El pueblo garífuna representado por la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) llevó al Estado de Honduras ante la Corte IDH y la audiencia se celebró en Ciudad de Guatemala en el marco del 176 periodo de sesiones del sistema interamericano. En esta ocasión, el pueblo señala la presunta responsabilidad del Estado hondureño en la violación de sus derechos ancestrales en las comunidades de Cayos Cochinos, una zona de reserva natural que ha sido nombrada y manejada sin consulta al pueblo garífuna. En esta zona además se realizan programas de televisión que ponen en peligro la biodiversidad y que restringen aun más a los pueblos garífunas de acceder a los recursos para sobrevivir. Mabel Robledo de OFRANEH nos cuenta la historia de la comunidad y por qué buscan justicia en este caso.
Entrevista por: Jennifer Ávila
Texto: Abigail Gonzales
Este 21 de mayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realiza en la Ciudad de Guatemala, la audiencia pública por el caso de la comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros Honduras vr. el Estado en el marco de sus 176 periodo de sesiones del sistema interamericano. El caso fue presentado por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) que acusa al Estado de Honduras de violaciones a los derechos territoriales, culturales y autodeterminación de la comunidad Garífuna.
Mabel Robledo, nos comenta en una entrevista con nuestra directora editorial Jennifer Avila, que, desde 1993, cuando se creó la Fundación Cayos Cochinos con el supuesto objetivo de proteger el territorio y salvaguardar los recursos naturales, las comunidades garífunas han vivido un proceso de exclusión sistemática. Asimismo, señala que, lejos de beneficiar a los pueblos originarios, el Estado hondureño facilitó a la Fuerza Naval para que, mediante esta fundación, se violentara el derecho a la alimentación y se impusieran restricciones sobre la pesca, uno de los pilares fundamentales de la vida comunitaria.
«Desde 1993, cuando se crea la Fundación Cayos Cochinos, se nos prometió que sería para proteger el territorio y los recursos naturales. Pero fue todo lo contrario: el Estado facilitó a la Fuerza Naval para que, a través de esta fundación, se violara nuestro derecho a la alimentación, restringiéndonos la pesca», expresó Robledo.
La forma de vida tradicional del pueblo garífuna se basa en dos pilares: la agricultura y la pesca. Ambas han sido afectadas, según Robledo, ya que las comunidades han enfrentado el despojo territorial a manos de grandes empresas que se apropiaron de sus tierras para monocultivos. Luego, en el ámbito marino, las restricciones impuestas por la fundación a partir de 1993 limitaron el acceso a los recursos pesqueros, lo que profundizó la crisis alimentaria y económica.
«La vida en mi comunidad es la pesca, y no lo podemos hacer. La agricultura era nuestra otra lucha, pero también nos la han quitado. Por ambos lados, el pueblo garífuna está siendo oprimido», sostuvo Robledo.
Además del despojo, las comunidades enfrentan una exclusión activa en la toma de decisiones sobre su territorio. Robledo denunció que tanto personas nacionales como internacionales realizan actividades lucrativas en la zona sin consultar a las comunidades. En este contexto, destacó la participación de programas de televisión extranjeros, grabados en Cayos Cochinos con autorización estatal y de la fundación, mientras se prohíbe a los pescadores garífunas acceder a esas mismas áreas.
«Los contratos entre el Estado y la Fundación Cayos Cochinos se firman sin consultarnos. Luego vienen extranjeros, filman reality shows en nuestro territorio, mientras el pescador no puede ni acercarse a las zonas de pesca», afirmó.
Robledo señala que, la situación se ha visto marcada por la presencia de las Fuerzas Armadas, a las que las comunidades señalan como una fuente de tensión. Según Robledo, la militarización del archipiélago, enmarcada en un plan de manejo estatal, ha generado un ambiente de violencia y miedo hacia quienes ejercen el derecho ancestral a la pesca.
«El peligro hoy son las Fuerzas Armadas. El Estado creó un plan de manejo que violenta nuestros derechos: hay amenazas, desapariciones, desplazamientos, hostigamiento y privación de nuestros recursos», afirmó Robledo. «Hemos denunciado muchos casos, pero no pasa nada. Desde que se creó la Fundación y se involucró la Fuerza Naval, tenemos registro de al menos 14 pescadores desaparecidos. El más reciente fue golpeado en 2023», enfatizó.
Las comunidad garífuna han recurrido al sistema interamericano con el objetivo de obtener una resolución judicial. Robledo indicó que esperan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordene al Estado de Honduras reparar los daños relacionados con las violaciones a los derechos colectivos.
«Si no se cumple la sentencia, nosotros la vamos a hacer cumplir», advirtió Robledo. La demanda principal se enfoca en el respeto al derecho al territorio, a la autonomía y a una vida digna.
«La visión que tengo es de un pueblo garífuna autosostenible, una comunidad con buena educación, salud y libertad para vivir del mar y la tierra como lo hemos hecho siempre, sin que nadie nos imponga nada», concluyó Robledo.
