Además de elegir al Fiscal General y Fiscal Adjunto, el Congreso Nacional tiene que elegir a las autoridades de otras instituciones de cara al próximo proceso electoral; sin embargo, la falta de consensos entre las tres bancadas mayoritarias y las negociaciones para repartirse el poder podrían comprometer la independencia de esas instituciones.
Según información en poder de Contracorriente, dos tarjetas de crédito fueron solicitadas por el Congreso Nacional ante un banco privado desde abril de 2022 para uso del presidente Luis Redondo y su secretario privado Edson Argueta. Este equipo periodístico solicitó, en dos ocasiones, los estados de cuenta de dichas tarjetas y la copia de todas las actas de junta directiva del Congreso para determinar si éstas fueron aprobadas por la misma. En ambas ocasiones el Poder Legislativo solicitó prórroga, en la primera dejó vencer los plazos sin responder a las peticiones y en la segunda continúa la prórroga. En los estados financieros publicados en los portales de transparencia no figuran pagos a tarjetas y miembros de la junta directiva niegan haber aprobado su adquisición.
Flavio Morán, un campesino de San Marcos de la Sierra, Intibucá, una zona que sufre por el desabastecimiento de agua, viajó desde temprano a Tegucigalpa para participar en la marcha convocada por la presidenta Xiomara Castro. A Flavio lo acompañaba su hermano, Casimiro, y ninguno sabía muy bien a qué iban cuando abordaron un bus que los transportó hasta la capital.
Falta menos de un mes para que el Congreso Nacional conozca a los cinco postulantes seleccionados como candidatos y candidatas a fiscal general y fiscal general adjunto por parte de la Junta Proponente. Rebeca Lizette Ráquel Obando —presidenta de la Junta y máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)—, tiene vínculos familiares y de afinidad política con dos de los postulantes, uno de ellos formó parte de la junta proponente que la favoreció en la elección de la CSJ y con el otro tiene lazos familiares.
La tarde del martes 18 de julio, miles de militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) se movilizaron desde el Bulevar Morazán en Tegucigalpa hacia el Congreso Nacional para presionar a la oposición en ese poder del Estado para que aprueben la Ley de justicia tributaria, la adhesión al CAF y para acelerar la llegada de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH). La presidenta Xiomara Castro convocó a esta marcha a la misma hora y en el mismo lugar en que organizaciones de sociedad civil habían convocado para marchar contra la corrupción. Esa movilización fue cancelada para evitar posibles confrontaciones.
El 8 de marzo —Día Internacional de la Mujer—, el Congreso Nacional aprobó la «Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras», pero ésta aún no ha sido sancionada por la presidenta Xiomara Castro. El tema ha generado el rechazo de políticos conservadores y de algunos padres de familia. Ellos argumentan que su implementación «confundirá a los niños y niñas en cuanto a su identidad de género». El debate ha fortalecido al movimiento «provida» en contra del enfoque de género y de derechos humanos en la educación sexual en Honduras.
El proceso para escoger al próximo Fiscal General y Fiscal Adjunto comenzó el pasado lunes 8 de mayo con la convocatoria a los sectores que deberán proponer una lista de cinco candidatos al Congreso Nacional. Pero ya hay denuncias sobre acuerdos políticos en el Congreso Nacional. Lo más preocupante es que, frente al temor existente, no existe ninguna ley especial que permita conocer de antemano los plazos y garantizar la transparencia ni la publicidad del proceso. Lo anterior genera escepticismo en varios sectores que deben integrar la Junta Proponente que, a pesar de que el lunes 22 vence el plazo para completarla, todavía hay sectores que no han nombrado a sus representantes. Expertos afirman que esta elección será crucial para la instalación o no de una CICIH por parte de Naciones Unidas.
Un día después de que se dio una masiva marcha en Choluteca en contra de la propuesta de Ley de Justicia Tributaria, comenzaron las convocatorias a plantones de militantes de Libertad y Refundación (Libre) en apoyo a la aprobación de dicha normativa. Mientras tanto, un halo de opacidad rodea la discusión y socialización de esa ley.
Crisis económica como un problema persistente, manipulación a la presidenta Xiomara Castro por parte del expresidente Manuel Zelaya, y una mala estrategia de comunicación del Gobierno son algunas de las revelaciones del Sondeo de Opinión Pública 2023 realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ).
El Gobierno de Honduras impulsa una ley que permitirá al Estado regular las transacciones de carbono. Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), aseguró que esta Ley beneficiará a las comunidades que por años se han dedicado a proteger el medioambiente; sin embargo, aún se desconocen los detalles bajo los cuales operará este mecanismo y tampoco se conoce en profundidad la política ambiental estatal en temas de cambio climático.
Hace más de un año que la Ley de las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE) fue derogada por unanimidad en el Congreso Nacional de Honduras. Estos proyectos generaron conflictos y denuncias por la violación de la soberanía nacional que implicaban. El 21 de abril de 2022, en su informe de los cien días, la Presidenta Xiomara Castro declaró con orgullo : «Estamos recuperando nuestra soberanía» catalogando como logro de su gobierno la derogación de esta ley, pero hasta ahora ésta no ha sido ratificada por el Congreso Nacional. A un año de la derogación, tres Zede siguen operando en Honduras en una especie de limbo jurídico.
Contrario a lo anunciado por el Congreso Nacional, el viernes 10 de febrero no se eligió una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), en su lugar, el Partido Libre y el Partido Nacional presentaron sendas mociones nominativas con 15 candidatos, una falta en la práctica legislativa, pues ese recurso ya se había agotado el pasado 25 de enero cuando fracasó el sistema de nómina. Las nuevas propuestas fracasaron, aunque coincidieron en 12 candidatos. Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, dijo que a partir de hoy (11 de febrero) los magistrados actuales son «de facto» porque se vence su mandato, sin embargo la Constitución establece que el tiempo de elección de una nueva Corte se puede prolongar y que los diputados deben votar «cuántas veces sea necesario».
Diputados de las tres principales bancadas del Congreso Nacional de Honduras —el Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y el Partido Libertad y Refundación (Partido Libre)—, anunciaron este jueves que podría existir consenso en elegir magistrados suplentes durante la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Quienes lo promueven, alegan que hay un vacío legal en la Constitución de la República que lo permite; para quienes lo critican, esto es semejante a las interpretaciones que se dieron sobre el golpe de Estado y la reelección presidencial.
El Poder Ejecutivo hondureño todavía no responde el memorándum de la ONU, que se conoció públicamente a finales de julio, en donde el organismo internacional –entre otras peticiones– pone como condición que el mecanismo anticorrupción, que fue solicitado por la presidenta Xiomara Castro, sea independiente y se constituya como acusador privado. También se solicita que los operadores de justicia cuenten con herramientas jurídicas como la Ley de Colaboración Eficaz y que se deroguen normativas que funcionan como un pacto de corrupción.
El Congreso Nacional aprobó la «Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)». El debate se centró en la eliminación de una serie de prohibiciones que restringían a los funcionarios y militantes políticos de participar en el proceso de elección a magistrados de la CSJ. De los 127 diputados presentes el 18 de julio y la madrugada del 19 de julio de 2022, 73 votaron a favor, mientras que 44 votaron en contra, 10 no votaron, y ningún congresista se abstuvo.
Un decreto aprobado por el Congreso Nacional el pasado 27 de mayo, le otorgó un estatus especial dentro del Ministerio Público a La Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (Uferco) con el que, según diputados oficialistas, le daban independencia y mayores capacidades de investigación. Sin embargo, los obstáculos para que esta fiscalía presente requerimientos fiscales no han tenido que ver con someterse a la autorización del Fiscal General, sino más bien a la falta de reformas estructurales y apoyo técnico y a la aprobación de pactos de impunidad.
Maribel Espinoza, congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), denunció que el Gobierno anterior desapareció documentación relacionada a las solicitudes de extradición. Además, hay incongruencia entre la información en manos de la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Seguridad.
A pesar de que el actual Gobierno denunció que la administración de Juan Orlando Hernández dejó un Estado en quiebra tras 12 años de autocracia, el Congreso Nacional aumentó desmesuradamente la semana pasada el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año 2022. Además, esta semana surgieron denuncias de que los diputados no solamente legislarán, sino que «serán gestores» de proyectos con fondos del Ejecutivo, lo que en gobiernos anteriores abrió las puertas para el clientelismo político y la corrupción.
El pasado 16 de marzo, mientras un magistrado autorizaba la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández —reclamado por cargos de narcotráfico y uso ilegal de armas— el exmandatario se sentó a grabar un video en la silla del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este incidente no sentó nada bien en la Comisión Especial de Extradición del Congreso Nacional, que un día antes se había reunido en esa misma sala con varios de los magistrados de la CSJ, incluyendo al propio presidente Rolando Argueta Pérez.
El pasado 15 de febrero el Poder Ejecutivo presentó al Congreso Nacional un proyecto para declarar en estado de emergencia fiscal y financiera a Honduras, ese mismo día fue aprobado. Distintos parlamentarios aseguran que el decreto fue ratificado sin la discusión debida, sin embargo, Rodolfo Pastor de María, secretario de la Presidencia, indica que esto era necesario debido a que el Estado de Honduras está en quiebra.
El expresidente Manuel Zelaya y la mayoría de los diputados disidentes del Partido Libre firmaron el 7 de febrero de 2022 un compromiso de unidad partidaria para resolver el conflicto interno de su partido que llevó a una crisis legislativa a Honduras. Sin embargo, la incertidumbre en el Congreso Nacional sigue, incluso tras la reincorporación de todos los diputados al hemiciclo, con una junta directiva que no ha sido ratificada legalmente y con los intereses de los actores políticos que han conducido esta crisis.
Esta crisis se extendió a la aprobación de diversos decretos con vicios de ilegalidad; uno de ellos es un decreto que condena al golpe de Estado, el cual incluye una amnistía para presos políticos y presos de conciencia, entre estos, funcionarios del gobierno del expresidente Zelaya.
La presidenta Xiomara Castro anunció en su primer día de funciones un subsidio a 1,3 millones de hondureños que consuman menos de 150 kilowatts. Representantes de la clase empresarial manifestaron su acuerdo con la medida, pero piden «formas creativas» para cumplirlo. Hasta ahora la Secretaría de Energía en Honduras permanece acéfala.
Xiomara Castro se reunió ayer por la noche con Jorge Cálix, quien ha encabezado a un sector del Congreso Nacional opositor integrado por diputados del
El Congreso Nacional (CN) eligió, con 85 votos provenientes de todas las bancadas, a Jorge Cálix del partido Libertad y Refundación (Libre) como presidente de la junta directiva provisional. Sin embargo, la junta fue promovida en contra de los procedimientos de ley y de los consensos de la dirigencia de Libre que apoyaba a Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras, como parte de los acuerdos previos a la alianza de oposición que ganó las elecciones.
En el programa Frente a Frente del 14 de octubre de 2021, Pedro Barquero contaba que, por iniciativa de ellos (el propio Barquero y Salvador Nasralla), decidieron acercarse a las autoridades del Partido Libertad y Refundación (Libre) para acordar una alianza de hecho en la que Nasralla renunció a su candidatura presidencial y pasó a apoyar la candidatura de Xiomara Castro; quien, a la postre, resultó electa como la primer mujer presidenta de Honduras.
Salvador Nasralla, —actualmente Designado Presidencial de la presidenta electa Xiomara Castro— no se postuló como diputado en las pasadas elecciones, no obstante Cárlenton Dávila, vice alcalde electo del Distrito Central, dijo en una entrevista con medios nacionales que la dirigencia del Partido Salvador de Honduras había tenido una reunión en la que discutieron pedirle a Nasralla que acepte seguir un proceso para terminar como presidente del Congreso Nacional. Analistas concluyen que esto sería antidemocrático.
El próximo Congreso Nacional de Honduras tendrá cuatro bancadas importantes, las cuales enumeramos en orden jerárquico: Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras (PSH). A pesar de que a nivel presidencial se dio una aplastante derrota al oficialismo, en el Legislativo de 2022 no habrá concentración de poder ni de Libre ni del Partido Nacional. Actualmente hay denuncias de fraude que están favoreciendo al Partido Nacional, lo cual, según algunos analistas, obedece a un arreglo extra electoral.
El pasado 3 de noviembre, la Dirección General de la Marina Mercante anunció un préstamo que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le concedió al Estado de Honduras por 207 millones de dólares, para la construcción del puente vehicular marítimo en el sur del país. La construcción del puente es un paso más de la promesa del Gobierno por convertir a Honduras en el «Centro Logístico de las Américas», sin embargo, para las comunidades, este puente es una amenaza latente.
Apenas cinco días después de que se revelaron los Pandora Papers en Honduras, en una sesión cuestionada por diputados de oposición, el Congreso Nacional aprobó reformas a la Ley de Lavado de Activos. Una de ellas define como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a organizaciones de sociedad civil que realizan veeduría, investigación, evaluación o análisis de la gestión pública y otras quitan potestad al Ministerio Público de investigar corrupción.
El Congreso Nacional aprobó, en cuestión de minutos y sin mostrar los votos, una serie de contratos y préstamos que han sido catalogados como dañinos para los intereses ciudadanos. Diputados opositores que no se conectaron a la sesión virtual denunciaron que no hubo cuórum y que existió usurpación de funciones.
El Poder Legislativo recientemente promovió una reforma al Artículo 1 del Decreto Legislativo 10-2015, que avala la utilización de los fondos de pensión de los institutos de previsión nacionales públicos y privados para invertirlos en generación de energía en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Caudillos como Óscar Nájera continúan en la pelea para seguir como diputados en el Congreso Nacional, sin embargo, es evidente que han sufrido un desgaste. El Partido Nacional ha renovado buena parte de sus candidatos a través del movimiento Unidad y Esperanza, del alcalde capitalino Nasry «Tito» Asfura. El Partido Liberal, por su parte, sorprendió con un número de votos importante en el nivel de diputaciones que atrajo el movimiento de Yani Rosenthal. En Libre también hay nuevos rostros que buscarán integrar el Congreso Nacional.
Una reforma a la Ley General del Ambiente permitirá que Honduras pueda importar desechos tóxicos al país, provenientes de baterías de carros, después de que
El nuevo Código Penal de Honduras entrará en vigencia el próximo 24 de junio. A pesar de los señalamientos por parte de diversos sectores de
Texto: Mónica Gálvez Portada: Fernando Silva Los representantes de los tres poderes del Estado – Rolando Argueta (presidente de la Corte Suprema de Justicia), Juan Orlando Hernández
Tanto el caso Arca Abierta, como el de Red de Diputados y Caja de Pandora, tienen una misma estructura: la creación de ONG’s que permite la filtración de fondos públicos a cuentas personales. Las últimas declaraciones de uno de los involucrados en el caso Pandora señalaban al Presidente Hernández como la cabeza detrás de estas operaciones, un escenario oscuro para el gobierno de Hernández al que se le suma la recién extradición de su hermano y ex diputado por el Partido Nacional, Tony Hernández, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
A pesar de que la mayoría de diputados votaron a favor (107 de los 128) hubo una parte de la oposición, el Partido Liberal que dirige Luis Zelaya y el Partido Innovación y Unidad (PINU) que se negaron a aprobarlas. Ambas partes argumentan que lo que sucedió fue un pacto para repartir cargos y que las reformas no son estructurales, por lo que no garantizan transparencia en los próximos procesos electorales, pero además denuncian que hubo un consenso entre los demás partidos, que incluyen la eliminación de la Unidad de Política Limpia y la no renovación al acuerdo que termina este año y que ha mantenido una Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH). La Maccih con la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) han destapado redes de corrupción que señalan a diputados de este Congreso Nacional.
Con la mano derecha sobre la biblia, el presidente nacionalista Juan Orlando Hernández, juró esta mañana respetar las leyes de Honduras y prometió no reelegirse
Hoy, a pocas horas de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, Honduras amaneció con el reporte de Associated Press que vincula al director
Fotografías de Martín Cálix Como medidas de presión para que el Congreso Nacional discuta el Anteproyecto de Ley que el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) presentó
Grupos de sociedad civil de Islas de la Bahía, uno de los destinos turísticos más conocidos de Honduras, también han pedido al Congreso Nacional revisar
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