunidad de El Quebrachal. 26 de junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Entonces tenía 22 años y protestaba contra la expansión de 200 hectáreas en favor de una de las empresas del grupo camaronero más grande del país. La apuesta del Estado por convertir al crustáceo en uno de sus principales productos de exportación  había entrado en su segunda década de expansión, con exenciones fiscales para la gran industria y los grandes inversores en el sector, y una comunidad de pescadores no iba a detener el plan.

En el Golfo de Fonseca, el Estado hondureño prioriza desde hace más de tres décadas la extracción de recursos para la gran industria en detrimento de las comunidades costeras que resienten la falta de apoyos estatales, espacios vedados para la pesca y la desigualdad entre los que más tienen y más ganan y aquellos que apenas logran sobrevivir con lo poco que encuentran en el mar.

Pero una nueva propuesta de ley impulsada por el Gobierno de Xiomara Castro promete eliminar los privilegios y equilibrar las balanzas, aunque los pobladores de estas zonas tienen recelo: no han sido invitados para dar su opinión en las discusiones en los borradores ni en las discusiones que arrancaron, en el Congreso, a mediados de octubre.

Para ellos, desde hace décadas, el Estado los ha abandonado a su suerte o incluso perseguido, como aquella vez en la que protestaron contra las grandes camaroneras. Fueron unos 500 pescadores provenientes de Namasigüe, El Triunfo y Choluteca los que se plantaron desde las cinco de la mañana en la carretera que conduce a las instalaciones de la camaronera San Bernardo, del grupo Granjas Marinas. Tres horas después, los manifestantes se habían triplicado. Llegaron entonces militares y policías antimotines para equilibrar balanzas, mientras autoridades de la empresa y dirigentes de los pescadores intentaban llegar a acuerdos. Los policías, afuera, decomisaron machetes, palos y garrotes. Los desarmaron. 

Para las comunidades pesqueras, la consigna era clara. El año anterior, en diciembre del 2000, habían realizado asambleas y otras protestas por la contaminación en las aguas y los esteros en los que el grupo Granjas Marinas realizaban la pesca. El proceso de licencias ambientales se detuvo, pero daños en el ecosistema marino provocaron que los pescadores continuaran con su protesta, sobre todo cuando confirmaron la expansión de la empresa, que ahora ostenta aproximadamente el 15% del territorio en los departamentos de Choluteca y Valle.

Un empleado en las instalaciones de la finca camaronera Granjas Marinas San Bernardo (GMSB). 23 de mayo de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Para los cuerpos de seguridad, la misión también era clara. Con los manifestantes desarmados, los policías y militares arremetieron contra mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, niños. Los golpearon y les lanzaron bombas lacrimógenas. Hubo 12 pescadores detenidos y 10 personas heridas. 

Uno de los manifestantes tomó una bomba lacrimógena que había caído cerca de él, para luego aventarla a los policías de vuelta, pero calculó mal y la explosión le destruyó tres dedos de sus manos. 

Cuando la protesta acabó, tres de los doce pescadores detenidos fueron recluidos en una posta policial durante 36 horas. La policía no dio explicaciones y tampoco les dijo de qué estaban acusados, cuenta Modesto Ochoa, que entonces tenía 38 años y lideraba la protesta.

A Modesto lo tomaron del cuello, le rompieron la ropa y lo lanzaron contra la carretera, aun cuando sus instrucciones para los manifestantes fueron pacíficas. «Al ver que no me podían doblegar, un capitán que estaba asignado en Choluteca se fue sobre mí, me lanzó contra el piso de la carretera, me engancharon con las manos hacía atrás, ahí me laceraron la cara, y nos llevaron a los pescadores a la bartolina de la policía».

Fotografía en un boletín de Coddeffagolf en el que se muestra la captura de Modesto Ochoa en la protesta de 2001. Cortesía: Modesto Ochoa.

Después de esto, Granjas Marinas envió comida a los pescadores encarcelados, un gesto que fue considerado como otra ofensa. 

«En una forma burlesca les llevaban bandejas de comida a los pescadores que estaban presos, era como decir “tengo a este perro dosificado, pero le voy a dar de comer”, pero nosotros agarrábamos las bandejas y las vaciábamos. Éramos nosotros quienes les llevábamos la comidita, sencilla, pero siempre llevaba camarones», recuerda Enemías. 

Al final, las comunidades pesqueras perdieron. La Secretaría de Recursos Naturales (Serna) concedió la licencia ambiental a Grupo Granjas Marinas, lo que validó la ampliación de la camaronera por 200 hectáreas más.

Y el permiso se ha mantenido así durante los últimos 23 años. 

Empleados son trasladados a una finca camaronera. 24 de mayo de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Los pescadores que no pueden pescar

En el estero de la Barillosa aún se pueden cosechar camarones de vez en cuando. Román Guevara, de 73 años, uno de los fundadores de la Asociación de Pescadores Artesanales (Apeana) se instala en un campamento dentro del estero y durante tres días espera a la suerte.

Interior del campamento de Roman Guevara en la costa del estero La Barillosa, departamento de Namasigue. 26 de junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Para llegar a donde está instalado entra por El Jicarito, una área natural donde anidan aves viajeras. Aquí también hay lagunas de invierno que sirven a los pescadores para pescar camarones y peces, y una lagunilla que con las crecidas se vuelve un estero que enlaza con las lagunas de las empresas camaroneras y a las playas del mar pacifico.

En este tramo que desemboca en varios destinos, sobre una lancha, Roman dice que no piensa dejar la pesca. Otros pecadores en el estero le aseguran que no han tenido éxito con el camarón, mientras le muestran el marisco que apenas han logrado recolectar en sus hieleras oxidadas. Aun así, llega a su campamento en la costa, en las orillas de la Barillosa, donde lo espera su compañero, otro pescador de mediana edad que se balancea en una hamaca sostenida por dos troncos delgados.

Roman Guevara conversa sobre sus inicios en la pesca y lo difícil que es pescar camarón cuando no es temporada. 26 de junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Guevara inició en la pesca a los 12 años, cuando los humedales no estaban restringidos y todos los pescadores tenían acceso. Fue testigo cuando cercaron los lugares de pesca, de la intimidación de quienes llegaban a presentarse como dueños de la tierra y de agresiones de las camaroneras cuando él o alguno de sus hermanos pescaban en los canales cercanos a las empresas.

Las operaciones de la industria camaronera iniciaron en los ochenta, con el otorgamiento de concesiones a empresas camaroneras que por años se han beneficiado con exoneraciones fiscales en la exportación del camarón a otros continentes.

Junto a los planes del gobierno, las comunidades excluidas se organizaron. Así, en 1988 nació el Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (Coddeffagolf), cuando Enemías Velásquez tenía nueve años. Ahora, con 45, es él quien la preside, luego de que su amigo, Modesto -que continúa como asesor de la organización- la dirigiera por tres periodos consecutivos.  Desde sus inicios, la organización que ahora es dirigida por nuevas generaciones ha denunciado las irregularidades en las operaciones de la industria camaronera. También defienden los sistemas marino-costeros y el desarrollo de las comunidades.

Desde finales de los ochentas descubrieron que la promesa de reactivación económica  a través de los incentivos a esta industria era solo una utopía. Los beneficios no han llegado a las comunidades, dicen los pescadores, al contrario, han acrecentado los problemas en esta región del país. Junto al crecimiento de la industria, llegó también la represión y el miedo a las comunidades.

La familia de Ramón Guevara asegura haber sido víctima de esta represión y exclusión. Sus hermanos se adentraron en el mundo de la pesca desde niños, igual que él. A su hermano, Gertrudis, lo encontraron fallecido, flotando en el estero, tres días después de que vigilantes de Granjas Marinas le decomisaron una lancha que utilizaba para pescar, por presuntamente navegar en una área que pertenecía a la empresa. Desde 1990, hasta la fecha, la familia denuncia este caso y pide justicia. 

Maigra, hija de Román, cuenta que capturaron a un presunto culpable del asesinato, pero que a los pocos días salió libre. En la zona, los casos  de persecución y encarcelamiento de pescadores causaron tal alarma que en 1999, una comitiva del Banco Mundial llegó a Honduras como intermediaria para instalar una mesa de diálogo entre ambos sectores. El Banco dijo a los empresarios camaroneros que debían detener los abusos y la violencia ejercida en contra de los pescadores, de lo contrario, sus operaciones serían canceladas. 

Pero las acciones del Banco Mundial no fueron bien vistas por toda la comunidad de la pesca. Coddeffagolf denunció que en 1999 este banco otorgó un préstamo de 6 millones de dólares a Granjas Marinas San Bernardo «para reactivar la producción camaronera y reponerse de los daños causados por el huracán Mitch». Lo anterior fue rechazado por esta organización, la cual aseguró que la empresa no había sufrido daños y que más bien estaba en proceso de una nueva expansión.

Más de tres décadas después, aunque ahora es extraño escuchar relatos de intimidación o sabotaje contra los pescadores, Román asegura que la pesca no es la misma, y que siempre guardan precauciones al acercarse a las orillas de las empresas.

La instalación de las camaroneras ha impedido que las lagunas en las que los pescadores cosechan camarón se llenen naturalmente, pues las entradas de agua que van a dar a esas lagunas han sido bloqueadas o en ellas han vertido sustancias contaminantes, lo que ocasiona daños al ecosistema marino, según denuncias de los pescadores. 

Una laguna de invierno en el sector de El Quebrachal, donde reside Enemías. 27 de junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Empleos de miseria

En las comunidades del Golfo de Fonseca,  dedicarse a otra actividad que no esté relacionada con la pesca  es imposible. Las principales fuentes de empleo son las fincas camaroneras o en las empacadoras, cuentan los lugareños. Pero en estos sitios, las condiciones laborales también son duras.

Un sindicalista en la zona sur, a quien mantendremos en anonimato por petición de seguridad, asegura que dentro de las empresas  «el denominador común es el maltrato, no respetan los derechos de los empleados y hay mucho hostigamiento laboral».

En las empacadoras, hay quienes denuncian impagos del salario minimo, turnos de 10 o 12 horas y discriminación. Quienes han optado por renunciar, denuncian el impago de sus liquidaciones y prestaciones de ley. «El sector camarón emplea el 70 u 80% por ciento mano de obra femenina y la mayoría son madres solteras, entonces, debido a la gran miseria que vivimos aquí en la zona sur, ellas tienen que estar sometidas bajo este régimen y hacerse como es el de la vista gorda o aguantar» señala la fuente. 

Para los expertos, la situación de violaciones a los derechos laborales de las mujeres en el Golfo de Fonseca podría ser mayor, dado a la existencia de un subregistro de la mano de obra de las mujeres en la zona. Hasta 2019, al menos 414,361 personas conformaban la población económicamente activa en la región del Golfo. Según datos de la industria camaronera, el sector da empleos a más de 100 mil trabajadores. 

«La pobreza se ha convertido en un mal que aqueja a los trabajadores en el Golfo de Fonseca principalmente aquellos que no cuentan con las cualificaciones necesarias para competir adecuadamente en el mercado laboral (…) se observan altos niveles de desigualdad en la distribución de los ingresos de los trabajadores, donde el coeficiente de Gini alcanzó un índice de 0.54, mostrando efectivamente una mala distribución de los ingresos entre los trabajadores, principalmente dado por una alta concentración del empleo bajo la categoría de trabajo independiente», apunta el Diagnóstico del Mercado laboral en la región del Golfo de Fonseca, elaborado en 2021. 

Enemías señala que el salario de los empleados dentro de las camaroneras ronda aproximadamente los 7 mil lempiras ($280 dólares), y ahora, desde las organizaciones de pescadores se han llegado a acuerdos con las empresas para emplear a un porcentaje de sus miembros o a una persona por cada casa, dependiendo cual sea el trato con las distintas empresas. 

Aunque en los inicios de la lucha de los pescadores esto último no figuraba como uno de los puntos de negociación, la falta de empleo en esta región y la pobreza han primado en las necesidades de quienes buscan oportunidades en el sur del país. El salario, sin embargo, no alcanza para mantener a una familia. 

Según la Dirección General de Salarios de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, el costo de la canasta básica es de 2,461 lempiras por persona, lo que equivale a 100 dólares.

Fachada de la finca camaronera Granjas Marinas San Bernardo. 23 de mayo de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Un modelo sin pies ni cabeza

Cuando el Estado de Honduras estableció regímenes especiales para la exoneración de impuestos a distintas empresas a nivel nacional como el Régimen de Importación Temporal (RIT) y las Zonas Libres (Zoli) en los años 80, la industria camaronera fue una de las más beneficiadas. En el caso de Grupo Granjas Marinas (GGM), sus empresas han estado bajo ambos regímenes, los que establecen no pagar impuestos aduaneros, consulares, y de ventas.

Del territorio concesionado, este grupo ostenta el 39.2% del pastel con una extensión de 9,631.39 hectáreas. Está compuesto por seis empresas radicadas en Choluteca: Granjas Marinas San Bernardo S.A. de C.V. (Cadelpa), Seafarms de Honduras las Arenas, Aquacultivos de Honduras, Camaronera del Pacifico (Cadelpa), Criaderos Marinos S.A (CRIMASA) y Finca Granjas Marinas San Bernardo (GMSB), todas adscritas a la sociedad mercantil Empacadora de Productos Acuáticos San Lorenzo, según registros de Digepesca.

Las empresas y fincas camaroneras en la zona sur de Honduras suman 24,567.76 hectáreas, según datos proporcionados por la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Digepesca-SAG). Esta extensión representa aproximadamente el 15% del territorio en los departamentos de Choluteca y Valle.

«Después de la expansión de la industria, los pescadores que tradicionalmente tenían acceso a zonas de esteros o de pesca no podían acceder a esos sitios, el ecosistema estaba fragmentado, entonces la pesca se fue reduciendo gradualmente y se desarrolló una industria bastante agresiva», señala Roger Reyes, director ejecutivo de Coddeffagolf.

Julio Raudales, uno de los economistas más reconocidos en Honduras y actual rector de una universidad privada en Tegucigalpa, analiza el modelo por el cual el Estado dio a la industria camaronera, y concluye que no tiene «ni pies ni cabeza».

Julio Raudales en una entrevista en su despacho dentro de la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV). 18 de julio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Según el experto, detrás del modelo de exenciones a la industria camaronera está el «Sistema Generalizado de Preferencias», una política impulsada por Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética, con la cual buscó mantener cerca a países aliados a través de un cambio de sistema para comprarle a países Centroamericanos y del Caribe productos de exportación como bananos, café y camarones, sin importar la calidad de estos ni sus precios. 

La instalación de este modelo en Honduras, según Raudales, tuvo que ver más con un asunto geopolítico que con algo relacionado al comercio y las exportaciones, «a Estados Unidos le dejó de interesar la región, entonces estos países se tuvieron que ver forzados a tratar de bajar los costos de los productores nacionales para que pudieran ser más competitivos».

Después de este momento, congresistas, empresarios y políticos comenzaron a promover leyes para permitir a empresas nacionales y extranjeras exportar productos libres de impuestos por un tiempo determinado, con la promesa de dar menos costos y volverlos más competitivos. Pero para Raudales muchas cosas fallaron en este esquema.

«Lo que sucedió fue que algunas de estas asociaciones de empresarios fueron negociando con los diferentes gobiernos el alargamiento de estos periodos (dentro de los regímenes especiales) y ahora estamos con un esquema de exoneraciones fiscales para la exportación prácticamente sin pies ni cabeza, no está muy claro cuántos son los beneficios, cuánto tiempo se les da o quienes pueden beneficiarse, entonces se tiene que reconocer que no ha habido un orden claro en el proceso».

¿Un modelo en la mira?

Todo iba bien, o relativamente bien para la industria camaronera hondureña, hasta que en mayo de 2022 la Secretaría de Desarrollo Económico emitió una resolución en la que canceló los beneficios del Régimen de Importación Temporal (RIT) a dos empresas de la sociedad mercantil Empacadora de Productos Acuáticos San Lorenzo S.A. de C.V.

La resolución 154-2022 señala que esta sociedad, que se encuentra bajo el régimen de Zonas Libres (Zoli), también adquirió los beneficios fiscales del Régimen de Importación Temporal (RIT) de las empresas Granjas Marinas Larvicultura, S.A. de C.V. y Granjas Marinas San Bernardo (GMSB) al absorberlas en 2019.

Según las autoridades, la sociedad mercantil recibió todo el activo y pasivo de las dos empresas «adquiriendo la totalidad de todos sus derechos y obligaciones (…) y, por ende, la simultaneidad de dichos beneficios es latente». El impacto fiscal al Presupuesto de la República por la no recaudación de impuesto sobre la renta por parte de esta sociedad, según la resolución, fue de L 17,354, 885.55, es decir, más de 700 mil dólares.

Juan Carlos Javier, actual director ejecutivo de Grupo Granjas Marinas, niega que el Régimen de Importación Temporal haya sido cancelado a dos de las empresas de Empacadora San Lorenzo, y asegura que, «por un tema comercial» ahora todas las empresas de esta sociedad mercantil operan bajo el régimen de Zonas Libres (Zoli).

Solicitamos una entrevista con el ministro Fredis Cerrato, ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, para conocer el status en el que está actualmente la resolución, pero al cierre de este reportaje no recibimos respuesta.

Fachada de una de las empresas empacadoras de camarón al sur de Honduras. 27 de junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Para Juan Carlos Javier, quien está al frente de GGM y además es presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), las exenciones de impuestos a las camaroneras y sus grandes extensiones de tierra no han contribuido a la desigualdad en las que las y los pescadores viven, aun cuando estos no pueden acceder a los sitios donde antes  realizaban la pesca.

«Los regímenes que dan las exoneraciones no están dando un beneficio directo para que gane más dinero el productor, en lo que a nosotros nos ayuda es en bajar un poco más el costo, porque vendemos afuera, no aquí localmente. Entonces, cuando usted vende afuera tiene que ir a competir con grandes productores que tienen subsidios, condiciones de competitividad más elevadas que las nuestras y necesitamos los apoyos internos para poder pagar un poquito menos de impuestos», dice. 

Según un informe de 2017 de la Comisión para la Defensa y la Competencia donde se notifica la absorción de Empacadora De Productos Acuáticos San Lorenzo S. A. De C. V. a otras empresas que ahora forman parte de Grupo Granjas Marinas, la concentración de estas empresas representa un capital L 3,950 millones de lempiras.

Para el presidente de la Cámara de Comercio e industrias del Sur, Milciades Ordoñez, la industria camaronera emplea a 107 mil personas en toda la zona sur, es decir, de 160 mil empleos en total en toda la zona sur, este sector representa un 66% de ellos aproximadamente.

Además, Ordoñez señala que desde Honduras se exportan más de 100 millones de libras de camarón al año desde Honduras, lo que representa un aproximado de 380 millones de dólares en exportaciones anualmente, es decir, más de 9 mil millones de lempiras.

Protestas a favor de las camaroneras

Justo un año después de que el gobierno de Xiomara Castro cancelara los regímenes bajo los que se encontraba una de las camaroneras de Grupo Granjas Marinas, una nueva protesta ocurrió en el sur de Honduras. 

Pero esta vez no fueron las comunidades afectadas por la industria las que se tomaron las calles, sino empleados de las empacadoras de camarón, granjas camaroneras, empleados dentro de meloneras y azucareras. Los últimos en la cadena de la producción de las industrias en el sur salieron a reclamarle al Gobierno la escasez de empleo y la amenaza que podría representar aprobar una ley que quite los beneficios fiscales a sus patronos.

Los empleados, ordenados por empresarios, políticos y actores de poder en el sur, salieron en mayo de 2023 a posicionarse en contra de la Ley de Justicia Tributaria (LJT), con carteles señalando que su implementación llegaría a «empobrecer al pueblo» y que gracias a esto se perderían miles de empleos. 

Detrás de la industria del Camarón también hay vasos comunicantes con la política. Por ejemplo, entre los socios de Empacadora de Productos Acuáticos San Lorenzo se encuentran Jorge Bueso Arias, quien en vida fue dueño de Banco Occidental; Héctor Luis Corrales Barahona, esposo de Mireya Agüero de Corrales, excanciller del primer gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández; Carlos Lara Watson, exdiputado liberal en el Congreso Nacional, y Emilio Larach, un empresario del rubro de las ferreterías.

La LJT es un proyecto impulsado por el Ejecutivo desde marzo de 2023. Inicialmente, fue presentada a empresarios por el secretario privado e hijo de la presidenta Xiomara Castro, Héctor Zelaya, el exministro del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y exministro de la Secretaría de Finanzas, Marlon Ochoa, quien ahora es representante del Partido Libre en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero.

La propuesta no fue bien recibida, pero ha sido una insignia en los discursos de la presidenta, movilizaciones acuerpadas por empleados de Gobierno y cumbres internacionales en las que participa Castro. Tras año y medio sin que se conocieran avances, el pasado 15 de octubre, el Congreso sorprendió promoviendo el debate para su aprobación en medio de gritos y manifestaciones en contra por parte del Partido Nacional, la oposición en el Congreso.

A pesar de ser una institución apolítica, la Fuerza Armada también respaldó el proyecto. Días previos a que el decreto fuese presentado, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández, dijo en una ceremonia de ascensos de militares que, gracias a la Ley de Justicia Tributaria, se habían dado cuenta que al año se ha beneficiado con L 66 mil millones a un grupo reducido de 10 familias del país gracias a las exoneraciones. La Ley, sin embargo, aún no existe.

«Lo expreso audiblemente, esto me huele a influencia de un sector reducido en lo social, en lo económico y en lo político (…) en lo que corresponde a mí, es el presupuesto de las fuerzas armadas de 6 años, que es lo que no podemos hacer para el beneficio de la población con un presupuesto como ese», expresó el comandante militar. Lo anterior fue altamente cuestionado por la sociedad civil y oposición.

En el Congreso, la oposición también cuestiona que la ley es inconsulta, aunque funcionarios y activistas a favor del gobierno han dicho que el proyecto fue ampliamente socializado antes de su discusión en el hemiciclo legislativo. El exministro de la SAR, Cristian Duarte, quien ahora funge como Ministro de Finanzas, dijo que a raíz de las jornadas de socialización se hicieron 32 modificaciones al proyecto original.

El Partido Liberal, una bancada de oposición que suele conformar alianzas con el oficialismo, también rechaza la propuesta de Libre y del gobierno de Castro. Los liberales han presentado como contrapropuesta la  «Ley de Equidad Tributaria», una que permite que los regímenes actuales continúen vigentes y se agreguen otros nuevos que puedan operar de manera gradual, sin una cantidad de años determinada.

La Ley de Justicia Tributaria del gobierno propone la eliminación de los regímenes de exoneración fiscal existentes y, en su lugar, la creación de dos nuevos con un máximo de 10 años, un tiempo más reducido considerando que las Zonas Libres están vigentes hasta 2047 y el Régimen de Importación Temporal hasta 2034. Además, la Ley propone auditar a empresas exoneradas, la eliminación de posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal y eliminar el secreto bancario mediante un nuevo Código Tributario.

Los líderes de las comunidades dentro de la zona sur cuentan que los promotores de la marcha de mayo de 2023 no fueron solo los empresarios dueños y directivos de la industria del camarón en el sur, sino también las organizaciones ganaderas, acuicultores, y alcaldes que por décadas han respaldado a la industria.

Uno de los opositores a esta Ley es Víctor Wilson, exdirector ejecutivo y presidente de la Junta Directiva del Grupo Granjas Marinas. Wilson fue uno de los principales antagonistas a este proyecto, argumentando que esto traería desempleo e incertidumbre a una región ya empobrecida.

«Yo no tengo duda de que se perderán de 100 a 200 mil fuentes de ingreso en el sur si esta ley fuere promulgada tal como ha sido presentada», dijo en un foro televisivo en mayo de 2023, luego de la movilización de empleados. 

En este foro el empresario camaronero también dijo que la marcha respondía a una «zozobra muy fuerte y justificada» ante la aprobación de una normativa que, según el empresario, reduciría los empleos en esta región de Honduras.

Después de esta marcha, que fue acompañada por el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, la presidenta convocó a un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para la investigación y sanción de los actores que impulsaron la protesta.

Para Enemías Velásquez, el mensaje de esta protesta fue simple: mañana no vas a trabajar, pero te ganas tu día en la huelga. Según el presidente de la organización, es un hecho que esta industria, junto a la exportación de azúcar, melón y okra, son las pocas, casi únicas, que generan empleo en el sur, y por esto es razonable el miedo a la pérdida de empleo y al cierre de las empresas, como han amenazado los magnates.

«Son empleados a los que les dicen “miren, si se aprueba esta ley usted ya no va a tener trabajo” y así se siembra temor, pues es el sustento de su hogar, su quincena o su pago diario, esas son las necesidades que hay en Honduras», dice.

Solo en la comunidad donde él habita, en El Quebrachal, ocho  personas han huido a Estados Unidos en busca de trabajo y oportunidades en lo que va del año. Una de estas personas es su sobrino recién graduado del colegio. Se fue ante la desesperación de no encontrar empleo en esta zona. En algunos casos, Enemías cuenta que familias enteras se han ido «buscando ese sueño», pero, aunque existan quienes lo han alcanzado, hay otros que han regresado luego de vender su casa para costearse el viaje.

«Aquí, hace 10 o 7 años para atrás, nadie pensaba en irse a los Estados Unidos, eso fue en estos últimos años. Yo a todos mis hijos los críe de pesca, me internaba en la pesca y pesábamos (camarón y pescado) cada cuatro días, ahí hacíamos como 7, 500 lempiras. Ahora se van los pescadores y no ajusta ni para la gasolina, así es de precaria la pesca en el golfo», señala.

Para el economista Julio Raudales, la propuesta del gobierno no ordenará las fallas que existen en el sistema de exoneraciones actual, más bien, califica al proyecto como una Ley que no es pragmática.

«Para mí, en términos políticos, es un proyecto de ley que no busca la equidad tributaria, sino lo que busca es vengarse de quienes les dieron el Golpe de Estado».

Pero también están los que respaldan la iniciativa. A finales de julio, un grupo de 85 economistas nacionales e internacionales mostraron su respaldo hacia el proyecto de Ley, señalando a la propuesta como una alternativa para la reducción de las desigualdades en Honduras, el apoyo social y económico para el desarrollo y para cerrar lagunas fiscales que desencadenan menos ingresos para el Estado.

Uno de los firmantes en este comunicado es Mauricio Díaz Burdett, coordinador general del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), una organización que ha apuntado la necesidad de aprobar una nueva ley que revise, analice y regule las exoneraciones fiscales que otorga el Estado acompañado por un Pacto Fiscal con medidas para corregir la regresividad fiscal, claridad sobre el uso de información sobre fines fiscales e implementar medidas para reducir la evasión fiscal.

Según cifras del Servicio de Administración de Rentas (SAR) citadas en el informe, la evasión fiscal en el Impuesto Sobre la Venta pasó de 27.7% en 2017, a 36.7% en 2020. En el caso del impuesto Sobre la Renta, la evasión fiscal alcanzó un 61.6% en 2016.

Un cóctel de sangre

Modesto Ochoa sentencia que la pesca artesanal ha sido un oficio ignorado, un oficio que, a pesar de existir desde antes de la industria camaronera, ha sido desplazado a conveniencia de quienes tienen el poder en esta región del país. Ante esto, cuestiona cómo al otro lado del mundo personas degustan camarones exportados desde empresas que han sido autoras de violencia, represión y expulsión de los pescadores en los humedales.

Según datos del Servicio Nacional de Sanidad (Senasa), Honduras exportó más de 30 mil toneladas de camarón a 17 países en 2023. El país que más recibió camarón hondureño el año pasado fue México con 9.92 mil toneladas, seguido de Taiwán con 9.71 mil y Guatemala con 2.6 mil.

El año de mayor bonanza fue 2017 con más de 6 millones de toneladas, y Estados Unidos figuraba como el principal receptor de camarón hondureño ese año, después de Alemania y España. Pese a la distancia entre una cosecha y otra, hasta 2023 el camarón sigue siendo el cuarto producto de mayor exportación en Honduras, según datos oficiales. 

Roger Reyes de Coddeffagolf señala que la cosecha de camarón se ha industrializado hasta el punto en el que es insostenible para un pescador artesanal hacerla, lo que ha ocasionado que poco a poco las grandes empresas sean quienes obtengan más lagunas y más territorio.

«La pesca de camarón no es una actividad para pobres, es una actividad para inversionistas, entonces, las desigualdades que existen son enormes. Existen emprendedores que quieren salir adelante produciendo camarón, pero al final mantener una laguna de 10 hectáreas los asfixia financieramente. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Comprarles», explica. 

Modesto continúa alzando una denuncia. «Las experiencias que hemos vivido en el Golfo no ha sido tan fáciles, nos ha tocado acompañar a familias que han sido intimidadas y pescadores que han sido atacados por militares o por parte de la seguridad que tienen las empresas camaroneras, mientras en Estados Unidos, en Europa y en otros países del mundo están consumiendo un cóctel de camarones bañado con sangre».

Una de las hieleras que contiene los camarones recolectados por los pescadores en las orillas del estero La Barillosa. 27 de junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Para los pescadores al sur de Honduras es justo que se aplique una ley que promete exigir a los empresarios el pago de impuestos, pero creen poco probable que esto beneficie a las comunidades que por décadas han estado sumidas en la pobreza.

«Muchos han migrado hacia Estados Unidos, España y hacia otros países de Centroamérica, entonces cómo es posible que se crea que esto va a mejorar.  Choluteca, por ejemplo, se ve que ha crecido en infraestructura y comercio, porque los recursos y la riqueza están divididas en pocas manos.  El problema en el país es que políticos, alcaldes y diputados han sido accionistas de la industria del camarón, entonces no es posible que esto cambie, lo que resta es el empoderamiento de las comunidades locales para hacer prevalecer la justicia social y ambiental», reclama Modesto.

En México las desapariciones siguen incrementando exponencialmente. Las autoridades, lejos de hacerse cargo del problema, decidieron sacar a miles de desaparecidos de las cifras oficiales y declarar que otros tantos habían desaparecido porque sí. ¿Seguirá Sheinbaum la retórica impulsada por la llamada “Cuarta transformación” u honrará finalmente las promesas –hasta ahora vacías– de su antecesor?

por Chantal Flores

Los colectivos de familiares de personas desaparecidas han exigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, que tomó posesión el 1 de octubre, abrir un diálogo nacional para construir una agenda de búsqueda. A un mes de haber asumido la presidencia, este llamado aún no ha sido atendido. Mientras tanto, colectivos de Oaxaca, en el sur del país, han creado un portal para llevar un registro independiente sobre los casos de desaparición. Entre los graves problemas que aquejan a México, la crisis de desapariciones es sin duda una de las más urgentes. El gobierno de la Cuarta Transformación, del que Sheinbaum es sucesora, ha optado por ocultar la magnitud de la crisis  maquillando las cifras oficiales, dejando a miles de familias sin respuestas y retrasando la búsqueda inmediata.

En diciembre de 2023, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció los resultados de un nuevo censo sobre personas desaparecidas, el cual había alcanzado en 2022 la devastadora cifra de 100,000 personas reconocidas oficialmente como desaparecidas. Entre los nuevos datos, se aseguraba que 16,681 personas habían sido localizadas y que al menos 93.2% de las ausencias se debieron a motivos no relacionados con la delincuencia. Es decir, las personas se habían ausentado por decisión propia, ya sea por problemas personales o por alguna enfermedad mental. 

Otros datos que arrojaba la depuración del Registro Nacional de Personas Desparecidas y No Localizadas (RNPDNO) eran que algunas personas no estaban desaparecidas, sino que se encontraban en sus casas (3,945), en centros penitenciarios (197), o incluso habían fallecido (4,134). Sin embargo, las autoridades no proporcionaron evidencia de cómo se comprobó que estas 3,945 personas estuvieran efectivamente en sus hogares, ni aseguraron que los cuerpos de las 4,134 personas fallecidas fueran entregados a sus familiares. Asimismo, no explicaron por qué no se verificó de manera exhaustiva que las 197 personas se encontraran en prisión. 

Además, el nuevo censo aseguró que había “indicios importantes” de la localización de 17,843 personas. Luego, se presentaron datos más confusos, como que al menos 36,000 casos no contaban con indicios para su búsqueda. En conclusión, de las más de 100,000 personas, sólo 12,377 seguían desaparecidas. 

Un gobierno que había llegado al poder con la promesa de ejecutar recursos ilimitados para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en todo el país, ahora no solo minimizaba la gravedad de esta crisis, sino que además implementaba políticas que obstaculizan la búsqueda y desaparecen a las personas hasta del registro oficial. Aquella promesa, que renovó la esperanza de miles de familias, incluidas las centroamericanas que buscan a sus familiares desaparecidos en territorio mexicano, quedó incumplida, demostrando una vez más la falta del compromiso del gobierno con la búsqueda de los desaparecidos. 

“Él se comprometió en la búsqueda de los migrantes y ya cuando llegó al poder se le olvidó de la promesa que le hizo a los migrantes y a las familias”, me dijo Bertila Parada en la marcha del 10 de mayo que realizan miles de familiares de todas partes del país en la Ciudad de México por motivo del Día de las Madres.

Parada es madre de Carlos Alberto Osorio, un joven salvadoreño de 27 años que, en 2011, emprendió el camino hacia Estados Unidos. Casi dos años después, los restos de su hijo fueron encontrados en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas. A pesar de que encontró a su hijo, Parada sigue en la búsqueda de justicia y apoyando a otras madres centroamericanas. Como integrante del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), sigue exigiendo la búsqueda de migrantes desaparecidos.  “[Las autoridades mexicanas] nunca han encontrado a nadie”, reclama Parada. 

Ante la inacción del Estado mexicano, familiares de las víctimas han tomado la iniciativa de buscar a sus seres queridos, dando origen en los últimos diez años a un poderoso movimiento de familias a nivel nacional. Mientras el gobierno agrava el dolor de muchas de estas familias al borrar nombres, ellas siguen exponiendo la negligencia, apatía, y falta de voluntad política para reconocer que en México se sigue perpetuando la desaparición forzada de personas. 

Esto ha traído un nuevo término a nuestro lenguaje cotidiano: “madres buscadoras”. Con esta etiqueta, nos referimos a aquellas mujeres que, ante la desaparición de sus hijos e hijas, se han convertido en incansables investigadoras. Escudriñan fosas clandestinas, excavan en cerros y desiertos, y rastrean hospitales, prisiones, y zonas rojas en busca de cualquier rastro de vida. Ante la ausencia del gobierno, han asumido la dolorosa tarea de buscar, incluso debajo de la tierra

Detrás de las madres que buscan, también hay muchas familias que aún no denuncian o que se han resignado a no volver a ver a un ser querido. Ya sea porque no confían en que las autoridades vayan a investigar, o porque temen represalias que puedan afectar aún más a la familia. 

La estigmatización social que rodea a las personas desaparecidas continúa siendo un obstáculo significativo. “¿En qué andaba metido?” se escucha frecuentemente ante la desaparición de una persona como si fuera justificable la ausencia de esa persona. Inmediatamente se les vincula con actividades ilícitas o con el crimen organizado, lo que genera una pregunta sumamente dañina: ¿qué tan inocente debe ser una persona para merecer ser buscada?

Esta estigmatización no solo revictimiza a las familias, sino que también dificulta enormemente la búsqueda, perpetuando la impunidad. En Culiacán, Sinaloa, por ejemplo, donde dos facciones del Cartel de Sinaloa llevan más de un mes disputándose el control, hay ya más de 200 personas desaparecidas. Sin embargo, colectivos de familiares como Sabuesos Guerreras denuncian que no se les busca porque son consideradas parte de estas facciones, aunque algunas de estas personas fueron desaparecidas después de quedar atrapadas en medio de la violencia. 

“No son cifras, son personas”, se escucha a menudo en las marchas realizadas por familiares de personas desaparecidas en diversos puntos del territorio mexicano. Si bien las cifras nunca podrán transmitir la vida de cada individuo o individua detrás de ellas, la transparencia y rigurosidad con las que se recolectan y analizan los datos son fundamentales, no sólo para la búsqueda de personas desaparecidas, sino también para prevenir este grave delito y exigir justicia.

Aunque muchas familias aún albergan la esperanza de que la presidencia de Claudia Sheinbaum retome algunas de sus propuestas, las acciones concretas, o mejor dicho, su ausencia, demuestran que no es así. A finales de octubre, la presidenta declaró que en Chiapas, al sur del país, no existe una guerra civil después del asesinato del sacerdote e indígena defensor de las comunidades Marcelo Pérez. Los pueblos originarios, junto con organizaciones civiles, han denunciado el riesgo constante de desapariciones, reclutamiento forzado y trata, ante la violenta disputa territorial entre grupos del crimen organizado. 

Este discurso oficial que elude y niega la realidad de las desapariciones no solo menosprecia el dolor de las familias, sino que invisibiliza una problemática que exige atención urgente.  Comprender las causas, los contextos y las consecuencias de la desaparición es una tarea compleja que avanza a paso lento, impulsada casi exclusivamente por la inquebrantable lucha de las familias. Una y otra vez, estas familias demuestran que las desapariciones no son casos aislados, sino una práctica sistemática que persiste a pesar de los intentos del gobierno por minimizarla. Aunque el gobierno siga orquestando una estrategia de evasión, la realidad continúa recordándonos cada día que las ausencias son ruidosas.

*Periodista independiente originaria de Monterrey, México. Se dedica a investigar el impacto de la desaparición forzada en América Latina y los Balcanes, además de cubrir temas como violencia de género, derechos humanos y migración. Su trabajo ha sido publicado por medios internacionales como Rest of World, Al Jazeera, L.A. Times, Yes! Magazine, The Verge, y Foreign Policy. Autora de Huecos: Retazos de la vida ante la desaparición forzada (Dharma Books).



Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual Contracorriente forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.

Fotografías y texto por Maryoriet Rosales

En Tegucigalpa, los grafitis y murales en las calles han comenzado a surgir como texto de nuestras realidades urbanas, y sirven como un recuerdo constante del contexto político y patriarcal en el que vivimos las mujeres.

En el Centro Histórico, que está siendo reparado por máquinas, intentando redefinir su abandono, las paredes que gritan «No más femicidio» se convierten en un observatorio de las violencias contra las mujeres. Honduras es un país donde cada día una mujer muere violentamente a manos de un hombre; sin embargo, el 98 % de los feminicidios permanecen impunes. A diferencia de los asesinatos u homicidios, estos crímenes suelen suceder en el hogar como resultado de la violencia de género y las dinámicas de abuso que nuestra sociedad tiende a perpetuar

A pocas cuadras de allí, una campaña feminista nos recuerda que esto no es un «crimen pasional», como han retratado los medios locales durante años, sino una manifestación más de la violencia patriarcal que se propaga por el país como un virus corrosivo.

En la misma fotografía se reflejan una diversidad de mensajes, entre ellos cómo la prohibición de la PAE (píldora anticonceptiva de emergencia) representa un golpe contra las mujeres. Este juego de palabras alude a una medida impuesta durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti, quien, por prejuicio o desconocimiento, la consideró erróneamente un método abortivo y la prohibió durante trece largos años. Así, Honduras se convirtió en el único país del continente americano con esta restricción hasta 2023.

Cerca del aeropuerto Toncontín, encontré algunos de los nombres de niñas y mujeres que han sido brutalmente asesinadas y que representan los feminicidios sin resolver en este país. Aunque el Estado las haya olvidado, nosotras no. Ahí también había un mural sobre Keyla Martínez, una chica cuya historia sigue conmocionándonos. Keyla fue víctima de un femicidio estatal que ahora se encuentra en la impunidad; el único acusado quedó en libertad a inicios de este año. Mientras la comunidad continúa de luto por su injusta partida, las autoridades siguen amparándose en un Estado que les protege de sus múltiples abusos.

Cerca del Estadio Nacional, hay un mural de tres mujeres que, bajo el lema «Mi trabajo sostiene tu vida, nuestros derechos sostienen la mía», invita a reflexionar sobre el trabajo doméstico no remunerado. Esta obra denuncia la enorme desigualdad que persiste en Honduras, donde las mujeres representan, casi de manera exclusiva, la población dedicada al trabajo doméstico y de cuidados. Lo hacen en un contexto sin protección legal, ni beneficios sociales y médicos; un contexto que promueve la desigualdad, discriminación y abuso. Junto a este mural, otra ilustración muestra las piernas de diversas mujeres con la palabra «piropo», un término paradójico porque se utiliza como sinónimo de cumplido, y así normaliza lo que en realidad es: el acoso callejero.

En otros callejones de la ciudad, y en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), se repite la imagen de unos ojos de mujer con el mensaje «Yo no quiero ser violada». Un resultado del clamor de las estudiantes, que incluso temen ir solas al baño por el alto riesgo de sufrir violencia sexual en las instalaciones de la universidad. Es tan irónico como alarmante que, en una institución de educación superior, tengamos que recordar algo tan básico como que las mujeres no se violan.

Las paredes de Tegucigalpa se prestan para narrar nuestras vivencias, evitando que estas se borren de la memoria colectiva. Estos grafitis representan fragmentos de nuestras historias. Representan un reflejo de la vida cotidiana y política de las mujeres hondureñas.

Quizás hemos comenzado a expresarnos por muros, ya que hemos sido silenciadas de los demás espacios. Estos temas se consideran «demasiado intensos» o «demasiado incómodos» para la mayoría de las personas. A pesar de ser una realidad ineludible para nosotras. Al hablar de estos miedos e injusticias, somos tachadas de revoltosas o, peor aún, de «feminazis», un término peyorativo e ignorante popularizado por sectores conservadores para desprestigiar las luchas feministas. Mientras la situación no cambie, las calles de Tegucigalpa seguirán gritando nombres y exigiendo justicia. Los muros son ahora testigos y portavoces, escribiendo la verdad que algunos insisten en ignorar.

Siete plantas maquiladoras han anunciado cierres en el sector norte del país para el segundo semestre del año 2024, lo cual significa la pérdida de al menos 7,000 empleos, que se sumarán a unos 30,000 que ya se habían perdido entre 2022 y 2023. Mientras tanto, obreros y obreras denuncian el incumplimiento de derechos laborales, y sus protestas son respondidas por el Estado con represión y exclusión de los procesos de negociación. 

Texto y fotos: Allan Bu

«Devuelva el dinero, no queremos problemas, la situación está perra», dice un cartel pegado en la cortina metálica de las oficinas del Ministerio del Trabajo en San Pedro Sula. El letrero fue colocado por exempleados de la maquila Delta Cortés, que cerró operaciones en Honduras sin garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. El mensaje estaba dirigido a los representantes del sindicato, a quienes acusan de coludirse con la empresa para afectar sus intereses. 

La protesta de los trabajadores retrata la desprotección de la que son víctimas en el país, pues una transnacional extranjera cerró operaciones y, sin más, dejó en la calle a más de 3,000 empleados. Otro análisis obligatorio de esta protesta es la crisis de empleo que se vive en el país. La empresa privada asegura que en los últimos dos años se han perdido cerca de 40 mil puestos de trabajo, la mayoría en la industria maquilera. 

En una protesta frente al Ministerio del Trabajo estaba José, un joven de 25 años, oriundo de Pimienta, Cortés, en el norte de Honduras. Laboró por siete años en Delta y espera que le respondan por sus derechos. «No es justo que ellos se vayan así y nos dejen en el aire, porque dígame, ¿quién me va a pagar esos años que me partí el lomo? Hay gente con dictamen médico y tienen problemas en la columna, en los hombros, y ya no pueden trabajar. Tenían 20 o 25 años de trabajar ahí», contó. 

José relató que Delta atropelló sus derechos de muchas formas, pues desde hace cuatro meses estaban suspendidos sin goce de salario. «No podía trabajar en otro lugar porque si lo hacía perdía mis derechos. Además, cuando íbamos a otro lugar nos decían que estábamos activos en un sistema y no podíamos laborar», se lamentó.

El personal de Delta Cortés colgó varias pancartas en las oficinas del Ministerio del Trabajo; en una de ellas le reclamaron al ministro Wilmer Fernández por abandonar a los trabajadores. San Pedro Sula, 15 de octubre de 2024. Foto CC / Allan Bu.

Al finalizar esa suspensión de 120 días, cuando el personal de Delta retornó a sus puestos de trabajo les notificaron de forma verbal que la empresa había cerrado operaciones, sin pagarles prestaciones laborales. Durante varios días, los afectados protagonizaron tomas frente al parque Industrial Zip Buena Vista, el lugar donde operaba Delta Cortés. En una ocasión fueron desalojados violentamente por la Policía Nacional. Una de las trabajadoras se desmayó por los golpes recibidos. 

Después de varios días de protestas, el Gobierno anunció una reunión tripartita entre los representantes de los trabajadores, el Ministerio del Trabajo y la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM). En esta reunión radica la razón por la que José y sus compañeras estaban protestando frente a las oficinas de la Secretaría del Trabajo. Ellos no se sienten representados por el sindicato, y les achacan que los han afectado en sus derechos; en cambio, unos mil trabajadores delegaron su representación en el abogado Pedro Mejía, del Bufete de Estudios para la Dignidad, pero este profesional no fue aceptado en la reunión encabezada por el ministro del Trabajo, Wilmer Fernández. 

«Están haciendo negocios con alguien que no nos representa; ellos nos han dado la espalda, tanto en las calles como tomando acciones con las que no estamos de acuerdo. Ya una vez nos jodieron y lo están haciendo otra vez», dijo José.

El abogado Mejía explicó a Contracorriente que ya se han presentado demandas judiciales en contra de Delta Cortés para reclamar el pago de los derechos laborales e indemnizaciones de los trabajadores. 

Mejía sostuvo que en este momento la población trabajadora ya tiene certeza del cierre de la empresa y la pérdida de su empleo, pero  «no hay certeza ahora mismo si se va a lograr saldar el pago de los derechos  que les corresponden. Hay un procedimiento para que se embarguen los bienes de la empresa». 

Sin embargo aclaró que no hay certidumbre acerca de cuáles son los bienes de la empresa, ni si estos tienen el valor suficiente para cubrir el pago de prestaciones laborales para casi 1,500 trabajadores. 

Más de 1,000 trabajadores no se sienten representados por el sindicato de Delta Cortés y por eso se tomaron las oficinas de la Secretaría de Trabajo. San Pedro Sula, 15 de octubre de 2024. Foto: cortesía del Bufete de Estudios para la Dignidad.

En el país ya han cerrado decenas de maquilas. Las estimaciones de la AMH señalan que al final del 2024 siete empresas maquiladoras habrán concluido operaciones, dejando sin empleo a unos 7,000 mil trabajadores, mientras que en 2023 se habían perdido otros 15,000 puestos de trabajo. Según esta asociación, a junio de 2024 el sector maquilero había generado 155,000 empleos. 

La economista Telma Villeda, en una entrevista con este medio, analizó la situación y dijo que con la partida de las maquilas, aparte de perder puestos de trabajo, baja la entrada de divisas al país y se pierden empleos indirectos en rubros como el transporte,  alimentación y el sector de servicios. 

¿Por qué se van?

Por un lado, las autoridades del Gobierno dicen que las maquilas se están yendo por la recesión económica en Estados Unidos, donde la demanda de ropa es menor. El gremio empresarial, por su parte, aduce que la fuga de empleos se debe a la confrontación que libra el Gobierno contra la empresa privada, que según ellos ha afectado el «clima de inversión» en el país. 

En tanto, María Luisa Regalado, coordinadora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh), sostiene que en el sector maquilador el fenómeno de cierre de plantas no es extraño, y considera que este hecho esconde otra realidad. «Lo que hacen es cerrar las plantas, pero no la razón social. Aunque ellos digan que cierran y se van, no es cierto. Eso es un error, hay que aprender a dar una lectura diferente. Nosotros que tenemos más de 35 años de estar en esta lucha [lo sabemos]», sostuvo. 

Regalado recordó que en el 2020 hubo una situación similar de pérdida de empleos, en la que hubo cierres, suspensiones y despidos masivos, pero que luego se recompusieron y se recuperaron. «Eso lo hacen rápido, tienen una varita mágica. Nosotras sostenemos que lo que usa la maquila es una estrategia, dizque cierran operaciones y no lo hacen oficialmente, pero lo hacen verbalmente con las trabajadoras. No están utilizando los procedimientos adecuados», dijo.

La activista por los derechos laborales explicó que hay ejemplos que le dan validez a su teoría. Uno de los casos que mencionó es el cierre de la planta de Gildan Activewear San Miguel, perteneciente a la transnacional canadiense Gildan. «Sigue existiendo en Honduras; ahorita Gildan Activewear está impugnando los dictámenes de calificación de enfermedades profesionales que está emitiendo la Secretaría de Trabajo. ¿Cómo va a poder impugnar dictámenes una empresa que cerró operaciones? La figura jurídica existe y pueden existir otras».

Además, recordó que la fábrica Pride Manufacturing del Grupo Karims supuestamente cerró operaciones y despidió a sus trabajadores, «pero las obreras manejaban que se estaba instalando otra empresa ahí, y el año pasado, usted se dio cuenta que hasta la presidenta de la República viajó a inaugurar una planta del Grupo Karims, y no era que estaba trayendo fuentes de empleo, estaba reponiendo algunas puestos de trabajo que tenía gente que dejó en la calle. Ahora tiene nuevos empleados», dijo.  

Añadió que en el 2010 hubo otro fenómeno muy parecido al actual, en el que se cerraron empresas y despidieron trabajadores. «Se iban todos para China», dice con ironía. «Es una estrategia usada una y mil veces», reafirma.

El empresario Eduardo Facussé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, estuvo de acuerdo en que el sector de la maquila generalmente cierra unas empresas y abre otras. «Es lo normal, todos los años ha sucedido, pero lo que hemos visto este año es que se cierran unas y no abren otras más», dijo. 

Manifestó que esas aperturas se están dando en otros países, y que a su juicio el país está apartando la inversión por cambios en las reglas de juego, como la propuesta de Ley de Justicia Tributaria que promueve el actual Gobierno. Afirmó que esos son «ataques en forma política que han hecho a las exoneraciones».

«A mí me dio mucha tristeza escuchar al general Roosevelt Hernández referirse a que había 66 mil millones de lempiras en exoneraciones. Él no se da cuenta que solo 8 % de esa cifra es para las empresas, lo demás es destinado a la canasta básica, energía eléctrica y otro montón de cosas que no tienen nada que ver con las empresas. Hay cosas que entristecen, cómo se ha envenenado el tema de las exoneraciones. Al final, si hay alguien que no está cumpliendo con lo que se requiere, hay que sancionar», dijo el dirigente empresarial. 

Las maquilas operan bajo un régimen especial denominado Ley de Zonas Industriales de Procesamiento para la Exportación (ZIP). Las empresas que se adhieren a esta ley están totalmente exoneradas por un período de 20 años de los impuestos nacionales y municipales, pero estos beneficios cambiarían con la Ley de Justicia Tributaria impulsada por el Gobierno, que entre otras cosas dejaría el período de exoneraciones en cinco años, con opción a renovarlo.  La propuesta de ley no contempla el final de las exoneraciones, sino que propone derogar algunos regímenes de los 18 existentes y la creación de dos instrumentos, uno para la inversión nacional y otro para la extranjera.

La industria maquiladora creció exponencialmente en el país entre 1990 y 1996, cuando el número de fábricas creció de 26 a 200. También crecieron los abusos: sueldos precarios, largas jornadas laborales sin recesos, hacinamiento en los espacios de trabajo y mal clima laboral. A las maquilas siempre se les ha conocido como la «industria golondrina», porque pueden abandonar un país de un momento a otro, como lo hizo la corporación Delta Apparel. 

Un artículo publicado en abril por el sitio Centroamérica 360 señala que en la región, desde junio de 2022 a la fecha de publicación, se habían perdido más de 82,000 empleos en la industria textil, de los cuales 8,000 corresponden a Guatemala, 18,000 a El Salvador, 18,000 a Nicaragua, y en Honduras superan los 38,000. Estas maquilas estarían migrando a países asiáticos, a mercados como Vietnam, Tailandia o Bangladesh, debido a los bajos salarios que perciben los obreros en estos países. 

Otro ejemplo de la pérdida de empleos está en Ciudad Juárez, un enclave maquilador en México, donde en junio de 2024 se perdieron casi 20 mil puestos de trabajo. En los últimos dos años en esa ciudad se perdieron 55,000 empleos.  

La economista Telma Villeda afirmó que, en general, las maquilas se van porque hay una recesión mundial, pero dio luces para entender por qué algunas de esas empresas se van o podrían irse a Nicaragua, país que también ha perdido empleos. Una de las razones que destacada es que los niveles de violencia en ese país son menores a los nuestros, y también tiene población bilingüe, que es indispensable en algunas áreas de estas empresas. Otro punto a favor del país vecino es el salario, que allá es de 310 dólares mensuales, y en Honduras ronda los 450 dólares. Y aquí cabe una comparación con Bangladesh, donde la remuneración de los trabajadores es de aproximadamente 90 dólares. 

El clima de inversión

El empresario Eduardo Facussé reconoce que hay una recesión mundial que está afectando la demanda, pero también sostiene que en países cercanos, como Guatemala y Nicaragua, hay nuevos puestos de trabajo; sin embargo, insiste que en Honduras no se reemplazan los puestos de trabajo que se han perdido, y agrega que no es un tema exclusivo de la maquila. «Mirá la situación con el camarón; por todos lados hay problemas, no es un tema que solo afecta a la maquila. Se está importando más, el déficit comercial se ha ampliado y por eso no hay dólares. Por eso corrieron a hincársele al Fondo Monetario Internacional, y de ahí viene esa subida de la Tasa de Política Monetaria (TPM); les dijeron, “si quieren dinero, ahí están las condiciones”». 

«Sobre el clima de inversión, hay una analogía que se hace en el círculo empresarial: el dinero es como el venado, con el menor ruido se asusta y se va. Así es la inversión, con poco ruido se espanta. Es normal, el dinero tiene que estar seguro y hay muchos países que te ofrecen condiciones más estables que la que ofrece Honduras en este momento, porque no sabemos qué camino es el que llevamos», afirmó.  

En su opinión, hay señales en este período de Gobierno que hacen al inversionista buscar otras opciones. Sobre las exoneraciones, dio a entender que no es bueno cambiar las reglas: «No porque se te mete una cucaracha a la casa vas a quemar la casa, no, hay que matar la cucaracha y salvás la casa, pero están reinventando todas las reglas del sector externo, como si el mundo se va adaptar a Honduras y no, somos nosotros los que nos tenemos que adaptar al mundo», dijo. 

Hasta el momento, la población trabajadora no ha tenido respuesta, después de cinco meses sin recibir salario. San Pedro Sula, 15 de octubre de 2024. Foto CC / Allan Bu.

La economista Telma Villeda, por su parte, consideró que para la atracción de inversión extranjera, si se mejoran las condiciones de seguridad y la imagen del país, ahora tan marcada negativamente por el narcotráfico y la corrupción, las inversiones desde el extranjero pueden mejorar. 

El Gobierno de Xiomara Castro anunció que de enero a octubre de 2024 hubo una reducción del 25 % de muertes violentas. A través de la red social X, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció una reducción respecto a los homicidios en 2024: «Se espera que 2024 cierre con una tasa de homicidios de 26.7 por cada 100 mil habitantes, frente a los 34 por cada 100 mil del año anterior», afirmó.

Sin embargo, el país sigue sumido en la zozobra de las extorsiones, que afectan especialmente a pequeños negocios y el transporte. Desde el 6 de diciembre de 2022, Honduras está bajo un estado de excepción, que desde las comunidades se ve como una medida ineficiente. En noviembre de 2024, Contracorriente publicó un reportaje donde revela el aumentó en las denuncias de desapariciones forzadas en este contexto. 

La contradicción

María Luisa Regalado cree que las amenazas de más cierres de empresas maquiladoras se dan porque están ejerciendo presión para que no aprueben la Ley de Justicia Tributaria, que ha confrontado a la empresa privada y al Gobierno.

Al referirse a los problemas de salud que la maquila ha provocado en la población trabajadora, la coordinadora de Codemuh dijo que «en esas fábricas hay hospitales», y agregó que «el sector maquilador lo que quiere es continuar explotando a la población, echar a la  calle a la gente que ya no le sirve, porque la ven como cosas desechables, y van a volver a reabrir con otra razón social y con personas nuevas». 

Una de las transnacionales que ya habría anunciado a sus empleados el cierre de tres plantas en Honduras es Hanes Brands, que dejaría a unas 2,400 personas sin empleo. La razón es que la corporación vendió la marca de ropa Champions y está reorientando su negocio. Esta empresa también tiene operaciones en República Dominicana, El Salvador, Vietnam y Tailandia. 

Sobre la corporación Hanes Brands hay un detalle interesante: la apoderada legal es la abogada Pamela Blanco, esposa del ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, y también vinculada al Grupo Emco, propiedad de Lenir Pérez.

Regalado sostiene que la actitud de la abogada Blanco siempre ha sido soberbia e inhumana durante los años que ha representado a la maquila. «Ella dice que la empresa no tiene corazón. Le estábamos pidiendo sensibilidad porque era el caso de unas trabajadoras que tenían problemas de salud, y queríamos que las reintegraran, pero simplemente les dijo: “No hablemos de sensibilidad humana, porque no habrá”», lamentó Regalado. 

La actitud es reprochable, más si viene de la esposa de un alto funcionario de un Gobierno que ha pregonado luchar y trabajar por los intereses del pueblo y los más vulnerables. «Pero personas como Pamela Blanco y, a lo mejor su esposo, no van a refundar, van a refundir el país, no es posible hacerlo como esas empresas que ven a las trabajadoras como seres desechables, como cosas que no sirven», dijo Regalado con tono enérgico. 

En una de las protestas de los empleados hubo represión de la Policía Nacional. Una obrera fue brutalmente golpeada frente a Zip Buena Vista. Villanueva, Cortés, 7 de octubre de 2024. Foto CC / Allan Bu.

La población trabajadora siempre ha estado desprotegida. Junto a un pequeño muro frente a las oficinas del Ministerio del Trabajo en San Pedro Sula, Miriam y «La Vieja», dos extrabajadoras de Delta Cortés, conversan sobre las acciones que seguirán tomando y las penurias que han pasado durante cuatro meses sin salario, y ahora sin trabajo.

«La Vieja» sostiene en sus manos un cartón con el mensaje escrito al inicio de esta historia. Habla de la confabulación del sindicato con la empresa y le pide al ministro Wilmer Fernández que las escuchen. Una de sus compañeras llega y le entrega un billete. «Así pasamos, porque estamos todos en la lucha, y la que puede ayuda a la que no tiene. Ha sido muy duro», dice «La Vieja». Su mirada parece perdida en las penurias que le han dejado la irresponsabilidad de una empresa y la desprotección estatal. 

Por Laura Díaz Arita

Nunca supe qué pasó con su cuerpo: si le hicieron una autopsia, si la enterraron, o si la metieron en un frasco para exponerla en un laboratorio. Tampoco supe cuál fue la causa exacta de su muerte. Yo tenía 17 años y solo quería olvidar. Ahora, años después, me arrepiento de no tener una tumba en dónde visitarla. Aún me corroe la curiosidad por saber qué fue lo que pasó, y la culpa no ha ido mermando con el tiempo. Cada año celebro su cumpleaños en silencio, resignada y agradecida, porque con su muerte yo volví a la vida.

Esa noche no pude dormir. Tenía muchas náuseas y un leve dolor de espalda que iba y venía, así que me vestí, agarré mi maleta, y salí a la calle a parar un taxi. No había tráfico y eso me permitió llegar rápido al hospital. Me pasaron a un consultorio y me dieron una bata ligera, gastada y con olor a lejía. Estaba oscuro, hacía frío. El silencio tenebroso fue interrumpido por una enfermera que me abordó con una máquina de ultrasonido, y un doctor que tenía cara de desvelo.

Sentí el gel frío, mientras el doctor frotaba mi barriga con el sensor y miraba la pantalla con detenimiento, una y otra vez, hasta que me preguntó con voz seca:

―¿Hace cuánto no se te mueve la bebé? 

La sentí esta mañana ―le contesté muy tranquila.

―¿Usas drogas? ¿Alcohol? ¿Sufriste alguna caída fuerte, o te golpeó tu pareja durante el embarazo? 

Le dije firmemente que «no», y empecé a asustarme. Nadie me había preguntado esas cosas antes.

Estaba sola, tumbada en la camilla, semidesnuda, descalza, y completamente incómoda. El doctor terminó con el interrogatorio, y me dijo sin reparo:

―No hay latido, tu bebé está muerto.

Por un instante no entendí lo que me decía. Él notó mi desconcierto y siguió hablando:

―Te induciremos el parto y, una vez que el feto esté fuera, podemos ver qué es lo que ha pasado. ¿Tienes alguna pregunta? 

No dije nada. Imagino que el doctor supuso que lo entendía todo.

Me llevaron a una sala blanca y grande, donde había otras mujeres con las mismas batas. Todas ellas, compungidas por el dolor, arrastraban la vía intravenosa mientras caminaban de un lugar a otro. Otra enfermera me puso suero, mientras me indicaba:

Te hemos puesto la hormona para el parto, por lo que los dolores que sentirás serán muy fuertes.

Las horas pasaban y sufría de contracciones intensas, pero inservibles, porque apenas dilataba; al ser un hospital público, la epidural no estaba dentro del presupuesto. Me retorcía del dolor y del cansancio, mientras vomitaba flemas incoloras, y lloraba de desilusión. De la nada, escuché una voz desconocida que me gritaba «camina». Era una señora que no sufría ningún dolor aparente; se apreciaba que tenía experiencia. Le hice caso, me paré, e intenté caminar. Al sentir el esfuerzo, mi útero necio al fin entendió, y de pronto, expulsé mucho líquido denso, y unos coágulos rojos bien grandes y calientes que se deslizaban por mis piernas.

―¡Al fin!», gritó la enfermera, que me miraba del otro lado del pasillo. 

Corrió hacia mí, me tomó y despacio me sentó en una silla, subiendo mis piernas en unos brazos de metal. El doctor llegó de inmediato. Yo resistía, sudaba y lloraba. En el último minuto me había resignado a vivir.

El doctor cortó con un bisturí algo en mi entrepierna y me gritó que pujara. Sentí una explosión, escuché el sonido del líquido que caía en el suelo y, exhausta, expulsaba el cuerpo sin vida de mi bebé. Inmediatamente, me cubrió un alivio casi celestial.

Hubo silencio por unos segundos, hasta que el doctor empezó a enumerar: 

―Es una niña, de peso, tamaño y color normal, ninguna deformación evidente, el cordón umbilical enrollado en el cuello, placenta normal ―y luego concluyó―: Hora de la muerte: ocho de la noche. Causa de la muerte: desconocida.

Vi que la enfermera se alejaba sujetando un bultito pequeño envuelto en unas mantas. El doctor, con tono amable, me explicó: 

―Es mejor que no la veas, no le pongas nombre,. Fue una bebé muy amable, recuérdalo siempre. Tuviste un muy buen parto y no tendrás ningún problema en volver a quedar embarazada. Eso sí, espera al menos unos dos años. No estés triste  ―concluyó.

Nadie me llegó a visitar al hospital, y 24 horas después, la enfermera me dio las cosas con las que llegué. Me vestí como pude. La ropa me quedaba grande, se notaba el gran vacío en mi estómago. Me llevaron en silla de ruedas a la puerta de salida. Me iba quitando los esparadrapos de mi mano. No tenía fuerzas, y mis venas sobresalían de mi piel más que nunca. 

Levanté la cabeza y vi mi reflejo demacrado y pálido en un cristal. Tenía ojeras, mi pelo sin brillo, mis labios secos y mis tripas pegadas a mi esternón, sostenidas levemente por la piel flácida que me colgaba. Hasta que la luz intensa del sol en mi rostro me dejó casi ciega, y mi cuerpo frío recuperó un poco de calor. Con los ojos entreabiertos pude ver, en la acera de enfrente, a mi madre y mis cuatro hermanas mayores, esperándome, mudas y casi tan desoladas como yo. Tenía muchos años de no verlas, o al menos eso me pareció.

Por Rolan Eduardo Soto López
Portada: Persy Cabrera

Durante el conversatorio «Brechas de género en la industria editorial», organizado en el contexto de la Tercera Feria Internacional de Libro en Honduras, 2024, con la participación de escritoras de Honduras, Colombia, México, Venezuela y España, una maestra preguntó: «¿Qué se les puede recomendar a los jóvenes que están en etapa de crecimiento, experimentación, y descubrimiento?». Y la escritora hondureña Jessica Isla respondió: «La literatura es un campo de libertad».

Si la escritura es un campo de libertad, ¿qué sentido tiene aprender a escribir el «ma, me, mi, mo, mu», si la articulación de sílabas no es una herramienta para descargar el dolor, las desesperanzas y las transgresiones?

He escrito, para mí, desde la frustración, desde la soledad, desde la desesperanza, como un acto de catarsis, como un acto de libertad. No olvido ese momento cuando tomé un lápiz tinta azul, abrí la libreta y escribí el dolor que sentía por la ausencia de mi hermana Dilcia. Al día siguiente, con mucho temor por descubrir lo escrito, revisé: la punta del lápiz había traspasado más de dos páginas. Fue una descarga de dolor, de pena, de reclamo a la ausencia.

Dilcia era protectora; se dedicó a la medicina por muchos años. Con grado de auxiliar de enfermería, fue considerada doctora por sus pacientes. No olvido una escena. Una joven le tenía pánico a la inyección. Le llevé el desayuno a mi hermana a las 8 de la mañana, y estaba dialogando con la paciente con una voz que arrullaba. Regresé a las 3 de la tarde, y mi hermana seguía a la par de la joven. No sé si al final la convenció. Así era Dilcia: entregada, humana. Cuando traspasé la página hasta quebrar la punta del lápiz, reclamaba su ausencia y su protección.

Hoy no escribo desde la furia, porque ya pasó; más bien pienso cómo sería escribir desde la furia y qué implicaciones tiene pensar en la escritura como un campo de la libertad.

En mi infancia aprendí la libertad del vuelo de los colibríes. Ví la furia y la frustración en el rostro de un campesino, al perder la inversión en su maizal. También experimenté la libertad  en los montes, cuando acompañaba a mi papá y a mis hermanos al campo. No vi conceptualizada la libertad, escrita en una pizarra o acaso en un cuaderno, pero sí percibí ésta en el galope del caballo «Moro» y el caballo «Kiko», el primero, favorito de mi hermano Daniel y el segundo, de mi preferencia por su andar suave. También vi la libertad en el canto de mi papá Adrián y su guitarra.

Escribir desde la furia implica dar legitimidad a la escritura en su estado crudo. Desconocer o no querer saber de cánones estéticos. Escribir en cascadas lacerantes. Reconocer que la palabra es bálsamo y lanza. Pensar la escritura como libertad deviene en tomar a la palabra como escalón de ascensión. Desenredar los cerrojos de los sentidos. Entretejer los recuerdos. Sepultar las culpas. Y pensar que existe algún lugar para la libertad.

La Corte Suprema de Justicia busca construir dos nuevos salones de sesiones para la presidencia, con un costo estimado de 13 millones de lempiras. La licitación, publicada en mayo de 2024, ha recibido propuestas de dos empresas, con ofertas de 13.3 y 12.9 millones de lempiras, con el argumento de que la capacidad de los actuales salones, construidos entre 2009 y 2016, durante la administración de Jorge Rivera Avilés como jefe del Poder Judicial, ahora resulta insuficiente. Por otro lado, las y los magistrados han recibido incrementos en sus salarios y gastos de representación desde que asumieron funciones a inicios de 2023. 

Texto: Luis Escalante, con reportes de Fernando Silva 
Fotografía: Fernando Destephen 
Portada: Persy Cabrera 

En el entorno de opulencia que rodea a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), surge una nueva «necesidad»: la construcción de dos renovados salones de sesiones para la presidencia. En mayo de 2024, el Poder Judicial publicó las bases de la licitación privada para este proyecto, cuyo costo podría superar los 13 millones de lempiras (unos 518,548.07 dólares), y dos empresas constructoras presentaron sus ofertas. Adicionalmente, las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema recibieron en agosto de 2024 un aumento salarial del 9 %, y en mayo de 2023 un aumento en los gastos de representación, del 24.17 al 26 %.

El proyecto contempla la edificación de dos salones de reuniones anexos al edificio principal del Poder Judicial en Tegucigalpa, con una superficie aproximada de 154.28 metros cuadrados cada uno. Según el Documento Base de Licitación Privada Nacional No. 04-2024, los salones serán repellados, pulidos y pintados, contarán con piso de porcelanato, puertas y ventanas de aluminio y vidrio corredizas, cielorrasos decorativos de tablones y losas. El interior incluirá núcleos de baños, cocineta y balcón con acabados de alta calidad.

Los dos salones se construirán en el área actualmente utilizada como estacionamiento para la presidencia y los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema, con un área total del proyecto de 308.56 metros cuadrados.

La edificación estaba consignada en el Plan Anual de Contrataciones y Compras (PACC) correspondiente a 2024, aunque con un presupuesto inicial de 11.5 millones de lempiras. En ese contexto, el 24 de junio de 2024, la jefa de la Unidad de Licitaciones del Poder Judicial, Gisela Cáceres, invitó a cinco empresas constructoras a participar en la licitación.

Las empresas convocadas fueron JPS Construcciones S. de R.L., Ingeniería para el Desarrollo Terrestre S. de R. L. de C. V., Proyecto de Ingeniería Centroamericana S. de R. L., Sistemas de Construcción S. de R. L. y Servicios de Ingeniería para Telecomunicaciones, Electricidad y Construcción S. A. 

De esas empresas, únicamente JPS Construcciones S. de R. L. presentó su propuesta económica, según consta en el acta de recepción y apertura de ofertas fechada el 20 de septiembre de 2024. La otra empresa constructora que participó fue Servicios de Ingeniería S. de R. L.

La oferta de JPS Construcciones S. de R.L. asciende a 13,283,821.24 lempiras, incluido el Impuesto sobre Ventas (ISV), junto con una garantía de mantenimiento de oferta de 271,000 lempiras, válida hasta el 10 de marzo de 2025. Por su parte, Servicios de Ingeniería S. de R. L. presentó una propuesta por 12,978,456 lempiras, también con el ISV incluido, y una garantía de mantenimiento de oferta de 260,000 lempiras, válida hasta el 8 de abril de 2025. Hasta el momento, el proceso se encuentra en revisión, según el portal HonduCompras

Según el Poder Judicial, la justificación para la construcción de estos salones se debe a que el salón actual «ya no cuenta con la capacidad necesaria para satisfacer sus demandas, ya que también se utiliza como sala de prensa, lo que provoca un amontonamiento de periodistas, fotógrafos y camarógrafos».

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El documento detalla que «este espacio tiene una capacidad para 40 personas y, además, se emplea como sala de audiencias para extraditables y para diversas reuniones, lo que limita su disponibilidad para las actividades de la presidencia y del pleno de magistrados. Actualmente, se requieren salones de mayor capacidad que los existentes».

La Corte Suprema de Justicia cuenta con tres salones: el destinado a examen del notariado, el salón de plenos y el salón de la presidencia, que se utiliza para conferencias de prensa, audiencias de extradición y audiencias de procesamiento a altos funcionarios. Los tres salones fueron construidos y equipados durante el período en que Jorge Rivera Avilés (2009-2016) se desempeñó como magistrado presidente de ese órgano jurisdiccional.

Puerta que da acceso a los tres salones actualmente ocupados por la Corte Suprema de Justicia. Palacio de Justicia, Tegucigalpa, agosto de 2024. Foto: Fernando Destephen / CC

Aunque en las dos administraciones anteriores de la Corte Suprema —la de Jorge Rivera Avilés y la de Rolando Argueta— no había surgido esta necesidad, ahora se ha decidido la construcción de dos salones con capacidad para al menos 50 personas cada uno, «con el fin de solventar esta limitación y proporcionar espacios físicos adecuados tanto para los funcionarios como para los usuarios».

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Rubenia Galeano, consideró la construcción de estos dos nuevos salones como «una necesidad, más no una prioridad». 

«Realmente el área que actualmente tenemos ya no responde adecuadamente a nuestras necesidades. Nosotras y nosotros también celebramos audiencias, como las de extradición, o las de la Sala Civil. A veces, no contamos con suficiente espacio para realizarlas, por lo que en ocasiones tenemos que llevarlas a cabo en nuestros propios despachos», manifestó a Contracorriente

La magistrada también aseguró que, desde la Corte Suprema, está dándosele prioridad a «las personas a quienes atendemos, a proyectos en áreas como género, trabajo y derecho penal».

¿Quiénes son las empresas que presentaron sus ofertas?

Las dos empresas que están disputándose la adjudicación para la construcción de ambos salones, JPS Construcciones S. de R.L. y Servicios de Ingeniería S. de R.L., están certificadas como proveedoras del Estado ante la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae). 

Simultáneamente, JPS Construcciones S. de R. L. también participa en otro proceso de licitación para la remodelación del Juzgado de Paz de San Antonio, Copán, un proyecto que podría superar los 4.2 millones de lempiras, así como en la licitación para la restauración de fachadas y ventanales del antiguo edificio administrativo del Poder Judicial en Tegucigalpa, con un costo estimado de más de 3.7 millones de lempiras.

Por su parte, Servicios de Ingeniería S. de R. L. ha sido un contratista habitual del Poder Judicial. En 2019, ganó una licitación para construir el Juzgado de Paz de Lepaterique, Francisco Morazán, y otra para un proyecto de remodelación en el edificio judicial de Santa Rosa de Copán, Copán.

No obstante, esta empresa recibió el 16 de agosto de 2021 una resolución de incumplimiento por parte del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) tras ganar una adjudicación para la restauración de un centro logístico en San Pedro Sula, Cortés, a un costo de 1.5 millones de lempiras, e incurrir en una demora de 68 días. La empresa argumentó que la pandemia de COVID-19 provocó retrasos en la construcción y adquisición de materiales, por lo que terminó pagando una sanción económica.

Aumentos en salarios y gastos de representación para la Corte Suprema 

La construcción de estos salones se suma a un reajuste salarial realizado para los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia a partir del 20 de agosto de 2024. La magistrada presidenta, Rebeca Ráquel, pasó de ganar 198,288.94 lempiras mensuales a 216,134.94, es decir el aumento es de 17,846 lempiras mensuales, lo cual representa un incremento del 9 %;  mientras que el resto de magistrados incrementó su salario de 171,218.17 a 186,627.81 lempiras, con un aumento de 15,409.64 lempiras mensuales, lo cual también representa un incremento del 9 %.

El salario mínimo en Honduras es de 8,581.45 lempiras y, según un informe del Banco Central de Honduras (BCH), en 2021 vivían en el país alrededor de 2.8 millones de personas que subsisten con menos de un dólar diario. 

La magistrada Rubenia Galeano aceptó que se dio un incremento que no superó el 9 %, pero que se aplicó a todas y todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial. Sin embargo, descartó que haya existido un aumento en los gastos de representación para ella y sus colegas, y aseguró que desde la Corte Suprema se han abordado aspectos como el aumento en la asignación de viáticos a empleados de escalas básica. 

«No se han aprobado aumentos en gastos de representación, eso no es cierto. En los últimos plenos, más bien hemos analizado los temas relacionados con los gastos a nivel nacional y los viáticos, pero enfocados en las escalas más básicas del personal», declaró la magistrada.

Aunque en 2024 no se han generado aumentos en los gastos de representación, sí fue una de las primeras acciones emprendidas por esta administración tras tomar posesión. El 20 de mayo de 2023 se aprobó un incremento en los gastos de representación mensuales, que para Ráquel pasaron de 69,000.00 a 87,000.00 lempiras, y para los demás magistrados y magistradas de 60,000.00 a 74,500.00 lempiras. Los incrementos fueron de entre 24.17 y 26 %. 

El artículo sexto del Reglamento de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial señala que los «gastos de representación, tanto nacionales como internacionales, son cantidades determinadas por gastos no liquidables y solo se podrán asignar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia». 

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De este modo, la magistrada presidenta percibe ingresos mensuales de 303,134.94 lempiras, mientras que los demás magistrados y magistradas reciben 261,127.81 lempiras al mes. Los aumentos salariales están contemplados en el Reglamento de Ejecución Presupuestaria y se efectúan anualmente para todas las personas contratadas bajo acuerdo en el Poder Judicial; sin embargo, los incrementos en los gastos de representación exclusivos de la Corte Suprema son aprobados por resolución de las autoridades de la misma.

La actual Corte Suprema de Justicia asumió sus funciones el 17 de febrero de 2023, tras recibir más de 115 votos dentro del Congreso Nacional (CN), como parte de un acuerdo político entre los tres principales partidos representados en el órgano legislativo: Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal.

El 22 de agosto de 2024, Contracorriente también reveló que el Poder Judicial tiene contemplado un gasto de 344 millones de lempiras destinado a la renovación y blindaje de su flota vehícular, incluidos los automóviles oficiales que son asignados a las y los magistrados de la Corte Suprema y su personal de seguridad. 

Washington, 6 nov (EFE).- El candidato republicano, Donald Trump, se proclamó este miércoles ganador de las elecciones en Estados Unidos y volverá a la Casa Blanca, tras una reñida campaña electoral, para convertirse en el presidente número 47 del país.

Trump superó los 270 votos electorales necesarios para proclamarse vencedor frente a su rival, la candidata demócrata y vicepresidenta del Gobierno, Kamala Harris.

Según el sistema de sufragio de EE.UU., el presidente es proclamado por el Colegio Electoral, un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población.

El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios con la excepción de Nebraska y Maine y el aspirante que llega a 270 gana las elecciones.

Antes de conocerse los resultados, el expresidente ya se había atribuido la victoria frente a Harris durante un mitin ante sus seguidores en Palm Beach (Florida), tras comprobar sus buenos resultados parciales y ganar el voto popular.

Será la primera vez en más de un siglo que un antiguo presidente vuelve a serlo (ya gobernó entre 2017 y 2021) después de perder unas elecciones (las de 2020) y también la primera ocasión en que un criminal convicto llega a la Presidencia del país.

En un país polarizado, Trump dice que gobernará para todos

Acompañado de su familia y directivos de su campaña, el expresidente aseguró desde Palm Beach que gobernará para todos y que «juntos» harán un Estados Unidos mejor.

«El éxito nos va a unir, y vamos a empezar poniendo a Estados Unidos en primer lugar. No los defraudaré», dijo durante un discurso de menos de media hora en el centro de convenciones de Palm Beach (en la costa este de Florida).

El expresidente republicano agradeció a cada uno de los miembros de su familia y a los estadounidenses en un pronunciamiento que tuvo un tono conciliador y en el que invitó a dejar «atrás las divisiones de los últimos años».

Trump celebró sus buenos resultados en estados clave como Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania y Wisconsin, y se preció de haber recobrado la mayoría en el Senado para los republicanos, mientras el control de la Cámara de Representantes sigue en el aire.

Antes de finalizar el recuento y tras conocerse algunos datos importantes sobre la tendencia de voto en todo el país, Harris decidió cancelar el discurso que estaba previsto que ofreciera al final de la jornada electoral y lo pospuso hasta este miércoles, según su campaña.

Trump se hace con el voto popular

El republicano ha ganado también el voto popular (más de 71 millones de sufragios frente a los 66 de Harris, según datos del escrutinio preliminar), algo que los republicanos no habían conseguido en 20 años, desde las elecciones de 2004 en las que el republicano George W. Bush logró 59 millones de votos frente a los 55,4 del demócrata John Kerry.

En las elecciones de 2016, Trump llegó a la Casa Blanca tras haber ganado el voto electoral (306 votos), pero en voto popular se quedó casi tres millones por debajo (63 frente a 65,8 millones) de su rival de entonces, la demócrata Hillary Clinton.

La victoria del multimillonario ha sido recibida con alzas en las bolsas de todo el mundo, mientras la mayoría de los líderes políticos han felicitado a Trump y deseado que su mandato priorice la cooperación internacional.

La ultraderecha: eufórica

Pero han sido los líderes de formaciones y gobiernos ultraderechistas los que han hecho suya la victoria del republicano, con cuyo programa se identifican.

Desde Argentina (Javier Milei), Italia (Georgia Meloni), El Salvador (Nayib Bukele), la India (Narendra Modi) o Hungría (Viktor Orban), sus mandatarios cantaron victoria junto a Trump, con mensajes a los que se han sumado otros líderes ultranacionalistas o populistas de todo el mundo como el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

En un tono menos eufórico, la mayoría de los presidentes y jefes de Estado europeos, tras felicitar al ganador, han llamado a Trump a colaborar para mejorar la relación transatlántica y trabajar conjuntamente por la paz.

«A través de la OTAN, Estados Unidos tiene 31 amigos y aliados que ayudan a promover los intereses de EE.UU., multiplicar el poder estadounidense y mantener seguros a los estadounidenses», manifestó, por su parte, Mark Rutte, secretario general de un organismo con el que Trump tuvo una tensa relación en su anterior mandato.

Y fuera de la política llamó la atención la reacción del magnate Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo y quien ha apoyado expresamente a Trump en la campaña, que se mostró emocionado en su red social, X.

Tras casi dos meses del asesinato del líder ambientalista Juan López en Tocoa, Colón, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó por primera vez el Bajo Aguán. La comisionada Andrea Pochak expresó su preocupación por la deficiente presencia estatal en la zona, la operación de grupos paramilitares y los altos niveles de peligro que enfrentan defensores de derechos humanos, campesinos y líderes ambientales. En ese contexto, en lugar de adoptar medidas de protección para los defensores y defensoras, el Gobierno ha iniciado la implementación de salvoconductos para la portación de armas.

Texto: Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen 

Juan López, asesinado el 14 de septiembre, fue una de las víctimas más recientes del conflicto en el que empresas extractivas, apoyadas por las fuerzas de seguridad del Estado, se han enfrentado a campesinos y defensores de derechos humanos. López se enfrentó a los intereses de Inversiones Los Pinares, una empresa de Grupo EMCO, que instaló un megaproyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras y amenazó con dañar permanentemente las fuentes de agua de varias comunidades en el municipio de Tocoa.

Tras el crimen cometido contra Juan, y las demandas por justicia de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, la CIDH realizó una visita a esa región del país. 

La delegación fue liderada por la comisionada Andrea Pochak, relatora para Honduras de la Comisión. Pochak destacó que es una visita que tenían pendiente desde hace mucho tiempo, ya que constantemente están monitoreando las medidas cautelares dictadas a causa de los hechos de violencia, persecución y hostigamiento contra defensores de derechos humanos, campesinos y referentes de la zona. 

«Los factores de riesgo permanecen activos debido a la presencia de grupos armados fuera de control, que no están regulados ni juzgados, y existe impunidad por los crímenes cometidos. Aunque a veces se investiga a los eslabones más bajos, en la mayoría de los casos faltan los autores intelectuales, aquellos que de alguna manera vinculan todos estos hechos de violencia. La persecución y criminalización de defensores continúa, y muchas causas arbitrarias de años anteriores siguen abiertas, obstaculizando la lucha y buscando dividir a los activistas», explicó.

A finales de octubre de 2024, el Consejo de Ministros de Honduras derogó el decreto 117-2012 que prohibía la portación de armas en el departamento de Colón, ubicado en la costa norte del país. A su vez, la Secretaría de Seguridad anunció que comenzaría a emitir salvoconductos o autorizaciones para permitir la portación de armas de fuego en esta región, que ha enfrentado una crisis de violencia durante la última década, con múltiples asesinatos de campesinos, líderes ambientales y defensores del territorio, atribuidos, según organizaciones, a grupos de sicariato y paramilitares.

En contraste con la derogación del decreto de desarme en la zona, Pochak destacó que como medida urgente para garantizar la protección de defensores y defensoras, que han quedado en una grave vulnerabilidad tras el asesinato de Juan, el Estado tiene que solucionar su deficiente presencia en la zona con el objetivo de «derrumbar a los grupos criminales, parapoliciales y paramilitares» que operan en la región. En ese sentido, destacó la necesidad de implementar la política de desarme para reducir la violencia, y controlar a las agencias de seguridad privada que operan al servicio de las empresas.

«Si hay algunos agentes policiales en la zona, no puede ser que la mayoría estén dedicados a proteger a las empresas y no a proteger a los campesinos o las cooperativas; esas son medidas urgentes que se pueden tomar para proteger de manera inmediata a los defensores y defensoras, y por supuesto evitar que la gente esté armada. Para eso está el Estado, para eso están las fuerzas de seguridad del Estado, que deben controlar que se reduzca la violencia en la zona y desmantelar a los grupos paramilitares que están operando», apuntó la relatora.

Visita de la CIDH a campesinos de la zona del Bajo Aguán el pasado viernes 1 de noviembre. Foto tomada de las redes sociales de la CIDH.

Sobre la visita de la comisión, la abogada Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), apuntó que obedece a la gravedad de la situación y lo alarmante que ha sido internacionalmente el asesinato de Juan López, quien contaba con medidas cautelares de la CIDH que fueron otorgadas hace un año, y que,hasta el momento de su muerte no se habían implementado.

Cejil es una de las organizaciones encargadas de velar por las medidas que se dictaron en favor de los integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, al que pertenecía Juan. La organización ha señalado en una serie de comunicados el «profundo riesgo» al que se enfrentan los defensores y defensoras tras el asesinato de López, y denuncia que, un año después, las medidas aún no han sido implementadas.

«Creemos que es muy grave por parte del Estado de Honduras [que no se hayan implementado las medidas], y creemos que el mecanismo de protección para personas defensoras debe fortalecerse en este momento en el que se está por elegir a su nuevo director o directora (…). Que se nombre a una persona técnicamente preparada y suficientemente independiente para desempeñar su labor», señaló la abogada Paz y Paz. 

La directora del Cejil también apuntó que el mecanismo no puede funcionar si no cuenta con los recursos necesarios, por lo que el presupuesto que está por aprobarse es muy importante. El Mecanismo Nacional de Protección ha atravesado una serie interminable de crisis desde el inicio del Gobierno de Xiomara Castro en enero de 2022. La más reciente fue la renuncia en agosto de 2024 del entonces director Rodolfo Zamora, quien, según informes de medios de comunicación, habría renunciado debido a la falta de apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos.

En abril de 2024, Contracorriente publicó una investigación en la que reveló que hasta abril de 2023, el 83 % del presupuesto del Mecanismo se destinó solamente a seis casos con medidas cautelares, y que los principales beneficiarios eran funcionarios públicos del gobierno.

La relatora Pochak afirmó que la Comisión Interamericana ha decidido no limitarse a emitir informes y recomendaciones; en su lugar, se enfocará en garantizar que las recomendaciones previas se cumplan de manera efectiva, prestando especial atención a la persistente violencia en el Bajo Aguán. Explicó que, junto con el Estado de Honduras, la Comisión ha decidido crear un mecanismo de seguimiento para estas recomendaciones, para el cual se busca contar con la participación y acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil.

«El crimen de Juan marcó un límite, poniendo en evidencia la insostenibilidad de esta situación en la que defensores, defensoras y campesinos tienen el derecho a reclamar por su tierra y el medio ambiente. Su muerte expuso el contraste entre quienes luchan por sus derechos y los criminales que intentan impedirlo. Ante esta situación de violencia, ya no basta con compromisos o actas; es necesario implementar medidas concretas y urgentes», apuntó finalmente la relatora.

Washington, 5 nov (EFE).

El expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) no ha llegado a decir que se proclamará ganador antes de que termine el conteo de votos, como hizo en 2020, aunque en los últimos días ha intensificado sus denuncias de fraude electoral y la campaña de Kamala Harris asegura estar lista para responder si lo hace.

Es la tercera vez que Trump compite en unas elecciones presidenciales y la tercera en que agita el fantasma del fraude. En 2016, ganó y no necesitó materializar sus advertencias; pero, desde 2020, atribuye su derrota a una manipulación de los resultados, algo que es falso.

En esta última semana de campaña, Trump ha intensificado su retórica, tratando de desacreditar la legitimidad de los comicios y asegurando de manera falsa que millones de indocumentados votarán por Harris.

Varias autoridades electorales estatales han advertido que podrían pasar varios días antes de que se conozca el resultado final debido a lo ajustado de la contienda. Por ejemplo, en el condado de Maricopa, donde vive la mayor parte del electorado de Arizona, funcionarios locales estiman que el conteo podría tardar de 10 a 13 días.

En 2020, EE.UU. tuvo que esperar cuatro días desde el cierre de los colegios hasta que Biden fue declarado ganador. El proceso fue más lento de lo habitual por dos razones: la pandemia provocó un aumento del voto anticipado, que requiere más tiempo de procesamiento, y la participación fue especialmente alta con 158 millones de votantes, casi 22 millones más que en 2016.

En Estados Unidos, no existe una autoridad electoral central, por lo que los grandes medios de comunicación de EE.UU., que tienen equipos que van analizando los datos de cada estado, son los que declaran a los vencedores.

El «espejismo rojo»

Hay un importante patrón en el conteo de votos que Trump podría aprovechar para afirmar que hay fraude, el llamado «espejismo rojo». Este fenómeno, ya visto en elecciones anteriores, tiende a mostrar una ventaja inicial de los republicanos (asociados al color rojo), mientras que a medida que avanza la noche los demócratas acortan distancias.

Esto ocurre porque, en muchos estados, el voto presencial —donde los republicanos suelen tener mayor participación— se cuenta antes que el voto anticipado o por correo, por lo que los primeros resultados de esta noche podrían dar la impresión de que Trump está ganando, aunque no sea el caso.

Al igual que, en 2020, Trump podría aprovechar esa ventaja inicial para declararse vencedor y alegar que los votos posteriores a favor de Harris son un indicio de fraude.

La campaña de Harris ha asegurado en los últimos días que está preparada para responder. Un alto cargo demócrata señaló en una llamada con periodistas el viernes que «esperan plenamente» que Trump se declare vencedor el martes por la noche, antes de que se haya completado el conteo.

Como ya hizo en 2016 y 2020, Trump no se ha comprometido a aceptar los resultados electorales, afirmando que solo lo hará si considera que han sido justos.

Una victoria «demasiado grande para manipular»

Trump ha asegurado a sus seguidores que la única forma de evitar un fraude es lograr una victoria «demasiado grande para manipular», es decir, con un margen tan amplio que demuestre su triunfo contundente e impida a los demócratas manipular los resultados.

Esa retórica ha llevado a parte de la ciudadanía a convencerse de que su victoria es segura. Desde hace tiempo, medios conservadores insisten en que Trump ganará por un margen amplio, imponiéndose en todos los estados clave e, incluso, el comentarista Greg Gutfeld, de Fox News, ha afirmado que Trump ya tiene «ganada» la elección.

Si los medios no anuncian su victoria, Trump ha dejado claro que está dispuesto a llevar el recuento a los tribunales, como hizo en 2020. A diferencia de aquella elección, esta vez cuenta con un ejército de voluntarios del movimiento ‘Stop the Steal’ (Paren el robo, en español), organizados para reunir supuestas pruebas de fraude en los mismos centros de votación.

Las autoridades electorales de varios estados han reforzado la seguridad en varios centros de votación ante el riesgo de que explote la violencia como ocurrió en 2020, cuando hombres armados se apostaron a la entrada de centros de votación en Arizona y en Míchigan algunos simpatizantes golpearon las ventanas en recintos de escrutinio.

Además, esa narrativa podría amplificarse en redes sociales como X, cuyo propietario, Elon Musk, que apoya a Trump, ha promovido teorías conspiratorias sobre fraude.

La presidenta Xiomara Castro no asistió a la Cumbre de Biodiversidad (COP16) en Cali, Colombia, a pesar de que así lo había anunciado la cancillería colombiana hace unos meses. En una entrevista con Contracorriente, el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, nos habló sobre la participación del Gobierno en esta cumbre, las fuentes de financiamiento a las que han accedido para preservar la biodiversidad en Honduras, y el rol protagónico que tienen los militares en tareas que no solo involucran los bienes comunes, sino también la construcción de una megacárcel en una isla con una alta diversidad biológica.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: María Celeste Maradiaga y Matías Avramow

El ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, dijo en su discurso en el segmento de alto nivel de la Cumbre de Biodiversidad (COP16) que al menos el 10 % de las Fuerzas Armadas estaban destinadas a la protección de la naturaleza en Honduras.

En este mismo discurso también mencionó a Berta Caceres, ambientalista y líder lenca asesinada en 2016 por oponerse a un proyecto extractivo en su comunidad en Intibucá. Al inicio de la investigación de su asesinato, dos militares fueron arrestados, y luego, en 2021, uno de los acusados por su asesinato fue declarado culpable: David Castillo, gerente general de la compañía que ejecutó el proyecto y quien además es un exoficial de inteligencia militar entrenado en Estados Unidos.

Mientras en la COP16 las poblaciones indígenas y comunidades locales exigen, mediante protestas, que se cree un fondo que retribuya sus saberes ancestrales, y tener más participación en las discusiones de esta cumbre y en las decisiones que se  toman, en Honduras aún no se ha reglamentado una normativa de consulta previa, libre e informada que permita a estos pueblos participar de manera efectiva en proyectos y políticas que afectan sus territorios, sus prácticas culturales y sus derechos colectivos.

Además, Honduras tampoco se ha adherido al Acuerdo de Escazú, uno de los acuerdos que exige la protección a los defensores del ambiente y más transparencia en los procesos de otorgamiento de concesiones y proyectos que se instalen en las comunidades. Esto último  es fundamental, pues Honduras sigue siendo uno de los países más letales para dedicarse a la defensoría del ambiente, el territorio, y la naturaleza.

Así lo evidencia el asesinato de Juan López —a quien Lucky también mencionó en su discurso—, un defensor del ambiente cuya vida fue arrebatada por sicarios el 16 de septiembre de este año. Juan se enfrentó al poder político y empresarial, y denunció las irregularidades de la mina Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras, proyecto a cargo de la empresa de Lenir Pérez. Además, señaló directamente los vínculos del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, quien, a pesar del discurso del ministro de la Serna enalteciendo la labor de Juan López, no ha sido juzgado ni señalado por las autoridades de su partido, el Partido Libre, que ostenta el poder de la nación.

Contracorriente conversó con Lucky Medina sobre estos y otros temas en el desarrollo de la COP16 en Cali, Colombia.

Contracorriente (CC): En agosto de este año el canciller de Colombia, Luis Murillo, anunció la participación de varios presidentes en esta Cumbre de Biodiversidad en Cali, Colombia, y en la lista estaba la presidenta Xiomara Castro. ¿A qué se debe que no haya asistido al evento?

Lucky Medina (L. M.): La presidenta maneja su agenda, yo no. Hemos visto mucha intensidad a lo interno del país en estos días; la presidenta debe haber supervisado una docena de proyectos de carreteras, de hospitales y de centros educativos, ha tenido una agenda intensa a lo interno del país, y bueno, cualquier humano entiende que las agendas de los presidentes, de los primeros mandatarios, de la presidenta en nuestro caso, pueden modificarse, igual que la de los ministros.

[La ausencia de la presidenta] no fue el único caso, hubieron al menos siete más, o algo por el estilo.

CC: El equipo técnico de Honduras ha estado desde la semana pasada en la COP16. ¿Cuáles han sido los acuerdos a los que se ha llegado? ¿Cuál ha sido el papel de Honduras en las negociaciones en la COP16? ¿Ha existido alguna propuesta impulsada por Honduras en estas negociaciones?

LM.: La delegación es muy pequeña, o relativamente pequeña comparada con cualquier otro país; nosotros tenemos siete u ocho personas. Han avanzado en las discusiones, se han presentado algunas propuestas, sobre todo algunas urgencias para cumplir con las metas ya programadas en el país, pero además se ha buscado también financiamiento concreto para poder asegurar algunos proyectos, algunos que estaban en etapas de negociación previas. Nosotros también aprovechamos para hablar con algunos CEO de algunas fuentes de financiamiento.

Más allá de las negociaciones, algunas no son solo como país, sino como bloque, como la región SICA (Sistema de la Integración Centroamericana), como el Grulac (Grupo Regional de América Latina y el Caribe), como Coalición de Países con Bosques Tropicales. Más que lo individual, hacemos o tratamos de llegar a consensos en bloque y así presentarlas en la sala de negociación.

Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), en una entrevista con Contracorriente. Cali, Colombia, 31 de octubre de 2024. Foto: Matías Avramow.

CC: ¿De donde surgió el financiamiento para que esta delegación pudiera viajar a la COP16?

M.: De la delegación ninguno viajó con financiamiento nacional, no se gastó o no se necesitó un centavo del presupuesto público para el viaje, ni para pasajes aéreos ni viáticos ni hospedaje, absolutamente nada.

Hay fuentes de financiamiento como el Fondo de Adaptación, o algunos dependiendo del tipo de reuniones que se tengan. Nosotros estamos trabajando en la nueva política hídrica y también hay algunos proyectos en torno de seguridad hídrica, y ellos pudieron financiar, creo que uno de los pasajes. Las invitaciones han sido diversas, incluso hay gente para la que solamente se logró financiar el pasaje y para acompañar; entonces eso permitió una ventaja para que el hospedaje fuera cómodo y múltiple.

CC: ¿Cómo se diferencia esta delegación de la otra en la que 139 personas viajaron a la COP28 en Dubai, Emiratos Árabes, el año pasado?

M.: En la anterior tampoco había financiamiento del Estado. La presidenta viajaba, y en este caso hay invitaciones cuando viajan los jefes de Estado, el que decide a cuanta gente puede invitar por parte de la delegación, pero en la cumbre anterior no hubo financiamiento del Estado.

Nosotros viajamos poco tiempo para estas cumbres. A nivel personal, nunca he estado en el periodo completo de una cumbre por las ocupaciones que ya da la Presidenta allá [en Honduras]. Hay que estar también en la ENEE [Empresa Nacional de Energía Eléctrica] hay que estar en el Consejo de Inversión, hay que estar con las tareas del Consejo de Defensa y Seguridad. En las delegaciones muy pocas personas están, a menos que sean los negociadores que tienen un tema específico, y que además llevan la representación de las presidencias o de las comisiones de CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), del Grulac, del SICA o de la Coalición de Bosques; solamente ellos van a estar y el tiempo es muy limitado.

De la gente acreditada en la delegación en la COP28 en Dubai, podrán haber ido, incluyendo a los periodistas, como el 40 % de los que se acreditaron, porque la Coalición de Bosques Tropicales tiene un equipo técnico y especialista grande. Se acreditaron a periodistas internacionales; nosotros tuvimos a un periodista de Bloomberg, del Financial Times y de Forbes, que estaban acreditados además de los ejecutivos. La prensa nacional pudo estar financiada por la Coalición de Bosques. Yo no recuerdo y no creo que hayamos acreditado, pero sí pudo estar, sobre todo de medios estatales.

CC: Uno de los enfoques de Honduras en esta COP16 es la búsqueda del financiamiento para desarrollar proyectos, ¿Cómo han avanzado en esto?

M.: En estos días tuvimos una reunión con el CEO del GEF [Global Environment Facility], Carlos Manuel Rodríguez. Había una parte de un financiamiento de un ciclo del GEF que se mantenía en standby, logramos liberarlo cuando presentamos la actualización de los proyectos y de los planes. Esos son 5.4 millones de dólares con los que vamos a avanzar. Hay otros pequeños grants [subvenciones], que falta todavía un día y medio de Convención para terminar de asegurar.  Hay algunos que ya los hemos adelantado, unos sistemas de manglares, otros en agricultura resiliente y otros, como el que anuncié el primer día [de la COP16], como el financiamiento de 10.6 millones de dólares para un proyecto binacional  en la cuenca de Goascorán.

CC: ¿Los 5.4 millones del GEF podrán ejecutarse hasta el año siguiente en el país, o ya se están ejecutando?

L.M.: Estos pasan al buró de aprobación y es para que comiencen ejecución en enero del año que viene.

CC: Antes de que iniciara la COP16, el jefe de la Dirección de Biodiversidad nos comentó que hablaron con personas de pueblos originarios y afrodescendientes antes de venir a esta cumbre. ¿Me podría detallar un poco más de estas reuniones y si estas impactaron en las decisiones que están tomando aquí?

M.: Reunirse conmigo es bien sencillo, nunca viajo, este es mi primer y único viaje de todo el año, trabajo, con suerte, de lunes a domingo.

Si uno segmentara las reuniones solo para un tema, no ajusta, es desgastante, entonces nosotros tenemos reuniones con las poblaciones y resolvemos un montón de problemas. El gobierno es uno solo, entonces, uno llega a la comunidad. La resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad nos manda estar al menos 50 % del tiempo en terreno; el ministro de Bosques, el ministro de Ciencia y Tecnología, su servidor, vamos tres, cuatro o cinco días de la semana a las comunidades y hablamos con la gente en general.

Hay algunos problemas sobre biodiversidad, sobre algunos proyectos que están atrasados; hablamos de cómo van las carreteras, nos cuentan también cómo va el avance de la reparación de áreas protegidas del Programa Padre Andrés Tamayo, de la inversión pública. Hablamos de los temas en general, porque sería un error de nuestra parte enfrascar las discusiones sobre tecnicismos con la gente. Nosotros somos del pueblo, nos mantenemos ahí, entonces las discusiones son así, porque imagínese que lleguemos a una comunidad X o Y y empecemos a hablar de la meta tal y del objetivo tal, y de que esto está pendiente. Entonces, solo enseñarle a la gente lleva tiempo. Nosotros podemos hacer eso con los representantes de las organizaciones, pero nosotros hablamos el mismo lenguaje de la gente y después lo traducimos a los tecnicismos.

CC: Le consulto porque en esta COP uno de los temas centrales son los saberes ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades locales. En ese sentido, antes de venir a esta cumbre, ¿ustedes les consultaron a estos pueblos cuáles son sus solicitudes para que se les reconozca su labor en la protección de la biodiversidad?

M.: Todos los días lo hacemos, y aquí, ojalá pueda entrevistar al ministro Luther Castillo [ministro de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación], para que mire cómo nos ha enseñado él, incluso a nosotros. Hemos aprendido de la gastronomía garífuna, por ejemplo, de cómo el casabe llega a alcanzar esos niveles de conservación durante años sin necesidad de preservantes; hablamos con la gente de las semillas sin modificación genética; hablamos con la gente sobre la no invasión a sus culturas, que se respeten todas las creencias, del comal, de la candela, de todo lo que sucede con ellos; todos los días tenemos pláticas.

CC: ¿Ustedes prepararon a alguien de su delegación para la discusión de los temas relacionados con la búsqueda de los pueblos indígenas de un subsidio específico que les compense por sus saberes tradicionales?

M.: Todo se busca bajo fuente de financiamiento. Así como no queremos segmentar los temas, tampoco queremos atomizar los temas. Al Gobierno no nos gusta enfrascarnos en la discusión de mitigación, adaptación, resiliencia, biodiversidad, porque eso desgasta. Preferimos grandes proyectos que abarquen todo y luego nosotros hacemos un modelo iterativo para poder documentar cómo es que se utilizan estos proyectos.

CC: Hablando de estos proyectos, ¿existe la posibilidad de que se apliquen mecanismos como los créditos de biodiversidad en su aplicación?

M.: Eso aun no lo sabemos, todavía no está decidido. Además de que no está decidido a nivel de la cumbre, uno tampoco puede andar haciendo castillos en el aire; entonces, si no está decidido aquí, tampoco se puede hablar sobre la implementación allá. Lo que sí es que todos los proyectos que son para mitigación tienen un componente para protección de biodiversidad, y todos los de adaptación tienen también para protección de la biodiversidad; entonces, no queremos caer en esa discusión de atomizar los fondos.

Además, las condiciones geográficas nos dictan la pauta de hacia dónde avanzar. El país tiene 85 % de vocación forestal y 56 % de cobertura de bosques. ¿Sobre qué hay que avanzar? Sobre la reserva de los bosques tropicales, la reducción de carbono para pagos justos por esta reducción, para poder hacer realidad la justicia climática en dos vías: los países o empresas que más contaminan que más paguen por conservación, y además el Estado también retribuirles y asegurarles condiciones dignas a los pueblos originarios.

CC: ¿Cuál es el contexto de Honduras sobre la utilización de los recursos genéticos para la preservación de la biodiversidad, uno de los temas más discutidos en la COP16?

M.: Lo más avanzado es sobre el Protocolo de Nagoya; eso está en el Congreso ahorita y habría que supervisarlo. Nuestro dictamen va a ser favorable en torno al Protocolo de Nagoya y sus componentes, pero eso está en manos del Congreso, nosotros llegamos hasta hasta donde la facultad.

(El Protocolo de Nagoya es un acuerdo que establece las bases para garantizar la participación de todos los sectores en la utilización de los recursos genéticos con la finalidad de proteger los ecosistemas y las especies. Fue firmado por Honduras en 2012 y va de la mano con el Convenio de Diversidad Biológica (CBD); sin embargo, en el país no existe una normativa que regule su aplicación. Por otra parte, a nivel global, y en eventos como la COP16, la discusión sobre quién tiene acceso a estos recursos almacenados en bases de datos también ha generado posturas contrarias entre las poblaciones indígenas, corporaciones, científicos, empresas y Estados del norte y sur global.)

CC: ¿El Gobierno presentó la Estrategia y Plan de Acción Nacional en Materia de Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés)?

M.: Se presentó como versión preliminar o de revisión. Lleva varias etapas, pero sí está presentada la Estrategia y está a la espera de que se valore la Convención. Se presentó hace un par de meses, probablemente, la primera versión. El financiamiento para la misma fue a través del presupuesto público.

(Uno de los factores fundamentales para que los países cumplan con los objetivos suscritos en el Marco Kunming-Montreal es que cumplan con la suscripción de su Estrategia y Plan de Acción Nacional. El Marco Kunming-Montreal consta de 23 metas diseñadas para que los países suscriptores se comprometan a la preservación de la biodiversidad. Uno de los compromisos más relevantes es la restauración del 30 % de los ecosistemas terrestres, costeros y marinos para el año 2030.)

CC: Hace unos días, aquí en la COP, China anunció la oportunidad de inversión de proyectos pequeños en 15 países; uno de ellos es Honduras. ¿Qué nos puede decir al respecto? 

M.: El Gobierno tiene toda una mesa de trabajo con la República de China, más allá de solamente este tipo de proyectos. Yo tengo algunas líneas generales sobre ellos. Tuvimos algún acercamiento ya con la delegación de la República de China ayer [30 de octubre de 2024] y comenzaremos a definir. Pero también no es impositivo, sino más bien, hay apertura del país, y nosotros comenzaremos a revisar esto a partir del sábado [2 de noviembre] que ya estemos de vuelta en Honduras con nuestros equipos.

CC: Los pueblos originarios, comunidades y campesinos son quienes están más cerca de los bienes comunes, y este es un énfasis en esta cumbre también. En ese sentido, ¿cuál es el plan de Honduras en esta COP16 para garantizar la protección de estos defensores?

M.: Lo primero es no otorgar concesiones; la voluntad política de la Presidenta ha sido expresa con eso, el hecho de haber frenado del todo la repartición del país, un país que estaba concesionado hasta enero de 2022, el 18 % del territorio nacional estaba concesionado con el otorgamiento de 14 subcuencas a la banca privada, con cientos de concesiones mineras y de otros recursos, con medio millón de hectáreas que habían sido otorgadas para ocho personas en la mosquita.

CC: En Honduras las organizaciones han exigido la adhesión de Honduras al Acuerdo de Escazú. ¿Por qué Honduras no ha firmado este Acuerdo?

M.: La participación de la Serna en este Acuerdo pasó hace dos años. Nosotros no queremos que este sea un tema de firma o de adhesiones a acuerdos; es la voluntad política, el hecho de que nosotros hablemos con toda franqueza sobre las cosas que hace el Gobierno, eso es un mecanismo de transparencia; el hecho de que nosotros abramos las puertas para que las comunidades lleguen a las oficinas, son mecanismos de transparencia; el hecho de que elevemos estándares internacionales para desarrollar consultas previas; además, la información que se otorga en los cabildos abiertos para los proyectos que son de la categoría más alta, eso es también parte de la transparencia. Más allá del Acuerdo, son las acciones concretas, y nosotros hemos avanzado hasta ahí sin necesidad del Acuerdo, y eso también hay que reconocerlo.

CC: Y si el Gobierno tiene la voluntad política para firmar este Acuerdo, ¿qué es lo que falta y por qué no se ha firmado?

M.: Es que eso no está en la oficina [de la Serna] hace dos años y medio, y no sé por cuántas dependencias del Gobierno pasa. Además, nosotros también hemos hecho un llamado a varia gente de las redes y de quienes están detrás del tema, que valdría la pena presentar un modelo sobre qué va a suceder una vez implementado el Acuerdo, para que más gente sepa qué es lo qué pasa con los acuerdos, qué va a pasar si se aprueba y qué es lo que va a pasar si no se aprueba; qué es lo que va a pasar si se aprueba y cambia un modelo de gobierno; qué es lo que va a pasar si se aprueba y se mantiene un gobierno como este, que con toda la transparencia le da la cara a la gente, que con toda la solvencia moral le da la cara a los medios de comunicación.

¿Qué es lo que va a pasar? Hay que construir ese escenario y planteárselo a la gente, porque se ha remarcado mucho sobre los principios del Acuerdo, pero no sobre escenarios futuros, y eso es también parte de las dudas que nosotros recibimos de la gente, porque se les comenta en algunas comunidades, y a nosotros ellos también nos consultan qué opinamos sobre esto, pero hay gente que siente incertidumbre; o no se les ha sabido explicar o no se le han construido escenarios suficientes. Nosotros tenemos apertura para trabajar con eso.

CC: ¿El Estado continúa con el plan de construir una megacárcel en Islas del Cisne? Un proyecto que podría poner en peligro la diversidad biológica que ahí existe y traería un impacto ambiental negativo a la isla.

M.: Yo aprobé la licencia ambiental con el equipo y con 40 profesionales certificados por el Estado como prestadores de servicios ambientales y como analistas ambientales, todo certificado, todos solventes en sus gremios, todos están colegiados.

Eso fue hace cinco meses en la oficina, y a partir de ahí yo ya no soy parte del proceso de licitación. Además, yo no estoy detrás del financiamiento para construcción. Lo último que yo he escuchado, y eso es por los mismos medios de comunicación, es al jefe de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt, diciendo: «Nosotros vamos a seguir avanzando en el proyecto», y lo dijo hace algunas semanas. También el coronel Muñoz, comisionado del Instituto Nacional Penitenciario, dijo: «Yo no he recibido ninguna contraorden, vamos a seguir con las licitaciones». Eso es todo lo que yo sé.

CC: ¿Entonces ustedes, el Gobierno, no han desistido de la construcción de la cárcel?

M.: Yo lo que sé es lo que pasa en los medios. No es lo que diga el Ejecutivo, es una instancia del Ejecutivo, en este caso el Instituto Penitenciario por medio de la Secretaría de Defensa. En cuanto a nosotros, tiene el aval con la licencia ambiental que está vigente y con todas las medidas de mitigación están validadas.

CC: El lema de esta COP es «Paz con la naturaleza». ¿Considera que esto va en consonancia con que el 10 % de los militares estén asignados a cuidar la naturaleza en Honduras?

M.: Pero es que está totalmente validado; además, nosotros lo hemos dicho en los discursos. Yo la invito a que revise los discursos y las publicaciones de la Secretaría y los míos. Usted puede buscar los discursos de nosotros, desde inicios del gobierno, hablando de cómo nosotros tenemos como misión construir espacios en armonía con la naturaleza. Revise cuántas veces nosotros hemos dicho esto. La misma gente con la que estuvimos en negociación en Olancho hace unas semanas pidió presencia militar para resguardar lo que alguna vez fue la ruta de la droga, la ruta del narcotráfico, porque los desplaza, porque la gente entiende que se respeta el uniforme de Fuerzas Armadas, y además también agradecen que estén en tareas ambientales. La gente agradece que los militares están apagando incendios, pero además hay que tomar en cuenta a la gente que está trabajando en el proyecto Padre Andrés Tamayo. Los militares solo son la columna de los ejes de protección ambiental.

Esta historia fue producida en el marco de la beca para cubrir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) en 2024, auspiciada por Internews’ Earth Journalism Network (EJN).

This story was produced as part of the 2024 CBD COP16 Fellowship organized by Internews’ Earth Journalism Network.

Apuntes sobre Vaquero
18 de mayo de 2022

Por Bryan Avelar

Sentado sobre una banca de cemento, bajo la sombra de un viejo y robusto árbol de mango, Venenciano Ruiz observa un fruto que acaba de caer. “Cuando uno los muerde, queman la boca”, me dice el anciano mientras sigue con la mirada fija en la alfombra de mangos y la nube de moscas al pie del árbol. “Las raíces ya probaron los cuerpos de los migrantes. Por eso no se dejan comer”, explica con tono científico. 

Venenciano Ruiz tiene 78 años  y casi media vida de ser enterrador, como su hijo Amado Ruiz lo es, como su nieto Kevin Ruiz lo es, y como su bisnieto de 8 años que ahora juega entre las tumbas, dice el señor, también lo será. Durante décadas, la familia Ruiz ha enterrado aquí a cientos, quizá miles de migrantes. El cementerio “Jardín” de Tapachula está en el principio de la ruta mexicana hacia Estados Unidos, pero es el final para muchos migrantes. 

“Estos perros son nuevos —dice el anciano señalando a unos criollos que se pasean frente a nosotros y husmean los mangos en el suelo—, pero los que estaban antes se comían los pedazos de pellejo que dejaban los migrantes cuando los llevábamos arrastrados”. 

Don Venenciano levanta la mirada hacia las tumbas cercanas y recuerda en voz alta cómo eran aquellos años cuando empezó a enterrar migrantes, allá, a mediados de los años 80. “Aquí llegaban muchos mutilados por el tren, por La Bestia. Venían todos pedaceados. Aquí los traía el SEMEFO, sin bolsa ni mucho menos caja. Los subíamos a unas carretas y los llevábamos a enterrar. La mayoría eran paisanos tuyos, de El Salvador. También venían de Honduras, Guatemala… todo eso”, me dice.

Le pedimos a Venenciano que nos dé un recorrido por el cementerio. Nos dice que está cansado y encomienda la tarea a su nieto Kevin. 

En la entrada vemos construcciones en formas de casas con finos acabados e inscripciones cinceladas con amor. “Para nuestro amado padre. Siempre te llevaremos en nuestros corazones”. “Aquí descansa un padre, un hermano, un amigo”. En esta sección está enterrada la gente de la clase pudiente de Tapachula, chinos o alemanes que migraron a mediados de 1800 a esta parte del mundo e hicieron fortuna con las fincas de café. Porque esta ciudad es imposible de entender sin la migración. Y también sin el crimen: aquí hay enterrados narcotraficantes y coyotes que se hicieron de mucho poder”, dice Kevin Ruiz. “A ellos les mandan a hacer grandes casotas. Ora bien podría vivir una persona ahí”, dice nuestro guía, abriendo bien grande los ojos. 

En el medio del cementerio están las lápidas más comunes: inscripciones sencillas, una cruz, algún altar con acabados de piso con losa pulida. 

Avanzamos más y la tierra se convierte en un sedimento polvoso, como talco. Con cada pisada se levanta una pequeña nube que pronto nos empieza a dar tos. Hasta que por fin llegamos a un terreno donde crece un monte. No hay tumbas. No hay nada. 

“Aquí están enterrados 43”, dice Kevin Ruiz, señalando un breñal debajo de sus pies. “Ahí hay doce”, dice señalando debajo de mis botas. “Y ahí hay 25 si no recuerdo mal”, dice, señalando a los pies de Cheché, el fotógrafo. “A los migrantes los enterramos así, sin tumba, pura fosa común”. Además de las fosas comunes, los migrantes están enterrados en el camino. Entre las pequeñas veredas, Kevin señala un espacio y dice un número y nacionalidad. “Ahí hay 16. Ocho salvadoreños, cuatro hondureños y cuatro haitianos”. “Yo los enterré”, dice con seguridad. En medio de otra vereda, Kevin señala el lugar por el que acabamos de caminar “Aquí hay seis”. 

Le pregunto a Kevin que cuántos migrantes ha enterrado únicamente él en sus 15 años como enterrador. “Uy. Decirte un número sería difícil. Pero unos ochocientos o mil”, calcula.

Las cuentas de la familia Ruiz son abismalmente diferentes de las oficiales. Ese mismo día iré a la oficina de Cementerios de Tapachula, donde me recibirá el director. Solo existen registros de los últimos cinco años: 25 migrantes enterrados, todos no reconocidos. 

“Y si alguien quiere venir a buscar el cuerpo de un familiar, ¿qué debe hacer?”, le pregunto a Kevin. “Viene y nos pregunta”, responde. “¿O sea que encontrar a un familiar migrante aquí depende de tu memoria?, insisto. “Sí, y de la de mi papá y la de mi abuelo”, dice. “Aunque nunca han venido a buscar. Solo ahí por el 2012 que vino un equipo de antropología forense de Argentina a buscar desaparecidos. Esa vez sí desenterramos bastantes”, recuerda Kevin. 

Al buscar en las noticias encuentro una que dice que cuando el equipo de antropólogas argentinas llegó a este lugar se sorprendió al encontrar más cuerpos de los que esperaba.

Antes de salir del cementerio, Don Veneciano barre los mangos que han probado los cadáveres de migrantes. No valen para comer. Cuando acaba los tira a un barril de metal. 

Quiero creer que lo que dice don Venenciano es cierto. Que si Victoria, la salvadoreña que vende su cuerpo en una noche eterna; Misael, que mantiene la esperanza de caminar a pesar de sus miedos; Armando y Roberto, los Ulises caribeños; Ahmed, que espera durmiendo al raso una cola infinita por una mentira; Eduardo, que construye su vida con basura; Heiman, que huyó de una guerra lejana y cualquiera de los migrantes que aparecen en estos diarios se quedan atrapados por siempre en Tapachula un día se convertirán en mangos. Igual que los migrantes que son asesinados por el narcotráfico o el Ejército. Igual que los cientos de migrantes que he entrevistado en estos dos años. Quiero creer que si un día acaban enterrados aquí, al menos podrán tener un poco de venganza: ampollarle la boca a los que un día intenten comérselos. 

Durante 26 años, el Estado de Honduras contrató los servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal exclusivamente a una sola empresa: Diálisis Honduras. En el 2022, el Gobierno de Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Salud (Sesal), abrió estos servicios a un proceso de contratación para permitir la participación de otras empresas. Al final del proceso, Diálisis de Honduras y la recién creada Nefrocentro se quedaron con los contratos, pero en el camino hubo incumplimientos de la ley y acusaciones de ambas empresas. 

Texto: Allan Bu y Luis Escalante, con reportes de Fernando Destephen
Fotografías: Fernando Destephen y Persy Cabrera
Portada: Persy Cabrera 

Para los pacientes renales, la vida depende de una máquina a la que tienen que conectarse durante cuatro horas, dos o tres veces por semana. Este procedimiento, que les mantiene con vida, es muy costoso, y la mayoría depende de la atención del Estado de Honduras, que subcontrata estos servicios, los cuales se han convertido en un negocio millonario. En el 2023, según datos de la Secretaría de Salud (Sesal), había en el país 4,700 pacientes renales, pero la cifra continúa en crecimiento. Para el 2024 se espera que el Gobierno destine unos 1,000 millones de lempiras en servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal.

Estos servicios, durante más de dos décadas, permanecieron en manos de una empresa, pero ahora están siendo disputados por un nuevo actor que ha entrado al negocio forzando puertas y doblando la ley.

Vayamos un poco atrás. La atención de estos pacientes durante los últimos 30 años había sido manejada por un único proveedor: Diálisis de Honduras S. A. Sin embargo, el 8 de agosto de 2022, el doctor José Manuel Matheu, entonces ministro en la Secretaría de Salud, convocó a la socialización del pliego de condiciones para el proceso de licitación de los servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal. 

Además de Diálisis de Honduras, surgió durante ese proceso un nuevo oferente: Tecnología, Comunicaciones y Servicios de Honduras S. A. (Technoss), empresa creada el 7 de diciembre de 1993, en aquel entonces con la finalidad de realizar inventarios a terceros, representar firmas extranjeras, adquirir acciones o participaciones de empresas, entre otras. El 29 de julio de 2022, Edgard Castellanos, un antiguo socio de Diálisis de Honduras, adquirió el 100 % de las acciones de Technoss

Posteriormente, el 20 de octubre de 2022, dos meses después de la reunión para socializar el pliego de peticiones de la licitación de los servicios, Technoss cambió el rubro, de tecnología y comunicaciones a la prestación de servicios médicos, quirúrgicos, preparatorios y de convalecencia a pacientes con enfermedades renales, realizar diálisis peritoneal, trasplantes renales, hemodiálisis y estudios de hipertensión arterial. En su acta de constitución reza que la sociedad podrá dedicarse a toda actividad de lícito comercio.

Un año después de que Technoss pasara a ser propiedad de Castellanos, el 15 de agosto de 2023, la empresa creó la marca Nefrocentro, orientada a proveer servicios médicos, quirúrgicos, preparatorios y de convalecencia a pacientes renales. De acuerdo con su sitio web, Nefrocentro es «un centro de diálisis humana moderna que ofrece un ambiente agradable, confortable y cuenta con la tecnología más avanzada para beneficio de nuestros pacientes y sus familias». Sus servicios son hemodiálisis y diálisis peritoneal. Están ubicados en Tegucigalpa y está por inaugurarse un centro de atenciones en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

El 6 de diciembre de 2023 se otorgó a Technoss una contratación directa por 10,079,844 lempiras, según la resolución de adjudicación 875-2023-SESAL derivada del proceso de contratación directa CD-15-2023-SESAL. Bajo ese proceso, a esta empresa y a su marca Nefrocentro se les asignaron cinco lotes de atención a pacientes renales: el Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, dos lotes en Tegucigalpa, uno en el hospital de San Marcos en Ocotepeque y uno en Olanchito, Yoro. Los otros 16 lotes fueron otorgados a Diálisis de Honduras, S. A.

Un paciente renal recibe tratamiento de hemodiálisis en el centro de atención de Nefrocentro en Tegucigalpa. 15 de febrero de 2024. Foto: Foto CC / Fernando Destephen.

Posteriormente, Technoss y Diálisis de Honduras también participaron en el proceso de contratación directa del servicio de atención médica a pacientes renales correspondiente a 2024. El proceso estaba contemplado en el expediente CD-06-2024-SESAL; sin embargo, el 7 de mayo de 2024 fue declarado desierto por la ministra Carla Paredes, tras un dictamen del Departamento de Licitaciones de la Sesal que estableció vicios de nulidad, ya que los pliegos tenían como base los utilizados en 2023, en los que aparecía como autor Edgard Castellanos.

Recientemente hubo otro proceso de contratación directa, bajo expediente CD-18-2024-SESAL, en el que participaron como oferentes Diálisis de Honduras y Nefrocentro a través de Technoss. Según el acta de recepción de ofertas, la primera empresa ofertó por 467,228,868.00 lempiras y la segunda por 318,961,616.00 lempiras para ocupar los 23 lotes de atención a pacientes renales existentes en el país.

Sin embargo, el 25 de octubre de 2024, la Sesal declaró fracasado este tercer proceso de contratación y argumentó que ninguna de las empresas subsanó la información requerida. 

Sesal allanó el camino a Technoss 

Antes de realizar la contratación directa CD-15-2023-SESAL, la Secretaría de Salud emitió una circular con número 15-2023 en la que decía que «si las unidades de compras, contratación y licitación de la Sesal obviaran la verificación de la idoneidad y capacidad del proveedor o contratista que manda la Ley de Contratación del Estado e instruye la guía única de Contrataciones Directas en Situación de Emergencia emitida por la Oficina de Contratación y Adquisición del Estado (Oncae), se omitirá la contemplación del requisito de que la empresa oferente requiera contar con experiencia previa en el rubro y solo será necesario que cumpla con el requisito de la constancia de la PGR de no tener juicios o cuentas pendientes con el Estado».

Esta condición allanó el camino para oferentes sin experiencia en el rubro, ya que en Honduras estos servicios prácticamente han sido un monopolio de Diálisis de Honduras. En la circular se indica que no haya discriminación y que se favorezca la competencia y la igualdad entre los potenciales oferentes. «No podrán imponerse restricciones ni exigir el cumplimiento de requisitos que no fueran técnicamente indispensables», dice la circular.

La revisión previa de las condiciones ofrecidas por las empresas detalló que los equipos de Diálisis de Honduras datan de 2008 y 2010, cuando en el pliego de peticiones se pide que sean de los últimos dos años.

Podés leer: Pacientes renales exigen mejores condiciones mientras el Estado busca otro proveedor de hemodiálisis

Además, esta empresa operaba sin licencia sanitaria en nueve clínicas a nivel nacional, mientras que a Technoss se le señaló que para el lote de pacientes en San Pedro Sula no tenía instalaciones físicas. La resolución le solicitaba al ministro de Salud en aquel entonces, José Manuel Matheu, que se otorgara un tiempo prudencial a ambos oferentes para que pudieran cumplir con los requisitos que les fueron solicitados y que no fueron subsanados.

En la resolución final se hace ver que el contrato entre la Sesal y las empresas tenía efectividad solo por 17 días, del 15 de diciembre al 31 de diciembre de 2023. A Diálisis de Honduras le asignaron servicios renales por 338,515,560 millones de lempiras y a Technoss por 75,000,776 millones de lempiras.

El exministro José Manuel Matheu, en una conversación con Contracorriente, mencionó que para la adjudicación de los servicios se colocaron especificaciones muy generales para que cualquiera pudiera participar, pero sí había un requisito no negociable: «Era que las máquinas fueran nuevas o con al menos dos años de uso. Teníamos reportes de máquinas que tenían 20 años y estas deben ser cambiadas cada cinco o siete años. Ahí comenzaron los problemas con la empresa que ya daba el servicio, porque no quería jugar con las reglas que se le ponían».

Pacientes renales protestan frente al edificio de Diálisis de Honduras, exigiendo al gobierno continuar su tratamiento en las mismas instalaciones, y desconociendo a la nueva empresa, Nefrocentro, por temor a quedar desatendidos. Tegucigalpa, 14 de diciembre de 2023. Foto CC / Fernando Destephen.

Matheu afirmó que escuchó a todas las asociaciones de pacientes renales antes de la contratación directa, y dijo que hubo quejas sobre el tratamiento que daba la empresa contratada, que provocó en algunos pacientes infecciones y calambres. Incluso mencionó que le dijeron «que se morían mucho y que el servicio que estaban recibiendo no era el mejor».

Matheu aseguró que, al revisar, se enteró de que Diálisis de Honduras ya tenía 23 años prestando servicios a los pacientes renales y que desde 2018 no había habido una licitación, pero de todos modos, cuando se había hecho, la única que participaba era la empresa ya mencionada. El exfuncionario declaró que le pareció «raro» que nadie participara siendo un mercado tan lucrativo, pues se pagan más o menos 1,000 millones de lempiras anualmente. Incluso afirmó que desde Casa Presidencial lo alentaron a terminar con el monopolio de hemodiálisis.

«Dividimos el país en 21 lotes, para que hubiera regiones donde diferentes proveedores pudieran ofrecer el servicio. Le agregamos algunos detalles, que hubiera un control digital», dijo el exministro. Afirmó que esto se hizo porque al final el Estado pagaba las facturas, sin tener información para contrastar. De seis empresas que se presentaron al inicio del proceso, al final solo Diálisis de Honduras y Nefrocentro recibieron contratos.

Irregularidades en el proceso de contratación de Technoss

Un aspecto que va en contra de la transparencia en el proceso de contratación es que Nefrocentro está vinculado a exfuncionarios de la Secretaría de Salud. Estos funcionarios estuvieron ligados a la unidad encargada de establecer los pliegos de peticiones para la contratación de servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal.

En Nefrocentro funge como director médico el nefrólogo Rubén Galeas, quien fue empleado de Diálisis de Honduras y funcionario de la Unidad Renal de la Sesal, antes de que en septiembre de 2023 se presentara al proceso de contratación como parte de la sociedad mercantil Technoss S. A. Este hecho fue reconocido por el doctor Matheu, pero aclaró que él no conocía la relación de Galeas con Nefrocentro y que, cuando se enteró, lo suspendieron de inmediato. Aseguró que el médico no participó en el comité de contratación.

El exministro de Salud, José Manuel Matheu, admite que Rubén Galeas, actual director médico de Nefrocentro, fue funcionario de la Unidad Renal de la Sesal. Matheu atiende una entrevista con Contracorriente en su despacho. Tegucigalpa, 22 de octubre de 2024. Foto CC / Persy Cabrera.

La empresa Diálisis de Honduras interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán contra el proceso de contratación, ya que la presencia de Galeas y Castellanos, quien era el socio mayoritario de Technoss, generaba un conflicto de interés, pues el primero fue miembro de la Unidad Renal de la Sesal antes de la contratación y tuvo acceso a información privilegiada y ventajosa sobre el competidor, mientras la persona que elaboró las bases para el proceso de servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal de la Secretaría de Salud, según un documento del portal de información de la Oncae, fue el mismo Edgar Castellanos.

Sobre esta situación, la Sesal emitió la resolución 520-2024 en la cual reconoce que el departamento de licitaciones del 2024 utilizó como formato el pliego de condiciones en el que aparece como autor uno de los socios de la empresa Technoss, lo que el documento califica como «totalmente improcedente». Ante estas dudas, el 7 de mayo de 2024 se recomendó a la gerencia administrativa de la Sesal iniciar un nuevo proceso de contratación.

Otro de los vericuetos de este proceso fue el reclamo interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 13 de septiembre de 2024 por la Asociación Latina de Pacientes Renales (Alpar) contra el proceso de contratación de los servicios renales en el que participó por primera vez Nefrocentro. Solo seis días después, el 19 de septiembre, con una agilidad inusual para el tortuguismo con el que se mueve la justicia hondureña, se admitió el recurso en favor de Alpar; y el 19 de noviembre se admitió el recurso con suspensión del acto reclamado a favor de Alpar. 

El 6 de diciembre, desconociendo el fallo de la Sala Constitucional, se adjudicaron los servicios a Diálisis de Honduras y Nefrocentro. Matheu explicó a Contracorriente que la notificación del fallo llegó cuatro días después de la contratación del proceso. «Se rumorea que hubo dinero de por medio [para emitir el fallo en favor de la empresa Diálisis de Honduras]. No puedo comprobarlo, pero ese documento nos llegó un lunes y nosotros habíamos adjudicado el jueves de la semana anterior. Entonces, ¿qué proceso va a parar ya cuando está adjudicado?», se preguntó.

«Ellos hicieron un escándalo diciendo que yo estaba acusado. Afortunadamente, el pleno de la Corte Suprema de Justicia anuló el amparo el 9 de enero del año siguiente (2024); dijo que el amparo no era admisible, que lo que habíamos hecho era lo correcto», sostuvo Matheu.

Matheu también desmintió que la Alpar no haya tenido participación, pues a la apertura del proceso asistieron 13 personas de esta asociación de pacientes, a la que el exministro de Salud señala como «la asociación de la empresa», basándose en información que aparece en el Registro de Corporaciones de Florida, donde Diálisis de Honduras y Alpar tienen conexiones en común.

«Ahí vas a encontrar que la representante legal de Alpar es la misma de la empresa que daba los servicios, y es la hermana de la presidenta de la empresa. Entonces, uno más uno es dos», dijo Matheu.

El extitular de la Secretaría de Salud y actualmente diputado del Congreso Nacional mencionó que mostró documentos según los cuales la representante de Alpar es una persona llamada Karla Molina, mientras que la representante legal y socia minoritaria de Diálisis de Honduras es Claudia Molina, hermana de Karla. Además, dijo que poseen una misma dirección en el registro. En San Pedro Sula, Alpar tiene su oficina en el edificio de Diálisis de Honduras.

Matheu, tras una charla de casi 40 minutos, expuso su creencia de que los monopolios no son buenos, que debe haber competencia y que en el caso de los servicios renales podría haber distintos proveedores, incluso en la misma ciudad, y que el paciente escoja dónde recibir la atención.

«La empresa Diálisis de Honduras tenía el 100 % del mercado. La otra empresa que participó le ganó el 20 % del mercado, ganó 6 lotes de 21, pero estos son tan avorazados que no querían compartir y se pusieron a decir que eran empresas de maletín y tenían relación con el Gobierno», dijo el exministro.

Contracorriente contactó a la oficina de Relaciones Públicas de Diálisis de Honduras para obtener su postura sobre las declaraciones del exministro; sin embargo, al cierre de esta nota, no se había recibido respuesta.

Technoss, hipotecada con la banca privada, ahora compite con Diálisis de Honduras

Entre 2023 y 2024, Technoss experimentó cambios significativos en su estructura societaria y financiera, incluyendo la constitución de una hipoteca con el Banco Atlántida S. A. Solo unas semanas antes de que se creara la marca Nefrocentro, el 28 de junio de 2023, Castellanos y Enrique Dávila —funcionario del Banco Atlántida S. A.— suscribieron una hipoteca mercantil a través de la cual Technoss cedió al banco su patrimonio, mercancías, mobiliario, instalaciones, maquinaria, inmuebles, contratos de trabajo y cuentas por cobrar. La hipoteca se extendió con un monto de hasta 275 millones de lempiras, más intereses, comisiones y gastos.

Con Technoss hipotecada, el 15 de agosto de 2023 se creó Nefrocentro y, solo cuatro meses después, esta empresa ganó su primera contratación para proporcionarle servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal a la Secretaría de Salud.

El 7 de mayo de 2024, Edgard Castellanos dejó su condición de administrador único y gerente general de la sociedad mercantil, posiciones que pasaron a ser ocupadas por Ramón Arístides Sagastume Paz. Además de eso, el 25 de abril de 2024, Castellanos transfirió todas sus acciones sobre Technoss a Sagastume Paz.

Contracorriente intentó contactar a Edgard Castellanos, pero no respondió a los mensajes enviados. Sin embargo, en una conversación de febrero de 2024, antes de dejar sus acciones sobre Technoss, el empresario dijo a este medio que su intención cuando creó Nefrocentro era ofrecer a los pacientes un trato respetuoso y «sin andarlos utilizando para presionar o exigir al Gobierno para que haga las cosas como uno quiere», aludiendo a Diálisis de Honduras, a la que han señalado de enviar a los pacientes renales a manifestarse para favorecer los intereses de la empresa. Este medio consultó a Diálisis de Honduras sobre estos señalamientos, y desde la oficina de Relaciones Públicas respondieron de forma escueta, asegurando que los pacientes se manifestaron en defensa de su salud y sus derechos. 

Además, Castellanos sostuvo que Nefrocentro inició a operar con un equipo con fecha de fabricación de 2023, y que por «primera vez las especificaciones técnicas del equipo (en los procesos de contratación) no iban dirigidas a una marca específica, sino que estaban abiertas a que pudieran participar todas las empresas que están en el país».

Contracorriente tuvo acceso a una carta enviada el 28 de diciembre de 2022 por Castellanos a la Secretaría de Salud para solicitar al ministro de ese entonces, José Manuel Matheu, que le notificara por escrito si Technoss sería una opción para la contratación de los servicios una vez que las clínicas de su marca, Nefrocentro, estuviesen listas. Así, la empresa comenzó a acondicionar sus centros en Tegucigalpa, Olanchito, Yoro y San Marcos de Ocotepeque, unos meses antes de que se realizara la adjudicación de los servicios de hemodiálisis. En las bases de la contratación se pedía que la entrada en operación fuese inmediata.

El exministro Matheu afirmó que Nefrocentro ya tenía clínicas listas antes de obtener la adjudicación de los servicios, y que esto denotaba cierto arreglo. Castellanos, en defensa de la empresa, mencionó que exactamente de la misma forma comenzó Diálisis de Honduras. «Construía las clínicas primero y después se ofrecían los servicios a la Secretaría de Salud, porque este es un proceso donde una licitación normal conlleva sus riesgos», dijo. 

Entonces, lo que se hace es invertir en condiciones tanto técnicas, médicas como legales, para luego decir: «Estoy disponible, tomame en cuenta».

Castellanos sabe de lo que habla. Él fue socio de Diálisis de Honduras e incluso dijo que fue el gestor para que esta empresa consiguiera contratos con la Secretaría de Salud en el 2000. Cinco años después, dejó la sociedad por diferencias con el socio mayoritario Donald Ray Swendener, a quien acusa de utilizar materiales vencidos y de mala calidad en los tratamientos que brindaban a los pacientes.

Ahora sostiene que hay una molestia de parte de Diálisis de Honduras, porque fue él quien vino a romper el monopolio que por 23 años habían tenido en los servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal. «Han tomado acciones, como queriendo decir “los pacientes son míos”», aseguró.

El asocio de Diálisis de Honduras y Nefrocentro con un exministro del Gobierno actual

Edgard Castellanos aseguró a Contracorriente que se alejó de Donald Ray Swendener en 2005. Previo a ese distanciamiento, el 21 de diciembre de 2004 creó la empresa Oxígenos y Gases de Honduras S. A., en la que ambos compartieron cargos dentro del consejo de administración. Esta empresa se constituyó con el objetivo de «fabricar, comercializar, exportar e importar oxígeno y gases de todo tipo». 

Sin embargo, según el Registro Mercantil de San Pedro Sula, la sociedad mercantil finalmente no prosperó y solo quedó disponible su acta de constitución. En ella aparecen como socios Castellanos y Mauricio Ramos, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte en el Gobierno de Xiomara Castro, entre el 27 de enero de 2022 y el 1 de junio de 2024.

El exfuncionario y empresario confirmó a Contracorriente que fue socio de Edgard Castellanos y que compartió cargos con Donald Ray Swendener —socio mayoritario de Diálisis de Honduras— dentro del consejo de administración de Oxígenos y Gases de Honduras, pero señaló también que esa sociedad mercantil nunca se consolidó.

«Fue un intento hace más de 15 años. Se quedó en eso… solo un intento de muchas cosas que quise desarrollar», indicó Ramos, quien, además de haber sido alto funcionario del actual gobierno, es cercano a la presidenta Xiomara Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). También es dueño del canal de televisión Une TV, cuya política editorial gira alrededor de un apoyo rotundo al actual gobierno.

En el acta de constitución de la sociedad mercantil, Swendener aparece como consejero propietario y Ramos como consejero suplente.

Por su lado, el exministro de Salud, José Manuel Matheu, manifestó a este medio haber sabido por terceras personas que su antiguo compañero de gabinete, Mauricio Ramos, había sido socio de Edgard Castellanos, pero que «nunca existió una presión por parte de él para favorecer a Technoss». Lo que sí es un hecho es que tanto Castellanos, Swendener como Ramos compartieron intereses empresariales alguna vez.

La presidenta Xiomara Castro anunció la salida de Ramos y Matheu de su administración el 1 de enero de 2024, solo unas semanas después de la controversia que se generó entre la Sesal y Technoss, dueña de Nefrocentro, a finales de 2023.

El convenio de la Fundación Luz y Vida

Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) por el departamento de Cortés, ha señalado que el servicio de hemodiálisis le resulta muy oneroso al Estado y que, si se continúa con la tendencia, en unos años será impagable.

En 2023, Umaña declaró a medios de comunicación que, según datos de la Sesal, los tratamientos de hemodiálisis pasaron de costar 300 millones de lempiras en 2016 a 900 millones de lempiras el año pasado. Afirmó que esa cantidad en licitación es solo para el tratamiento por hemodiálisis, pero que, en suma, cada paciente renal le cuesta al Estado 1,400,000 lempiras anuales. «Pronto serán cinco mil millones. Hay que prevenir que el Estado quiebre, no vamos a poder sostener esta enfermedad», manifestó en esa ocasión.

Sin embargo, documentos a los que tuvo acceso este medio indicarían que el doctor Umaña ha sido parte de los nuevos procesos para la atención de los enfermos renales en el país. El diputado del Congreso ha sido parte de la trama de estas empresas por medio de su participación en la Fundación Luz y Vida (Funluvi), en la cual él, su esposa y otros familiares forman parte de la junta directiva. Funluvi, el 15 de agosto de 2023, firmó un convenio con la Sesal para la supervisión del centro renal en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, aún no construido, y otro centro renal en Tegucigalpa, operado por Nefrocentro.

El convenio con Funluvi se firmó pese a que una unidad técnica de la Sesal, encabezada por el doctor Hernán Cruz Mendoza, concluyó que en la justificación no estaba clara la participación de la ONG en el funcionamiento del centro, aun cuando se mencionaban diversas actividades como la participación en la habilitación y creación del centro, acciones de veeduría social, contribuir con el manejo integral del paciente renal, brindando servicios de apoyo médico, psicológico, social y familiar, además de cualquier apoyo en la gestión financiera del proyecto, que finalmente no ha arrancado.

«No se recomienda la suscripción del convenio, sin tener antes la claridad en la definición y objetivo del nuevo centro que se pretende crear», se concluyó en el análisis sobre la suscripción del acuerdo. Sin embargo, esta recomendación no fue atendida por el doctor José Manuel Matheu, pues se firmó el acuerdo con Funluvi, en cuya junta directiva han figurado Marco Antonio Pinel, coordinador de la Unidad Renal de la Sesal; Gaspar Rodríguez, exdirector del IHSS; Carlos Umaña y su esposa Milady Mejía.

Al momento de publicar este reportaje, en el Mario Catarino Rivas aún no hay centro renal, pero se está construyendo, y Funluvi hace veeduría social en Nefrocentro de Tegucigalpa.

A través de un mensaje de audio, el doctor Carlos Umaña le afirmó a este medio que, desde que asumió como diputado en el Congreso Nacional, renunció por conflicto de interés a la junta directiva de Funluvi, de la que fue fiscal por más de 15 años, pero que su esposa y cuñada siguen involucradas en esta fundación, que, según el congresista, es sin fines de lucro y ha gestionado más de 100 trasplantes renales.

Dijo además que Funluvi fue nominada por la Sesal para hacer la veeduría social en los centros de San Pedro Sula y Tegucigalpa de la nueva empresa Nefrocentro, pero aclaró que Funluvi no tiene ningún vínculo con esa empresa: «No es accionista, no existe ningún miembro de Funluvi que esté en esa empresa, es más, esta empresa pertenece al Banco Atlántida, nació con dos socios, y uno de ellos le vendió al banco», dijo.

Umaña aseguró que el acuerdo se ha cumplido, y Funluvi supervisa los centros de Nefrocentro en San Pedro Sula y Tegucigalpa. «Es un acuerdo legal. No existe nada oculto», dijo, y agregó que «si Diálisis de Honduras hubiera ganado esos dos contratos, también iba a ser supervisada. Los contratos anteriores de Diálisis de Honduras impiden a la Secretaría supervisar sus instalaciones, es más, no dejan entrar personal de salud».

Además, descartó que Funluvi esté recibiendo dinero del Estado por el acuerdo, pues funciona con donaciones: «No recibe ningún dinero por parte del Estado de Honduras, toda esta relación es completamente ad honorem; es más, Funluvi acaba de lograr, a través de una intermediación, un préstamo de 32 millones de euros para el Gobierno», dijo.

«La empresa que daba el servicio no quiere perder absolutamente nada de sus monumentales ganancias y, como fui miembro de Funluvi, y todavía mi esposa y cuñada pertenecen a la Fundación, es lógico que intenten desacreditar nuestro nombre, pero no hay ningún negocio, no hay ningún conflicto de interés. Hasta el momento el convenio sigue vigente», expresó.

Pacientes renales, en medio de esta disputa comercial 

Los miembros de Alpar han realizado varias protestas contra el cambio de proveedor de los servicios para pacientes renales. Una de las más visibles fue la toma de la salida de Tegucigalpa que va al norte del país, realizada en julio de 2024, cuando hubo incluso personas desmayadas y golpeadas por la Policía Nacional. Daniel Mairena, dirigente de los pacientes renales en Tegucigalpa, aseguró a Contracorriente en octubre de 2023 que sus compañeros estaban siendo utilizados por Diálisis de Honduras, que proporcionaba fondos para realizar las acciones. La empresa negó cualquier injerencia en las manifestaciones de los pacientes.

De nuestro archivo: La eterna deuda con los pacientes renales en Honduras

Entre las acusaciones contra Diálisis de Honduras está la demanda ante la CSJ presentada a través de los pacientes, que de resolverse no habría afectado a la empresa en cuestión, ya que presta este servicio al Estado desde hace casi 30 años y habría seguido trabajando porque la atención a los pacientes renales no puede detenerse, pero Nefrocentro no hubiera podido entrar en operaciones.

En Honduras hay alrededor de 5,000 pacientes renales. La mayoría son ajenos a los juegos de poder detrás de la atención renal. Por ejemplo, en San Pedro Sula, desde hace dos años, María lleva tres veces a la semana a hemodiálisis a su madre, y participó en las manifestaciones para exigir que los pacientes no fueran trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas.

Un grupo de pacientes renales protesta en los bajos del Congreso Nacional, exigiendo poder elegir el lugar para realizar su tratamiento de diálisis. Tegucigalpa, 24 de abril de 2024. Foto: Fernando Destephen / CC

Contó que su madre es atendida regularmente en Diálisis de Honduras, pero que también recibió hemodiálisis en Nefrocentro en el hospital Mario Catarino Rivas, y en ambos lugares recibió un trato digno del personal de enfermería. Sin embargo, también confió que otros pacientes, que tienen muchos años asistiendo a las clínicas de Diálisis de Honduras, le dijeron que antes el trato no era bueno, pero que a su mamá siempre la han tratado bien. Contó que en agosto de 2024 llegaron máquinas nuevas a Diálisis de Honduras; ella reconoce que las anteriores fallaban mucho. Quizás las disputas por el botín de atención a pacientes renales están dejando algo bueno para los pacientes. «El trato ha mejorado bastante», afirmó María.

Apuntes sobre Vaquero
18 de mayo de 2022

Por Bryan Avelar

En Tapachula andan matando. Y cuando la gente lo dice, no dice quién. Lo dicen como si se tratara de unas sombras sin rostro que deambulan por las calles dejando muerte regada por todas partes. Pero esas sombras tienen nombre. Y las estructuras criminales a las que pertenecen también. Sin embargo, aquí nadie se atreve a pronunciarlos.

Vaquero es un periodista de nota roja con larga data en el sur del estado de Chiapas y eso todo lo que puedo decir sobre él. Describirlo físicamente o dar más características suyas podría poner en riesgo su vida o la de alguien que se le parezca. Es cierto que esto se dice mucho en el periodismo para proteger a las fuentes que aceptan hablar bajo condición de anonimato, pero después de conversar con este reportero en un restaurante de un centro comercial me queda muy clara la dimensión del asunto. Después de esta reunión me reuniré con un investigador la Policía estatal. El investigador, sin que yo le pregunte, me hablará de Vaquero y me dirá, palabras más, palabras menos, que el periodista ya tiene la vida prestada. Que el narco, las sombras lo quieren matar y que solo están esperando a que haga una marca más para cobrárselas todas. 

Sentado en los sillones acolchonados de un restaurante lujoso en el norte de la ciudad de Tapachula, Vaquero habla en voz quedita, mira a su alrededor y me dice que ha aceptado venir hasta acá y hablar conmigo porque, de alguna forma, siente que necesita contar lo que ha visto y oído y también lo que ha hecho. Algo que nunca podrá hacer como periodista. Antes de hablar me pregunta para qué medio trabajo y qué diablos hago viviendo en este lugar. 

-Nombre, hermano. Tú no lo ves, pero aquí se está librando una guerra-, me dice. Tiempo después de esta conversación lo veré.

Durante la última década, Tapachula ha sido un territorio bastante tranquilo en comparación con otros estados famosos por su letalidad al norte de México como Sinaloa o Guanajuato. Ha sido así desde que acabó su última guerra entre el cartel de Los Zetas Cartel de Sinaloa y quedara bajo hegemonía de este último. Hasta hace poco. 

Además de ser la meca de la migración en el sur de México, Tapachula es un eslabón importantísimo en la ruta de la droga que viaja de sur a norte. Tan importante es que en 2002 aquí se refugió por un tiempo el mítico narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán antes de ser arrestado tras huir hacia Guatemala. 

Sin embargo, en los últimos años el panorama ha cambiado en todo el estado de Chiapas y, por supuesto, en Tapachula también.

-Están entrando las cuatro letras y vienen con todo. Les interesa la plaza- me dice Vaquero.

Las cuatro letras son las iniciales de Cartel Jalisco Nueva Generación. Y al Cartel de Sinaloa lo llaman las Tres Letras. Solo así. 

Escuchar esa expresión me recuerda a cuando reporteaba pandillas en las comunidades de El Salvador, algo que hice durante casi ocho años y que sigo haciendo. Las pandillas tenían tanto control sobre la población que simplemente se limitaban a llamar “Letras” a los miembros de la pandilla Mara Salvatrucha y “números” a los del Barrio 18.

En los meses siguientes a esta primera plática con Vaquero, Tapachula se volverá escenario de homicidios casi a diario. Una semana aparecerá el cuerpo desmembrado de un hombre con la cabeza enrollada con cinta adhesiva y un letrero que dirá “Esto le pasa a los coyotes que no pagan”. A una cuadra de mi apartamento le descararán 30 disparos de arma larga a un hombre que caminaba sobre el andén. Matarán a un ex policía federal acusado de traficar personas y circulará un video donde hombres armados con fusiles y chalecos antibalas se bajan de una camioneta y le disparan a dos hombres saliendo de un bar. Ningún periódico atribuirá la muerte a ninguna estructura criminal con nombre y apellido. Solo se hablará del Crimen Organizado.

Aunque todo el mundo lo sabe, nadie lo dirá.

El miedo a las letras se ha expandido tanto en Tapachula que para el 21 de octubre de 2024, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía publicará que Tapachula se ha vuelto en el lugar con mayor percepción de inseguridad en todo México, incluso arriba de Celaya, en Guanajuato y Culiacán, en Sinaloa, dos ciudades prácticamente en guerra desde hace décadas. El estudio dirá que el 91.9% de las personas de esta ciudad se sienten inseguros en su municipio.

-Aquí como periodista te recomiendo que tenés que ser ético- me recomienda Vaquero.

-¿Y qué es ser ético para vos?- pregunto, intentando no ofenderlo.

-No tenés que jalar ni para uno ni para el otro- responde. Habla de carteles, claro.

-Por ejemplo, hace unos días incautaron 200 kilos de coca ahí en la bodega de. ¿Viste? Yo publiqué esa nota y yo sé que se la incautaron a las cuatro letras. Pero mi deber como periodista es no decir a quién se la quitaron porque eso les afecta a ellos. ¿Me entiendes?

Entonces entiendo que aquí las faltas “éticas” no se pagan con la carrera. Se pagan con la vida.

Con más de dos décadas de ser periodista en esta región, Vaquero ha hecho cosas que faltan a otra ética. A una menos letal. Ha trabajado y ha recibido pagos de los dos cárteles por publicar o por dejar de publicar noticias. 

-La otra vez mataron a una señora. Era la mujer de un poderoso de aquí de las tres letras. La mataron y la dejaron en un monte. Yo me enteré de eso. Unos policías me pasaron las fotos de ella y yo las publiqué. Salí del periódico a almorzar y de repente me cayeron unos vatos en una moto. Por la ventana me aventaron un rollo de billetes y un teléfono. “Quieren hablar contigo”, me dijeron. Era el señor. Me dijo que tenía media diez minutos para bajar la nota. Inmediatamente llamé al editor para que borrara esa mierda. 

-¿Y el dinero?- pregunté.

-Lo agarré porque a ellos no se les puede hacer un mal gesto. Lo toman a mal- me dijo.

Azul es un hombre cuarentón, regordete y de apariencia campechana. Tiene más de 20 años de trabajar como policía. Es originario del norte de Chiapas, pero lleva más de una década viviendo en el sur. 

Me cuenta que el paso de droga está controlado por las tres letras Tecún Umán y que el crimen organizado controla completamente las rutas migrantes. “Tienen alcones en todo el camino. Ahí secuestran a los migrantes, los meten en casas de seguridad y todo esto ¿con ayuda de quién? Me pregunta de forma retórica. “De la autoridad”, se responde él solo.

En las conversaciones comunes en bares, fiestas o reuniones casuales con activistas, defensores de derechos humanos o incluso con meseros o taxistas cada vez se hace más común un tema de conversación en Tapachula. Y casi toda la gente con la que he hablado de ello empiezan el tema con una misma frase “andan matando”.

Al terminar nuestra conversación, Vaquero me da un último consejo. “Ten cuidado con lo que escribas porque esas mismas letras te pueden matar a ti”. 

Por Vale Ramos
Portada: Retrato de George Dyer en un espejo por Francis Bacon

Este año se resume en un sustantivo simple y masculino: cambios. En él, me he perdido a mí misma y olvido constantemente dónde encontrarme; quizás en las resoluciones no cumplidas de enero, quizás en los pensamientos intrusivos, quizás en las miradas al espejo.

De tanto cambiar, he quedado vacía. Me busco y no me encuentro. Perdí las resoluciones anotadas, perdí ante los pensamientos que calan, perdí a quien veo al espejo.

¿Qué se hace cuando los cambios nos abruman? ¿Qué se hace cuando las metas no se cumplen? ¿Cómo me explico a mí misma que los cambios no son negativos? ¿Por qué asocio con tanta negatividad la palabra? ¿Qué tanto de mí se ha rehusado a cambiar, que ahora que sucede me cuesta abrazarlo con cariño?

Durante mucho tiempo creí que debía estar «lista» para cambiar. La palabra «lista» tiene una definición clara: apercibido, preparado, dispuesto para hacer algo. Y ahí me enfrenté a un gran problema. No estaba dispuesta a enfrentarme a los cambios, no estaba preparada, y los cambios llegaron sin previo aviso. Creo que esa es la raíz del conflicto: el mal uso del lenguaje.

Estos meses me han golpeado con una ruptura amorosa, un despido laboral, los retos de un proyecto en desarrollo, tres trabajos, innumerables infecciones de garganta, rutinas de gimnasio –fallidas y aprovechadas–, una batalla constante con la comida, limpiezas de clóset y un sinfín de descubrimientos personales. Aunque han sido meses llenos de cambios, desafíos, logros y muchas primeras veces, me he sentido fuera de mí misma e incómoda. Esta sensación no es nueva para mí; no es la primera vez que enfrento cambios, pero sí es la primera vez que veo el avance, lo siento, lo admiro y lo quiero.

Entonces, si tanto deseo seguir por el camino que he trazado, ¿por qué mi mente toma el control y me invade con pensamientos negativos sin fin? ¿Por qué tiendo a sabotearme? ¿Por qué soy tan exigente con mis inseguridades, tan dura al compararme, y tan crítica con mis habilidades y pasiones?

Me encuentro luchando contra un límite de tiempo autoimpuesto, bajo presiones descomunales y metas inalcanzables. Y cuando no logro cumplirlas, siento una culpa abrumadora, desmotivación, desánimo, desinterés e insuficiencia. Todo esto me sumerge en un proceso de apatía que afecta cada aspecto de mi vida, convirtiéndome en una versión retraída de mí misma, incapaz de encontrar alegría o gozo. Me desconozco. Pasan los días. Me encuentro. Sigo avanzando, el cambio y yo debemos llegar a un acuerdo.

La respuesta a mi sinfín de preguntas y acciones negativas es reconocer que en mí habitan los mecanismos de defensa de la racionalización y la autoexigencia. Estos mecanismos toman el control como protectores ante el malestar y la incomodidad que me generan los cambios. Debo aceptar que tengo miedo al fracaso, a la vulnerabilidad, y a no alcanzar un rendimiento perfecto conmigo misma.

¿Cómo abrazo los cambios? ¿Cómo tomo con cariño las metas no cumplidas? ¿Cómo veo los cambios de manera positiva?

Lo primero que hice fue reflexionar sobre mis propias emociones, sentirlas, dialogar con ellas, provocando una ola de cuestionamientos.

Me detengo en silencio. Pasan los días y nada parece cambiar, pero al mirar atrás, veo cómo todo cambió. Para bien o para mal, siempre es para mejor. Me encuentro,

ya no soy la misma. Las cosas cambian, y yo cambio con ellas. Qué suerte, la mía. Sonrío al recordar quién fui, a los recuerdos de lo que ya no es, lo que en su momento fue mío y lo que dejé ir para ser quien soy.

No puedo luchar contra mis propios cambios ni contra los que la vida me presenta, aquellos que están fuera de mi control. Debo soltar esa necesidad de control y abrazar cada transformación con el corazón abierto. Ser más flexible y menos exigente conmigo misma es un acto de amor, un camino hacia encontrar valor en la paciencia y la constancia. Quiero abrazarme con ternura, reconociendo que lo que dejo atrás es para mi propio bienestar, y que la presión que a veces me impongo no es más que el deseo de crecer y ser mejor.

Después de meses —o tal vez años— he vuelto a escribir. Ahora me rodean perritos, he comenzado un nuevo trabajo que me apasiona y me exige. Estoy iniciando un nuevo proyecto que me emociona. Me miro al espejo y veo mis cambios físicos. Tengo amigos y familia a los que amo, he llegado a probar comidas nuevas, volviendo a realizar actividades que amo, como leer, escribir, visitar galerías y asistir al teatro. Estoy enamorándome por primera vez de mí misma, disfrutando de mi propia compañía, redescubriéndome y gozando el proceso.

A veces lo olvido. Olvido todo lo bonito que los cambios han traído: los procesos de sanación por los que he pasado, los cambios en mi identidad, en mis gustos y en mi forma de ser. Es normal que los cambios provoquen caos y pánico, pero eso también es una señal de que estoy avanzando, de que hay crecimiento. Me hace ser consciente de lo que estoy dejando atrás al tomar acciones que me acercan a vivir con más alegría.

La incomodidad y el sentirme fuera de mí misma son parte del desarrollo, y puedo ver estas sensaciones como algo positivo. Le doy la bienvenida a los cambios que han ocurrido, a los que están sucediendo ahora y a los que están por venir, abrazando todas las emociones que habitan en mí. Aunque sigo descubriendo los efectos de estos cambios, estoy lista para enfrentar mis miedos con paciencia y amor.

Un camión empuja la basura compactada y una veintena de hombres, mujeres y niños lucha contra una parvada de zopilotes y una jauría esquelética. Los humanos priorizan el plástico y el cartón, pero también buscan comida que los animales intentan arrebatarles. 

Son cerca de las diez de la mañana. Estamos en Linda Vista, el basurero municipal de Tapachula. Luego de cruzar el portón principal la tierra se convierte en un polvo amarillo muy fino. Inmensas dunas de basura humeante se suceden a lo largo de un terreno más grande que 20 campos de fútbol juntos. Entre ellas serpentean caminos de tierra por los que entran y salen camiones que vienen a dejar todo lo que desecharon los habitantes de la ciudad.

Cheché, el fotógrafo, y yo bajamos por las dunas hasta que llegamos al lugar donde se libra la batalla entre humanos y animales. Los pies se nos hunden en la basura. Mientras el camión descarga, los humanos toman unas varillas de hierro con un gancho en la punta con la que toman su pesca y la tiran a una bolsa de basura gigante que cada uno tiene a la par. 

Vinimos aquí porque pensamos que quizá podíamos encontrar algún migrante que viviera de la basura. Pero un par de horas después nos damos cuenta de que todos lo son. En este basurero habitan cerca de 200 familias de migrantes centroamericanos que trabajan como pepenadores, como se le llama a quienes recogen plástico y cosas de valor de la basura para venderlo a las grandes recicladoras a cambio de una miseria. Por ejemplo, el kilo de plástico lo venden a 3,5 pesos mexicanos, cerca de veinte centavos de dólar. A ese precio, para ganar unos 15 dólares al día, un pepenador tiene que juntar 80 kilos de plástico. 

Eduardo, un migrante guatemalteco, hunde su brazo entre la basura y hurga durante unos segundos. Sonríe. Saca el brazo y trae en su mano una bolsa roja desteñida con un poco de tortillas dentro. “Lo que la gente bota para nosotros es oro”, me dice. Más tarde nos enseñará su vida hecha de basura. Su casa, una construcción de varas de madera y lonas de plástico donde vive junto a su esposa, Lidia, una mujer maya mam originaria de la sierra de Guatemala, y su hija de dos años. Sus muebles: una hamaca, una mesa, dos camas y unas sillas plásticas. Sus platos, sartenes y tenedores. Todo salido de los desechos de otros. 

La mayoría de migrantes lleva tantos años aquí que han fundado tres comunidades alrededor del basurero donde habitan unas 500 personas. Ninguna tiene agua potable y solo hasta hace poco, con ayuda de una organización no gubernamental, lograron instalar un sistema de alumbrado público que solo funciona unas cuantas horas por las noches. El agua la acarrean de unos manantiales que brotan de la parte baja del basurero. “Nosotros la sentimos buena. Pero seguramente está contaminada con todo lo que escurre de la basura”, dice Eduardo. 

Eduardo lleva tres cadenas colgadas del cuello que, asegura, encontró aquí y son de plata.  “Encontramos relojes, pulseras… una vez me encontré dinero. Como dos mil pesos (cien dólares)”, dice. “También hemos encontrado pistolas”, añade con una sonrisa.

La sonrisa de Eduardo y los otros migrantes que lo acompañan se borra  cuando nos cuentan que hace unos meses uno de los perros esqueléticos que habitan el basurero estaba muy entusiasmado con un trozo de carne que se disputaba con los zopilotes. Cuando se acercaron vieron que era un feto. 

En la Cumbre de Biodiversidad (COP16)  en Cali, Colombia, la propuesta de créditos de biodiversidad como uno de los mecanismos para restaurar ecosistemas para el 2030, ha suscitado un debate intenso. En Honduras, iniciativas similares enfrentaron denuncias de irregularidades y rechazo por parte de pueblos indígenas y ambientalistas, quienes sostienen que esta medida privilegia a corporaciones y mercados. Defensores indígenas también instan a que las discusiones de la cumbre no se enfoquen solo en proteger la naturaleza, sino también en garantizar los derechos de las comunidades.  

Texto y fotografías: María Celeste Maradiaga

Los créditos de biodiversidad, mecanismo creado como una opción para revertir y detener la pérdida de biodiversidad para 2030 —uno de los puntos clave en el Acuerdo Kunming-Montreal suscrito  en la COP15—, ha sido uno de los puntos más discutidos entre las organizaciones durante la Convención de Biodiversidad. Una parte asegura que el mecanismo privilegia a corporaciones y empresas que buscan compensar el daño que realizan al ambiente y la biodiversidad por encima de los derechos comunitarios y el resguardo ambiental genuino.

Los créditos de biodiversidad son similares a los créditos de carbono, pues buscan que industrias o corporaciones que en el desarrollo de sus proyectos han contribuido a la pérdida de biodiversidad se comprometan a restaurarla mediante la financiación de proyectos.

Rony Castillo, subcoordinador de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), quien ha estado presente como observador en la COP16, expresa que la implementación de este mecanismo resulta preocupante para las comunidades, pues a nivel mundial no se ha consolidado aún el mercado de carbono, y tampoco se han mostrado sus beneficios reales a las comunidades.

«Son una fortaleza para las corporaciones, y creemos que no van a ayudar a nuestras comunidades, al contrario, es una herramienta más de despojo», manifestó Castillo.

Bertha Zúniga, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) también cree que los créditos de biodiversidad no representan una solución real a los problemas de pérdida de especies, bosques y ríos en Honduras. Zúniga, mujer lenca e hija de Berta Caceres, ambientalista asesinada en 2016, califica a los mecanismos como el mercado de carbono o los créditos de biodiversidad dentro del «extractivismo moderno», y asegura que no atacan el problema de fondo en la pérdida de los ecosistemas a nivel mundial.

«Es horrible que ahora se están convirtiendo los bosques de las comunidades, su biodiversidad y su riqueza, incluso cultural, en un servicio ambiental a disposición del mercado. Nosotras (Copinh) siempre hemos reivindicado en las comunidades que son la vida y no la ganancia, y que no pueden ser mercancía los bosques, los ríos, ni la biodiversidad; esto sigue siendo una falsa solución ambiental», aseguró la coordinadora del Copinh.

Bertha Zúniga Caceres, coordinadora del Copinh, en una entrevista después de un evento en el marco de la COP16. Cali, Colombia. 24 de octubre de 2024. Foto: CC/María Celeste Maradiaga.

Además, apuntó que las negociaciones y discusiones desarrolladas en esta COP16 no deben enfocarse solo en los bosques, las costas y los océanos, sino que también deben implementarse medidas centradas en los pueblos originarios, las comunidades y sus derechos, y que sean soluciones basadas en los derechos humanos.

«Todo el mundo tiene expectativas de una cumbre que se realiza en América Latina» señaló Bertha Zuniga, «en la que hay presencia de comunidades indígenas, rurales y campesinas, pero también hay expectativas de ver en concreto acciones por parte de los Estados, sabiendo que estos no se comprometen ni en lo mínimo con quienes protegemos la naturaleza».

Los créditos de biodiversidad, mecanismo creado como una opción para revertir y detener la pérdida de biodiversidad para 2030, uno de los puntos clave en el Acuerdo Kunming-Montreal, también han despertado protestas en el desarrollo de la Cumbre de la Biodiversidad. En la Zona Azul, ubicada en el Centro de Eventos Valle del Pacifico, espacio en el que se desarrollan las negociaciones y eventos de la COP16, en Cali, Colombia, un grupo de ambientalistas demostró su rechazo al mercado de los créditos de biodiversidad.

«¡Las falsas soluciones basadas en la naturaleza no nos llevarán a ningún lado, la naturaleza no está a la venta! ¡Los créditos de biodiversidad son una distracción!», gritaban los manifestantes que pertenecen a Amigos de la Tierra, una red que agrupa a organizaciones ambientalistas de todo el mundo.

Una mujer sostiene una pancarta durante la protesta en contra de los créditos de biodiversidad realizada por Amigos de la Tierra en la Zona Azul, donde se está desarrollando la COP16. Cali, Colombia. 28 de octubre de 2024. Foto: CC/María Celeste Maradiaga.

Por su parte, Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales (Serna), aseguró que en Honduras actualmente no existe un marco que regule la implementación de este mecanismo, y que como país no han fijado una postura al respecto, considerando que entre las prioridades en la COP16 está buscar el financiamiento para el desarrollo de programas que preserven la biodiversidad, pero que puedan ser implementados dentro de la normativa nacional.

«Estas cosas pueden acordarse aquí en la convención, pero aterrizarlas a la realidad nacional es difícil», dijo el ministro de la Serna, momentos antes de que iniciara el segmento de alto nivel donde los presidentes y ministros de los países participantes expresaron sus posturas respecto a los acuerdos alcanzados hasta el momento en la COP16.

El ministro de la Serna también recordó que la implementación de un mecanismo como los créditos de biodiversidad puede ser complejo en el contexto hondureño, debido a las irregularidades que han sido detectadas en mecanismos parecidos, como el mercado de carbono.

Es por esta razón que, según Medina, el gobierno aprobó la «Ley especial de las transacciones de carbono forestal para la justicia climática», para que el Estado sea quien regule este mercado, luego de la moratoria que se estableció en junio de 2022. Sin embargo, hasta el momento no se han registrado avances en la reglamentación de esta Ley, y sectores de la sociedad civil y los pueblos originarios no fueron incluidos en la socialización de la misma.

 Poder dentro de las negociaciones

Para Valentina Figueroa, miembro de la Global Forest Coalition, la implementación de los créditos de biodiversidad solo representa una parte de la agenda que impulsan las corporaciones en estos eventos, y asegura que es necesario que en estas cumbres se implemente más la participación de los sectores disidentes en las negociaciones que aquí ocurren.

«Creo que es necesario priorizar la necesidad de limitar el lobby que están teniendo las corporaciones con el CBD (Convención de Biodiversidad). Esto es crucial, y en las COP del clima también, porque ves que hay demasiados esfuerzos puestos en promover falsas soluciones en estos espacios, que no van a la raíz de los problemas en la pérdida de biodiversidad», indicó.

Además, en cuanto a las negociaciones, explicó que las organizaciones que son críticas con estas alternativas para recuperar la biodiversidad están en clara desventaja con las corporaciones, que tienen más participación en las reuniones con los negociadores, lo que representa un conflicto de interés, considerando que son las mismas que ejecutan proyectos extractivos en un determinado punto del mundo, pero que buscan compensar el daño en otros.

Por ejemplo, en un evento paralelo a la COP16, una ambientalista de la amazonia colombiana denunció ante la ministra de ambiente de Colombia, Susana Mohammad, que justo en el mismo pabellón donde se encontraba su organización haciendo conciencia sobre el daño que el extractivismo ha hecho a su comunidad, también estaba la empresa ejecutora de este proyecto, supuestamente demostrando su compromiso con la defensa del medioambiente y destacando la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza.

Aunque las metas 2 y 3 del Acuerdo Kunming-Montrealacordado en la COP15 en Montreal, Canadá— solo indican que para el año 2030 las áreas terrestres, marinas o costeras deben ser restauradas efectivamente en un 30 %, y que además esta restauración debe ser manejada por representantes de las comunidades e incluir sus saberes tradicionales, los créditos de biodiversidad se han planteado como un mecanismo que asegura esta conexión entre los distintos sectores, y que además podría asegurar el financiamiento necesario para la preservación de la biodiversidad.

En otra de las metas del Acuerdo se señala que los países desarrollados adscritos deben movilizar al menos 200 mil millones de dólares para proteger y restaurar la biodiversidad para 2030, los que deben destinarse a países en desarrollo y con economías en transición. Esto también ha sido debatido en la COP16, pues estos fondos son voluntarios, pero algunos países señalan que esta contribución debe ser obligatoria por parte de los países desarrollados, mientras que otros manifiestan que debe crearse otro fondo distinto al Fondo Mundial para el Medio Ambiente (Global Environment Facility en inglés), administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente.

Onno Van Dan Heuvel, jefe global de la Iniciativa de Financiamiento para la Biodiversidad (Biodiversity Finance Iniciative, Biofin por sus siglas en inglés) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) explica que, si bien los créditos de biodiversidad aún no han desarrollado el máximo de su potencial, desde el PNUD tienen dos líneas de acción que aseguran que estos serán implementados con base en principios de integridad y en conexión con las comunidades.

Una de estas líneas se desarrolla junto a la iniciativa Biodiversity Credit Alliance, que es coliderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente. Mediante esta iniciativa, asegura Onno Van Dan Heuvel, se busca analizar el contexto en las distintas regiones y considerar qué tan factible es la implementación de programas para la compensación de créditos por biodiversidad.

Onno Van Dan Heuvel, jefe global del Biodiversity Finance Iniciative, en una entrevista con periodistas de la beca para cubrir la COP16 del Internews’ Earth Journalism Network (EJN). Cali, Colombia. 23 de octubre de 2024. Foto: CC/María Celeste Maradiaga.

«Vemos como prioridad construir capacidad a nivel nacional en los países y apoyar a los gobiernos a construir su política nacional correspondiente a este mecanismo [los créditos de biodiversidad] para ayudarles en su propio marco a desarrollarlo en su país, sí así lo deciden, pero si un país no escoge este mecanismo, también podemos ayudarles mediante otros», indicó el jefe de Biofin.

Por otro lado, Manesh Lacoul, coordinador del Biodiversity Credit Alliance, insiste en que el éxito de los créditos de biodiversidad radica en haber aprendido de los errores que ocurrieron en el mercado de carbono, un mecanismo que ha sido criticado por los sectores de sociedad civil, ambientalistas y pueblos originarios.

En el caso de Honduras, por ejemplo, una organización ligada al desarrollo local de las comunidades miskitas, al oriente del país, buscaba desarrollar un proyecto para la captura de carbono con irregularidades en la consulta al pueblo miskito. Las irregularidades fueron señaladas por el sistema de certificación de estos proyectos y las comunidades también denunciaron a la organización Ayuda en Acción por impulsarlo sin consulta previa libre e informada.

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La Biodiversity Credit Alliance es una alianza voluntaria internacional que facilita los créditos de biodiversidad como uno de los mecanismos para asegurar el financiamiento que hace falta para detener la pérdida de biodiversidad. La organización es apoyada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los gobiernos de Suecia y Alemania.

Lacoul aseguró que entre las diferencias entre los créditos de biodiversidad y los créditos de carbono está la conexión entre quienes buscan detener la pérdida de biodiversidad y las comunidades que han preservado esta biodiversidad por años, compensándoles directamente. También dijo que en el contexto de la COP16 han tenido reuniones con las comunidades y que tienen un enfoque en la consulta previa, libre e informada, incorporado en los planes para el desarrollo de los proyectos.

La coordinadora del Copinh, Bertha Zuniga, califica como urgente que en Honduras sea efectiva la consulta previa, libre e informada, un derecho que tienen los pueblos originarios antes de que se instale un proyecto en sus comunidades y territorios. Además, recuerda la importancia de que Honduras se adhiera al Acuerdo de Escazú, el cual garantiza la protección a defensoras y defensores del ambiente, y la transparencia en el derecho a la información en asuntos ambientales.

Esta historia fue producida en el marco de la beca para cubrir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) en 2024, auspiciada por Internews’ Earth Journalism Network (EJN).

Esta tarde salí a caminar por el centro de Tapachula y, después de cruzar el mercado central, cuarterías, una funeraria y una calle conocida por ser un mercado libre de prostitución de migrantes, tengo la impresión de estar en un país muy lejano: hombres y mujeres árabes con túnicas de diferentes colores se bajan de una camioneta frente a un edifico rojo.

En la puerta, un joven flaco y trigueño recibe un puñado de billetes de los recién llegados y apunta con dificultad sus nombres en un cuaderno. Luis, el portero, es hondureño y me dice que un día tuvo intenciones de llegar a Estados Unidos, pero se quedó en Tapachula y ahora trabaja en este hotel donde se alojan cientos de migrantes cada mes.  

Luis me cuenta que los migrantes que pasan por su hotel, la mayoría africanos, se hospedan un mes como mucho. Según un reporte de The New York Times, el número de africanos detenidos en la frontera sur de Estados Unidos pasó de 3,406 en 2022 a 58,462 en 2023. “Vos sabés que los morenitos hacen viaje premium”, me dice sonriendo. 

Lo que intenta explicarme es que en el camino también hay clases: los que pagan más y los que pagan menos. Lo común es que los centroamericanos y venezolanos intenten llegar a Estados Unidos por sus propios medios; los africanos y asiáticos pagan paquetes que varían entre los 9,000 y los 14.000 dólares para cruzar la frontera.

“Últimamente me están llegando puros árabes. Hasta 120 he tenido”, dice Luis mientras subimos la pendiente de la calle contigua al hotel. 

Desde lo alto veo la décima avenida norte, una calle desaliñada llena de pequeñas ventas de comida y un bar diurno llamado “El Paraíso” de donde salen dos borrachos rebotando contra las paredes. En la calzada unas 60 personas que visten túnicas largas y turbantes sobre la cabeza se distribuyen en grupos. Avanzo y escucho un murmullo sordo. Todos hablan en árabe y otros idiomas que no puedo entender. Siempre tengo la impresión de que los migrantes que no hablan español se sienten perdidos en Tapachula y dependen del traductor de Google. Pero en esta calle soy yo el que se siente extranjero.

El paso masivo de migrantes, aunado a la xenofobia que existe en Tapachula, en especial contra los negros, ha provocado que en algunas calles, hoteles o comunidades se creen pequeños guetos que aparecen y desaparecen dependiendo de la oleadas 

Cerca de aquí hay una plaza al lado de la iglesia católica San Agustín que durante un tiempo se llenó tanto de haitianos —hasta que la iglesia cercó la plaza— que algunos locales empezaron a llamarla “La Little Haití” como al pequeño barrio Lemon City, en Miami, que calza el mismo nombre desde que un enorme éxodo de haitianos lo llenara en la década de los 70´s. Se puede decir que esta tarde estoy en La pequeña Somalia. 

Me siento bajo un pequeño techo de lámina frente a una cocina económica para protegerme del sol. Un grupo de unas 20 personas almuerzan espaguetis con salsa de tomate y toman té en unos pequeños vasos de unicel. Tres de ellos se levantan y se sientan a mi lado a conversar entre sí. Intento acercarme y les pregunto si hablan español. Me ven con extrañeza y siguen su conversación. Intento hablar con algunos somalíes en esta calle, pero la mayoría me ignora.

Un hombre pequeño se acerca al grupo. Los hombres de la calle parecen conocerlo y forman un círculo a su alrededor. Es un coyote. Saca su teléfono y dice: “1,800 dólares. Yo a ti. Llevarte a Frontera United States. América”. Los hombres con túnicas entienden a medias lo que el hombre dice y uno de ellos le acerca su teléfono con la aplicación de traductor abierta. Me acerco al grupo intentando colarme sin llamar la atención. El hombre muestra fotos y videos de lo que parece ser una frontera con un muro de lámina: “Allá Estados Unidos. Yo he estado allá”. 

Vuelvo a mi lugar bajo el techo de lámina y un joven alto y delgado se sienta a mi lado, quizás para resguardarse también del sol. Intento romper la conversación usando mi mal inglés. 

—Where are you from? —le pregunto.

El joven me mira desconfiado durante un par de segundos. 

—Somalia —me responde.

—¡Oh, Somalia! —le digo sorprendido.
¿Qué diablos hace alguien de Somalia en Tapachula?, pienso.

—And you? —me pregunta el somalí.

—I´m from El Salvador —le respondo.

—Oh! El Salvador! Gangs! Piuf, piuf — se ríe mientras hace la figura de una pistola con sus manos.

 —Somalia. Pirates! —le respondo para no quedarme atrás.  

Los dos nos reímos de nuestros males. 

Con ayuda del traductor me cuenta que se llama Heiman y que salió hace dos meses de Mogadiscio, la capital de Somalia, por una guerra. Le pregunto de qué guerra habla. Menciona palabras inteligibles para mí y cuando ve que no entiendo me pide mi teléfono, abre el buscador y escribe “Al-Shabab”, un grupo yihadista que mantiene una guerra contra el gobierno que, según Naciones Unidas, ya ha dejado decenas de miles de refugiados. Algunos de sus familiares murieron a causa de esa guerra y aunque a él nunca le ha caído una bala, dice que en la fachada de su casa hay esquirlas de bombas que han detonado frente a ella. “Allá no hay vida para mí”, escribe en árabe en el traductor. 

Me cuenta que su viaje hasta Tapachula le ha costado hasta hoy $9,000 dólares. Su primer trayecto lo hizo en avión desde Somalia hasta Turquía y de ahí a Sao Paulo, la capital financiera de Brasil. Luego viajó en avioneta privada hasta Perú y de Perú a Ecuador. Desde ahí empezó un largo viaje en autobús hasta Colombia y atravesó a pie la selva del Darién donde, dice, vio cadáveres tirados en medio de las veredas y él mismo estuvo a punto de morir de hambre de no haber sido por unos haitianos que le regalaron una lata de atún y dos barras energéticas. 

“Me agarró una trampa de oso”, me dice. Pienso que quizá entendí mal y le digo que me repita lo que acaba de decir. Para no redundar me muestra las heridas en sus dos piernas. Parece como si le arrancaron de la mitad de sus tibias hacia abajo y se las volvieron a pegar. “I will never forget it”, me dice. 

Heiman me cuenta que la mayoría de somalíes que están ahora en Tapachula ya tienen un trato con una red de coyotes que los llevará hasta la frontera con Estados Unidos. “Mañana iré por mi documento a COMAR”, me dice. El documento del que Heiman habla es un estatus de refugiado que le servirá para poder viajar por avión. Un documento que puede tardar hasta diez meses para la mayoría de migrantes que esperan aquí. La mayoría centroamericanos o venezolanos. Los migrantes que pagan poco. Que tienen poco. Que valen poco aquí. 

“Nunca voy a olvidar esta travesía. Es el viaje de mi vida. Cuando llegue a Minnesota le voy a contar a todo el mundo lo que he vivido”, me dice antes de regresar al hotel de esta pequeña Somalia.

Tomo mi libreta y después de caminar un par de calles estoy de regreso en Tapachula.

Pescadores artesanales hondureños hicieron un llamado urgente para frenar la expansión de la industria pesquera, que ante la falta de regulaciones ha puesto en riesgo especies marinas y arrecifes vitales para las comunidades locales. A esto se suma la creciente amenaza de concesiones de gas, petróleo y carbón que amenazan los océanos. Las demandas se presentaron en la Cumbre de la Biodiversidad (COP16), celebrada en Cali, Colombia, con la participación de delegaciones de 190 países para discutir asuntos pendientes y sugerir nuevos mecanismos o herramientas para preservar la biodiversidad.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: María Celeste Maradiaga y Carolina Sánchez

En la Cumbre de Biodiversidad (COP16), celebrada en Cali, Colombia, los pescadores de Guatemala, Belice, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Las Bahamas, República Dominicana y Santa Lucía llegaron al evento con camisetas de distintos colores y diseños, y con una exigencia clara y contundente: el derecho a la pesca artesanal en pequeña escala para proteger la biodiversidad y el medioambiente.

La acción no pasó desapercibida. Lo que empezó con los pescadores portando camisetas con los puntos específicos que solicitan a las autoridades, organizaciones y lobby presentes en la cumbre, también captó la atención de la seguridad y autoridades del evento, quienes calificaron la acción como una amenaza al orden o un mitin. El malentendido se solucionó, pero las exigencias prevalecieron y durante la semana, el grupo de pescadores realizó una conferencia de prensa expresando sus necesidades y exigencias.

Entre este grupo de pescadores estaban Marcio Orlando Rivera y German Danilo Hernádez, pescadores hondureños que piden garantías de acceso preferencial, poder comanejar el 100 % de las zonas costeras, que se reconozca la construcción de comunidades resilientes como ellos para enfrentar el cambio climático y, quizás la más importante, ampliar el permiso a 12 millas después de la costa para poder realizar la pesca artesanal.

German Hernández, quien es presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de La Ceiba y representante de las 23 organizaciones dedicadas a la pesca artesanal en el departamento de Atlántida, manifestó que es necesario que el Estado tenga más control y regule la industria pesquera en esta zona, pues las operaciones de los barcos pesqueros en los departamentos de Atlántida, y de la zona norte en general, han perjudicado las especies marinas y los arrecifes coralinos existentes.

«Nos han llenado de nasas langosteras nuestros bancos pesqueros, nos han invadido y están destruyendo la fauna, el océano y el coral», señaló el pescador. Estas nasas son redes en forma cilíndrica o cuadrada que utilizan las embarcaciones industriales para atrapar crustáceos de manera más efectiva, lo que, según German, afecta en la actividad pesquera artesanal a pequeña escala, algo de lo que viven 40 mil personas en Honduras, según datos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Por esta razón, una de las exigencias puntuales y enmarcadas en el contexto hondureño es ampliar de 8 a 12 millas náuticas el área permitida para que los pescadores artesanales puedan operar, y que además no se perjudique al ecosistema marino existente en estas zonas. 

La Ley General de Pesca y Acuicultura, publicada en el diario oficial La Gaceta en agosto de 2017, establece que los pescadores podrán realizar operaciones dentro de un límite de hasta tres millas náuticas para la pesca artesanal básica, y ocho millas para la pesca artesanal avanzada a partir de la costa de una playa o alguna isla. Estos límites no han sido suficientes para quienes se dedican a la pesca y viven de ella, por lo cual están en riesgo su modo de vida y su seguridad alimentaria.

Según Javier Gutiérrez, encargado de proyectos de restauración del Instituto de Conservación Forestal (ICF), el proyecto de las 12 millas náuticas ya pasó la revisión del Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del ICF, de la Dirección de Biodiversidad de la Secretaría de Recursos Naturales y de la Dirección General de pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Digepesca-SAG), y ahora está en etapa de revisión en el Congreso Nacional.

En cuanto a las afectaciones al ecosistema marino, Gutiérrez señaló que las redes utilizadas en la pesca industrial han ocasionado que los peces y demás especies no se desarrollen de forma adecuada, ya que se entierran al fondo de los bancos pesqueros y arrastran toda la vida marina allí existente.

«Con esto [el aumento de millas para la pesca artesanal] vamos a permitir que la vida marina tenga un mejor desarrollo, y a la vez este es un beneficio para las comunidades, porque las comunidades que salen con sus embarcaciones artesanales no tienen la capacidad de competir contra una embarcación grande; es por esto que se ha estado desplazando a la comunidad, limitando la disponibilidad de los peces con distintos recursos», indicó Gutiérrez.

La demanda de los pescadores se corresponde con la meta 10 del marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica, definido en 2022 durante la COP15, que tuvo como sede dos ciudades, Kunming, China, y Montreal, Canadá. Este acuerdo suscrito por los países que integran al Convenio de Diversidad Biológica –entre ellos Honduras— vino después de que no se cumplieron las metas Aichi para preservar la biodiversidad en 2010.

La meta 10 del marco Kunming-Montreal hace énfasis en que los espacios dedicados a la agricultura, acuicultura, pesca y silvicultura (ciencia dedicada al cultivo y formación de los bosques) deben ser gestionados de forma sostenible, y que estas actividades deben aplicarse con prácticas amigables con la biodiversidad biológica y manteniendo contribuciones a la naturaleza, a las personas y a los ecosistemas.

Otro punto, quizás uno de los más importantes en este marco, es lograr que al menos el 30 % de las zonas de ecosistemas terrestres, aguas continentales, costeras y marinas degradadas sean restauradas efectivamente para el 2030; este compromiso se conoce popularmente como el objetivo 30 x 30. 

El ecoturismo en un país que no protege la biodiversidad ni a quienes la defienden

Marcio Rivera, otro de los pescadores que acompañó la acción en la COP16, es director ejecutivo de la Red de Comunidades Turísticas de Honduras y Pesca Artesanal (LARECOTURH)), una organización que promueve el turismo ecológico en las comunidades, cuya propuesta también ha sido planteada como alternativa para preservar las especies y la biodiversidad, en contraste con proyectos turísticos que han sido dañinos con el ambiente.

«Nosotros representamos comunidades que están dentro de las áreas protegidas, y eso nos enlaza a la importancia que tiene esta COP principalmente, que es paz con la naturaleza. Aquí nosotros [las organizaciones] podemos conocer qué es lo que se pretende hacer, todo lo que viene a surgir con el 30/30 que están proponiendo los países; queremos saber qué es lo que está pasando para estar al tanto», explica Rivera. En la organización que dirige están agrupados aproximadamente 454 «emprendedores turísticos» y 800 pescadores artesanales organizados dentro de 26 comunidades.

Marcio Rivera y German Hernández, pescadores de la zona norte de Honduras en la COP16. Cali, Colombia. 22 de octubre de 2024. Foto: CC/María Celeste Maradiaga.

Según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (Sinaph) del ICF, en Honduras existen 93 áreas protegidas, las cuales están diseminadas en distintas partes del país y cubren aproximadamente 28 % del territorio.

Aunque el decreto que las estableció en 2007 pretende garantizar la gestión sostenible y efectiva de estos territorios en Honduras mediante la planificación, supervisión y evaluación de planes de manejo, estas zonas con alta riqueza en biodiversidad siempre han estado bajo el acecho de otros intereses.

Entre estos casos está la concesión minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras en Colón, la expansión de la palma aceitera en el Parque Jeanette Kawas en Atlántida y las amenazas a quienes defienden la Reserva Biológica Guisayote en Ocotepeque, al occidente de Honduras. Junto con la expansión de los monocultivos y proyectos extractivos, las amenazas y asesinatos a personas que defienden los territorios también es algo que no para en Honduras.

Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre 2022 y 2024, más de 30 defensores del ambiente, la tierra y de pueblos originarios fueron asesinados violentamente en Honduras. Uno de estos asesinatos fue el de Juan López, líder ambientalista y defensor del territorio que denunció en reiteradas ocasiones la instalación del megaproyecto Inversiones Los Pinares en Tocoa, Colón.

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Organizaciones rechazan la expansión de proyectos de hidrocarburos en el Caribe

Carolina Sánchez, coordinadora de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles, que reúne a distintas organizaciones desde Guatemala hasta Guayana, calificó como «urgente» la necesidad de frenar las concesiones petroleras y los proyectos de gas y carbón en esta región, no solo por las implicaciones negativas que estos tienen en la salud de las personas que viven cerca de dichos proyectos, sino porque atenta a la biodiversidad existente en estos espacios.

«Especialmente en el mar, donde la mayor expansión petrolera se está dando en el mundo, porque la mayoría de las exploraciones son offshore en este momento, hay un montón de riesgos para la biodiversidad marina de la cual dependen un montón de comunidades de la región», explicó Carolina.

Carolina Sánchez, coordinadora de la Red del Gran Caribe Libre de Petróleo, en una entrevista con Contracorriente. Cali, Colombia, 21 de octubre de 2024. Foto: CC/María Celeste Maradiaga.

En el caso de Honduras sucede lo mismo. Aunque no se está llevando a cabo una expansión de petróleo, el gobierno actual no ha cancelado una concesión petrolera en los Cayos Miskitos, y no se conoce más información sobre la fase de exploración de este proyecto debido a la secretividad en la que opera. 

En junio de 2022, el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Energía, se reunió con la empresa estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex). 

En octubre de ese mismo año, Erick Tejada, ministro de Energía, dijo a Contracorriente que la reunión había sido para «forjar una alianza a largo plazo, y que tiene que ver con el tema de transferencia de conocimientos y tecnología».

Al respecto, Carolina Sánchez señaló que los combustibles fósiles no solo representan un daño cuando se da un posible derrame de petróleo, sino que las exploraciones sísmicas en el mar también ocasionan la muerte de las especies que viven en el ecosistema marino que allí habita.

«Estamos tratando de visibilizar que nosotros compartimos un montón de biodiversidad en este gran ecosistema que es el mar Caribe. De hecho, el tema de la conectividad ecológica va a ser muy importante en esta COP16 y eso, por lo menos, es de lo que nosotros estamos hablando, de las especies que compartimos, de las tortugas marinas, de los corales y sobre los riesgos a los que estamos expuestos», finalizó Sánchez.

Esta historia fue producida en el marco de la beca para cubrir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) en 2024, auspiciada por Internews’ Earth Journalism Network (EJN).

Texto: Fernando Destephen
Fotografía: Cortesía Jorge Andino

Desde el lunes 21 de octubre de 2024, miembros de la Red Interinstitucional de Personas con Discapacidad por la Inclusión y Acceso a Derechos han establecido un campamento permanente en el parque Las Mercedes, frente a la alcaldía de El Progreso, Yoro, como medida de presión para que se apruebe una propuesta de política pública para la inclusión de las personas con discapacidad que fue presentada por la Red en 2022.

Dos años después, no hay avances significativos, ni siquiera un censo que permita cuantificar a la población con discapacidad en la zona. El dato más reciente, de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2019, indica que uno de cada 100 hogares cuenta con al menos una persona con discapacidad.

Jorge Andino, coordinador de la Red, señaló: «Hemos agotado los procedimientos, enviado solicitudes, y ahora hemos decidido mantener este campamento hasta que se apruebe la política pública». Además, destacó la falta de accesibilidad en la ciudad, con aceras ocupadas y transporte sin condiciones adecuadas para personas con discapacidad: «Siempre tenemos que caminar por la calle, poniendo en riesgo nuestras vidas».

El miércoles 23 de octubre, tras la intervención de una representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la vicealcaldesa Martha Lidia Medina, los miembros de la Red lograron obtener acceso a la sesión de corporación municipal de ese día. Sin embargo, a último momento la reunión se canceló y fue reprogramada para el lunes 28 de octubre a las 2 de la tarde. Andino asegura que la discusión de la política pública ni siquiera estaba en la agenda del día, y expresó su preocupación: «Están jugando a cansarnos».

En una conferencia de prensa el jueves 24 de octubre, Andino, en el cuarto día de campamento, agradeció la solidaridad recibida y señaló que, pese a años de invisibilidad, las personas con discapacidad están decididas a mantener una acción de protesta indefinida y contundente.

La propuesta de política pública municipal se organiza en siete ejes y prevé un mecanismo de financiamiento que requiere el 6 % del presupuesto municipal. Su objetivo principal es promover una inversión en infraestructura y servicios que transforme a El Progreso en una ciudad inclusiva, dejando atrás el asistencialismo y fomentando una integración social plena para las personas con discapacidad.

Cristian Murillo, coordinador de la Comisión de Incidencia de la Red, explicó que, aunque han sido invitados a espacios dentro de la alcaldía, no se han dado las condiciones para aprobar la política.

Ahmed, un hombre barbado y casi escuálido que ha llegado hasta Tapachula desde Mauritania, se acerca a mí con un teléfono en la mano y me muestra su pantalla. En el traductor de Google, hay un mensaje escrito en árabe:: No sé qué está pasando. ¿Por qué número van? Soy el 369

Estamos en el estacionamiento del Estadio Olímpico de Tapachula, donde hay una fila de unas tres mil personas que se empiezan a impacientar. Ninguna de ellas espera asistir a un evento deportivo. El estadio lleva meses abandonado desde que el equipo local, “Los Cafetaleros”, se mudó a Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Por supuesto, tampoco ha albergado nunca unos Juegos Olímpicos. El parqueo frente al recinto es ahora un campamento improvisado que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha abierto porque sus oficinas en el centro de la ciudad han colapsado.  Algunos migrantes —de los miles que están llegando cada día en estas semanas— llevan semanas durmiendo en la intemperie o bajo un pedazo de carpeta, caminando varios kilómetros para buscar un baño que les rentarán por diez pesos; días y días sin bañarse, sin recordar cómo es un cepillo de dientes, todo con tal de guardar su turno. 

Lo que esperan es un papel para seguir su camino hacia Estados Unidos. Pero, los migrantes no saben que, como este estadio sin fútbol, ese documento es una mentira o una verdad a medias.

Las autoridades mexicanas se han encargado de hacerle creer a los migrantes que para avanzar con seguridad en su camino deben tramitar un estatus de refugiado o una visa humanitaria. Es parte de las políticas retentivas impulsadas por Estados Unidos que, en la práctica, ha trasladado su frontera 4,000 kilómetros más al sur. 

Lo cierto, me han contado decenas de migrantes en estos años, es que más adelante los agentes coludidos con las redes de trata de personas y estructuras de crimen organizado les rompen esos mismos papeles por los que tanto han esperado y los obligan a regresar al sur o los dejan a expensas de la jungla de delicuentes a lo largo del camino. Además, la burocracia para obtener ese documento es tan lenta que puede obligarlos a permanecer en esta ciudad durante semanas o meses. 

Cheché, el fotógrafo que casi siempre me acompaña, empieza a hacer fotos de los rostros agonizantes, de los niños agobiados, de las mujeres palideciendo. Cuando Ahmed se me acerca la cola lleva media hora sin avanzar y la serpiente humana se empieza a agitar. Unos empujan a otros. De pronto se escuchan gritos. 

Una mujer hondureña se ha desmayado y aquello ha desatado la furia entre sus compatriotas que ahora empiezan a exigir a gritos que se priorice a mujeres y niños. Un grupo de venezolanos apoya la moción, pero los cubanos no parecen estar tan de acuerdo. Los haitianos toman, pero es imposible para mí entender lo que dicen pues lo gritan en creole haitiano. Los agentes de migración se miran las caras y en ellas se vislumbra incertidumbre y temor. Saben lo que se viene.
Los africanos entran a la discusión y algunos gritan en portugués, otros en árabe y otros en unas lenguas que yo no sé distinguir. Empieza el descontrol. Algunos migrantes se empiezan a saltar la barda para ponerse adelante en la cola, cerca de donde están los haitianos. Estos defienden su lugar y les ofrecen los puños en una clara señal de desaprobación. Un haitiano y un africano se dan los primeros golpes. Un hondureño quiere figurar y se pone a mediar entre ellos con un megáfono. Un bullicio inunda aquel lugar. Es una mezcla de todos los idiomas. Una batalla en la que ya nadie se entiende con nadie, como en la historia bíblica de la Torre de Babel.

Un hondureño que está cerca de mí comenta en voz alta. “Quiere huevos darse verga con esos negros. Yo mejor voy a esperar”. 

Un haitiano que grita a todo pulmón desde las afueras de la batalla viste una camisa con una ironía. “Wish you Where here”. 

Un agente de Migración se acerca a Cheché y le pregunta quién nos autorizó para estar ahí. Cheché, como suele hacer en estos casos, le responde con otra pregunta y le dice que a quién se supone que le deberíamos pedir permiso para estar en un espacio público. El agente se molesta y nos ordena salir inmediatamente de ahí. Cheché le repite: “¡Aquí es un espacio público!”. El agente abre los ojos a más no poder. Junta la rabia en su cara y toma el megáfono.  “Aquí hay unos periodistas. Mientras ellos no se vayan, la cola no va a avanzar, señores. Se tiene que ir ellos si quieren que sigamos con el proceso”. 

Los migrantes detienen su batalla campal y nos  empiezan a gritar que nos vayamos. “Hermano ¡váyanse al carajo! ¿Que no ven que aquí estamos comiendo mierda?”, nos dice un hondureño. Otros nos gritan en creole, en árabe, en portugués, en español. El agente ganó. 

Antes de irnos agudizo el oído y al fondo del griterío se escucha una voz que repite. “¡Número 202! ¡Número 202!”. Ahmed, el número 369, regresa su pequeño cuerpo a la cola. Quizás consiga en este Estadio Olímpico que en realidad es un campamento un papel que le sirva de poco en su camino.  

Por mi parte hoy, después de presenciar esta escena, tengo una especie de epifanía: debo quedarme a vivir y reportear en esta Babel de nuestros días.

El exalcalde del Distrito Central y precandidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, enfrenta un proceso judicial por corrupción. La Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) presentó un requerimiento fiscal el 10 de octubre, acusándolo de lavado de activos, malversación y fraude, entre otros delitos. Las acusaciones, basadas en una solicitud de antejuicio que fracasó en 2021, se originan de un supuesto desvío de 28 millones de lempiras entre 2017 y 2018. La audiencia inicial está programada para el 4 de noviembre. 

 

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC 

Nasry Asfura, exalcalde del Distrito Central y actual precandidato presidencial por el Partido Nacional, enfrenta un proceso judicial relacionado con supuestos actos de corrupción cometidos por él y otras personas entre 2017 y 2018. La Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), adscrita al Ministerio Público (MP), presentó contra él un requerimiento fiscal el 10 de octubre por lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios. 

La acusación llega casi dos años después de que, el 26 de octubre de 2020, la Uferco presentó una solicitud de antejuicio en su contra por el mismo caso, pero este antejuicio fue desestimado en diciembre de 2020.  

El requerimiento fiscal actual detalla que se emitieron 32 cheques a nombre del implicado y de personas asociadas a él, justificados como fondos rotatorios, fondos especiales y reembolsos de gastos. Sin embargo, se presume que estos recursos se utilizaron para cubrir gastos no oficiales, financiar campañas políticas y gastos personales.

Como parte del mismo entramado de corrupción se menciona a Mario Zerón, exdirector de Administración y Finanzas Municipales de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC); Rony López, exasesor financiero de la alcaldía; así como a Wilmer Rodríguez y Roger Amador, ambos exempleados de Cosemsa, empresa vinculada a Asfura. También se incluye a Óscar Uriarte, socio fundador de Cosemsa y Decoesa, otra empresa también conectada con el exalcalde capitalino.

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La audiencia inicial contra Asfura, programada para el 4 de noviembre, se determinó después de que el juez le otorgara medidas sustitutivas a la prisión, tras pagar una fianza de 15 millones de lempiras el 21 de octubre.

1. No es la primera vez que se intenta someter a Nasry Asfura a la justicia

El 26 de octubre de 2020, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), adscrita al Ministerio Público (MP), presentó una solicitud de antejuicio contra Nasry «Tito» Asfura, cuando todavía era alcalde de la capital hondureña, y las exregidoras municipales Nilvia Castillo y Cinthia Borjas, acusándolos de haber desviado alrededor de 28 millones de lempiras de las arcas de la alcaldía capitalina entre 2017 y 2018.

Sin embargo, el 26 de mayo de 2021, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró «no ha lugar» la solicitud de antejuicio, a pesar de que había sido admitida por la Corte de Apelaciones Penal en Materia Anticorrupción. Posteriormente, el 3 de junio de ese mismo año, el Ministerio Público apeló esta decisión y solicitó la reposición de la resolución.

Finalmente, el 26 de diciembre de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia concedió una acción de amparo con suspensión del acto reclamado a favor de Asfura, lo que impidió al MP promover acción penal en su contra.

 La Corte Suprema, basándose en el decreto 116-2019 —derogado por el Congreso Nacional (CN) el 2 de agosto de 2023—, ordenó que se suspendiera toda acción penal hasta que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) efectuara una auditoría y determinara en qué tipo de responsabilidad incurrió el exalcalde del Distrito Central. 

2. Inédita cadena nacional

El fiscal general Johel Zelaya apareció el 21 de octubre de 2024 en una conferencia de prensa transmitida por cadena nacional, en la que descartó que las acciones emprendidas contra Nasry Asfura sean una persecución política, asegurando que perseguirá el delito sin distinguir la condición económica o de poder de los responsables.

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«El pueblo hondureño no cree en las falsas narrativas de persecución política cuando existen pruebas contundentes de la comisión de delitos. La investigación es nuestra principal herramienta y jamás actuaremos sin respetar el debido proceso. El Ministerio Público no persigue personas por sus ideas, tampoco figuras políticas; perseguimos el crimen, la corrupción y a todos aquellos que han sido cubiertos por el manto de la impunidad», indicó Zelaya.

El fiscal general Johel Zelaya durante una conferencia de prensa afuera del edificio principal del Ministerio Público (MP). Tegucigalpa, 3 de noviembre de 2023. Foto: CC / Fernando Destephen.

3. Un ministro del actual gobierno, beneficiado por la corrupción de Asfura

Durante la cadena nacional en la que comparecieron el fiscal general Johel Zelaya y el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, salió a relucir el nombre de Octavio Pineda, actual secretario de Infraestructura y Transporte. Según la Fiscalía, 735,599.81 lempiras fueron pagados por un contrato entre la empresa Amahsa y Geo Construcciones S.A. de C.V., que era propiedad de Pineda Paredes, para la construcción del parqueo privado de la residencia del representante legal de Amahsa, Johnny Kafati.

El 28 de febrero de 2022, Octavio Pineda Paredes y su padre, Octavio Pineda Medina, cedieron el 100 % de sus acciones en Geo Construcciones, S. A. de C. V., a Alex Alberto Cálix Medina y Juan Carlos Cruz, según consta el registro público de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT). 

Contracorriente identificó además que parte de los protocolos de la empresa Geo Construcciones S. A. de C. V. fueron certificadas notarialmente por la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel. 

4. Nasry Asfura asegura ser «perseguido político»

El 22 de octubre de 2024, en una conferencia de prensa, Nasry Asfura afirmó que nunca se apropió de recursos públicos, y cuestionó: «¿Para quién soy una amenaza?».

«No debo nada, no le temo a nadie, no soy una persona abusiva ni interesada en hacer maldades o apropiarse de algo indebido. Me he dedicado a trabajar durante 48 años para serlo», indicó Asfura.

El día anterior, acompañado de su defensa legal y rodeado de simpatizantes del Partido Nacional, así como de algunos diputados como Tomás Zambrano, Asfura se presentó a la audiencia de declaración de imputado en el Juzgado de Letras Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, en Tegucigalpa.

Su defensa asegura contar con evidencia suficiente para ganar el caso. En la misma conferencia del 22 de octubre, Dagoberto Aspra, apoderado legal de Asfura, destacó que lograron vencer al MP en el intento de antejuicio entre 2020 y 2021 y que ahora están seguros de «ganar el caso».

Nasry Asfura durante una movilización política con simpatizantes del Partido Nacional y el desaparecido Bloque de Oposición Ciudadana (BOC). Tegucigalpa, noviembre de 2023. Foto: CC / Fernando Destephen.

Aspra argumentó que la misma evidencia presentada por el MP en el requerimiento fiscal les permitirá triunfar en la defensa. Según él, una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que únicamente señala a Asfura por una falta de carácter civil, será la «lápida» para la acción penal promovida por los fiscales. 

«Ahora quiero ver qué van a hacer con esa auditoría del TSC; con los mismos medios de prueba que presentó el Ministerio Público, nosotros vamos a ganar el caso. Lo que la auditoría del TSC reveló es una responsabilidad civil por 114 mil lempiras», manifestó Aspra.

5. Uso inadecuado de recursos públicos

De acuerdo con el requerimiento fiscal, entre 2017 y 2018 se emitieron 32 cheques a nombre de los imputados, justificados como «fondos rotatorios» y «reembolsos de gastos». Los fondos de estos cheques fueron depositados en cuentas personales y utilizados en beneficio de personas relacionadas con Asfura. Se acusa que parte del dinero desviado se utilizó para financiar campañas políticas, cubrir gastos no oficiales de la alcaldía y gastos personales, como el pago de tarjetas de crédito a nombre de las hijas de Asfura y la compra de joyas.

6. Empresas ligadas a Asfura, beneficiadas por cheques de la alcaldía

Óscar Uriarte, otro de los imputados por el Ministerio Público (MP), está relacionado con Asfura Zablah a través de las empresas Cementos S. A. y Crédito Inmobiliario Jacaleapa S. A. Además, es socio fundador de las empresas Decoesa y Crédito Inmobiliario Jacaleapa S. A., en las que Asfura ha tenido participación.

Uriarte también fue uno de los socios fundadores de Cosemsa, empresa vinculada a Nasry Asfura que durante décadas, junto a Amahsa, propiedad de Johnny Kafati —socio de Asfura—, ha compartido el monopolio de la recolección de desechos sólidos en el Distrito Central. 

7. Nasry Asfura, parte de los Pandora Papers

El 3 de octubre de 2021, Contracorriente y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) publicaron la investigación Pandora Papers, en la que se incluyó a Nasry Asfura como accionista mayoritario de una sociedad offshore denominada Karlane Overseas, localizada en Panamá, mientras desempeñaba un cargo de elección popular. 

La posesión de sociedades offshore por sí misma no es evidencia de actividades irregulares, pero el hecho de que Asfura figuraba como accionista mientras era servidor público abre interrogantes. Asfura no explicó para qué usó la empresa.   

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8. Nasry Asfura, precandidato presidencial

Nasry Asfura es uno de los actuales precandidatos presidenciales por el Partido Nacional. Tras haber perdido las elecciones generales de 2021 frente a la presidenta Xiomara Castro, quien llegó al poder tras una alianza entre su partido, Libertad y Refundación, y el Partido Salvador de Honduras (PSH), Asfura busca convertirse en el candidato del nacionalismo para los comicios del 30 de noviembre de 2025. Sin embargo, el proceso judicial que enfrenta podría complicar su candidatura.

9. Señalamientos a Asfura por haber negociado la elección del fiscal general

El 28 de febrero de 2024, el diputado Jorge Cálix, del Partido Liberal, acusó al presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, de haberse reunido con Nasry Asfura para negociar la elección de Johel Zelaya como fiscal general, como parte de una componenda política a cambio de favorecer al socio empresarial de Asfura, Johnny Kafati.

El 6 de junio de 2024, el medio Criterio reveló que, años atrás, Johel Zelaya tuvo como clientes en su notaría a Asfura y Kafati, así como a las empresas Decoesa y Cosemsa.

Tras ser juramentado fiscal general interino por la Comisión Permanente del CN el 1 de .noviembre de 2023, al Partido Libertad y Refundación (Libre) le tocó negociar con las bancadas de los partidos Nacional y Liberal, hasta conseguir los 86 votos que el 28 de febrero de 2024 convirtieron a Zelaya en el primer fiscal del país.

10. Los fondos rotatorios siguen vigentes

Los fondos rotatorios, un mecanismo caracterizado por su escasa transparencia y destinado a supuestas ayudas sociales al que acceden el alcalde, vicealcalde y regidores municipales, continúan vigentes. El 5 de agosto de 2024, en Contracorriente evidenciamos que en la Alcaldía Municipal del Distrito Central este fondo sigue ejecutándose sin suficientes estándares de transparencia. Entre 2022 y 2024, la Corporación Municipal capitalina ejecutó 67 millones de lempiras, y la mayoría del dinero se entregó en efectivo a los beneficiarios.

Durante un XSpace organizado por Contracorriente, el alcalde Jorge Aldana admitió que existen vacíos en la transparencia con que se liquidan estos fondos.

Un día de septiembre de 2021, a solo dos meses de que Nayib Bukele cumpliera la mitad de su mandato, la Policía Nacional Civil (PNC) generó un reporte que vinculaba a agentes policiales con el asesinato de 279 personas en los 33 meses transcurridos desde enero de 2019. Para entonces, la Fiscalía ya tenía años siguiendo la pista a una organización a la que se conoció como Los Exterminio, que había iniciado en 2015 asesinando pandilleros, pero que después diversificó sus operaciones criminales y comenzó a asaltar todo tipo de negocios, a extorsionar, a dedicarse al sicariato y hasta a matar a policías sospechosos de estarles investigando. Los Exterminio nacieron en el oriente de El Salvador de la desesperación de unos empresarios asediados por las pandillas y, a pesar de que estas estructuras han sido desarticuladas desde 2022, uno de los fundadores del grupo asegura que en 2024 siguen operando. “Pero ya solo matan por dinero”, dice. Además, confiesa que él mismo tuvo que esconderse cuando se enteró de que alguien más en la organización había ordenado que le mataran. Los Exterminio han operado bajo la cobertura y colaboración extraoficial de la PNC y bajo la mirada displicente del Estado. La misma Fiscalía, que los investigó, supo de los planes para asesinar a por lo menos 54 personas y permitió que las mataran. Esta es la historia de una organización que ha penetrado a la Policía Nacional Civil y cuyos crímenes están en la impunidad.

Por Bryan Avelar y Juan José Martínez D´Aubuisson / GatoEncerrado.news
Edición: Ricardo Vaquerano
GatoEncerrado.news

Capítulo I: Ropas oscuras

En la madrugada del 10 de abril de 2016, un grupo de hombres que vestían ropas oscuras llegó a bordo de dos pickups todoterreno frente a la entrada de la cantina “El Basil Tropical”, ubicada a solo unos metros de la playa El Cuco, en el oriente de El Salvador. Algunos, aparte de armas largas, llevaban un machete en mano. Bajaron de los pickups y al entrar a la cervecería encontraron un grupo de hombres y mujeres jóvenes que escuchaban música, departían y bebían las últimas cervezas de la noche. “¡Somos la ley!”, gritaron, y les ordenaron que se tumbaran boca abajo. Seleccionaron a cinco personas y comenzaron a darles machetazos en el cuello y la cabeza. Quienes morían gritaban pidiendo auxilio y quienes mataban gritaban la sentencia: “¡Hoy sí les tocó, hijos de puta!” El ataque duró media hora. Los hombres con ropas que parecían ser uniformes de policías o militares limpiaron sus machetes, salieron y, antes de abordar los pickups, dispararon un par de veces al aire en señal de retirada.

La matanza inició cerca de la 1:30 de la madrugada y terminó a las 2:00 a.m. El puesto policial más cercano estaba ubicado a solo 85 metros de distancia -o a un minuto caminando-, pero ningún policía acudió sino hasta dos horas después. Cuando por fin llegaron, los agentes vieron a un joven que, con machetazos en cuello y cabeza, les suplicaba auxilio. Lo ignoraron.

En aquella operación ocurrió algo que ni los asesinos ni sus víctimas habrían esperado que ocurriera: que la Fiscalía supiera de los planes para cometer la masacre y que dejaran que se consumara. El Centro de Intervenciones Telefónicas, adscrito a la Fiscalía General de El Salvador, tenía intervenidos los teléfonos de los asesinos desde hacía casi ocho meses y estaba al tanto de los planes. Como lo estuvo también cuando esa organización criminal que incluía en sus filas a numerosos agentes policiales y hasta a algunos mandos medios de la Policía Nacional Civil (PNC) planeó y consumó otros 50 asesinatos a lo largo y ancho de todo El Salvador durante años.

Esta es la historia de un grupo de criminales al que se llegó a conocer como “Los Exterminio” en aquellas localidades donde sembraba el terror, al que un informe interno de la PNC llegó a atribuir 279 homicidios cometidos en solo 33 meses de reportes, y que estaba integrado por empresarios, agricultores, ganaderos, policías y militares que se confabularon desde 2014 y que, según uno de sus fundadores, sigue operando en 2024.

La tardanza de los agentes del puesto policial de El Cuco en reaccionar ante la masacre en El Basil Tropical, aquellos oídos sordos ante una matanza a escasos metros de distancia y en la que hasta hubo disparos de armas de fuego, no fue pura displicencia. Fue parte del modus operandi que generaron Los Exterminio desde 2015, que requirió -y obtuvo- de la cobertura y cooperación de oficiales de la PNC que algunas veces hasta dieron órdenes para que se retirara retenes policiales ubicados en la ruta por donde llegarían los asesinos o en el camino por donde huirían.

Esta ola de homicidios, que se concentró particularmente en 32 distritos (hasta 2023 llamados municipios) de cuatro departamentos del oriente de El Salvador, se hizo tan evidente para la Fiscalía que abrió por lo menos tres investigaciones que logró llevar a juicio.

En la PNC fue tan notable el indicio de participación de agentes policiales que, en septiembre de 2021, ya avanzada casi la primera mitad del gobierno de Nayib Bukele, la institución generó un voluminoso reporte interno sobre casos similares al de El Basil Tropical, pero ocurridos entre enero de 2019 y septiembre de 2021.

La matanza en El Basil Tropical -luego se sabría- tuvo el involucramiento o participacion directa de por lo menos ocho miembros de la Policía Nacional Civil, incluido al menos el jefe de un puesto policial.

El propósito fundacional de Los Exterminio fue asesinar pandilleros, pero pronto comenzó a atender encargos con motivaciones diversas y en un momento los blancos de los ataques podían ser incluso los mismos agentes de la PNC que intentaron investigarlos o impedir su trabajo. La red criminal fue diversificando sus operaciones y hasta la fecha se le atribuye 14 robos, incluidos asaltos a agencias de compañías telefónicas y a agencias bancarias. La mayor ironía llegó cuando un día uno de los empresarios fundadores tuvo él mismo que esconderse cuando se enteró de que alguien más en la organización había ordenado que le mataran. Esta persona asegura que la organización ha seguido con vida hasta 2024, aunque detalla que ya solo se dedica a matar por dinero, al sicariato.

Si los asesinatos atribuidos a esta organización se cuentan por cientos, también sus integrantes. Entre 2015 y 2020, la Fiscalía procesó a 120 personas acusadas de más de 40 de esos homicidios y cinco tentativas de homicidio. La norma ha sido la impunidad: la gran mayoría de esos policías, soldados, empresarios, ganaderos y agricultores acusados de los crímenes están libres y al menos dos de ellos, incluido un jefe policial, han retornado a sus puestos como garantes del respeto a la ley.

La investigación para este reportaje encontró que los datos oficiales sobre los 279 homicidios cometidos entre enero de 2019 y septiembre de 2021, aunque se acercan a las tres centenas, son una cifra conservadora. El reporteo que GatoEncerrado hizo en el lugar donde se cometieron 12 de los crímenes de Los Exterminio descubrió que muchas veces la cantidad de asesinatos que se reportaron cometidos por “personas uniformadas como policías” o por “personas vestidas con ropas oscuras” y que simulaban operativos policiales eran solo una fracción de los que en cada caso se cometían.

279 asesinatos, 120 acusados, 14 condenas

El 13 de septiembre de 2021, ya transcurrida casi la mitad del quinquenio presidencial de Nayib Bukele (del 1 de junio de 2019 al 1 de junio de 2024), la subinspectora Jessica Marisol Guevara, entonces jefa del Departamento de Análisis de la Unidad Central de Análisis y Tratamiento de la Información (UCATI) de la PNC, recibió en el buzón de su cuenta de correo electrónico institucional un mensaje de una de sus analistas. El mensaje era la culminación de una serie de intercambio entre policías y mandos medios y contenía un archivo en formato excel con un registro extenso de víctimas de homicidio en todo El Salvador. Los crímenes de aquella lista compartían dos características que constituían un patrón claro: en todos ellos, los homicidas vestían “ropas oscuras, parecidas a las que usan la PNC y la FAES” y en todos ellos los asesinos habían simulado operativos policiales. 

El documento, titulado “REQUERIMIENTO DECO HOMICIDIOS CON VESTIMENTA OSCURA”, contiene abundantes detalles de 279 homicidios cometidos entre el 4 de enero de 2019 y el 4 de septiembre de 2021. Aparte del nombre de la víctima y su edad, incluye las coordenadas geodésicas de la escena del crimen, la hora en que ocurrió y si la víctima estaba perfilada como miembro de alguna organización criminal.

La matanza en El Basil Tropical, aunque había sucedido cinco años y medio antes de aquel informe, tenía las características clave de los asesinatos caracterizados en ese reporte y constituía una de las huellas más claras que había dejado la actividad de aquel escuadrón de la muerte en su etapa temprana.

Para cuando la subinspectora recibió el reporte, la Fiscalía ya había hecho tres investigaciones sobre el fenómeno y una de sus conclusiones había sido que el problema era tan grave y el involucramiento de policías tan profundo que el compromiso riguroso de la Policía Nacional Civil como institución de prevención y combate del delito estaba en entredicho. 

La información de la Fiscalía y la de la Policía que retrata a esta red criminal ha estado bajo reserva, pero una serie de informes internos de la Policía Nacional Civil, más decenas de entrevistas con sobrevivientes de ataques, con investigadores policiales y fiscales, con un ex jefe policial, con al menos una docena de testigos y con uno de los empresarios fundadores de este escuadrón de la muerte, permiten concluir que todo ocurrió bajo la mirada del Estado y que la impunidad ha ganado la batalla.

El informe que recibió la subinspectora Guevara incluye una columna que se titula “Relato del hecho”, donde se incluye la descripción de los crímenes que los mismos policías que acudieron a levantar las escenas de los asesinatos redactaron en su momento. Esa información, más la que GatoEncerrado recogió en campo -a veces también se cruzó con notas de prensa que consignaban declaraciones policiales-, muestra que cuando la participación de agentes de la PNC era muy obvia, el hecho se reconocía pero se maquillaba como “enfrentamiento”. Esta investigación permitió descubrió también que varios de los homicidios sobre los que se reporteó en el terreno, fueron perpetrados días después de que las casas de las víctimas habían sido identificadas semanas antes por policías en allanamientos con fachada de legitimidad.

Por ejemplo, el documento registra que a las 7:55 de la mañana del 1 de julio de 2020, cuando Bukele cumplía 13 meses como presidente de El Salvador, los investigadores policiales llegaron a reconocer el cadáver de Carlos Ernesto Hernández Trejo, de 22 años, en la zona rural del distrito de Jucuarán, en sur del departamento de Usulután. 

El relato de los policías detalla que a las 11:45 de la noche anterior, “cuatro sujetos desconocidos, dos vestidos de ropas oscuras, aparentemente de policías, y los otros dos con ropas camufladas, parecidas al uniforme que usan los miembros de la Fuerza Armada, todos armados con armas de fuego de tipo corto y largo, les tocaron la puerta principal de su vivienda y se identificaron como policías”. Un familiar de Carlos Ernesto Hernández Trejo abrió la puerta y los uniformados ingresaron, esposaron a la víctima y le dijeron al familiar que si quería ver a su pariente “podía ir a verlo a las bartolinas de la delegación de Usulután”. Todo esto “sin mostrar ninguna orden de detención”. Los hombres amenazaron al familiar de la víctima con una pistola en la cabeza y le conminaron para que permaneciera dentro de la casa. “Posterior a estos hechos, el familiar procedió a llamar a la Policía y a dar aviso de lo sucedido (…). Inmediatamente llegaron los policías uniformados a bordo del equipo policial # 05-3554 pertenecientes a la subdelegación policial de Jiquilisco, Usulután; quienes de inmediato alertaron de los hechos sucedidos a dicha subdelegación, y procediendo a rastrear la zona. Es así que aproximadamente a unos 30 metros de la vivienda en donde residía la víctima, sobre el suelo y la maleza de la calle, fue encontrado el cuerpo ya sin vida del señor”, dice el documento.

Al siguiente día, fuentes policiales admitirían la participación de policías en el crimen, aunque dirían que había habido un enfrentamiento. Aquel hecho fue registrado por La Prensa Gráfica en una escueta nota, que además revelaba que las personas asesinadas habían sido dos, no solo Hernández Trejo. La nota asegura que, según información brindada por “las autoridades” en el lugar también fue encontrado muerto Geovanni Alexander Franco Hernández “ambos abatidos en un supuesto enfrentamiento con policías. La Policía Nacional Civil asegura que los fallecidos eran pandilleros y que atacaron a los agentes mientras realizaban un patrullaje preventivo. Agregan que otros pandilleros participaron y escaparon. No se reportan policías lesionados”.

El documento que llegó a las manos de la subinspectora Guevara incluye una columna titulada “Victimario”, y en este caso los investigadores colocaron en la casilla correspondiente tres letras: “PNC”. En la columna “Tipo de Violencia” escribieron “Procedimiento policial”.

Un informe interno de la Policía Nacional Civil expone las circunstancias de 279 asesinatos cometidos entre enero de 2019 y septiembre de 2021. Esos homicidios tienen en común lo que los agentes escribieron en dos columnas clave: en la de “Victimario” colocaron tres letras, “PNC”, y en la de “Tipo de violencia” escribieron “procedimiento policial”.

Así como este, el documento consigna otros 278 casos en los que lo que varía es el lugar, el número de víctimas y la hora de los homicidios, pero en la mayoría se repite el modus operandi. 

El fenómeno que retrataban los datos de aquel documento no era algo ajeno al más alto nivel de la Policía. Al menos desde finales de 2020 hasta mayo de 2021, la Unidad Central de Análisis y Tratamiento de la Información (UCATI) elaboró 17 informes que remitió al subdirector de Investigaciones de la PNC, Rómulo Pompilio Romero, en los que se advertía sobre la operación de estas estructuras criminales. 

Por ejemplo, el informe de la UCATI del 7 de enero de 2021, titulado “Informe de Inteligencia Criminal Nacional Mensual (ICE-NM)” consigna que en el mes previo fueron registrados 102 homicidios en diversos puntos de El Salvador, de los cuales tres se atribuyen a “Actuación de Grupos Armados”, por casos ocurridos en los distritos de Usulután, Concepción Batres (ambos en el departamento de Usulután) y Guaymango, en Ahuachapán.

El informe advierte que en en estos tres casos había un patrón: “Todos estos hechos con la particularidad de actuación de grupo armado con modalidad metódica y organizada; las víctimas, 01 miembro de la mara MS13, 01 de la Pandilla 18S y 01 sin perfil pandilleril; en estos hechos se identifica la utilización de ropas oscuras similares a policías y cubiertos del rostro”.

Otro informe, correspondiente mayo de 2021 y fechado 14 de junio, reporta 118 homicidios en todo el país, de los cuales atribuye seis a la “Actuación de Grupos Armados”. El análisis de aquellos homicidios dice lo siguiente: “Todos los casos tienen la particularidad de actuación en grupo, utilizando vestimentas similares a las policiales y militares y haciéndose pasar como policías o soldados. En el caso de Santa María, en Usulután, ya suma 2 casos, el anterior ocurrió en abril, en la misma colonia y cantón del reportado en este mes de mayo. Los otros municipios que presentan este tipo de actuación son: San Miguel, Sensuntepeque, Moncagua, Armenia y Panchimalco”. Sobre estos informes, hasta donde GatoEncerrado pudo corroborar al revisar el intercambio de correo institucional, no hubo respuesta de parte del subdirector de investigaciones de la Policía. El subdirector Rómulo Pompilio Romero murió el 8 de septiembre de 2024 en un accidente de helicóptero en el que se transportaba junto a otro subdirector policial y junto al director general de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, quienes también perecieron en el choque.

El documento que llegó a la subinspectora Guevara y el intercambio de correo institucional sobre la detección de este escuadrón de la muerte fueron puestos bajo dominio público en 2022 por el grupo DDO-Secrets en lo que se conoció como la filtración “Guacamaya Leaks”.

A partir de ese documento GatoEncerrado eligió 10 localidades de los tres distritos del oriente de El Salvador que mostraban mayor incidencia de grupos de exterminio para ir a levantar información sobre lo ocurrido. Entre octubre de 2023 y febrero de 2024 GatoEncerrado visitó 10 cantones de los distritos de San Miguel, Concepción Batres y El Tránsito. Durante esas visitas se conversó con familiares de 12 víctimas, se entrevistó a agentes policiales, líderes comunales, investigadores privados, fiscales, trabajadores del sistema de justicia que tuvieron acceso a investigaciones relacionadas con estos casos, dos pandilleros locales y un miembro fundador de uno de los principales grupos de exterminio que operaban en esa zona. Todos los entrevistados coinciden en que Los Exterminio han operado con impunidad. Esta investigación es el producto de ese trabajo más lo que se pudo recoger a lo largo de decenas de entrevistas con políticos, líderes locales y varios miembros de Los Exterminio -incluido uno de sus fundadores- realizadas desde 2016 hasta el primer semestre de 2024.

GatoEncerrado también tuvo acceso a tres investigaciones de la Fiscalía presentadas ante el sistema judicial que corresponden a casos del período 2015-2020 y que tienen reserva total, es decir que están puestas bajo secreto por el Estado.

Esos requerimientos de la Fiscalía ante los juzgados describen en cientos de páginas un entramado en el que policías de bajo, medio y alto rango, empresarios locales y ganaderos del oriente de El Salvador se organizaron para crear grupos de “limpieza social” bajo la sombra y mirada del Estado y mataron durante seis años a decenas de personas con presunta pertenencia a pandillas. Los documentos también describen cómo el sistema de justicia salvadoreño, incluyendo al que desde mayo de 2021 es controlado por Bukele, se encargó de dejar libre a la inmensa mayoría de los señalados: de 120 imputados, hasta febrero de 2024 solo se informaba públicamente de la condena de 14.

GatoEncerrado visitó 10 localidades del oriente de El Salvador para buscar en campo información sobre los 279 asesinatos con presunta participación policial que registró la PNC en 2021. Conclusiones: 

  • El informe interno de la PNC se quedó corto sobre la cantidad de homicidios cometidos por Los Exterminio con participación policial.
  • Los ataques solían disfrazarse como “enfrentamientos”.
  • Con frecuencia a la visita de Los Exterminio le precedía una visita policial. 

El de Esperanza es uno de decenas de casos similares en esta parte del suroriente salvadoreño donde todos los indicios apuntan a que los asesinos eran policías. Para ubicar a esas víctimas del grupo de exterminio en los cantones de San Miguel y Usulután que GatoEncerrado visitó, este medio elaboró un “mapa de los muertos” que usa las mismas referencias geográficas que los habitantes locales y que quedaron reflejadas en los reportes policiales elaborados al levantar las escenas de los asesinatos e incorporadas luego al documento que llegó a la jefa de la UCATI. Los oficiales incluyeron indicaciones como “Cerca del tanque”, “A X casas de la caldera”, “cruzando el cañal”… Sin embargo, son tantas las víctimas de Los Exterminio en esta zona que una víctima lleva a otra y así sucesivamente.  

“Aquí hubo bastantes muertes que hicieron esos hombres. Aquí en la caldera vive Fernanda, la hermana de una señora que mataron. La finada se llama Dafne”, cuenta Esperanza. “También mataron a un muchacho. A esa gente la mataron un mes después de que me mataran a los míos”, dice.

Dar con la casa de Dafne es relativamente fácil. Basta con preguntar por “la señora que mataron Los Exterminio por aquí” y la gente señala su casa. Ahí está Fernanda, la hermana, quien ahora habita con su familia esa casa. Dafne era madre de un pandillero de la MS13 que ya estaba condenado y preso en una cárcel del occidente salvadoreño. Un día llegaron unos policías que hicieron un cateo. Y, como en otros casos, semanas después aparecieron Los Exterminio y la mataron. Fernanda cuenta que a su hermana le sacaron de su vivienda la noche del 19 de enero de 2019, dos semanas después de la ejecución de V. y E., la interrogaron en un callejón a metros de su casa y allí la asesinaron. Como en varios casos documentados por este medio, la visita policial se convirtió en un hecho premonitorio de la visita de Los Exterminio.

De acuerdo con el informe sobre homicidios cometidos por personas con “Ropas oscuras”, el fenómeno se ha manifestado en los 14 departamentos del país, pero la mayor incidencia ocurrió en la zona oriental. 

En 2017, la Revista Factum reveló la existencia de grupos de exterminio que operaban dentro de unidades élite de la PNC y que tenían capacidades para movilizarse a cualquier zona del país para matar pandilleros, familiares de pandilleros o simplemente para cometer sicariato.

La operatividad de estos grupos probablemente se ha ido reduciendo: el documento que recibió la subinspectora Guevara registró en 2019  un total de 183 casos; en 2020, 60, y en los primeros nueve meses de 2021, 34. Para febrero de 2019 ya había registrado como victimarios a dos agentes de la PNC. Una de cada 10 personas asesinadas eran mujeres: 27 de las 279.

Familiares de víctimas, líderes comunales, pandilleros activos, dirigentes políticos e incluso un miembro fundador del escuadrón aseguran que Los Exterminio dejaron de operar de forma sistemática desde marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, pero… “Ellos siguen operando, pero ya solo con casos particulares. Pendientes que les han quedado y casos por los que les dan dinero. Sicariato, pues”, asegura Leñador, uno de los fundadores del grupo que ahora dice haberse retirado, pero que está al tanto de lo que ocurre en la organización. “Ahí adentro tengo gente que me ha contado que incluso me quieren matar a mí”, dice Leñador.

A finales de 2014, un militar retirado recibió una amenaza directa de la MS-13 contra su familia y su negocio. Para “Leñador” aquello fue demasiado y fundó lo que eventualmente se conocería como “Los Exterminio”. Su ejemplo inspiró a otros y surgió una red de grupos cazapandilleros con cierto nivel de coordinación, pero pronto a muchos de sus miembros ya solo les importaba lucrarse y se convirtieron en asaltabancos, en extorsionistas y en sicarios. Un día el mismo Leñador tuvo que esconderse de Los Exterminio cuando supo que alguien dentro había ordenado que le asesinaran.

Como militar retirado, Leñador no tuvo muchas dificultades para contactar ni con amigos policías ni con amigos militares. Se organizaron y convocaron a sus colegas empresarios. Juntos decidieron, dice, “darle seguimiento a los extorsionistas”. Cuando se le pide que precise en qué consistía esa operación de “dar seguimiento” a los extorsionistas y qué hicieron con ellos, Leñador es difuso, ambiguo y se contradice. Rápido prefiere pasar a contar que luego de esa primera y difusa “operación” comenzaron a buscarlo otros amigos que estaban padeciendo el mismo problema. Esta vez ya no eran solo del mismo rubro que él, lo buscaron ganaderos y agricultores para que les “asesorara” sobre cómo enfrentar la situación. “Asesorar” es el verbo que Leñador usa para referirse a sus actividades. No era una ocupación habitual, y además, según él cuenta, no cobraba nada por estos “servicios”. En estos menesteres descubrió y conoció a otros empresarios y a exmilitares y policías en servicio que se dedicaban a cazar extorsionistas y perseguir bandidos en el oriente del país. Sin embargo, tanto Leñador como sus colegas sabían que su pretensión era cazar a un depredador poco conocido, a un animal de muchas cabezas.

El grupo de Leñador fue el inicio y sirvió de inspiración para que luego surgieran células de exterminio similares en diversidad de lugares del oriente salvadoreño. Aunque no había una cabeza como comando general, sí había una interacción suficiente con la organización fundada por Leñador para coordinar operaciones.

Leñador es uno de los miembros fundadores del grupo de exterminio en San Miguel. Cuenta que su vinculación con aquellos amigos inició luego de pasar una década extorsionado por una célula de la Mara Salvatrucha 13. Leñador es dueño de un próspero negocio en la periferia de la ciudad. Cada mes, desde el año 2005, dice Leñador, pagó una cuota que varió desde los 200 hasta los 2 mil dólares. Pero no fue el hastío de la extorsión lo que lo empujó a vincularse con los que luego serían conocidos como Los Exterminio, sino una llamada que recibió una tarde a finales de 2014.

“Los cabrones querían aguinaldo. 3 mil dólares extras aparte de los 2 mil mensuales que me estaban pidiendo. Me dijeron que ya sabían dónde trabajaba mi esposa y dónde estudiaban mis hijos. Me mandaron una foto de ellos en la calle. Los tenían vigilados. Entonces dije ya basta”, recuerda Leñador. En ese momento, dice, empezó el germen de lo que terminaría siendo un grupo de “limpieza social”.

Así, Leñador terminó siendo fundador de un grupo de exterminio que operó durante mucho tiempo gracias a las características que se le imprimió. Fundó una organización que no solamente tenía un brazo armado para poder seguir su razón de ser -hombres dispuestos a matar-, sino que también requería de logística para poder localizar con precisión los blancos de sus ataques, de cobertura para poder ejecutar sus asaltos sin sufrir mayores contratiempos, y de impunidad para poder cometer cientos de asesinatos durante años y sin castigo. Dicho de otra forma: fundó una organización que requería -y obtuvo- colaboración extraoficial de agentes del Estado.

“Mi primer acercamiento fue por el coronel de esta zona”, explica Leñador. “Mi amistad con él empezó cuando me pidió ayuda… Yo le presté un camión. Con el tiempo él se enteró de mi problema y un día me habló en confianza: Mire, yo ando en esto y lo que le pasa a usted me pasa a mí, me dijo”.

Sintiéndose protegido nada menos que por la Fuerza Armada, Leñador se dio a la tarea de guiar a Los Exterminio por varias localidades del oriente de El Salvador, lugares que él conocía por la naturaleza de su trabajo, que es lidiar con muchos ganaderos y pequeños empresarios de toda la zona. “Empezamos por mi colonia. Ahí empezamos limpiando todo aquello. Yo introducía al lugar a la patrulla por la noche y los llevaba a las casas de los pandilleros”, recuerda. Una vez dio por limpio su propio vecindario, Leñador y sus cómplices extendieron sus operaciones: “Después seguimos con otras colonias y por último nos íbamos a meter a otros cantones. Ubicamos a un montón de esos malditos. Yo calculo que a unos veinte o treinta, quizá”. Dice que “los ubicaron”, como un eufemismo para no pronunciar que les asesinaron.

Leñador y sus colegas no hacían esto como práctica habitual, ni se dedicaban a esto a tiempo completo, sin embargo habían generado una red de contactos y un modus operandi que fácilmente se podía montar una operación en caso de ser necesario. 

El monstruo al que pretendían acorralar lo constituían varias facciones de la pandilla Mara Salvatrucha 13. Una estructura de múltiples liderazgos y bastante atomizada en un país que en 2015 sufrió más de 6 mil 600 homicidios, la gran mayoría atribuibles a las tres principales pandillas. Ese estallido estaba relacionado con el fin de la tregua que esas organizaciones pactaron en 2012 con el gobierno del presidente Mauricio Funes.  El grupo que fundó y que lideró Leñador salió a la busca de los pandilleros y sus colaboradores con esta narrativa: son una plaga y, como plaga, hay que eliminarla.

Al poco tiempo, sin embargo, aquel proyecto se descarriló y se perdió de vista el propósito original para dedicarse a una variedad de crímenes. El origen del descarrilamiento estuvo, dice Leñador, en el origen del financiamiento externo que recibía la organización.

“Pronto aquello se empezó a degenerar. El problema es que como para operar se necesita dinero y muchas veces eran hermanos lejanos los que mandaban cien, doscientos, trescientos dólares, que se ocupaban para gasolina, carros, munición… usted sabe…. Pero de pronto algún hermano lejano decía “aquí le mando este dinerito extra pero quíteme a fulano”. Ya era una cosa más personal”, dice Leñador.

Ahora Leñador huye de la misma organización de la que fue fundador. Dice que luego de varios operativos que desarticularon el corazón de la estructura, producto de las investigaciones de la Fiscalía, en la organización surgieron sospechas. Y hubo quienes sospecharon de él porque él nunca fue señalado y mucho menos acusado. “Yo tengo investigadores dentro de la Policía que me han contado que hay supuestos testigos que me quieren echar de cabeza a mí. Y todo porque yo no he salido con mis manos manchadas”. Asegura que ya escapó varias veces de la muerte. “No es una vez que me han intentado matar en estos años. Pero hay un Dios que me protege. Y yo también que me defiendo”, dice, mientras toca su “raja de leña”, la escopeta que siempre lleva consigo.

Policías reacios a investigar a compañeros

Un pandillero de la MS-13 miembro fundador de la clica Saylor Locos Salvatruchas también recuerda aquellos años como el inicio de una guerra inesperada, una revuelta en la que los patos empezaron a dispararle a las escopetas en días en que los pandilleros eran las escopetas. “No´mbre, de repente se empezaron a organizar los buseros (empresarios de autobuses) y los de los autolotes (vendedores de vehículos usados). Ellos empezaron con todo eso, junto con un jefe policial de San Miguel. Simulaban operativos, pero no iban a capturar, sino que a matar. Entonces tiramos la línea (orden) de no calentar la zona por un tiempo mientras veíamos cómo hacer”, relata Samurái, quien ahora vive en Estados Unidos. 

Concuerda con Leñador en que para los asesinos había financiamiento externo de la comunidad de salvadoreños en Estados Unidos: “Nos empezaron a dar bajito. Todos los días mataban a cinco, seis, diez homeboys de nosotros. Andaban bien armados porque la misma gente que había venido huyendo para Estados Unidos les mandaba dinero para exterminar”.

Después de un tiempo en el que la pandilla decidía cómo reaccionar, la MS-13 planeó una contraofensiva. Orco es un pandillero iniciado en Los Ángeles, un marero de la vieja escuela. Después de vivir muchos años en California -incluidos casi 10 que vivió encerrado mientras purgaba una condena- regresó en 2015 a un país que apenas reconocía de su infancia. Aunque no es originario de ahí, la MS-13 le destacó como líder de una célula con base en San Miguel, aunque operaba a escala nacional. Era “Programa L.A.” y aglutinaba a algunos pandilleros deportados que no querían incorporarse a las clicas locales. Ahora habla desde México, donde está radicado.

Un ex jefe de la Policía recuerda cómo en los días en que Los Exterminio más asesinatos cometían, dentro de la institución surgió una dificultad para que policías investigaran a policías: “No es que obstruían la investigación, pero nadie quería mover un dedo para capturar a sus compañeros que, en teoría, estaban haciendo justicia”. La resistencia de los agentes a cumplir con su deber era tal que un día la Fiscalía General le anunció que iba a crear su propia policía.

“Puta, yo llego y me doy cuenta de que había un vergo de grupos de exterminio, y que les estaban pegando recio a los homeboy por todos lados. Y yo con este vergo de tinta (tatuajes) en toda la cara, ¡¿cómo putas iba a andar tranquilo?! De todas formas me activé, les dije que simón, que yo estaba de choque”, dice Orco, mientras se toma la sexta cerveza Corona en este restaurante de Ciudad de México y hace señas bruscas al mesero para que le traiga la séptima. Meseros y comensales no pueden disimular la curiosidad que les provoca un hombre tan corpulento y con la cara llena de tatuajes. 

Orco regresó a El Salvador en uno de los momentos más críticos para la MS-13, pues no solo peleaban una guerra muy violenta contra el Estado salvadoreño, sino que libraba una guerra interna. Y ahora se agregaba la ofensiva de Los Exterminio. Los pandilleros del Programa L.A. planearon una respuesta: diseñaron un atentado contra uno de los grupos que operaba en el departamento de San Miguel. Era 2016 y se armaron con tres fusiles, varias pistolas y una escopeta. Su pretensión era emboscar a un grupo de ganaderos organizados para matar pandilleros y que ya llevaban varios mareros en sus cuentas. 

Se llegó el día y el grupo de 15 mareros llegados en los meses previos desde California y casi sin experiencia en batirse a tiros, se parapetaron a la orilla de un camino para esperar en la oscuridad el paso de los pickups con ganaderos. La idea era emboscarles en una curva y soltarles una lluvia de balas, robarles las armas, el dinero y huir. Pero uno de ellos se adelantó, disparó un vetusto M-16 antes de tiempo, el arma se encasquilló al segundo disparo y explotó, dejando el cañón como un florero. Orco, aunque a una distancia muy grande para acertar con su arma, accionó su escopeta, pero de esta no salió nada. A los demás les pasaron desventuras similares y apenas unos cuantos tiros llegaron hasta los vehículos. Los ganaderos respondieron con mucha consistencia al fuego de los mareros y los pusieron en huida en menos de cinco minutos. 

“Puta, corrimos por ese cerro hijueputa y nunca llegamos al final. Y como nosotros no llevamos agua nos íbamos ahogando. Abajo vimos las luces de unos 10 carros más que habían llegado a darles apoyo. Coma mierda, logramos salir del cerro hijueputa ya amaneciendo y entramos a una selva. Vieras qué perro eso”, dice Orco. 

La respuesta a Los Exterminio salió mal, muy mal, y ese grupo de ganaderos siguió asesinando. El Programa L.A. era en 2016 apenas un nombre pomposo para una junta escuálida y desorganizada de la que nadie se quería hacer cargo, salvo Orco. El enfrentamiento dejó algo claro: la M-S13 no era una estructura de gran poder bélico, y la saña con la mataban a otros pandilleros y a civiles desarmados, poco servía para enfrentar a un grupo de hombres decididos, bien armados y con respaldo de agentes en el Estado.

Aunque las operaciones de aquel grupo de ganaderos cumplía el propósito fundacional de Los Exterminio, luego aquella organización se convertiría en un verdugo más para las personas particulares, pues se dedicó a matar a cambio de dinero, comenzó a practicar extorsiones y a asaltar bancos y otros establecimientos. Pronto se convirtió en un grupo criminal más. 

Un ex alto mando de la Policía salvadoreña que conoció el origen y desarrollo de aquella organización aceptó hablar con GatoEncerrado a cambio de no divulgar su identidad y con la condición de platicar fuera de El Salvador. En la conversación sostenida en un país de Centroamérica a finales de 2023, Azul precisó los puntos geográficos donde nació. “Eso empieza en la zona de El Tamarindo, El Cuco y luego se empieza a extender. Fue como un animal que fue creciendo”, relató Azul, para señalar dos de las playas con más atractivo turístico en el extremo suroriental de El Salvador.

De acuerdo con Azul, la figura de Los Exterminio es muy cercana a la de la Sombra Negra, una organización que surgió en San Miguel en los años 90 con el propósito de hacer “limpieza social”, un eufemismo para referirse a cometer asesinatos de personas que los homicidas creyeran que eran indeseables. “Los Exterminio son como la Sombra Negra 2.0. Ellos también fueron financiados por empresarios medianos y no solo mataban pandilleros, eran un grupo que empezó con una figura de limpieza social y terminó sicariando”, dice Azul.

Azul fue uno de los mandos policiales que estuvo a cargo de las investigaciones en contra de Los Exterminio y lo que explica ayuda a comprender por qué la gran mayoría de personas involucradas con este escuadrón de la muerte están en la impunidad, y particularmente si se trata de agentes u oficiales de la PNC. Azul habla de tres factores. El primero era la enorme carga de trabajo en un país que ya lucía la etiqueta del más violento del mundo. “Había tres elementos que nos impedían atacar este mal. Primero, que teníamos demasiados casos de homicidios cometidos por pandillas por resolver. Los investigadores estaban saturados de casos. Segundo, los grupos de exterminio generaban empatía en la población. Si capturábamos policías por combatir pandilleros la gente se nos venía encima. Y tercero, que por esa misma empatía era difícil que los policías investigaran a otros policías. No es que obstruían la investigación, pero nadie quería mover un dedo para capturar a sus compañeros que, en teoría, estaban haciendo justicia, según ellos”, dice Azul. 

Estas dificultades se tradujeron en que la investigación avanzara lento y flojo. “Tuvimos problemas para coordinarnos con los investigadores de la Fiscalía porque ellos no confiaban en nosotros. De hecho, la fiscal encargada del caso llegó a decir que la Fiscalía iba a crear su propia policía para investigarnos. Eso me molestó bastante y hubo un entrampamiento en la investigación. No podíamos hacer nada contra ellos”, recuerda Azul.

Y mientras este grupo planificaba sus asesinatos, sus extorsiones o sus robos, la Fiscalía los escuchaba. Cuando este grupo hablaba con autoridades para coordinar sus actividades, la Fiscalía también escuchaba. Incluso cuando estos hombres comentaban sobre sus atrocidades había personal de la Fiscalía escuchando y grabándolo todo.

Capítulo II – El gobierno escuchaba cuando los policías mataban

Durante cuatro años y cuatro meses, los investigadores de la Fiscalía y de la División Élite contra el Crimen Organizado de la PNC (DECO) escucharon y siguieron los pasos a los miembros de Los Exterminio en la zona oriental de El Salvador. Sus investigaciones revelan el amplio uso de recursos policiales para consumar los asesinatos: Los Exterminios obtenían chalecos antibalas de la PNC, uniformes, lograban la movilización encubierta de patrullas ad hoc, recibían acceso a fichas policiales o a información que permitiera localizar a potenciales blancos de los asesinos y obtenían mano de obra numerosa con los agentes que participaban materialmente de los homicidios. Tal como sucedió con la matanza en El Basil Tropical. 

A las 12:16 del 9 de abril de 2016, dos hombres se comunicaron por teléfono y empezaron a planificar una masacre. Uno de ellos era Luis Antonio Lara del Cid, alias “Toño”, a quien la Fiscalía salvadoreña tenía ocho meses siguiéndole la pista y había identificado como líder de Los Exterminio. Acerca de Toño, pocas personas dan referencias por temor. Unos dicen que es empresario, otros que es ganadero. Todos coinciden en que es un hombre con dinero. El otro hombre era José Wilfredo Estrada Cedillos, alias “Will La Perra”, un empresario del oriente de El Salvador, uno de los principales financistas y miembro del grupo.

-Para hoy tenemos el tiro. Prepárese para eso de las 2:30. A esa hora entramos. Empecemos a coordinar ahí -dijo Toño, y colgó.

La matanza que planificaban ocurriría 13 horas más tarde en El Basil Tropical. Después de aquella primera llamada, ambos hombres comenzaron a contactar con otros en una serie de llamadas que estaba siendo escuchada por investigadores de la Fiscalía.

A las 5:55 de la tarde, Toño llamó por teléfono al agente policial José Isidro Vásquez y le preguntó si otro agente, de apellido Aragón, estaba trabajando ese día. Vásquez le contestó que sí.

-Entonces prepárense porque tenemos fiesta en Chilanguera (distrito costero del departamento de San Miguel) -dijo Toño a Vásquez.

-También están de turno el sierra y el sargento. Acuérdese que al sargento le gusta ir a esos eventos -sugirió Vásquez.

-A ver si me puede contactar con el cabo porque le he estado llamando y no me contesta.

Dos horas después, a las 7:59 p.m., el agente Vásquez se comunicó nuevamente con Toño para informarle que ya había hablado con el jefe del puesto policial de El Cuco, aquel situado a escasos 85 metros de El Basil Tropical. Le proporcionó el número del jefe. Toño le agradeció y le respondió que un colega de él, un investigador destacado en San Miguel, le había dado información de que en esa zona había una mujer que tenía una cantina y que ahí era el “recoledero de esos cabrones”, es decir, un punto de reunión.

-Ahí está esa vieja cerota y un cabrón al que le dicen Gallinita.

-No hay que dejarlo escapar -respondió Vásquez.

-No se preocupe-, respondió Toño.

A las 8:06 p.m., otro agente, identificado como Jaime Ernesto Bonilla, alias Jaimito, contactó a Toño. Con Bonilla eran ya siete agentes u oficiales de la PNC conspirando para ir a cometer asesinatos.

-¿Están listos? -preguntó Toño.

-Aquí estamos de toque -respondió Jaimito-. Aquí esta gente solo es ganas.

Jaimito advirtió a Toño que antes de acompañarlos a “la fiesta”, debían pasar haciendo “un tirito” por la zona de El Tránsito, pero que tenían que ver si todo salía bien porque se habían enterado de que una patrulla se andaba moviendo por esa zona.

Jaimito además preguntó a Toño si existía la posibilidad de que le hiciera un préstamo.

-¿No nos prestara usted un cuerno de chivo para llevarlo?  -preguntó Jaimito a Toño. “Cuerno de chivo” suelen llamarle los amantes de las armas al fusil de uso privativo de la Fuerza Armada AK-47.

-Véngase, aquí se lo voy a encaminar a San Pedro para que lo llegue a recoger.

Toño, a juzgar por aquella plática, parecía tener acceso a un arsenal cuantioso, porque su interlocutor siguió pidiéndole armas.

-¿Y unos dos fusilitos no tiene? -añadió Jaimito.

-¿Para qué hora?

-Ahorita vamos saliendo de San Miguel.

-¿Quiere uno o dos? -preguntó Toño.

-Si puede dos, los dos- dijo Jaimito.

-Dele pues.

A las 9:25 p.m., cuatro horas antes de la matanza, Jaimito llamó a Toño de emergencia. Le dijo que había ocurrido un problema, que luego de salir de la zona de El Tránsito se habían encontrado a la patrulla y los agentes los habían revisado. 

-Ahorita nos vamos a ir a encuevar (a esconder) porque el hijueputa nos pidió los nombres y nos tuvimos que identificar. Más que andaban dos camaradas uniformados conmigo. Le tuve que decir que andábamos ubicando unas casas para hacer un allanamiento. 

-¿Y cómo hizo? -preguntó Toño.

-Le dije que ahí andaba a la víctima en el carro y todo. Ya tengo a una víctima lista por si acaso siguen preguntando. Y también ya hablé con el jefe, el subinspector José Nelson Alvarenga, para que diga que sí andábamos en eso por si alguien llega a preguntar -dijo Jaimito. Con el subinspector Alvarenga eran ocho, como mínimo, los policías involucrados o que al menos estaban enterados de aquella operación.

-¿Entonces siempre se va a echar el tiro? -preguntó Toño.

-No puedo. Lo que pasa es que van a decir que yo fui porque me vieron con chaleco y todo -insistió Jaimito.

-No se preocupe -dijo Toño.

-Pero ahí le pega unos dos machetazos de mi parte a ese hijueputa gordo y a esa vieja hijueputa. Ahí ustedes pueden entrar tranquilos. Ya tenemos todo arreglado y no hay tos con la ley -dijo Jaimito.

A las 00:39 del siguiente día, 10 de abril de 2016, faltaba menos de una hora para la matanza. En ese momento Toño llamó a otro hombre identificado como Ángel Ramírez Mercado, alias La Bonita.

-¿Y entonces? -preguntó Toño.

-Ahorita vamos de camino -dijo Ángel 

-Ahorita salgo yo también -dijo Toño.

Aquella fue la última llamada que los investigadores de la Fiscalía escucharon aquella noche. Los hombres con ropas oscuras, con uniformes de policías y soldados, salieron rumbo a la playa El Cuco.

A la 1:30 de la madrugada, aquellos hombres vestidos con ropas de policías y militares llegaron a bordo de dos pickups y se estacionaron frente a El Basil Tropical, a solo 85 metros del puesto policial de El Cuco. Media hora después huían tras haber macheteado a cinco personas, incluida una mujer. Una de las víctimas sobreviviría. 

A las 9:08 de la mañana, la pantalla del teléfono celular de Toño se iluminó. Quien llamaba era una mujer preguntándole si ellos habían sido los de “la fiesta de anoche”.

-Nosotros no comemos pescado en Semana Santa -respondió Toño, en tono jocoso.

La plática continuó y Toño aseguró que los muertos de la noche anterior “eran la mera mata”. La mujer advirtió a Toño que uno de los cinco había sobrevivido y que probablemente iba a declarar a la Policía todo lo que había pasado.

-No se preocupe. Así como quedó ese fulano ya se va a pelar (morir) -dijo Toño. Y colgaron.

A las 3:01 p.m. de ese mismo día fue el agente Jaimito quien llamó a Toño.

-¿Qué pasó? ¿Abonó la milpa? -preguntó Jaimito a Toño.

-Sí. Ahí la trabajamos -respondió Toño.

-¿Cuántas lacras? -preguntó Jaimito.

-Cinco, pero a un baboso lo mandamos algo alocado (sobrevivió), pero no creo que aguante tanto.

-¿Y la vieja?

-Esa se fue de un solo con visa -respondió Toño. Y colgaron.

El 13 de abril, tres días después de la masacre de El Cuco, un hombre identificado como Pioquinto llamó a Ángel, el hombre que a escasos minutos de ejecutar la masacre había avisado a Toño que iba en camino a El Basil Tropical. El motivo de la llamada era para reclamarle por el error de dejar a una de las víctimas con vida. 

-Ey, aquella noche la regó, compa -dijo Pioquinto.

-No´mbre, es que yo estaba cansado y dándole de un lado para otro y no me dejaban trabajar a gusto. Además que de presto me llaman para decirme que nos fuéramos y usted sabe que a mí no me gusta que me hablen cuando estoy trabajando -respondió Ángel. 

-Vaya, de hoy en adelante cuando salgamos cada quien va a llevar su propia cuma (machete), porque eso pasó porque no le ayudaron a usted y el compromiso es de todos, pues -dijo Pioquinto. 

-Sí, en otra vez hay que hacer las cosas bien. Pero de allá arriba me mandaron a decir que estaba bien, que todo diez, solo un pequeño errorcito nomás -dijo Ángel.

Y colgaron.

La investigación fiscal a la que este medio tuvo acceso no identifica quién es Pioquinto, ni precisa su papel dentro de la estructura de Los Exterminio.

Los investigadores de la Fiscalía documentaron en tiempo real, mediante escuchas telefónicas, cómo Los Exterminio planearon y consumaron no solo el asesinato de por lo menos 54 personas, sino también la planeación y ejecución de robos a mano armada a empresas de gas, a una agencia del Banco Azteca, a una de Western Union… y tampoco hicieron nada por impedirlo.

De esta misma manera, tanto los investigadores de la Fiscalía Salvadoreña como los agentes de la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía salvadoreña que siguieron esta investigación durante cuatro años y cuatro meses, documentaron y siguieron paso a paso la muerte de al menos 79 personas, entre ellas un nicaragüense asesinado el 15 de octubre de 2020 en un taller de motocicletas en La Unión. Además escucharon la planificación para la ejecución de al menos 54 personas más y el intento de homicidio de una más. Los investigadores además documentaron en tiempo real la planificación y ejecución de robos a mano armada por parte de Los Exterminio a empresas de gas, a una agencia del Banco Azteca, a una agencia de Western Union, a casas comerciales, telefónicas y otros negocios establecidos en el oriente del país. Y nunca hicieron nada para impedirlo.

GatoEncerrado tuvo acceso a tres carpetas de investigación de la Fiscalía en las que se documentan casos de homicidios atribuidos a Los Exterminio que van más allá de los 279 asesinatos que llegaron al buzón de correo electrónico de la subinspectora Guevara en septiembre de 2021.

La primera investigación empezó el 14 de agosto de 2015, tras una masacre ocurrida sobre la calle que conecta los cantones Tierra Blanca y El Carao, en el departamento de San Miguel. Los casos se presentaron ante un juzgado especializado en la cabecera departamental. Las pesquisas fueron conocidas en los pasillos judiciales como “Casos Exterminio”, requirieron tres etapas y la última culminó el 22 de diciembre de 2020.

La mayoría de las víctimas de Los Exterminio en los siete años de operación, hasta ya casi avanzada la primera mitad del gobierno de Nayib Bukele, fueron hombres jóvenes, jornaleros o trabajadores informales etiquetados por los mismos delincuentes como miembros de pandillas gracias a información que de manera informal filtraban los policías e investigadores que colaboraban con el grupo.

Venganza

El 14 de agosto de 2015, la calle rural que conecta los cantones Tierra Blanca y El Carao, en el sur del departamento de San Miguel, amaneció llena de muertos. Siete cuerpos fueron encontrados atados de pies y manos en tres escenas diferentes sobre la misma calle de polvo. Los periódicos llenaron sus portadas con la noticia. En aquel momento, la policía se limitó a informar a los periodistas que acudieron a la escena que se trataba de siete pandilleros de la MS-13 que habían sido secuestrados y ejecutados probablemente por miembros de su misma pandilla. Las víctimas eran seis hombres y una mujer asesinados a machetazos. 

El Salvador es un país acostumbrado a la muerte violenta. Solo en el año 2015 fueron asesinadas 6,656 personas, es decir, un promedio de 18 al día. Aquel fue el año más violento desde la guerra civil salvadoreña. Y aunque la mayoría de homicidios fueron cometidos presuntamente por pandilleros, los grupos de exterminio integrados por policías y ganaderos contribuyeron notablemente a engordar aquella cifra, a poner personas muertas sobre los 21 mil kilómetros cuadrados de El Salvador.

La masacre de aquel 14 de agosto fue tan grave que espantó a las mismas autoridades. La investigación la asumió la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil. Los investigadores comenzaron a recoger testimonios y todos coincidían: la matanza había sido perpetrada por un grupo de exterminio. Los informantes añadieron que se trataba de una venganza.

De acuerdo con los relatos de los informantes y las investigaciones de la Fiscalía a la que GatoEncerrado tuvo acceso, el grupo de exterminio estaba integrado por exmilitares, exguerrilleros y campesinos organizados “para autoprotegerse y matar pandilleros o colaboradores” en los distritos de Chirilagua y El Delirio, en el departamento de San Miguel. La investigación añade que el grupo estaba liderado por un ganadero, Rodolfo Lara del Cid, a quien apodaban El Ninja. 

Una noche antes de aquella masacre, el 13 de agosto, El Ninja sufrió un atentado de parte de pandilleros que lo identificaron como el líder del grupo de exterminio. Lo emboscaron y lo hirieron. Al día siguiente, la respuesta de El Ninja fue contundente: secuestró a siete pandilleros de la MS-13 y los mató a machetazos.

La investigación por aquella masacre culminó con la captura de diez personas, entre ellas varios oficiales y agentes de la PNC, acusadas de formar un grupo de exterminio. Los detenidos fueron presentados ante los tribunales a principios de julio de 2016 y los fiscales les atribuyeron la muerte de 17 personas, incluidas las siete que aparecieron regadas en aquella calle de tierra. En una conferencia de prensa el 8 de julio de ese año, el fiscal general de entonces, Douglas Meléndez, dijo que el número de víctimas mortales de aquel grupo podría ascender a 40

Después de aquella masacre en el camino de tierra, la Fiscalía intervino los teléfonos de las personas mencionadas por los informantes y así determinó que aquel grupo tenía la entera colaboración de miembros de la PNC para asesinar.

Los investigadores identificaron como líderes del grupo a Rodolfo Lara del Cid y a su hermano, Luis Antonio Lara del Cid. Este es el Toño que coordinó la operación para cometer la masacre en El Basil Tropical. Luego de meses de espiarles, los investigadores vincularon a 20 personas más, entre agricultores, empresarios, policías y soldados, implicadas en los homicidios ocurridos en aquella zona. Meses después de que iniciara la investigación, Rodolfo Lara del Cid falleció, según las escuchas telefónicas producto de las lesiones que le provocó el ataque de los pandilleros

El requerimiento fiscal en contra de este primer grupo secciona la investigación en nueve casos que suman diez homicidios, homicidios en grado de tentativa y otros delitos como proposición y conspiración para cometer homicidio y revelación de documentos por empleado oficial. El primer caso, identificado como “Caso Número Uno”, es la masacre en El Basil Tropical, en la playa El Cuco. 

Azul, el ex alto mando policial que participó en aquellas investigaciones, recuerda bien las asperezas que generó dentro de la Policía que la Fiscalía pusiera al descubierto la operación de Los Exterminio, con participación de agentes policiales. Esa molestia truncó varias investigaciones, dice, incluso algunas posteriores que involucraban a policías con asesinatos. Como el caso del asesinato de la agente Carla Ayala por parte de sus compañeros del Grupo de Reacción Policial, el 29 de diciembre de 2017. “En el caso Carla Ayala llegamos a un punto en que no nos podíamos reunir porque no llegábamos a un acuerdo. A veces a las reuniones solo llegaban un fiscal y un representante de la Policía, pero los demás miembros del equipo no. No había confianza. Más bien había una disputa”, relata Azul.

Estas dificultades se tradujeron en que la investigación contra Los Exterminio apenas avanzara. “Tuvimos problemas para coordinarnos con los investigadores de la Fiscalía porque ellos no confiaban. Pero todo empeoró cuando la fiscal encargada del caso de Carla Ayala (fiscal Guadalupe Echeverría) llegó a decir que la Fiscalía iba a crear su propia policía para investigarnos. Eso me molestó bastante y hubo un entrampamiento en la investigación”, añade Azul.

En la operatividad diaria de la investigación del caso, la disputa entre la Policía y la Fiscalía se traducían en graves retrasos. “Por ejemplo, una diligencia tan sencilla como pedir un acta o un video de una cámara o hacer una entrevista con algún testigo se volvía algo que tardaba semanas o meses”, recuerda Azul.

Cacería con lista en mano

Las fuentes consultadas por GatoEncerrado coinciden en otra cosa: Los Exterminio portaban una lista, una especie de cuaderno con fichas que contenían información importante de sus víctimas como dirección, alias y los delitos que se les imputaban, si es que se les imputaba alguno. 

Según la investigación fiscal presentada ante los tribunales en 2016, uno de los empresarios que financiaba a Los Exterminio era Wiliam Hernández Marroquín, un ganadero residente del cantón La Canoa, en el distrito de El Tránsito, en San Miguel. Cuando agentes de la DECO allanaron la casa de Hernández Marroquín, encontraron varias armas de fuego y un documento que contenía el perfil policial de un pandillero.

El perfil correspondía a Jaime Fernando Escobar Guzmán, y era un folder en cuya parte superior se lee manuscrito en azul “Nota: Lesionado en intercambio de disparos con agentes de la PNC. Refugiado en Chirilagua (San Miguel). Posee cinco órdenes de captura vigentes, homicidio agravado, extorsión, agrupaciones ilícitas, portación ilegal de arma de fuego”. Esta ficha policial fue una de las pruebas que la Fiscalía presentó como evidencia de la participación de personal de la Policía en los grupos de exterminio.

Los Exterminio asesinaban con lista en mano: según las investigaciones de la Fiscalía y la PNC, agentes u oficiales policiales facilitaban a los asesinos información que les permitiera localizar a potenciales blancos de atentados. La Fiscalía acusó a un jefe policial de filtrar información a Los Exterminio. Hoy, este oficial está a cargo de una delegación de la PNC en el Área Metropolitana de San Salvador. “Mi caso se sobreseyó definitivamente”, dice.

Ese mismo año, un joven que trabaja desde hace varios años en una funeraria de San Miguel tuvo un encuentro con Los Exterminio y sufrió el terror de saberse buscado en aquella lista que andaban consigo los asesinos cuando salían a operar. Marlon no es su verdadero nombre, pero pide que se le llame así en este relato por temor a represalias debido a lo que va a contar.

Marlon asegura que en 2016 tuvo un encuentro con Los Exterminio. Dice que su trabajo lo suele llevar a lugares peligrosos con frecuencia, y casi siempre de noche. Marlon es responsable de llevar servicios fúnebres a donde se le requiera. Una noche de agosto de 2016  iba con un compañero a dar servicio a un velorio cerca de las 8:00 de la noche en la zona de Chirilagua y de súbito en la calle se toparon con un vehículo que bloqueaba el camino con las luces encendidas. Cerca del automotor aguardaban varios hombres con ropas oscuras y gorros navarone que les cubrían los rostros. 

“Al principio yo pensaba que eran policías porque estaban vestidos igual. Pero después vi que no, porque nos llegaron apuntando con los fusiles. Días antes se le había caído el letrero de funeraria al carro y lo andábamos en la cama del pickup, tirado. Los encapuchados nos pararon y nos dijeron que nos bajáramos”, cuenta Marlon.

Uno de los hombres les preguntó si eran pandilleros y hacia dónde iban. Ellos, preocupados, le respondieron que a dar un servicio fúnebre. Pero los uniformados estaban escépticos. Uno de ellos, según Marlon, abrió el vehículo que bloqueaba la calle, sacó un folder y comenzó a buscar en él sus nombres.

“A mí se me fueron los colores. Sacaron un folder grueso y uno de ellos comenzó a buscarnos por el nombre del dui (documento único de identidad). Al final no nos encontraron y nos dejaron ir. Yo ya había oído hablar de ellos, pero nunca jamás me imaginé que me los iba a topar”, dice Marlon.

El joven agrega que él atendió el sepelio del hijo de uno de los ahora acusados de pertenecer al grupo. Marlon habla del hijo de William Hernández Marroquín. La Fiscalía tiene documentado este caso. Hernández Marroquín fue capturado el 6 de mayo de 2016 por el delito de homicidio culposo. La investigación detalla que el ganadero dejó desatendida un arma de fuego sobre una mesa en su casa y su hijo se disparó por accidente.

Una Inspectoría General casi inexistente

Las autoridades salvadoreñas han mostrado un desdén por depurar a la Policía salvadoreña. De hecho, el trabajo de la Inspectoría General se ha vuelto casi inexistente, según señalan algunos elementos policiales que conocen de dichas investigaciones y que solicitaron ocultar su nombre por temor a represalias. 

Un documento elaborado por Asuntos Internos de la PNC al cual GatoEncerrado tuvo acceso registra que, entre el 13 de marzo de 2015 y el 24 de marzo de 2022, la institución registró 120 demandas contra agentes de la PNC por los delitos de feminicidio, homicidio, extorsión y tortura. Todos estos casos registrados antes de la entrada en vigor del régimen de excepción. De esos 120 casos, según el mismo documento hasta la fecha en que fue generado, solo seis habían llegado a juzgados. Los demás estaban en condición de “Archivados” o “Sin información”. Del total de expedientes, 30 fueron abiertos entre los años 2019 y 2022. 

La policía salvadoreña tuvo un giro importante en los últimos 15 años. Pasó de ser una policía estrictamente civil, con total independencia respecto de la Fuerza Armada, a convertirse, en la práctica, en un cuerpo de espíritu militar, con estrechos vínculos operativos con el ejército salvadoreño y con cientos de acusaciones por violaciones a los derechos humanos. 

Esta policía, que nació en 1993 producto de los Acuerdos de Paz, se mantuvo relativamente libre de contaminación militar hasta la llegada de Mauricio Funes a la presidencia de El Salvador. Su gobierno (2009-2014) dio pie a un agudo involucramiento de los militares en la seguridad pública y colocó a dos generales a conducir, uno esa rama del Ejecutivo, y el otro asumió la dirección de la PNC. En 2013 la Sala de lo Constitucional le ordenó sustituir a los dos generales por personas civiles porque sus nombramientos violaban la disposición constitucional de que la seguridad pública y la PNC son estrictamente civiles.

Funes pactó bajo la mesa una tregua con las pandillas para que estas bajaran la incidencia de asesinatos. La tregua terminó en 2014 y en 2015, el sucesor de Funes, Salvador Sánchez Cerén, anunció una guerra contra las pandillas. Y las pandillas respondieron ese año asesinando a 81 policías, 18 soldados y a numerosos guardias penitenciarios. 2015 es también el año cuando cunden estructuras paramilitares y escuadrones de la muerte para enfrentar a las pandillas. Al menos tres miembros de estas organizaciones con quienes GatoEncerrado habló afirman que fue ese año cuando comenzaron a operar de forma más habitual y estructurada. Uno de ellos, Leñador, asegura que las circunstancias facilitaron que en 2015 se forjara una relación de estrecha colaboración con miembros de la Fuerza Armada y de la PNC.

Sin embargo, tanto la violencia de las pandillas como la de los grupos de exterminio se vio considerablemente mermada para 2019, con la llegada de Bukele a la presidencia. A pesar de eso y de que las pandillas han sido perseguidas y sus estructuras, junto con miles de inocentes, puestos tras las rejas, las estructuras criminales integradas en gran parte por policías siguen operando. 

GatoEncerrado envió el jueves 10 de octubre de 2024 peticiones de entrevistas al despacho del fiscal general, Rodolfo Delgado, y al del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. A estos funcionarios se les deseaba preguntar sobre las expectativas de superar la condición de casi absoluta impunidad en que se encuentran los centenares de homicidios en los que abundan los indicios o pruebas de participación policial, y sobre las posibilidades de que la PNC pueda tener medios para autodepurarse. Hasta este 15 de octubre no había respuesta.

Ocho años después de la masacre de El Basil Tropital y tres años después de que la subinspectora Guevara constatara que la misma información oficial de la PNC podía atribuir a agentes policiales la comisión de 279 asesinatos entre 2019 y septiembre de 2021, no hay ni un atisbo, ni una señal de que la Policía esté intentando depurarse. Es esa misma Policía cuyos agentes fueron investidos de mayor poder cuando desde 2020 el gobierno de Bukele de facto les dio la calidad de ”jueces de la calle”, atribución que les permite decidir según su arbitrio a quién privar de libertad y enviar a prisión.

Entre aquellas más de 120 personas que fueron acusadas o investigadas por la Fiscalía de ser parte de la organización de exterminio o de colaborar con ella está al menos un oficial de la PNC. Esta persona, el inspector Jesús. Antonio Maradiaga, detenta hoy la jefatura de la Policía en el puesto policial del distrito de Mejicanos, en el Área Metropolitana de San Salvador.

Sobre Maradiaga, la investigación de la Fiscalía lo acusa de haber filtrado información a Los Exterminio valiéndose de su cargo como jefe de la Unidad Antiextorsiones en San Miguel. De acuerdo con la Fiscalía, el inspector entregaba perfiles de presuntos pandilleros a Los Exterminio para que estos localizaran a sus víctimas.

 

Este 14 de octubre, GatoEncerrado llamó a Maradiaga a su teléfono personal para preguntarle sobre el caso. El inspector respondió que ahora está asignado a la jefatura de la delegación policial de Mejicanos y que ha quedado sobreseído definitivamente. 

En los últimos años, Trump y Milei han sido inspiración para que muchos políticos en Latinoamérica impulsen agendas que ignoran a las poblaciones LGBTI+ y fomenten la discriminación. Sin embargo, no son la única razón de la expansión de esta tendencia en países como México y el norte de Centroamérica en donde las organizaciones antiderechos han fortalecido sus alianzas políticas y están provocando retrocesos en materia de derechos humanos.

Por Geo González

Estados Unidos y Argentina son quizá los mayores ejemplos de cómo los derechos humanos ganados por las luchas de los activismos de las personas LGBTI+ sufren retrocesos por la implementación de políticas y retóricas antiderechos que están impactando la vida de estas poblaciones. En México y el norte de Centroamérica, sin embargo, encontramos una región donde la discriminación por orientación sexual e identidad de género son mortales, hogar de fundamentalismos que ven en la existencia de estas poblaciones una amenaza.

La primera vez que presencié una marcha antiderechos fue el 11 de septiembre de 2016. Sucedió en la Ciudad de México cuando el Frente Nacional por la Familia, una de las organizaciones ultraconservadoras más visibles del país, realizó marchas en distintas ciudades. Lo que había convocado a estas personas era una iniciativa presidencial para garantizar el derecho al matrimonio igualitario. Personas vestidas de blanco repetían “Con los niños no”, “Mamá y papá, la familia de verdad”. Esa fue la primera vez que escuché “No a la ideología de género”, un invento que no es inocente y que diez años después sigue siendo parte de las formas en que los grupos que se oponen a la garantía de derechos tienen para comunicar su retórica antiderechos.

Primero que nada hay que decir que es falso que el género sea una ideología. La expresión empezó a ser usada en 1995 y su uso se popularizó en 2016, luego de que el papa Francisco y grupos antiderechos y políticos de ultraderecha la usaran para desinformar y oponerse a derechos humanos como el aborto, el matrimonio igualitario, la educación sexual integral (ESI), la salud de afirmación de género, la perspectiva de género y al lenguaje incluyente.

Hoy, casi diez años después, esas narrativas no es que hayan cambiado, pero sí se fortalecieron financieramente, ganaron terreno en el mundo y en los gobiernos, sus formas de operar se complejizan y sus alianzas en política están provocando retrocesos en materia de derechos humanos. 

Con las elecciones presidenciales en Estados Unidos a la vuelta de la esquina, se ha hablado mucho del Proyecto 2025, un plan de políticas de ultraderecha elaborado y redactado por exfuncionarios de la administración de Trump en alianza con The Heritage Foundation, una agrupación conservadora que se opone al aborto, la equidad racial y los derechos de las personas LGBTI+ y migrantes. Pero también vale la pena leer con ojos críticos la Agenda 47, propuestas de campaña elaboradas por Trump que, en caso de ganar la presidencia, podrían ejecutarse mediante decretos del poder Ejecutivo y otras requerir acciones del Congreso.

Su línea también es antiderechos y algunos de los impactos directos hacia las poblaciones LGBTI+ son a nivel educativo, con las que se busca prohibir que se promueva teoría crítica de la raza y la perspectiva de género; que no se garantice el derecho a la salud de afirmación de género, ni que se permita competir a personas trans en deportes de acuerdo a su identidad de género. 

Propuestas como estas no son únicas de Trump. La influencia de grupos antiderechos y el poder que tienen en el Partido Republicano a nivel local ha provocado que de 2015 a la fecha se presenten cantidades récord de proyectos de ley que buscan vulnerar los derechos de las personas LGBTI+, de manera particular contra infancias y adolescencias trans y las personas que las acompañan, como sus familias, docentes y personal de salud. 

En 2023 la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una red de personas defensoras de derechos civiles, registró un total de 510 propuestas de ley anti-LGBT presentadas a nivel local en la mitad del territorio. En lo que va de 2024, se han presentado 530 de estas propuestas de ley. De ese total, hay 108 que avanzaron y 44 ya son ley. Tan solo durante la administración Trump, ACLU presentó más de 246 demandas contra este tipo de leyes.  

El contrapeso a lo que la administración Trump trajo desde 2016 con esta ola de leyes anti-LGBTI+ ha sido el gobierno de Biden-Harris, que no solo ha demandado a algunos estados a bloquear leyes anti-trans y anti-LGBTI+ aprobadas, también ha pedido a la Suprema Corte que levante las prohibiciones al derecho a la salud y atención médica de afirmación de género para les adolescentes trans. 

Con el Proyecto 2025 y la Agenda 47, una segunda administración de Trump sería más agresiva y regresiva sobre los derechos humanos de las personas LGBTI+ y las mujeres. 

Ambos proyectos pueden ser un modelo que intenten replicar gobiernos, políticos y grupos antiderechos de nuestra región que coquetean desde hace rato con el Trumpismo y organizaciones antiderechos a nivel mundial. Aunque es importante no perder de vista que, con o sin la influencia de Trump y su agenda antiderechos, los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua se han negado a garantizar derechos humanos integrales a personas LGBTI+ y las mujeres. 

No podemos negar la influencia de Trump y su influencia y casi inspiración para algunos políticos como Bukele y Milei, pero no obviemos que en nuestra región sistemáticamente se han vulnerado y obstaculizado el reconocimiento de derechos humanos de estas poblaciones.

Es importante tener en cuenta que antes de Trump nuestra región ya tenía leyes y propuestas que vulneran los derechos humanos de las personas LGBTI+. México y Centroamérica son territorios en donde las personas de la diversidad sexual viven altos índices de discriminación en todos los ámbitos de su vida. Y en donde más se registran crímenes de odio a nivel global, en donde las principales víctimas son mujeres trans en situación de vulnerabilidad, la mayoría ejerciendo el trabajo sexual. 

Por número de casos México se ubica en el segundo país del mundo con más transfeminicidios, de acuerdo al observatorio de crímenes de odio Trans Europe. Pero en relación al número de habitantes, son Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala los países en donde a nivel global más se cometen crímenes por prejuicio hacia mujeres trans. 

En México se han logrado avances considerables en la protección de los derechos LGBTI+  desde leyes que prohíben la discriminación hasta el reconocimiento de identidad de género de infancias trans en algunos estados. Sin embargo, ha habido fuerzas políticas antiderechos y partidos políticos de ultraderecha, como el PAN y PRI, que se inspiran en sus pares de España y Estados Unidos para importar ideas para hacer reformas de ley anti-LGBT, casi siempre usando como estrategia la desinformación y creación de bulos y pánicos morales

Y aunque, por ahora, ese tipo de propuestas de ley no han prosperado, no podemos ser indiferentes. De acuerdo a Global Project Against Hate and Extremism, en el país operan 12 de estos grupos. Y aunque por ahora no les veamos como una “fuerza política” o una amenaza real, no podemos pensar ingenuamente que una ola antiderechos de las personas LGBT+ no se pueda estar cocinando desde ahora con miras a las siguientes elecciones de 2030.

En Guatemala, El Salvador y Honduras la situación es mucho menos favorable. En estos países no se garantiza si quiera el derecho a la no discriminación, y los actos de violencia y discriminación contra personas LGBTI+ son frecuentes y no reciben la atención adecuada por parte de las autoridades. 

El contexto social conservador, la influencia de grupos religiosos y antiderechos en los espacios de toma de decisiones en estos países ha contribuido a la vulneración y a la no garantía de derechos humanos. Además, cuando parece que las cosas avanzan, el veto de leyes o propuestas legislativas antiderechos se vuelve común, principalmente aquellas en relación a la educación, reconocimiento de identidad de género de personas trans (incluídas infancias) y matrimonio igualitario

Ante la ausencia de garantía de derechos en la región, son las organizaciones de sociedad civil quienes se han encargado de visibilizar la situación, la vulneración de derechos y de sostenerse en comunidad. Por lo que una segunda administración de Trump podría amenazar los recursos y financiamientos que las organizaciones civiles reciben, sobre todo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En el Proyecto 2025 hay un capítulo que tiene recomendaciones específicas para eliminar toda referencia a los términos género, igualdad de género, diversidad de género, aborto, salud reproductiva y derechos sexuales y reproductivos de los proyectos de USAID. Así, los activismos que logran obtener financiamiento para sostener el trabajo que le toca al Estado podría verse amenazado. 

Las retóricas y políticas antiderechos avanzan también desde el sur. No obviemos lo que el gobierno de Javier Milei está haciendo en Argentina con la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); el despido de más de 80 personas travesi-trans que laboraban en la administración pública y que implica un retroceso a una de las leyes más progresistas en la region, el cupo laboral trans, que busca saldar una deuda histórica para garantizar el trabajo a esta población; y la censura en los medios. Todo esto en menos de un año de gobierno.

Milei también se hizo famoso incitando al odio en medios de comunicación y redes sociales. Todo eso no fue inocente. Milei y su forma de hacer campaña a lo Trump trajo consigo hechos de violencia simbólica y directa contra personas LGBTI+, antes y después de su triunfo como presidente.

Trump y Milei son inspiración para las personas y grupos antiderechos en México, El Salvador, Guatemala y Honduras porque les permite salirse con la suya mientras se aseguran su popularidad metiendo miedo con lo menos peligroso de todo, el respeto a los derechos humanos. Podrá parecer que afectan solo a una minoría, pero lo cierto es que el discurso de odio nos limita a todes.

Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual NOMBRE DEL MEDIO forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.

El Ministerio Público ha recibido al menos 221 denuncias de desapariciones forzadas por agentes del Estado en los últimos seis años, una cifra superior a la registrada durante toda la década de los 80. Durante el gobierno de Xiomara Castro la media mensual de este delito es superior a la de JOH. Los habitantes de colonias dominadas por las pandillas afirman que existe un subregistro en medio del terror y la desconfianza hacia las autoridades. Hasta el momento la impunidad de los casos como el Cristina y Josiris, es del 100%.

Texto: Fernando Silva
Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC
Portada: Catherine Calderón

—¿Quién es la dueña del bar? —preguntó uno de los policías, que iba encapuchado. 

Minutos antes habían irrumpido por la puerta que daba a la cocina del bar Flamingo, de las hermanas Portillo. Josiris logró distinguirlos por los detalles de su uniforme: eran oficiales de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), una de las unidades élite de la Policía Nacional de Honduras. El agente encapuchado le dijo que aquello era un cateo, y Josiris lo creyó, porque estaba acostumbrada a los cateos frecuentes en la colonia Brisas del Valle del sector Rivera Hernández, que en ese entonces era controlada por la pandilla Vatos Locos de San Pedro Sula, ciudad que hace diez años era considerada uno de los lugares más peligrosos del planeta. Josiris respondió que ella era la dueña, pero a unos pasos también estaba su hermana, que también alzó la voz.

—Yo soy —respondió también Cristina, mujer trans y líder comunitaria en la colonia.

—Entonces llevátelo a él también, a Jairo —ordenó el agente a sus compañeros, desconociendo la identidad de género de Cristina.

—Cuando mencionaron el nombre legal de Cristina, me asusté. Nadie conoce ese nombre, a menos que sean policías y tengan acceso a esos datos —cuenta Josiris.

A Cristina la subieron a una camioneta Ford Escape blanca. Y desde entonces su hermana ya nunca más supo de su paradero. 

El caso de Cristina es uno de 108 casos de desaparición forzada registrados durante los primeros 29 meses del gobierno de Xiomara Castro. Por mes 3.9 casos , una tendencia ligeramente superior a la que registraron las autoridades en los últimos 36 meses del segundo gobierno de Juan Orlando Hernández: 113 casos entre enero de 2019 y la primera quincena de enero de 2022. El fenómeno no respeta colores partidistas y en las comunidades, denuncian las víctimas, se vive «como en la década de los ochenta». 

En los últimos seis años, los casos de desaparición forzada, delito en el que agentes del Estado son señalados por privar de libertad y desaparecer a civiles, han superado la cifra histórica de 184 casos que Honduras registró en la década de 1979 a 1989. Y mientras el nuevo gobierno celebra la baja de los homicidios como resultado de los logros del Estado de excepción lanzado a finales de 2023, en comunidades como las de las hermanas Portillo, la sombra de los agentes del Estado desapareciendo a hondureños se pasea con fuerza mientras decenas de familiares temen denunciar y aquellos que denuncian ven cómo los casos quedan en la impunidad.  

Aquella noche del 24 de noviembre de 2023, los primeros dos clientes del Flamingo llegaron temprano, entre las seis y seis y treinta, y pasaron la noche entre tragos y cervezas afuera del bar. Uno de ellos, Joshua, le insistía a Josiris que entrara al negocio, pero ella decidió quedarse afuera. Tiempo después, Josiris se pregunta si la insistencia de ese joven tenía que ver con lo que pasaría unas horas después.

Cristina, de 28 años, también es dueña de un salón de belleza. Esa noche llegó tarde, a las diez, justo cuando estaban por comenzar las horas de mayor afluencia en el bar. Llegó, saludó y subió junto a su hermana y los dos clientes al bar. Estando en el negocio, apenas unos minutos después, Cristina le pidió un bote con agua a su hermana. Ese fue el último intercambio de palabras que tuvieron. Media hora más tarde, Josiris vería por última vez a Cristina. Desde entonces, Josiris exige al Estado que le responda por Cristina.

—Me fijé de pies a cabeza —recuerda Josiris—. Vi que una de las armas tenía el escudo de la policía. La indumentaria era policial: pantalón caqui, camisa polo negra, pero llevaban cubremangas. Dos se quedaron afuera con Cristina y los clientes; los otros dos me llevaron adentro. Empezaron a registrar todo y, cuando intenté acercarme a mi hermana, me agarraron de las manos y me preguntaron que dónde estaba la droga.

No había droga, y aquella escena fue la culminación de toda una serie de abusos que las hermanas soportaban para poder operar su negocio. La condición mediante la cual el bar Flamingo funcionaba como una burbuja de convivencia en medio de las constantes disputas territoriales y la violencia, era un trato que Cristina había negociado con agentes locales de la policía nacional. Les pagaba por protección, no solo con dinero, sino, a veces, con alcohol. En la Rivera Hernández, el deber de la policía de proteger a la población no es suficiente; hay que pagar por ese derecho. Por eso, cuando los agentes preguntaron por droga, Josiris no se alarmó. Pensó que solo estaban buscando una excusa para extorsionarlas, esperando que, a cambio de dejarlas en paz, les ofrecieran algún soborno más. Nunca imaginó una desaparición forzada.

La pesadilla que arrancó aquella noche apenas comenzaba para ella, y la aparición recurrente de aquella Ford Escape blanca ha perseguido a Josiris como un fantasma, como un recordatorio constante de lo que desaparece en la oscuridad a manos de agentes del Estado —que deberían proteger a los ciudadanos— y ya no regresa. 

Los agentes de la Dipampco le ordenaron a Josiris que se dirigiera a las oficinas policiales ubicadas cerca del Estadio Morazán, en San Pedro Sula, la ciudad industrial de Honduras. Le dijeron que ahí llevarían a los detenidos de esa noche, y que retendrían el celular que les habían confiscado. Les tomaron fotos a dos clientes que estaban en el bar Flamingo, Miguel y Joshua. A Joshua lo identificaron y también lo arrestaron.

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En la Rivera Hernández nadie ve fantasmas, al menos no de los que aparecen en las historias de terror. En este sector del norte de Honduras, las leyendas sobrenaturales han quedado obsoletas, pero las familias dan testimonio de seres, en su mayoría sin rostro, encapuchados, que al caer la noche siembran pesadillas interminables. Dicen que desde la llegada del gobierno de Xiomara Castro, uno que prometió una policía diferente a la que existió por décadas en el país, el acoso y el miedo ha empeorado. 

Con la entrada en vigor del régimen de excepción, Honduras registró una baja en los homicidios en 2023, con una tasa de 34.5 por cada 100 mil habitantes, según el Observatorio Nacional de la Violencia, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Hasta septiembre de 2024, la misma institución pronostica una baja de ocho puntos al finalizar el año. Pero la reducción en esa estadística de la violencia contrasta con la de las desapariciones forzadas, que avanza en Honduras como una tormenta perfecta. Los datos de denuncias recibidos por el MP indican que de diciembre de 2022 a julio de 2024, desde el inicio del estado de excepción, se han registrado 62 denuncias de desapariciones forzadas. El 57.4 % del total. Durante toda la administración de Xiomara Castro, el total asciende a 108 casos.

Estos números recuerdan a otros tiempos oscuros en la historia de Honduras. Entre 1979 y 1989, cuando  Centroamérica vivía revoluciones y guerras civiles, en Honduras, que no tuvo conflicto armado, se registró la tortura, asesinato y desaparición forzada de 184 personas a manos de agentes de seguridad del Estado, según un informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Aunque desde el inicio de la era democrática Honduras ha sido uno de los países más violentos del mundo, la desaparición forzada se veía como un fenómeno del pasado y ni siquiera se contabilizaban, como tampoco se contabilizaban los casos de desapariciones por violencia común, de las pandillas o del crimen organizado. 

Contracorriente y Redacción Regional solicitaron al Ministerio Público hondureño información sobre los casos de desapariciones y desapariciones forzadas ocurridos en el país entre 2014 y 2024. El primer fenómeno, atribuible a la violencia de las pandillas y el crimen organizado, registra 6,124 desaparecidos en esa década. El segundo, atribuible a agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, resalta porque llegan a los 221 casos. Entre estos, se incluyen los incidentes registrados desde el inicio del mandato de Castro, que abarcan incidencias en 14 departamentos y 37 municipios. Tela y San Pedro Sula son las ciudades más afectadas, con 22 y 16 desapariciones forzadas, respectivamente. 

En San Pedro Sula, aunque las denuncias de desapariciones forzadas disminuyeron de 22 en 2021 a 15 entre diciembre de 2023 y julio de 2024, en Tela aumentaron drásticamente, pasando de 1 en 2021 a 15 casos en el contexto de las medidas excepcionales de seguridad. Sin embargo, estas cifras no son más que el preámbulo de una problemática que es todavía más escandalosa de lo que ya muestran los datos oficiales. Expertos en seguridad, relatos de familiares y testigos de otras desapariciones forzadas no reportadas y ocurridas en barrios y colonias de San Pedro Sula, junto a la apreciación de un funcionario del Ministerio Público, indican la posibilidad de un subregistro de desapariciones forzadas ejecutadas por fuerzas de seguridad del Estado.

Los familiares de las personas desaparecidas en San Pedro Sula denuncian cuando se sienten en confianza, sin atreverse a decirlo en voz alta, que en sus comunidades algunos miembros de la policía trabajan para las pandillas. Pero decirlo formalmente ante las autoridades puede implicar amenazas, o incluso la muerte. Por esto, estos casos no son cuantificados. Por otro lado, las pocas personas que se atreven a denunciar públicamente o ante las instancias gubernamentales terminan perseguidas, y en ocasiones desplazadas por las amenazas.

Los datos del Ministerio Público y las denuncias de estas personas que han vivido la violencia en sus comunidades exponen que el estado de excepción —denunciado también por propiciar abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado— no ha cumplido con el objetivo de erradicar las dinámicas de la violencia.

Para familias como la de Josiris, las han empeorado. Y las amenazas no acaban con la desaparición forzada.

El Comité LGBTIQ del Valle de Sula, junto a Josiris, hermana de Cristina Portillo, realizaron un plantón frente al Centro Integrado de Trabajo InterInstitucional (CEIN) para exigir respuestas de las autoridades. San Pedro Sula, diciembre de 2023. Foto: Archivo CC.

La noche en que Cristina fue detenida, Josiris inició una frenética búsqueda nocturna de su hermana. En ese momento la posibilidad de no volverla a ver no había cruzado por su cabeza, y la urgencia era por los múltiples abusos a los que son sometidas las personas de la diversidad cuando son arrestadas. También temía porque dos años antes, su hermana había recibido amenazas de muerte por ser activista del Partido Nacional en ese sector.

—Fui a buscarla por todos lados, toda esa noche y madrugada, pero no había rastro —relata Josiris—. A eso de las tres de la mañana, ya habíamos descartado que había sido un arresto.

Con esa sospecha, Josiris fue a poner la denuncia a la primera estación de la Policía en San Pedro Sula; sin embargo, no querían tomar el registro porque le imponían decir que eran delincuentes vestidos de policías. 

—Yo les dije que no, que eran policías. Yo soy abogada y sé que son policías. Entonces me dijeron: «Antes de poner la denuncia, mejor vaya a la morgue». Ahí me descontrolé.

Entre el llanto y el nerviosismo, la única estrategia que se le ocurrió contra la indiferencia fue hacer un escándalo. Tras gritar y llorar, al fin un superior dio la orden de tomarle declaración, pero Jorisis notó algo extraño en el proceso.

—La muchacha que me tomó la declaración me dijo: «Voy a escribir todo tal cual usted me lo contó», pero después, cuando vi la denuncia, el juez había ordenado que se clasificara como «robo con violencia», por el celular que me habían quitado, y porque los agentes intentaron tocarme. Pero la oficial, de alguna manera, incluyó también en letras pequeñas «privación de libertad».

La madrugada del domingo 25 de noviembre, Josiris continuó su búsqueda en un ida y vuelta, mientras que tanto la policía local en la Rivera Hernández como agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) la ignoraron. Finalmente regresó a la casa de Cristina, donde también estaba el salón de belleza, para descansar. Esa noche los perros de Cristina ladraron sin control, y un Honda Civic gris desconocido se estacionó por varias horas frente al lugar.

La mañana del domingo, sin haber podido dormir mucho, Josiris se dio cuenta de que no tenía ni su documento de identidad ni su licencia de conducir, por lo que decidió ir a buscarlos al bar donde todo ocurrió.

—Cuando vamos al bar, abrimos todo normal, pero lo primero que noté fue que habían arrancado todas las cámaras —cuenta Josiris, recordando la escena—, y me fijé que también se llevaron los routers y cables, porque realmente ahí es donde está la información.

Sin saber qué hacer, Josiris regresó a la DPI e intentó poner una nueva denuncia. 

—A todo esto, yo me había quedado con el celular de Cristina. Ella se lo había dado a uno de los niños que salió de su casa cuando fue el operativo, y yo sabía que por eso me estaban buscando. Yo sabía que en ese momento Cristina seguía viva —explica. 

Desesperada, Josiris intentó que le tomaran otra denuncia en la DPI, mencionando que se habían llevado las cámaras del bar, pero la respuesta fue negativa. Finalmente, los oficiales accedieron a hacer un operativo de búsqueda, pero Josiris cree que fue falso, solo para que ella dejara de insistir.

Resignada, sin documentos e ignorada nuevamente por las autoridades, Josiris regresó a la Rivera Hernández. Cerca de las siete de la noche, en camino hacia la casa de Cristina, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz masculina le preguntó:

—¿Es la hermana de Cristina?

—Sí, ¿quién habla? —respondió Josiris.

—Soy el mejor amigo de Cristina, ¿está en su casa?

—Sí, sí, aquí estoy —respondió Josiris, mintiendo.

—Venga, salga, Cristina ya apareció, está en la primera estación de la policía.

Josiris sintió desconfianza, pero el hombre mencionó a un conocido de Cristina, lo que le hizo pensar que podría ser legítimo. Justo en ese momento, vio pasar una Ford Escape blanca y algo en su interior le gritó que esa era la misma camioneta que se había llevado a su hermana.

«¡Esa es la camioneta!», se dijo, mientras la seguía, segura de que se dirigían hacia la casa de Cristina.

Josiris cortó la llamada y decidió dar algunas vueltas en el barrio antes de aproximarse a la casa de Cristina. Al llegar, confirmó que el vehículo que le daba seguimiento se había estacionado enfrente. El reloj marcaba las 7:30 de la noche cuando Josiris entendió que ahora el objetivo era ella.

Por seguridad, Josiris y su familia vivieron un tiempo fuera de su casa. Días después de ese fin de semana en el que agentes del Estado ejecutaron la desaparición de Cristina, le enviaron un mensaje pidiéndole 300 mil lempiras (unos 12 mil dólares) a cambio de devolverle a su hermana. La amenazaron con que si no enviaba el dinero, se la entregarían por partes, y adjuntaron algunas fotos que ella misma había entregado a la policía para la búsqueda. Sin embargo, tras este mensaje, no hubo más comunicaciones para organizar la entrega, lo que la llevó a creer que solo estaban intimidándola y que, además, quienes llamaron estaban confabulados con la policía.

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Josiris no ha parado de buscar a su hermana. Comenzó a buscarla desde el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y continúa buscándola casi un año después. En su colonia, ella también se ha convertido en una defensora de derechos humanos. Hasta agosto de este año, Josiris había registrado sistemáticamente en un cuaderno 140 casos de desapariciones forzadas en la Rivera Hernández, entre mujeres, hombres y menores. De esos casos, estima que solo tres o cuatro han sido denunciados oficialmente.

Los registros de Josiris coinciden con la cantidad desbordada de testimonios de desapariciones ejecutadas por fuerzas de seguridad del Estado en la Rivera Hernández. En ese sector pocos quieren hablar, pero todos y todas conocen a alguien que desapareció o que estuvo en riesgo y tuvo que huir.

Ese es el caso de Josué*, un joven entrenador de fútbol. Nos cuenta su historia bajo la sombra de un árbol, el mismo donde en su infancia recuerda haber visto la cabeza de una mujer que fue decapitada por desconocidos. En 2022, uno de sus asistentes, que vivía en una zona controlada por una pandilla rival, fue acosado por personas que se identificaron como policías, tras recibir una advertencia de la pandilla de que no podía cruzar al área donde se realizaban los entrenamientos.

Esas personas se habían presentado como policías, y Josué explica que intentó averiguar sobre lo que estaba pasando con abogados que conocía, para saber si él o su compañero tenían una orden de captura, pero no había nada en el sistema. Estaban limpios.

El tiempo pasó, y Josué siguió entrenando a sus alumnos de la escuela de fútbol, pero un día un carro sin placas se estacionó frente a la cancha. Lo mandaron a llamar y le preguntaron por su asistente. Eran un hombre y una mujer vestidos de policías en un carro que no era una patrulla policial.

—Me dijeron que lo estaban buscando por algo, y yo les respondí que él ya no venía por aquí —explica.

Su conocido huyó de la zona. Nunca más lo ha vuelto a ver. Pero en la Rivera Hernández hay más historias.

Doña Antonia*, por ejemplo, conoce muchas de ellas. Ella es profesora en otro sector de la colonia. Ha defendido a jóvenes que se involucran a las pandillas, para rescatarlos, y asegura haber perdido la cuenta de las veces en las que las familias la han llamado a mitad de la noche para decirle que no encuentran a sus hijos, como también de las veces en las que ella también ha emprendido búsquedas frenéticas para intentar encontrarlos. Antonia conoce el sufrimiento de las familias de aquellos que desaparecen por causa de las pandillas. Pero también conoce la otra cara de la moneda. De la policía, dice, es lo último en lo que se puede confiar.

—El dicho es que los policías se venden a ellos (las pandillas); eso es lo que se sabe en el sector —remarca Antonia.

Un camión sale del Centro Regional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cargando un ataúd. San Pedro Sula, octubre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

En julio de 2024, Antonia enfrentó una nueva búsqueda, esta vez de Andrés*, un joven de 17 años con quien era muy cercana y que, asegura, no era parte de ninguna pandilla.

 —Claro que nos da miedo buscar, y es que yo hasta a mucho me enfrento, y eso me dice mi esposo, pero es un ser humano, y es un niño que yo lo amo aunque ya no lo veo, y cuando lo recuerdo lo que hago es llorar, porque me pregunto: ¿Dios mío, qué fue lo que hicieron con este cipote? —cuenta, con la voz quebrada por la impotencia.

La última vez que vio a Andrés fue en el parque central de la Rivera Hernández, un lugar controlado a la mitad por la MS-13 y la otra por Los Tercereños. Frente al parque también se ubica la principal posta policial del sector, la cual, dice Antonia, no sirve para nada, de la misma forma que, según dice, no sirve el estado de excepción impuesto por la presidenta Castro y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Antonia lleva toda su vida viviendo en la Rivera Hernández, y por eso hace una comparación con el pasado. Dice que el único tiempo que recuerda en el que se ejecutaron tantas desapariciones en ese sector fue en los infames años ochenta.

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Entre 2011 y 2014, San Pedro Sula se hizo famosa por una tasa de muertes por cada 100 mil habitantes que la posicionó como la ciudad más violenta del mundo. Ya no lo es más, pero sigue apareciendo en los rankings de urbes más violentas del planeta. En 2023, por ejemplo, se colocó en el puesto 42 de ciudades con mayor tasa de homicidios, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México.

La guerra por el control territorial entre pandillas y el dominio de la distribución de drogas han sido factores clave en el impacto catastrófico de la violencia en esta zona del país. Sin embargo, en 2024, los vecinos de barrios y colonias señalan que algunas dinámicas han cambiado. Los ajustes de cuentas y asesinatos ya no se cometen en los mismos territorios; ahora las víctimas son trasladadas a otras zonas para ser ejecutadas o desaparecidas, y enterradas en cementerios clandestinos. Así, las estructuras criminales evitan «calentar el territorio» y la intervención de fuerzas de seguridad.

Familiares de otros desaparecidos, como el caso de Cristina y Josiris, también señalan a las fuerzas de seguridad del Estado por cometer violaciones a los derechos humanos en el marco de las atribuciones que se les dieron con el estado de excepción, mientras que las autoridades atribuyen estos abusos a los mismos pandilleros que supuestamente usan indumentaria policial. 

Ahora, San Pedro Sula, la ciudad más importante de Honduras en términos económicos, es el segundo municipio del país con mayor número de denuncias por desaparición forzada desde el inicio del actual gobierno, y el primero, junto con Tela, desde el inicio del estado de excepción en diciembre de 2022.

En sectores como la Rivera Hernández hay muchas pandillas disputándose los territorios, lo que genera dinámicas en las que fuerzas de seguridad del Estado terminan involucradas, según Leonardo Pineda, investigador en temáticas de seguridad ciudadana y políticas públicas. Pineda ha trabajado el tema desde hace ocho años en diversos barrios violentos del norte del país, como representante de la organización Juventud Siglo Veintiuno, y como investigador social, elaborando informes para organismos de cooperación nacional e internacional.

—Sí hay desapariciones forzadas, o por lo menos eso es lo que la gente presume que está pasando —explica Pineda, quien se basa en los testimonios de las personas a las que ha entrevistado para sus investigaciones, tanto en el sector de la Rivera Hernández como en otros barrios y colonias de San Pedro Sula. 

Sin embargo, Pineda también asegura que es muy difícil para las víctimas o testigos diferenciar entre los perpetradores, pues no pueden distinguir si quienes ejecutan estas desapariciones son pandilleros o miembros de la policía o alguna fuerza especial, ya que visten de manera similar y utilizan vehículos iguales. Sin embargo, señala que es responsabilidad del Estado implementar mecanismos para que sus fuerzas de seguridad puedan ser plenamente identificadas, combatiendo así el miedo y la desconfianza que estos hechos generan.

Para este investigador, sin embargo, el problema no solo radica en que las pandillas utilizan la indumentaria policial, sino en que la misma Policía Nacional y la Dipampco colaboran con estas estructuras criminales.

—Están coludidos, trabajan en conjunto —asegura Pineda—. La otra vez le pedí a un pastor que participara de una reunión con policías, y me dijo que no, que no se sentaba con ellos.

Un tiempo atrás, ese pastor recibió a un joven de Choloma que estaba en riesgo de ser asesinado por pandilleros. Según el pastor, el joven no pertenecía a ninguna estructura criminal; lo acogió en el templo, donde durmió y vivió durante un mes y medio hasta que, un día, salió a comprar a la «trucha». Al día siguiente, llegó una patrulla de la Policía Nacional al territorio de la MS-13, y los agentes con uniformes de la policía le dijeron al pastor: «Vos tenés aquí a un mierdocho (miembro de la pandilla 18) y lo tenés que entregar».

Los policías usaban jerga de pandilleros. El pastor, al estar acostumbrado al lenguaje de la zona, reconoció que no era el típico lenguaje policial, y no tuvo otra opción más que entregarlo, y no volvió a ver al joven. Luego, el jefe de la pandilla en la zona lo llamó y le advirtió que si volvía a meter a un «mierdocho» en su territorio, él también desaparecería.

Leonardo Pineda, investigador social de la zona norte, atiende una entrevista de Contracorriente. San Pedro Sula, octubre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

La incapacidad de distinguir entre miembros del crimen organizado y policías, sumada a la colaboración activa de algunos agentes con las estructuras criminales, hace que, en la mayoría de los casos, tras la desaparición de una persona perpetrada por aparentes agentes de seguridad del Estado las víctimas no denuncien por miedo. Quienes, en su desesperación, se atreven a hacerlo, pronto se dan cuenta de que no debieron haberlo hecho. 

—¿A quién le vas a poner la denuncia si los mismos policías de la posta llegan a sacarte de tu casa? —cuestiona Pineda—. ¿Para qué voy a ir yo a la estación si, a los quince minutos de denunciar, tengo a la misma persona que me amenazó tocando la puerta de mi casa?

La policía no genera confianza, ya que, si la denuncia no se filtra, de todas formas no hay respuesta por parte de las autoridades. «Entonces, como dicen ellos, mejor ver, oír y callar», concluye Pineda.

Sobre los procesos de investigación en casos de desaparición forzada, la abogada Nadia Mejía, integrante del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH), explica que el Estado no sabe cómo manejar los casos y no tiene operadores de justicia preparados para darles el debido trámite.

—También el tema de las redes de poder que quizá hay entre el Ministerio Público y la Policía Nacional provoca la obstrucción para el avance de estas investigaciones —concluye la abogada.

La desaparición forzada ha regresado de tal manera que tras la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esa instancia emitió una resolución en la que requirió la acción urgente del Estado de Honduras para que adopte todas las medidas necesarias con el fin de buscar y localizar a Angie Peña, una joven de 22 años que desapareció en enero de 2022, tras salir al mar en una moto acuática en el municipio de Roatán, Islas de la Bahía.

La abogada Nadia también ha estado involucrada en el litigio de este caso y señala que, a pesar de su notoriedad, los operadores de justicia no saben cómo proceder. Relata que, cuando empezaron a involucrarse, ni siquiera los abogados que representaban a la familia de Angie habían logrado acceder al expediente.

Nadia también destaca un problema de fondo en la legislación.

—Las desapariciones forzadas no son un delito, no están categorizadas y solo aparecen dentro de los delitos de lesa humanidad —explica.

Sobre las medidas tomadas por el gobierno en el marco del estado de excepción, Nadia es crítica, y apunta que como política para combatir la inseguridad en el país y el crimen organizado «ha sido absurdo».

—Estas acciones, que ya han sido implementadas por gobiernos anteriores, han sido medidas rígidas violatorias de derechos humanos y no dan ningún resultado. Más bien han aumentado los femicidios, ha aumentado la desaparición forzada, ha aumentado el crimen organizado, y la delincuencia común.

Finalmente, cuestiona la masiva presencia de fuerzas de seguridad bajo el estado de excepción, señalando que lejos de brindar protección, generan inseguridad a la población debido a sus antecedentes de vínculos con el crimen organizado.

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La unidad para investigar todas las desapariciones forzadas en Honduras, las del pasado y del presente, está ubicada en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, dentro de las instalaciones principales del Ministerio Público, en Tegucigalpa, la capital del país. El espacio de la unidad, en realidad, consiste en dos cubículos pequeños donde trabajan dos fiscales jóvenes. Las abogadas se muestran accesibles a hablar conmigo, pero al mismo tiempo su semblante es implacable. 

Las fiscales me reciben en una pequeña sala de reuniones. Las dos se vuelven a ver, sorprendidas, cuando les presento las cifras que me proporcionó el mismo Ministerio Público para el que trabajan. Aunque su labor es esclarecer estos casos, es la primera vez que escuchan que, desde 2022, se han reportado 108 denuncias de desapariciones forzadas en todo el país.

No creen en la cifra y dicen que, en total, son seis investigaciones las que se encuentran activas en su unidad. Algunos de los casos, aseguran, fueron abiertos hace décadas. Pedimos explicaciones al Ministerio Público, pero no hubo respuesta, y solo hay una posible conclusión: las denuncias por desaparición forzada que llegan a las diversas oficinas del MP en todo el país, y que recopila la División de Planificación Estratégica y Gestión de la Calidad, no están llegando hasta la unidad que debe investigarlas.

Según los datos enviados por esta institución, los tres departamentos con mayor número de desapariciones forzadas son Cortés con 30, Atlantida con 25, y Yoro con 9. 

A 1.7 kilómetros de distancia, en su pequeña oficina de relaciones públicas del Ministerio Público en San Pedro Sula, Elvis Guzmán, vocero de la institución, explica que la «cifra negra», es decir, los casos que no son denunciados, puede que incluso sea mucho mayor al registro oficial que recogen las diferentes instancias de la fiscalía. 

—Muchos casos no son denunciados por temor, ya que viven en zonas de alto riesgo dominadas por maras y pandillas, y prefieren callar para evitar amenazas de muerte o ser desplazados, y no tienen los recursos económicos para alquilar una casa en otro sitio seguro —explica Guzmán.

Guzmán también menciona los hallazgos de cementerios clandestinos que ha anunciado la Secretaría de Seguridad, particularmente en la colonia Lomas del Carmen de la Rivera Hernández. Los informes del Ministerio Público hasta la fecha mencionan 14 osamentas encontradas, pero Guzmán comenta que «se cree» que pueden ser cien personas las que fueron enterradas en ese lugar.

De nuevo, los cientos de desaparecidos víctimas de la violencia de las pandillas y el crimen organizado se cruzan con los casos que han incrementado, en los que agentes del Estado también son señalados como los perpetradores. 

—Para este tipo de investigaciones se necesita mucha logística, como personal capacitado y tecnología para acceder a terrenos de difícil acceso, lo cual no siempre está disponible —prosigue Guzmán—. El Ministerio Público hace lo que puede con los recursos disponibles, pero la carga de trabajo es alta, y los investigadores tienen cientos de casos pendientes.

Sobre la falta de confianza que existe hacia las autoridades, Guzmán dice que es entendible, y se relaciona con lo que la gente ve y escucha en las noticias: que algunos agentes están vinculados con estas estructuras criminales, y que hay agentes policiales capturados por cometer hechos ilícitos.

El 13 de agosto de 2024, la Secretaría de Seguridad anunció mediante un comunicado la ejecución de 10 órdenes de captura contra otros tantos miembros activos de la carrera policial, por suponerlos responsables de los delitos de allanamiento, robo con violencia e intimidación, privación ilegal de la libertad, tortura y asociación para delinquir. En el comunicado aseguraron querer «la transparencia en las investigaciones y esclarecer los procedimientos policiales en los cuales se denuncian a miembros de la carrera policial».

Consultado sobre las denuncias contra agentes de la policía que desaparecen personas, como el caso de Josiris, el subcomisionado de policía y jefe regional de la DPI, César Ruiz, señala que en la mayoría de los casos los perpetradores son delincuentes vestidos de policías, aunque no niega que «se han dado ese tipo de actividades». 

Desde su fría y amplia oficina en San Pedro Sula, Ruiz asegura que el nivel de efectividad de la policía en Honduras es igual al del FBI en Estados Unidos, e insiste en que algunas denuncias de desapariciones, según él, están más relacionadas con conflictos familiares o personas que «escapan» de sus hogares, o con los malos pasos de los que desaparecen.

—Cuando desaparece una persona o muere, todos somos buenos. Nadie se pregunta en qué andaba metida la persona. Nada pasa solo porque sí… Hay casos donde nos damos cuenta de que alguien se dedicaba a la venta de drogas, y el grupo delictivo lo «levantó» porque no querían que vendiera en su territorio.

Ruiz también cita a Rubén Blades, «Ligia está contenta y su familia está asfixiá», generalizando sobre los casos de desapariciones en los que jóvenes «escapan» con sus novios. Finalmente, hace hincapié sobre el uso que la pandilla MS-13 hace de indumentaria policial para sus operaciones.

César Ruiz, subcomisionado de policía y jefe regional de la Dirección Policial de Investigación (DPI) en la zona norte del país, asumió el cargo en febrero de 2024. San Pedro Sula, octubre de 2024. Foto CC/Fernando Destephen.

La utilización de indumentaria policial por parte de las estructuras del crimen organizado es otra de las respuestas que dan las autoridades para explicar las denuncias contra los agentes del Estado. En julio de 2024, Gustavo Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad, anunció que se cambiaría el uniforme de la Dipampco, afirmando que «las estructuras criminales se están aprovechando del uso de ese uniforme». A la fecha, se desconoce si ha habido una investigación que explique cómo es que acaban los uniformes oficiales en manos de delincuentes. 

Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), enfatiza que, independientemente de si los perpetradores pertenecen al crimen organizado o al Estado, el hecho de utilizar indumentaria de las fuerzas de seguridad atribuye la responsabilidad directamente al Estado.

—El Estado sigue argumentando sobre el tráfico de uniformes y no ha propuesto soluciones concretas —dice Cáceres—. Conocen esta dificultad desde mucho antes del estado de excepción, e igual tienen la responsabilidad también de fiscalizar cualquier acto, en este caso, el tráfico de uniformes.

Además, Cáceres asegura que el estado de excepción «genera elementos» que pueden propiciar la desaparición forzada, pero a la fecha el observatorio del Conadeh solamente cuenta un caso de desaparición forzada en el marco de esa política estatal: el de Cristina Portillo.

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Casi un año después de la desaparición de su hermana, Josiris sigue haciéndose preguntas, buscando respuestas en las conjeturas. Ella cree que los acuerdos de protección que mantenía Cristina con agentes de la Policía Nacional podrían explicar su desaparición. Ella teme que los policías llegaron a pensar que Cristina podría haber tenido información que afectara o favoreciera a las pandillas en su disputa por el control de los territorios, y esa sospecha fue lo que pudo provocar que la buscaran las fuerzas de seguridad del Estado al servicio de las estructuras criminales. Casi un año después de la desaparición de Cristina, el control de la zona donde se ubicaban su casa y el bar Flamingo pasó al control de la MS-13. 

Ahora Josiris, que se siente en grave y constante peligro, no espera encontrar a su hermana viva.

—Es algo que me ha costado asimilar, pero lo que más espero de este mal gobierno es que mínimo me entreguen los restos para yo poder enterrar con dignidad —dice entre lágrimas—. Perdí a mi hermana, perdí a mi familia, y hoy no encuentro trabajo ni amigos, porque todo el mundo tiene miedo de acercarse. Yo sigo recibiendo amenazas, cada vez que hago un movimiento, cada vez que me paro en el Ministerio Público… Si fueran mareros los que me quisieran matar, ya me hubieran matado. Me hubieran sacado de mi casa…

Josiris ahora anhela que le devuelvan los restos de Cristina para poder darle un entierro digno. Luego piensa en reactivar el salón de belleza de Cristina, para respetar su sueño de que siempre estuviera operando. Josiris también sueña con crear una fundación para ayudar a quienes buscan a sus familiares con asistencia legal y psicológica. 

—Siempre le digo a mi otra hermana: «arreglémonos bien», porque eso es lo que quisiera Cristina. Siempre con la cabeza en alto, porque no vamos a darles el gusto de vernos destruidas.

*Los nombres de Antonia, Josué y Andrés fueron cambiados por razones de seguridad.

A finales de septiembre, el movimiento Por Nuestros Hijos y representantes de organizaciones religiosas presentaron ante el Congreso Nacional la denominada «Ley de derechos parentales». El documento menciona a varias organizaciones de mujeres que participaron en la socialización de una ley de educación integral vetada por la presidenta Castro en marzo de 2023. Acusan a estas organizaciones de intervenir en las aulas para promover enfoques de género que «pueden causar daño» y promover un «adoctrinamiento ideológico».

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Fernando Destephen 

Representantes de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y del movimiento Por Nuestros Hijos entregaron al Congreso Nacional (CN) el pasado 19 de septiembre una propuesta de «Ley de derechos parentales», con la que buscan «proteger la educación básica en los valores de la familia tradicional». La propuesta, que iba acompañada de 13 mil firmas, es promovida por la Conferencia Episcopal de Honduras, la Asociación de Pastores en Tegucigalpa y la Confraternidad Evangélica, que se sumaron a la organización Por Nuestros Hijos.

En el documento presentado al Congreso Nacional, al que Contracorriente tuvo acceso, se incluye un listado de organizaciones de la sociedad civil y de mujeres que participaron en la socialización de la Ley de Educación Integral de Prevención del Embarazo Adolescente, aprobada por el CN el 8 de marzo de 2023 y vetada por la presidenta Xiomara Castro el 17 de marzo. 

En el documento, afirman que la socialización de la ley no se discutió con asociaciones de padres de familia, sino únicamente con organizaciones «que en su mayoría promueven los derechos de la diversidad sexual, son feministas y abortistas». Además, incluyen una recopilación de capturas de pantalla de los contenidos publicados por estas organizaciones en sus redes sociales, donde se aborda la salud menstrual, el uso de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y la no discriminación hacia las comunidades LGBTIQ+.  

Asimismo, muestran imágenes tomadas durante los talleres realizados en centros educativos de La Ceiba, Atlántida, por la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (Udimuf), entre ellos una jornada llamada «Mejores hombres, menos agresores». En el mismo documento afirman que «esta organización es feminista, contribuye a la equidad de género y en sus objetivos estratégicos mencionan que lo hacen desde un enfoque de diversidad sexual». 

A Udimuf la acusan de haber dado esta formación en centros educativos sin la autorización de los padres de familia. Claudia Vanessa Siliézar, directora ejecutiva de Udimuf en La Ceiba, Atlántida, reaccionó diciendo que «no solo estamos en la parte introductoria y contextual, sino que también hay imágenes de nuestros proyectos con las caras visibles de los niños, sin los debidos permisos de los padres. A diferencia de lo que ahí se dice, nosotras sí contábamos con los permisos y autorizaciones de los padres y madres de familia».

De acuerdo con la abogada Siliézar, quienes promueven esta ley buscan eliminar la educación pública y laica, derecho establecido en la Constitución. «Los padres de familia tienen que tener derecho a conocer qué información se le está dando a sus hijos, eso ya está pasando. Nosotras acudimos al llamado de las instituciones ante temas que ellos se sienten débiles de impartir, pero lo hacemos con el conocimiento de los padres. Por eso creo que este tipo de iniciativas nacen de sectores privilegiados que quieren imponer su visión a los sectores más vulnerables», afirmó.

Agregó que Udimuf tiene 10 años de estar dando talleres en centros educativos, y que comenzó a raíz de una petición que una escuela le hizo a la organización porque había mucha violencia dentro de la escuela. «En los talleres, vimos que el flagelo que los niños y las niñas más comentaban era el tema del bullying y el acoso sexual escolar; entonces nos dimos a la tarea de hacer una investigación y un protocolo de actuación para maestros, y también una ley a nivel departamental avalada por la Dirección Departamental de Educación para prevenir el bullying y el acoso sexual en las instituciones educativas del sector público».

Udimuf actualmente ofrece talleres a niños, niñas, docentes, madres y padres de familia en cuatro escuelas públicas en las comunidades de Sambo Creek, Corozal, Nueva Armenia y en La Ceiba en Atlántida. 

Sobre el proyecto mencionado en el documento, la abogada Siliézar señaló que se trata de procesos de formación para niños y niñas enfocados en la prevención del bullying o acoso, del acoso cibernético y de la prevención de la violencia machista a través del arte. «Nuestras niñas y niños han pintado los muros de sus escuelas para hablar de lo que les convoca. Entonces, nos extraña que nos nombren de esa manera, que no se hayan dado a la tarea de preguntarles a los padres y madres de familia de las escuelas en donde trabajamos qué es lo que estamos haciendo», agregó.

Recientemente, en Contracorriente publicamos un especial llamado Desprotegidas en la red, que presenta casos de ciberviolencia que sufren mujeres y niñas en Honduras, quienes son víctimas de explotación, acoso, difusión de material de abuso sexual y trata en el ciberespacio. Las víctimas demandan reformas legales que brinden protección ante la ciberviolencia, pero estas deben ir acompañadas de campañas de prevención en todos los espacios. 

David Andrade, un miembro de la organización Por Nuestros Hijos, le dijo a Contracorriente en 2023 que este movimiento  existía antes de la aprobación de la Ley de Prevención del Embarazo Adolescente, pero que se fortaleció después de que este instrumento fue aprobado por el CN. Aseguró que no tienen financiamiento de una «organización poderosa detrás de nosotros, han sido padres y madres de familia de a pie organizados». En sus redes sociales se puede ver cómo constantemente dan capacitaciones o tienen encuentros en centros educativos.

Juan Diego Lacayo, miembro de la organización, dijo en un foro televisivo que como movimiento no tienen ningún tipo de ideología política: «Llevamos esto como padres de familia y lo que hemos querido es que cada una de las bancadas tenga una copia para que ellos puedan tenerla antes de que se someta a la discusión. (…) Si en campañas electorales nos prometen que la familia va a ser el estandarte de la sociedad vamos a estar del lado de esta gente, por eso hemos llevado esta propuesta desde antes de las elecciones», aseguró.

El contenido del proyecto de ley

Este proyecto de derechos parentales pide que los padres de familia tengan el derecho «de rechazar y oponerse a cualquier plan de estudio en el sistema educativo nacional que pretenda educar a sus hijos en temas que incluyan: derechos sexuales y/o reproductivos, diversidad sexual, equidad de género, así como la educación sexual integral promovida desde el seno de Naciones Unidas». Asimismo, establece que podrán optar porque sus hijos no participen de clases de educación sexual que se impartan en los centros educativos. 

Además, el proyecto solicita que madres y padres de familia se involucren no solo en esos temas, sino en «la malla curricular, los planes de estudio, los ejes educativos y las metodologías pedagógicas que se pretende implementar en distintos niveles», dice el documento.

También señala que estará prohibido que en centros de salud, museos o cualquier otra institución pública o privada donde se atienda a menores de edad, se apliquen encuestas, pruebas o consultas «sobre temas vinculados a su vida privada, incluyendo la vida sexual, salud, vida familiar, intimidad doméstica, identidad, etc, sin el consentimiento escrito de sus padres. (…) Cualquier funcionario público que contravenga esta disposición estará sujeto a responsabilidad penal, civil y administrativa». 

Esta ley también señala que «se entenderá el término género cuando es usado para designar a los seres humanos, se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, este término no tendrá legalmente una aceptación distinta».

Además, piden derogar el decreto 51-2016 que reforma la Ley Especial para una Maternidad y Paternidad Responsable, en donde se menciona que la Secretaría de Educación debe promover programas sobre embarazo en la adolescencia y temas relacionados con la sexualidad y se declara de interés nacional la prevención del embarazo adolescente. 

Honduras tiene la segunda tasa de embarazos adolescentes más alta de Latinoamérica. Según el Centro de Derechos de Mujeres, 89 de cada 1,000 adolescentes entre 15 y 19 años han estado embarazadas.

¿Es posible que se apruebe la Ley de Derechos Parentales?

Las organizaciones defensoras de derechos humanos y de mujeres temen que sí. En agosto de 2023, el ministro de Educación del Gobierno de Xiomara Castro, Daniel Sponda, en un programa televisivo de transmisión nacional rompió unas guías para docentes sobre «inclusión de género en el aula», que se venían implementando desde el gobierno anterior. El ministro dijo en esa ocasión que no permitiría «promover valores que no son parte de nuestra sociedad». 

Esta guía se cita también en el documento presentado al CN, como un ejemplo de la manera impositiva en que se busca «desestabilizar a la familia», por ser materiales que son socializados con la Secretaría de Educación. 

La posibilidad de que una ley como esta se apruebe es grande. El Congreso Nacional actualmente es presidido por Luis Redondo, quien en varias ocasiones ha proclamado que preferiría dejar de ser diputado antes de legislar «en contra de la vida y la familia». 

Aunque este CN aprobó una ley que buscaba prevenir el embarazo adolescente, en la que se incluían guías de educación sexual, y a pesar de que fue también una promesa de campaña de la presidenta Castro, fue ella quien la vetó, argumentando que no se había socializado con los padres y madres de familia. 

Aunque la ley permite que el veto se dé 10 días después de la aprobación de una ley en el CN y aunque oficialmente ahora se conoce que el veto se dio dentro de ese plazo, en marzo de 2023, este veto fue anunciada por la presidenta hasta el 31 de julio, después de que estos grupos religiosos y conservadores salieron a protestar en varias zonas del país.

La abogada Siliézar dijo que «hablar de ciencia, de salud y de educación sexual integral en pleno siglo XXI es una necesidad en un país tan empobrecido, sobre todo por lo que vivimos en este país: altos índices de trata de personas, cuyas víctimas son niñas, niños y adolescentes, altas tasas de embarazo adolescente, cuyas víctimas son niñas entre 10 y 14 años, muchas víctimas de abuso sexual», señaló.

«A mí me parece genial, por ejemplo, cuando ahí se plantea que los padres tengan acceso a información. Yo creo que ya está sucediendo a través de las juntas de padres y madres de familia, pero es el Estado el que debe definir qué información se debe de brindar desde una visión científica y laica. Yo creo que es parte del desconocimiento, o tal vez del privilegio de las personas que están haciendo esta ley, porque lo que ahí se plantea no ha sido consensuado con el otro sector, el sector empobrecido, olvidado, que tiene a sus hijos en una escuela en situación de precariedad», finalizó Siliézar. 

23 de abril de 2024. Notas sobre la Odisea de Armando y Roberto para huir de Cuba.

Por Bryan Avelar

Hemos caminado solo 21 kilómetros desde Tapachula, pero a pie, al ritmo de una caravana de 3,000 migrantes y bajo el sol inclemente del sur de México, sentimos que hemos caminado un mundo. Salimos a las 4:00 de la mañana y es casi mediodía. Los líderes de esta marea de gente procedente de China, África, Medio Oriente, Sudamérica, América Central y el Caribe que caminan juntos para sortear la trampa de Tapachula deciden descansar en una cancha de básquetbol en el ejido Álvaro Obregón. Algunos migrantes buscan la sombra de un árbol para refrescarse. Otros se quitan los zapatos y se revisan las ampollas. Algunos se tiran sobre el suelo a dormir. 

Camino por entre aquel mar de gente cansada y en medio de mis entrevistas, me encuentro a Armando y Roberto, dos cubanos que se conocieron hace poco en una prisión y desde entonces son inseparables.

“Nuestra historia es increíble, hermano. No te lo vas a creer. Siéntate que esto es de película”. 

Les hago caso. Esta es la historia que escuché de ellos.     

Armando

Yo salí de la playa Las Coloradas, de Cuba, un 23 de octubre de 2023, de donde desembarcó el comandante Fidel Castro en Granma, el 2 de diciembre de 1956. 

Armamos nuestra lancha a escondidas. Era un barco de pesca. Le pusimos dos motores, uno de 200 y otro de 150 (caballos de fuerza). Porque en Cuba si tú armas tu lancha y se da cuenta la autoridad, te vas preso. Nosotros salimos de Cuba para las Islas Caimán. 300 kilómetros en mar. Llegamos a Camambrá (Caimán Brac), la que está más cerca. Son tres islas las Islas Caimán. Una vez llegamos ahí nos agarró el Ejército y nos montaron a un avión para llevarnos al Gran Caimán, a la isla grande. Nos subieron a un avión bien custodiado. Nos llevaban unos tipos fuertemente armados. Armas largas. Nos llevaron para donde está la prisión.  

Nosotros, hermano, no sabíamos. Nosotros queríamos llegar a Ceiba, Honduras. Y de ahí seguir la ruta por tierra para llegar a México y Estados Unidos. Pero al llegar a las Islas Caimán nos estábamos quedando sin combustible. 

Nos la pasamos feo. 

Roberto

Yo salí de cuba el 20 de diciembre en una lancha. Y también llegué hasta Islas Caimán. Ahí pasé 52 días. Había al menos unos cien cubanos más retenidos ahí. Nada de abogados, nada de deportarnos. Nada. Simplemente estábamos presos en condiciones inhumanas. Durmiendo en el suelo. Por ese entonces ahí dentro había una epidemia de varicela. A los hermanos se les reventaba la piel. Se rascaban con un trozo de madera. Podrido todo esto del brazo. Por las noches la gente gritaba del ardor.

Armando

Nosotros le rogábamos a las autoridades que nos dejaran ir. Que nosotros no queríamos estar en las Islas Caimán. Que nosotros realmente íbamos para otro país. Pero no nos hacían caso, hermano. Nos llegaban a tirar la comida nomás. Ahí dentro de la prisión nos conocimos nosotros dos y conocimos a otros cubanos. Incluyendo a los otros tres que están tirados por allá. 

Nosotros nos fugamos, hermano. Nos fugamos juntos de la prisión de las Islas Caimán. 

Huimos el 10 de febrero. Fue de noche. Resulta que nos habían sacado al traspatio de la prisión porque la epidemia de varicela estaba demasiado fuerte. Para evitar los contagios nos dejaron dormir en el patio, tú sabes, para tener más espacio. Eso sí, ahí dormíamos en el suelo. Debajo de un plástico sobre un pedazo de cartón. 

Una noche vimos que había un muro que estaba desprotegido. No tenía alambre con electricidad. Cogimos valor y nos fugamos. Nos fugamos catorce personas. Era de noche, pero la luna brillaba como el día.

Llegamos al malecón y nos encontramos a un lanchero. Hablamos con él honestamente y le dijimos que necesitábamos que nos llevara hasta Honduras. Le hicimos el cuento. Le dijimos todo lo que habíamos pasado y que ya no queríamos más estar presos. Casi que por piedad le pedimos. 

Roberto 

Como que Dios le tocó el corazón porque nos dijo que cuánto dinero teníamos. Le reunimos trescientos dólares entre todos. Unos lo traían escondido en los zapatos, en una cartera o así. Juntamos los billetes, uno sobre uno, y le prometimos que, si nos llevaba a tierra, le íbamos a dar más.

Veníamos catorce en la lancha. Pero otra vez el mar nos traicionó. Parecía que nos íbamos a morir. Era como si la lancha pegara contra un muro de agua. Golpeados llegamos a un lugar que se llama Isla Cisne, en Honduras. Y esa es una zona militar. 

Desde las Islas Caimán hasta Isla Cisne hicimos un día y medio. Llegamos a Isla Cisne porque se nos quedó poca gasolina. Ahí en isla Cisne llegamos y nos encontramos con un teniente buena gente que nos dijo que al siguiente día teníamos que salir. No nos agarró presos. 

Ahora fíjate tú si no es mala la suerte que traíamos. El hermano de Islas Caimán nos abandonó. Dijo que hasta ahí llegaba su camino, cogió los $300 dólares y se regresó. 

Ahí un soldado hondureño se apiadó de nosotros. El patrón (el hondureño) nos dijo que con 100 litros de gasolina que le pagáramos nos podía llevar a Ceiba. Nos revisamos las bolsas y ya no teníamos nada, hermano. Apenas unos cuántos dólares. Él patrón nos dijo que nos cobraba 1,500 lempiras (60 dólares) a cada uno. Entonces, ¿qué hicimos? Solo pudimos reunir plata para cuatro. Nos fuimos cuatro y los otros se quedaron en la orilla del mar comiendo iguana y plátano. 

Armando

Nos montamos en la lancha sin nada de alimento porque según el jefe con poco peso podíamos llegar en un día. Para no cansarte, al kilómetro 57 nos quedamos sin combustible. Y el mal tiempo, las olas aquellas. Armamos unas velas con plástico de bolsa. A los dos días, el GPS se le acabó la batería. Nos quedamos a la deriva. Nos pasaron como diez barcos por delante y ninguno nos prestó auxilio. Pasamos cinco días en el mar sin comer nada y bajo el sol inclemente. Al final llegamos a un lugar entre Islas Cisne y Guatemala donde son personas de color. Eran gente drogadicta que mataban y eso. No recuerdo cómo se llama la isla. Lo tenía en un papelito, pero ahora mismo lo perdí.

Roberto

Antes de llegar nosotros a desembarcar nos cogió un rompiente de esos y nos hundió el barco, lo desbarató. Nosotros caímos al agua. El barco se viró completo. Ahí nosotros con cinco días sin comer. Yo que no sé nadar me agarré de un pomo plástico donde traíamos la gasolina. Ahí me reguindé yo. Y las olas nos fueron sacando. Ahí nos quedamos sin ropa, sin zapatos, sin nada. Lo perdimos todo, todo, todo. Eran como las seis de la tarde cuando se dio vuelta la lancha. De día. Pero ya casi oscureciendo. 

Armando

Empezamos a sacar la lancha, la amarramos y con una soga empezamos a jalarla hasta la orilla. Dos personas de las que veníamos salieron a ver qué encontraban en la selva. Solo encontraron ropa de gente, de niños, de mujeres. Ropa vieja ya rota, como comida por el mar.

Cuando los dos caminaron una distancia como de 20 metros, una luz como un foco nos alumbraba y nos hacía así, intermitente. Como que nos llamaba. Ya nos había cogido la noche. Yo me ericé. Llegamos a una parte del monte hasta donde había un rancho con unos perros. Pero el patrón dijo vamos para atrás que esto no me huele bien. Eran tres perros negros. Flacos. Caminamos tres kilómetros por toda la orilla del mar. Ahí llegamos pidiendo auxilio. Nadie nos abrió la puerta hasta que llegamos a la casa de una señora cristiana. Ella nos ayudó bastante. Tenía la puertecita enredada con un lazo, pero entreabierta. Cuando se asomó le hicimos la historia y esa señora abrió. Nos dio agua. “¿Ustedes no han comido?”, nos dijo. 

Sacó una mesa y nos dio casabe, arroz, agua fría. Nos dio una atención que para qué te digo. Y mandó a llamar a la familia porque ellos tienen que comunicarse rápido cuando llega alguien. Ella nos dijo: “Cayeron en la casa adecuada porque si se equivocan de casa no salen vivos”. Esa gente son como piratas. 

Le hicimos la historia de la luz. La señora nos dijo que mejor que no la seguimos porque esa luz pierde a la gente en medio del monte y después se encuentra la gente muerta. Aquí han naufragado. Ahí se veía ropa y cosas de gente que ha naufragado. De esa luz nadie se salva. 

Nos dieron ropa, alimento, toalla. Y nos dieron una casa arriba con todas las condiciones. Al otro día el patrón llamó a una gente para que le mandaran dinero. Y le mandaron. De ahí nos llevó hasta Ceiba. Nos dijo que porque se le rompió la lancha nos iba a cobrar otros 1,500 lempiras por cabeza. ¿Y nosotros qué podíamos hacer, hermano? Decirle que sí. Al día siguiente salimos temprano ya montados en el motor.

Finalmente llegamos a Ceiba. Nosotros ni lo podíamos creer. Por suerte uno de los que está allá había metido su teléfono en una bolsa plástica y lo salvó. Nos pudimos comunicar y pedir más dinero a nuestra familia. 

Pero ahora viene lo peor. 

Como pasamos varios días sin dinero, el hondureño a punta de pistola nos dijo que si queríamos comer teníamos que trabajar para él en su finca. Así que nos puso a limpiar maíz. Hermano, yo nunca había hecho eso, yo lo que soy es pescador. Pasamos 21 días trabajando ahí, hermano. 21 días.

Logramos conseguir todo el dinero para pagarle ya no solo por el viaje en lancha sino por los días y la alimentación. Encima de haber trabajado para él. Pensábamos que era alguien del crimen organizado porque tenía armas. Pero finalmente no fue tan malo y nos dejó ir. De ahí salimos y nos encontramos con unas amistades de Cuba que estaban en Honduras. 

Ahí cogimos un autobús para salir de Honduras hasta llegar a aquí a Tapachula a contarte esta historia a ti.

En Tegucigalpa actualmente se están construyendo unas cinco torres de apartamentos, de acuerdo con autoridades municipales, y la proyección es que la ciudad seguirá creciendo verticalmente de manera acelerada en los próximos años. ¿Es esto signo de buena economía y esperanza para bajar el déficit habitacional? En medio del caos vehicular, sequía en los veranos y una población de aproximadamente 1,300,000 habitantes, se erigen estas torres, que albergan apartamentos cuyo costo puede alcanzar hasta los 290,000 dólares (unos siete millones de lempiras). Los parámetros de supervisión de las construcciones están desactualizados, y se han permitido algunas que podrían agravar el abastecimiento de agua y la movilidad urbana, sin  dar respuesta al déficit habitacional en el Distrito Central. 

Por Persy Cabrera
Fotografías: Fernando Destephen

Algunos medios de Honduras reportaron recientemente que Tegucigalpa se convertirá en la ciudad con el edificio más alto del triángulo norte de Centroamérica. La construcción de edificios verticales en la capital de Honduras ha crecido en los últimos ocho años, y algunos esperan que esto resuelva el déficit habitacional en esta ciudad, donde en 2023, según la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), faltaban al menos 400,000 viviendas. La Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples realizada en 2023 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) concluyó que en un 6 % de las viviendas del Distrito Central se vive en hacinamiento y que más de 600,000 personas viven en pobreza, es decir, un 63 % del total de la población capitalina. 

En este contexto, ¿son las torres construidas aceleradamente una solución?

El arquitecto Adolfo Lagos, titular de la Gerencia de Control de la Construcción (GGC), responde que lo lógico es seguir la teoría de la oferta-demanda, pues considera que  si las empresas constructoras siguen edificando torres «es porque ya las han vendido en anteproyecto o ya las tienen reservadas».

En algunas de estas edificaciones se pueden ver grandes lonas publicitarias que invitan a comprar: «Reserve con $1000», unos 25,000 lempiras. La renta de un apartamento en una de estas torres puede alcanzar hasta los 2,000 dólares, casi 50,000 lempiras, mientras que el salario mínimo promedio en Honduras es de 13,156.53 lempiras.

La arquitecta Ixchel Ayes, quien cuenta con una maestría en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la Universidad Católica de Chile, apuntó a una realidad «escondida». Explicó que «realmente no hay una metodología, no hay un seguimiento o monitoreo constante para tener datos claros de cuál es el déficit habitacional», por lo que la cifra estimada probablemente no refleja la realidad del Distrito Central en su totalidad.

Según Ayes, el catastro de la alcaldía no tiene claridad sobre cuál es el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo, porque «hay colonias que son periféricas, que surgen como invasiones, son estos barrios que están en las periferias, donde ni siquiera la alcaldía realmente sabe qué es lo que sucede». Para profundizar en el problema, la arquitecta se refirió al Censo de Asentamientos Informales de 2018 elaborado por la oenegé Techo Honduras, que presentó conclusiones alarmantes sobre la situación inmobiliaria en el Distrito Central.

En el informe de este censo se concluyó que para el 2018 unas 214,000 personas vivían en 161 asentamientos informales, lo que representaba el 17 % del total de la población en ese entonces; además, reportó que 35 de esos 161 asentamientos no aparecían en ninguna fuente de información oficial. De acuerdo con el informe, una de las limitaciones de este censo fue que «no existen diagnósticos o estudios previos a ningún nivel que hablen directamente de la problemática de asentamientos informales en Honduras».

El titular de la GCC, Adolfo Lagos, detalló  que actualmente hay unas cuatro o cinco torres en fase de anteproyecto, y otras cuatro que están en fase de construcción. La mayor concentración de torres está en la colonia Lomas del Guijarro; por ejemplo, en la avenida Francisco Morazán, en fila, se encuentran Aqua, Vitri, Platinum, Vista 1432, Ámbar y Kuarzo 24.

Estas torres y la construcción de proyectos verticales a futuro traen consigo conflicto y denuncias por parte de las personas que viven en este sector privilegiado y de alta plusvalía en la ciudad. 

En la avenida Francisco Morazán, antes de poder acceder a la fila de torres, entre una maraña de cables cuelga una pancarta que dice: «Zona R1. Prohibidas edificaciones de alta densidad poblacional. Sin agua. Sin energía. Alto tráfico», y está firmada por la Asociación de Residentes Colonia Lomas del Mayab. Lomas del Mayab es una colonia vecina de Lomas del Guijarro, y en su territorio se encuentran las torres Sky, Astria y Atenea, torres de 97, 60 y 42 metros de altura, respectivamente.

El arquitecto Adolfo Lagos explicó que para que una torre se construya, esta gerencia debe recibir todos los dictámenes de factibilidad aprobados por otras gerencias e instituciones del Estado. Por ejemplo, el de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (Umaps) para verificar «si la capacidad de recolección, de suministro [de agua potable], es viable con el contexto»; uno de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que dictamina si la torre puede conectarse a un circuito de suministro de energía eléctrica; otro de Aeronáutica Civil que verifica que la altura propuesta para el edificio no afecta el tráfico aéreo, y así con las demás gerencias de la alcaldía e instituciones que proveen servicios públicos. 

Una ciudad que no está lista para las torres 

El arquitecto Mario Rosales, quien forma parte del Grupo de Investigación Movilidad y Desarrollo Urbano Sostenible (Modus) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), indicó que la ciudad ni siquiera está lista para el flujo y dinámicas sociales de la actualidad, «menos para esos edificios», recalcó. Para Rosales, estas torres de 20, 30, 40 pisos, con hasta 80 apartamentos, crearán una presión sobre la distribución de agua potable y saneamiento, distribución de energía eléctrica y la movilidad urbana, que será insostenible para un municipio en el que de acuerdo al INE, hasta junio de 2023 unos 18,000 hogares no tenían una conexión a agua potable y debían arreglárselas comprando agua a carros cisterna u obteniéndola de pozos.

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La gran apuesta de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) dirigida por el alcalde Jorge Aldana es la represa San José, que se encuentra desarrollada en un 40 % y se espera inaugurarla en 2025, según Arturo Tróchez, titular de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (Umaps).

Arturo Tróchez dijo que el problema de la distribución de agua es histórico y estructural, y que a través de proyectos como la represa San José van a poder suministrar agua a sectores como, por ejemplo, uno que define como «históricamente postergado en el sentido de abastecimiento de agua»: la colonia Villa Nueva, que está ubicada en la salida a Danlí. Tróchez agregó que esta represa también beneficiará a la colonia Kennedy, que junto a la Villa Nueva son dos de las colonias más pobladas de la ciudad.

Además, el titular de la Umaps detalló que hay más represas por construir: la del río Jiniguare, de la que ya existe un contrato firmado con una empresa china para construirla, y la del río Del Hombre, para cuya construcción Jorge Aldana también firmó un contrato con una empresa china.

La premisa es simple para Tróchez: «Al tener más agua, sumado a las fuentes actuales que hoy tenemos, entonces podemos hacer envíos o reforzar zonas que hoy en día están deprimidas», incluso a Lomas del Guijarro, un sector al que, de acuerdo con él, es difícil suministrar agua por su elevación topográfica. Pero estos proyectos ni siquiera se han inaugurado, algunos no se han empezado a construir, y la deuda histórica en el abastecimiento de agua para miles de capitalinos persiste. 

¿Quién fiscaliza la construcción de torres?

Para fiscalizar, en teoría, la construcción de torres en la ciudad, el arquitecto Adolfo Lagos explicó que la gerencia que lidera se rige por el Plan de Arbitrios y el Reglamento de Zonificación. En el primero «se establecen las tasas, gravámenes, las normas y procedimientos relativos al sistema tributario de la Municipalidad del Distrito Central», y en el segundo se plantean «los parámetros de zonificación aplicables al Distrito Central, a la realización de obras y al uso del suelo, así como los procedimientos y requisitos para la emisión de autorizaciones municipales».

En la entrevista Lagos bautizó estos reglamentos como las «biblias» para el trabajo en esta gerencia. Para el arquitecto Mario Rosales estos reglamentos, leyes o parámetros para la construcción en el Distrito Central están desactualizados y no se ajustan a la ciudades que son hoy Tegucigalpa y Comayagüela en el Distrito Central. 

El arquitecto Rosales insistió durante la entrevista que brindó a Contracorriente que «el reglamento [de zonificación] tiene un esquema que está desfasado, y también se presta a muchas formas de desviar la zonificación para que sucedan este tipo de cosas [construcción de torres]».

De acuerdo con Rosales, la planificación de la ciudad es débil y lleva años arrastrando problemas porque «no se han cumplido las propias metas que ya establece la Ley de Municipalidades, en cuanto a redefinir el perímetro de la ciudad cada 20 años». Detalló que la última actualización del perímetro fue en 1974, por lo que desde hace 50 años no se ha actualizado el perímetro del Distrito Central.

Adolfo Lagos dice que por esto es que están trabajando en su oficina ubicada en el centro de Tegucigalpa, para «hacer modificaciones de reglamento en pro de la sociedad y en pro del ordenamiento territorial y delimitar el perímetro del Distrito Central»; que están elaborando un plan municipal para treinta o cincuenta años y revisando el reglamento de zonificación para «regular todas estas construcciones que siguen deliberadamente». Asimismo, no perdió la oportunidad para señalar que «agarramos la alcaldía con 24 años del partido anterior [Partido Nacional]» y que encontraron un «desorden total».

La débil planificación nos llevó a tener la ciudad en la que vivimos, una en la que según datos de la Gerencia de Movilidad Urbana de la Alcaldía del Distrito Central el parque vehicular ya superó unas cuatro veces la capacidad de las calles, y como resultado moverse de un punto a otro puede convertirse en un ejercicio de paciencia y horas de tráfico.

¿Quiénes van a vivir en las torres?

«Hay una mala distribución de los suelos que provoca un desorden en la movilidad urbana, y que por otro lado también focaliza muchos recursos en algunos puntos y los vuelve muy costosos», dice el arquitecto Mario Rosales, y luego sentencia: «Muchas de esas torres jamás van a estar llenas, porque tienen unos valores de venta que superan la capacidad del grueso de la población hondureña de poder adquirirlo».

El INE registró que, para junio de 2023, unas 110,000 personas en el Distrito Central sobrevivían con un dólar o menos al día. Los precios de venta en la torre Kuarzo 24, todavía en construcción en Lomas del Guijarro, pueden alcanzar los 330,000 dólares, unos 8 millones de lempiras.

La arquitecta Ixchel Ayes puntualizó que la venta o alquiler de estos apartamentos está dolarizada, algo que señaló no debería suceder. Calculó que si una pareja quisiera alquilar un apartamento a 2,000 dólares, debería tener un ingreso de al menos 166,000 lempiras entre las dos personas. Ayes detalló que este cálculo se puede realizar tomando en cuenta uno de los siete elementos que ONU-Hábitat ha incluido para definir una «vivienda adecuada». Este elemento es el de asequibilidad, según el cual, para que sea una vivienda adecuada, el costo de alquiler debe representar como máximo el 30 % del ingreso de las personas que alquilan.

Ayes también estimó que lo máximo que podría pagar una pareja por alquiler contando con ingresos de salario mínimo serían unos 8,000 lempiras. En caso que  esta pareja lograra tener una cuota de intereses que les permitiera pagar 8,000 lempiras mensuales por una vivienda propia —una situación que sería «rara» para Ayes, por las cuotas de intereses actuales—, igual podría resultar insostenible, pues para cumplir los requerimientos de una vivienda adecuada, a este monto hay que sumarle los costos asociados a vivir ahí, como transporte, agua, saneamiento, energía, etc.

Grevil Paz, de Hábitat para la Humanidad, una oenegé «que aboga y trabaja por el derecho a la vivienda adecuada y a la mejora sostenible del hábitat comunitario», de acuerdo a su sitio web, se refirió a un informe de esta organización publicado en 2017, que precisamente explica las barreras de la obtención de vivienda en el país.

Aunque el valor del suelo es un factor importante en el acceso a la vivienda, esta investigación reveló más barreras para obtener este derecho universal, según destacó Paz. Estas barreras parten de la inseguridad jurídica con procesos de litigios sobre la propiedad, a lo que se suman las barreras económicas, con la especulación en el precio del suelo, que en ciudades como San Pedro Sula o Tegucigalpa resultan en costos excesivos. 

Luego están las barreras financieras, formadas por una «función excluyente de la banca comercial, es decir, no hay facilidades para el acceso al crédito a familias de muy bajos ingresos, y por eso vemos que cada vez más surgen nuevos asentamientos irregulares», expresó Paz. Por si fuera poco, se suma otra barrera, una marcada por la carencia de una ley marco que «beneficie a los más necesitados». Paz señaló que esta fue una de las promesas del Plan Bicentenario del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, «o sea, reformular la ley que fue aprobada en el gobierno anterior para realmente hacer esto algo operativo».

Paz se refiere a la Ley Marco de Vivienda y Asentamientos Humanos publicada en febrero de 2020, a la que la arquitecta Ayes calificó como «perversa» y «terrible». De acuerdo con Ayes, solo se puede entender como una ley económica que define cómo se entregan subsidios, bonos o créditos, pero contiene un artículo que dicta que «si usted quisiera acceder a un beneficio de estos, usted tiene que estar inscrito en un sistema de pago por planilla».

Es decir, que «si [el postulante] es consultor, si es un profesor por hora que no tiene una plaza, usted no podría postular, usted no podría acceder [a vivienda], entonces esto es claramente excluyente», afirmó Ayes.

Por estas razones, el arquitecto Rosales apuntó que es probable que estas torres queden vacías. Aunque advirtió no querer pecar de imprudente, también señaló otra problemática, y es que en muchos países el auge de proyectos inmobiliarios como estos «tienen o han tenido que ver muchos de ellos con lavado de activos. Esos son fenómenos que conocemos en Panamá, que conocemos en China, que conocemos en un montón de otros lados, que para desviar capitales que sabemos de dónde vienen, pues se terminan cristalizando en edificios de gran altura, y muchos de ellos no terminan de llenarse».

Viejos conocidos en la construcción de torres 

El grupo inmobiliario que faltaba por sumarse al boom de construcción de edificios de apartamentos en el Distrito Central es el Grupo Midence Soto Pierrefeu, el mismo que estaba detrás de un proceso de gentrificación en el centro de Tegucigalpa, escondido tras el lema «Vuelve al centro», y del proyecto habitacional Bosques de Santamaría, ubicado en la zona del Parque Nacional La Tigra, que fue suspendido tras las protestas de la población que se preocupó por el impacto en el medio ambiente y el abastecimiento de agua. 

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En la avenida Enrique Tierno Galván inicia el ruido de las construcciones; una de las últimas torres en comenzar a levantarse es Torre Ô, proyecto impulsado por la sociedad constituida en junio de 2019, Avance MSP, S. A de C. V. 

Avance MSP fue fundada por la salvadoreña Mercedes Patricia Lazo, quien representó a Avance Ingenieros Holding, Inc., una sociedad constituida en Panamá en 2006, y por otra parte, Guy Antonie Ghislain de Pierrefeu Midence, representando al Grupo MSP Holding LTD., una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas en 2006.

Guy de Pierrefeu Midence fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) y tenía vínculos en dos empresas panameñas con Francois de Peyrecave, viudo de Hilda Hernández, hermana del expresidente Juan Orlando Hernández y acusado en el Caso Pandora. Francois recibió sobreseimiento definitivo en 2022 gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, de acuerdo a un comunicado del Ministerio Público «blindó de impunidad» a Francois y demás acusados.

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Además de la torre Ô, el Grupo Midence Soto Pierrefeu también figura en la construcción de Nivo, una torre de 14 pisos de apartamentos ubicada en Lomas del Guijarro Sur. La marca que firmó este proyecto fue Avance Ingenieros – Grupo M, abreviado en su página web como AIGM. En su perfil de LinkedIn explica que «AIGM nace en Honduras con la unión de dos empresas: Avance Ingenieros S.A. y Grupo MSP, haciendo de dicha sociedad la empresa líder en proyectos residenciales en Honduras». En este mismo perfil de LinkedIn, AIGM también comparte actualizaciones de la construcción de la Torre Ô.

Desde otras empresas desarrolladoras no prevén que la construcción vertical con edificios de apartamentos se detenga. Elynora Núñez, gerente general de Inmobiliaria Palma Real, empresa responsable de las torres Ámbar, Kuarzo 24, Onyx, Platinum y próximamente Amatista, dijo en una entrevista para Contracorriente que dentro de diez años «la gente va a comenzar a vivir en apartamentos», porque «es mucho más cómodo vivir en apartamento, tiene más seguridad, tiene más comodidades, más tranquilidad. Tal vez el espacio es más pequeño, pero en una casa hay mucha delincuencia. Ahora se tiene que pagar guardias, cámaras, cerco eléctrico, y el mantenimiento de una casa es más caro».

Núñez expresó su satisfacción con la Alcaldía, pues considera que nunca «detienen el desarrollo del país», porque estas son infraestructuras que generan empleos y pago de impuestos. Sin embargo, dijo que el Gobierno no ha dado incentivos a las desarrolladoras «que se juegan el todo por el todo con proyectos de 100 o 200 millones de lempiras». Refiriéndose a las denuncias de residentes de Lomas del Mayab, Núñez dijo que la alcaldía lo «está manejando muy bien como intermediario, pues ningún desarrollador se quiere llevar mal con sus vecinos». Finalmente, afirmó que la desarrolladora que representa ha tenido éxito, pues «todos [los apartamentos] están vendidos, nuestros clientes son fieles y nos recomiendan».

José Azcona Bocock, exdiputado por el Partido Liberal (PL), ingeniero civil que se ha dedicado profesionalmente al desarrollo inmobiliario y la construcción independiente, explicó que la construcción de torres responde a que «entre más se extiende la ciudad, la penalidad de la distancia en tiempo perdido en tráfico, acceso a servicios, acceso a trabajo etcétera, se va volviendo más fuerte», y por esto es que, según él, la densificación en forma de edificios de apartamentos surge como solución.

El exdiputado también señaló los proyectos gubernamentales fallidos. Para él, a muchas personas no les han servido los proyectos gubernamentales de vivienda que tenían como premisa «darle casa a un montón de gente, y los vamos a mandar a vivir a 20, a 30 kilómetros fuera de la ciudad».

Por ejemplo, durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández se impulsó el proyecto habitacional «Residencias Morazán», que pretendía que personas que ganaran entre dos o tres salarios mínimos pudieran adquirir un apartamento pagando cuotas de 5,255 lempiras, pero se terminó sumando a la lista de escándalos de corrupción de esa administración y dejando a muchas personas en Lomas del Diamante, una colonia ubicada donde se tendría que haber construido las 10,000 viviendas, sin agua potable, alcantarillado, energía, y solo con la promesa vacía de tener una vivienda asequible.

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Desde las cuatro de la tarde, e incluso antes, comienza la pesadilla: el tráfico vehicular que aglomera a la población del Distrito Central en filas kilométricas. Rosales explica que el flujo migratorio de lo rural a lo urbano sobrepasó la capacidad de la ciudad, mientras se crearon nuevos asentamientos informales como la colonia Villa Nueva. Si eso se multiplica por la Revolución Industrial y la invención del automóvil, el resultado es una ciudad en la que cualquier intento de ordenamiento significa un imposible.

Es así que cada mañana y tarde la ciudad vomita carros y motocicletas por todas las calles, avenidas y bulevares. Por ahora las lluvias tienen las represas en un nivel considerable, por lo que algunas personas pueden olvidarse de los racionamientos de agua, pero muchas otras todavía tienen que esperar al carro cisterna para tener agua en sus hogares. Día a día, las torres siguen creciendo más y más en esta ciudad, y da la sensación de que hay más rótulos de «Reserve con 1000 $» invadiendo la vista.

Texto y fotografías: Fernando Destephen

En la calle de entrada a la comunidad de Guapinol, una patrulla de la Policía Nacional revisaba los carros que entraban. Frente a la iglesia católica del barrio El Centro,varios elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y de la Policía Nacional resguardaban la iglesia, paseándose con sus fusiles, mientras un dron vigilaba desde lo alto. Ese día la iglesia estaba llena porque se celebraba la misa en honor a Juan López y Carlos Escaleras, ambos reconocidos como mártires defensores del medio ambiente en Honduras.

Al consultar por qué había presencia de policías y militares en una iglesia, 37 días después del asesinato del líder ambiental y regidor Juan López, el jefe regional de la Policía Nacional en Tocoa dijo que el despliegue policial fue solicitado por los Derechos Humanos a la Secretaría de Seguridad, sin especificar qué instancia hizo la solicitud. Una fuente de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) confirmó a Contracorriente que el acompañamiento fue solicitado por ese ministerio debido a que en esos días se desarrollaba una reunión del Consejo Nacional de Protección en la ciudad de Tocoa. «La Policía debe hacer presencia acompañando a los beneficiarios del Mecanismo, en cualquier actividad pública, con la única finalidad de protegerlos», explicó la fuente.

«Le pedimos a Dios que haga justicia a la sangre de sus hijos, Juan López y Carlos Escaleras», dijo el obispo de la Diócesis de Trujillo, Jenry Ruiz, para luego pedir perdón en ese ritual de la misa por todo lo que ha pasado, por los conflictos de tierra, por la destrucción del Parque Carlos Escaleras, por todos los muertos. En coro, todos los presentes pidieron un perdón ajeno, por acciones que no han hecho y de las cuales han sido víctimas.

Carlos Escaleras y Juan López fueron asesinados con casi 27 años de diferencia, pero por la misma razón: denunciar y oponerse a poderosos intereses extractivistas.

«Hacer memoria agradecida de la vida de Carlos Alfonzo Escaleras Mejía es traer también la memoria de exigencia de justicia por el vil asesinato de Juan López. Justicia para el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, para que reine la paz social en el pueblo de Tocoa y en el país», dice un comunicado leído en la misa por el padre Carlos Orellana, de la parroquia San Isidro Labrador. El comunicado pide también la adhesión de Honduras al Acuerdo de Escazú y la renuncia del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez.

«No vayan a abandonar la lucha por la que Juan luchó. Venga lo que venga, pase lo que pase, como Juan decía, a echarle ganas, no es tiempo para callarnos, que el miedo no nos vaya a intimidar. Hay que seguir adelante como Juan quería», dijo Telma Peña, esposa de Juan López, antes de finalizar la misa.

Por Bryan Avelar 

“¿Mire, usted sabe si ya casi llegamos a Estados Unidos? ¿Verdad que estamos cerca?”, me pregunta Verónica, una mujer venezolana de unos 30 años. “Dicen que el bus nos va a dejar en Tuxtla. Ahí ya sí estamos más cerca, ¿verdad?”, añade Misael, su primo, de 26, con un gesto que creo que es esperanza en su mirada.

Sé la respuesta, pero me cuesta contestarles. 

Como han hecho todos los migrantes que he entrevistado en estos años salieron de su país conjugando el verbo huir:

Hui porque me violaron y me querían enterrar viva.

Hui porque se me secó la milpa y no tenía dinero para sembrar. 

Hui porque el gobierno me persigue.

Hui porque descabezaron a mi mamá. 

Hui porque soy pobre… 

Hui por… 

Hui..

En los últimos meses Misael y Verónica han atravesado el Darién, la selva que une Colombia y Centroamérica, callejones y fronteras, ha viajado cientos de kilómetros a pie, en autobús, pidiendo ride… 

Por todo esto me cuesta decirles que la respuesta es no. Aún les faltan más de 4,000 kilómetros por recorrer. Quizás los peores de todo su camino. 

Estamos en un campamento de migrantes en el Paso del Coyote, en Ciudad Hidalgo, un muelle desvencijado bañado por las aguas del río Suchiate, la frontera natural en esta parte entre México y Guatemala. Hay personas que llevan aquí semanas durmiendo bajo carpas de plástico negro y ramas; otros, como Misael, lo hacen tiendas de acampar, una señal de que pagaron un paquete que incluía su paso por la selva del Darién. La parte alta del muelle parece un mercado con puestos de comida venezolana, haitiana o centroamericana. Los que viajan con más bocas y tienen menos dinero, se rebuscan para preparar su propia comida en la orilla del río.

En esta frontera cruzan el Suchiate cientos de personas a plena luz del día sobre neumáticos gigantes traficando kilos de mercancía y personas. Y, sin embargo, muchos migrantes están parados en este no-lugar. La razón es que de aquí en adelante el control de la mafia es estricto. Incluso para las autoridades oponerse a ese control tiene consecuencias. 

En septiembre de 2023, según relatan varios testigos, un batallón de la Guardia Nacional se apostó a la orilla del río y anunció que no dejaría pasar a ningún migrante. Pasó un día y pasó una noche. En la madrugada, los disparos empezaron a sonar. “Poc, poc, poc”, se oía según los testigos más comedidos. “Prrrr, prrrr”, recuerdan otros con más euforia. Lo cierto es que tras un enfrentamiento, la Guardia Nacional se retiró y los migrantes y la mercancía siguieron pasando con normalidad. En estos primeros meses de 2024 las autoridades han optado por desahogar la escena trasladando a unos 200 migrantes cada día hasta Tuxtla u otras ciudades unos kilómetros más adelante.

De ahí la pregunta de Misael, que ahora está preparando el almuerzo en una olla oxidada sobre una hoguera.  “Es arroz con lengua”, me dice. Veo la olla y solo veo arroz. “¿Lengua de qué?”, pregunto. “Te comes el arroz, te pegas una mordida en la lengua y ahí está tu plato”, me dice con una sonrisa en la cara. Pero su gesto cambia enseguida cuando le pregunto qué lo tiene retenido aquí después de miles de kilómetros. “El miedo”, me responde sin pensarlo. “El miedo a que nos secuestren o nos extorsionen en el camino, hermano”.

Cerca del paso del Coyote, donde en esta época por las noches cae tormenta y en el día más que calor hay vapor, solo hay una persona que les ofrece ayuda a los migrantes, un poco de agua y comida. Es el padre Heyman Vásquez. En una conversación anterior con él, el padre Heyman me contó que “La Maña”, como se le llama en algunas partes de México al crimen organizado, está secuestrando migrantes desde antes de que crucen el río: “Los engañan y les dicen que les van a ayudar a cruzar, pero una vez que los apartan del grupo los secuestran, a veces durante semanas o meses, y piden extorsión a sus familiares”. 

Los migrantes en el asentamiento lo confirman. Me cuentan, con miedo en sus ojos, que esta mañana secuestraron a una joven en las orillas del río. Un grupo de hombres apareció y seleccionó a una. La tomaron por la fuerza, me dicen, en las narices de los agentes de la Guardia Nacional. “No sabemos para dónde se la llevaron. Parece que la jovencita viajaba sola”, dice Misael.

Muchos de los cientos de migrantes que llegan cada día hasta aquí, ya han sido secuestrados. Cuentan que, después de pagar, los secuestradores les ponen un sello con forma de ave. Unos dicen que es un fénix, otros dicen que es un gallo. Otros dicen que lo han olvidado porque con los días y el agua del río se le borró. Todos creen que los secuestradores pertenecen a un cartel que se disputa esta zona. Todos dicen que los secuestradores les dijeron que son del Cártel de Sinaloa. 

Sobre las gradas, un agente de Migración anuncia con ayuda de un megáfono los nombres que tiene escritos en una lista que elaboran los propios migrantes. Las 200 personas que hoy saldrán de este asentamiento se forman en una cola. “¡Nos vamos para Tuxtla!”, grita un cubano, emocionado. 

A Misael le respondí que avanzar hasta Tuxtla es como no avanzar nada, apenas 400 de los 4,021 kilómetros que le quedan por recorrer y que más bien, llevándolo a ese lugar, lo desviarán varios kilómetros de su ruta. Además, allá no hay albergues ni oenegés que podrían ayudarlos. Misael casi no pone atención a mis palabras. Me oye pero no me escucha. Toma sus cosas, empaca su mochila y le da una patada a la arena apagando las brasas sobre las que cocinó el arroz con lengua. 

Mientras veo cómo los migrantes se van subiendo al autobús con una sonrisa en sus rostros, Misael se queda haciendo cola con su mochila al lado de las piernas. Él sabe que es una cola que podría durar días o semanas. Pero pienso que tal vez el único derecho que nadie le puede negar a los migrantes es la esperanza de alcanzar el fin del camino. 

Ciudad de Guatemala, 19 oct (EFE).- El periodista José Rubén Zamora Marroquín salió este sábado del cuartel militar del norte de la Ciudad de Guatemala, tras permanecer 813 días detenido en medio de un proceso judicial plagado de irregularidades y de que un juez le concediera el viernes la medida de arresto domiciliario.

«Siento una mezcla de cosas: alegría y tranquilidad», declaró Zamora Marroquín a decenas de periodistas tras cruzar a las 17.36 hora local (23.36 GMT), el portón de la cárcel del cuartel Mariscal Zavala.

Zamora Marroquín estuvo en prisión desde el 29 de julio de 2022, cuando fue acusado de un supuesto lavado de dinero en un caso que fue presentado por la Fiscalía apenas cinco días después de que el periodista acusara de actos de corrupción al entonces presidente guatemalteco Alejandro Giammattei (2020-2024).

«El Ministerio Público irá de nuevo detrás de mí y yo los esperaré en mi casa, y si me toca volver a prisión vendré con tranquilidad porque los casos carecen de sustento», añadió este sábado a las afueras de la prisión el fundador del extinto diario El Periódico.

El periodista José Rubén Zamora Marroquín da declaraciones a su salida de un cuartel militar este sábado, en la Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ David Toro

Familiares del periodista acudieron a la prisión para recibir a su salida a Zamora Marroquín, de 67 años, a quien un juez otorgó el viernes el arresto domiciliario por considerar que se excedió el tiempo de prisión preventiva en su contra y por respeto a sus derechos humanos.

La defensa de Zamora Marroquín logró acreditar que no existe peligro de fuga ni de obstrucción a la justicia, por lo que el juez Erik García accedió a enviar al periodista a su casa bajo arraigo.

Zamora Marroquín es reconocido internacionalmente por una trayectoria de más de tres décadas denunciando la corrupción estatal de seis administraciones presidenciales de Guatemala.

En 2024, el periodista fue reconocido como el premio Gabo a la excelencia y durante su encarcelamiento fue respaldado abiertamente por los gobiernos de países como Estados Unidos y España.

Después de su liberación, Zamora Marroquín debe continuar enfrentando procesos penales, un juicio por lavado de dinero y etapa intermedia por los delitos de alteración de documentos migratorios y obstrucción a la justicia.

Entre 2018 y 2024, más de 50 personas, entre periodistas, jueces, fiscales y activistas han alegado ser criminalizados y perseguidos por el sistema judicial del país centroamericano.

La Corte Suprema de Justicia declaró constitucional el decreto 4-2022, conocido como «ley de amnistía política», cuyo artículo 4, literal A, otorga amnistía a exfuncionarios por delitos de corrupción, lo cual, según analistas, genera impunidad y protege a personas allegadas al expresidente Manuel Zelaya Rosales y afines al gobierno de Xiomara Castro. La ley, originalmente creada para condenar el golpe de Estado de 2009, también enfrenta discrepancia con la Constitución al incluir delitos no políticos ni conexos a estos.

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC 

La sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia el 8 de octubre de 2024 ha declarado «no ha lugar» los recursos de inconstitucionalidad promovidos contra el decreto 4-2022, que contiene la Ley para la reconstrucción del Estado de derecho y para que los hechos no se repitan. Según analistas jurídicos consultados por Contracorriente, esta decisión envía un mensaje de lealtad, protección e impunidad a exfuncionarios procesados y sentenciados por delitos de corrupción que son afines al actual gobierno, encabezado por Xiomara Castro, debido al artículo 4, literal A, de dicha normativa.

El decreto 4-2022, conocido como «ley de amnistía política», fue aprobado el 3 de febrero de 2022 por el Congreso Nacional (CN), con el objetivo de condenar el golpe de Estado de 2009 que derrocó al expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), así como eliminar procesos judiciales contra perseguidos políticos, defensores del territorio y del medio ambiente, y personas criminalizadas por su oposición al golpe.

Sin embargo, el artículo 4, literal A de este decreto contiene una amnistía «general, amplia e incondicional» para aquellas personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante el gobierno de Zelaya Rosales y que fueron víctimas del golpe de Estado, «requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados». 

Además, incluye delitos como falsificación de documentos, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y fraude. Esto contraviene el artículo 205, numeral 16, de la Constitución de la República, que establece que la amnistía solo puede otorgarse por delitos políticos y delitos comunes que sean conexos.

Ana María Calderón, exfiscal del Perú y exvocera de la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), considera que este artículo constituye «una voluntad de generar impunidad y proteger a funcionarios que cometieron delitos» y contraviene la naturaleza de una amnistía.

«El mal manejo del dinero es un acto propio del ejercicio de la función pública, sí, pero no debe ser objeto de amnistía. Más allá de eso, vemos en este artículo una voluntad de generar impunidad, ya que habla de “motivos políticos”, lo que complica y hace ambigua la capacidad de los jueces para valorar hechos “políticamente motivados”», indicó a Contracorriente.

Calderón analizó específicamente la sentencia mediante la cual se otorgó la amnistía al exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, quien en 2017 había sido condenado a nueve años de prisión por enriquecimiento ilícito y a ocho años y seis meses por fraude y abuso de autoridad. Chimirri no pudo justificar 16.7 millones de lempiras que se sumaron a su patrimonio personal mientras ocupaba el cargo.

En la resolución emitida por el Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, la jueza que conoció la solicitud de amnistía para Marcelo Chimirri calificó como motivación política la «existencia de una relación cercana y directa entre el señor Chimirri y el expresidente Manuel Zelaya Rosales y su familia, principales afectados por el golpe de Estado», así como el «clima político negativo que siguió al golpe de Estado».

«La jueza hace una interpretación arbitraria, porque una relación cercana y directa no puede considerarse una vinculación que justifique un hecho políticamente motivado; sería como afirmar que todos aquellos que estuvieron cerca del expresidente Zelaya y su familia han sido perseguidos políticos», señaló la exvocera de la MACCIH.

A pesar de la absolución penal, los bienes que habían sido incautados a Marcelo Chimirri y posteriormente pasaron a manos del Estado nunca le fueron devueltos por resolución judicial. En junio de 2023, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó la investigación titulada «El silencio absoluto», en la que se detalla cómo Chimirri, acompañado por miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), tomó por la fuerza uno de los inmuebles que le habían sido incautados, en Valle de Ángeles. 

Esta acción se llevó a cabo a pesar de que nunca existió una resolución del Juzgado de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito que ordenara la devolución de los bienes, y de que se mantenía firme una declaración de «no ha lugar» por parte de la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, en respuesta a un recurso presentado por la defensa de Chimirri. Contracorriente verificó que, hasta el 18 de octubre de 2024, dicho juzgado no había emitido ninguna nueva resolución.

Otra sentencia basada en el artículo 4, literal A del decreto 4-2022 que generó controversia fue la emitida por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, que otorgó sobreseimiento definitivo al exsecretario de la Presidencia, Enrique Flores Lanza. Este exfuncionario, prófugo en Nicaragua hasta su regreso a Honduras el 17 de marzo de 2022, enfrentaba acusaciones del Ministerio Público (MP) por fraude, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.

Flores Lanza estuvo involucrado en la sustracción de 50 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), dinero que se utilizaría para financiar el proyecto «Cuarta urna», una consulta que realizaría el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el 28 de junio de 2009, para que la ciudadanía decidiera en las elecciones de noviembre de ese año sobre la pertinencia de instaurar una Asamblea Nacional Constituyente.

El exsecretario de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, estuvo prófugo de la justicia en Nicaragua tras enfrentar acusaciones por delitos de corrupción. El 17 de marzo de 2022 retornó al país tras ser amnistiado y actualmente es asesor presidencial. Foto: Archivo CC.

Años después, en 2014, Enrique Flores Lanza aseguró en una entrevista que no se apropió del dinero y que este fue repartido entre diferentes funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, que también se desempeñaban como coordinadores departamentales del proyecto. Algunas de estas personas son actuales funcionarias de la administración de Xiomara Castro: Rixi Moncada, secretaria de Defensa; Tomás Vaquero, secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización; y Rafael Barahona, comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

El 22 de febrero de 2022, la defensa legal de Flores Lanza, encabezada por el ahora magistrado de la Corte Suprema, Milton Jiménez Puerto, se presentó ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa y solicitó la aplicación del decreto 4-2022. Solo tres días más tarde, el 25 de febrero, un juez de letras penal dictó sobreseimiento definitivo en las cinco causas penales que enfrentaba el exfuncionario, ahora asesor presidencial de Xiomara Castro.

El juez únicamente hizo constar que Enrique Flores Lanza fue funcionario entre 2006 y 2009 y que los cargos que le imputaron están contemplados en el decreto 4-2022.

«Consta que el encausado era un funcionario público del gobierno del 2006 al 2009, y en el numeral 4 del decreto 4-2022 se establecen los delitos que son considerados en la amnistía. Vemos que en este tipo penal los artículos 349, numerales 2 y 4, y 370 del Código Penal están enmarcados en el decreto, por lo que queda claro que se debe conceder la amnistía de este tipo de delitos y procederse a decretar la extinción de la acción penal con base en el artículo 42, numeral 6, del Código Procesal Penal», indicó la sentencia que absolvió a Enrique Flores Lanza y le permitió retornar al país.

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Luis Urbina, jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA, dijo a Contacorriente que la discrecionalidad que otorga el decreto 4-2022 a los jueces para interpretar qué es un hecho «políticamente motivado» es el principal cinturón de impunidad que contiene dicha ley.

«En este caso específico, el juez únicamente se limitó a verificar que los delitos que se le imputaban eran propios de la función pública y estaban contenidos dentro del decreto. Como estaban dentro del decreto, iba haciendo una especie de checklist. Prácticamente solo se verificó si Enrique Flores Lanza fue funcionario público en dicho periodo y, con base en ello, aplicó dicho decreto sin ningún razonamiento jurídico», cuestionó Urbina.

Contracorriente entrevistó al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, acerca de cómo un juez puede definir un «hecho políticamente motivado», y respondió que depende de la evidencia que se le presente.

«Si un caso, aunque no tenga apariencia de ser un delito político, está políticamente motivado, es decir, que la acusación sí tiene una motivación política, entonces eso está protegido por el decreto. Esa evaluación la tendrá que hacer el juez, quien con su experticia debe determinar si, con la prueba que se le ofrece, puede concluir que hubo motivación política. Recordemos que la amnistía no es automática, deben presentarse las respectivas pruebas para hacer esa valoración», indicó el funcionario judicial.

Cuando se le consultó acerca de la ausencia de fundamentos jurídicos en las sentencias que sobreseyeron a Marcelo Chimirri y Enrique Flores Lanza, se limitó a contestar que, como magistrado de la Corte Suprema y antes como juez de sentencia, nunca ha respondido por resoluciones judiciales ajenas a él.

«Lo que sí puedo decir es que cualquier acto de un juez o jueza es impugnable. Si una persona no está conforme con la resolución del juez, puede perfectamente impugnarla y expresar los motivos de invalidez de esa resolución. Vuelvo al caso, no es automático que el juez otorgue la amnistía. No puedo hablar de casos particulares, porque escapa a mi responsabilidad. Cuando discutimos la constitucionalidad de este decreto en el pleno, lo hicimos viendo el decreto en su conjunto, no hablamos de casos concretos», agregó.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, manifestó que toda acción judicial es impugnable, pero, al igual que con su voto, descartó que el decreto 4-2022 contenga vicios de inconstitucionalidad. Díaz mientras atendía a Contracorriente en su despacho en el Palacio de Justicia. Distrito Central, 16 de octubre de 2024. Foto: CC / Fernando Destephen.

¿Qué originó la sentencia de la Corte Suprema?

El recurso de inconstitucionalidad que llevó a la Corte Suprema de Justicia a tomar una decisión sobre el decreto 4-2022 derivó del expediente SP-523-2022, mediante el cual la Sala de lo Penal del periodo 2016-2023 sugirió el 8 de marzo de 2022 que el decreto contenía indicios de vicios de inconstitucionalidad. Basándose en el artículo 77 de la Ley sobre Justicia Constitucional, los magistrados y la magistrada que integraban la Sala de lo Penal promovieron de oficio un recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto legislativo.

El expediente mencionado tiene su origen en un auto en el que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula se declaró incompetente para resolver una solicitud de amnistía bajo la aplicación del decreto para el extesorero municipal de la Alcaldía de San Pedro Sula, Marco Antonio Bermúdez, condenado por violación de deberes de los funcionarios y abuso de autoridad. El mismo caso también involucra al exalcalde sampedrano, Rodolfo Padilla Sunseri (2006-2010), quien también se ha acogido a la amnistía, pero solo se le ha aplicado en dos de las ocho causas penales que enfrenta.

Además, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula solicitó a la Sala de lo Penal que analizara el contenido y la aplicabilidad de dicha ley.

Según el recurso de inconstitucionalidad promovido por los entonces magistrados de la Sala de lo Penal, el decreto 4-2022 viola los artículos 4, 41, 205, 219, 231 y 304 de la Constitución de la República. La Sala de lo Penal que emitió este fallo estaba integrada por los magistrados José Olivio Rodríguez, Rafael Bustillo y Alma Guzmán. Sin embargo, a partir del 17 de febrero de 2023 fueron sustituidos por los magistrados Mario Díaz, Walter Miranda y Nelson Mairena.

La sentencia de la Sala de lo Penal citaba la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En cuanto a la inaplicabilidad de la amnistía para delitos contra la administración pública, invocó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Este tratado internacional establece que los delitos de lavado de activos, malversación, apropiación indebida y otras formas de desviación de bienes por parte de un funcionario público, tráfico de influencias, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y obstrucción de la justicia no son considerados delitos políticos.

Cuando la Sala de lo Constitucional, integrada por cinco magistrados y magistradas, resolvió este recurso de inconstitucionalidad, la votación fue 3 a 2, lo que llevó a elevar el expediente al pleno de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Así, el 8 de octubre de 2024, el alto tribunal determinó por mayoría calificada que el decreto 4-2022 es constitucional y declaró «no ha lugar» la solicitud promovida por la Sala de lo Penal del periodo 2016-2023.

En su sentencia, la Corte también instruyó a la Sala de lo Penal devolver el expediente al Tribunal de Sentencia, que se declaró incompetente para aplicar la amnistía, y acatar el artículo 5 del decreto 4-2022, en caso de que se demuestre que existió «motivación política».

Una vez en el pleno de la Corte Suprema de Justicia, votaron en contra de la inconstitucionalidad los siguientes magistrados: Rebeca Ráquel, Rubenia Galeano, Mario Díaz, José Ricardo Pineda, Aída Martínez, Roy Pineda, Felipe Speer, Nelson Mairena, Odalis Nájera y Roxana Morales. Los primeros seis son afines al oficialismo, mientras que Speer, Mairena y Nájera al Partido Liberal. Morales, en cambio, nunca ha sido nominada por ningún partido político para aspirar a la Corte Suprema. 

Por otra parte, a favor de la inconstitucionalidad emitieron su voto Walter Miranda, Anny Ochoa, Gaudy Bustillo, Marvin Espinal y Luis Discua, todos pertenecientes al Partido Nacional.

Por mayoría de votos, la Corte Suprema de Justicia sentenció que el decreto 4-2022 es constitucional. Fachada del Palacio de Justicia, Distrito Central. Foto: CC / Fernando Destephen.

La sesión estuvo integrada por ocho magistradas y magistrados propietarios, seis suplentes y la magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Roxana Morales, quien fue llamada a integrar la Corte Suprema ante la imposibilidad de que la magistrada suplente Martha Merino asistiera a la sesión.

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No estuvieron presentes Wagner Vallecillo, Luis Padilla, Francisca Villela e Isbela Bustillo,  de la Sala de lo Constitucional, porque ya habían fallado sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados. Tampoco pudo ser parte de la discusión el magistrado Milton Jiménez Puerto, quien había formado parte de la Sala de lo Constitucional en reemplazo de Sonia Marlina Dubón, esposa de Enrique Flores Lanza, uno de los exfuncionarios procesados por delitos contra la administración pública que recibió la amnistía.

De los conflictos de interés y los defensores de la amnistía

En todas las ocasiones en que la Sala de lo Constitucional ha resuelto sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el decreto 4-2022, la magistrada Sonia Marlina Dubón se ha abstenido de emitir su voto, argumentando un «conflicto de interés» debido a que su esposo, Enrique Flores Lanza, fue uno de los beneficiarios de dicha ley.

Por ejemplo, el 9 de junio de 2023, cuando la Sala de lo Constitucional emitió sentencia por el recurso de inconstitucionalidad promovido por la jueza Karla Romero, contenido en el expediente RI-0749-2022, Dubón fue suplida por el magistrado Mario Díaz. Asimismo, como se señaló en un párrafo anterior, cuando se abordó el recurso presentado de oficio por la Sala de lo Penal, fue el magistrado Milton Jiménez Puerto quien ocupó su lugar.

Aunque Dubón argumentó un conflicto de interés, la situación de Jiménez Puerto no era distinta. Él es amigo personal de Enrique Flores Lanza y, aun así, sustituyó a Dubón durante la deliberación y emisión de sentencia en torno al referido recurso de inconstitucionalidad.

Sin embargo, la amistad entre Jiménez Puerto y Flores Lanza no fue el principal conflicto de interés. Más relevante es el hecho de que, antes de convertirse en magistrado de la Corte Suprema, Jiménez Puerto fue el abogado defensor de Flores Lanza, y el 22 de febrero de 2022 fue quien presentó ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa la solicitud de amnistía para su defendido. Además, en su cuenta de X, Jiménez Puerto expresó su respaldo a Flores Lanza en una publicación del 13 de marzo de 2022, en la que lo llamó «hermano».

«Bienvenido, querido hermano, a tu país. El camino hacia la justicia es largo, lo ha iniciado Xiomara Castro, se cumple una promesa de una amnistía prometida en campaña. Enrique Flores Lanza regresa el 17 (de marzo) a Honduras», publicó Jiménez Puerto. 

La presencia de Milton Jiménez Puerto en la Sala de lo Constitucional fue determinante en la votación mayoritaria sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Sala de lo Penal. El magistrado Jiménez Puerto se unió a los votos de la magistrada Francisca Villela y el magistrado Wagner Vallecillo para declarar «no ha lugar» el recurso, formando así una mayoría de tres a dos en contra de los votos minoritarios del magistrado Luis Padilla y la magistrada Isbela Bustillo. Al no emitirse un fallo unánime, el expediente fue elevado al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Luis Urbina, del CNA, considera que no es una coincidencia que tanto Enrique Flores Lanza como Marcelo Chimirri hayan sido defendidos legalmente por personas que ahora ostentan poder dentro de los poderes Judicial y Legislativo.

«No veamos solo el caso de Enrique Flores Lanza y Milton Jiménez Puerto. ¿Quién fue el abogado que defendió a Marcelo Chimirri en su proceso penal? Ramón Barrios, quien actualmente es diputado en el Congreso Nacional. Aquí no hablamos solo del conflicto de interés, sino de la concentración del poder», afirmó Urbina.

Ramón Barrios, diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), ha sido uno de los más acérrimos defensores del decreto 4-2022. El mismo decreto que el CN se rehúsa a revisar, y que salvó a su antiguo cliente, Marcelo Chimirri, de pasar cerca de dos décadas en prisión tras ser hallado culpable y condenado por enriquecimiento ilícito, fraude y abuso de autoridad.

Una delegación representará a Honduras del 21 de octubre al 1 de noviembre en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), el evento en el que los países revisan sus compromisos a fin de restaurar el 30 % de los ecosistemas terrestres, costeros y marinos para el 2030. En esta cumbre, una de las metas cruciales es garantizar la participación de los pueblos originarios y afrodescendientes en la toma de decisiones para preservar la biodiversidad. Contracorriente habló con defensores del ambiente y de la seguridad alimentaria, así como también con representantes del Estado, para conocer sus expectativas y exigencias previo a este evento, que tendrá como sede a Cali, Colombia. 

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen

«Paz con la naturaleza» es el lema de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad o Cumbre de la Biodiversidad (COP16), que se desarrollará en la ciudad de Cali, departamento del Valle de Cauca, Colombia, del 21 de octubre al 1 de noviembre. La meta de este evento es que los 190 países integrantes asuman la protección de la biodiversidad como herramienta para resolver los conflictos a nivel mundial, propongan herramientas y recursos genéticos para conservarla, y garanticen la participación de los pueblos indígenas para lograrlo.

Los compromisos adoptados en la COP15, antecesora de esta cumbre, juegan un papel determinante, pues en ella se adoptó el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, el cual plantea 23 metas que deben ser puestas en práctica y completadas por los países –incluido Honduras— para 2030. Entre los puntos más destacados están la conservación y gestión eficaz de al menos 30 % de las zonas terrestres, costeras y aguas continentales del mundo, la restauración de al menos el 30 % de estas, la eliminación o reforma de incentivos perjudiciales para la biodiversidad, aumentando en su lugar los incentivos para su uso sostenible, y la utilización de al menos 200 millones de dólares anuales para el financiamiento de planes y estrategias relativas a la biodiversidad.

El cumplimiento de las metas del Acuerdo Kunming-Montreal y la puesta en práctica de los ejes que tiene la COP16 puede resultar complejo para Honduras. Hasta septiembre de 2024, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) registró más de 3,000 alertas por deforestación a nivel nacional, principalmente en las regiones de la Biosfera de Río Plátano –declarada Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la Unesco–, La Moskitia, y Olancho, sitios en los cuales la franja ganadera y el conflicto territorial se incrementan todos los años.

Incendio forestal en las cercanías del Parque Nacional La Tigra. Francisco Morazán, marzo de 2024. Foto: CC/Fernando Destephen.

En mayo de 2024, la presidenta Xiomara Castro anunció el Plan Cero Deforestación al 2029 para la región de La Moskitia, uno de los lugares con myor diversidad biológica, pero que más deforestación registra. Durante una década, el departamento de Gracias a Dios –que comprende la mayor parte de la Biosfera del Río Plátano y la región de La Moskitia–, ha registrado aproximadamente 87,634 hectáreas deforestadas entre 2010 y 2022, incrementando la tasa de deforestación de esta zona de un 0.12 % en 2010 a un 2.14 % en 2020, según datos proporcionados a Contracorriente por el ICF.

Deforestación en los últimos 10 años en el departamento de Gracias a Dios. Datos proporcionados por el Instituto de Conservación Forestal (ICF).

Deforestación en los últimos 10 años en el departamento de Gracias a Dios. Datos proporcionados por el Instituto de Conservación Forestal (ICF).

Con un presupuesto de 19 mil millones de lempiras aprobado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para la realización de este plan, la mandataria autorizó a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Policía Nacional a realizar desalojos por actividades de agricultura, ganadería, minería y dragado de ríos en zonas boscosas y en áreas protegidas del país.

«La Moskitia es el pulmón del mundo, no vamos a permitir su destrucción», dijo Castro cuando anunció el plan en mayo de este año. Además, en la resolución del CNDS se acordó investigar la actividad criminal de estas tres regiones, en las que la deforestación es consecuencia de la ganadería extensiva y el narcotráfico que ha crecido con la siembra de plantaciones de droga.

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Honduras dista mucho de representar un santuario de naturaleza y aire puro. Según el Informe del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero presentado en febrero de este año, de 2005 a 2020 Honduras absorbió más emisiones de gases de efecto invernadero de las que ha emitido; sin embargo, en 2020 las emisiones se incrementaron en un 24 %. El país registra un decrecimiento del 1.25 % en la absorción de estas emisiones anualmente. 

La participación de las Fuerzas Armadas en tareas como la preservación del ambiente y ahora en la ejecución de desalojos no ha tenido un buen recibimiento por sectores ambientalistas. Mirna Wood, una mujer miskita defensora de los bienes comunes, expresó que es necesario frenar la ganadería extensiva y el ingreso de personas que llaman «invasores» a la región de la Biosfera del Río Plátano, pero este plan no se ha ejecutado de forma correcta, más bien se ha vulnerabilizado y desplazado más al pueblo miskito.

«Nosotros no somos depredadores», sostuvo Wood, y agregó que las tareas asignadas a los militares han sembrado terror en las personas miskitas que han vivido por años en puntos críticos, donde la biodiversidad está en riesgo y la frontera ganadera se ha expandido.

Otro de los proyectos del Gobierno que ha sido altamente cuestionado es la promesa de construcción de una cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne, al norte de Honduras. Aunque el proceso de licitación para la construcción del reclusorio ha fracasado y se ha repetido varias veces, Contracorriente reveló que el proyecto no tiene licencia ambiental para su construcción. Además, la empresa encargada de realizar los estudios ambientales está vinculada a Grupo Emco, el conglomerado empresarial del que forma parte Los Pinares, cuyo dueño es Lenir Pérez, un empresario minero que ha generado conflictos socioambientales en el Bajo Aguán y quien tiene requerimiento fiscal en su contra, junto a su esposa Ana Facussé, por daños al ambiente. 

Además, Inversiones Los Pinares, la minera de Pérez, ha sido señalada como culpable no solo de daños a las comunidades en Tocoa, sino del asesinato de Juan López, un ambientalista y lider territorial que sostuvo una lucha frontal contra la minera y que además denunciaba la vinculación de los empresarios con el poder político, entre ellos Adán Funez, actual alcalde de Tocoa, quien ha estado cerca de personajes ligados al narcotráfico y crimen organizado.

David Ortega Bercián, quien está al mando de la Dirección de la Biodiversidad (DiBio) adscrita a la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), y que además forma parte de la delegación que representará a Honduras en la COP16, señala que el Plan Cero Deforestación es fundamental para que Honduras alcance sus compromisos para preservar la biodiversidad, delimitando las zonas de expansionismo de la tala de bosque y garantizando con títulos de propiedad a las personas que habitan en estas zonas.

Sobre la preparación de Honduras para la COP16, el director de la DiBio dijo a Contracorriente que han preparado las metas nacionales y que han hecho consultas con los pueblos originarios, organizaciones no gubernamentales y otros actores involucrados directamente en la preservación de la biodiversidad y el ambiente. No brindó más detalles sobre las comunidades o a qué líderes y lideresas han entrevistado.

«Estos espacios de consulta se hicieron a lo largo de todo el país; nosotros en la Dirección de Biodiversidad armamos estos espacios para conocer cuales son las prioridades del país en aspectos de conservación y del Protocolo de Nagoya», apuntó el biólogo. Este Protocolo, al que Honduras se adhirió en 2013 y entró en vigor en 2014, está enfocado en la participación justa y equitativa de los pueblos indígenas y comunidades locales en el reconocimiento de los recursos biológicos y genéticos.

Un pez león en el acuario Tela Marine. Tela, Atlántida, junio de 2022. Foto CC / Fernando Destephen.

Ortega Bercián también señaló que estas acciones están contempladas dentro de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, conocida como National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) en inglés, que ha sido presentada por Honduras hasta el período de 2018-2022.

Mediante las NBSAP, adoptadas por todos los países que integran el Convenio Sobre la Diversidad Biológica, se espera que los países propongan acciones para proteger, conservar y utilizar servicios ecosistémicos, mientras se aseguran sus beneficios de forma justa y equitativa, siempre teniendo en mente la meta de frenar y revertir la pérdida de la biodiversidad para 2030.

Según un reporte de Carbon Brief –medio de comunicación enfocado en noticias sobre cambio climático, ciencia y naturaleza– y The Guardian, más del 85 % de los países no han presentado sus respectivas estrategias nacionales de biodiversidad actualizadas antes de la COP16. Dentro de los países que sí la presentaron están México, Canadá, China, Australia y Japón. Honduras no ha presentado su estrategia actualizada aún, y tampoco Colombia, sede de la COP16 y uno de los 17 países «megadiversos» según las Naciones Unidas.

La delegación de Honduras en la COP16 estará integrada por representantes de la Dirección de Biodiversidad (DiBio), el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales, Lucky Medina, representantes de la Secretaría de Ganadería y Agricultura (SAG) y organizaciones no gubernamentales. El pasado agosto, Luis Gilberto Murillo, canciller de Colombia, anunció la asistencia al evento de la presidenta Xiomara Castro.

El cuidado del medioambiente como lucha y sostén de la familia

Para Gisela Rodas, integrante del grupo de mujeres del Consejo Indigena Lenca de Reitoca (CILR), la defensa del ambiente y los bienes comunes no solo ha representado el sostén de su familia a través del cultivo de granos básicos, sino que también ha significado un proceso largo de criminalización en contra de su esposo, Wilmer Alonzo, y de su hermano, Orlando Rodas.

Ellos, quienes se organizaron en el CILR para frenar la instalación de un proyecto hidroeléctrico que no se consultó al pueblo lenca de Reitoca, en el municipio de Francisco Morazán, instalaron un campamento en las cercanías de la cortina de agua para impedir el avance del proyecto. Inicialmente habían sido acusados por el Ministerio Público por delitos de usurpación y daño a la propiedad privada por la defensa del río Grande, pero en noviembre del año pasado una jueza retiró estos cargos para acusarlos de un nuevo delito: el de perturbación a un derecho penal.

Defensores del río Grande en Reitoca se movilizan exigiendo justicia por los defensores Wilmer Alonso y Orlando Rodas. Tegucigalpa, 31 de octubre de 2023. Foto: CC/Fernando Destephen.

«Ha sido un proceso largo y muy doloroso, en el cual tenés que limpiarte las lágrimas y decir “aquí vamos otra vez, de frente y de pie”, pero los momentos vividos en Reitoca también han sido de mucha alegría, porque nos hemos encontrado como cultura lenca», apuntó la defensora.

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Gisela Rodas insiste en que es clave que el Estado garantice la protección a los defensores del ambiente y el territorio en Honduras, y que además incluya a los pueblos originarios en la toma de decisiones relacionadas con la preservación del ambiente, ya que desde la cosmovisión de los lencas defender la tierra es «devolverle un poco de lo que ella tanto nos da».

La instalación de los proyectos extractivos en territorios mayormente habitados por pueblos originarios no solo trae desplazamiento y amenazas a quienes se oponen a estos proyectos, sino que además interfieren en el modo de vida de quienes viven del maíz, el frijol y la papa que cultivan en sus tierras.

«Nosotros somos los que estamos defendiendo esta casa común» sostiene Gisela. «Sin los pueblos originarios, las grandes ciudades no tendrían la comida de cada día, el desayuno o almuerzo, todo lo que llega al hogar».

Según el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial de Honduras, del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), en el primer trimestre de este año se registraron 42 conflictos socioterritoriales a nivel nacional. Los departamentos con un nivel de conflictividad alto son Atlántida, Colón, Yoro, Francisco Morazán y La Paz, en los que predominan la población lenca y campesinos.

Uno de los acontecimientos más impactantes para los defensores y defensoras del ambiente fue el asesinato de Juan López el pasado 14 de septiembre. Juan, quien se dedicaba a la defensa del río Guapinol y era una voz activa en la denuncia de las acciones de la empresa minera instalada en Tocoa, Colón, fue asesinado mientras salía de la iglesia de su comunidad, en uno de los países más letales para las personas defensoras del ambiente.

La biodiversidad debe estar en manos de los pueblos

Entre diciembre de 2021 y agosto de 2022, más de dos millones de personas en Honduras enfrentaron crisis o emergencia alimentaria, según el Informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fase (CIF).

Entre los factores contribuyentes a estas cifras, según el informe, están el cambio climático, los desastres naturales y la pandemia por COVID-19. Además, la producción del maíz y el frijol también ha disminuido debido a la falta de acceso a insumos y temor del campesinado a sufrir pérdidas en la cosecha.

Aunque ahora las estadísticas son más alentadoras y la inseguridad alimentaria se ha reducido un 10 %, debido a que los impactos de las tormentas tropicales Eta e Iota se han ido disipando, es necesaria la creación de políticas públicas que garanticen la producción de alimentos de forma más sostenible y la preservación de las semillas nativas en Honduras.

Octavio Sánchez, director de la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (Anafae), explica que esto es posible a través de la implementación de la agroecología, una forma de cultivo que no es abrasiva con la tierra y que toma en cuenta los saberes de los indígenas y el campesinado, uno de los puntos focales de la Cumbre de la Biodiversidad este año.

Defensores del río Grande en Reitoca se movilizan exigiendo justicia por los defensores Wilmer Alonso y Orlando Rodas. Tegucigalpa, 31 de octubre de 2023. Foto: CC/Fernando Destephen.

«Por eso es que hay una lucha fuertísima de las organizaciones campesinas e indígenas a nivel global, como la Vía Campesina y organizaciones como Anafae. Pensamos que la semilla tiene que estar libre, en manos de los campesinos, pues es su decisión, no la del Estado, poder seguir cultivando y cuidando sus propios alimentos», manifestó Sánchez. Añadió que el Estado de Honduras destina anualmente 800 millones de lempiras para la merienda escolar, una cifra que podría reducirse si se potencian las capacidades de las comunidades campesinas.

El 17 de noviembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, más conocida como Ley de Monsanto. Para que este fallo fuese posible, las organizaciones campesinas lucharon durante diez años contra esta ley,  que no solo amenazaba el libre cultivo de las especies nativas y criollas de Honduras y obedecía a una industria alimentaria millonaria, sino que además atentaba contra los saberes ancestrales de los pueblos originarios, que se enfrentan a las sequías, inundaciones y otros efectos derivados de la crisis climática.

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Para el director de Anafae, la discusión sobre la preservación de especies –sobre todo las nativas de los pueblos latinoamericanos– y la implementación de las soluciones basadas en la naturaleza serán clave en la COP16, pues es fundamental integrar efectivamente a las poblaciones indígenas en los debates, considerando el despojo y discriminación de que han sido objeto por poner en práctica sus saberes ancestrales.

Esta historia fue producida en el marco de la beca para cubrir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) en 2024, auspiciada por Internews’ Earth Journalism Network (EJN).

This story was produced as part of the 2024 CBD COP16 Fellowship organized by Internews’ Earth Journalism Network.

23 de abril de 2024. Apuntes sobre la noche eterna de Vicky

Por Bryan Avelar 

La silla de plástico cruje cuando Victoria salta con las piernas abiertas sobre un hombre gordo que le hunde el bigote entre sus pechos. Ambos se asustan y guardan silencio durante un segundo mientras el reggaetón retumba en la rocola. Son cerca de las diez de la noche. Estoy en la zona roja de Tapachula y ya no cabe nadie más en este “bar diurno”, un nombre con el que llaman en este pedazo del mundo a las cantinas de mala muerte donde a las ocho de la mañana ya hay gente abyecta de embriaguez. Victoria y el hombre gordo estallan en carcajadas después del susto. Ella se empina una botella de Corona y sigue saltando, y el bigote vuelve a desaparecer.

En esta cantina hay personas de al menos ocho nacionalidades. “El Cuba”, el mesero, llegó desde su isla con su mujer y aquí se quedó solo porque el dinero apenas les alcanzaba para pagar un viaje a un coyote que los cruzara a Estados Unidos. Benja, uno de los vigilantes, salió de Caracas después de que su madre vendiera su cama a cambio de comida. Ariana, una de las ficheras, las mujeres que bailan sobre las piernas de los hombres, es hondureña y huyó de San Pedro Sula después de que unos sicarios mataran a su marido. Victoria, me contará en unos minutos, es de El Salvador. Este lugar turbio es un buen resumen de la ciudad en que habita, uno de los epicentros de la migración mundial. Quizá por eso sus dueños decidieron nombrarlo con buen tino “La Ruta”.

Los clientes se reúnen en medio de un calor infernal apenas aplacado por dos pequeños ventiladores y la nube de humo que se mezcla con las luces de neón. Ellos son también de varias partes del mundo y muchos no querrían estar aquí. Las políticas antiinmigrantes impulsadas por Estados Unidos e implementadas por México, según los cálculos de activistas, retienen a unos 30 mil migrantes atrapados en la frontera sur de México. Muchos esperan por miedo a ser secuestrados o asesinados en el camino. Otros esperan para conseguir dinero. O esperan porque se quedan sin más opción. No por nada los activistas han convenido en rebautizar la ciudad con un juego de palabras: “La Trampa-Chula”.

Por Tapachula, según un registro de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, han pasado más de 600,000 personas de 165 países de los cinco continentes en los últimos diez años. Es decir, por esta ciudad han pasado migrantes del 85% de los países del mundo reconocidos por la ONU. Eso sin contar la enorme cantidad de personas que cruzan sin dejar huella. 

En Tapachula, según un estudio realizado por el Centro de Dignificación Humana AC, para 2016 había tantos bares y cantinas que si todos sus habitantes salieran a tomar un día X a la misma hora, habría 17 veces más chance de que encontraran un asiento en un bar que si los habitantes en Brooklyn hicieran lo mismo. 

En lugares como la Ruta cientos de personas de diferentes nacionalidades se reúnen cada noche a explotarse entre sí. Unas entregan dinero. Otras, como Victoria,  lo único que tienen: su cuerpo. 

Si Nueva York es la capital del mundo donde la gente persigue sus sueños, Tapachula parece ser el lugar donde confluyen todos sus males.  

Victoria pide otra cerveza y el hombre gordo de bigote acaricia sus nalgas, sus pechos, le toca la cara, la sujeta para besarla y le mete la lengua babeante. Él sigue riendo a carcajadas. Ella pone cara de asco cuando los dedos mugrientos del cliente buscan hurgarle entre sus piernas. Cada cerveza que aquel hombre paga para ella cuesta $220 pesos mexicanos, algo más de diez dólares. El trato, me dirá Victoria después, es así: de esos diez, a ella le quedan seis y cuatro son para el local. Un cliente puede invitarla a una cerveza o siete. Victoria siempre deberá dejarse tocar y manosear. A veces más.  

Tapachula es una especie de paraíso para la trata de mujeres migrantes. La ONU dice que para que el verbo tratar se conjugue debe existir “amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción”. Y, sin embargo, según lo que me contará Victoria y me han contado decenas de ficheras, policías y fiscales en los dos años que llevo viviendo en esta ciudad, la definición puede quedarse corta para explicar lo que sucede aquí.

Victoria se empina lo último de su cerveza y se levanta de las piernas del gordo de bigote que ahora se tambalea en la silla de plástico a punto de caer. Le da un par de palmaditas y se despide sonriendo. Levanta la mirada en busca de su siguiente presa. Porque ahora ella ya no parece ser presa sino cazadora. Hace contacto con mi mirada. Sonríe y camina luciendo sus piernas torneadas bajo el vestido ceñido que le cubre apenas la mitad de ellas como si fuera sobre una pasarela y no sobre el piso de cemento sin losa en este bar mugriento. Se sienta a mi lado y me pregunta si puede pedir una cerveza. Antes le digo que soy periodista salvadoreño y que quiero entrevistarla. Más tarde me confesará que pensó que yo era pandillero porque para ella cualquier salvadoreño es sospechoso de serlo. Después de que les cuente su historia lo entenderán. 

Victoria es originaria de Apopa, un municipio en el área metropolitana de San Salvador, la capital. Estudió hasta quinto grado en una escuela pública, pero un mal día, cuenta ella, una compañera la acusó falsamente de fumar marihuana y la expulsaron. Su mamá nunca más la volvió a mandar a estudiar. “Si calle querés, calle vas a tener”, sentenció. A los 13 años se acompañó con un tipo luego de que pandilleros de la MS-13 quemaran vivo a su hermano junto a su mujer. “Antes lo habían golpeado. Le reventaron la cabeza, pero él para engañarme y hacerlo parecer menos feo me decía que se había aventado al mar y un tiburón lo había perseguido”, recuerda. A los 15 años, dice, ocurrió el detonante la hizo migrar. 

A falta de una fiesta rosa, como se acostumbra en Latinoamérica, su madre le regaló un teléfono celular nuevo. Victoria se fue a un parque cerca de su casa para mostrárselo a su mejor amiga. Entonces llegó un tipo vistiendo ropas flojas. Era un pandillero del Barrio 18. Le arrebató el teléfono celular de la mano. El miedo al castigo de su madre por perder el teléfono nuevo, dice, pudo más que el miedo al pandillero. Y lo persiguió. Cuando llegó a la calle que rodeaba el parque la subieron a un carro, la llevaron a una casa y la violaron al menos 12 cabrones, según puede recordar. Al final de la violación, Victoria quedó masacrada, temblando y llorando. Los pandilleros le devolvieron el celular. 

“Llegué a mi casa. Pero llegué bien tarde. Mi mamá me pegó con un cable que le había arrancado a un televisor. Me reventó la espalda”, dice mientras se empina su cuarta cerveza con lágrimas en sus ojos.

Desde entonces, para ella la vida en El Salvador nunca más tuvo sentido; si es que alguna vez lo tuvo.  Trabajó en un puesto de venta de pescado en el mercado central del centro de San Salvador, se dedicó a vender droga por un tiempo y finalmente ayudaba en lo que podía a su siguiente marido. Así fue hasta que tuvo 23 años y lo que necesitaba para intentar cambiar su vida: $1,000 dólares. Con eso tomó un autobús y luego otro y llegó hasta Tapachula. Aquí el problema, en lugar de mejorar, aumentó: para poder avanzar ya no necesita mil más sino ocho mil. “Es lo que cobra La Maña (el crimen organizado) por llevarte hasta la frontera con Estados Unidos”, dice. 

Ha pasado casi un año desde que llegó aquí y Victoria todavía no ha podido salir de esta trampa. Después de nuestro primer encuentro en La Ruta la entrevistaré varias veces más. Cuando sale del trabajo, hay noches en que Victoria no puede parar esa fiesta oscura en la que habita. Se va a un minúsculo cuarto que renta, a unas casas de La Ruta, y sigue abyecta en su eterna noche, tomando y drogándose con cocaína, sentada en su viejo sillón al lado de su hijo de dos años mientras él ve Peppa Pig. Así se gasta lo poco que logra ahorrar en varios días y tiene que volver a venir y dejarse tocar por desconocidos en este mismo lugar.

Una de las últimas veces que la vi, Victoria me recibió sonriendo. Llegó con unos folletos que les dieron de parte de una ONG que visita bares y prostíbulos en Tapachula para prevenir enfermedades sexuales en los migrantes. En los folletos hay dibujos de caricaturas cogiendo en diferentes posiciones con consejos sobre cómo protegerse de enfermedades sexuales. Además de los folletos, Victoria trae en las manos unos exámenes de sangre que les hicieron esa misma tarde. “Salí limpia de todo”, me dice, feliz. Fue quizá la única vez que la vi sonreír tan genuinamente, como si fuera una niña. Tomo el examen en mis manos y lo leo. En SIDA dice “No Reactivo”. Y en Sífilis dice “Reactivo”. Ella dice que en uno dice No reactivo y en el otro dice Negativo. Descubro que Victoria no sabe leer.  

—¿Quién te obliga a prostituirte y a dejarte tocar? —le pregunto a Victoria esta primera noche.  

—Tapachula, vos. — me responde. —Este lugar como que te envuelve y te obliga a terminar en esto—, me dice. 

En esta ciudad, la noche es una trampa para muchos migrantes. Por el día, como les contaré en estos diarios, la cosa no mejora. 

Texto y fotografías: Fernando Destephen

Hace unos años, le consulté al maestro de teatro Tito Estrada sobre la historia del barrio El Guanacaste, y me llamó mucho la atención lo que me contó del mercado San Miguel. Según Tito, desde hace tiempo se hace una procesión en honor a San Miguel Arcángel, y me describió una fiesta de barrio hermosa. Recordando esa historia del maestro Estrada, se me vino a la mente una frase de la cantautora Karla Lara, que en una plática en La Ilimitada describió la zona del centro de Tegucigalpa como un gran barrio común. El Chile, Barrio Abajo, El Jazmín, La Ronda, La Plazuela, La Leona, parte de Buenos Aires, del barrio el Guanacaste y la avenida Gutemberg, forman ese gran barrio común conocido como «El Centro».

El mercado San Miguel fue construido en 1904. La persona que donó el terreno para el mercado pidió que se mantuviera en su interior una capilla para el arcángel, lo cual se ha respetado. El edificio fue construido por la Alcaldía; antes solo existían el terreno y los locales, que son 95 en la actualidad. Desde 1978, la alcaldía comenzó a cobrar a los locatarios por el uso de las instalaciones.

Josué Ayala, administrador del mercado, cuenta que en los años cincuenta era una plaza, sin techo; cada dueño de local ponía el suyo, de lámina o de laja. 

Vista del interior y de una de las entradas al mercado San Miguel. El piso de piedra se conserva. Tegucigalpa, septiembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Imagino el mercado San Miguel de esa época como el mercado municipal de Intibucá, un desorden hermoso de artículos de plástico y colores, verduras y comida. Un solar para vendedores. Con el paso del tiempo las diferentes administraciones hicieron cambios, y desde hace unos 30 años ya hay un techo común y baños. En el área de las carnicerías el piso se cambió por cerámica; se han cambiado las tuberías; ahora hay más orden, comunión. Es un mercado hiperlocal que funciona para un barrio que ha crecido mucho, ese gran barrio común, «El Centro».

El mercado San Miguel conserva una fraternidad heredada. Me cuenta Erick Andino, dueño de un local y parte de la asociación de vendedores del mercado, que es tradición de muchas personas ir a hacer las compras y de paso comer en alguno de los comedores, como el de doña Berta, quien vende pescado frito todos los días y el domingo sale con un anafre a freír los pescados en la acera del mercado. 

También está el comedor de Yessica María Sierra, un híbrido gastronómico que ha encontrado un espacio incluso en la cultura popular hondureña, al aparecer en la película de Michael Bendeck El Paletero. Yessica heredó la receta de su madre, y por motivos de derechos de autor no podemos reproducirla. Pero la creatividad va más allá, y cuando hay ferias gastronómicas las enchiladas son de espaguetis a la boloñesa, para aumentar la apuesta. Mientras Yessica me contaba la historia, también preparaba una enchilada para un cliente que la esperaba para almorzar.

Yessica María Sierra termina la preparación de una enchilada de espaguetis agregando queso rallado. Tegucigalpa, septiembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

El mercado es un laberinto en el que uno disfruta mucho perderse, porque se encuentra con una abarrotería, una bolsa de rosquillas colgada, una barbería  en medio del mercado o una carnicería con dos cortes colgando. Esperando clientes en el local, Luis Alonzo Galo, quien hace 52 años vende carne en el mercado, cuenta con orgullo que gracias a su trabajo en la carnicería logró graduar de la universidad a sus cuatro hijos. Sin embargo, lamenta que en la actualidad el flujo de venta ha cambiado mucho; cuestiona la inseguridad, la extorsión y la falta de oportunidades de trabajo para los viejos, dice.

En este laberinto sobresale una estatua de San Miguel Arcángel, de unos 50 años de antigüedad y hecha en Guatemala, acompañada de dos ángeles vestidos de blanco. Sale una vez al año en procesión, el 28 de septiembre, en un Guancasco urbano, a encontrarse con el San Miguel Arcángel del mercado municipal de la avenida Gutemberg. 

Por Iliam Zepeda
Edición: María Eugenia Ramos

—Papi, ayúdeme a buscar, que Guille no ha venido a su casa.

Los ojos chiquititos de mi tía apenas cruzan el umbral de la puerta.

—¿A estas horas? —sacudo la cabeza y doy un brinco. Pienso en los vecinos de la residencial y soy incapaz de imaginarme a uno solo que no esté dormido.

Mi tía se cuela en el cuarto y prende por mí las luces blancas. Con el destello, tardo unos segundos en seguirle el hilo a lo que dice. Da sus pasos como si siguiera tanteando en la oscuridad.

—Lucero está desconsolada, llorando en la cocina. Le preparé un té en lo que su marido busca a la criatura, pero van a necesitar ayuda. Alfonso se fue hace una hora y todavía no han venido.

En la pared, el reloj marca quince para las tres.

Cuando bajo, me topo a la vecina con la cara escondida detrás de sus manos. Sus dedos palidecen un blanco aterrador que a nadie más le he visto. No lleva la sortija de casada.

Cuando nota que la observo, Lucero disimula la cara triste, pero sus gestos inconfundibles delatan que lleva meses llorando.

—Ariel, qué guapo que estás —da un salto torcido y trata de erguir la espalda—. Perdoná la hora, es que Alfonso y yo no sabíamos a quién más decirle.

Ha perdido peso desde la última vez que nos vimos. Doy un paso al frente y la rodeo con un abrazo. Sosteniéndola, la noto frágil, como si ejerciendo fuerza desmedida se disolviera en el viento.

—Mi marido se fue a buscar por los bloques cerca de la salida. Los guardias dijeron que no lo han visto, pero quedaron en revisar las cámaras.

Asiento deslizando mis manos sobre sus hombros.

— ¿Cómo anda vestido Guille, a qué hora se percataron de que ya no estaba?

 ***

Lucero, parada en la puerta, mientras sostiene más té para los nervios entre sus manos, va haciéndose chiquita dentro del retrovisor. Con sus párpados, todavía parece suplicar toda clase de ayuda y por un momento, estoy casi seguro de estar presenciando cómo se despega del suelo y comienza a flotar. Pero se resiste a afrontar que ella también está perdida.

Conduzco lento, en parte para entibiar el motor, y en parte para no espantar a los vecinos. Alfonso no parece dar señales de vida. Sigo derecho por la avenida principal y vislumbro la caseta de seguridad y a los dos desafortunados guardias en turno.

—Buenas noches, caballeros. ¿Aún nada de la criatura?

—Buenas noches, joven. Seguimos buscando —contestan al unísono, con la mirada fija en el monitor.

Todavía utilizan grabadoras de cinta tan anticuadas que ni siquiera ellos entienden.

—¿Cuánto hace que entraron ustedes?

—¿Al turno?

—¿Será faltando 15 para las 9? —pregunta uno.

—Sí —responde inmediatamente otro.

—¿Y antes de eso, a los que relevaron no se les habrá pasado nada?

Niegan con la cabeza, sin desviar la mirada de lo suyo.

—Si no, joven, nos lo habrían reportado.

En el escritorio de la cabina descansa una libreta con anotaciones de las instrucciones del sistema de vigilancia, y al lado, dos tazas llenas de café frío, sus respectivas porras y una lista del control de acceso.

 —Pero dice la mamá  que el niño toda la tarde se la pasó en el parquecito de acá, y no se puede salir por otro lado que no sea aquí. Sus compañeros o ustedes lo tendrían que haber visto —señalo, como si pronunciara una certidumbre.

Por unos segundos, acordamos respetar el silencio. Mantenernos confundidos.

—En estos casos, lo que prosigue es llamar a la policía —conviene por fin el segundo guardia—, pero el señor Alfonso no nos ha autorizado.

—¿Y no lo han visto?

—Pasó por acá hace unos minutos, pero dijo que se iba a regresar a inspeccionar a la parte de adentro de los muros.

—¿Y quién revisa por fuera?

Ambos guardias se encogen de hombros. Uno de ellos tiene ya los labios pálidos. Al otro le cuesta respirar y seguro piensa en el café que se les enfría. Les sostengo el ceño fruncido, veo la hora y mientras suelto un suspiro, acaricio mi sien con los dedos dibujándome círculos.

***

A las tres y veinticinco, una hilera de nubes destila amenaza de lluvia y todo en derredor es sumamente oscuro, denso y desolado. A varios kilómetros, tirita el rumor de una ciudad que nunca descansa. Conducir desde acá asemeja a una renuncia al ritmo frenético de la capital para quienes tienen el dinero para pagar por oscuridad, silencio y circuitos privados. La residencial de mi tía está ubicada al final de un largo bulevar de muros perimetrales, adoquines y arbolitos enanos de liquidámbar para destacar a quien visita que, al menos en Tegucigalpa, esta es una zona exclusiva.

Doy tres vueltas al bulevar, sin excentricidades ni mayores reparos, como si en este pedazo de mundo el tiempo se detuviera. Muevo la cabeza de un lado a otro, manteniendo la velocidad reducida, pero sigo sin señales del niño.

Recuerdo cargar en mis brazos a Guille cuando estaba recién nacido. Para esa época, yo cursaba mis primeros años de universidad, incapaz de costearme un alquiler propio. Siendo estudiante de medicina, o sea declarado económicamente dependiente por el tiempo que durara el semestre, acepté la oferta de mi tía. Viuda de varios años, insistió en que lo mejor era quedarme con ella, tanto para ahorrar como para hacerle compañía, lo cual terminó por parecerme razonable; en una casa tan grande, incluso yo me sentiría diminuto.

Así, me instalé en uno de los cuartos que destinó para sus hijos, pero que nunca se usaron porque los hijos no llegaron, y luego enviudó y dio la tarea por perdida. Tenía vista con el balcón de frente en la casa de Lucero, y ciertas noches, cuando salía a fumar o repasar para un examen, la veía y me veía: una mujer hermosa que siempre tenía para ofrecer una sonrisa, luciendo además espléndida, toda clase de vestidos que insinuaban que ella era una mujer reservada para grandes amores.

Al principio, mi interacción con Lucero se reducía a un par de sonrisas, pero a medida que la frecuencia aumentó, se dieron pequeños gestos, saludos cordiales y gesticulaciones, sobre todo sacudiendo la mano, presumiendo el corte del vestido. Fue en la primera navidad en casa de mi tía que Lucero se armó de valor y se plantó en la puerta con algo que había horneado.

—Estudiás hasta tarde.

— Algunas materias no son lo mío —respondí cabizbajo.

—¿Y qué leés? —preguntó Lucero, envuelta en una grandísima sonrisa, mientras sostenía la tarta en sus manos, y supongo yo, esperaba que la invitara a pasar adentro—. Yo, cuando no puedo dormir, hojeo una antología de poesía libanesa que me encontré en las baratijas de los viajes de mi prometido.

—¿Poesía? —repuse, al instante, reconociendo una guerra que desde el inicio llevaba perdida.

Semanas más tarde nos intercambiábamos lo que estábamos leyendo: yo le recomendaba a Dicker, ella hablaba por horas sobre Gabriela Mistral y casi siempre terminábamos discutiendo sobre los mismos libros. Ella se definía teóricamente existencialista, aunque no acababa de asimilar la necesidad humana de dotar todo de sentido.

—¿Un ser en sí y para sí? —cuestionaba, mientras arrugaba bellamente la nariz—. Me suena a conformarnos con hacer lo que queremos, solo porque sí.

—Sí. Y de todas formas, la mayoría terminamos rigiendo nuestras vidas por esos mismos valores, ¿verdad?

Nuestras pláticas duraban horas, con egos casi a la medida. Al despedirnos, en nosotros siempre quedaba la sensación de que dejábamos algo en el aire. Así, tuve noches soñando que ella, metida en la cama con otro hombre, arrullando a un niño que no es mío, pensaba en mí, de la misma forma que yo pensaba en ella.

Una tarde, noté que, sin querer, ya había sucumbido ante Lucero: por la forma en que reía, cómo comprimía sus labios cuando intentaba sostener una mentira, cómo declamaba y sentía tan profundamente el poema, o sobre todo, cómo parecía que su piel estaba revestida de versos. Pero cuando por fin me besó, en realidad el mundo se me vino encima. Nos metimos a la cama muy rápido, sin renunciar a la delicadez de descubrirnos en el cuerpo del otro, ralentizando a su vez el tiempo. Sentirla era como torcer la voz, doblarla como un bocado, meterla bajo la piel y tantear con los labios dónde se encontraba. Ser en sí y para sí en el proceso de redescubrirnos a sí mismos.

De todas formas, nuestra aventura duró muy poco. Yo le propuse un par de veces huir juntos. 

—¿Para qué? —respondía ella—. Acá tengo mi vida. 

Desde niña, soñó con una vida apacible, una casa con jardín y un hombre que la quisiera. Y Alfonso, hasta donde sé, la quería.

Al comenzar el internado, iba y venía muy poco a casa de mi tía. Y cuando me asignaron el servicio social, con el corazón bastante roto, solicité irme a una comunidad rural donde seguramente me olvidaría de Lucero. Así, por dos largos años no supe mucho más que lo que venía de parte de mi tía: Lucero no había vuelto a cocinar tartas, y en cambio, perseguía por la calle a Guille, que ya daba sus primeros pasos.

***

Faltando un cuarto para las cuatro, el cielo ha comenzado a escampar. He decidido estacionar a la orilla del camino y con linterna en mano, busco entre la penumbra. El sereno de la madrugada, traslúcido entre neblina y rocío, cubre metros cuadrados de zacatales y terrenos en venta que, por su precio excesivo, nadie ha comprado. El silencio o la penumbra se parecen tanto al pasado, y a altas horas de la noche uno tiende a confundir lo que debió hacer con lo correcto, y los caminos que tomamos ya no parecen tan claros.

Son las sirenas de una patrulla de policía las que interrumpen. La unidad emerge en el bulevar envuelta entre ruido y revuelo de luces azules y rojas. Desde la absoluta desolación, reconocen un carro orillado: el mío. Uno de los oficiales da una señal, el subordinado acata la orden y se estacionan enfrente. Con un gesto, intento ofrecerles un saludo y me aproximo.

—Buenas noches, oficiales.

El subordinado al volante baja lentamente la ventanilla.

—Buenas noches, joven. ¿Familiar o amigo?

—Amigo. Llevo poco menos de una hora revisando el perímetro —me encojo de hombros y asomo la linterna, enrollada a mi muñeca por una correa amarilla.

El oficial aparta la vista afuera del camino para un corto sondeo alrededor.

—Pero si acá está vacío.

—Un poco, sí.

—¿No se les ocurre dónde pudo haberse metido?

—Los padres dicen que jugaba en el parque de por acá.

—¿Parque? —inquiere el subordinado.

—Sí. Adentro de los muros.

Los policías, con cara de alivio, intercambian miradas.

—Esa es una buena noticia —dice el oficial, en tono de confidencial camaradería—. ¿No ha visto las noticias? Una banda de robachicos se está llevando demasiados niños. Hace unos días secuestraron una menor de la Mayangle y desafortunadamente murió abatida a tiros.

—¿Abatida? —el solo repetirlo me llena de escalofríos.

—Los criminales habrían abierto fuego contra una de nuestras unidades. Usted sabe, no podíamos permitir una falta más a la autoridad. Lo que pasa es que en este país no respetan el uniforme.

Siento náuseas, y por primera vez tengo miedo de que Guille esté en peligro. Hasta ahora la hipótesis es que el niño no quería volver a casa, no que una banda se lo robó para quién sabe qué, llevándoselo a quién sabe dónde.

Escoltado por los policías, regresamos a la residencial, a la búsqueda de novedades o una mínima noticia que cure el sabor de boca que me quedó de hablar con los oficiales: mera crueldad. De eso, Lucero no merece ni lo más mínimo. Ni las libras que ha perdido. Ni las ojeras. Ni que le apaguen la luz a un niño tan nítido.

Al ingresar, las caras de los guardias oscilan entre preocupación y alivio. Ya entendieron cómo manipular el video, y revisando las grabaciones logran dar con el niño: la cámara que cubre el parque en un encuadre general captura la silueta de Guille, poco después de las cinco de la tarde, dando vueltas en círculos alrededor de los columpios.

—Se la pasó así hasta que se metió el sol —indica con el dedo uno de los guardias; luego adelanta la grabación y puede verse a Guille, bajo la luz del faro de luz, con las manos en el bolsillo y los hombros caídos.

Seguido de eso, la secuencia lo capta recorriendo el camino de regreso a casa.

Todos, apachurrados dentro de la cabina, nos asomamos al monitor para ver lo que sigue. Guille, con las manos en los bolsillos, da patadas a las piedrecillas en el camino. Su cara denota la súplica porque su ruta se haga más larga. Se detiene tres casas antes de la suya, aparentemente a mimar a la mascota del vecino. De cuclillas, mete la mano entre la reja y acaricia al cachorro. A sus espaldas, un carro se le aproxima.

—Es don Alfonso —aclara un guardia.

Se le ve acercarse a Guille y bajar la ventanilla. No sabemos qué puede estar diciéndole. De todas formas, el niño se incorpora en la banqueta, se limpia la cara y se devuelve a su casa. Alfonso conduce camino a la salida. Finalmente, Guille atraviesa la puerta de su casa y desaparece.

—¿Eso es todo? —pregunta el policía.

—No, hay más—aclara el guardia, apresurando el resto de la grabación.

Cuando la hora en la cinta marca las nueve de la noche, Guille entra en el recuadro de la cámara de vigilancia nuevamente.

—Ahí —señala con el dedo uno de los guardias.

Se abre el umbral y la luz ilumina el balcón de la casa. Unas piernas de niño se aproximan a la baranda. Guille, que por el ángulo de la cámara solo es captado del torso hacia abajo, parece inclinarse, e imagino que suspira.

—¿Qué hace ahí? —interrumpe el policía, levantándose la gorra que reza «servir y proteger» y poniéndose las manos atrás de la nuca.

—Mire bien —indica el mismo guardia.

Acto seguido, todos presenciamos la silueta de Guille despegando lentamente sus pies del suelo, como si colgara de algo.

—¿Y luego? —pregunto.

—Nada más, ninguna cámara vuelve a captarlo.

—Parece que alguien lo suspende —dice el oficial.

—Así es.

Alguien lo suspende… no ha salido.

***

Golpeo la puerta y desde el otro lado, Lucero emite ruido.

—Soy yo —anuncio.

Ahora la puerta se abre. Con la cara descompuesta, intenta arreglar en sus mejillas el maquillaje corrido. A mis espaldas, aguardan los policías y el guardia que reprodujo la grabación.

—¿Volvió Alfonso? —pregunto.

Lucero duda si dejarnos pasar.

—Dijo que ya iba a regresar.

Me pregunto qué tanto muro habrá por revisar.

Me dirijo a las escaleras y recorro el pasillo de acceso al cuarto de Guille. Por la ventana se filtra el destello de las sirenas de la patrulla.

¿Guille, dónde estás? 

No se escondió debajo de la cama. No se metió en el armario. No se hundió entre la ropa sucia. No trancó el baño y no se encerró adentro todo calladito sin hacer ruido. No se escabulló en el cuarto de sus padres. No desperdigó la ropa de Alfonso en el suelo. No forzó la maleta con todo lo que podía meterle. No la arrastró escaleras abajo y no la abandonó en la cocina.

Lucero espera que le asegure que todo estará bien, mientras camina detrás de nosotros, preguntándose en voz baja si lo que ella ya hizo, nosotros lo haremos bien. No se saca de la cabeza la desesperación de verse como una de esas madres que no vuelven a ver nunca más a sus hijos.

 

Se interpone en nuestro paso, llevando y trayendo lo disperso de allá para acá. Implorando disculpas por el desorden. Devolviendo los marcos de las fotografías a su lugar. Sus brazos, sus mejillas, toda su cara han absorbido el desvelo y la amargura de golpe. También lleva en su dedo otra vez el anillo de casada.

—Lu, Guille no salió otra vez. Lo vimos nosotros mismos.

Ella reacciona como con un secreto que no debe oírse.

—En la grabación lo vemos regresarse acá, y una vez atraviesa esa puerta, entra y no sale nuevamente. 

Me detengo, tanteando el camino. La casa entera está invadida de esporas, cortando el aire e instaurando el régimen de desesperación de cuando todo va mal y no se encuentra salida. 

—La grabación captó a Guille en el balcón de esta casa, asomándose a la baranda. Y aunque la toma solo nos permite verle la mitad, pasados minutos, quedó grabado que sus pies se despegan del suelo y es suspendido.

Ahora, como una madre, piensa lo peor. Imagina a Guille metido en un camión de contrabando. Atado de manos y pies. Lleva semanas sin probar bocado. No se entera de que su mamá ha llenado la ciudad de carteles con su cara y la leyenda de desaparecido.

Entonces en ese preciso instante, mientras ella se imagina lo peor, el guardia, el oficial y yo presenciamos la suela de los zapatos de Lucero despegándose del suelo.

Como una madre, no quiere contestar qué le va a pasar a Guille si se tarda. Quién se lo llevó. Para qué lo van a usar. Lo peor de desaparecer es también la posibilidad de que un cuerpo quepa en un costal, en un basurero, en una bolsa de restos disecados, en una urna con cenizas, en el olvido de quienes es imposible olvidar porque ya no están.

¿Lucero levita? 

Le ha pasado a cientos de madres ¿no?, pero ella nunca imaginó ser una de esas. Su cabeza es un remolino que le arrebata el aire, la retiene del cuello y le corta el oxígeno.

Lucero levita.

Todos vemos lo mismo. Su cuerpo se alza entre el techo y el suelo del cuarto. No hay nada que la sostenga.

¿Es una maldición?

Su alma cruje. Se fractura con cada segundo que pasa. 

A Lucero. Mi Lucero.

Suspendida en el aire, envuelta en un manto de llanto, ahogada en su desesperación. Comienzo a creer que el dolor la va a matar.

El oficial grita que tenemos que hacer algo para bajarla, y reconozco que soy incapaz de mover un músculo. Mi corazón palpita como si una abertura se aproximara y arrancara frenéticamente mis latidos. La garganta reseca me vuelve imposible tragar, componer el aliento, mantenerme en mí mismo. Toman a Lucero del tobillo e intentan bajarla. Y yo solo la miro, completamente rota, hecha pedazos.

¿Estoy flotando?

Reconozco, por la levedad, que mis pies han intentado despegar del suelo. Sin oxígeno, me duele la cabeza y mantener el equilibrio exige un sobreesfuerzo.

Lucero levita en el cuarto, descompuesta, como si su corazón se hubiera roto demasiado.

A mí me duele verla sufrir. Y en mi cabeza imagino a Lucero que recibe de rodillas a Guille, mientras le repite que todo está bien, pero se convierte al instante en una caja llena de cenizas que calla todo lo que fueron capaces de hacerle. Me despego verdaderamente del suelo ―estoy flotando― como si mi cuerpo entero se llenara de algodón, trastocara la gravedad y mis oídos estuvieran a punto de estallar, igual a irse reventando desde adentro.

Por unos segundos me convenzo de que me iré hacia arriba y nadie me podrá bajar. Recuerdo todas las veces que me prometí no perderme a mí mismo y asegurarme que la tristeza no me iba a derrotar. En cambio, por unos segundos levito, sufro un dolor inexplicable y desearía renunciar a presenciar al amor de mi vida hecha pedazos, flotando rota, sin su centro de gravedad; hasta que comprendo dónde está Guille y cómo lo puedo encontrar.

Caigo al suelo como una gota. Un escalofrío recorre mi cuerpo. Empeño la desesperación para moverme. Echo un músculo encima del otro.

Mientras intentan atar una de las extremidades de Lucero para evitar que siga flotando y traerla de vuelta, salgo a la calle. Alzo la cabeza y trato de enfocar mi atención entre las nubes y la degradación de sombras que anuncia la inminente salida del sol. Me estiro hacia el balcón, a unos diez metros sobre el techo, donde Guille, encogido como un nudo, con las piernas apretadas contra su pecho, flota a la deriva, incapaz de dejar de llorar por su familia rota, igual que su mamá: sin ningún cable a tierra.

En condiciones antipedagógicas reciben clases 108 niños y niñas de la Residencial Las Minas, en El Progreso, Yoro. Ante el abandono estatal, la comunidad construyó una galera con palos de madera y zinc. Por gestión de líderes comunitarios, la organización no gubernamental Foundation for Education in Honduras (FEIH) les ha prometido construir cuatro aulas, pero el proyecto aún no arranca por la falta de atención de las autoridades estatales. 

Texto y fotografías: Allan Bu

El sol brilla imponente en la Residencial Las Minas, un asentamiento en El Progreso, Yoro, al norte de Honduras. El viento sacude los pedazos de plástico convertidos en las paredes de una casucha, construida con rollizos trozos de madera y viejas láminas de zinc. En ese lugar, sin ningún requerimiento mínimo para ser una aula, reciben clases unos 108 niños y niñas.

La escuela, donde tres maestras hacen hasta lo imposible para enseñar, se ubica a unos 15 minutos del casco urbano de El Progreso. Ahí, entre plástico y madera, hay pizarras llenas de letras con indicaciones y lecciones para los bulliciosos alumnos. Antes las clases se impartían en una casa deshabitada, pero tuvieron que dejarla cuando aumentó la matrícula. Los niños y niñas no podían soportar el calor. 

Entonces, madres y padres de familia decidieron construir la modesta escuela. Uno de los vecinos consiguió el camión con el que un grupo de personas voluntarias fueron a una montaña cercana a El Progreso para conseguir los postes de madera. Otras personas donaron láminas de zinc que ya no ocupaban, y consiguieron pedazos de plástico. «Fue bonito ver a los padres, la mayoría mujeres, buscando madera para construir esa galera para la escuela», nos dijo Suyapa Valenzuela, que es la presidenta del patronato de la comunidad. 

Dar clases entre tantas carencias es un reto adicional a uno más grande, que es enseñar.  «Doy las gracias a Dios por un nuevo día y luego suspiro porque sabemos que el lugar a donde vamos no es tan agradable ni para los niños ni para mí», dijo Moaly Banegas, directora de la escuela. Para ella es primordial que las tres docentes que trabajan allí vayan con buen ánimo y con toda la actitud, «para que ellos [los y las niñas] no se sientan mal». 

«El ánimo depende de cómo nosotros los docentes nos presentemos ante ellos y ellas; si estamos amargados, pues ellos tomarían esa energía. Así se olvidan de dónde están y conservan su alegría», manifestó la profesora. 

Durante las clases, los mosquitos y zancudos hacen más dura la estancia en la improvisada edificación. Además, hay que acomodarse en un lugar donde no lleguen los rayos del sol, que a veces pasan por las viejas láminas que las familias regalaron. 

Los niños y niñas de la Residencial Las Minas reciben clases en una galera construida por sus familias. El Progreso, Yoro, 9 de septiembre de 2024. Foto CC/ Allan Bu.

El año pasado, cada niño debía llevar una silla para sentarse, y algunos padres y madres consiguieron mesitas para sus hijos; sin embargo, la mayoría tenía que sentarse en el suelo. Por ello hicieron solicitudes de pupitres, y una fue atendida por la municipalidad de El Progreso; ahora ya tienen mobiliario escolar. 

Que en esta comunidad no haya escuela es extraño, porque este proyecto habitacional fue construido con fondos estatales en el segundo período de Juan Orlando Hernández. Se construyeron 200 casas destinadas a pobladores del bordo del Río Blanco en San Pedro Sula, quienes fueron reubicados para construir un puente en el bulevar entre la «Ciudad de los Zorzales» y Puerto Cortés. 

Hace cuatro años entregaron las viviendas, pero ni el gobierno anterior ni el actual han garantizado el derecho a la educación de estos niños y niñas. El proyecto no fue finalizado por la administración pasada, y Suyapa asegura que preguntó a autoridades de la Secretaría de Educación del nuevo gobierno por la construcción de un edificio para la escuela, y le respondieron que «no había presupuesto». 

El monto asignado a la Secretaría de Educación es el mayor en el Presupuesto General de la República, pues según los documentos oficiales sobrepasa los 40 mil millones de lempiras. De acuerdo con los datos publicados por la Secretaría de Educación, al final de 2024 este Gobierno habrá reparado 5,584 centros escolares. Sin embargo, aún quedarían unos 9,000 establecimientos educativos que necesitan reparaciones o remodelaciones, pues en el inicio de esta administración la Secretaría de Educación aseguró que en ese entonces más de 14,000 escuelas necesitaban reparaciones. 

#image_titleLa comunidad no ha encontrado respuestas en las autoridades y ha tenido que buscar la ayuda de organizaciones sin fines de lucro. El Progreso, Yoro, 9 de septiembre de 2024. Foto CC/ Allan Bu.

La burocracia estatal

El abandono no es lo único de lo que pueden quejarse los habitantes de Residencial Las Minas. Gracias a la gestión comunitaria se ha logrado conseguir los fondos para construir un edificio de cuatro aulas en un predio destinado para la escuela; sin embargo, la solicitud chocó de frente con la burocracia estatal.

Desde hace unos cuatro meses, The Foundation for Education in Honduras (FEIH por sus siglas en inglés) tiene fondos preparados para la construcción de la escuela, pero esta organización necesita un documento que acredite la propiedad del terreno ante la Secretaría de Educación. A pesar de que el asentamiento es un proyecto gubernamental, después de cuatro años, los habitantes de la colonia no han recibido los documentos que los acreditan como propietarios. 

La FEIH es una organización fundada en el 2008 por ciudadanos estadounidenses que, después de vacacionar en Honduras, comenzaron a ayudar a familias de escasos recursos con comida, medicinas, juguetes y otros pequeños donativos. Ahora la organización ha construido 23 escuelas en distintos puntos del país. En estos proyectos, la comunidad debe aportar del 25 al 30 % en mano de obra. 

En Las Minas todo esto ya está contemplado, y para empezar a construir la escuela solo falta un documento que una institución del Estado (Secretaría de Finanzas) debe emitir a otra institución estatal (Secretaría de Educación). «No nos han dado el documento de tenencia del terreno. Es la traba que hemos tenido, porque ya todo está listo», sostuvo Suyapa, quien dice que en la «agilización» para obtener el documento están involucradas la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda) y la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección Nacional de Bienes del Estado. 

Pese al discurso de austeridad, el Gobierno sigue gastando presupuesto en una agenda menos prioritaria que la educación de las próximas generaciones. El Progreso, Yoro, 9 de septiembre de 2024. Foto CC/ Allan Bu.

«Hace más de dos meses estamos solicitando el documento porque ya tenemos el apoyo de la Secretaría de Educación. Al principio no lo teníamos, ellos me habían dicho que es una escuela Proheco», sostuvo Suyapa. El Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) nació en el año 1999 y ha sido utilizado por los Gobiernos como una estrategia para paliar las necesidades en comunidades y poblaciones postergadas. El objetivo es brindar cobertura donde no la tiene el «sistema regular», dice la descripción del programa en su sitio web, y requiere una participación comunitaria. Estos centros no tienen la misma atención que los denominados oficiales, e incluso el personal docente recibe salarios inferiores a los que tienen plaza en la Secretaría de Educación. Para que una escuela pase a ser oficial debe alcanzar una matrícula arriba de 150 niñas y niños, que en Las Minas todavía no tienen. Los pobladores sostienen que hasta ahora el apoyo que han tenido es de la FEIH y la alcaldía municipal de El Progreso, Yoro. 

Representantes del patronato fueron a las oficinas de catastro en la municipalidad progreseña y confirmaron que el terreno se encuentra a nombre de Finanzas. «Es un plumazo y hacen ese documento, pero no hay voluntad», dijo una madre de familia. 

Al preguntarle a Suyapa si la negligencia de un gobierno que incluso tiene como eslogan «educar para refundar» tiene que ver con celo político, ya que este proyecto habitacional fue construido por una administración nacionalista, respondió: «Es una buena pregunta y se la voy a responder. A mí no me dio casa el Gobierno, me la dio el Estado como ciudadana y hondureña con necesidad», dijo. 

El proyecto habitacional prácticamente ha quedado a la deriva. Algunos de los que recibieron casa no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones de vida en la que tenían que pagar por los servicios e impuestos, pero la mayoría se quedó. Ahora tienen empleos y hasta han construido, dentro de sus posibilidades, una escuela. 

Los fondos de China

En marzo de 2024, los gobiernos de Honduras y China firmaron un convenio de cooperación económica y técnica de fondos no reembolsables por 6,800,000,000 lempiras, con el objetivo de intervenir la infraestructura y equipamiento de los centros educativos del país con necesidades, como el de Residencial Las Minas en El Progreso. 

En respuesta a una solicitud de información pública, el Gobierno informó a este medio que se han destinado 2,000 millones de lempiras a la reparación de infraestructura escolar para el año 2024. Explicaron que estos fondos son del Presupuesto General de la República y no corresponden a los mencionados en el acuerdo con China, que serán administrados a través de China International Development Cooperation Agency (Cidca) y son independientes de los que están disponibles para las municipalidades.

Cuando se firmó el convenio, el canciller de Honduras, Enrique Reina, indicó que una de las prioridades más importantes de la presidenta Castro «es la educación» y la inversión en la niñez, por lo que aseguró que el convenio suscrito ese día fortalecería el sistema educativo nacional. Reina detalló que Honduras recibirá, para poner en ejecución la primera fase del proyecto en educación, un primer desembolso de al menos 2,400 millones de lempiras.

«Históricamente, en un año (de elecciones) se está invirtiendo en la gente, se está invirtiendo en las niñas y niños, y en la educación; aquí la inversión más grande es la infraestructura social de Honduras, en este caso, la importancia que le da la presidenta Castro a las niñas, niños y jóvenes de Honduras de reactivar la educación y refundar Honduras», destacó el canciller.

En el Centro de Educación Básica de la colonia Gran Villa en Villanueva, Cortés, aparece radiante el eslogan «educar para refundar»; pero justamente en esa comunidad el filántropo japonés Shin Fugiyama se ha comprometido a construir dos aulas, ya que las que tiene el centro educativo son insuficientes, y algunos alumnos reciben clase debajo de un árbol. El Progreso, Yoro, 9 de septiembre de 2024. Foto CC/Allan Bu.

En contraste con lo expresado ese día por el canciller, el Gobierno de Xiomara Castro ha invertido casi 200 millones de lempiras para remodelar el Estadio Nacional de Honduras y 45 millones para cambiar la cancha del Morazán en San Pedro Sula; además, preparan un proyecto para los recintos de La Ceiba y Juticalpa, pero en tres años no han encontrado fondos para invertir 1.7 millones de lempiras para mejorar las condiciones de los niños en Las Minas. «La educación debería ser una prioridad», reclamó Suyapa.

«Mire, sobran las palabras», dice Suyapa, señalando las láminas sostenidas por madera que sirven de escuela a más de cien niños. La construcción de una escuela para Las Minas podría comenzar pronto, pero no será una obra del Estado.

La cuenta de X @Anticorrupciono, asociada en su creación al presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, está siendo utilizada para deslegitimar a críticos del gobierno actual y de la gestión de la junta directiva del CN. Expertos consultados por Contracorriente determinaron que esta cuenta fue creada para el político de oposición Salvador Nasralla, quien denuncia que Redondo manejaba esa cuenta, y tras su ruptura con el Partido Anticorrupción se apropió de ella y la ha utilizado para atacarlo a él y a su familia. Redondo confirma que él creó la cuenta pero asegura que no está ligado a la misma actualmente. 

Texto: Contracorriente

La cuenta de X @Anticorrupciono, conocida por sus ataques, respuestas virulentas y señalamientos a políticos de oposición, representantes de organizaciones de la sociedad civil (ONG), periodistas y medios de comunicación, ha estado vinculada al presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, según expertos en informática consultados por Contracorriente, que identificaron indicios de conexión entre Redondo y la cuenta. 

Esta cuenta, que fue creada en noviembre de 2010 y posee más de 346,900 seguidores, también se dedica a compartir publicaciones de otras cuentas que respaldan las acciones de funcionarios del actual gobierno, y, en particular, de la secretaria de Defensa y precandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

Expertos en informática consultados por este medio identificaron indicadores que sugieren una posible conexión entre Luis Redondo y la cuenta @Anticorrupciono. Estos indicios se basan en el contenido compartido por la cuenta, así como en un análisis de los datos relacionados con los propietarios de otras cuentas y sitios web que estuvieron vinculados con el origen de la cuenta.

Las indagaciones establecieron que Redondo mantuvo vínculos con la cuenta cuando esta se abrió bajo el nombre de usuario @SalvadorNasrala y pertenecía, según confirmó este medio, al actual precandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla. Tanto en su etapa como «Salvador Nasrala» como cuando cambió al nombre de «Partido Anticorrupción», su biografía incluía enlaces a diferentes sitios web: salvadornasralla.com, y partidoanticorrupcion.com.

Una versión archivada de partidoanticorrupcion.com, accesible a través de Wayback Machine, redirige a salvadornasralla.com, lo que sugiere la existencia de un redireccionamiento automático. Esto implica que al buscar el sitio web de Nasralla, los usuarios eran dirigidos automáticamente al sitio del Partido Anticorrupción (PAC).

Un análisis del código fuente de la página archivada reveló que el ID de la cuenta @SalvadorNasrala era 221518411, coincidiendo exactamente con el ID de @Anticorrupciono. Aunque X (antes Twitter) permite a los usuarios cambiar su nombre de usuario y su arroba, el ID es único y permanente, lo que significa que no puede ser alterado. Esta coincidencia confirma que ambas cuentas son la misma, lo que indica que @Anticorrupciono es la evolución de la cuenta anteriormente conocida como Salvador Nasralla.

Un recorte fotográfíco del análisis del código fuente de la página archivada muestra que la cuenta @SalvadorNasrala tiene el mismo ID de usuario que @Anticorrupciono (221518411). Foto: CC

Además, la versión archivada del antiguo sitio web de Salvador Nasralla y del Partido Anticorrupción, que estaba enlazado a @SalvadorNasrala, indica que fue desarrollado por Luis Redondo.

En la parte inferior de lo que fue la página partidoanticorrupcion.com, archivada en Wayback Machine, el sitio web indicaba que fue desarrollado por Luis Redondo. Foto: CC

En una entrevista con Contracorriente, el precandidato presidencial por el Partido Liberal y fundador del PAC, Salvador Nasralla, confirmó que lo que ahora es @Anticorrupciono alguna vez fue su cuenta personal en Twitter (ahora X). 

«Luis creó mis cuentas personales de Facebook y Twitter, y hasta 2015 esa última alcanzó más de 300,000 seguidores. Cuando se produjo el distanciamiento, él tenía la contraseña de mis cuentas. Creo que yo había cambiado la de Facebook, pero la de Twitter la manejaba él. Por eso, cuando ocurrió este rompimiento —en el que lo demandé porque no quería entregar la contabilidad del Partido Anticorrupción, que él mantenía con su esposa en San Pedro Sula—, no me querían entregar los datos. Tuve que demandarlo. Cuando lo demandé, él decidió apropiarse de la cuenta, le cambió la contraseña y empezó a usarla. Primero creo que la renombró a “Somos Anticorrupción”, y después le dio otros nombres», indicó Nasralla.

Salvador Nasralla asegura que en 2015 Luis Redondo se apropió de la contraseña de su cuenta de Twitter (ahora X) y que ahora es utilizada para atacarlo a él y su familia. Nasralla en una entrevista con Contracorriente desde la sede de su movimiento político. Distrito Central, 8 de octubre de 2024. Foto: Fernando Destephen/CC

El conflicto se remonta a 2015, cuando Salvador Nasralla admitió haber atravesado un «pleito administrativo» con Luis Redondo y denunció en ese momento que Redondo le quitó el acceso a su cuenta en Twitter (ahora X), lo que le obligó a crear un nuevo perfil. Su  cuenta actual en esa red social, @SalvaPresidente, fue creada en septiembre de 2015.

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Nueve años después, Nasralla sostiene que la cuenta, actualmente @Anticorrupciono, sigue en manos de Redondo, y asegura que atacar a personas a través de redes sociales puede ser constitutivo de delito. «Luis la usa para atacarme a mí y a mi familia», declaró.

«Me parece que es falta de decencia, una forma de corrupción, porque se trata de desinformar a la gente a través de las redes sociales. La mayoría de las cosas que él ha dicho ahí, especialmente sobre mi familia, son ataques muy sucios. Él sabe que somos personas limpias. El delito radica en que, al menos en mi caso y el de mi esposa, está atacando a personas inocentes a través de redes sociales», agregó Nasralla en su entrevista con este medio. 

Contracorriente consultó a Luis Redondo sobre su relación con @Anticorrupciono, y los ataques que desde ella se han emprendido contra figuras de oposición política y sociedad civil, y admitió que fue creada por él años atrás, pero que luego las «delegó» a otras personas.

«Se tenían personas asignadas a las cuentas. Esas personas se quedaron con las cuentas; casi todo lo que él (Salvador Nasralla) dice es falso, es una mala persona. Nunca fueron de él. Yo creé esas cuentas hace años y luego las delegué a otras personas. No hay un equipo, son personas a las que él decepcionó, traicionó y engañó», respondió el presidente del CN a través de un mensaje de texto.

Sin embargo, Redondo no precisó si las personas que según él tienen asignadas esas cuentas, continúan teniendo alguna vinculación o afinidad con él, y se limitó a responder: «eran cuatro personas que tenían cercanía con Salvador porque llegaron por el PAC, pero se fueron decepcionadas de él». En un par de posts refiriéndose a publicaciones de este medio, la cuenta anticorrupción se identifica como una persona que vive en el extranjero y que antes fue militante del Partido Nacional. En un comentario el 28 de septiembre de 2024, se identificó como «exmagistrada».

Aunque la cuenta que actualmente se denomina @Anticorrupciono fue creada por él en 2010, el presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, se desliga de su contenido actual. Foto: Archivo /CC

La relación entre Salvador Nasralla y Luis Redondo ha estado marcada por altibajos. Desde sus inicios en el Partido Anticorrupción, donde ambos compartieron objetivos políticos en común, su amistad se vio afectada por conflictos internos. En 2015, Nasralla demandó a Redondo por no entregar las cuentas financieras del partido. Posteriormente, con la llegada de las elecciones generales de 2017, y tras la pérdida del PAC por parte de Nasralla, Redondo encontró refugio en el Partido Innovación y Unidad (PINU), donde continuó como diputado. 

Sin embargo, el conflicto resurgió cuando Redondo asumió la presidencia del Congreso Nacional en 2022, después de que Nasralla formara el Partido Salvador de Honduras (PSH) y se aliara con el Partido Libre en las elecciones generales de 2021, que dieron como ganadora a Xiomara Castro por encima del candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura. 

En ese contexto, Salvador Nasralla aceptó que Luis Redondo ocupara la presidencia del Congreso Nacional, situación que generó un conflicto con Jorge Cálix, del Partido Libre. 

La tensión se intensificó cuando Redondo retiró a varios miembros del PSH de sus cargos en mayo de 2023, evidenciando una ruptura definitiva con Nasralla. De igual forma, en enero de 2024, la votación para la nueva junta directiva del Congreso excluyó a las diputadas y antiguas vicepresidentas del PSH, Fátima Mena e Iroshka Elvir, esta última esposa de Nasralla. Finalmente, en julio de 2024, Nasralla dejó el PSH para unirse al Partido Liberal. 

¿A quiénes ataca la cuenta «ANTICORRUPCIÓN»? 

Puntualmente, Contracorriente y su directora editorial, Jennifer Ávila, también han sido blanco de ataques por parte de esta cuenta. El 15 de septiembre de 2024, @Anticorrupciono respondió a una publicación de Ávila en la que condenó el asesinato del dirigente ambientalista y regidor municipal de Tocoa, Colón, Juan López, ocurrido la noche del 14 de septiembre.

«Un asco es insinuar algo que no le consta (…) La vida se encarga de poner todo en su lugar, cuando estés en ese lugar y te lamentes recuerda lo que no lamentaste escribir o decir cuando, sin que te conste, insinúes cosas», escribió la cuenta en respuesta a la publicación de Jennifer Ávila. 

Un mensaje idéntico fue posteado por esta cuenta en respuesta a una publicación de la periodista Sandra Marybel Sánchez, de Radio Progreso, con respecto a las denuncias de Juan López antes de su asesinato. En 2022, Sánchez rechazó el premio Margarita Murillo, otorgado por la presidencia de la república, y el premio Rosario Sagastume de Ferrari, concedido por el Congreso Nacional. 

Un día después, @Anticorrupciono respondió a otra publicación de Jennifer Ávila en la que comentaba sobre la actitud del secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, durante una intervención en el programa Frente a Frente: «Lamentable la actitud del ministro @LuckyMedinaHN que se atrevió a hablar alterado en el programa @FrenteaFrenteHN gritándole a las víctimas porque “no han reconocido” que este gobierno “no es como la dictadura”. No hay respeto por las víctimas».

Ante esa publicación, la cuenta contestó con un mensaje ofensivo: «Pronto se te acabará el financiamiento desde acá, vamos a ver a dónde buscas mear». Contracorriente siempre ha hecho público cuáles son sus alianzas de financiamiento y pueden ser consultadas en la página web.

Otro episodio se generó el 14 de agosto de 2024, cuando Jennifer Ávila compartió un vídeo publicado por la cuenta oficial en X del Congreso Nacional, en el que el presidente de este poder del Estado, Luis Redondo, instaba al Ministerio Público a llamar «a declarar a una persona que asegura en los medios de comunicación que en este poder del Estado se hacen negociaciones oscuras».

Ávila citó el video y escribió: «¡Qué peligroso! El señor @Lredondo debería dar explicaciones sobre la falta de transparencia en el uso de tarjetas de crédito, liquidación de subvenciones y el trabajo de su esposa en el Congreso… pero usa el Congreso para lanzar ese discurso amnésico contra quienes critican su gestión».

Apenas 12 minutos después, la cuenta @Anticorrupciono comentó: «Yo conozco a @Lredondo y tus publicaciones están orientadas a atacar, cometiendo delitos. Tu abuso tiene un límite, mejor dinos quién te paga y cuánto te pagan, publícalo, TARIFADA sinvergüenza».

El 19 de septiembre y el 31 de octubre de 2023, Contracorriente publicó dos reportajes que evidencian el uso discrecional que el Congreso Nacional da a dos tarjetas de crédito supuestamente destinadas exclusivamente a compras en línea, pero que finalmente se utilizan para boletos aéreos, compras en supermercados, licorerías y servicios de entrega a domicilio.

Aunque Luis Redondo no negó la existencia de las tarjetas de crédito, aseguró que se utilizaban para hacer compras en línea. «El mecanismo es bien transparente porque se publica todo el manejo de la información, así que no busquemos asuntos donde no los hay», manifestó el presidente del CN en ese momento.

Otro cuestionamiento realizado por Contracorriente hacia Luis Redondo se relaciona con el papel que desempeña su esposa, Marisela Bonilla, en el Congreso Nacional. En el reportaje «La primera dama del Congreso Nacional: un puesto sin transparencia», publicado el 13 de julio de 2024, informamos cómo la cónyuge de Redondo representa al Legislativo en eventos nacionales e internacionales, obteniendo gastos de representación por 200,000 lempiras mensuales. A lo que la cuenta respondió dos días después: «jajaja, esta pobre pseudo periodista recibe dinero del norte para mentir y difamar, ojalá le pagaran a Marisela, la conocí en el PAC es una gran profesional, esta mujer de este medio es mosquita muerta voy a indagar un dato que me pasaron, para desenmascarar a la tipa».

Leé también: La primera dama del Congreso Nacional: un puesto sin transparencia

Entre el 18 de septiembre y el 9 de octubre de 2024, Contracorriente ha identificado que desde la cuenta @Anticorrupciono se han originado ataques contra las siguientes personas: Luis Javier Santos, Salvador Nasralla, Jorge Cálix, Pedro Barquero, Mauricio Villeda, Rafael Jerez, Ligia Ramos, Maribel Espinoza, Eduardo Facussé, Luis León, Renato Álvarez, Alice Shackelford, Juan Flores, Julieta Castellanos, Gabriela Castellanos y la periodista Sandra Marybel Sánchez.

Estos ataques incluyen acusaciones de corrupción, lavado de activos, vínculos con el narcotráfico e injerencia extranjera, entre otros. 

Uno de los ataques más recientes se generó el 6 de octubre contra el jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, quien se refirió en su cuenta de X a la ausencia de proyectos de manejo de desechos sólidos en aldeas cercanas al Distrito Central.

Con una respuesta fuera de contexto, @Anticorrupciono escribió: «Llevás años en esa fiscalía y nada. Tuvo que llegar un nuevo fiscal [general] de verdad; mejor ponete a trabajar y sacá esos casos que llevas chineando hace años y que se vea para lo que estás nombrado».

Por Dany Díaz Mejía

Y el segundo ángel tocó la trompeta, y algo como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado al mar; y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.

Apocalipsis 8:8 

  1. Primer Ukelele

Me duele la parte izquierda del estómago. Siento náuseas. No hay nada en el cuarto que indique comida, pero percibo el olor de algo quemado. ¿Un animal muerto quizás? Hay una mesa de patas metálicas a mi derecha. Sobre ella veo herramientas: una almágana, una sierra de un pie de largo, tornillos, pedazos de lija y desatornilladores. Siento la boca amarga y la bilis subir por mi esófago. Empieza a oscurecer. He tratado de gritar, de sacudirme, de hacer caer la silla a un lado, pero la estructura sobre la que estoy sentado es tan pesada que no ha cedido ni un centímetro. Busco en el cuarto el rastro de mi captor. Quisiera saber si estoy detenido por uno de mis pecados o si solo he tenido mala suerte. Si en verdad es hora de pagar, entonces no es el cuarto de un loco, si no el de un asesino contratado por alguna de las muchas personas que he jodido en mi camino hacia arriba, pero ya he negociado con asesinos y quizás no todo esté perdido. Sin embargo, si es la fortuna la que se ha cernido contra mí, entonces el olor a carne quemada podría pronto ser reemplazado por el ruido de mis huesos rompiéndose en un ritual cualquiera. 

  1. Segundo Ukelele

Me acuerdo de cuando cumplí trece años. Hay una foto de mí cercana a esa fecha de octubre. En ella llevo una camiseta gris con un número 13 impreso en azul. No recuerdo quién me la dio. Puede ser que mi mamá la haya pescado en una de esas ventas de ropa usada en el mercado del puerto, esas que llamábamos el bulto, aun cuando en realidad era una serie de bolsas enormes en las que hurgabas buscando algo que pudiera interesarte. Como no había probadores, dar con la talla exacta era una cuestión de intuición.

Me acuerdo de que la primera vez que me puse esa camisa estaba muy emocionada. Me sentía orgullosa de poder mostrar mi edad, casi como señalando lo mucho que había crecido.  Me acuerdo de que alguien me dijo que debía tener cuidado de nunca usar esa camisa en el puerto. Le pregunté por qué. Me respondió con otra pregunta: «¿Sos imbécil?». Procedió a interrogarme sobre mi conocimiento de las pandillas. Me dijo que eran los nuevos dueños del puerto, que una de ellas se identificaba con el número 13 y otra con el número 18. Me dijo que la Mara 18 usaba ese número porque 6 + 6 + 6 eran 18, o sea que tenía implícito el número del anticristo, el rey del fin de los tiempos, al que nuestro Señor tendría que derrotar en algún tipo de batalla cósmica que no entendí del todo. Le pregunté sobre el número 13. No se mostró tan seguro de su respuesta, pero me dijo que todo mundo sabía que el 13 era un número del demonio.

Me acuerdo de que me sentí consternada, sobre todo porque el 13 era mi número favorito. Hasta hace poco mi número favorito era el 6, pero cuando descubrí que el 7 representaba la plenitud, quise adoptarlo como número favorito y me sentía dividida porque creía deberle cierta lealtad al 6, ya que me había acompañado desde el primer grado. Encontré la solución cuando conté las letras de mi primer nombre y mis dos apellidos: la suma daba 13. Me pareció perfecto porque de alguna manera podía ser fiel a ambos números y reclamar una conexión personal con el 13.

Pero también recuerdo el día de mi cumpleaños. He dicho que llevaba la camisa del 13 en la foto que se tomó después de mi cumpleaños, pero también la llevaba puesta ese día. Habíamos ido al puerto con mi mamá. Yo tenía una beca de una fundación con la que mi madre compraba los uniformes para todos mis hermanos y yo. Aunque la beca era para mí, era el único ingreso predecible en mi familia, ya que muchas veces mi papá se bebía su sueldo en los dos primeros días después de que le pagaban. Es decir, no estábamos en el puerto para celebrar mi cumpleaños, sino que para recoger el dinero de mi beca que mi mamá necesitaba, ya que mi papá se negaba a darle un solo centavo de su salario ese mes. También compramos un helado en la ciudad antes de ir a la estación del bus. Ese helado era una extravagancia, un lujo que solo podía permitírmelo yo al ser la receptora de la beca, pero con el que no contaba ningún otro de mis hermanos, lo cual me hacía sentir culpable.

Recuerdo que cuando subimos al bus que nos llevaría al muelle supe que no era la única persona de nuestra isla en el puerto ese día. El hermano de una chica que me gustaba también iba en el bus. Además de ser su hermano, era profesor en mi colegio. Lo saludé con mucha vergüenza y estuve contenta de llevar puesta mi camisa del 13, aun cuando en la isla pensaran que podría convertirme en víctima de la violencia homicida que acechaba en esos días.

Recuerdo que vi a mi papá en cuanto tomamos nuestro asiento en el bus. Evidentemente iba borracho. Él también había estado en el puerto para cobrar su sueldo ese día. Pretendí no haberlo visto. Mi mamá hizo lo mismo. O al menos así interpreté el que volteara a ver por la ventana fijamente, cuando yo sabía que hacerlo la ponía mareada. Quizás, si seguíamos así, lograríamos bajarnos del autobús sin que él se diera cuenta que estábamos ahí. Pero ya nos había visto. Se acercó a nosotros. Le gritó «puta» a mi mamá y le dijo que, si se atrevía a embargarle el sueldo, él la mataría. Creo que le lanzó una patada. El hermano de mi amor platónico trató de intervenir. Luego un policía, que también iba de regreso a su casa de una visita al puerto, se levantó, le mostró la placa y le dijo que lo arrestaría si no se sentaba. Mi padre accedió a sentarse y hasta encogió los brazos cuando regresó a su asiento. Se veía empequeñecido, como un animal herido. La vergüenza me carcomía y quise haberme podido desaparecer del bus o lanzarme por la ventana. Pero no lo hice.

Eso fue hace quince años. Antes de que el presidente Ukelele asumiera el poder, antes de que me lanzaran a prisión —aun cuando nunca había visto a un pandillero en la isla—, antes de que un estado de excepción desbaratara la cooperativa que tantos años nos tomó fundar con mamá. Me llevaron acusada de asociaciones ilícitas. En mi juicio un soldado dijo que me vio darle comida a un terrorista en los manglares cerca de la isla.

  1.   Orquesta

El juez Ulloa suda. No tiene sentido seguir luchando contra los nudos que amarran sus brazos. Se da cuenta y suda. Escucha pasos que le parecen estruendosos al acercarse, ve la enorme puerta de metal abrirse y suda. Reconoce a Oso frente a él. Sabe que Oso ha matado a muchas personas a sangre fría, que ha coordinado incendios para quemar vivos a reos de la mara contraria, que no le temblará la mano para hacerlo pedazos tan diminutos que no quedaría el menor rastro por el cual reconstruir el infeliz que ha sido toda su vida. Lo sabe y suda.

Oso toma la almágana de la mesa frente al juez Ulloa y golpea al juez en el estómago. El juez gruñe de dolor y suda más.

­­­—Vos vas a liberar al Orujo ­­—dijo Oso—. No tenés otra opción. Así que me vale verga lo que me tengás que decir. Vos ya sabés cómo son las cosas.

—Oso, Oso querido —dice Ulloa, mientras recupera el aire—. No tenías que llegar a esto. Vos sabés que a mí me gusta colaborar con vos y los muchachos siempre que pueda…

—Me vale verga lo que te guste o no —lo interrumpió Oso—. Ya te dije lo que vas a hacer y lo tenés que hacer rápido.

—Oso, vos sabés que yo por ustedes haría cualquier cosa. Que me parta un rayo y que la virgen me escupa, si no es así. Pero tenemos un grave problema. El Sr. Ukelele ha ordenado que de la cárcel no salga nadie, así que aunque yo te gire la orden de salida, los guardias de la cárcel no la van a cumplir —dijo el juez Ulloa. 

—Mirá, pendejo. Si yo te digo que me dés la orden de salida del Orujo es porque ya tengo resuelto lo demás. Los jefes ya negociaron con el gobierno y nos van a dar pase libre. Pero hay dos cosas más que tenés que hacer —dijo el Oso mientras, hacía el mate de golpear al juez otra vez.

—Sí, yo sé que vos sos pilas. Y así, pues no va a haber ningún problema. Vos decime qué más tengo que hacer y ya sabés que no hay falla. Pero por favor, zafame estas cabuyas que me están jodiendo. Vos sabés que ya no estoy para estos trotes —dijo el juez.

—Vos estás para lo que te diga, pendejo —respondió Oso, aunque le aflojó las cuerdas al juez—. Lo que necesito es que me dejés en libertad a unos siete mil más de los veinte mil que tenés presos. Necesitamos que la salida del Orujo no se note tanto. Tienen que ser hombres y mujeres. Después me vas a conseguir sus números de identidad y el lugar donde les toca votar. Lo tenés que hacer todo en dos semanas. Pero en el sistema no podés poner que los soltaste.

—¿Y para qué ocupás el lugar donde van a votar, Oso? —preguntó el juez—. Claro que yo te lo consigo sin falta.

—Eso a vos no te importa. Pero como sabés que si cantás te pelo, te voy a contar —dijo Oso—. Los ocupo para que sean almas muertas, pero que no cuenten como muertos.

—¿Cómo así? —preguntó el juez.

—Mis jefes ya negociaron con el gobierno que no puede haber más muertos. Pero no han dicho nada de que no pueda haber desaparecidos. Entonces, esta gente va a votar por el don. Pero si se nos echa para atrás, los matamos y después soltamos dónde están enterrados —dijo el Oso.

—¿Pero cómo así que almas muertas? ¿Los van a matar? —preguntó el juez.  

—Por ahorita van a ser almas muertas. En el sistema van a estar como presos, pero nosotros los vamos a tener en nuestras casas locas. Las que todavía nos quedan por todo el país. Si hay que matarlos, se matan. Pero por ahora solo ocupo que todas esas almas muertas voten —dijo Oso.

—¿Pero no te da miedo que se te vayan a escapar cuando los manden a votar o que llamen a un familiar? —preguntó el juez.

—Para ser abogado, sos bien pendejo, Ulloa. Claro que no van a ir a votar. Van a estar presos con nosotros. Pero nuestra gente en las mesas va a ponerlos como que votaron por el don. Así de simple. Bueno, lo demás no te importa. Pero ya sabés qué te va a pasar si no cumplís —dijo el Oso.

—Contá conmigo, Oso, Oso querido —dijo el juez, esperando a que el otro se fuera antes de salir del edificio.

  1.   Segundo Ukelele

Hoy cumplí 29 años. Noto la sarna en mi piel. Sarna. Como los perros de mi casa. Huele mal. En la noche me despierta el tufo. Si fuese un perro en mi casa, me aplicaría el champú que mamá guarda en su cuarto. Pero acá no hay suficiente agua. Nos dan cuatro palanganadas de agua. Nos tiene que ajustar para bañarnos, lavar la ropa, y lavarnos los dientes. No ajusta para quitarse el olor a carne podrida.

Llevo cinco meses detenida. Desde que me mandaron acá, ya no he visto a nadie de mi familia. A algunas mujeres les llegan paquetes con toallas sanitarias, cepillos de dientes, y hasta chucherías. Pero a mí no me ha llegado nada. Yo sé que mi mamá no se ha olvidado de mí. Ella sabe cómo soy y me acepta. Me deja llevar a mi pareja a la casa. Lo único es que no puedo decir que es mi pareja, aunque todos lo sepan, pero aparte de eso me acepta. Una compañera me dio un cepillo de dientes usado. Cuando menstrúo, tengo que sacar todo lo que pueda en la mañana, aunque después me ande chorreando y no pueda lavarme.

Ayer nos castigaron. Una mujer de la celda le contestó mal a una de las custodias y nos castigó. Somos como doscientas en la celda. Nos cuesta movernos, y en la noche dormimos casi una encima de la otra. Pero como nos castigaron, ya no nos van a dar agua para bañarnos. Solo nos darán un vaso con agua por la mañana. El castigo va a durar tres días.

  1. Primer Ukelele

Oso es un pendejo.  Qué necesidad tenía de hacerme pasar ese show. Él ya sabe que yo ya he trabajado con los muchachos y que siempre les he ayudado con lo que he podido. Es verdad que soy un apestado con el Sr. Ukelele, pero con esta jugada puedo volver a subirme a la moto. Aunque con que no me mate ese imbécil de Oso ya es ganancia. 

Ayer hablé con los jefes de los tres centros donde tengo a los veinte mil presos. Les dije que me consiguieran los números de la gente que lleva cinco meses presa. Esos, por lo menos, no están tan dañados. Voy a dejar salir a estos pendejos el viernes. Pero quiero que el Oso se ponga pilas porque el Orujo es un gato gordo, y si algo le pasa, me joden también, ya sea por parte de Oso o parte del Sr. Ukelele.

  1. Segundo Ukelele

Anoche me dijeron que me van a sacar. No me dijeron por qué. Solo que pasarían por mí a las dos de la mañana y que no puedo contarle a nadie, porque si no me dejan clavada acá. Les pregunté si le dijeron a mi mamá. Me dijeron que me iban a sacar, pero no a la casa de mi mamá. Que me toca ir a otro centro con menos gente antes de que me saquen de verdad.

  1. Orquesta

El juez Ulloa se levanta tarde y solo toma un café. No quiere tener pesado el estómago y augura para sí una recompensa. Ya sea un buen almuerzo con uno de los muchachos o, aun mejor, una llamada del Sr. Ukelele, agradeciéndole por siempre ser alguien con quien se puede contar. La operación está prevista para esta madrugada. No le importa qué tan ordenada sea la salida de los seis mil novecientos noventa y nueve presos, pero quiere estar en persona para supervisar la salida del Orujo. Se afeita, busca el traje que menos aprieta esa panza deleznable, agrandada hasta el infinito a punta de tratos chuecos.

A las dos de la tarde vibra su teléfono. Todavía está terminando el café del almuerzo y le molesta que su asistente lo llame, especialmente porque le dijo que no lo jodiera por nada en el mundo, pero contesta. 

—Te dije que no me llamaras —dice el juez—. Ni eso sabés, cómo dejarme comer tranquilo.

—Disculpe, jefe. Pero tiene que saber esto ya mismo —dice el asistente—. Ya no existimos.

—¿De qué mierda estás hablando? ¿Andás drogado o qué? —pregunta el juez, irritado.

—No, lo que quiero decir es que no existimos como municipio. El congreso acaba de anunciar que a partir de hoy pasamos de 262 a 44 municipios. Claro, yo creo que es para que el partido gane todo en las elecciones, pero por lo pronto, usted ya no es juez del municipio ni yo su asistente porque nuestro municipio ya no existe —dice el asistente.

—¿Y lo que teníamos planeado para la madrugada? ¿Cómo vamos a sacar a los presos que me pidieron? —pregunta el juez.

—Eso ya no vale, abogado. Ya no vale nada. Somos como almas muertas —dice el asistente.

—Voy para allá.

El juez empieza a sudar. Se quita su saco y suda más. Se siente mareado y suda. Busca el celular que le dio el Oso y marca el único número guardado en la agenda. Trata de explicarle la situación, que ya no puede ayudarlo, que ahora el juez es otro. Que probablemente pueda sacar a las presas, porque allá tiene un contacto, pero que en el penal del Orujo ya ni le contestan las llamadas. A mí no me importa, si no me sacás al Orujo, te pongo en una fosa, le dice Oso.

  1. Segundo Ukelele

A las dos de la mañana viene la custodia por mí. Me dice que me apure y que camine en silencio. Salimos como cien de la celda. Nos grita que afuera va a ver un camión cian al que tenemos que subirnos, sin hacer preguntas. Nos van a abrir el portón y afuera va a haber otros guardias. No podemos hablar.

Las custodias dejan abierto el portón. Se quedan atrás para vigilar a las que no podrán irse. Salimos por el portón de atrás del presidio. Lo reconozco porque por ahí entran los camiones con presas nuevas. El portón se cierra automáticamente y quedamos cien mujeres afuera, esperando un camión que no vemos. Nos quedamos paralizadas. Una de las compañeras grita que corramos, que nos vayamos por el montarral de enfrente. Me toma un momento reaccionar, pero al ver correr a las demás, también corro. Llevo puesto el uniforme blanco del presidio y las chancletas que andaba cuando me arrestaron. Muy rápido las chancletas se rompen y sigo corriendo. Llego a la carretera y pido jalón. Un camión de carga se para y me subo. No sé si van a andar buscándome, por lo que resuelvo no llamar a mamá hasta que sepa más. Por ahora, me tocará ser un alma muerta. Ni aquí ni allá.

  1. Primer Ukelele

Sé que el Oso me va a encontrar aquí. Aun cuando es la casa de campo que le compré a mamá. Lo sé. Así que lo voy a esperar sentado acá. Pero antes le voy a dar de comer a las gallinas. Sé que después de comer se irán a su gallinero y me dejarán solo, dejando tal vez algún grano de maíz abandonado. Lo de las presas fue un desastre. Se escaparon cien antes de que pudiera coordinar bien lo del transporte. Es que no sabía si todavía iba a poder sacarlas o no, o si el Oso ya tenía lo de los camiones. Yo lo sé y él lo sabe, pero ya no importa. Ahora solo me toca esperarlo, y ver si yo también me convertiré en un alma muerta.

Por: Manuel Torres Calderón
Portada: Catty Calderón

Si alguien, después de la reciente condena por narcotráfico al expresidente innombrable (difícil selección entre tanta competencia) y la divulgación del vídeo de la negociación entre Carlos Zelaya y la cúpula del narcotráfico, pensó que el país sentaría cabeza y, al fin, marcaría un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado, llegó la hora de la decepción y reconocer que eso no ocurrió, que los hechos desmienten cualquier expectativa.

A medida que suman los días posteriores a la revelación del video, se disipa cualquier esperanza de que la institucionalidad pública y política-electoral reconozca sus fallas y cumpla las tareas que le corresponden para prevenir y luchar contra una corrupción y una delincuencia que minan y causan un grave daño a la sociedad.

¿Qué tipo de Estado y de gobiernos hemos tenido que no dimensionan la gravedad de lo que significa y representa el crimen organizado, del cual el narcotráfico es solo una parte? ¿Les importa tan poco Honduras a las élites económicas y políticas que detentan el poder? ¿O han terminado siendo cómplices por acción u omisión?

Desde el secuestro y asesinato del matrimonio Ferrari (diciembre de 1977), la institucionalidad, en aquel entonces bajo control militar directo, no responde a la amenaza; finge hacerlo, pero no actúa, no coordina, no investiga, no previene, no sanciona. Es como una rueda atascada en el fango. Hasta hoy carecemos de una estrategia nacional real y efectiva contra el crimen organizado. Ni siquiera existe el consuelo de una estrategia para mitigar sus consecuencias.

El tratado de extradición y el auto acordado por la Corte Suprema de Justicia, que lo volvía operativo, nunca formó parte de una política de Estado para enfrentar al narcotráfico y el crimen organizado. De hecho, sirvió como excusa para no disponer de esa política.

No extraña que, en un escenario legal de aguas estancadas, las estructuras, el capital financiero y los contactos de la criminalidad se enraizaran de tal forma en el Estado, la política, la economía y la sociedad, que parecen haberse fundido en ellas, con la consiguiente afectación violenta de los derechos y las libertades de los ciudadanos en las zonas rurales y en los principales centros urbanos del país.

Parece atrevido aseverarlo, pero posiblemente en todos los conflictos ambientales los defensores de los bienes comunes enfrentan, de una u otra forma, al crimen organizado. El trasfondo del reciente asesinato del defensor del río Guapinol, Juan López, no es la excepción.

Pese a las evidencias del peligro, suena imposible la aprobación de una legislación coherente y una política efectiva ante la criminalidad si las decisiones están en manos de políticos que son parte del problema y cuyas opiniones se tiñen de cinismo. Así, el enfrentamiento posterior al video retrató a políticos que mentían para atacar y a otros que, atacados, se dedicaron a justificar lo indefendible.

Mientras tanto, en los pantanos de nuestra sociedad los capos del crimen organizado, que se suceden unos a otros, chocan sus vasos con alivio viendo que ellos no son el centro de la preocupación y que sus ahijados cumplen con su parte de imponer otras agendas distractoras.

El debate es otro porque la extrema derecha, encabezada por el Partido Nacional, y el partido gobernante, lo volvieron una pelea político-ideológico-electoral y no de Estado. La atención está puesta en los cálculos electorales y en salvar sus trastos de la caída, no en la urgencia de evaluar las históricamente fallidas acciones públicas de prevención y control del narcotráfico y sustituirlas por otras que realmente funcionen.

Por supuesto que ese debate fallido es deliberado. El grado de institucionalización e impacto del crimen organizado sobre las estructuras estatales y políticas es más grave de lo que se piensa o de lo que como sociedad admitimos; pero, y esto es lo más peligroso, corremos el riesgo de normalizar lo anormal. Tenemos tan desquiciada la brújula que al innombrable su partido lo comparó con Mahatma Gandhi, y a Carlos Zelaya lo recibieron sus correligionarios de Olancho como una especie de mártir de la lucha contra el imperialismo.

El círculo perfecto funciona y no se anticipa el final. Los narcos saben que los políticos necesitan su dinero para acceder al poder; y los políticos, a su vez, saben que los narcos necesitan el Estado para reproducirse y sobrevivir. El crimen organizado siempre utilizará la corrupción y otras formas de presión e influencia para conquistar posiciones de poder político y público que lo protejan, así que debemos reconocer que prevenir en un cien por ciento esa infiltración es imposible; pero abrirle las puertas de par en par es complicidad. Tan criminal es el que ofrece el soborno como quien lo negocia o acepta.

No estoy muy de acuerdo con calificar a Honduras como un narco-Estado (y eso es harina de otro comentario), pero cada vez que los criminales se ponen de acuerdo con los políticos se desvanece la frontera entre lo público y lo privado; y a partir de ahí todo cae bajo sospecha, desde las campañas electorales hasta la inversión pública.

Sin duda, el país enfrenta un peligro letal para su gobernabilidad y convivencia, pero jugamos a no darnos cuenta. En ese esconder la cabeza hemos permitido que, además de funcionar como corredor geográfico, Honduras se vuelva productor de coca y de drogas tan mortales como el fentanilo. La criminalidad no descansa, aprovecha cada rendija de impunidad para expandir sus negocios y territorios.

Ahora mismo, la policía ofrece una recompensa de 350 mil lempiras a quien dé información del alcalde de El Triunfo, Choluteca, Cristhian Castillo (liberal), acusado por el delito de tráfico de drogas «agravado». Lo de «agravado» significa, entre otras circunstancias, que el acusado era una autoridad pública y que aprovechó su cargo o autoridad para cometer todo tipo de delitos asociados, entre los que se menciona tráfico de migrantes. ¿Es Castillo el único funcionario público en malos pasos? Ni en sueños.

El panorama pinta mal, y atrapada entre la maraña de intereses, la presidenta Xiomara Castro tiene, quizá, la última oportunidad de asumir el control de su gobierno y cumplir parte de las expectativas prometidas en su campaña electoral. Sin embargo, preocupa que Libre, su brazo político de apoyo, no sea la excepción. Quizá pocos recuerdan que en julio de 2012 el padre Fausto Milla denunció que en las planillas a cargos de elección popular de Libre, en la región occidental, había candidatos vinculados al narcotráfico y la corrupción.

Sus palabras textuales, reproducidas de medios de prensa, fueron las siguientes: «Del Movimiento 28 de Junio (corriente interna de Libre hasta hace poco dirigida por Carlos Zelaya) yo conozco candidatos que de ninguna manera pueden ir dentro del marco del pensamiento y de ideales por otra Honduras de la resistencia, porque son precisamente lo contrario, involucrados en corrupción, involucrados en el narcotráfico», aseveró.

El padre Milla no sólo advertía al liderazgo de su partido sobre la infiltración en sus planillas, sino de la necesidad de una comprensión clara del riesgo que enfrentaba. La institucionalidad pública y partidaria debió investigar los fundamentos de la denuncia, pero, en su lugar, minimizaron el mensaje y proscribieron al mensajero.

¿Se puede enmendar esa situación? De poder, se puede; sin embargo, la pregunta correcta es: ¿se quiere?

Una sociedad fundada y dirigida por dos hermanos de Nayib Bukele compró por $1.3 millones un edificio art deco en el centro histórico de San Salvador dos meses y medio después de que el presidente ratificara una ley de exenciones tributarias a los nuevos inversionistas de la zona. En el inmueble opera hoy un restaurante de lujo mientras que propietarios del centro denuncian presiones de las autoridades para cerrar sus locales.  

Por Jaime Quintanilla

Dos meses y medio después de que Nayib Bukele sancionara una ley que exonera del pago de impuestos a la recuperación y restauración de inmuebles en el centro histórico, Lagencia, S. A. de C. V., una sociedad fundada y dirigida por dos de sus hermanos, Karim y Yusef Bukele, compró un edificio de más de 80 años estilo art déco de 506 metros cuadrados por $1.3 millones en en la segunda calle oriente, entre las plazas Gerardo Barrios y Libertad, dentro de una zona catalogada como patrimonio cultural de El Salvador desde 2008. 

Según la escritura de compraventa, Karim Bukele, el segundo de los cuatro hermanos Bukele-Ortez, actuó como representante legal de la sociedad para comprar el 15 de julio de 2023 el edificio a la empresa Capital Inmobiliario Salvadoreño, S. A. de C. V. 

Tres meses antes de la compra, las ministras de Cultura y de Turismo, Mariemm Pleitez y Morena Ileana Valdez Vigil, respectivamente, impulsaron una propuesta de ley con iniciativa presidencial que establecía exenciones fiscales a las inversiones y restauraciones de inmuebles en el centro histórico. La ley, aprobada por la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas, fue ratificada por Nayib Bukele y publicada en el Diario Oficial el 17 de abril de 2023.

Fachada del edificio #5 comprado por la sociedad dirigida por dos de los hermanos de Nayib Bukele. Foto: Focos.

La empresa de los hermanos de Bukele compró este edificio en un contexto de reordenamiento del centro histórico en el que los vendedores informales y los propietarios de inmuebles y locales en las zonas afectadas denuncian decomisos de sus mercaderías, desalojos y acoso de agentes del Estado y de la municipalidad de San Salvador, dominada también por Nuevas Ideas. 

En el centro histórico y sus alrededores, el gobierno promueve la atracción de inversiones millonarias que para los expertos evidencian la gentrificación de la zona, dónde ni siquiera los dueños históricos de negocios o inmuebles son bienvenidos. Los vendedores denuncian que hay constantes amenazas para que desalojen con pena de ser capturados bajo las reglas del régimen de excepción por el hecho de vender en zonas que para las autoridades están “liberadas”. Los dueños de locales o inmuebles, denuncian que agentes de la municipalidad o del Ministerio de Hacienda visitan sus recintos con nuevas disposiciones que, de no ser cumplidas, los obligarían a cerrar sus negocios o edificios. 

 A mediados de junio de 2024, la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (Aplan) anunció un nuevo reglamento que impone multas a negocios sin licencias o permisos vigentes que operan en 70 cuadras del centro histórico, con la pena máxima del cierre de sus actividades.  Para aquellos que invirtieron en la zona y sobrevivieron por décadas el asedio de las pandillas, que se repartían el control de las cuadras, ahora es el gobierno el que los afecta. “Pregunto que si yo puedo aplicar para poner un hotel o un espacio como los que se proyecta, pero el mensaje es que se venda, porque no cumplimos con el perfil”, dice el dueño de un inmueble ubicado en la zona de reordenamiento, a cinco cuadras del nuevo edificio de los hermanos de Bukele. 

Antes de ser adquirido por Lagencia, el edificio albergaba en sus primeras plantas a El Imperio, un almacén de ropa de segunda mano, y al café Lero Lero, un espacio con sillas y mesas de madera en la azotea que cobró notoriedad por ser de los primeros en ofrecer una vista privilegiada del centro histórico. Desde mediados de 2024, con remodelaciones incluidas, las primeras plantas del edificio sirven de antesala a La Doña Steakhouse, un restaurante que opera en la azotea y se promociona a sí mismo como el primer restaurante de lujo en el centro histórico.

Vista de uno de los nuevos terrenos adquiridos por una sociedad dirigida por Nayib Bukele y donde se cultiva ‘Bean of Fire’. Foto:Focos.

El edificio es parte de los 34 nuevos inmuebles que el clan Bukele adquirió entre 2019 y 2023, y que suman más de 363 hectáreas, entre terrenos con vistas exclusivas en el lago de Coatepeque; ranchos de playa en la Costa del Sol; y propiedades de lujo en San Salvador. El 92 % de estas propiedades las obtuvieron en 2023, el último año del gobierno legítimo de Nayib Bukele. 

El edificio del centro histórico que compró Lagencia es la segunda propiedad de mayor valor de los nuevos inmuebles de la familia presidencial que tienen un valor de $9.2 millones, solo detrás de uno de los terrenos cafetaleros que en Santa Ana controla una sociedad dirigida por Nayib Bukele y que forma parte de las tierras de Hacienda Dorada, la finca donde se cultiva “Bean of Fire”, el café gourmet que promocionan desde sus redes sociales y las del Gobierno. 

El 18 de septiembre, a  través de una carta, se solicitó una entrevista con los hermanos Bukele para conocer los procesos de adquisición de sus nuevos inmuebles, incluyendo el del centro histórico, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta. En esa misma fecha también se intentó obtener apoyo con las secretarías de Prensa y de Comunicaciones de la Presidencia, para llegar hasta la familia Bukele, pero tampoco hubo respuestas.

El edificio # 5, al centro. A un costado, Catedral de San Salvador. El edificio costó $1.3 millones y posteriormente fue renovado. En su terraza opera un restaurante de lujo. Las inversiones en restauraciones de inmuebles en la zona están libres de impuestos. Foto: Focos.

De venta de ropa usada a restaurante de lujo

El edificio #5 de la segunda calle oriente es uno de los grandes representantes del art déco en El Salvador. El edificio fue construido en la década de los 40 y fue conocido porque en los 70 funcionó el Banco de Londres y Montreal. Ahora restaurado, en los vitrales de la fachada luce adornos metálicos que imitan el mosaico que el artista Fernando Llort diseñó para la Catedral Metropolitana, una obra que representa al municipio de La Palma, en Chalatenango, y que fue destruido por órdenes de la Iglesia católica a finales 2011. 

En la planta alta de ese inmueble ahora opera La Doña Steakhouse, un restaurante de lujo que se vende como “el nuevo hogar de las mejores carnes en el corazón histórico de San Salvador», con platos que van desde los $16.95 por una pechuga de pollo hasta los $34.95 por un plato de mariscos con carne. El restaurante es propiedad de Justo Sol, un empresario con diversas inversiones en la capital. Desde su inauguración en julio de 2024, este establecimiento ha sido visitado por influencers salvadoreños y también por figuras oficialistas. En una historia de Instagram del 13 de julio, el restaurante destaca la visita del abogado Óscar Alberto López Jérez, el ex presidente impuesto en la Corte Suprema de Justicia tras la destitución irregular de los magistrados de la Sala Constitucional el 1 de mayo de 2021. Recientemente, López Jérez fue reelecto nuevamente como magistrado en la Sala de lo Civil para un periodo de nueve años. 

Fachada del edificio #5 y vista de la Segunda calle oriente del centro histórico, que conduce hacia la Plaza Libertad. Foto: Focos.

La terraza tiene una vista a un centro histórico “renovado”. Desde aquí se pueden ver las plazas Barrios y Libertad: la nueva Biblioteca Nacional, que donó la República de China y en cuya inauguración, a finales de 2023, transmitida por cadena nacional, se robó el protagonismo Karim Bukele, que acompañó a su hermano durante todo el recorrido.

El propio Karim ha reconocido de manera pública que tiene una influencia privilegiada sobre Nayib. “Soy asesor de mi hermano en el mismo sentido que cualquier persona puede asesorar a su hermano”, escribió en un intercambio de tuits con el periodista Edwin Segura el 3 junio de 2023, días antes de la compra del edificio en el centro histórico. En la conversación, Karim también reconoció que tiene la libertad de visitar a su hermano Nayib en Casa Presidencial cuando quiera. “No soy funcionario público. Prefiero cuidar mi privacidad. Quiero tener la libertad de visitar a mi hermano en su despacho”, agregó a través de Twitter (X). 

Extracto de la escritura de compraventa del edificio #5 en la segunda calle oriente del centro histórico. Foto: Jaime Quintanilla

Desde la azotea del edificio que compró a través de Lagencia, también se aprecia el Palacio Nacional, que tuvo un proceso de restauración criticado por la destrucción de baldosas históricas; y la iglesia El Rosario, otro de los principales atractivos turísticos de la zona. Tras estas locaciones se erige el imponente cerro de San Jacinto.

Karim y Yusef Bukele fundaron Lagencia el 30 de octubre de 2017 con un capital inicial de $2,000, que se repartieron en 20 acciones comunes y nominales de $100 cada una. Los hermanos establecieron que la sociedad puede dedicarse a cualquier actividad lícita, pero especificaron que su especialidad sería “la producción digital, agencia digital, conceptualización y diseño de campañas publicitarias” y, entre otras cosas, “podrá comprar (…) bienes raíces”. 

Ese mismo día, decidieron que la sociedad sería administrada por una junta directiva de siete años, conformada por Yusef Bukele, como director presidente; Karim Bukele, director vicepresidente; Ibrajim Bukele, director secretario y Olga Marina Ortez de Bukele como directora presidente suplente. Estos son los hermanos y la madre del actual presidente de facto de El Salvador.

Por décadas, el centro histórico fue controlado por vendedores y, luego, con la aparición de las pandillas, por ‘clicas’ de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 que se repartían el control de la zona. Con la remodelación del gobierno Bukele, los vendedores han sido desalojados y el centro se convierte en una zona de comercios y restaurantes a precios que se alejan de la economía de la mayoría de los salvadoreños. En la imagen, un indigente descansa frente a una calle en plena remodelación.

Los hermanos del mandatario y su madre además son fundadores y militantes de Nuevas Ideas. Karim ha sido jefe de las campañas presidenciales y la mano derecha de su hermano Nayib desde que incursionaron en la política. Previo a llegar a la Presidencia en 2019, fueron de los encargados de elegir el gabinete de Gobierno y, desde entonces, se han convertido en los principales asesores presidenciales. Karim incluso ha participado en misiones oficiales, el caso más emblemático fue cuando viajó ese mismo año a la República Popular de China para estrechar las relaciones entre ambos países. Mientras que Yusef, junto con Ibrajim, ha participado de reuniones en las que se discutió la creación de una criptomoneda. 

La influencia de sus tres hermanos ha aumentado desde que Nayib llegó al Ejecutivo. Han sido clave en las votaciones legislativas, al punto de llegar en camionetas sin placas a pasar leyes a los diputados oficialistas, a negociar la ley de cuarentena durante la pandemia de covid-19 y se convirtieron en funcionarios sin cargo oficial que representan al país en misiones oficiales en el exterior. 

En esa junta de Lagencia también participó otra pariente de los Bukele,  Yamile Bukele Centeno, como directora vicepresidenta suplente; y Walter Edgardo Serrano Guevara,  director secretario suplente. 

Ese régimen de administración funcionó hasta 2023, pues una de las cláusulas que pusieron en la escritura de constitución fue que el presidente de una junta directiva solo podía celebrar contratos por hasta medio millón de dólares. El 24 de abril de 2023, casi tres meses antes de la compraventa del edificio #5, reformularon la estructura de la sociedad para que Karim Bukele funja como administrador único propietario y representante legal, “con las más amplias facultades de ley sin limitación alguna”; y Yusef, como administrador único suplente. 

Extracto de la escritura de compraventa del edificio #5. Foto: Jaime Quintanilla.

A partir de entonces, Lagencia incursionó en la adquisición de bienes y raíces, según el registro de propiedad salvadoreño. El 15 de junio, compró su primera propiedad: el edificio en el corazón del centro histórico por $1.3 millones. La otra fue el 25 de septiembre. Ese día Karim de manera personal le vendió una propiedad de 411.98 metros cuadrados, ubicada en la intersección de 81 avenida sur  y la calle Padre Aguilar, a la sociedad en la que él mismo es representante legal a un precio de $82,889.51. 

Estos inmuebles solo están inscritos en el Registro de la propiedad raíz e hipotecas a nombre de Lagencia, pero en el Registro de Comercio no hay rastros de las compras e inversiones que realizó la sociedad.  En los archivos de consulta pública electrónicos y físicos del Registro de Comercio no aparecen los registros de balances de la sociedad desde 2017, cuando registró su capital inicial de $2,000. Además de ese registro de arranque de operaciones, el único registro que tiene sobre sus finanzas se encuentra en la renovación de matrícula del 7 de mayo de 2024. En el documento oficial, se establece que el activo de Lagencia “para la renovación del año 2023 asciende a $2,000”, a pesar de que ese año adquirieron dos propiedades que suman $1,382,889.51 y que, según el artículo 459  del Código de Comercio, deberían reflejar “los balances de fin de ejercicio, los estados de resultados y de cambio en el patrimonio, junto al dictamen de Auditor y sus anexos, de aquellos comerciantes que estén obligados a remitirlos al Registro de Comercio”.

“El artículo 441 del Código de Comercio establece que, al cierre de cada ejercicio fiscal, el comerciante, ya sea social o individual, debe reflejar la situación económica de su empresa a través del balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Estos documentos deben ser presentados ante el Registro de Comercio, siendo la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles (SOM) la encargada de verificar su cumplimiento. Sin embargo, la SOM tradicionalmente no ha ejercido esta función”, señala la  jefa del equipo de anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López. 

Karim Bukele Ortez, en primer plano, su madre, Olga Ortez, y su hermano Yusef en un acto en la Asamblea Legislativa. Los hermanos fundaron Lagencia, S.A. de C.V., donde su madre formó parte de la primera junta directiva como directora presidenta suplente entre 2017 y 2023. Foto: tomada de redes sociales de la familia Bukele.

Los beneficios a los  inversores del centro histórico

El 30 de marzo de 2023, la Asamblea Legislativa, con 64 de 84 diputados del partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó la Ley de Creación de la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador. Con esta ley también nació la Autoridad de Planificación del Centro Histórico, a cargo de Manuel Rodríguez Joachin, un militante de Nuevas Ideas, el partido que es dirigido por el primo de los Bukele Ortez, Xavier Zablah Bukele.

La propuesta de ley fue aprobada en la  comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa, que dirige el jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y posteriormente ratificada en el plenario con 64 votos de los diputados oficialistas y sus aliados. 

La normativa tiene por objetivo “proteger, preservar y regular un área delimitada del Centro Histórico de San Salvador, declarándola zona cultural, turística y de desarrollo para el fomento actividades e inversión de capital”. En la misma normativa, se establece que la Autoridad de Planificación será la “responsable de calificar, aprobar y supervisar los proyectos y obras de rehabilitación, restauración, mantenimiento y desarrollo económico-social y urbano del Centro Histórico de San Salvador”. La nueva institución está adscrita al Ministerio de Turísmo, pero tiene la autonomía de “administración de su patrimonio y en el ejercicio de sus funciones”. También puede coordinar con otros ministerios, la Alcaldía de San Salvador, bajo la bandera del oficialismo, y cualquier otra institución que se involucre en actividades en el centro histórico. 

Las nuevas normativas y los planes del gobierno apuestan por inversiones millonarias. Dueños de inmuebles y negocios se han visto obligados a vender o cerrar debido a la ‘liberación’ de 70 manzanas.

La ley establece una serie de incentivos para los nuevos inversores. Por ejemplo, gozarán de “exención del impuesto sobre la renta por un periodo de diez años aquellas inversiones en construcción, remodelación, mejoramiento, ampliación, recuperación y conservación de inmuebles” en inversiones de $1,000 o más en inmuebles que tengan un mínimo 25 metros cuadrados. También están exentos de los impuestos municipales. Según  Rodríguez Joachin han tenido inversiones que superan los $65 millones hasta el 17 de septiembre.

“En el centro histórico tenemos la ventaja de que todas las inversiones que se realicen en sectores de la gastronomía, de la cultura, el turismo, proyectos inmobiliarios y la recuperación y restauración inmobiliaria tienen exención de impuestos, tanto de las tasas municipales como de los impuestos fiscales del Ministerio de Hacienda, y que las ganancias que estas inversiones produzcan son exentan también del impuesto sobre la renta también en un periodo de 10 años. Es un esfuerzo de todas las instituciones del presidente Nayib Bukele”, dijo Rodríguez el 16 de agosto en una entrevista en el canal nacional. 

Parte de las tareas que han hecho la Autoridad Planificadora y el propio Rodríguez Joachin ha sido la promoción de nuevas inversiones. En esa misma entrevista televisiva, Rodríguez promocionó La Doña, el restaurante de carnes que opera en el edificio de los hermanos Bukele, como “un restaurante de carnes que tiene una vista muy bonita en su terraza” parte de la nueva oferta gastronómica de la zona. Rodríguez no contestó a la  solicitud de entrevista para conocer sobre los beneficios que ha otorgado la institución que dirige y sobre si la renovación del edificio de los Bukele fue beneficiaria.

La  jefa del equipo de anticorrupción y justicia de Cristosal señala que en este caso existe un evidente conflicto de interés. “Se advierte el uso del poder público para intereses privados. Se terminan entrelazando el ámbito público y el ámbito privado en la búsqueda de beneficios personales”, dice. 

Para López no se puede obviar que es el hermano del mandatario quien hizo la compra en nombre de la sociedad que dirige luego de que se aprobara una ley que exonera de impuestos las inversiones en el centro histórico. “Es un actor que no está externo de la administración pública, aun cuando no tenga un cargo nominal. Más allá del beneficio económico en el sector turismo que pueden traer las decisiones sobre el centro histórico, hay una  distorsión total en la toma de decisiones”, dice. 

Para Jessica Estrada, directora del Área de Transparencia de Funde, “hay un aparente conflicto de interés, aunque en la formalidad, y según nuestra legislación no podemos pensar que es una falta que pueda ser de alguna forma castigada o sancionada. Si bien se trata de una acción que puede ser ‘cuestionada’, lastimosamente no puede afirmarse que haya una ‘irregularidad’, porque todo queda revestido de ‘legalidad’”.

La renovación del centro histórico ha sido uno de los principales proyectos de Nayib Bukele desde que era alcalde de San Salvador. Una nueva ley y un reglamento persiguen a los antiguos propietarios de inmuebles y dueños de negocios. Estos se quejan que han sido excluidos y en su lugar se apuesta por inversiones millonarias como la de los hermanos de Nayib Bukele.

El nuevo centro de los Bukele

La revitalización de estas cuadras ha sido la megapuesta de Bukele desde que llegó a la Alcaldía de San Salvador en 2015. “TODOS los intentos anteriores de reordenamiento del Centro Histórico fallaron, porque no tomaron como base al ser humano”, afirmó durante el inicio de su administración en la capital. En abril de 2016, anunció que las cuadras que rodean la plaza cívica Gerardo Barrios fueron liberadas, durante ese anuncio su hermano Karim Bukele estaba a sus espaldas. En esa primera fase aseguró que iba a invertir unos $100 millones. Durante su administración en la comuna capitalina, dos de sus empleados fueron acusados por la FGR de pactar con las pandillas para poder entrar a las comunidades a hacer campaña y para realizar obras en el centro una vez ganaron. Los encargados fueron el actual alcalde Mario Durán y el actual director de reconstrucción del tejido social del gobierno, Carlos Marroquín. Este último también ha sido señalado como el principal nexo de las pandillas con la administración presidencial de Bukele. 

En esos tiempos, Bukele y su administración lograron un entendimiento con los vendedores informales que se ganaban la vida en esas cuadras. Fueron trasladados a otro punto del centro capitalino de manera pacífica, a diferencia las tácticas que usaban las administraciones comunales anteriores que cuando los desalojos terminaban en batallas campales con muertos y heridos.

En 2018, Ernesto Muyshondt ganó la Alcaldía de San Salvador bajo la bandera de Arena. A principios de 2019, anunció su versión de la renovación del centro histórico. Dijo que la nueva fase que impulsaría su administración iba a incluir la construcción de dos mercados. Sin embargo, la pandemia y cuarentena por covid-19 frustraron los planes del ahora exalcalde. Muyshondt terminó su periodo en mayo de 2021 y el 19 de junio de ese año fue capturado, acusado de diversos delitos por la fiscalía impuesta por el oficialismo. Desde entonces ha pasado recluido en el Centro Penal La Esperanza, conocido como “Mariona”, una de las prisiones donde los privados de libertad son torturados y varios han muerto en el marco del régimen de excepción. 

El 1 de mayo de 2021, Mario Durán asumió como nuevo alcalde de San Salvador. Durán fue el concejal que más protagonismo tuvo durante la administración de Bukele en la capital y es uno de los principales señalados de pactar con las pandillas para que pudieran ejecutar los proyectos en el centro histórico. 

Reelecto hasta 2027, en 2022 Durán anunció que invertiría otros $100 millones en la segunda fase de revitalización. “La inversión de la revitalización del #CentroHistóricoSS fase 2 será más de $100 millones para recuperar nuestro patrimonio cultural y dejar un legado histórico a los salvadoreños y capitalinos. El tesoro de la ciudad quedará como se merece: impresionante”, aseguró en redes sociales.

Con Bukele en la Presidencia, los desalojos en el centro regresaron a la represión. Los agentes de seguridad metropolitana y de la Policía Nacional Civil se volcaron a decomisar sin distinción cualquier venta que ingresara al circuito turístico del centro histórico, justo donde está el edificio de los Bukele con el restaurante de lujo. Y los negocios formales con décadas de estar instalados en esa zona comenzaron a sentir el miedo de ser desalojados. 

En agosto de 2022, la Dirección de Obras Municipales, una institución que nació para centralizar las obras de las alcaldías y potenciar las imagen del oficialismo, inició trabajos en el centro histórico. Uno de los principales tramos que intervino la institución que viste los colores de Nuevas Ideas fue la calle Rubén Darío, un tramo que conduce a la segunda calle oriente, donde está localizado el edificio que compraron los hermanos Bukele Ortez.

En la remodelación del centro histórico, el ejecutivo tomó control de las obras a través del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Municipales.

El 1 de junio de 2024, en el discurso de inauguración de su segundo mandato ilegítimo, Bukele habló del centro histórico que cambió para marginar a los vendedores informales que se ganaban la vida en esas cuadras que ahora están pensadas para las inversiones millonarias de cadena hoteleras y restaurantes de lujo. “Ya no hay temor acá de estar acá en el centro, pero no a esta hora de día, no, a las 2 de la mañana, incluso tomándose fotos o grabando videos con los celulares”, dijo a menos de 300 metros, a unos escasos cuatro minutos caminando, de donde una sociedad de sus hermanos hizo la compra millonaria de un edificio.

En ese mismo discurso en el que anunció la posibilidad de dar medicina amarga en el área económica, así como hizo con la seguridad, Bukele agregó: “Quiero agradecer a mis hermanos que han estado siempre a mi lado en todo este momento de la política y en todo este Gobierno y me han apoyado en cada momento de mi vida”.

Detrás de Nayib Bukele, sus hermanos aplaudían y celebraban con una sonrisa a menos de 300 metros, a unos escasos cuatro minutos caminando, del edificio que compraron un año antes.

Este artículo se publicó originalmente en Redacción Regional , del que Contracorriente forma parte.

 

El conflicto en torno a la mina Inversiones Los Pinares en Guapinol, Honduras, ha cobrado la vida de seis ambientalistas, siendo Juan López la víctima más reciente. Además de estos asesinatos, muchos otros defensores han sido criminalizados y numerosas familias desplazadas. A pesar de que los ambientalistas han logrado avances, como la legislación favorable para proteger la zona núcleo del Parque donde se instaló la mina, las amenazas en su contra no han cesado. Mientras tanto, la empresa hondureña detrás de la mina ha expandido su presencia en la región y, según informes financieros, mantuvieron transacciones activas al menos hasta septiembre de 2023 con Nucor Corporation, una de las mayores compañías siderúrgicas del mundo.

Texto: Fernando Silva y Danielle Mackey 
Con reportes de Jennifer Ávila 
Este artículo ha sido elaborado en colaboración con
Drilled

El asesinato de Juan López, defensor ambiental y regidor de Tocoa, ha puesto en el centro de atención a los actores políticos y empresariales que él denunció y que lo amenazaron por su lucha para proteger los ríos y montañas afectados por el megaproyecto minero de Grupo EMCO, relacionado principalmente con los empresarios hondureños Lenir Pérez y Ana Facussé. Una nueva revelación sobre el poder transnacional detrás del proyecto podría ser clave para comprender la urgencia con la que buscan eliminar cualquier oposición.

Y es que en 2020 la principal productora de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, aseguró haber finalizado en 2019 su relación como copropietarios de la empresa hondureña Inversiones Los Pinares –anteriormente Emco Mining Company–, dueña de una concesión minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras que ha causado un grave conflicto socioambiental en el que seis personas han sido asesinadas. Sin embargo, documentos oficiales de las declaraciones anuales de la empresa Los Pinares contenidas en el expediente de la concesión minera ASP en el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) indican que, al menos hasta el 30 de septiembre de 2023, Nucor Corporation y la empresa hondureña, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, mantenían una relación comercial con cuentas pendientes por cobrar y pagar.

Según los estados de resultados en la declaración anual consolidada de la concesión de Inversiones Los Pinares en 2022, hasta el 31 de diciembre de ese año la empresa hondureña mantenía una cuenta por cobrar a Nucor Corporation de 6,448,571 lempiras, unos 260 mil dólares, y al mismo tiempo Los Pinares tenía una cuenta por pagar a largo plazo en favor de la multinacional por un monto de 860,923,000 lempiras, alrededor de 34.72 millones de dólares.

El siguiente año, en 2023, los valores en las cuentas por pagar y cobrar entre Nucor Corporation y Los Pinares aumentaron. Una declaración anual registrada en el expediente de Los Pinares indica que para septiembre de 2023 la deuda de Nucor con la empresa hondureña había subido a 6,706,134 lempiras, casi 271 mil dólares. Es decir, había aumentado en 11 mil dólares. Por otra parte, la deuda de Los Pinares con la multinacional aumentó a 862,466,500 lempiras, unos 34.78 millones de dólares, subiendo 60 mil dólares.

Consultamos al respecto a representantes de Nucor y de Grupo Emco, pero no respondieron a nuestras preguntas. Las declaraciones anuales y los documentos del expediente de la concesión perteneciente a Los Pinares no especifican la razón o concepto de las cuentas entre ambas empresas; sin embargo, las deudas por pagar a largo plazo entre dos empresas pueden implicar desde préstamos hasta compra de materias primas, según un contador familiarizado con grandes empresas contribuyentes y transacciones financieras consultado por este medio, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.

Un reportaje publicado por una alianza periodística transfronteriza conformada por Contracorriente, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Univision Investiga, apuntaba en noviembre de 2020 que, según el registro público de Panamá, la firma estadounidense se asoció al proyecto desde marzo de 2015 con la compañía panameña NE Holdings Subsidiary, y desde agosto de 2016 a través de una segunda firma panameña de nombre similar, NE Holdings. El matrimonio Pérez Facusse había traspasado en 2015 a esas sociedades la totalidad de las acciones de otras tres empresas suyas en Honduras, según consta en documentos públicos. Una de esas empresas fue precisamente Inversiones Los Pinares (antes llamada Emco Mining), dueña de la controversial concesión minera. 

Documentos del expediente de la concesión minera a los que tuvo acceso este medio indican que, entre diciembre de 2017 y marzo de 2019, otra subsidiaria de Nucor, Nucor South America, figuraba como accionista de Inversiones Los Pinares, con un poco menos de la mitad de las acciones de la sociedad. La otra parte era propiedad de Aluminios y Techos de Guatemala, que al menos hasta finales de 2020 era propiedad del matrimonio Pérez-Facussé. Justamente en noviembre de 2020, una vocera de la empresa explicó que «como los disturbios en el sitio [Guapinol] se volvieron crecientemente violentos y nuestra preocupación por la seguridad del personal aumentó, Nucor, en consulta con sus contrapartes hondureñas, decidimos vender las acciones en NE Holdings en octubre de 2019. Nucor ya no tiene intereses como propietaria, ni influencia en la dirección de la compañía», dijo la vocera.

Los reportes anuales de Nucor entre 2022 y 2023 no registran inversiones o transacciones comerciales entre la multinacional y la empresa hondureña Inversiones Los Pinares. 

La representante legal del Comité Municipal de Guapinol, Rita Romero, afirmó que el conglomerado de Pérez, el Grupo Emco, tiene presencia en varios países, lo que lo convierte en una corporación transnacional.

Protesta del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) en contra del proyecto termoeléctrico de Ecotek en Tocoa, durante un cabildo abierto para socializar la planta. Tocoa, Colón, diciembre de 2023. Foto CC / Fernando Destephen.

¿Quién compra el óxido de hierro de la mina?

Inversiones Los Pinares realizó una solicitud de renovación de concesión minera en octubre de 2023 para que se le dieran 30 años más de vigencia tras su finalización, a finales de enero de 2024. Ante esto, la abogada Romero explicó que en 2023 se reunieron con funcionarios del Inhgeomin, quienes les aseguraron que el término del contrato de concesión para la explotación minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras no significaba el cierre de la empresa, ya que «tienen mucho material y tienen que sacarlo».

«Dicen que la empresa tiene mucho óxido de hierro que ha sido extraído durante estuvo vigente su contrato de concesión; yo sé que es cierto que hay muchísimo material en la zona, pero quedan las dudas: ¿para dónde tiene que sacarlo? Definitivamente no lo llevan a vender a Tegucigalpa [la capital del país]; entonces, ¿quién se los compra?», se preguntó la abogada.

En enero de 2023 la empresa Inversiones Los Pinares anunció a través de medios nacionales e internacionales que iba a exportar unas 800 mil toneladas de hierro, valoradas en 190 millones de dólares. Sin embargo, se desconoce qué empresas compran esta materia prima.

El caso del proyecto minero de Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras dio un nuevo giro, tras la aprobación por 80 diputados y diputadas del Congreso Nacional, el pasado 21 de febrero, del decreto legislativo 18-2024. Este decreto contempla la derogación del decreto legislativo 252-2013, mediante el cual, con influencia de Lenir Pérez, el Congreso Nacional aprobó la reducción de la zona núcleo del Parque ubicado en el municipio de Tocoa, Colón, permitiendo el otorgamiento de la concesión minera de 200 hectáreas.

Además, el decreto 18-2024 contempla la reforma del decreto legislativo 127-2012 para la inclusión del Parque Nacional Carlos Escaleras en el sistema de áreas protegidas de Honduras, lo que implicaría la prohibición para otorgar o renovar concesiones mineras, y la restauración de los daños ambientales causados por la empresa.

Tras la aprobación del nuevo decreto, se realizaron en Tegucigalpa acciones en contra de la medida por parte de organizaciones conocidas por posicionarse en favor de los intereses de la empresa, así como algunos pobladores de comunidades aledañas al proyecto. Incluso, según medios de comunicación locales, se reunieron con Johel Zelaya, fiscal general del Ministerio Público.

Los pobladores aseguran que serán desplazados de sus comunidades tras la derogación del decreto que reducía la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras; sin embargo, el dictamen presentado en el Congreso Nacional no implica ningún tipo de desalojo. Algunas de las personas participantes en las protestas fueron parte de los pobladores de Tocoa que en diciembre de 2023, con financiamiento del Grupo EMCO, acudieron a un cabildo abierto que buscaba la aprobación de un proyecto de generación de energía altamente contaminante en la zona que pertenece a Los Pinares, según los testimonios de los mismos pobladores.

Según la abogada Romero, la forma en que han reaccionado estos grupos es preocupante y responde a los intereses de la empresa. También remarcó que, aunque se prohíba la instalación del proyecto minero, la planta peletizadora y el proyecto de generación de energía del Grupo EMCO siguen vigentes, ya que no eran parte de la zona protegida del Parque.

«Es visible que EMCO le está apostando a mantener vigente su proyecto eléctrico y la planta peletizadora, y lo visto últimamente es que la empresa está dispuesta a hacer lo que tengan que hacer para seguir con sus proyectos», aseguró la abogada Rita Romero.

Transcurridos varios meses de incertidumbre tras haberse aprobado en el Congreso Nacional, el 6 de mayo de 2024 se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto legislativo que recupera el estatus de área protegida del Parque. Con la publicación de este decreto, Inhgeomin quedaría inhabilitada para otorgar la ampliación solicitada por Inversiones Los Pinares. 

Sin embargo, Lenir Pérez tiene otras dos empresas esperando poder operar cerca: una planta de peletización y un proyecto de generación de energía a partir de coque de petróleo, que podrían funcionar en el futuro, ya que no formaban parte del área protegida del Parque. A pesar de que estos proyectos están en espera, la maquinaria sigue operando, lo que ha generado denuncias por parte de algunos de los pobladores.

Además, los miembros del Comité Municipal continúan exigiendo que se establezcan responsabilidades penales por la complicidad de instituciones e individuos en la autorización de este proyecto minero, que ha causado graves daños a las comunidades. Anteriormente, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) anunció en un comunicado que estaban llevando a cabo investigaciones en el edificio de la alcaldía municipal de Tocoa y en las oficinas del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), para determinar si se habían cometido una serie de delitos relacionados con la explotación ilegal de recursos naturales, daños ambientales, contaminación del recurso hídrico y abuso de autoridad, en perjuicio de patronatos comunitarios y organizaciones defensoras del medio ambiente en la zona.

Según la información del Ministerio Público, esas tareas se sumaban a dos líneas de investigación más en contra de Inversiones Los Pinares S.A. de C.V., empresa en la que Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé han figurado como socios, y que, según el comunicado del ente investigador, «presuntamente ha afectado a 14 comunidades que habitan alrededor del proyecto». 

El vocero del MP, Yuri Mora, dijo a este medio que «cuando el Ministerio Público acusa a alguien que no está en el país siempre se busca hacer las solicitudes o asistencias jurídicas para que esta persona sea devuelta y enfrente la justicia. En torno a los problemas ambientales en Tocoa, se llevan a cabo varias investigaciones; sin embargo, por estar abiertas aún no nos podemos referir a ellas, porque la ley del Ministerio Público así lo establece, para no entorpecer las mismas. No sé cuántas investigaciones son en total, pero se trabajan investigaciones sobre ese tema».

El ambientalista Juan López fue enterrado en el cementerio de Tocoa, Colón, rodeado del calor de quienes le conocieron y compartieron sus luchas. Septiembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Finalmente, el 24 de septiembre, el Ministerio Público presentó un requerimiento contra Lenir Pérez y 12 personas más vinculadas a las operaciones de Inversiones Los Pinares, por «supuestos daños en contra del Parque Nacional Montaña de Botaderos, en Tocoa, Colón». Se les acusa de explotación ilegal de recursos naturales y otros delitos que habrían afectado la biodiversidad del Parque, los cuales fueron «supuestamente cometidos» en perjuicio del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. El requerimiento fue emitido días después de la muerte de Juan López, pero es una exigencia que desde hace dos años han hecho los defensores en Tocoa.

Estas acciones por parte de la Fiscalía hondureña se suman a lo que pasó el 28 de abril de 2023, cuando el FBI allanó un amplio complejo ecuestre de 10 millones de dólares en Palm Beach, Florida, que Pérez había adquirido recientemente. El abogado del empresario afirmó que el FBI no estaba apuntando a Pérez, sino a Nucor, pero no ofreció información adicional sobre el caso.

El FBI, a través de su oficina de prensa, respondió diciendo que «no confirma ni niega la existencia de una investigación y declina cualquier petición de comentario»

Centroamérica ignora la sobrecarga laboral de las mujeres y no invierte lo suficiente para protegerlas. En una región donde 6 de cada 10 centroamericanas brindan cuidados de manera no remunerada a integrantes de su hogar, durante casi 20 horas semanales, la falta de políticas integrales que transforme esta realidad es la norma, no la excepción. 

Juliana Martínez Franzoni

Por regla general en torno a las mujeres, hay casi siempre una madeja de personas que dependen de ella en más de un sentido. Se trata de hijas, hijos, madres, padres y otras relaciones estrechas por las que circulan afectos, tiempo y dinero. Durante casi toda su vida, la vivencia de las mujeres está profundamente definida por estas relaciones de alimentación, cariño, sostén, en resumen, de cuidados. Tradicionalmente, estas tareas han sido vistas como un deber estrictamente femenino, dictado por normas de género arraigadas. En Centroamérica, 6 de cada 10 mujeres brinda cuidados de manera no remunerada a integrantes de su hogar y le dedica a ese trabajo casi 20 horas semanales – 13 horas más que los hombres. Esta carga tan visible ha sido fácilmente ignorada no solo por los presidentes sino por una región entera que prefiere llamarle “amor” a las labores de cuidado, generando más presión sobre ellas en lugar de exigir políticas que transformen esta realidad.

Idealmente, el mundo laboral, los gobiernos y los hombres –dentro y fuera de la casa–deberían compartir esta responsabilidad. En países con trabajos remunerados de calidad, licencias por nacimiento, servicios de cuidado infantil y apoyo financiero para criar a los niños, la vida es muy diferente en comparación con Centroamérica. En lugares donde además se crean condiciones para que los hombres asuman su parte en el cuidado, la vida de las mujeres mejora significativamente, y los cuidados se convierten en una experiencia menos gravosa en su sueño y su salud, y más gratificante y compatible con tiempo personal y laboral.

Las políticas familiares son los brazos del Estado que moldean cómo se protege y apoya – o se les deja solas– a las personas y, muy especialmente, a las mujeres en sus roles familiares. Muchas veces, estas políticas son implícitas y pasan desapercibidas en tanto intervenciones en las familias. Por ejemplo, la falta de derechos reproductivos, como el acceso a la interrupción de un embarazo no deseado, es una política de familia implícita que afecta directamente a las mujeres, aunque generalmente se aborda como política de derechos humanos o incluso de salud pública – que también es. El que las mujeres deban dedicar tantísimas horas al trabajo doméstico no remunerado, también refleja una política de familia implícita. En Guatemala, ellas le destinan entre 60 y 44 horas semanales, según se trate de las de menores o mayores ingresos, respectivamente.

En las últimas dos décadas, Centroamérica ha avanzado al crear políticas de familia explícitas. Algunos gobiernos, como el de Costa Rica con su Red de Cuido y El Salvador con su Comisión Interinstitucional de Cuidados, han reconocido que las mujeres no pueden hacerlo todo solas y que los cuidados son responsabilidad de toda la sociedad, incluyendo el Estado y los hombres con responsabilidades familiares. Esto ha llevado, por ejemplo, a hacer encuestas de uso del tiempo que muestran cómo se distribuye el trabajo entre hombres y mujeres y cómo las mujeres a menudo enfrentan jornadas de trabajo dobles o triples, entre trabajo pagado y no pagado.

Todos los países centroamericanos cuentan con al menos una medición aunque los datos no se actualizan desde 1998 en Nicaragua, 2009 en Honduras y desde 2019 y 2017 en Guatemala y El Salvador, respectivamente. La última encuesta disponible, realizada en Costa Rica en 2022, muestra que las brechas en el tiempo semanal que destinan las mujeres a cuidar de manera no remunerada en sus hogares continúa siendo de más de 16 horas, tal como ocurría en 2017, cuando la encuesta se realizó por primera vez.  

Estas encuestas muestran también que las mujeres en Centroamérica –al igual que en el resto de América Latina– somos hoy más desiguales que nunca entre nosotras, a la vez que persisten las desigualdades de género. Esto se ve, según estimaciones de ONU Mujeres, en la participación laboral de las mujeres. Aquellas con menos educación formal tienen una participación similar a la que tenían a inicios de los años 2000 (4 de cada 10), mientras que la participación de las mujeres con mayor educación formal ha continuado aumentando hasta superar las 6 de cada 10. Si lo comparamos con la participación de los hombres con un nivel de educación similar, las primeras tienen una brecha de hasta 70 puntos porcentuales y las segundas, de solo 10.

Sin embargo, a pesar de la rampante evidencia que existe para contar con políticas públicas adecuadas, los avances han sido más anunciados que concretados. Las políticas explícitas de familia son limitadas en su alcance y efectividad. Los cambios son difíciles, especialmente en contextos de alta informalidad laboral y adonde los recursos destinados a las políticas públicas son insuficientes. En Costa Rica, por ejemplo, se ha extendido la licencia por nacimiento a trabajadoras independientes. Aunque no es fácil hacer cumplir estas medidas, su reconocimiento legal es un paso importante, siempre vinculadas al trabajo de las madres y su contribución a la seguridad social.

Además, los países centroamericanos no invierten suficiente dinero en proteger a su población. La pandemia de Covid-19 demostró que la capacidad de los gobiernos para llegar masivamente a las personas es mayor de lo que se suele suponer.  Países que se asumen con gobiernos con poquísimas capacidades para proteger a su población, como Guatemala, en cuestión de semanas logró entregar transferencias monetarias de emergencia a más de 10 millones de personas. Lastimosamente, una vez que el miedo a la pandemia y al desorden social que ella podría generar se disipó, se desvanecieron rapidamente las medidas.

Reconocer formas de organización familiar más allá del modelo tradicional de «papá trabaja y mamá amasa la masa» lleva tiempo. Aunque la mayoría de los hogares en Centroamérica ya tienen a mamá trabajando y cuidando, las reformas para que papá también participe de manera equitativa en el cuidado y que se reconozcan los permisos para parejas del mismo sexo aún están en pañales.

De hecho, hay gobiernos que están actualmente promoviendo políticas que siguen estando basadas en modelos tradicionales, como se ve en programas de primera infancia en El Salvador y Nicaragua – “Crecer Juntos” y “Amor por los más chiquitos”, respectivamente. Estas políticas, aunque son en teoría bien intencionadas, conllevan una mayor demanda de trabajo para las mujeres, algo que se agrava dado el contexto de altísima informalidad laboral y de mayor precariedad económica ocasionada por el alza en el precio de los alimentos.

Las políticas punitivas que se están implementando en países como en El Salvador, con su régimen de excepción, agravan aún más la situación de las mujeres. La captura masiva y sin debido proceso de hombres que tradicionalmente han sido los principales proveedores de ingresos obliga a las mujeres a asumir responsabilidades adicionales. Ellas deben correr para atender a sus familiares presos, pagar por su alimentación, vestimenta y medicamentos, mientras continúan sosteniendo a los miembros de la familia que están fuera. Esto aumenta la carga de trabajo de las mujeres, que deben hacer malabares para mantener la red de relaciones familiares que dependen de ellas.

A menudo, las medidas punitivas se presentan como soluciones rápidas a problemas sociales urgentes, como la inseguridad. Sin embargo, en lugar de resolver los problemas, estas políticas aumentan la desigualdad socioeconómica y de género. El populismo punitivo refuerza la idea de que la cárcel reduce la delincuencia y cohesiona a la «gente buena» contra la «gente mala». Sin embargo, esta narrativa simplista no aborda las causas subyacentes de los problemas sociales, y exacerba las desigualdades existentes. Además, en escenarios represivos, quienes tienen menos voz, como es en términos generales el caso de las mujeres, suelen tener más para perder. Para muestra está la represión de que ha sido objeto el salvadoreño Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), integrado fuertemente por madres, hijas y hermanas de personas presas sin debido proceso. 

Para saber realmente si y cómo los gobiernos están mejorando la calidad de vida de las mujeres, es crucial considerar tanto las políticas familiares explícitas como aquellas que, siendo implícitas, pueden agravar las dificultades económicas y de cuidado. Si no se abordan estos problemas, muchos de los avances recientes podrían verse revertidos, y las mujeres seguirán siendo las principales víctimas de un sistema que les exige cada vez más mientras les ofrece menos apoyo real.

Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual NOMBRE DEL MEDIO forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.

Se trata de una propuesta de ley marco gestada por el Parlamento Centroamericano (Parlacen) desde 2019, «cuando llegaron unos expertos de Rusia». La normativa tomó impulso entre 2021 y 2022, tiempo en el cual Nicaragua ocupaba la presidencia pro témpore del organismo. La ley, recién aprobada en el Parlacen, es muy parecida a la “Ley Mordaza” de los sandinistas, llamada así por su uso para acallar toda voz contraria. El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) apadrinó el proyecto a través de su Dirección de Seguridad Democrática y lo ha puesto a disposición de los legislativos de sus países miembros, en un contexto en el que los autoritarismos mantienen una cruzada frontal contra la libertad de prensa y expresión en el istmo.

Por Wilfredo Miranda Aburto y Jennifer Avila

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) envió a los Parlamentos de sus países miembros una «propuesta de ley marco de prevención y protección contra la ciberdelincuencia» que, en sus puntos neurálgicos, es similar a la Ley de Ciber delitos diseñada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua para arrestar y perseguir a la disidencia y las voces críticas.

DIVERGENTES y Contracorriente tuvieron acceso a una copia de la propuesta de ley marco del SICA, la cual establece —como la nicaragüense— la extraterritorialidad de su aplicación, pero también añade por su parte la «cooperación técnica y económica internacional» en materia de extradición.

Además, faculta a las autoridades el registro y secuestro de medios digitales o electrónicos y un control casi total sobre los operadores de servicio de telecomunicación.

A renglón seguido, la ley del SICA propone la interceptación, grabación, reproducción de «comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y similares que utilicen el espectro electromagnético». Algo que de facto ya hacía el régimen Ortega-Murillo, pero que con la reforma a la Ley de Ciberdelitos en septiembre pasado, fue legalizado por sus operadores en la Asamblea Nacional.

La ley marco del SICA empezó a gestarse a partir de 2019 en el Parlacen, «cuando llegaron unos expertos de Rusia», asegura Jorge Fernando Jiménez, representante de Honduras ante el organismo. El legislador es uno de los principales impulsores de esta normativa y en su país es miembro del partido minoritario Frente Amplio. También es reconocido en Honduras por liderar una organización de derechos humanos y por haber sido acusado del delito de estafa por parte del Ministerio Público el pasado 23 de septiembre.

Luego de aprobada por el Parlacen, el SICA apadrinó el proyecto a través de su Dirección de Seguridad Democrática y lo puso a disposición de los poderes legislativos de sus países miembros. Jiménez, en su papel de diputado del Parlacen, confirmó a Contracorriente y DIVERGENTES que en El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana la socialización de esta ley «va bien avanzada, a pesar de que apenas se aprobó en la última asamblea plenaria del parlamento».

Según Jiménez, el proyecto de ley se presentó en mayo pasado al jefe de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional de Honduras y a miembros de instituciones de seguridad como Interpol, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del gobierno de Xiomara Castro.

En Guatemala estaba programado un evento el pasado 27 de septiembre para presentar la propuesta, pero la administración del progresista Bernardo Arévalo canceló la reunión, según explicó el diputado Jiménez. En ese país, el Congreso Nacional viene discutiendo desde hace meses la iniciativa 6347 que contiene una ley  propia de Ciberdelitos.

A pesar de las similitudes, Jiménez asegura que la ley gestada en el Parlacen no fue exclusivamente inspirada en la ley de Nicaragua, sino «que recoge ejemplos de Rusia, China y Estados Unidos». Asegura que el SICA ya tenía varios años de estar elaborando esta normativa, pero que hasta que él lideró la Comisión Jurídica del Parlacen fue puesta como prioridad en el Plan Operativo Anual. «Es una ley bastante innovadora… nos pone a la par de la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. Es un instrumento que estamos entregando a países como Honduras o Guatemala que tienen cero por ciento en materia de ciberdelitos, para que puedan implementarla y podamos estar de acorde a la realidad», dijo.

¿Lucha contra la desinformación?

En su artículo 32, esta normativa del SICA para Centroamérica regula el tema de «la difusión de información falsa». Establece: «Será sancionado con pena de tres a seis años de prisión quien, a través de medios electrónicos, informáticos, o mediante un sistema de telecomunicaciones, propague o difunda noticias o hechos falsos capaces de distorsionar o causar perjuicio a la seguridad y estabilidad del sistema financiero o de sus usuarios».

Un planteamiento, de fondo, similar al artículo 30 de la Ley de Ciberdelitos Ortega-Murillo, que condena la «propagación de noticias falsas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación». Dice la ley nicaragüense: «Quien, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella a una persona o a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa».

Ha sido el régimen Ortega-Murillo quien ha determinado a gusto y antojo quien  produce «alarma, temor, zozobra en la población». La mirilla represiva ha apuntado a periodistas independientes, ciudadanos que publican en redes sociales y líderes de opinión que por decenas han sido condenados con esta ley.

La Fiscalía sandinista no sólo ha usado como pruebas en los juicios publicaciones en redes sociales propias de los opositores, sino que hasta los «Me Gusta» que los detenidos han dado a posts de terceros que son de carácter político. O comentarios que ellos dejan en perfiles que pertenecen a figuras aborrecidas por el gobierno.

Por ejemplo, el tiktoker Cristóbal Geovanny López Acevedo, conocido en redes sociales como Tropi Gamer y simpatizante sandinista, fue condenado por defender a la Miss Universo Sheynnis Palacios de los ataques de la propaganda oficial. O el filósofo y catedrático Freddy Quezada, también condenado por un like, que le dio a una publicación en X, en la que hacían referencia al poder de movilización que tendría la llegada de la Miss Nicaragua recién coronada en el certamen internacional. Ambos presos políticos relataron esto después de ser desterrados a Guatemala a principios de septiembre. Previo a ellos, también campesinos que ni siquiera contaban con redes sociales o un teléfono móvil fueron procesados por Ciberdelitos.

Jiménez, quien se considera el gestor principal de la ley, aseguró que esta normativa del Parlacen tiene límites y sanciones para «el funcionario que ordene una intervención sin cumplir los parámetros legales». «Esa ley es completa, tiene derechos y deberes», insistió.

Agregó que Honduras, por ejemplo, ha mandado a entrenar a agentes en Inteligencia Artificial (IA) a República Dominicana, pero aún no hay una ley que regule la IA en Honduras… y esta ley que propone el Parlacen y el SICA viene a llenar esos vacíos (…) el objetivo de la ley es que se pueda hacer frente a cualquier mal uso de la tecnología, ya sea por parte del crimen organizado o gobiernos, defendió el parlamentario regional.

Por otro lado, Jiménez no quiso referirse al uso que ha tenido la Ley de Ciberdelitos en Nicaragua, porque, alega, no puede «opinar de posiciones políticas de los países». En cambio, aseguró que esta iniciativa no estuvo inspirada en la experiencia de ese país y que, al contrario, «cuenta con las herramientas necesarias para que no se vulneren los derechos humanos».

De acuerdo al legislador catracho, la propuesta marco «ha llamado la atención del Parlacen», a tal punto que se ha hecho una socialización de manera dinámica con los consejos de ministros y congresos, a pesar de que esta ley no tiene vinculación directa en los países.

Contenidos de abuso sexual

Al igual que la Ley de Ciberdelitos nicaragüense, la del SICA basa su urgencia en gran medida en la prevención y el castigo del contenido de abuso infantil o la mal llamada «pornografía infantil». Sin embargo, que se sepa públicamente, apenas una persona ha sido condenada por Ciberdelitos en Nicaragua. Se trata del novio de una influencer de redes sociales que distribuyó fotos privadas de ella sin su consentimiento. 

En Honduras, grupos de activistas están solicitando al Congreso Nacional que se apruebe una ley que penalice la distribución de contenido privado sin consentimiento y contenido de abuso sexual, algo similar a la «Ley Olimpia» de México, una norma exclusivamente creada para proteger a niñas y mujeres de ciberdelitos. 

La experiencia más cercana, que es la nicaragüense, preocupa ya que la aplicación de esta normativa bajo el régimen Ortega-Murillo ha tenido una aplicación de eminente carácter político. 

Además, que el SICA ponga a disposición esta ley marco de Ciberdelincuencia en Centroamérica causa alarma, porque se promueve en un contexto de grave persecución contra la libertad de prensa y expresión que mantienen gobiernos autoritarios, como el de Nayib Bukele en El Salvador, o el acoso sistemático del de Xiomara Castro en Honduras contra la prensa. Ni siquiera la considerada «Suiza centroamericana», es decir Costa Rica, escapa de este temor, ya que el presidente Rodrigo Chaves mantiene una cruzada permanente contra lo que él llama «la prensa canalla». 

Mientras que en agosto de 2022, en la misma semana que dio inicio la cacería del periodista José Rubén Zamora, director de elPeriódico, el Congreso de la República de Guatemala discutió el Decreto 39-2022 que contenía la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia pero esta fue descartada.

A pesar de estas advertencias, la ley marco del SICA argumenta su existencia de la siguiente manera: «La presente ley tiene por objeto velar por la ciberseguridad y la ciberdefensa de las personas naturales y jurídicas del Estado para hacer frente a la Ciberdelincuencia, mediante la creación de figuras delictivas, la adecuación de normas penales existentes y las reglas procesales necesarias para incorporar los medios de prueba digitales que permitan la obtención de evidencias y pruebas electrónicas en el proceso penal. Así como la creación de los órganos estatales competentes para una investigación eficaz y la cooperación internacional en la materia».

Los Ortega-Murillo de pioneros en Ciberdelitos

Que la ley marco del SICA tenga muchas similitudes con la Ley de Ciberdelitos de los Ortega-Murillo no es casualidad. La propuesta de normativa fue creada originalmente por el Parlamento Centroamericano (Parlacen) cuando Nicaragua ocupaba la presidencia pro tempore de ese organismo regional, entre octubre de 2021 y octubre de 2022, con el diputado Guillermo Daniel Ortega Reyes, un férreo defensor del régimen sandinista, según una fuente cercana al Parlacen.  

La normativa se gestó con la llegada de «expertos rusos», pero tomó fuerza mientras el régimen Ortega-Murillo estaba al frente del Parlamento regional. En ese contexto, la Ley de Ciberdelitos en Nicaragua ya había sido aprobada el 27 de octubre de 2020. 

Con su reforma en septiembre pasado, los Ortega-Murillo agrandaron los colmillos de esta normativa, conocida popularmente como «Ley Mordaza». La modificación ahora da cabida para enjuiciar a nicaragüenses y extranjeros que estén fuera del país, al mismo tiempo que establece penas que van desde la prisión perpetua hasta la confiscación de bienes a quienes cometan delitos como lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, ciberdelitos y cualquier falta contra la administración pública.

En el caso de la modificación de la Ley de Ciberdelitos, número 1042, las penas de prisión se aumentan a cinco años. Y si la publicación en redes sociales también «incita a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos raciales, religiosos, políticos, condición económica y social o ponga en peligro la estabilidad económica y social, el orden público, la seguridad soberana o la salud pública», la pena sube a 10 años de cárcel. Antes el máximo de la pena era de cinco. Combinadas es una condena de 15 años.

«Lo que están haciendo Ortega y Murillo es transnacionalizando la represión, llevando esto a un punto en que la persecución es global. Lo que tratan con esto es instrumentalizar los mecanismos de Interpol o GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) de los que Nicaragua es parte y, por desgracia, para ellos son útiles, porque pueden colocar en estos órdenes de captura internacionales», plantea el exdiputado opositor Eliseo Núñez, quien fue despojado de su nacionalidad nicaragüense.

El temor de Núñez es validado por la propuesta de ley marco del SICA y el Parlacen, porque no solo habla de extraterritorialidad, sino que pone de manifiesto las extradiciones. Esto, dice, pone en riesgo, por ejemplo, a nicaragüenses exiliados y desterrados en países como Costa Rica o Guatemala. 

Además, la promoción de esta ley del SICA sucede cuando 76 legisladores del Parlacen solicitaron incluir a la Duma Estatal (cámara de diputados) de Rusia como observador en el Parlamento Centroamericano por el aporte de 150 000 dólares a ese órgano. En los últimos años, Rusia ha reforzado la capacidad del régimen Ortega-Murillo para espiar a opositores en Nicaragua, incluida la instalación de una base de espionaje moscovita en Managua, como reveló el medio Confidencial

El general en retiro falleció la madrugada de este 30 de septiembre en el Hospital Militar en Managua, casi cinco meses después que el régimen Ortega-Murillo le impuso casa por cárcel, una medida represiva que resultó fatal para su ya deteriorada salud. Fue un hombre controvertido por su papel como “señor de la guerra” en los años ochenta y su insistencia por profesionalizar las fuerzas armadas en los noventa. Siempre mantuvo un pulso tenso con la pareja presidencial, al punto que lo tildaron de “traidor”

Por Wilfredo Miranda Aburto (@Piruloar) | San José, Costa Rica

Publicado originalmente en Divergentes

El comandante Henry Ruíz, alias ‘Modesto’,​​ tenía un prejuicio en contra de Humberto Ortega Saavedra, uno bien serio que se lo habían inculcado sus compañeros de armas de la ciudad cuando él bajaba de la montaña: “Que Humberto no entraba por cochón (miedoso)” a los combates guerrilleros que condujeron al Frente Sandinista a derrocar a la dictadura somocista en 1979. 

Pero, cuando Ruíz vio correr sobre la costa del mar al hermano menor del dictador Daniel Ortega, después del triunfo de la revolución, se dijo a sí mismo: “Pero si este pobre ‘Puñal’ —así le decían—, ¡qué puta!, si ni correr puede, con las manos delgaditas, verdad, sin peso. Qué va a poder este jodido en la clandestinidad, ni el monte serviría, ni aquí en la ciudad… y se lo dije de manera muy fraterna: —¡No jodas, fue mejor que te quedaste afuera!”. 

El episodio que narra Ruíz, contenido en las Memorias Sandinistas de la historiadora y exguerrillera Monica Baltodano, no sólo hace énfasis en las secuelas físicas que inhabilitaron al general Humberto Ortega Saavedra de los combates desde 1969, cuando dirigió y participó en una fallida incursión guerrillera desde Alajuela, Costa Rica, para intentar liberar de una prisión a Carlos Fonseca Amador, figura referencial del sandinismo. 

Pero lo que también dice el comandante ‘Modesto’, en especial sobre la pérdida del prejuicio en contra de Humberto, es cómo este guerrillero lesionado de por vida se ganó el respeto de sus pares sandinistas al idear la insurrección urbana contra el somocismo, clave para derrotar a la dinastía. Es decir, un militar alejado del campo de batalla, pero nunca retirado de él, que se granjeó la fama de un buen “estratega” militar, al punto que se quedó con el mando del Ejército Popular Sandinista en los años ochenta.

Humberto fue el segundo hombre más fuerte de Nicaragua durante la década fratricida de los ochenta, sólo detrás de su hermano mayor, el actual dictador que le impuso al militar en retiro casa de cárcel de facto. Después de la derrota de la Revolución Sandinista en las urnas en 1990 frente a la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, Humberto se convirtió en el primer jefe militar en democracia y figura clave para la profesionalización de las fuerzas armadas en los años noventa. 

El general en retiro falleció la madrugada de este lunes 30 de septiembre bajo custodia del régimen de su hermano y su cuñada, la “copresidenta” Murillo. Según un comunicado oficial, la causa de muerte fue un paro cardio respiratorio.

“La Dirección del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua, da a conocer, que el día 30 de septiembre de 2024 a las 01:55 horas, el paciente Humberto Ortega Saavedra de 77 años de edad, presentó paro cardio respiratorio, y luego de atenderlo con maniobras de resucitación cardiopulmonar no salió de tal condición, declarándose fallecido a las 02:30 am”, dice el comunicado difundido por los medios oficialistas al mismo tiempo.

La noche antes de su fallecimiento, el Ejército de Nicaragua emitió un comunicado en el que informaron que el militar “presentó un deterioro brusco de su condición con choque cardiogénico”. “Se recibió quejumbroso, con tendencia a la hipotensión, con ruidos pulmonares sugerentes de falla cardiaca agudizada y con datos de infección de tejidos blandos en miembro inferior izquierdo, concluyendo que el paciente cursaba con datos de sepsis y falla cardiaca”, refiere el centro médico. El militar estuvo aislado en el Hospital Militar desde junio.

 

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Fuentes hospitalarias refieren que el general en retiro murió la madrugada de este lunes 30 de septiembre en el Hospital Militar. Es decir, casi cinco meses después que su hermano y su cuñada le impusieron casa por cárcel. La medida fue fatal para la ya deteriorada salud de Humberto, un hombre de 77 años retirado en su casa, ubicada en Managua, con problemas coronarios y llagas en sus piernas. En el ocaso de sus años, al exjefe del Ejército de Nicaragua le dio por criticar al régimen de Daniel, su hermano, y más grave aún, pecado capital, descartar de la línea de la sucesión constitucional a su cuñada y archirrival, Rosario Murillo Zambrana. 

El militar fue cercado el 19 de mayo de 2024 por un contingente policial horas después que dio una entrevista al periodista Fabián Medina para el medio Infobae, y en la que emitió unas críticas que agriaron a la pareja presidencial. Dijo que su hermano mayor, como líder del régimen autoritario, no tiene sucesores. Una crítica que, como dardo certero, dio en la diana del plan de sucesión familiar que empuja, sobre todo, su cuñada. 

“Sin Daniel no hay nadie, porque, con todo y todo, Daniel es el único líder, histórico, que aún conserva los créditos de esa lucha. Sin Daniel veo muy difícil que haya unos dos o tres que se junten. Mucho menos uno en particular, y más difícil en la familia. Hijos que no han tenido el acumulado de una lucha política”, sostuvo Ortega Saavedra en referencia a su sobrino, Laureano Ortega Murillo, el hijo que la pareja presidencial aúpa como delfín para la sucesión dinástica. 

La respuesta de su hermano y su cuñada no sólo fue cercarlo policialmente, sino que todos los trabajadores de servicios y escoltas de Ortega Saavedra fueron arrestados. Al militar le quitaron sus celulares y computadoras. Lo aislaron y días después, la Policía Nacional reconoció la medida de casa de cárcel de facto en un inusual comunicado: la institución informó que el Ministerio de Salud instaló en las afueras de la casa del exjefe del Ejército una unidad de médicos para monitorear su salud, delicada desde meses atrás, a tal punto que fue sometido a una intervención quirúrgica. 

La familia de Ortega Saavedra advirtió que él necesitaba atención médica especializada debido a los problemas coronarios y unas llagas en sus piernas. Sin embargo, la pareja presidencial desoyó y un médico del Ministerio de Salud ingresaba a la vivienda a tomarle únicamente la presión al militar en retiro. Tres semanas después de iniciado su cautiverio, fue trasladado de urgencia por los policías al Hospital Militar con síntomas de haber sufrido un infarto. Luego de esa gravedad, el militar fue devuelto a su casa, donde lo mantuvieron incomunicado. El 28 de mayo de 2024, en cadena nacional, Ortega llamó “traidor” a su hermano.

Ortega Saavedra no es el primer líder histórico sandinista que muere bajo cautiverio de los Ortega-Murillo, es decir en manos del Estado. Antes fue el comandante Hugo Torres Jiménez, general en retiro, quien colapsó en la cárcel de El Chipote por falta de atención médica adecuada para una persona de 73 años con padecimientos crónicos. Torres Jiménez fue trasladado a un hospital, pero ya era muy tarde para recuperar su salud. 

Una relación friccionada por la cuñada

 

 

Varios exguerrilleros sandinistas y analistas políticos coinciden que el hecho que Ortega Saavedra haya descartado de la sucesión dinástica a Rosario Murillo y Laureano Ortega fue percibido como una afrenta imperdonable para su cuñada. Ella trabaja desde antes de 2018 en un plan para suceder a su esposo. 

Si bien la “copresidenta” Murillo ocupa la primera línea de la sucesión constitucional, ha trabajado arduamente por perfilar a su hijo Laureano, actual asesor presidencial para inversiones, canciller de facto, y ahora encargado de las relaciones del régimen de sus padres con Rusia y China primordialmente. 

Murillo y su cuñado siempre tuvieron una relación atropellada, incluso desde antes que triunfara la revolución sandinista en 1979. La entonces primera dama en la etapa revolucionaria no se llevaba bien con la esposa de Humberto, una costarricense que se llama Ligia Trejos. Esta era más dedicada a los hijos, y tenía menos proyección pública que Murillo.

Aunque la animadversión era mutua, las fuentes cercanas a la familia Ortega Saavedra recuerdan que la actual “copresidenta” desdeñaba a Trejos y a Humberto por su “opulento” estilo de vida. “Rosario se dirigía de manera despectiva a los hijos de Humberto; los criticaba hasta por la ropa que usaban”, relata una voz cercana a la familia presidencial. “Ella ocupaba esas cosas para cuestionar políticamente a Humberto y debilitar la relación que mantenía con Daniel, porque los hermanos sí tenían un vínculo político”.

Murillo siempre tuvo “una obsesión” por apartar a Daniel Ortega de influencias externas. Esto lo ha logrado en la actualidad, aunque no fue así en los ochenta. Aunque es el hermano menor, el exjefe del Ejército, siempre tuvo un rango de incidencia sobre el caudillo sandinista. A pesar de las diferencias, Daniel Ortega solía tomar en cuenta las consideraciones de estrategia militar, políticas o de diplomacia de su hermano menor. 

“Como militar, Humberto es bien pragmático y siempre ha visto a la Rosario como una loca, impulsiva, violenta y agresiva. Pero no solo es por la posición emocional de ella, Humberto es realista: sabe de las antipatías internas que siempre ha generado el liderazgo de ella”, señala una fuente ligada a la familia Ortega Saavedra. 

Murillo siempre ha visto en su cuñado a un competidor del poder de su esposo y, por consiguiente, el suyo. Dora María Téllez, exguerrillera sandinista y desterrada política, dijo a DIVERGENTES que la relación entre la “copresidenta” y su cuñado se fue tensando a medida que ella ganaba poder. 

“Sin embargo, no creo que al final de cuentas tenga tanto que ver con animadversiones personales, sino que es un tema de competencia política”, plantea la excarcelada. “Ortega y Murillo han visto en Humberto a un competidor, alguien molesto, que no se somete a su control, que no está sujeto a ellos. Él puede decir cualquier cosa, como lo ha hecho. Entonces ese asedio hacia Humberto, el mismo hacía miles de nicaragüenses, es para callarlo. Humberto es una voz fuera del país que se le salió de las manos”, añade Téllez. 

“Estratega brillante”, pero… 

 

 

En una conversación con la exguerrillera Mónica Baltodano, recogidas también en Memorias de Lucha Sandinista, Téllez asegura que Humberto era “brillante en análisis estratégico, pero nunca ha tenido balance en sus consideraciones”. “Es bien extremista y eso es lo que siempre deterioró su capacidad de análisis. Pasó de ofrecer postes de luz a la burguesía, a convertirse en uno de ellos. Es una cosa totalmente contradictoria”, valora Téllez, la mítica “Comandante Dos” del asalto al Palacio. 

Humberto Ortega Saavedra nació en 1947 y en su juventud, siguiendo a su hermano Daniel, se sumó a la lucha antisomocista de manera clandestina. Los hermanos no fueron fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero años más tarde se convertirían en dos de las figuras principales de la insurrección y la revolución. Después de interceptar fallidamente la caravana de Somoza Debayle y salir de prisión en 1967, el joven Humberto se va a Cuba a entrenar militarmente. 

La segunda gran operación guerrillera fue la liberación —también fallida— de Carlos Fonseca. Ortega Saavedra regresó a Cuba donde lo sometieron a varias operaciones que le devolvieron, parcialmente, la movilidad de sus manos. En la isla se hizo muy cercano a Fidel Castro. Coinciden exguerrilleros sandinistas que era el “mimado” del dictador cubano. En esa etapa, desde Cuba y Costa Rica donde volvió, el militar desarrolla por completo su faceta de estratega militar. 

En 1977, después de los operativos denominados “Octubre Victorioso” en contra de cuarteles de la Guardia Nacional, el Frente Sandinista estaba dividido en tres facciones: Los Proletarios, Guerra Popular Prolongada (GPP) y los Terceristas. La facción de los Terceristas era liderada por los hermanos Ortega Saavedra. En este punto de la historia, las fuentes consultadas por DIVERGENTES coinciden que Humberto fue clave en formular una estrategia de insurrección en las ciudades, contrario a la tendencia GPP que prefería guerrear  contra Somoza en las montañas. 

La estrategia de los Terceristas tuvieron mucho éxito, pero sobre todo proyección internacional por gestas como el asalto al Palacio que debilitó al régimen somocista. “Humberto era percibido como un hombre hábil, sagaz, con enorme influencia entre los Terceristas. Humberto también tiene la visión de abrirse políticamente, de alianzas amplias con todos los sectores antisomocistas, incluso formaciones no prosocialistas. Eso fue un acierto. Esa apertura también les permitió acercarse a gobiernos antisomocistas como el de Panamá, Venezuela y Costa Rica. Esa política amplia permitió la formación del “Grupo de los 12”, relata a DIVERGENTES un exguerrillero que trabajó con Ortega Saavedra en los ochenta. 

Humberto recibe la última visita de su hermano, Daniel, antes de que el mandatario lo llamara “traidor”.

El exguerrillero, que por temor a represalias pide anonimato, asegura que cuando las tendencias sandinistas se unieron y derrocaron a la dictadura en 1979, muchos de los líderes sandinistas le tenían miedo a Humberto. Por eso deciden que sea Daniel Ortega el que encabece la Junta de Reconstrucción Nacional por parte de la Dirección Nacional Sandinista. En 1984, el hermano mayor de Humberto es electo presidente de Nicaragua, mientras que él queda como jefe del Ejército Popular Sandinista (EPS). Dos hermanos convertidos en los dos hombres más poderosos. 

Prontamente explota la guerra entre sandinistas y la Contra, la guerrilla anti revolucionaria financiada por Ronald Reagan. Años cruentos para Nicaragua, de agresiones y graves violaciones a los derechos humanos mutuas entre los bandos. Era la guerra, un conflicto muy fratricida. En ese entonces, Humberto era el principal estratega militar junto al general Joaquín Cuadra, segundo jefe del EPS. 

La principal herida que los nicaragüenses nunca dejaron de reprochar a Humberto fue la imposición del Servicio Militar Patriótico (SMP), mejor conocido como el “servicio militar obligatorio” para todo varón entre los 18 y 40 años. Miles de jóvenes fueron asesinados, al mismo tiempo que la revolución sandinista cometía atrocidades contra civiles, mujeres y la Dirección Nacional del Frente Sandinista vivía una vida opulenta, muy alejada de la austeridad que le exigían al pueblo. 

En una entrevista con el diario La Prensa, Humberto justificó el SMP como una medida cuando el Servicio Militar Voluntario fue “insuficiente para repeler la guerra de agresión de Estados Unidos”. 

Un militar obsesionado con la profesionalización 

 

 

En 1990, cuando la revolución sandinista perdió el poder en las urnas frente a la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, Humberto Ortega Saavedra mantuvo su cargo como jefe del Ejército. Antonio Lacayo, ministro de la Presidencia de Barrios de Chamorro, aconsejó a la mandataria mantener al jefe militar para poder efectuar una transición política, que al final terminó siendo muy atropellado. 

Fuentes militares consultadas para este artículo también coincidieron que Humberto era un general “obsesionado con la profesionalización” del Ejército. De modo que fue clave para reducir el número de militares, quitarle el apellido sandinista a las fuerzas armadas, y hacerlas trascender a un cuerpo apegado a la Constitución Política. “Fue un interlocutor importante durante la transición”, dijo una fuente castrense. 

En 1994, la expresidenta Barrios de Chamorro envió a retiro a Humberto, quien se dedicó a escribir libros de memorias y apreciaciones políticas, mientras desarrolló una faceta de empresario de la que siempre renegó. El origen de su fortuna siempre ha sido cuestionada y muchos apuntan que la amasó con la venta ilegal de armas en los ochenta, o con la “Piñata” del noventa, es decir la repartición de bienes públicos que los sandinistas hicieron al perder el poder en 1990. 

Otro suceso que persiguió de por vida a al exjefe del Ejército es el asesinato en 1990 del joven de 16 años llamado Jean Paul Genie, a manos de la escolta de Humberto. El caso conmovió a Nicaragua pero las pruebas del crimen “desaparecieron” y los implicados fueron absueltos. 

Humberto, aparte de sus gustos exquisitos, fue un hombre que se consideraba “un intelectual”. Vivió apartado de la vida pública desde el año 1994 hasta su muerte, entre Nicaragua y Costa Rica, a excepción que cuando daba entrevistas. Vertía su punto de vista político de manera un tanto enrevesada, aunque tras el retorno al poder de su hermano en 2007 fue endureciendo la crítica ante la deriva autoritaria del caudillo sandinista y su esposa. 

En 2021, en una entrevista con Andrés Oppenheimer en la cadena CNN, el general en retiro abogó por los presos políticos y dijo que no eran “terroristas”, como aseguraba el Gobierno de su hermano. 

Las críticas subieron de intensidad en sucesivas entrevistas. En marzo de 2023, Ortega Saavedra dio una entrevista a EL PAÍS y ya ninguneaba el papel de la vicepresidenta Murillo. “Ahí (Gobierno) el fundamental es Daniel Ortega, por eso yo nunca menciono a nadie más que a él, porque sin Daniel Ortega no hay nadie que pueda sostener esta situación en Nicaragua. Yo siempre hablo de Daniel Ortega, sin tratar de irrespetarla a ella, porque él es responsable de lo que pasa en Nicaragua. Yo no puedo estar viendo el lente a través de ella”, dijo.

Fuentes cercanas al general en retiro afirmaron que él ya se sentía muy enfermo, cerca de la muerte, y que por eso dio esa última entrevista al periodista Fabián Medina criticando la sucesión dinástica, a sabiendas que podía sufrir represalias. “Creo que él decidió inmolarse cerca de la muerte. A mí me parece que Humberto lo percibe como una última gran contribución suya para buscarle una salida a Nicaragua”, dijo la fuente.  

Por su parte, la feminista y exrevolucionaria sandinista María Teresa Blandón, tiene otra visión tras la muerte de Ortega Saavedra. “Con la muerte de Humberto se va la figura más importante de la guerra de los ochenta y todo lo que supuso esa herida, la herida más grande de Nicaragua. Él era el señor de la guerra”, zanjó Blandón.

 

Juan López, ambientalista y líder comunitario hondureño fue asesinado en Tocoa, avivando el fuego en una tierra cuyos conflictos parecen no tener fin. Tras su muerte, y la presentación de requerimientos fiscales contra Lenir Pérez y otras personas vinculadas a crímenes ambientales que Juan denunció, el movimiento social sigue exigiendo justicia y una investigación independiente para el asesinato, rechazando la comisión interdisciplinaria creada por el gobierno de Xiomara Castro. Además, el alcalde Adán Fúnez, a quien López señaló por vínculos con el narcotráfico antes de su asesinato, continúa sin responder a las demandas de renuncia que pesan sobre él.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Fernando Destephen

La noche del sábado 14 de septiembre, escondida en las sombras, la muerte esperaba a Juan López (46 años), quien fue un líder comunitario, regidor municipal de Tocoa, ambientalista, educador y delegado de la palabra en la Iglesia Católica. Las balas apagaron su vida minutos después de dirigir un acto religioso en la parroquia de la colonia Fabio Ochoa de Tocoa, Colón. 

Nada detuvo al sicario que habían encomendado para que acabara con la vida de Juan, quien al momento del ataque iba acompañado por cinco personas que salieron ilesas. En la misma calle donde está el templo católico, esa noche se celebraban dos campañas evangélicas en las que había una gran multitud de personas. Sin embargo, esta concurrencia, lejos de ahuyentar al asesino, le brindó un escenario ideal, pues los disparos contra el líder ambiental se perdieron entre los sonidos de la música de los eventos religiosos. El asesino huyó en una motocicleta con el rostro cubierto por el casco. 

Juan le había dicho antes a las personas cercanas que lo iban a matar. Y algunos de sus amigos le habían dicho que temían por su vida. «Sabíamos de los riesgos, pero no creíamos que se iban a atrever a tanto», dijo Jessenia, una de las tantas personas que bajo el liderazgo de López han hecho frente al poder del extractivismo en el Bajo Aguán. 

Desde octubre de 2023, Juan contaba con medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por amenazas contra él y varios ambientalistas de la región. Hay otras 29 personas defensoras de la tierra amenazadas en el conflictivo contexto en el que permanece el Bajo Aguán. Todas tienen medidas de protección, pero el Estado a través del Gobierno ha sido incapaz de brindar seguridad a estas y estos defensores. 

«Solo tenemos un carnet», expuso Lino Cedillo, uno de los líderes que han sido criminalizados  por la defensa del río Guapinol afectado por el megaproyecto minero de la empresa Los Pinares, propiedad de los empresarios Lenir Pérez y Ana Facussé. Lino estuvo 914 días preso, en un caso completamente manipulado por diferentes actores de la justicia hondureña, especialmente la Fiscalía de Tocoa. Es por esto que el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP) ha exigido una investigación independiente y exhaustiva en la que rechazan las participación de esa fiscalía y la de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) por considerarlos parte del proceso de persecución y criminalización que han sufrido los defensores de los territorios en esa zona. 

Y es que los operadores de justicia siguen criminalizando a los defensores del territorio en esa zona. Cinco días después del asesinato de Juan López, la Corte de Apelaciones de La Ceiba, dirigida por la abogada Vianey Cruz Recarte, declaró procedente un recurso interpuesto por el Ministerio Público en contra del sobreseimiento definitivo en favor de los ambientalistas Leonel George, José Adaly Cedillo, Reynaldo Domínguez, Marco Tulio Ramos y Juan López, que aún en la tumba sigue siendo perseguido por sus luchas. 

Ellos fueron el primer grupo de activistas detenidos en 2019, que se entregaron voluntariamente tras ser acusados de ser criminales por participar en protestas en Guapinol. En total hubo 31 personas acusadas. 

La resolución de la Corte de Apelaciones de La Ceiba reabre un proceso que implicó la detención arbitraria de este grupo de defensores durante 14 días. La denuncia fue interpuesta por Inversiones Los Pinares, luego de que los pobladores de Guapinol instalaran el campamento «Por el Agua y por la Vida» en esa aldea l, y durante 88 días mantuvieran tomado el acceso al núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, hasta que fueron violentamente desalojados por centenares de policías y militares enviados por el gobierno de Juan Orlando Hernández. 

Durante los funerales de Juan López, los asistentes portaron pancartas en contra de los actores políticos y económicos que el ambientalista enfrentaba. Foto CC/ Fernando Destephen/ 16-09-2024

El campamento se instaló luego de que Juan López y Adilia Castro visitaron la aldea Guapinol en 2017 para informar sobre lo que pasaba en el Parque Carlos Escaleras y el río Guapinol. Ahí comenzó a crecer el movimiento, y lo que había sido una pacífica aldea de agricultores se convirtió en fortín de lucha en contra del poder de Inversiones Los Pinares y su dueños Lenir Pérez y Ana Facussé. 

Este era el tipo de acciones que hacía Juan en defensa del ambiente y la vida. Además de su compromiso con la lucha ambiental, era líder de la Iglesia Católica, regidor de la Municipalidad de Tocoa por el Partido Libertad y Refundación (Libre), coordinador del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) y miembro de la Junta Directiva de la Fundación San Alonso Rodríguez, que promueve el respeto por el planeta y la justicia social. 

A esa variedad de luchas emprendidas por Juan se referió el sacerdote jesuita Ismael Moreno, más conocido como padre Melo, cuando en la misa de cuerpo presente señaló que «Juan López estaba metido en cuanta cosa posible, imaginable y no imaginable de la dimensión social en el compromiso por transformar nuestra Honduras. Ahí andaba donde había espacio para promover discusiones, meter proyectos o buscar ayuda para los pobres»,  dijo.

Organizaciones, representaciones diplomáticas y líderes mundiales, como el papa Francisco,  las embajadas de España y Alemania en Honduras, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental Brian A. Nichols y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), han condenado enérgicamente el asesinato  de Juan López, y también han pedido al Gobierno de Honduras una investigación exhaustiva, imparcial e independiente. 

El Gobierno de Xiomara Castro ha creado un equipo multidisciplinario para dirigir la investigación sobre el asesinato, que será dirigido por Eduardo Turcios Andrade, director de la Dirección Nacional de Investigaciones (DPI), quien el lunes 16 de septiembre se reunió con líderes sociales del Bajo Aguán y prometió que toda la información originada en la investigación sería manejada por un equipo especializado de Tegucigalpa. 

Sin embargo, un día después el CMDBCP emitió un comunicado donde denunciaba que la investigación estaría a cargo de la Fiscalía de Tocoa y la Unidad de Investigación de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA). La coordinación estará a cargo del subcomisario de Policía Henry Joel Ventura, con la participación del fiscal Danilo Alemán. 

El abogado Edy Tábora, del Bufete de Justicia para los Pueblos y apoderado legal de CMDBCP, sostuvo que las personas designadas pueden tener una trayectoria importante en la investigación, pero que la mayoría no son conocidos por la población. «Es importante que la ciudadanía esté alerta si se conocen nombres de las personas que van actuando [en la investigación] de estos procesos, y si hay denuncias que puedan salir a la luz pública. Este personal no ha estado en la zona, no los conocemos más allá de algunas pocas personas que integran la investigación», dijo. 

Tras el rechazo del movimiento social en Tocoa de la participación de funcionarios locales en el procesos de investigación de la muerte de Juan López, estas personas fueron retiradas. Sin embargo, el abogado Tábora sostiene que en paralelo a la investigación se ha reactivado el proceso de criminalización contra cinco dirigentes del CMDBPC. «Es que como si damos un pasito y retrocedemos dos, al final es una sola institución el Ministerio Público, hay una interpretaciones jurídicas en base a ese proceso de criminalización, todo pareciera que las magistradas en este caso se están poniendo al servicio de la empresa Los Pinares. Hay muchas contradicciones, porque luego vemos una sanción contra las magistradas y digamos que es positivo para romper un esquema de impunidad que hay con el caso». 

El apoderado legal del CMDBCP  cree que las presiones públicas surtieron algún efecto, pues el equipo de investigación ha sido fortalecido y está realizando acciones que se mantienen en confidencialidad. 

No obstante, la desconfianza es el principal reto a vencer. «Hay una situación compleja, hay gente que tiene miedo y no tiene confianza para incorporarse de lleno a dar declaraciones. Ese es el reto principal para nosotros, que se genere confianza tanto en el control de la información, pero también las garantías suficientes para que las personas que colaboren en las investigación no vayan a sufrir represalias», expresó. 

Un asesinato de Estado

Una de las pancartas que acompañaban el féretro de Juan albergaba un mensaje contundente: «El Estado te mató, porque no te protegió». Y esta idea, al igual que la conclusión de que su muerte es un asesinato político, es casi unánime en los luchadores del Aguán. 

Esly Banegas, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) manifestó que «ellos [el Estado] son conscientes de la responsabilidad que tienen en el asesinato de Juan, por no proteger su vida. Esas medidas cautelares no sirvieron para salvarle la vida. Nos parece que hay responsabilidad. Los ministros no responden a las demandas, pero tampoco responden a lo que pregona el Gobierno de ser respetuoso de los derechos humanos», sentenció. 

Johnny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria del Aguán, insistió que desde el Estado  hay «una deuda, pero enorme deuda y es responsable por omisión». Solicitó al Gobierno, que pregona un discurso de derechos humanos, que tome medidas efectivas para proteger la vida de los defensores de los territorios que aún continúan con vida y levantando la voz. «Por el compañero Juan, el Estado ya no puede hacer nada, más que investigar para castigar a los autores materiales e intelectuales», afirmó. 

Leonel George, ambientalista, regidor de la municipalidad de Tocoa y compañero inclaudicable de Juan en la lucha por la defensa de la tierra, hizo referencia al llamado que realizó la presidenta Xiomara Castro a investigar el crimen cometido. Para el luchador social estas palabras surgieron con «vergüenza» pues considera que «el Estado es el responsable del asesinato del compañero». 

En el funeral de Juan López estuvieron presentes centenares de personas. Tocoa, 16 de septiembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

«Esas palabras de la presidenta y también de la ministra de derechos humanos [Angélica Álvarez] son de vergüenza, pero creo que es la oportunidad para reivindicar el abandono. Es que hay una responsabilidad, el Estado es responsable por el asesinato del compañero.  No hay nada de lo que hagan que pueda resarcir el daño que han hecho, pero al menos aspiramos que haya justicia y que de una vez por todas resuelvan esta conflictividad para que no se sigan cobrando vidas valiosas. Deben garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, que hasta ahora no lo han hecho», demandó George. 

El padre Andrés Tamayo, sacerdote católico y también defensor ambientalista, mencionó que los poderes fácticos están vigentes y que son los que siguen dominando: «Es una mafia que ahí está metida, así lo dejaron instalado. Eso tiene que desaparecer porque ellos se tomaron todas las instituciones, todos los niveles sociales, las estructuras ellos las tienen todavía, porque es de esa manera todo lo que sacan, parece legal, es un sistema al gusto y capricho de ellos, no es verdad que haya desaparecido». 

Es preciso mencionar que para que exista este control de las élites es necesaria la colaboración de las autoridades, y en este caso el partido de gobierno tiene el control del Congreso Nacional, es mayoría en la Corte Suprema de Justicia y libró una gran batalla, incluso en contra de la ley, para colocar a Johel Zelaya como Fiscal General. Esta administración también ha fortalecido a las Fuerzas Armadas, institución que antes criticaban, pero que ahora en su discurso aparecen como un pilar de la democracia. 

Sin embargo, el padre Tamayo, amigo personal del asesor presidencial Manuel Zelaya, manifestó que estos poderes «acaparan y secuestran los Gobiernos, pero siempre es posible cambiar, siempre y cuando el pueblo tenga espíritu de lucha, siempre que el pueblo esté con la verdad, no con la mentira. La mayoría de los medios viven más de la mentira que de la verdad», dijo. 

El diputado al Congreso Nacional por el partido Libre, Juan Barahona, manifestó que él no considera que el Estado ha fallado  en asesinatos como el de Juan, pero sí reconoció que hace  falta «mayor ejecución de sanciones porque estas muertes tienden a quedar en la impunidad;  lo que debe hacer el Estado a través del Gobierno es investigar, pues tiene medios cómo investigar y que el pueblo sepa quiénes son los asesinos».

Los primeros pasos de la investigación del asesinato de Juan López se mantienen en el hermetismo. En La Ceiba, donde se encuentra la vocería del Litoral Atlántico, expresaron que toda la información está centralizada por el vocero Yuri Mora, quien no respondió los mensajes de texto enviados por este medio. 

Mientras tanto, la relacionadora pública de Medicina Forense, Lorena Cálix, manifestó que hasta no tener autorización conforme a la ley del MP no podía referirse a los detalles de la autopsia, pues está en investigación el hecho violento y no es posible dar detalles. 

Varias voces reclaman al Estado como responsable en la muerte de Juan por no proteger su vida, pese a que estaba adherido al Mecanismo Nacional de Protección (MNP). Solo en el Bajo Aguán hay otras 29 personas amenazadas y con medidas de protección, sin que estas medidas sean más que tener un carné, como nos dijo José Cedillo. 

No obstante, no todos los adheridos al Mecanismo viven la misma situación. A finales de abril de 2023, el MNP emitió un reporte en que registra que solo seis personas beneficiarias de medidas cautelares de Corte IDH absorben el 83 % del presupuesto anual para medidas de protección. En ese entonces había 185 casos de protección activos, por lo que el resto era atendido con el 15 % de los fondos. De ahí que defensores como Juan, José Cedillo, Adilia Castro, Reynaldo Domínguez y otros no hayan recibido más que un carné. 

Contracorriente recibió información que en esa lista «VIP» de protegidos se encontraban la viceministra de defensa, Julissa Villanueva, y la diputada del Partido Salvador de Honduras Ligia Ramos. La primera confirmó a este medio que es beneficiaria de las medidas de protección. «Quien quiere decir que todo está resuelto y no hay riesgos, es alguien que está falseando», dijo Villanueva. 

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Los vínculos de la empresa

El 26 de septiembre de 2024, el Ministerio Público realizó diligencias en la casa del edil tocoeño, presuntamente con la intención de decomisar grabaciones de las cámaras de seguridad «Eso significa que el señor Adán Fúnez es parte de las personas investigadas en este proceso. Es una de las cosas relevantes, que hay una línea de investigación relacionada con el señor alcalde», afirmó el abogado Edy Tábora. 

Dos días antes, el 24 de septiembre, el Ministerio Público presentó un requerimiento contra Lenir Pérez, así como otros funcionarios públicos vinculados a inversiones Los Pinares por «supuestos daños en contra del Parque Nacional Montaña de Botaderos, en Tocoa, Colón».  Se les acusa de explotación ilegal de recursos naturales y otros delitos que habrían afectado la biodiversidad del Parque. 

El requerimiento fue emitido días después de la muerte de Juan López, pero es una exigencia que desde hace dos años han hecho los defensores en Tocoa. «Es una respuesta que llega en un momento crítico. Se está asimilando porque eso genera muchas emociones para la gente. Desde miedo por el incremento del riesgo y las posibilidades de más intimidaciones y más amenazas. También genera una alegría, aunque opacada por el asesinato de Juan, que era una de las personas que impulsó a que se presentara ese requerimiento fiscal. Hay sentimientos encontrados porque es una de las solicitudes permanentes». 

Días antes, Tábora había apuntado hacia un posible solución del conflicto para menguar las amenazas que se ciernen sobre los defensores en Tocoa. Explicó que la situación no se puede abordar mediante carros blindados, pues desde el Gobierno han expresado que no hay dinero y que no hay carros. Él sostiene que el problema se resuelve atacando la generación de riesgos, que en Tocoa son dos: «la municipalidad de Tocoa, dirigida por Adán Fúnez, y la empresa de Lenir Pérez con Ana Facussé, todos los actores paralelos que han intervenido en generar amenaza es porque han tenido un vínculo con la empresa», dijo. 

La voz unánime de los defensores y defensoras en el Bajo Aguán es que la lucha continúa después de la muerte de Juan López. Tocoa, 16 de septiembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

«El Estado no va a poder darle una escolta a cada persona en riesgo, entonces la respuesta es política. Hágase cargo políticamente del riesgo, pero eso significa enfrentarse a las empresas», expuso el abogado Tábora. 

El regidor y ambientalista Leonel George sostiene que continúa el alto riesgo que los entes estatales han podido constatar, y no duda en exigir que los responsables del crimen de Juan deben ser castigados sin importar su condición o filiación política. «No importa si están vinculados al partido [Libre], no importa el nivel empresarial que tengan, deben aplicar la ley y garantizar justicia en este caso», dijo. 

Hay algunos que han ido más allá. El párroco Carlos Orellana manifestó durante el velatorio de Juan López que la Iglesia señalaba al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, como el responsable del asesinato. Jhonny Rivas, de la Plataforma Agraria, indicó que el edil debe ser una de las primeras personas investigadas por la muerte.  

En Tegucigalpa, el fiscal general Johel Zelaya aseguró que en el Ministerio Público no se van a dejar influenciar por lo que se dice en redes sociales y en los discursos. «Siento mucho que a veces, se apunta a X personas, sabiendo quiénes pueden estar detrás de este asesinato, así que no desviemos la atención, vamos a llegar al verdadero criminal, sea intelectual o material», sostuvo. 

Johel Zelaya —de quien, según los conocidos de Juan López, este tenía grandes expectativas una vez que llegó al MP— insistió que los requerimientos se emiten, «en los tribunales, no en las redes. Vamos a investigar, pero no me voy a dejar presionar».

En Tocoa no existe confianza en los operadores de justicia local, y con justa razón. Esly Banegas, representante de COPA, denunció que desde el 2009, más de 200 defensores de la tierra han sido asesinados en el Bajo Aguán, pero no hay respuestas sobre estos asesinatos, y en lugar de los órganos de justicia solo han servido para criminalizar; como ejemplo imborrable están las causas que abrieron contra 31 personas que estuvieron en el Campamento por el Agua y por la Vida, entre ellos Juan López. 

Sobre el proceso de investigación que debe llevarse a cabo por este crimen, Esly Banegas dijo que «hemos exigido una verdadera investigación que pueda venir del nivel central del  Gobierno, pero que también pueda haber una investigación internacional para llevar todo el peso de la ley a los responsables de este crimen abominable». 

Para encontrar a los responsables del crimen de Juan López, el movimiento social del Bajo Aguán pide que se continúe investigando al alcalde Adán Fúnez, así como también a Inversiones Los Pinares y su dueño Lenir Pérez, quien tiene muchas conexiones con el Gobierno, como demostró la investigación de Radio Progreso, que revela que el Instituto de Previsión Militar (IPM) compró más de 152 millones de lempiras (más de seis millones de dólares) en acciones de la compañía Alutech, una ferretería que tiene 62 tiendas y presencia en 17 departamentos del país, además deGuatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. La formalización de la sociedad la realizó la abogada Pamela Blanco, esposa del actual ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, una conexión que ya había revelado Contracorriente

Lenir está casado con Ana, hija de Miguel Facussé, un poderoso empresario agroindustrial que cultivó palma africana en el Aguán, en tierras que pertenecían a la reforma agraria, que ahora es otra fuente de conflicto en la zona. Lenir también utilizó tierras destinadas a la reforma agraria para desarrollar su megaproyecto, según reveló una investigación de Contracorriente.

Pérez también fue muy cercano al Gobierno de Juan Orlando Hernández, que le entregó en concesión el Aeropuerto Internacional de Palmerola, una obra en la que Honduras invirtió más de 200 millones de dólares.

El empresario también tiene conexiones internacionales, como la encontrada en una investigación de Contracorriente y Univisión con la multinacional Nucor, que es la principal productora de acero de EE. UU. En el 2015, Nucor se asoció con Lenir y su esposa para comprar el hierro que iba a producirse en la mina, la misma que originó el conflicto en Guapinol y en las aldeas del sector San Pedro, en Tocoa. 

La lucha contra Los Pinares

La defensa del ambiente y los territorios enfrentó a Juan con terratenientes, empresarios y políticos. Los principales: Lenir Pérez y Ana Facussé, dueños del megaproyecto que incluye la minera Los Pinares, la planta peletizadora Ecotek y actualmente el proyecto de energía que el gobierno de Xiomara Castro ha apoyado en los últimos meses, la planta de energía a base de petcoke Tocoa Energy. 

En el ámbito político, la figura central a la que Juan se enfrentó fue el alcalde Adán Fúnez, quien ha sido desde su posición un operador para las élites, incluyendo a Lenir e Inversiones Los Pinares. Fúnez, protegido de Manuel Zelaya Rosales, es acusado de falsificar documentos para abrir y mantener la operación de la minera en Tocoa. Además, ha aceptado su relación de amistad con los hermanos Rivera Maradiaga, antiguos líderes del cártel de Los Cachiros que ahora son cooperantes de la Justicia de Estados Unidos.  En este artículo se revela cómo Fúnez ha podido mantenerse en el poder a base de alianzas con políticos y criminales.

Con los Rivera aparecen Fúnez y Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, en un video publicado por Insight Crime, donde un grupo de narcotraficantes negocian una contribución a la campaña de Libre en el 2013. 

El conflicto con el alcalde Adán Fúnez se intensificó el 9 de diciembre de 2023, cuando el edil convocó a un cabildo abierto para que la población aprobara un proyecto termoeléctrico de Inversiones Los Pinares. Sin embargo, el CMDBCP, liderado por Juan López, movilizó a una multitud que rechazó el proyecto. Según testigos, el alcalde Fúnez ni siquiera entró al lugar donde se desarrolló el cabildo. «Después de eso comenzó a surgir el rencor hacia quienes defendemos el territorio», explicó Johny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria.

Después de ese fracaso, Fúnez convocó a un nuevo cabildo abierto en la aldea Ceibita, una comunidad que se encuentra a unos 15 minutos del casco urbano de Tocoa. Rivas sostuvo que había gente armada y sicarios amenazando a los asistentes. 

Tres días antes del asesinato, López había encabezado una conferencia donde se pidió la renuncia de Fúnez. A juicio del líder campesino, eso aumentó todavía más el rencor hacia los defensores: «Hoy, con el asesinato de Juan,  decimos que los principales  personas que tienen estar siendo investigados son  Lenir Pérez, pero también Adán Fúnez», apuntó con valentía.

El movimiento social del Bajo Aguán en pleno ha calificado el atentado contra Juan como un asesinato político. El padre Melo afirmó, mientras los restos de Juan yacían en la Parroquia de Tocoa, que el asesinato político, además de buscar venganza, pretende «dejarnos con miedo, aterrorizados y callados. Así nos quieren». 

En el informe de la organización internacional Global Witness sobre las agresiones a defensores de la tierra y el medioambiente en el año 2023 se indica que en Honduras fueron asesinados 18 ambientalistas. Esto convierte a nuestro país en el más peligroso de Centroamérica para los activistas, y es el tercero en América y en el mundo, solo detrás de Colombia y Brasil.

A nivel mundial, Global Witness documentó 196 asesinatos de defensores del ambiente. El informe señala que el 70 % de «estas agresiones mortales» se concentraron en cuatro países: Brasil, Colombia, Honduras y México.

En Honduras, el año pasado hubo cuatro asesinatos más respecto al año 2022, cuando la organización documentó 14 muertes de ambientalistas. El total de asesinatos cometidos en todo el mundo desde que Global Witness comenzó a documentar los casos en 2012 asciende a 2,106. La muerte de Juan no es casualidad, en un país donde uno de los oficios más peligrosos es defender el ambiente. 

En el Bajo Aguán la indignación por la muerte de Juan se entremezcla con el recuerdo de un gran liderazgo. Tocoa, 16 de septiembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Para los ambientalistas en el Bajo Aguán la situación sigue siendo muy peligrosa. El abogado Tábora menciona que la gente «tiene mucho miedo» y procesar el asesinato de López será difícil. Reconoció que hay disponibilidad de la Policía Nacional de cumplir algunas medidas; el asunto es que el riesgo todavía existe y es muy alto. «Una de las cosas es que el Mecanismo Nacional de Protección es muy lento en actuar, es sumamente lento en estos procesos. Creemos que debe haber un abordaje integral del riesgo», señaló.  

La lucha después de la muerte

En Guapinol la lucha continúa, pero ha sufrido duros golpes. Las muertes de Jairo Bonilla, Aly y Oquelí Domínguez en el 2023, y ahora la de Juan López, han socavado el ánimo de algunos. Han causado terror. A finales del año pasado, más de 40 personas, todas relacionadas con el líder Reynaldo Domínguez, fueron desplazadas de la aldea por las amenazas constantes contra la familia. Domínguez es uno de los líderes más visibles que ha tenido la lucha por la conservación del río Guapinol y el Parque Nacional Carlos Escaleras, pero las amenazas contra su vida lo hicieron apartarse del movimiento, que ahora tampoco cuenta con Juan López.  

«Hay gente que ya se «volteó» (dejó la lucha) y otros se han resignado», nos dicen en Guapinol. La comunidad se ha ido dividiendo con el tiempo. Las causas son diversas. Las muertes y la criminalización han provocado miedo, pero también hay otras causas.

Hace algunos meses en Guapinol se creó una caja rural, una entidad financiera creada especialmente en zonas rurales y agrícolas. En Guapinol se dice que la entidad fue financiada por Adán Fúnez con el objetivo de debilitar la lucha de los defensores de Guapinol. Y ha rendido frutos. 

La caja rural brinda beneficios a los socios: dinero, fertilizantes y ayudas del Gobierno central que se canalizan a través de la Municipalidad. Una vez que el socio ha recibido algún beneficio, le piden que no vaya a ninguna actividad de protesta en contra de Adán Fúnez. «Uno se va quedando solo, y el otro grupo va agarrando fuerza porque hasta dinero en efectivo les dan, pero hemos quedado los que de verdad tenemos la convicción que no queremos eso aquí», nos dijo uno de los que aún sostiene la lucha. 

Juan López tampoco quería esa mina en Tocoa. Fue una de las batallas que libró por la vida y los territorios. Se entregó tanto a la tarea que dio su vida. Su recuerdo también es fuente de inspiración para los que quedan. «Recogemos su legado y su mística, sin duda hay muchas enseñanzas, ha habido mucho aprendizaje y eso no puede ser tirado a la basura, hay que levantarlo con gallardía, con fuerza y dignidad», aseguró Leonel George. 

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