En un esfuerzo por visibilizar la realidad de la comunidad trans en Honduras y otros países de Latinoamérica, Contracorriente presenta el proyecto editorial: Beyond 35, una revista que busca visibilizar los retos a los que se enfrentan las mujeres trans en una región en donde su esperanza de vida no supera los 35 años de edad. La violencia, discriminación y la falta de acceso a derechos fundamentales les corta la vida antes de tiempo. 

Contaremos las historias de mujeres trans cuyas vidas acabaron antes de los 35,   honrando sus talentos y las aspiraciones truncadas. Cada edición de Beyond 35 tendrá historias relacionadas con diferentes temáticas, como negocios, música o moda, y lo que ellas aportaron o pudieron haber aportado en estos sectores. Además, cada número incluirá la experiencia de organizaciones de Latinoamérica en impulsar políticas públicas para cambiar la realidad que vive la comunidad trans en materia de derechos laborales, reconocimiento de la identidad de género, acceso a la salud y educación, etcétera.

Con el apoyo de la organización Archivo CUIR, este proyecto no solo expone una realidad desgarradora;  también se narra la vida que hubiera podido tener una persona trans. Además, presenta un proyecto de ley ante el vacío legal, y propone soluciones concretas ante la crisis que enfrentan las personas trans en Honduras y diferentes países de Latinoamérica, donde, con tasas de homicidio desproporcionadas y solo un 8 % de los crímenes resueltos, según la Agencia Efe, la situación es alarmante. En Honduras, entre 2017 y 2022, se registraron 44 transfeminicidos, con una impunidad del 93 %. A esto se suman la exclusión laboral y educativa, la falta de acceso a servicios de salud y un alto índice de suicidios, profundizando aún más la emergencia.

Contracorriente es un medio de comunicación que utiliza sus plataformas para promover la denuncia y el cambio. Con Beyond 35, no solo documenta una realidad urgente, sino que la convierte en un llamado a la acción. Cada historia narrada es un recordatorio de lo que aún falta por hacer y una invitación a construir un futuro donde ninguna vida sea interrumpida por la violencia y la indiferencia.

En septiembre de 2023, el ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Funes, autorizó la compra de unas tierras en Comayagua para fines de reforma agraria por más de 56 millones de lempiras. Contracorriente accedió a audios, testimonios y documentos que revelan una serie de irregularidades en esta operación realizada por el mismo ministro Francisco Funes y el abogado del INA y hermano de un diputado de Libre, Diógenes Flores. En este proceso también fue involucrado el hijo del ministro, Lenin Funes, quien es comisionado del Instituto de la Propiedad. Entre 2022 y 2024, durante la administración que prometió beneficiar al campesinado, el INA compró 10,466.63 manzanas de tierra supuestamente con fines de reforma agraria; sin embargo, este caso genera dudas sobre quién se está beneficiando de esta inversión pública. 

Texto: Contracorriente

El ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Funes, llamó a Oswaldo Ulloa para arreglar un trámite de compra de tierras. Oswaldo era uno de los tres propietarios de 2,496.48 manzanas en La Libertad, Comayagua, unas tierras que en los últimos años habían adquirido mucho valor, por lo que el Estado de Honduras tenía interés en comprarlas como parte de su plan de «refundación agraria». 

El 21 de septiembre de 2023, el INA logró comprarlas, y el ministro se encargó de que el negocio saliera como lo había pensado. «Entonces se le garantiza que a usted [Oswaldo Ulloa] se le tienen que pagar dos millones, o sus cuatro millones de lempiras, los que sean, con tal estén saliendo de ahí, ¿me entiende? Solo firma ese documento, lo trae mi hijo y ya es un compromiso de la abogada ante usted, de darle su dinero y depositarlo, ¿me entiende?», le instruyó en la llamada el ministro a Ulloa. 

Oswaldo Ulloa y el ministro Francisco Funes habían acordado la compra de la propiedad «con fines de reforma agraria», bajo un poder que los otros dueños, José Castro y Maximiliano Castro, supuestamente le habían otorgado a Oswaldo en el departamento de La Paz. Este medio corroboró que este poder fue falsificado, el primer paso que demuestra un fraude.

La transacción de compraventa se fijó en 56,170,990.60 lempiras, cantidad que, según el documento, se pagaría en dos partes de 28,085,495.30 lempiras cada una, en un periodo de cuatro meses a través de una transferencia a la cuenta bancaria de Elba Sofía Castañeda Panting, una tercera persona a quien supuestamente Oswaldo Ulloa otorgó un poder para percibir el monto pactado.

Fragmento de la escritura de compraventa en la que se menciona el supuesto poder otorgado a Sofia Castañeda Panting.

Este medio tuvo acceso a una copia íntegra del poder especial citado; sin embargo, en ninguna parte se menciona que Ulloa le diera este poder a la abogada Castañeda Panting, mientras que Ulloa le confirmó a este medio que él no conoce a la abogada Panting. 

Los registros sobre esta abogada son limitados, pero según lo que dice en su página de Linkedin, la abogada laboró desde 2020 como asistente legal en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. En una llamada con Contracorriente, Panting aseguró que había sido despedida con el cambio de gobierno, y que ahora se dedica a litigar de forma independiente y ha llevado diversos procesos en materia civil.

Según la página de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae), en 2022 actuó como representante legal de una empresa de reciclaje para inscribirla en el registro de proveedores y contratistas del Estado.

En 2023, el INA efectivamente realizó un pago en favor de Castañeda Panting por esta compra, según corroboramos en el portal público Honduras Inversiones, aunque no fue por el monto acordado en un principio, sino que fue de 21,786,671.5 lempiras. El documento de compraventa de la propiedad incluso menciona el número de cuenta bancaria en la que se depositaron los más de 21 millones de lempiras, y este medio comprobó que dicha cuenta pertenece a la abogada. 

El INA indicó  que el restante 50 % del pago se hará al contar con disponibilidad presupuestaria. Esta institución tuvo 256.4 millones presupuestados para titulación de tierra en 2023, mientras que en 2024 tuvo 277.4 millones; en ambos años la ejecución de este rubro fue del 100 %. En 2025, el INA tiene un presupuesto de 292.6 millones para titulación de tierras, y ya lleva un 44 % de ejecución. 

En una conversación con este medio, la abogada Sofía Castañeda Panting aseguró que actuó únicamente como intermediaria legal, facultada por un grupo de propietarios que le otorgó poder para gestionar el expediente y percibir el pago, ya que ninguno de ellos confiaba entre sí, ni contaba con el pin SIAFI necesario para recibir el dinero por parte del INA.

«No tenía conocimiento de que había algún conflicto o denuncia al respecto», dijo Panting, al ser consultada sobre la denuncias. Panting asegura que toda la documentación del proceso —incluyendo las actas, el poder y la resolución del INA— está en regla y fue revisada antes de proceder. «El proceso de venta de las tierras está en orden. El poder y las actas también. Yo revisé toda la documentación antes de firmar», señaló.

De acuerdo con su relato, los pagos se realizaron en presencia de los propietarios, quienes le dieron instrucciones específicas sobre cómo debía distribuirse el dinero. «Me reuní con todos en el banco. Me dijeron: “Este es el pago de Oswaldo, este el de tal persona”. Y así se les fue acreditando. Todos estaban satisfechos con el pago, no sé qué ocurrió después».

Panting dice que el conflicto podría haber surgido por desacuerdos internos posteriores a la transacción. «Entre ellos se hicieron sus negociaciones de cómo se iban a distribuir el dinero y quizá luego ya no estuvieron de acuerdo. Pero toda la documentación está. Imposible que haya algún tipo de irregularidad, lo que hay es un conflicto interno entre ellos», afirmó.

Aseguró que con Diógenes Flores y Oswaldo Ulloa nunca había trabajado y solo los ha visto un par de veces, aunque previamente reconoció que Diógenes Flores era su cliente. Asimismo, negó cualquier vínculo con funcionarios del actual gobierno o del Partido Libre. «No tengo relación con Francisco Funes, y con su hijo Lenin Funes menos. Más bien imposible que yo tenga relación con alguien de Libre. Siempre he sido activista del Partido Nacional», subrayó.

Insistió en que su papel fue únicamente como apoderada para recibir el dinero y hacer los pagos conforme a lo indicado por sus representados. «Me dijeron: “Usted percíbalo y le vamos a dar las instrucciones de cómo hacer los pagos”. Y así se hizo. Yo solo protegí los intereses de mis clientes». Sobre el poder que se le otorgó, aseguró que fue elaborado en Tegucigalpa. En una llamada posterior reconoció que había irregularidades con el poder falso en La Paz, pero que ya había una resolución del Ministerio Público (MP) al respecto, aunque no dio más detalles. 

Oswaldo Ulloa aseguró a Contracorriente que él no sabe leer, y que la gente enviada por el ministro, específicamente el abogado Diógenes Flores –a quien ya conocía– y el hijo del ministro, Lenin Funes, lo citaron en un hotel en horas no laborales para pedirle firmar unos documentos que él asegura no sabía de qué trataban. Además, denunció que fue intimidado al punto de presionarlo para vender las tierras sin comunicarse con el resto de los dueños, que según Ulloa son sus primos. 

Ulloa contó que tuvo que huir del país por amenazas, ya que en su comunidad tenía varias deudas y esperaba pagarlas con el dinero de la venta de su lote de tierra; sin embargo, ahora asegura que no tiene nada y que aún no se explica por qué las autoridades del INA que él conoció lo involucraron en este proceso que le generó daños a él y su familia. 

«Me llevaron a un lugar que no eran oficinas del INA y solo de noche, ellos hicieron lo que quisieron conmigo. Tuve que huir porque me amenazaron, el ministro me dijo que a él le valía madres lo que pensara la demás gente. Me pidieron que firmara. Yo soy un hombre viejo que ya ni miro, no estuve ni un año en la escuela. Yo he perdido hasta a mi familia por culpa de ellos, y ellos bien a gusto con todo el billetón que se han robado y no les bastó joderme a mí, porque la propiedad no era solo mía, sino de una familia completa. Me hicieron una injusticia», dijo. 

Un poder con irregularidades

En Contracorriente comprobamos que el instrumento inscrito en el departamento de La Paz, el poder que facilitó la compraventa de las tierras con el INA, tiene serias inconsistencias. Una de ellas es que no se menciona a Elba Sofía Castañeda Panting como apoderada para recibir el pago por parte de Oswaldo, y aun así se le hizo a ella el pago. 

Contracorriente tuvo acceso al poder que supuestamente los hermanos Castro, los demás dueños de la tierra, otorgaron a Oswaldo Ulloa para que él la vendiera al INA. Este documento fue supuestamente emitido por el abogado y notario Mariano Lagos Donaire, con domicilio en Comayagua. El poder fue inscrito bajo el instrumento público número 44, un registro único e irrepetible que cada notario lleva en su protocolo. Sin embargo, una fuente proporcionó a este medio una copia del protocolo original del notario, y en el folio número 44 no figura ese poder. 

A través del registro público, Contracorriente también accedió al instrumento número 44 auténtico, emitido en Comayagua, y comprobó que corresponde a la compraventa de una parcela distinta, sin relación alguna con Ulloa ni con los hermanos Castro. Consultado por este medio, el abogado Mariano Lagos Donaire se limitó a decir que él no realiza ningún tipo de gestión legal fuera del departamento de Comayagua, y esta fue realizada en el departamento de La Paz. 

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Instrumento falso registrado en La Paz.
Instrumento verificado emitido en Comayagua.

Contracorriente conoció también que José Castro y Maximiliano Castro niegan haber otorgado ese poder, y no se dieron cuenta de la venta de sus tierras al INA hasta varios meses después. Tras enterarse acudieron a la institución y expusieron su caso ante el ministro Funes y su hijo Lenin Funes, comisionado adjunto del Instituto de la Propiedad (IP), quienes les prometieron dinero y propiedades a cambio; sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado ninguna de esas promesas.

Llamamos vía WhatsApp al ministro Funes para consultarle sobre este caso. El ministro aseguró que estaba muy ocupado en asignaciones que la presidenta Xiomara Castro le ha dado para dar respuesta a comunidades en conflicto por tierras en el Aguán y en comunidades indígenas y garífunas. 

Sin embargo, cuando consultamos sobre el caso de la compra de tierras en La Libertad, Comayagua, dijo de inmediato que hay falsedades que se están difundiendo y que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Finanzas vieron el caso junto con el INA, y que él incluso logró que el Estado «ahorrara 110 millones» en la adquisición de esas tierras. 

Francisco Funes Rodriguez asumió como titular del INA al inicio del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro en 2022, y actualmente lidera la Comisión de Seguridad Agraria conformada en 2023 por el Ejecutivo. Además, entre 2006 y 2009, en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, también ocupó el cargo de director del INA.

«Nada pasa de compras de tierra sino es alrededor de la última firma de uno, para eso emite resoluciones uno. No me gusta que me estén entrevistando diciendo que hay irregularidades solo por decires. Se llamó a los propietarios por desconfianza de los poderes que están allí, pero se está falseando la información. Son unos señores que se les llamó por su desconfianza, pero se llamó a los dueños para que suscribieran sus voluntades. Están levantadas las actas notariales y están las fotos de ellos; ahora dicen que no firmaron», afirmó. 

Además, dijo que quienes están señalándolo «es gente farsante» que lo que quiere es que se les pague otra vez, pero confirmó que en efecto él habló por teléfono con la parte afectada, y que estas personas «firmaron en La Paz con un notario».  

«Ya se les pagó doble, al señor que había vendido ya se le había pagado. Al Estado le ahorré 110 millones. Sencillo, la comisión evaluadora con Finanzas y TSC y la Procuraduría la valoraron a 45 mil (la manzana) y yo la bajé a 22,500 la manzana», dijo, sin dar más explicaciones sobre el proceso en el que se involucró el empleado del INA, Diógenes Flores, el papel de su hijo Lenin Funes o el de Elba Sofía Castañeda. 

Al día siguiente escribimos al ministro del INA para obtener más información sobre el expediente del caso que él aseguró que es público y aclarar los cuestionamientos, pero no obtuvimos respuesta. 

Un experto que conoció el caso  —quien pidió no revelar su identidad por seguridad— aseguró que el avalúo realizado para concretar la compra perjudicó a los vendedores. «Fíjese que eso fue lo curioso, ese avalúo más bien les perjudica. Si uno saca cuentas, la tierra fue pagada por muy poquito. Ellos hicieron un cálculo en el que esas tierras valían casi cien millones», explicó.

También cuestionó que el poder notarial falso utilizado para concretar la venta no fue inscrito en Comayagua o Tegucigalpa, sino que en La Paz, «donde hay institutos medio “patitos”, donde se permite hasta lo no permitido», dijo en referencia a una realidad: el registro de propiedades en ese departamento no está digitalizado.

El experto señaló que la operación coordinada por Francisco Funes, su hijo Lenin, y Diógenes Flores, asesor legal del INA en Comayagua que fue clave en la transacción, implicó asegurar el dinero a través de una red de confianza, por lo que utilizaron a la abogada Castañeda Panting para recibir el depósito. Además, aseguró que a Oswaldo le hicieron firmar unos papeles que supuestamente eran la promesa de pago de siete millones de lempiras, pero que al final solo le dieron cuatro. 

«Esta gente está jugando con nuestro dinero, con nuestros impuestos y con el futuro de nuestros hijos. Esto molesta bastante. Ver cómo dañan a estas personas y cómo despilfarran el país a través de instituciones donde no hay un ojo crítico, donde nadie presta atención», aseguró finalmente la fuente.

Al respecto, Oswaldo dijo que, en efecto, él recibió cuatro millones, aunque primero lo que le dijeron que estaba en papel era una promesa de siete millones, y asegura que nunca le dijeron en cuánto el INA compró las tierras. La única transacción que Contracorriente encontró con respecto a este negocio fue la transferencia a la señora Elba Sofía Castañeda por un poco más de 21 millones de lempiras, y Oswaldo aseguró a este medio que él no conoce a Castañeda. 

Según representantes de las víctimas de esta venta irregular, una parte de las tierras está actualmente ocupada por personas que fueron ubicadas allí por las autoridades del INA y que ahora la están cultivando. Otra parte, según Oswaldo Ulloa, está ocupada por ganaderos que tienen el permiso de su familia para tener sus vacas allí.  

La llamada para acordar la entrega del dinero

Contracorriente tuvo acceso al audio de una llamada telefónica en la que, en un primer momento, Diógenes Flores Bueso —quien figura como capacitador del INA en la oficina de Comayagua— se comunica con Oswaldo Ulloa. El objetivo de la llamada era coordinar, tras la firma del contrato de compraventa y el acuerdo previo, el depósito del monto acordado a las cuentas de Ulloa.

Ulloa le dice a Diógenes que está enfermo, «empachado», por lo que no podría verlo en persona para la entrega del dinero. El funcionario contesta que es necesario que se vean en persona, pero le garantiza que le guardará su dinero. Luego ambos discuten sobre el depósito del dinero.

Llamamos a Diógenes Flores a su celular y a la oficina del INA en Comayagua para consultar sobre este caso; sin embargo al cierre de esta nota no respondió. 

Diógenes Flores Bueso es hermano de Juan Ramón Flores Bueso, actual diputado del Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación (Libre), y de la directora residente de Hondutel, Aracely Flores Bueso. Además, según fuentes consultadas por este medio, Diógenes es un abogado de gran influencia en el departamento de Comayagua.

Dos días antes de concretar el trato con Oswaldo Ulloa, el 19 de septiembre de 2023, Diógenes Flores vendió 99,696.75 manzanas de tierra en La Libertad, Comayagua, por 2.5 millones de lempiras. Luego, el mismo día en el que se oficializó la compra de las tierras de Ulloa, Diógenes participó junto a Antonio Urbina Flores, María del Carmen Padilla y José Urbina Flores, en otra operación de compraventa de aproximadamente 905.66 manzanas constituidas en tres lotes, por 22.65 millones de lempiras. En esta última transacción también estuvo involucrada Sofía Castañeda Panting, quien, según el documento de compraventa, presentó la oferta de venta ante el INA en representación de las personas vendedoras.

En la llamada con este medio, Panting aseguró que Diógenes Flores era su cliente; sin embargo, cuando le mencionamos que él laboraba en el INA, ella negó conocer este vínculo. 

Tras la discusión entre Diógenes y Ulloa, interviene en la llamada el ministro Francisco Funes. En la llamada, que duró alrededor de ocho minutos, Funes expresa su preocupación porque se termine el trato, y que necesita una firma de Ulloa para hacer los depósitos que el INA debe realizar como parte del acuerdo por la compraventa de las tierras. Insiste en que los documentos anteriores «se hicieron mal» y que él se ha encargado personalmente de corregirlos; además, le garantiza a Ulloa que su dinero «está reconocido» y que se le pagarán los dos o cuatro millones de lempiras acordados, al igual que a los otros «jodidos». 

«Lo que yo quiero es protegerlo a usted», le dice el ministro Francisco Funes, subrayando que todo debe quedar respaldado legalmente para evitar futuras acusaciones, incluso —según sus propias palabras— de «lavado de dinero». En ese contexto, Funes le propone un acuerdo a Ulloa: enviaría al día siguiente a Diógenes junto a uno de sus hijos —sin mencionar su nombre— para firmar el documento correspondiente. 

«¿Dónde vive usted?», le pregunta el ministro. Ulloa responde: «En Bonito Oriental», un lugar  en el departamento de Colón, lejano a Comayagua. Tras valorar la distancia y la enfermedad de Ulloa, ambos acuerdan encontrarse en un punto intermedio: el Hotel París, frente al parque central de la ciudad de La Ceiba. La cita sería el sábado siguiente de esa llamada, a la 1:30 de la tarde. 

En otro momento de la llamada, Funes le recalca a Ulloa que el resto del dinero, aparte de los cuatro millones que le prometieron, no debe importarle.

—Va a llegar mi hijo con un documento que lo único que está diciendo es la realidad, y que se le cuiden sus cuatro millones de pesos, que se le depositen en tal lado, y que lo demás a usted le vale verga— le remarcó el ministro Funes.

 —Así es— responde Ulloa.

 —Yo estoy preocupado porque se preserven sus derechos, que se le preserven los derechos a Diógenes, que la abogada que se nombró también, y que por otro lado usted se componga— concluye Funes.

Finalmente, Funes pidió la cuenta de banco de Ulloa para depositarle dinero para poder movilizarse, y le remarca que puede contactarlo en cualquier caso de emergencia; incluso le brinda su número telefónico en el momento.

«Esta gente me utilizó, me hizo como un muñeco» cuenta Oswaldo, quien rompió en llanto cuando habló del miedo que lo hizo huir del país y dejar a su familia. Contó que él conoció al abogado Diógenes Flores en Comayagua, aunque hubo un tiempo en el que no se hablaban, pero por la intercesión de un primo cedió a ver qué quería Flores. «Pero cuando hablé con ellos, ellos ya estaban midiendo la propiedad. Supuestamente ellos sacaron un poder, que lo fueron a sacar a La Paz», explica. 

Oswaldo recuerda que Diógenes le dijo que tenía un papel que le permitiría vender la propiedad. «Entonces pregunté por qué metió mi cedula allí, y entonces me dijo: “Si querés vender, vendé, este papel vale 12 millones”. Me dijo que de todos modos la propiedad se iba a vender porque sí», cuenta.

El ministro Funes aceptó que las llamadas a los dueños de las tierras se realizaron «por la desconfianza de ellos a los poderes». Oswaldo Ulloa asegura que aunque él nunca conoció en persona al ministro, este le dijo en la llamada que no tuviera miedo, que fuera a firmar los documentos porque su propio hijo iría a asegurarse que todo saliera bien.  

Las promesas del Gobierno en materia agraria 

En febrero de 2022, pocas semanas después de iniciar su Gobierno, la presidenta Xiomara Castro firmó un acuerdo con la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, con el objetivo de atender la conflictividad agraria en esa región al norte de Honduras. Este compromiso se sumaba a otras promesas hechas durante su campaña, en las que aseguró que daría respuesta a la demanda de tierras del campesinado a nivel nacional.

Luego, en junio de 2023, desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), la presidenta Castro ordenó la conformación de la Comisión Agraria y Acceso a la Tierra.  Destacó que «las políticas agrarias han fracasado históricamente», y apuntó que no se podían «desconocer las condiciones precarias en que vive el sector rural y agrícola de nuestro país, especialmente, las poblaciones que luchan a diario por llevar alimentos a sus casas a cambio otros sectores gozan de grandes privilegios, exoneraciones y jugosas utilidades producto de injustos modelos económicos de la última década, acceso a la tierra para los campesinos, mujeres, comunidades indígenas y pueblos originarios».

Uno de los objetivos de la Comisión es investigar la legalidad de las tierras y sus antecedentes registrales. Sin embargo, ha sido objeto de críticas por diversas organizaciones de derechos humanos y campesinas en el país, que la consideran un «fracaso total» debido a la falta de avances significativos en la garantía de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas. 

En mayo y noviembre de 2024, en el contexto de esta «refundación agraria», el INA reportó en su página web y redes sociales la entrega de títulos de propiedad a decenas de campesinos en el departamento de Comayagua, el mismo departamento donde se denuncia la compra fraudulenta de tierras por parte de la institución, en perjuicio de Oswaldo Ulloa y los hermanos Castro.

Esta comisión también está conformada por personas de confianza del ministro Francisco Funes, entre ellas su hijo Lenin Funes, comisionado adjunto del IP, quien también participó en la operación denunciada por fraude. Lenin Funes ha sido representante del IP en esta instancia y enlace entre la Comisión de Seguridad Agraria y la Secretaría de Seguridad.

En Contracorriente se han reportado diversas irregularidades en los procesos de compra y venta de tierras destinadas a reforma agraria. 

En junio de 2024, contamos que el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) denunció ante el Ministerio Público que Inversiones Los Pinares –la desarrolladora del megaproyecto minero que ha provocado conflictos socioambientales y perpetrado muertes violentas en el Bajo Aguán– se benefició con la compra de 12 parcelas de tierra que originalmente habían sido adjudicadas a ocho personas en el marco de la Ley de Reforma Agraria, en complicidad con funcionarios del gobierno pasado encabezado por Juan Orlando Hernández, incluyendo al exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara Bueso.

Recomendamos leer: Megaproyecto minero de Los Pinares fue construido ilegalmente en tierras destinadas a la reforma agraria

Además, en noviembre de 2024, también contamos cómo el proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua fue construido sobre tierras con fines de reforma agraria, adquiridas de forma irregular y a precios sobrevalorados por la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA) en el departamento de La Paz. La comunidad lenca de Sazagua denunció que el proyecto se instaló sin consultarle, y que el Estado les ha criminalizado por defender sus tierras. 

Hasta el momento, el INA no ha publicado en su página web el propósito de la compra de esta tierra en La Libertad, Comayagua y aún no hay registro público de que el resto de la transacción se culminó. Mientras tanto, Oswaldo asegura que huyó de Honduras porque esta venta de tierras al Estado para la «refundación agraria» puso en riesgo su vida. «Ellos han hecho fraude, han hecho fraude al gobierno y me han hecho fraude a mí. Perdí a mis hijos, ¿por qué son tan injustos? ¿Por qué tienen esa gente pícara, sinvergüenza, en el gobierno? Perdí todo», concluyó.  

Tegucigalpa, 9 abr (EFE).- La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) rechazó este miércoles «la imposición de medidas coercitivas unilaterales, contrarias al Derecho Internacional, incluidas las restrictivas al comercio internacional».

Así lo expresa la ‘Declaración de Tegucigalpa’ que fue «adoptada por consenso suficiente por 30 Estados miembros», de los 33 que integran el organismo.

Según informó a la prensa el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, hubo «el consenso suficiente de los 30 estados», a excepción de tres, «de adoptar la declaración de Tegucigalpa».

Esos tres que se distanciaron, «son países que por sus propias razones deciden no adoptar la resolución, son Argentina, Paraguay y Nicaragua», detalló el alto funcionario hondureño.

Agregó que «ellos expondrán posteriormente (las razones), pero la declaración es genérica, 30 países no pueden esperar a que por tres países, se decidan adoptarla».

La Declaración resalta «la plena vigencia de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, sustentada en la promoción y el respeto a los propósitos y principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional».

Se añade «la cooperación internacional, la democracia y el Estado de Derecho, el multilateralismo, la protección y promoción de todos los derechos humanos, el respeto a la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos internos, la soberanía y la integridad territorial».

Además, afirmaron «su convicción común de que es oportuno y adecuado que una persona nacional de un Estado de América Latina y el Caribe ocupe la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, considerando que de los nueve Secretarios Generales que ha tenido la ONU hasta la fecha, sólo uno provino (el peruano Javier Pérez de Cuéllar) de un Estado de la región y recordando que el cargo nunca ha sido ocupado por una mujer».

La Declaración le da también la «bienvenida» a Colombia cuya presidencia pro témpore de la Celac asumió hoy el presidente de ese país, Gustavo Petro, quien en la cumbre expresó que el mundo vive «una tensión entre multilateralismo y soledad», por lo que abogó por una agenda de colaboración entre países.

Señala además la importancia de abordar temas como «energía (transición energética e interconexión), movilidad humana, salud y autosuficiencia sanitaria, seguridad alimentaria, medio ambiente y cambio climático; pueblos indígenas y afrodescendientes, ciencia, tecnología e innovación; conectividad e infraestructura; fortalecimiento del comercio e inversión; delincuencia organizada transnacional, educación, e igualdad de género, entre otros».

También refrendaron «su firme respaldo» a la estabilidad de Haití y a «contribuir decididamente, conforme a las capacidades de cada país», a apoyar a ese país caribeño en sus esfuerzos, «junto con la comunidad internacional y las Naciones Unidas, para restablecer un entorno de seguridad humana para la normalización de la situación política, económica y social, con un enfoque integral de desarrollo».

La IX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac contó con la presencia, además de Petro, de Claudia Sheinbaum, de México; Luis Arce, de Bolivia; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Yamandú Orsi, de Uruguay; Bernardo Arévalo, de Guatemala, entre otros mandatarios.

El presidente de El Salvador compró por un millón de dólares un terreno con playa el pasado septiembre a través de una sociedad que fundó junto con su esposa, Gabriela Rodríguez. Parte de la propiedad está en un área natural protegida, según mapas de dos instituciones del Estado. En los últimos tres años, Bukele y sus familiares cercanos han adquirido inmuebles con una extensión de casi 365 hectáreas, más del 90% de las que poseen, y un valor de 10.5 millones de dólares.

Por Jaime Quintanilla
Una investigación de Redacción Regional, Dromómanos y MalaYerba

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es dueño de un terreno de un millón de dólares con acceso a la playa El Flor que abarca una franja del Complejo Los Cóbanos, un Área Natural Protegida (ANP) donde se encuentra el principal arrecife de coral del país. Según los documentos de la compraventa disponibles en el Centro Nacional de Registro (CNR), Bukele compró el inmueble el 23 de septiembre de 2024 a través de la empresa Bu-Ro S. A. de C. V., una sociedad que fundó junto con su esposa, Gabriela Rodríguez. 

El nuevo terreno de Bukele cuenta con una extensión de 13.978 metros cuadrados (unos dos campos de fútbol) y está custodiado por un muro de concreto. El Código Civil de El Salvador señala que todas las playas del país son bienes nacionales y “su uso pertenece a todos los habitantes”. En 2021, durante la primera presidencia de Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Recursos Hídricos, que prohíbe la privatización del agua, incluidas “playas del mar, lagos y lagunas”. 

Al centro, vista aérea del terreno comprado por los Bukele, flanqueado por un muro perimetral de concreto. Imagen de Dron: María Luisa Martínez.

El 20 de marzo pasado este periodista visitó los alrededores del terreno. La playa es un arenal de grano grueso y color dorado por los minerales, conchas, caracoles y arrecifes molidos que llegan arrastrados por las olas, y cuenta con una salida al mar flanqueada por plataformas rocosas de origen volcánico. El muro perimetral que rodea la propiedad del presidente también la separa de la de sus vecinos inmediatos: un empresario y camaronero de origen chino, en cuyo terreno operan comercios mínimos de comida y bebida, y un rancho con piscinas y cancha de baloncesto de la congregación de los hermanos maristas.

Ese día no había obras a la vista, solo dos cuidadores. Según varios habitantes de la zona, Bukele había visitado su nuevo terreno, ubicado en Sonsonate, al occidente del país, unas semanas atrás acompañado de soldados y varias camionetas blindadas. “Él tiene su terreno, pero no tiene casa todavía, entonces se queda en un rancho privado de los que están por ahí. Ahí dejan la tanqueta”, dijo uno de ellos.  

Vista del terreno desde una plataforma natural ubicada frente a la playa en El Flor. Imagen de Rodrigo Silva.

En el Complejo Los Cóbanos, que además de Área Natural Protegida es un sitio RAMSAR, una declaración de los humedales de importancia internacional para la conservación de la biodiversidad y el sustento de la vida humana, habitan tortugas marinas, aves migratorias y hay avistamientos de ballenas, que son promovidos por los ministerios de Turismo y Medioambiente.

“Técnicamente, todo lo que dice ‘protegida, complejo’ es un área que se considera estatal y sobre la que se busca su protección”, dice Néstor Herrera, biólogo especializado en vida silvestre, al revisar las tomas aéreas del terreno y los mapas de la zona en el Visualizador de Información Geográfico de Evaluación Ambiental (VIGEA) del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN); y del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. 

Según los mapas oficiales, el terreno de los Bukele (líneas rojas) abarca una franja del ANP de Los Cóbanos (línea verde). Reconstrucción a partir de la información oficial disponible en el VIGEA/MARN e Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (CNR).

Según estos dos mapas oficiales del Estado, el nuevo inmueble de Bukele abarca una franja del área protegida y el resto de la propiedad forma parte de la zona de amortiguamiento, un segmento de “áreas frágiles colindantes y de incidencia directa a las Áreas Naturales Protegidas, sujetas a promoción de actividades amigables con los recursos naturales, que apoyen los objetivos de manejo y minimicen los impactos negativos hacia adentro y afuera de las misma”, de acuerdo con la Ley de ANP y el Plan de Manejo de Los Cóbanos.

Una garza azul (Egretta tricolor) a punto de alzar el vuelo en el Complejo Los Cóbanos. Es un ave residente del ANP. Imagen de María Luisa Martínez

Para que Bukele pueda construir en su terreno necesita obtener permisos del MARN, dirigido por su amigo de infancia Fernando López, y de la Alcaldía de Sonsonate Centro, gobernada por Nuevas Ideas, el partido fundado y dirigido por sus familiares y amigos. 

En el sistema de consulta pública no existen rastros de solicitudes. Este periodista solicitó una respuesta oficial al MARN, a Casa Presidencial y a Nayib Bukele en la oficina de su sociedad, pero no ha obtenido respuesta.

Vista aérea de una parte de la playa El Flor. El terreno de los Bukele es el segundo de derecha a izquierda. Destaca por las plataformas de rocas naturales que flanquean el acceso al mar. Imagen de Dron: María Luisa Martínez.

Una familia presidencial y empresarial

El documento de compraventa del inmueble de El Flor fechado el 23 de septiembre de 2024 y disponible en el CNR fue firmado por el propio Nayib Bukele en su calidad de apoderado legal de Bu-Ro, S. A. de C. V, y por José Óscar Castro Araujo Sánchez, como director presidente y representante legal de la Corporación de Desarrollo Agrícola (Corpodesa), que había comprado el terreno de El Flor el 25 de junio de 2021 por 850.000 dólares. 

La compra se produjo cuatro días después de que Redacción Regional, Focos y Dromómanos revelaran que Bukele y su familia se habían convertido en terratenientes durante el primer mandato del actual presidente al acumular 363 hectáreas de terreno, el 92% de las que poseían hasta entonces. El terreno en la playa El Flor es el tercer inmueble más costoso que Bukele y su familia han comprado en estos tres últimos años, por detrás de la finca Hacienda Dorada, donde se cultiva “Bean of Fire”, la marca de café del presidente, adquirida por 1,640,000 dólares, y del edificio que Lagencia, S. A. de C. V., propiedad de los hermanos Karim y Yusef Bukele, adquirió por 1,300,000 dólares en el centro histórico de San Salvador después de que se aprobara una ley que otorgaba exenciones fiscales a los nuevos inversores de la zona.

Nayib Bukele y Gabriela Rodríguez, presidente, primera dama y socios en Bu-Ro en una cena con multimillonarios de Latinoamérica celebrada en Casa Presidencial, en febrero pasado. Imagen tomada de redes sociales de Presidencia de El Salvador.

El 9 de octubre de 2024, en respuesta a estas investigaciones, Karim Bukele dijo en la red social X que también había comprado la casa Samayoa, otro inmueble en el centro histórico, que perteneció originalmente al ministro de Hacienda del dictador Maximiliano Hernández Martínez. Según una publicación de El Diario de Hoy,  Lagencia, S. A. de C. V., compró la casa por 288.000 dólares. Con el terreno en la playa El Flor, los inmuebles adquiridos por los Bukele en los últimos tres años suman un valor de al menos 10.5 millones de dólares.  

Nayib Bukele dijo en febrero de este año durante un encuentro empresarial que ya no se considera empresario, pero durante su presidencia ha seguido actuando como representante legal y administrador único propietario de Corporación Logística de Servicios, a través de la que adquirió su finca de café, y Bu-Ro, desde donde compró su terreno de playa. 

Extracto de compraventa en los registros públicos del CNR. El presidente Bukele actuó en nombre de Bu-Ro, la sociedad que fundó junto a su esposa y con la cual adquirieron el terreno de playa.

Ruth López, jefa jurídica de Anticorrupción y Justicia de la ONG Cristosal, señala que si bien no hay un impedimento para que el presidente de la República compre propiedades o realice otras actividades comerciales, puede haber conflictos de interés por “el uso de la información privilegiada y que todos los permisos (ambientales y de construcción) están sujetos a personas que son dependientes formal y materialmente de él”.

Bukele y Gabriela Rodríguez fundaron Bu-Ro el 14 de octubre de 2014, cuando el actual presidente era alcalde del pequeño municipio de Nueva Cuscatlán. Dos semanas después compraron a través de la compañía una vivienda en la residencial Los Sueños II por 440,000 dólares. La pareja ha usado esta propiedad como casa habitacional desde entonces. El informe de las declaraciones patrimoniales de Bukele cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán señala que ese inmueble fue adquirido con “cheques de cuentas provenientes de los padres del declarante (Bukele)”. Entre septiembre de 2023 y mayo de 2024, la Presidencia de la República compró tres terrenos por 1,443,00 dólares justo atrás de esta casa para crear la nueva residencia presidencial, según reveló El Faro. 

El terreno en El Flor no es el único con vista a un paraíso natural adquirido por el clan Bukele. En 2023, Corporación Logística de Servicios, otra sociedad representada por Nayib Bukele, compró dos porciones de tierra con vista al lago Coatepeque a la sociedad Hill Tinoco, S. A. de C. V., una de las empresas de la familia de su ministra de relaciones exteriores, Alexandra Hill Tinoco, por un monto de $796,250.

Luego de la compra de la vivienda hace más de una década, los únicos movimientos registrados por Bu-Ro hasta la adquisición del terreno en la playa fueron pérdidas por la depreciación de edificios e instalaciones, según los balances financieros consultados en el Registro de Comercio. En 2023 la compañía cerró con activos valorados en $362,800. Según los registros con acceso público, la sociedad no ha presentado los balances del año 2024, cuando compró por un millón de dólares el inmueble en El Flor.

El patrimonio del presidente sigue siendo un secreto. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que el partido oficialista Nuevas Ideas ha nombrado desde mayo de 2021 han declarado bajo reserva todas las declaraciones patrimoniales de funcionarios. El 29 de enero de 2025, Bukele anunció que impulsaría una nueva Ley Anticorrupción que obligaría “a los servidores públicos y a sus familiares a presentar una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta, todos los años (que sería publicada y accesible para cualquier ciudadano)”. Hasta el momento ha sido un anuncio vacío. 

Elaboración propia a partir de información oficial del Centro Nacional de Registros.

Este periodista ha solicitado en dos ocasiones las declaraciones patrimoniales de Bukele. La Corte Suprema de Justicia las denegó, alegando en ambos casos que entregar estos documentos implica revelar información confidencial. 

La exponencial bonanza inmobiliaria de Bukele y su círculo íntimo contrasta con la situación que viven muchos salvadoreños. Desde que Bukele asumió la presidencia de El Salvador en julio de 2019, según los datos de la Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples, la pobreza aumentó de un 22.8% a un 27.2% y la pobreza extrema de un 4.5% a un 8.8%. El presidente y su familia, mientras tanto, han adquirido a través de empresas o a título personal una finca de café y otra con cultivos de azúcar, dos inmuebles a orillas de un lago, 17 propiedades en zonas exclusivas de El Salvador y un terreno con acceso a una de las playas más paradisíacas del país.  

Vista al mar desde la playa pública adyacente al terreno comprado por los Bukele. Imagen de Jaime Quintanilla.

La empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V. enfrenta  acusaciones de fraude por parte del Ministerio Público (MP) tras incumplir su contrato con el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que generó retrasos en la entrega de material electoral en las elecciones primarias e internas del 9 de marzo. Uno de los socios de esta empresa es hijo de un fundador del Partido Libre y amigo del expresidente José Manuel Zelaya Rosales. La fiscalía también investiga posibles colusiones entre funcionarios del CNE y la empresa. 

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen
Portada: Persy Cabrera 

La empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V. y uno de sus socios enfrentan acusaciones de fraude por parte del Ministerio Público (MP), debido al incumplimiento de cláusulas en su contrato con el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que causó retrasos en la entrega de material electoral y afectó al 3 % de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) durante las elecciones primarias e internas del 9 de marzo. Sin embargo, otro de sus socios, quien no ha sido requerido por la fiscalía más que para brindar declaraciones, es miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre) y su padre fue cercano a su coordinador general, el expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).

Filas de personas en espera de poder votar en la Facultad de Medicina. En este centro de votación las urnas llegaron después de las 8 de la noche. Tegucigalpa, 9 de marzo de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.

Según el contrato societario mediante el cual se constituyó esta sociedad mercantil el 23 de mayo de 2019, uno de sus socios es Óscar René Aguilera Hernández, hijo de Óscar Aguilera, quien hasta su fallecimiento en 2021 fue miembro y fundador del Partido Libertad y Refundación (Libre) y, según una publicación en X del 1 de septiembre de 2021, el expresidente Zelaya Rosales lo consideraba su amigo.

Sin embargo, el vínculo entre Aguilera y Zelaya Rosales no es el único hallazgo en torno a Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V., ya que Bernardo Majin Aguilera Hernández —hermano de Óscar René— suscribió el 9 de octubre de 2024 un contrato de trabajo especial por tiempo limitado con la consejera presidenta del CNE, Cossette López, para desempeñarse como jefe de área del Centro Logístico Electoral (CNE).

Contracorriente consultó si esta persona aún labora en el CNE y no obtuvimos respuesta; sin embargo, el mismo Óscar René Aguilera Hernández confirmó el 3 de abril, en una entrevista con el medio HCH, que su hermano es empleado del CNE, pero que eso no representaba ningún conflicto de interés al momento de la contratación de la empresa.

«Mi hermano Bernardo Aguilera, que trabaja en el CNE, no es algo de desconocerlo, pero tampoco es una cuestión de injerencia», aseguró Aguilera Hernández, socio de Carlos Salomón Fonseca Robles, quien actualmente enfrenta una acusación del MP por supuesto fraude ante el Juzgado de Letras Penal en Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente.

Te invitamos a leer: Fallos en primarias afectaron centros donde el 72 % de los votantes eran opositores, mientras que la empresa contratada por el CNE no estaba certificada por el Estado

La empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V. fue adjudicada con un contrato de 64,789,021.78 lempiras por el alquiler de transporte de carga para el traslado de material electoral el 25 de febrero y firmó el contrato apenas el 7 de marzo, dos días antes de las elecciones primarias e internas. Sin embargo, según el MP, la empresa no estaba capacitada para cumplir con los términos del contrato, y a pesar de ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó su contratación.

Transporte en camiones de las urnas electorales desde el plantel del Infop hacia Atlántida, Colón, Yoro, Ocotepeque y Copán. Tegucigalpa 04 de marzo de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.

El requerimiento fiscal presentado por la Unidad Especial Contra Delitos Electorales (UECDE) señala que la empresa representada legalmente por Fonseca Robles carecía de «idoneidad y capacidad técnica para el transporte seguro del material electoral y flota vehicular registrada», y menciona «posibles acciones colusorias con funcionarios del CNE». Además, indica un supuesto indicio de sobrevaloración contractual en más de 21 millones de lempiras.

«La Comisión Técnica Evaluadora dio por hecho que hubo inspección mecánica y logística, dio por hecho que el contratista tenía toda la flota para ponerla a disposición del CNE en el momento en que se requiriera», indicó a los medios de comunicación el fiscal general Johel Zelaya el 31 de marzo, cuando oficializó la presentación del requerimiento fiscal por parte de la UECDE contra Fonseca Robles y cinco funcionarios del CNE.

Flota de camiones en un parqueo del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) donde funcionó la bodega tecnológica y despacho de material electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE). Tegucigalpa, 4 de marzo de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.

Sin embargo, la defensa de Fonseca Robles solicitó que él se presente voluntariamente a la audiencia de declaración de imputado, y aseguró que es «falso que haya habido incumplimientos en el contrato». Su apoderado legal, Teodoro Bonilla, manifestó a los medios de comunicación que hicieron un reclamo administrativo al CNE porque no les han pagado, y estableció que para que el MP pueda comprobar que existió un delito deben existir requisitos como dolo y perjuicio al Estado. 

«Estas situaciones no se configuran en los hechos establecidos en el requerimiento fiscal, ya que el pago ni siquiera se ha realizado, y por lo tanto no hay un perjuicio económico al Estado como señala la fiscalía», afirmó el abogado de Fonseca Robles.

La defensa también rebate uno de los argumentos establecidos en el requerimiento fiscal, referente a que la empresa no contaba con los vehículos requeridos, pues en los pliegos de términos de referencia y en el contrato suscrito el 7 de marzo, se establecía la facultad de subcontratar y alquilar para cumplir con el contrato. 

Sin embargo, según verificaciones que hizo Contracorriente, el contrato no autorizaba a la empresa a suplantar vehículos de transporte de carga por vehículos de transporte de personas como ocurrió el 9 de marzo, situación que finalmente complicó la organización y distribución del material electoral, afectando las votaciones en diferentes Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el Distrito Central. La empresa cambió camiones livianos de 12 pies por unidades de transporte de personas, con autorización de Joel Ramos García, coordinador de Transporte del CNE, según declaraciones juradas presentadas ante el MP. 

Los cuestionamientos a la empresa Ingeniería Logística y Transporte varían. Este medio reportó el 20 de marzo que, a diferencia del oferente Union Latin Cargo S. A., la empresa no contaba con el certificado de proveedor del Estado al momento de su adjudicación, según información verificada de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae), y que apenas el 31 de julio de 2024 había presentado una solicitud de certificado de operación de transporte público de carga tipo remolque especial por primera vez ante el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT). 

Un día después de nuestra publicación, el comisionado presidente del IHTT, Rafael Barahona, admitió en X que el CNE contrató a un proveedor sin camiones con un permiso de explotación pendiente, y agregó: «¿Quién se atreve a firmar un contrato millonario con una empresa que ni siquiera tiene unidades de transporte?».

Según denuncias hechas por la oposición, la empresa también se había hecho acreedora de una contratación directa en las elecciones primarias e internas de 2021, por L 29,862,794.05. Este medio de comunicación intentó obtener la documentación correspondiente a ese proceso contractual; sin embargo, debido a que las contrataciones directas no aparecen consignadas dentro del portal HonduCompras, fue imposible verificarlo. También se envió un mensaje de texto a la consejera Ana Paola Hall, que ostentó la presidencia del CNE en ese momento, pero no respondió.

Funcionarios del CNE también están acusados por el MP 

En el mismo requerimiento fiscal contra Carlos Salomón Fonseca Robles, la UECDE acusó a Joel Ramos García, coordinador de Transporte del CNE, por supuestos delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y negociación incompatible con la función pública, ante el Juzgado de Letras Penal en Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente. También presentó otro requerimiento en su contra ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, por delitos de retardo injustificado en la formación, expedición o publicación de documentos electorales, obstaculización en la entrega de documentos electorales y obstaculización al desarrollo del cronograma de actividades del CNE.

Militares dentro del plantel del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) donde funcionó la bodega tecnológica y despacho de material electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE). Tegucigalpa, 4 de marzo de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.

Ramos García fue despedido de su cargo el 12 de marzo y, según argumento de la consejera presidenta del CNE, «no auxilió el proceso ni atendió llamados el día de las elecciones». El pleno del CNE señaló también a este funcionario por haber autorizado el cambio de flota propuesto por la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V., cambiando camiones livianos de 12 pies por unidades de transporte de personas.

La UECDE también acusó a otros funcionarios del CNE: Raúl Amílcar Rivera Montoya, Dennis Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo y José Martín Pastrana Sánchez, designados en la Comisión Técnica Evaluadora del contrato que se firmó entre el CNE y Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V. 

La única persona que ha sido detenida es Canales Lobo, a quien el 7 de abril un juez le dictó auto de formal procesamiento, al considerar en su sentencia que los medios probatorios presentados por el MP son suficientes para someterlo a un juicio oral y público. El resto de imputados han solicitado presentarse voluntariamente a la audiencia de declaración de imputado.

Según el requerimiento fiscal, estos funcionarios incurrieron en responsabilidad penal debido a que, «pese a los incumplimientos, la Comisión Técnica Evaluadora no declaró fracasado el proceso ni aplicó las sanciones correspondientes» y permitió el uso de autobuses por parte de la empresa para el traslado del material electoral, «algo que no estaba contemplado en los pliegos de condiciones, por lo tanto, nunca debieron utilizarse vehículos de transporte de pasajeros».

Pleno del CNE, a comparecencia en el Congreso 

En una entrevista con Contracorriente publicada el 20 de marzo, el exfiscal general Edmundo Orellana manifestó que deben deducirse responsabilidades al pleno del CNE compuesto por las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall y el consejero Marlon Ochoa, o que renuncien y se sometan a juicio político en el Congreso Nacional (CN).

«Los tres consejeros son responsables del desastre que hubo allí. Eso se llama responsabilidad política. En un mundo ideal, el Congreso debería estar estructurando desde ya un juicio político contra estas tres personas, que más que funcionarios parecen niños caprichosos y personas que no responden a los intereses del país, sino a sus partidos».

Posteriormente, después de que el 31 de marzo se presentaron requerimientos fiscales contra cinco funcionarios del CNE, Orellana publicó un X en el que citó los artículos 11 y 12 de la Ley de Contratación del Estado, que indican que «son los órganos superiores de las entidades quienes adjudican, aprueban y celebran los contratos; y también, a tenor del artículo 32, la preparación, adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos». «¿Fueron derogados?», se preguntó.

Aunque actualmente han sido requeridos por el MP únicamente los miembros de la Comisión Técnica Evaluadora, según la certificación 630-2025 del CNE, fue el pleno de consejeras y consejeros quien autorizó la adjudicación a la empresa el 25 de febrero de 2025.

Contracorriente hizo una solicitud de información el 31 de marzo en la que solicitó la certificación referida, tomando en cuenta que las certificaciones, acuerdos y resoluciones del pleno del CNE son información de carácter público. Sin embargo, el 3 de abril, a través de un correo electrónico, la Oficina de Información Pública (OIP) nos contestó que esa información está secuestrada por el MP y que es objeto de investigación, por lo cual denegó nuestra solicitud de información.

«Este proceso está siendo investigado por el Ministerio Público, y el proporcionar dicha información podría perjudicar el proceso de investigación», indicó la OIP del CNE en un correo respondiendo a la solicitud de información 531-2025.

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Aunque las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall y el consejero Marlon Ochoa estaban citados para rendir declaración al MP el 14 de marzo por la contratación de Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V., argumentaron que esperarían el dictamen de una investigación interna del CNE. Además, sin haber concluido las investigaciones del MP, semanas antes del requerimiento fiscal que acusa a la empresa de fraude, el 11 de marzo, la consejera presidenta López negó a los medios de comunicación que existieran irregularidades en la contratación de la misma, y que solo existía un incumplimiento en una de las cláusulas del contrato. 

Las tres personas integrantes del pleno del CNE están citadas a dar declaraciones ante una comisión especial del CN que creó el presidente Luis Redondo este 10 de abril. La primera comparecencia de las altas máximas autoridades del órgano electoral se dará dos días después de la declaratoria de resultados de las elecciones primarias e internas emitida el 8 de abril, durante la cual no hicieron ninguna referencia a los fallos logísticos que empañaron el proceso electoral. 



El 9 de marzo de 2025 se celebraron las elecciones primarias en Honduras, que convocaron a 5 millones 879 mil 639 hondureños para ejercer el sufragio y elegir a los candidatos que competirán en las elecciones generales de noviembre de 2025. En este proceso estaban en juego la definición de las cartas de los partidos Nacional, Liberal y el Partido Libertad y Refundación (Libre) para las candidaturas a nivel presidencial, de los diputados del Congreso Nacional y de las Corporaciones Municipales.

Aunque el proceso electoral ofrecía aspectos positivos en materia de modernización, como el uso de dispositivos digitales para la identificación de la huella digital de los votantes, y el sistema de transmisión de resultados preliminares, la jornada electoral fue opacada por las irregularidades.

Desde el arranque, el retraso en la entrega del material electoral en los centros de votación ubicados en el Distrito Central y en San Pedro Sula, los dos municipios más grandes del país (que registran 826 mil 499 y 518 mil 266 votantes, respectivamente) causaron alarmas en medio de un ambiente en el que algunos candidatos levantaron denuncias de “fraudes” desde horas antes de los comicios. 

Hasta el momento, las autoridades electorales no han señalado que estos retrasos hayan incidido en los resultados, pero lo cierto es que impactaron contra la transparencia del proceso y generan dudas de cara a las elecciones de noviembre próximo. Por ejemplo, reportes periodísticos indican que los retrasos afectaron a 20 centros de votación en distritos en los que, en las elecciones anteriores, un 72 % del electorado se decantó por los partidos de oposición.

Semanas después de las primarias, el debate sobre la responsabilidad y el “impasse” con las maletas electorales ha girado en torno a la identificación de los responsables por los retrasos.

Desde el 9 de marzo, la consejera presidenta del Consejo Nacional de Elecciones (CNE), Cossette López, y la consejera secretaria Ana Paola Hall, afines al Partido Nacional y al Partido Liberal, respectivamente, responsabilizaron a las Fuerzas Armadas de lo ocurrido. En respuesta, el consejero vocal Marlon Ochoa, afín al Partido Libre, señaló que la responsabilidad exclusiva por los retrasos producidos era del CNE  y de las empresas encargadas de la impresión del material electoral.

Por su lado, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, ha negado que la institución tenga responsabilidad, y señala directamente a la consejera presidenta como la responsable de liderar el proceso electoral. De fondo, el poder ejecutivo en pleno ha respaldado a los militares; y el Ministerio Público, señalado por estar del lado del gobierno actual, ha abierto ya una investigación contra la empresa contratada y el CNE. Mientras tanto, el CNE continuó con la declaratoria de resultados, pero esta declaratoria, en sí misma, no borra lo que ocurrió, mucho menos en un contexto en el que la cooptación partidaria de las instituciones de investigación y persecución penal sigue siendo la regla.

El CNE es la máxima autoridad en la administración de elecciones dentro del sistema electoral, mientras que las Fuerzas Armadas tienen a su cargo, constitucionalmente, la participación en el traslado y la custodia del material electoral. Teóricamente, este binomio no tendría porqué producir inconvenientes en la gestión electoral. Sin embargo, en este caso, la relación de subordinación de las Fuerzas Armadas hacia una de las candidatas en contienda genera, como mínimo, una nueva suspicacia, ya que la precandidata presidencial del Partido Libre, la abogada Rixi Moncada, es a la vez, desde septiembre pasado, la actual ministra de Defensa Nacional.

Este artículo forma parte de un especial para analizar los principales desafíos de la región coproducido por el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y Redacción Regional.

Si bien la ley electoral indica que un mes antes de las elecciones, y hasta la declaratoria de ganadores, las Fuerzas Armadas pasan bajo el mando del CNE, en términos pragmáticos, en el comportamiento de las autoridades militares ha quedado clara su subordinación política con la Presidencia de la República, la máxima autoridad en la cadena de mando cívico-militar, institución que apoya abiertamente a Moncada. A eso se suma que las autoridades militares han mostrado un comportamiento confrontativo con las autoridades del CNE, que representan a los partidos políticos opositores.

En definitiva, las irregularidades en las primarias han dejado en evidencia, nuevamente, un sistema electoral altamente frágil. Una buena parte de esa fragilidad se debe al excesivo control que ejercen los partidos políticos sobre las instituciones encargadas de la gestión electoral.

Luego que la crisis de las elecciones generales de 2017 diera paso a la necesidad de reformar el sistema, se reformó la constitución y se crearon el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral, para separar la organización de las elecciones de la impartición de justicia. En la práctica, el modelo debiese funcionar, pero las elecciones primarias revelan que estas reformas no resolvieron los problemas de capacidad técnica y contraloría del proceso, en tanto que la calidad de la gestión electoral continúa supeditada a las costumbres de selección de las autoridades a partir de su afiliación partidaria, las decisiones en contrataciones del CNE y la influencia que preservan los partidos políticos una vez que las autoridades asumen sus cargos

Y, por otro lado, que las Fuerzas Armadas estén bajo el mando de una de las candidatas en contienda genera nuevas inquietudes.  En 2017 se cuestionó su comportamiento cuando reconocieron la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández, pasando por encima de las prohibiciones constitucionales en la materia, y justificando su actuar con una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inaplicables artículos irreformables de la Constitución sobre la reelección. Constitucionalmente, las Fuerzas Armadas tienen a su cargo velar por la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. En ese caso, la jerarquía política que Hernández ejerció sobre las Fuerzas Armadas, con su doble sombrero de Presidente de la República y candidato presidencial del Partido Nacional, condicionó el actuar de las fuerzas militares.

Rixi Moncada asumió la titularidad de la Secretaría de Defensa Nacional después de haber renunciado a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. Su llegada  ocurrió tras la renuncia de José Manuel Zelaya Rosales, quien dimitió luego de que se revelara un video en el que aparece su padre, Carlos Zelaya Rosales, negociando financiamiento para la campaña política del Partido Libre en el 2013 junto a narcotraficantes perseguidos por la justicia de Estados Unidos. Carlos Zelaya era, desde febrero de 2022 y hasta la filtración del vídeo, secretario del Congreso Nacional, hermano del ex presidente de la República José Manuel Zelaya y cuñado de la actual presidenta, Xiomara Castro.

Aunque la abogada Moncada ha reiterado que su permanencia en el cargo no colisiona con la Constitución de la República, ya que el único requerimiento que exige su elegibilidad para participar en las elecciones generales es que renuncie con seis meses de antelación a la fecha de las elecciones generales, las elecciones primarias ya marcan la pauta de lo que será la disposición del Gobierno por utilizar todos los medios a su alcance para promover su candidatura.

Por el otro lado, por primera vez en quince años, la oposición política está conformada por dos partidos que otrora gobernaron el país. El Partido Nacional, con Nasry Asfura como el candidato presidencial, intenta una revancha dado que el mismo candidato perdió las elecciones generales frente a Xiomara Castro en 2021. Por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien viene de fungir como Designado Presidencial del Partido Libre, después de haberse enfrentado a Juan Orlando Hernández en 2017, también con el apoyo de Libre, ahora es opositor al gobierno.

En su camino hacia noviembre, ambos partidos políticos todavía sobrellevan costos y lastres políticos importantes. El Partido Liberal sigue sin salir de la tercera fuerza en la que se convirtió después del golpe de Estado del 2009; y el Partido Nacional camina con la mancha aún fresca de la extradición y condena por narcotráfico del expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos.

Los últimos dos procesos electorales en Honduras (2017 y 2021) se llevaron a cabo con alianzas políticas que polarizaron el voto en dos extremos. Todavía queda mucho camino por recorrer de cara a las elecciones generales para saber qué rumbo tomará el bipartidismo en su apuesta por regresar al poder, pero indistintamente de ello es un hecho que para noviembre será más importante que nunca un proceso electoral transparente. En juego está la estabilidad democrática del país y, en números, más del 50% del padrón electoral que no acudió a votar en las primarias, y que decidió no identificarse con ninguna fuerza política, según las proyecciones del CNE. Lo mejor para el proyecto político que resulte ganador de cara al gobierno 2026-2030 es que su triunfo sea legítimo, transparente, sin cuestionamientos.

Por Fátima Hawit 
Portada: Canva

📍 El Corpus, Choluteca – Honduras

El bache no apareció de un día para otro. Se fue abriendo como todo en El Corpus: en silencio, sin prisa y sin solución. Primero fue una pequeña rajadura en medio del polvo, luego un hoyo que los niños usaban de referencia para jugar fútbol. Hoy es un cráter que parte la calle en dos, como una herida abierta que nadie se atreve a cerrar. En temporada seca levanta polvaredas. Cada quien lo esquiva como puede. Nadie espera que lo reparen. Eso ya sería pedirle demasiado al país.

Doña Marta vive justo enfrente. Tiene 66 años, una silla de madera, y la costumbre de sentarse afuera a observar el movimiento del pueblo como quien mira una novela sin final.

—Ese hoyo tiene más visitas que la posta policial —dice, con la cara tostada por el sol y una risa que parece más de rabia que de burla.

En El Corpus la política aparece cada cuatro años, con promesas nuevas y caras repetidas. Llegan en camionetas limpias, con altavoces y banderas. Prometen carreteras, clínicas, y «progreso para el sur». Después de las elecciones, lo único que queda es el polvo… y el bache.

Don Francisco vive tres casas más abajo. Tiene una bicicleta vieja, un sombrero de paja que le costó 200 lem piras hace tres años, y un nieto que lleva todos los días a la escuela. El trayecto es corto, pero está lleno de obstáculos. El niño, de apenas ocho años, va sentado en la barra delantera, agarrado como puede, disfrutando de la montaña rusa.

—Ya me aprendí cada hueco de la calle —dice don Francisco, con la voz ronca—. Uno se adapta, porque aquí nadie viene a hacer nada. 

No lo dice con enojo. Lo dice con la calma de quien ha visto pasar gobiernos y promesas desde los tiempos en que todo era calle de tierra y luz por pocas horas. Nada ha cambiado realmente. Solo que ahora los baches son más profundos y las promesas más baratas. Hace poco, una señora se cayó de la moto tratando de esquivarlo. Llamaron a la alcaldía. Dijeron que lo «anotarían para revisión». Todavía están esperando.

En El Corpus, la política se siente en las cosas pequeñas que nunca llegan: en la lámpara del poste que lleva años fundida, en la escuela con el techo agujereado. Aquí nadie habla del Congreso. Ni de la presidencia. Aquí los nombres cambian, pero el abandono se queda.

En la pulpería de don Efraín, la gente se queja de lo mismo cada tarde: el calor, el precio del arroz, los apagones. Nadie menciona a los candidatos. ¿Para qué?

—Uno ya sabe que lo vienen a buscar solo cuando ocupan votos —dice don Efraín mientras mide media libra de azúcar—. Después no vuelven a pasar ni en carro.

El bache sigue ahí. A veces parece más profundo. A veces parece que va a tragarse todo el pueblo. Pero nadie lo tapa. Nadie viene. Nadie responde.

Desde la puerta de doña Marta, el Congreso queda tan lejos como la lluvia en verano. Tan lejos que ya ni se menciona. Aquí no hay política de escritorio, hay realidad de calle. Y muchas veces, de calle rota.

Parece que mientras más lejos está el poder, más profundos se hacen los baches.

Organizaciones conservadoras han llevado a los tribunales la decisión del gobierno de Xiomara Castro de permitir el uso y distribución de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), que estuvo prohibida por 13 años en el país. Este lunes, frente al Poder Judicial, el Grupo Estratégico por la PAE realizó un plantón para exigir que no se retroceda en uno de los pocos avances en derechos sexuales y reproductivos en Honduras. Esto sucedió mientras peritos nacionales e internacionales propuestos por la parte demandante comparecieron ante la Corte con el argumento de que la PAE es abortiva. 

Texto: Vienna Herrera
Fotografías: Fernando Destephen 

Este lunes, cinco peritos nacionales e internacionales propuestos por organizaciones conservadoras de Honduras comparecieron ante un juzgado contencioso administrativo para ratificar sus dictámenes en una demanda que busca anular la legalización de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) en Honduras. La audiencia forma parte de un proceso impulsado por la organización Alianza por la Familia, que cuestiona el acuerdo ejecutivo emitido por la presidenta Xiomara Castro, que permite el uso y distribución de la PAE.

La demanda fue presentada dos meses después de la emisión del acuerdo que habilita la PAE aprobado el 8 de marzo de 2023 y argumenta que la presidenta Castro incurrió en abuso de autoridad al permitir un medicamento que, según los demandantes  «provoca el aborto» el cual está prohibido por la Constitución y penalizado por el Código Penal. 

«No menciona que es un asunto de salud pública sino que dice que se está atentando contra los derechos del no nacido y de las mujeres (…) dicen que se está vulnerando los derechos de las mujeres y que es una violencia de género porque le dan un medicamento del cual ella no tiene acceso a la información», explicó Nadia Mejía, abogada del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, organización que brinda acompañamiento legal al Grupo Estratégico por la PAE (GE-PAE).

Ante esta situación, el GE-PAE organizó un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, exigiendo que se respete el derecho de las mujeres a acceder a la anticoncepción de emergencia. «Estamos demandando justicia, que se respete el derecho que tenemos las mujeres hondureñas de decidir sobre nuestros propios cuerpos y particularmente tener acceso a la anticoncepción de emergencia que previene embarazos no deseados», dijo Cristina Alvarado, de la organización Visitación Padilla.

La PAE estuvo prohibida en Honduras durante 13 años, desde que un acuerdo ministerial emitido en el contexto del golpe de Estado de 2009 la vetó del sistema público de salud. Esa ruptura de la democracia significó para niñas y mujeres no tener opciones para prevenir un embarazo no deseado, incluso en casos de agresiones sexuales. Aunque la actual presidenta eliminó la prohibición a través de un acuerdo ejecutivo, el estigma social sobre la píldora persiste.

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Una demanda impulsada por redes conservadoras 

La organización Alianza por la Familia, que impulsa la demanda contra la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), está liderada por Martha Lorena Casco, quien, como diputada en 2009, promovió en el Congreso Nacional la prohibición de este método anticonceptivo. En ese momento, el entonces presidente Manuel Zelaya vetó dicha prohibición.

Tras una conferencia de prensa con los cinco peritos que respaldan la demanda, José López Guzmán, catedrático de Farmacología y Toxicología de la Universidad de Navarra, declaró a Contracorriente que, en su opinión, es importante mencionar que la PAE tiene un efecto antiimplantatorio además del efecto anovulatorio, «dependiendo de cuándo se la tome la mujer, no siempre».

López Guzmán también relató que, cuando se aprobó la PAE en España, él presidía una asociación de farmacéuticos que interpuso un recurso en contra de su libre comercialización, aunque no lograron detener su distribución, «Lo importante es que la persona sea libre, y para eso tiene que tener información. Que una mujer sepa lo que está tomando: si a usted no le importa se la toma tranquila (…) Esa es la información que se está omitiendo y que queremos que se sepa. No se trata tanto de prohibir o no, sino de brindar toda la información”, expresó, a la vez que aseguró que su visita a Honduras fue completamente voluntaria y sin recibir ningún tipo de pago.

La actual demanda está vinculada con otras acciones promovidas por sectores conservadores. Un ejemplo claro de esto es el veto de la Ley de Educación Integral de Prevención del Embarazo Adolescente, una ley aprobada por el Congreso Nacional (CN) el 8 de marzo de 2023 que fue vetada por la presidenta Castro el 17 de marzo, tras una serie de marchas organizadas por estos sectores a nivel nacional. Aunque el veto se emitió en marzo, su anuncio público se realizó hasta el 29 de julio, poco después de las movilizaciones. 

David Andrade, miembro de la organización Por Nuestros Hijos, que tienen campañas en las que aseguran que la PAE promueve «la promiscuidad, la prostitución y la pederastia» le comentó a Contracorriente en 2023  que el movimiento existía desde antes, pero que se fortaleció significativamente tras la aprobación de esa en el CN. Según Andrade, su organización no recibe financiamiento de ninguna «organización poderosa» y enfatizó que se trata de padres y madres de familia «de a pie organizados». 

Alianza por la familia es parte de coaliciones conservadoras en donde se agrupan organizaciones como Por Nuestros Hijos, que han incidido para frenar políticas públicas con un enfoque de derechos. Además, estas agrupaciones están promoviendo una ley de derechos parentales que busca limitar aún más la educación sexual y estigmatiza a las organizaciones de mujeres.

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En la demanda actual se presentaron como pruebas un dictamen del Colegio Médico que sirvió para justificar la prohibición de la PAE en 2009, así como uno de la Corte Suprema de Justicia de 2013. Además, se incluyó un dictamen antiguo de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), que posteriormente fue rectificado. 

Incluso, el médico y ex ministro de Salud que firmó la prohibición de la PAE, Mario Noé Villafranca, cuando fue diputado en 2019 lo refirió durante una sesión legislativa en la que pedía una revisión a la prohibición «Si bien la FDA dijo algo en su momento, recapacitaron y dijeron que no es abortiva y por el bien de nuestras adolescentes y de evitar embarazos no deseados, en algo que ya tiene una posición la FDA, le pido a este honorable Congreso que lo tome en consideración», expresó Villafranca.

Para la abogada Mejía «Los argumentos de la demanda se basan en ideas que ya han sido refutadas por organismos internacionales de salud. Pero ellos recurren a generar dudas, usando estudios antiguos o peritajes de personas vinculadas a universidades conservadoras como la de Navarra o la Católica de Valencia», explicó.

Entre los peritos que ratificaron su declaración están tres españoles: una doctora en derecho y dos químicos farmacéuticos, así como dos médicos hondureños. «Sus dictámenes pretenden desacreditar la evidencia científica sobre la seguridad y efectividad de la PAE. Ignoran los pronunciamientos de la OMS, la FDA y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que han dejado claro que la pastilla no es abortiva», dijo la abogada.

Obstáculos legales y la poca accesibilidad pública a la PAE 

El proceso legal avanza por la vía contenciosa administrativa, ya que el decreto fue emitido por el Ejecutivo. Aunque el Estado contestó la demanda a través de la Secretaría de la Presidencia, Mejía señala que hubo limitaciones, «el proceso es engorroso y no permitió presentar suficientes medios de prueba, como peritajes científicos que respalden la posición del Estado».

La sociedad civil, como el GE-PAE, a través de figuras como la coadyuvancia, ha intentado involucrarse en el proceso para respaldar la decisión del Ejecutivo. Sin embargo, su rol es limitado. «Nos adherimos a los argumentos del Estado, pero no podemos proponer pruebas o alegar de forma independiente», explicó Mejía.

Aunque la PAE ya puede distribuirse de forma gratuita en centros de salud como ASOHNPLAFA, clínicas públicas y en Ciudad Mujer, donde hay kits de atención integral para sobrevivientes de violencia sexual, aún hay muchas barreras para su acceso, especialmente fuera de las principales ciudades. 

Ligia Destephen, integrante del GE-PAE, señaló que la PAE está vinculada al Protocolo de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, pero advirtió que este «No se ha estado utilizando realmente» y expresó que no tienen suficiente información sobre si las mujeres están accediendo a la PAE a través del sistema público como corresponde y que en el caso de las farmacias privadas, muchas aún no la venden y se niegan a hacerlo bajo el argumento de que es «abortiva». 

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Destephen además aseguró que aún faltan más campañas informativas sobre el uso de la PAE y dónde se puede adquirir, «En términos generales se sabe que está libre, creo que todavía hay personas que no lo saben. Tal vez porque no están en estos medios o de repente no es información que les haya interesado hasta que enfrentan una situación y ahí es cuando buscan», explicó.

Por Vale Ramos

¿Qué hacemos cuando sentimos tristeza y no hablamos de ella? ¿Qué se hace cuando el duelo se va cargando en los hombros en medio de las rutinas? Duele tanto que intentamos evitarlo en todos los sentidos: lo escondemos, lo enterramos, lo olvidamos, lo ignoramos, pero llega un momento en que el dolor nos mira de frente, y tenemos que hacernos cargo de este sentimiento.

El duelo no es precisamente un tema placentero y cotidiano y, hasta cierto punto, resulta incómodo de hablar, a pesar de ser un proceso que todo ser humano enfrenta y seguirá enfrentando. Es una experiencia universal de la que, seas quien seas, no puedes escapar ni de vivirla ni de sentirla a flor de piel.

El duelo no ocurre solo por la muerte o el luto, también surge ante cualquier final significativo en nuestras vidas. Puede ser una ruptura amorosa, la pérdida de una amistad, un trabajo, un estilo de vida, metas no cumplidas, proyectos inconclusos o tratamientos fallidos. Nos enfrenta a preguntas para las que quizá no estamos listos, dispuestos ni felices de responder:

¿Quiénes somos cuando atravesamos el duelo?
¿Qué será de nuestra vida?

¿Será este dolor para siempre?
¿Qué pude haber hecho diferente?
¿Por qué me pasa a mí?
¿Por qué duele tanto?

A pesar de ser una experiencia universal, cada persona lo atraviesa de manera distinta. En mi caso, tuve que enfrentar el duelo por una muerte. Durante 27 años, fui solo una observadora distante de las pérdidas; me había enfrentado a muertes, pero nunca había vivido una tan cercana como la de mi prima Marcela. 

Nadie nos prepara para experimentar las partidas, nadie nos enseña qué sentir ni cómo hacerlo cuando un ser querido muere. No existen palabras que puedan expresar la tristeza que nos invade, especialmente cuando la familia sufre en silencio, y esta habla poco de la muerte; es un tema que todos pensamos, pero que nadie se atreve a expresar.

La muerte llega sin ser llamada, entra cuando nadie la imagina y se siente de golpe.

Ninguno de nosotros pensó que terminaríamos pasando el 24 de diciembre llevándole flores, en un cementerio, en lugar de celebrarlo juntos. Nadie imaginó que aquella sería la última vez que la veríamos con vida y que este suceso cambiaría toda la dinámica familiar y de vida.

Porque, ¿cómo iba a morir en vísperas navideñas? ¿Cómo iba a morir ella, la persona que marcó mi infancia y adolescencia? Tenía mi misma edad. Muchos de mis rasgos y gustos actuales existen gracias a ella. ¿Cómo podía ser que, teniendo toda una vida por delante, el cáncer se la arrebatara sin pensarlo dos veces?

Los primos en un resort. Tela, Atlántida. Septiembre de 1999.

A este duelo no le había dedicado muchas palabras y, para ser honesta, tampoco había querido pensarlo. Pero, cuando la vida de alguien acaba, la de quienes quedamos sigue, y ese es uno de los motivos por los cuales he sufrido en silencio y en soledad. Aun así, sabía que, en algún momento, tendría que explorarlo y sobrellevarlo.

Pensé que, al no hablar de ella ni enfrentar su muerte, de alguna manera podría resguardar cada rastro de su existencia. Como si reprimir el dolor y esconderme en rutinas diarias la mantuvieran guardada, presente, viva, conmigo y con nadie más. Por eso hacía todo, menos enfrentarla.

Rutinas programadas,
penas no expresadas.
La muerte se esconde
en sombras calladas.

Rutinas impuestas,
pensamientos pospuestos,
trabajos pragmáticos,
suspiros tragados.

Rutinas pesadas,
pesar de la ausencia,
dolor postergado,
silencio y dolor.

Por no querer enfrentarme a la muerte ni saber cómo sobrellevar el luto, me he dado cuenta de que he manejado mi proceso de duelo de manera desordenada y cíclica. Ha sido un duelo extraño, un vaivén de avances y retrocesos. He saltado de la negación a la aceptación, luego a la ira y el enojo, para después negociar conmigo misma y encontrar algo de tranquilidad. Finalmente, caigo en la depresión, salgo de ella y, al final, llego a aceptarlo… solo para volver al ciclo. Es tan difícil no querer estar consciente de nuestro sentir, no querer enfrentar el duelo, no saber cómo manejarlo y, además, no tener una red de apoyo, precisamente por la misma razón: evitarlo.

¿Esto es sentir dolor?

¿Sentirlo de forma desordenada y desbordada?

¿Sentir caos y calma, amor y dolor, sentirlo todo?

Pensé que estaba haciendo mi duelo de manera consciente. Pero, a medida que pasaba el tiempo, comencé a darme cuenta de que me sentía cada vez más perdida, estancada, frustrada, llena de cosas por hacer y sin terminar, con responsabilidades del trabajo y actividades sociales forzadas, porque no quería enfrentar el dolor y el silencio, ni ver las cosas como eran.

Hasta que un día de octubre, como era de esperarse, por su cumpleaños, la herida empezó a supurar.

Me di cuenta de que no pude cerrar esa herida. Todo comenzó a recordarme a ella: lugares por donde pasaba, cada floristería, cada girasol, canciones, los animes, los doramas, el ramen, los girasoles, el color morado, las Polly Pockets, las tazas chinas de porcelana… Mi mente  redireccionaba todo hacia ella, y sabía que el mes de octubre guardaba su nombre. No íbamos a celebrar su vida; en cambio, íbamos a recordar su ausencia.

Mi cuerpo ya no podía seguir batallando para no sentir la herida, la crudeza de no querer sentir tanto. Perdí la batalla que yo misma me autoimpuse y tuve que enfrentarme a reconocer que todos los recuerdos compartidos con ella y mi familia necesitaban emerger para poder sanar.

Guardar el dolor cansa. Me siento agotada, no duermo bien, mi atención está dispersa, tengo frío todo el tiempo.

Las vivencias me acompañan. Tu recuerdo, Marcela.

Valeria Ramos y Marcela Arita. Tela, Atlántida. Septiembre de 1999.

El recuerdo, por mucho tiempo, lo sentí como mi propio enemigo ante el duelo, porque me hizo aferrarme al dolor de manera negativa. Se vuelve tan latente y adictivo el no querer olvidar. Tenía la desesperación de recuperar todos los momentos donde conviví con ella, de memorizar todos los lugares que compartimos, de buscar todas las razones por las cuales me marcó la vida. Y este mismo recordar me hizo sentirme tan culpable por no aprovechar más el tiempo juntas, sabiendo que, en tus últimos años, no fuimos tan cercanas. El verdadero enemigo fue el tiempo, limitándonos de compartir más y mejor.

¿Cuántas lágrimas le he dedicado a tu ausencia?
¿Cuántos lamentos ocultos sostengo?
¿Cuántos llantos silenciosos llevan tu nombre?
¿Cuántos recuerdos surgen sin previo aviso?

¿Cuántas flores me recuerdan de tu esencia?

Sí, afrontar el duelo es uno de los procesos más dolorosos que me ha tocado vivir, especialmente porque con mi familia lo hemos enfrentado de manera silenciosa e individual. No tocamos mucho el tema, a veces se escuchan fragmentos de historias con tu nombre, se te menciona con delicadeza y lo hacemos de forma superficial porque nos duele. Pero ese es el proceso del duelo: hacer que todas las fibras de tu nombre se toquen, aunque incomode, y que tu ausencia nos haga sentir todas las tristezas acumuladas, tan intensas que no podemos ignorarlas. que tu recuerdo no nos permita quedarnos estancados en el pasado, en los «hubiera» y las culpas, para que, en algún momento cercano o lejano, podamos transformarlas y soltar el miedo a tu pérdida, para poder apreciar lo inolvidable que fue ser parte de su vida.

Al duelo le he dado el sinónimo de batalla, pero creo que simboliza todo lo contrario. Gracias al duelo, nos hacemos amigos de la muerte de un ser querido. Hablamos con ella, lloramos por ella, nos enojamos con ella, negociamos términos y condiciones, y finalmente llegamos a aceptarla. No hay tiempo suficiente para que la muerte nos enseñe a superar aquello que jamás dejaremos de amar, pero algo que debemos aprender de ella es valorar, en vida, todo lo que existe: valorar a nuestra familia, amigos, conocidos, y el tiempo que les brindamos.

Tengo que soltar tu muerte
para abrazar tu vida.

Tengo que enfrentar tu ausencia
para crear cercanía.

Tengo que llorar fuerte

para guardarte en mi memoria,
Marcela.

El luto y el duelo vienen con una recompensa: apreciar la vida, con todo y su muerte; conocernos de nuevo sin su presencia; valorar la memoria cuando la presencia ya no sea la misma; honrar la resiliencia y abrazar la tristeza. Ser capaces de enfrentarnos a los días malos, sabiendo que, en algún momento, el tiempo acomodará todo y lo hará digerible. Apreciando la vida a través de los que no están, por medio del recuerdo y la memoria.

No puedo escapar más de esto: el duelo es, y seguirá siendo, parte de mi paleta emocional. Me acompañará el resto de mi vida, y aunque preferiría que no fuera así, elegiré recordar lo bonito que fue quererla y compartir con ella. Reconozco y aprecio que, como yo, hay muchas personas que la encuentran diariamente en los lugares y objetos más cotidianos. Ese es el poder de la vida, porque detrás del duelo está el amor. Afortunadamente, si hoy sigo en duelo, es también porque la amé y la amaré siempre, porque conocí la felicidad a través de ella. Tengo una vida por delante, y siempre estará en ella.

¿Cómo mantenemos la memoria?
¿Cómo la conservamos?
¿Cómo la recordamos?
¿Cómo la transformamos?
¿Cómo la sostenemos?
¿Cómo la anhelamos?

Tu universo está lleno de flores, Marcela

Luxemburgo, 7 abr (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, aseguró este lunes que la oferta de la Comisión Europea a Estados Unidos para negociar unos aranceles «cero» en el intercambio de todos los bienes industriales es una opción de «futuro» y no una posibilidad en este momento.

«Espero que en un futuro estemos preparados para volver a esta discusión. No ahora, pero creo que en el futuro será todavía una posibilidad», afirmó el eslovaco en una rueda de prensa pocos minutos después de que la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, mencionase este ofrecimiento.

El eslovaco precisó que Bruselas está «preparado» para hablar de reducir al máximo los aranceles en todo el conjunto de los bienes industriales y esto incluye, además del sector de la automoción, los productos químicos y farmacéuticos, la maquinaria, plásticos y caucho, entre otros.

«Es algo para lo que estamos muy dispuestos a hablar y creo que esto sería la expresión de que somos aliados y creamos este mercado transatlántico tan importante para las tecnologías del futuro», apostilló el comisario europeo de Comercio.

Por eso, Sefcovic insistió en que la UE «prefiere las negociaciones» y por eso busca «crear el espacio necesario» para dichos contactos diseñando una respuesta «muy gradual» a los gravámenes de Washington a las exportaciones europeas.

«Creo que antes o después estaremos sentados en la mesa de negociaciones», anticipó el jefe de Comercio de la Comisión Europea, aunque también advirtió de que el club no esperará eternamente a las autoridades estadounidenses y subrayó que «por ahora» no ha visto una voluntad «real» por el diálogo en sus homólogos estadounidenses.

En todo caso, rechazó que la UE vaya a negociar una eventual retirada del impuesto del IVA, que es una de las barreras no arancelarias que Estados Unidos esgrime para justificar los aranceles que llama «recíprocos».

Con respecto al contraataque de la Comisión Europea, Sefcovic precisó que la institución enviará esta misma tarde a los Estados miembros una lista «robusta» de los productos de Estados Unidos que la UE gravará con nuevos aranceles en respuesta a los gravámenes norteamericano del 25 % sobre los productos europeos de acero y aluminio.

Esta lista se someterá a votación por los Estados miembros, salvo sorpresa, este mismo miércoles y, si no es rechazada, entrará en vigor el 15 de abril y se empezarán a recaudar los recargos en dos oleadas: una primera fase a partir de ese mismo día y una segunda, a partir del 15 de mayo.

El comisario de Comercio afirmó que «no es posible» retrasar esta primera medida de respuesta a Estados Unidos y añadió que las autoridades comunitarias prosiguen con su proceso de «reflexión» sobre las contramedidas a los aranceles llamados «recíprocos» de Washington, que en el caso de la UE suponen un recargo del 20 %.

Sefcovic insistió en que, aunque la UE no pretende escalar la guerra comercial abierta por Estados Unidos, considerará «todos los instrumentos» que tiene a su disposición para responder, incluida la posibilidad de golpear el superávit que tiene Estados Unidos en el comercio de servicios y la activación de la nueva herramienta europea contra la coerción económica de terceros países.

La Iglesia evangélica se ha consolidado en Honduras como la institución en la que la población hondureña tiene más confianza, por encima de la Secretaría de Educación y de la Iglesia católica, según datos del Datos del Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) publicado en mayo de 2024. Políticos como Donald Trump, Javier Milei o incluso Salvador Nasralla en Honduras, han buscado respaldo en la feligresía neopentecostal que domina el continente, y a cambio le prometen poder e influencia en las decisiones del país. En ese contexto, ¿cuál es el papel de la Iglesia en la construcción de la democracia hondureña?

Texto y portada por Persy Cabrera

En el pasado algunos líderes religiosos condenaron desde los púlpitos de las iglesias a proyectos políticos, pero también justificaron y dieron la bendición a retrocesos como el golpe de Estado de 2009, o la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández.  Lo que sí es cierto es que la religión nunca está separada de la política en Honduras. 

En este proceso electoral, algunos pastores evangélicos bendijeron a un candidato que cree que Dios ha dictado que este es su tiempo para ser presidente del país: Salvador Nasralla.

Nasralla es el virtual candidato presidencial por el Partido Liberal, y es el que más exhibe una narrativa religiosa de cara a las próximas elecciones generales. Se le ha visto orando en sus mítines políticos cuando era precandidato; también publicó un video en el que un pastor puso sus manos sobre él y declaró que Nasralla había sido colocado en «el pináculo más alto» y «apartado para este momento». Nasralla incluso se ha  comprometido a que si es elegido presidente de Honduras, tendrá en su gobierno un «consejo de hombres sabios como los pastores».

Siguiendo esa línea de discurso cristiano-evangélico, Nasralla ya se ha posicionado en contra de la «ideología de género», que según él tiene detrás a personas que «intentan cambiar lo que Dios estableció, desdibujar la familia». En una entrevista para Contracorriente en febrero de 2025, cuando todavía era precandidato presidencial, Nasralla dijo que él a título personal «respeta la voluntad de las personas» pero que, por ejemplo, considera que «el aborto es un asesinato». 

En 2021, en el marco de nuestro proyecto «¿A quién elijo?» encuestamos a candidatos de elección popular, y  en ese entonces Salvador Nasralla, candidato a la presidencia por el Partido Salvador de Honduras (PSH), respondió que  estaba en desacuerdo con la legalización del aborto por tres causales, y con el matrimonio entre parejas homosexuales, aunque estuvo de acuerdo con la existencia de una ley de identidad de género. También estuvo de acuerdo con la participación de representantes de las Iglesias en la toma de decisiones públicas y la enseñanza obligatoria de religión en las escuelas.

En esas elecciones cedió su puesto para conformar la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que resultó victoriosa y posicionó a Xiomara Castro como la presidenta de Honduras.

Sin embargo, Nasralla ha hecho énfasis en que no solo gobernará para la población cristiana, sino que también lo hará para la «gente de costumbres diversas», refiriéndose así a la población LGTBIQ+ hondureña; «entiendo que ese es un asunto de nacimiento, no es algo que ellos o ellas quieran ser», dijo en una entrevista para este medio. 

Para dejarlo más claro, Salvador dijo que él es cristiano y que está en «contra de todo lo que el cristianismo esté en contra». 

Según el Informe de Libertad de Culto emitido en 2021 por la Embajada de Estados Unidos, un 48 % de la población hondureña se identificó como protestante evangélica. En segundo lugar se encontraba el catolicismo con un 34 %. 

Esa superioridad de la población protestante evangélica podría responder a una «migración» de los católicos al neopentecostalismo en Latinoamérica, como lo señaló el doctor en sociología José Luis Rocha, recientemente fallecido. Una de las razones de este fenómeno que se ha desarrollado en los últimos cincuenta años, de acuerdo con Rocha, se atribuye, por ejemplo a «las condenas de la riqueza predicadas por obispos y sacerdotes», que censuran «la prosperidad material», mientras el neopentecostalismo atrajo a individuos que buscan una fe que armonice con sus aspiraciones económicas y profesionales.

Rocha apuntó que «en 1960 apenas cinco países latinoamericanos contaban con una población de tradición cristiana protestante que rebasara el 5 % del total. En 1985 ya había muchos países donde la población protestante se acercaba o rebasaba el 10 % y en algunos alcanzaba el 20 %. Entre los primeros estaban Panamá, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Entre los segundos figuraba Guatemala. Esa tendencia se mantuvo en las dos décadas siguientes».

Según el sondeo de opinión pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) presentado en mayo de 2024, las instituciones que gozaban de mayor confianza en Honduras eran religiosas o asistencialistas. Según el sondeo, el primer puesto lo tenía la Iglesia evangélica, seguida de la Secretaría de Educación y luego por la Iglesia católica.

Ana Ruth García, pastora, teóloga, feminista y también cofundadora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir (EDD), expresó que la asistencia de candidatos a las iglesias durante sus campañas es simple «utilización  e instrumentalización de la imagen de Dios». De acuerdo con ella, los discursos discriminatorios de los políticos no hacen otra cosa que «incentivar al odio» en contra de poblaciones que han sido históricamente vulneradas.

Por otro lado, Ana Cruz, directora de la Asociación Calidad de Vida, una organización que brinda atención integral a mujeres sobrevivientes de violencia, expresó que los discursos y narrativas que apelan a la religiosidad de la población hondureña, como los de Nasralla, demuestran la creciente tendencia de los discursos ultraconservadores en América. 

Todo esto calza con un fenómeno más global. Por ejemplo, a su regreso a la Casa Blanca en 2024, Donald Trump le volvió a prometer a la población estadounidense que «el cristianismo tendrá poder». Para su victoria obtuvo ocho de cada diez votos de cristianos evangélicos blancos, según AP Votecast. En su anterior periodo promovió que líderes religiosos conservadores instalaran una organización que imparte estudios bíblicos en congresos y parlamentos de sesenta países en el mundo. Esa influencia religiosa llegó hasta Honduras en el gobierno de Juan Orlando Hernández.

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Para Ana Cruz, esto también se puede ver en el gobierno del argentino Javier Milei: «Ya lo estamos viendo en Argentina, cuando ya quitaron todo lo que tiene que ver y decir género, todo lo que tiene que ver con políticas progresistas a favor de las mujeres», expresó. 

Ante el evidente antagonismo entre los credos religiosos y el movimiento feminista en Honduras, Cruz explicó que los pastores y sacerdotes deben estudiar el trabajo que se hace desde organizaciones feministas, y de esa manera podrían «hacer grandes campañas de prevención desde el púlpito» que beneficien a la población con equidad de género, sensibilización de operadores de justicia y descenso en las tasas de femicidios, violencia sexual y adolescentes embarazadas. 

Rol político de los líderes religiosos 

En julio de 2023, el cardenal de la Iglesia católica de Honduras, Óscar Rodríguez, expresó en una misa que «la ideología de género está destinada a destruir las familias, a destruir a los niños y a las niñas metiéndoles ese tipo de ideas que son completamente diabólicas». Estas declaraciones del cardenal se dieron después de la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras, el 8 de marzo de 2023. 

La aprobación de esta ley generó el rechazo de políticos conservadores y de algunos padres de familia, quienes dijeron que esta confundiría «a los niños y niñas en cuanto a su identidad de género». 

Finalmente, la presidenta Xiomara Castro anunció el veto de esta  ley el 29 de julio de 2023, aunque esta negativa desde el ejecutivo había sido emitida el 17 de marzo de ese mismo año. Siete días antes que la presidenta publicara el veto en redes sociales, miles de personas habían marchado en contra de esta ley en varias ciudades del país, representando a organizaciones de la sociedad civil, incluidas las Iglesias católica y evangélica.

De acuerdo a Daniel Pacheco, pastor evangélico del sector Rivera Hernández en San Pedro Sula, quien se define como líder comunitario y defensor de derechos humanos, expresó que los líderes religiosos deben «ser apolíticos pero no desinteresados» en los «temas que son prioridades en el país». Por ejemplo, reclamó que hasta ahora en San Pedro Sula «no hemos visto ningún pronunciamiento de parte de la Iglesia» respecto a los múltiples problemas en las elecciones internas del 9 de marzo de 2025.

Según su criterio, un líder religioso no debería estar al lado de políticos, y señaló directamente la postura de Roy Santos, un pastor evangélico de Tegucigalpa que dice haber profetizado la llegada de Manuel Zelaya, el posterior golpe de Estado que lo sacó del poder, la elección de Porfirio Lobo Sosa y de Juan Orlando Hernández; de este último, incluso dijo haber conocido sobre sus intenciones de reelección mediante mensajes divinos.

Durante el gobierno de Juan Orlando Hernández se nombró a pastores evangélicos en comisiones del Estado; por ejemplo, el pastor Oswaldo Canales fue miembro de la Comisión Especial de Transformación del Sector Salud, y el pastor Alberto Solórzano de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional y la Comisión para la Transformación del Sector Educativo.

De acuerdo a Pacheco, el papel del pastor o sacerdote radica en decirle a la feligresía que «debe votar porque es un derecho del pueblo hondureño, pero no se le dice por quién ni para quién, porque eso ya ya es un error», y la población debe «ver por quién vota y asumir las consecuencias de su voto y hacer la responsabilidad suya».

El sábado 15 de marzo, durante el Desayuno Cuaresmal de 2025, José Vicente Nácher, arzobispo de Tegucigalpa, expresó que la Iglesia católica estará «vigilante, para que no pueda nadie manipular las elecciones generales, eso no es política, eso es defender a los pobres», y añadió: «Hoy es el día de defender a Honduras, todos debemos hacerlo». Esta posición es relevante, sobre todo porque después de las irregularidades en las elecciones primarias, la confianza en el proceso electoral ha disminuido y por ende la confianza en que Honduras va por un camino democrático.

 

El sacerdote jesuita y miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Ismael Moreno, señaló que el papel de la iglesia a nivel político es que tiene «criterios éticos para ofrecer caminos que avancen hacia la democracia», pero no puede o debe «tener un proyecto político».

Para Moreno, actualmente Honduras tiene un «enorme déficit de democracia», y apuntó que «el hecho de que haya elecciones cada cuatro años o que haya elecciones primarias, elección de los candidatos de los partidos políticos, eso no es sinónimo de que haya democracia; incluso, los partidos políticos no son modelo de democracia en Honduras, porque se definen a partir de las decisiones de cúpulas».

Señaló que «el mayor error de una Iglesia o de líderes religiosos es mezclarse con la política partidista, porque el lugar desde donde se sitúa la misión de la Iglesia es la política del bien común». También apuntó a que «la Iglesia tiene que estar fuera de las esferas de poder, porque solo desde ahí su palabra es creíble. Cuando un líder religioso mezcla la misión evangelizadora con un determinado grupo político, entonces está manipulando a la religión para intereses que no son de la misión evangelizadora».

La Policía Nacional de Honduras (PNH) anunció que tomará medidas legales contra quienes bloqueen carreteras y otras vías públicas, utilizando registros fotográficos y audiovisuales para su identificación. Estas acciones se enmarcan en la advertencia del gobierno de neutralizar manifestaciones que afecten la circulación y el orden público. A pesar de estas amenazas, los manifestantes bloquearon las carreteras en Comayagua y El Paraíso, en demanda de la reparación de las vías. El anuncio de la PNH ha generado críticas, y algunos sectores lo consideran una forma de intimidación y represión estatal.

Texto Abigail Gonzales
Fotografía: Fernando Destephen

Pese a las advertencias del Gobierno sobre la neutralización de manifestaciones, este lunes 31 de marzo, grupos de manifestantes bloquearon la carretera CA-5 específicamente en Comayagua, y en la zona oriental, las rutas hacia Jamastrán y Trojes, en el departamento de El Paraíso. Las protestas se llevaron a cabo en demanda de la reparación de las vías, debido a su deterioro y a la falta de respuesta por parte de las autoridades.

Ante esta situación, el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, anunció que este miércoles iniciarán los trabajos de reparación en el tramo que va desde La Libertad hasta el desvío de El Llano, en el departamento de Comayagua. Asimismo, indicó que para estas obras se tiene previsto un desembolso de 8.5 millones de lempiras. En el caso de Danlí, informó que también se llevarán a cabo proyectos de pavimentación en la zona. Tras el compromiso del ministro de iniciar las reparaciones, los manifestantes levantaron los bloqueos.

El pasado domingo 30 de marzo, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Policía Nacional, emitió un comunicado en el que advierte sobre la aplicación de medidas legales contra acciones que obstaculicen la libre circulación y afecten la estabilidad social.

Señalaron que se debe garantizar la seguridad ciudadana, la protección de bienes públicos y privados y el mantenimiento del orden público, especialmente en casos que impliquen la obstrucción de vías esenciales para el desarrollo económico del país.

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El comunicado enfatiza que el derecho a la manifestación debe ejercerse dentro del marco legal sin vulnerar los derechos de terceros ni afectar el orden público; asimismo, señala que la interrupción de carreteras constituye un delito y que los responsables podrán enfrentar consecuencias legales, incluyendo sanciones por delitos de usurpación y daños a la infraestructura pública.

El analista político y miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric SJ) Gustavo Cardoza, en una entrevista para Contracorriente, dijo que es contradictorio que un gobierno que ejerció el derecho a la protesta durante el golpe de estado en 2009, ahora implemente medidas para prohibir las manifestaciones públicas.

Según el analista, el Gobierno de Libertad y Refundación (Libre) no está actuando desde una lógica de gobernante, sino desde una postura de activismo político, respondiendo a la oposición y a la coyuntura electoral en lugar de priorizar el respeto a los derechos ciudadanos. Cardoza indicó que este tipo de decisiones parecen estar motivadas por la necesidad de controlar posibles manifestaciones organizadas por sectores opositores. «La reacción del gobierno no es como gobierno, sino como Partido Libertad y Refundación», enfatizó.

Cardoza recordó que la práctica de tomar fotografías y videos en manifestaciones no es nueva, ya que ha sido una estrategia utilizada por la Policía Nacional desde hace años. Sin embargo, lo que considera inusual es la manera en que se ha oficializado esta acción mediante un comunicado público. 

«Lo que impacta es que lo hagan de manera tan pública, que lo exprese de manera tan amable que tenga un comunicado oficial; eso llama la atención porque no es una actitud de una policía ciudadana o comunitaria, como lo llama el gobierno, pero no toman en cuenta que hay muchísimos otros sectores en este país que también están inconformes con el gobierno y que el derecho a la protesta es un derecho contemplado en la constitucionalidad de este país», señaló Cardoza.

El analista también destacó que esta postura del gobierno contradice los principios sobre los que se fundó el partido oficialista, pues Libertad y Refundación surgió precisamente de la protesta en las calles, y ahora está tomando medidas que pueden interpretarse como represivas. Además, subrayó que la administración actual podría estar subestimando el efecto negativo que estas decisiones tienen sobre la lucha social y la imagen del partido en un año electoral.

La coordinadora de la plataforma Articulación Ciudadana, Gabriela Blen, calificó en sus redes sociales como «intimidación y campaña de terror» el comunicado de la Secretaría de Seguridad sobre el uso de registros audiovisuales para identificar y sancionar a responsables de protestas en las carreteras.

Por su parte la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, expresó mediante su cuenta de X que «ni con la narcodictadura se amenazó abiertamente a la población, de elaborar perfiles mediante registros fotográficos y audiovisuales. ¿Qué les pasa? ¿Porque el miedo a que la gente se movilice para reclamar sus derechos? Definitivamente la cosa no va para bien, esto es gravísimo» dijo.

Mientras, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), a través de su titular, Blanca Izaguirre Lozano, se pronunció sobre las medidas restrictivas al derecho a la protesta social impuestas por la Secretaría de Seguridad en coordinación con el Ministerio Público, enfatizando que la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación son derechos fundamentales protegidos internacionalmente, esenciales para la manifestación de opiniones y la exigencia del cumplimiento de otros derechos.

Destacó que la protesta social es un elemento clave en una sociedad democrática y que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y facilitar su ejercicio. No se puede justificar la restricción de protestas en base al «orden público» sin una amenaza real de disturbios graves que atenten contra la vida o integridad de las personas.

El Conadeh advirtió que la protesta social no debe estar sujeta a un proceso de autorización excesivo que limite su realización. Si bien la comunicación con las autoridades puede facilitar su desarrollo, la falta de aviso no debería ser motivo para impedir su ejecución. En principio, el derecho de protestar implica poder elegir el tiempo, lugar y modo, aun si esto causa molestias a la vida cotidiana.

Finalmente, el Conadeh recomendó al Ministerio Público y a la Secretaría de Seguridad evitar medidas arbitrarias que restrinjan el derecho a la protesta, no criminalizar el ejercicio de este derecho, reconocer la importancia del espacio público para su desarrollo y garantizar un entorno seguro para su ejercicio.

El pasado domingo 23 de marzo, el Gobierno de Honduras extendió nuevamente el estado de excepción parcial, argumentando que la medida ha permitido la reducción de homicidios, facilitado la captura de criminales y la incautación de drogas. Sin embargo, organizaciones señalan la falta de un enfoque integral en la lucha contra el crimen organizado y la extorsión, y cuestionan la legalidad de esta medida, ya que no fue ratificada por el Congreso Nacional, como establece la Constitución. 

Texto Abigail Gonzales
Fotografía: Fernando Destephen

El pasado domingo 23 de marzo,  el Consejo de Ministros extendió el estado de excepción parcial, durante una reunión convocada por la presidenta Xiomara Castro, que se llevó a cabo en Lepaguare, Juticalpa, Olancho. La ministra de la Presidencia Sarahí Cerna, en conferencia de prensa, indicó que se aprobó la prórroga del estado de excepción, argumentando que los resultados obtenidos en los últimos años justifican la continuación de esta medida.

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, por su parte, aseguró que la medida ha sido clave para lograr una significativa reducción en la tasa de homicidios, alcanzando los niveles más bajos de los últimos 20 años. Además, destacó la captura de 50 extraditados y un importante decomiso de drogas, indicando que estos resultados son prueba de la efectividad de la medida, y que su continuidad es necesaria para seguir garantizando «mejores niveles de paz y tranquilidad al pueblo de hondureño en materia de seguridad ciudadana».

«El estado de excepción ha permitido que nuestro país haya avanzado en la prevención de la violencia y la criminalidad», señaló Sánchez durante la conferencia de prensa posterior a la reunión del consejo de ministros.

El estado de excepción en Honduras fue decretado el 6 de diciembre de 2022 mediante el decreto ejecutivo PCM-01-2023, con el objetivo de combatir el incremento de delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro. Desde entonces, la medida ha sido prorrogada en múltiples ocasiones, y la última extensión se esperaba que finalizara el 5 de abril de 2025; sin embargo, nuevamente se amplió, con aprobación del Consejo de Ministros, pero no del Congreso Nacional (CN).

El analista Gustavo Cardoza, en una entrevista para Contracorriente, enfatizó que la aprobación legislativa es fundamental porque dota de legalidad al estado de excepción y garantiza un mayor control sobre su implementación. «A ningún ciudadano pueden detenerlo a partir de una ordenanza ejecutiva porque no es ley», subrayó. 

Además, explicó que las detenciones policiales podrían ser impugnadas, debido a que el estado de excepción no ha sido prorrogado desde el Congreso Nacional, sino desde un Consejo de Ministros. Además, señaló que «un decreto ejecutivo, como los PCM emitidos por el gobierno, no tiene la misma fuerza jurídica que una ley aprobada en el Congreso», lo que podría generar problemas en la aplicación de la medida.

Datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) indican que, entre el 1 de enero y el 25 de marzo de 2025, se han registrado 408 homicidios en el país. Los departamentos con mayor incidencia son Francisco Morazán (62), Cortés (52), Olancho (49) y Yoro (41). Otros como Colón (28), Comayagua (23) y Santa Bárbara (20) también presentan altos índices de violencia. En 2024, Cespol registró 2,510 homicidios a nivel nacional, 846 menos que en 2023, cuando hubo 3,356.

En ese sentido, Cardoza señaló que existe una mala percepción del estado de excepción en el interior del país, lo que refleja un desgaste evidente en la estrategia de seguridad implementada por el gobierno. Además, destacó que, a pesar de las cifras oficiales que señalan una reducción en los índices de criminalidad, la realidad cotidiana de la población sigue marcada por la violencia y la inseguridad. «Uno asume que hay como un desgaste ya del estado de excepción y seguir con estas prórrogas, pues evidentemente sigue erosionando esa buena intención de tomar medidas para eliminar la criminalidad», afirmó.

Cardoza también se refirió al resto de las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros, señalando que, si bien representan acciones necesarias para el país, su implementación real genera dudas. Según él, estas decisiones suelen responder más a una estrategia política que a un compromiso genuino con la población, especialmente en un año electoral, donde los recursos del Estado terminan orientados al proselitismo.

En la sesión del domingo 23 de marzo, el Consejo de Ministros anunció la reducción de tasas de interés en préstamos para vivienda, beneficiando a más de 15,000 familias. Además, se aprobó  la continuidad de los subsidios a combustibles, energía y gas, así como la ampliación del estado de emergencia sanitaria debido a la presencia del gusano barrenador, una plaga que ha afectado al sector ganadero del país.

Falta de efectividad ante la extorsión y el crimen organizado

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) señaló que, a más de dos años de esta medida, no se ha demostrado su efectividad contra la extorsión y el crimen organizado.

A pesar de que las denuncias por extorsión en 2024 disminuyeron casi un 70 %, este delito sigue siendo de carácter privado, lo que impide que el Estado y el sistema de justicia actúen sin una denuncia formal. Las autoridades policiales han instado al Congreso Nacional a reformar la normativa y clasificar la extorsión como un delito de orden público, permitiendo así la intervención sin necesidad de una denuncia previa.

Un informe de la ASJ, Impacto de la extorsión en Honduras, revela que el índice de impunidad en este delito fue del 49.91 % en 2024, una reducción significativa frente a 2023 (92.9 %) y 2022 (94.21 %). Sin embargo, la cantidad de víctimas sigue siendo alarmante: 304,388 hogares fueron afectados por la extorsión en 2024.

Si bien el número de condenas aumentó —269 en 2024 frente a 66 en 2023 y 105 en 2022—, la respuesta estatal sigue siendo insuficiente. Al respecto, Castañeda advirtió que «el análisis criminal en Honduras va en decadencia, no hay un correcto enfoque en las unidades de investigación».

Castañeda también expresó su inconformidad debido a la aprobación de un estado de excepción sin ratificación del Congreso, indicando que este debe ser aprobado por el Poder Legislativo para asegurar su legitimidad y cumplimiento en el marco de los derechos fundamentales.

Castañeda indicó que «nos preocupa la ilegalidad porque la medida de estado de excepción o la medida de excepcionalidad para la restricción de garantías y derechos está contenida en la Constitución».

Asimismo, señaló que, de las 19 ampliaciones del estado de excepción, solo una se realizó siguiendo el debido proceso legal. «Solo una cumplió con la normativa, es decir, se aprobó dentro del plazo de 45 días establecido. Todas las demás se han extendido después de que el periodo legal venciera», indicó Castañeda.

En febrero de 2025, la ASJ decidió presentar un recurso de inconstitucionalidad, y esperan que la Sala de lo Constitucional dicte una resolución favorable. «Así como otros recursos que se han interpuesto ante la corte, nosotros esperamos que este tenga la celeridad, la atención debida, y que sea una resolución favorable», expresó Castañeda.

También se refirió a que las elecciones primarias se llevaron a cabo en un contexto de estado de excepción, y señaló que la posibilidad de que las elecciones generales se realicen bajo un estado de excepción, lo cual puede ser «muchísimo más delicado, y si vamos a ir bajo esta misma condición de mantener el país bajo una restricción de derechos y garantías, la preocupación va a seguir».

Aunque las estadísticas generales de homicidios han disminuido, persiste la violencia contra las mujeres. Según medios de comunicación impresos y digitales, entre el 1 y el 28 de febrero de 2025 se registraron 45 muertes violentas y femicidios. Los departamentos con mayor incidencia fueron Francisco Morazán, Cortés, Yoro y Olancho. El Sistema Nacional de Estadísticas 911 reportó del 1 de enero al 28 de febrero del 2025 más de 5,921 denuncias de violencia doméstica y 7,221 denuncias de maltrato familiar contra mujeres en Honduras.

Según Ana García, representante de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, el estado de excepción en Honduras no ha representado ninguna mejora en la seguridad de las mujeres, sino que, por el contrario, ha incrementado su vulnerabilidad ante la violencia. García sostiene que esta medida no ha logrado reducir los femicidios y, además, ha expuesto a las mujeres a un mayor riesgo al enfrentarse a hombres armados. «Definitivamente, no miramos ningún resultado del estado de excepción, no solo para la población en general, sino para las mujeres», enfatizó.

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García destacó que la falta de judicialización de los casos de violencia contra las mujeres sigue siendo insuficiente. «El estado de excepción es una medida fallida desde cualquier punto de vista», afirmó, señalando que los índices de femicidios no han disminuido y la impunidad ha aumentado al 97 %. 

También recordó casos emblemáticos como el de Keyla Martínez, asesinada en una celda policial, y la masacre de 42 mujeres en la cárcel de Támara, ambos hechos ocurridos bajo la custodia de las autoridades. Para García, estos casos evidencian que el estado de excepción no garantiza la seguridad de las mujeres, sino que perpetúa un sistema de violencia estructural en su contra.

Tras los hechos ocurridos en las elecciones primarias en las que, al igual que el Consejo Nacional Electoral (CNE), las Fuerzas Armadas han sido cuestionadas, el gobierno hondureño dice respaldarlas unánimemente y las califica de «diferentes». En ese contexto, en el último Consejo de Ministros, funcionarios defendieron a la institución castrense y aplaudieron al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, pese a su responsabilidad en la cadena de custodia en el desastre logístico de las elecciones primarias del 9 de marzo. Al mismo tiempo, acusaron al bipartidismo de intentar desestabilizar a la institución, que históricamente ha sido señalada en múltiples ocasiones por violaciones a derechos humanos, manteniéndose en la impunidad y acumulando poder.

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen 

El Gobierno de Xiomara Castro en Honduras ha optado por darle un espaldarazo a unas Fuerzas Armadas que fueron señaladas tras las elecciones primarias e internas del 9 de marzo, donde fueron denunciadas por supuesta violación a la cadena de custodia del material electoral. Así quedó demostrado el 23 de marzo, cuando en el Consejo de Ministros que se celebró en Lepaguare, Olancho en una finca propiedad del expresidente Manuel Zelaya Rosales se contó con la inusual presencia del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández. 

Las Fuerzas Armadas, en un comunicado del 11 de marzo, se habían deslindado de responsabilidades sobre los hechos; ahora, el gobierno parece adjudicar responsabilidad únicamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), especificamente a las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, afines a la oposición, por los errores logísticos que afectaron las votaciones en un 3 % de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Los hechos ocurridos durante esa jornada electoral han dado lugar a que el Ministerio Público (MP) presentara el 31 de marzo requerimientos fiscales contra funcionarios del CNE, así como contra una empresa que incumplió con una cláusula vinculada al transporte de material electoral en el Distrito Central.

El Gobierno también desmintió rotundamente y calificó de «vil e irresponsable» una publicación del diario El Heraldo que citaba dos supuestos informes de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas, en los que se atribuía la responsabilidad a un general, dos coroneles y dos tenientes, y se recomendaba su relevo, por el descalabro logístico de las elecciones del 9 de marzo. Además, según el trabajo periodístico, el informe sugería someter a otros oficiales al Tribunal de Honor por permitir que material electoral terminara en las calles, tras detener a autobuses que transportaban el material electoral en la capital.

Sin embargo, según el citado medio de comunicación, tras una reunión el 12 de marzo entre el general Hernández y el expresidente Manuel Zelaya Rosales, esposo de la presidenta Xiomara Castro y principal líder del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), se sugirió que esos informes fueron manipulados y eliminados.

Manuel Zelaya Rosales, coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), saluda al público reunido el 28 de junio de 2024 para conmemorar otro aniversario del golpe de Estado de 2009. Tegucigalpa, 28 de junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

La consejera presidenta del CNE, Cossette López, aseguró el 21 de marzo haber sido agredida verbalmente por el general Hernández, quien le habría expresado a gritos: «Que le quede claro que yo no soy su subordinado», antes de una sesión en la que el CNE recibiría un informe poselectoral de las Fuerzas Armadas, pero que finalmente se suspendió y que, hasta la fecha de publicación de esta nota, no se ha reanudado. En ese contexto, las Fuerzas Armadas negaron la información contenida en el artículo publicado por El Heraldo, y el jefe del Estado Mayor Conjunto aseguró no haberle gritado a la consejera López. 

Tras estos acontecimientos, el 23 de marzo durante el Consejo de Ministros, y desde dos días antes, diversos funcionarios se pronunciaron en defensa de las Fuerzas Armadas y denunciaron un «boicot por parte del bipartidismo destinado a desestabilizarlas». La ministra por ley de Derechos Humanos y virtual candidata a designada presidencial por el Partido Libre, Angélica Álvarez, dijo que se mantiene el «voto de confianza» a las Fuerzas Armadas como «garantes del desarrollo de un proceso democrático que se dio en condiciones óptimas».

«Nos oponemos a que se intente desestabilizar las Fuerzas Armadas, y que pretendan dar un golpe de Estado como es su práctica tradicional e histórica», agregó la funcionaria.

En esa misma línea, el ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, dijo que este gobierno defiende a «militares patriotas» y no a unas «Fuerzas Armadas que reprimieron y asesinaron a nuestro pueblo», y la ministra de Cultura y Arte, Anarella Vélez, expresó en su cuenta de X que «se ha emitido un respaldo unánime a nuestras Fuerzas Armadas que no tienen nada que ver con aquellas de 2009», haciendo alusión al golpe de Estado de ese año.

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Mirna Flores, investigadora del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), considera preocupante que el gobierno ofrezca un espaldarazo a unas Fuerzas Armadas que no han sido juzgadas por violaciones a los derechos humanos, y citó justamente los hechos ocurridos después del golpe de Estado de 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) y las protestas tras las elecciones generales de 2017.

En ese proceso se denunció un fraude electoral a favor del expresidente Juan Orlando Hernández, reelecto tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que en 2015 declaró inaplicables algunos artículos de la Constitución de la República, y al cual las Fuerzas Armadas no mostraron resistencia.

Miembro de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en formación durante el traspaso de mando de esa unidad. Tegucigalpa, 8 de enero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

«La historia es presente y ellos quieren olvidar y decir “eso es pasado”. Ahora pretenden decir que “estamos frente a unas nuevas Fuerzas Armadas”. No, las Fuerzas Armadas son las mismas, y, como siempre, se acomodan al gobierno de turno. En este gobierno y en los anteriores han tenido [una] cuota de poder que no deberían ni podrían tener en democracias consolidadas, solo en democracias frágiles», dijo Flores.

Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), tras el golpe de Estado de 2009  las fuerzas policiales y militares mataron a 12 personas «utilizando desproporcionada fuerza». Además, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh), la crisis poselectoral de 2017 dejó 22 muertos, y se apunta a los responsables, entre ellos, miembros del ejército.

Actualmente, están siendo procesados judicialmente Romeo Vásquez Velázquez, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez por la muerte del joven Isy Obed Murillo días después del golpe de Estado. El 6 de enero de 2025, el Ministerio Público (MP) emitió requerimientos fiscales contra estas personas tras una investigación de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, que establece que Murillo murió tras recibir un disparo en la cabeza disparado por un fusil de miembros del ejército. Dos de estas personas enfrentan actualmente detención judicial, mientras que Vásquez Velázquez está prófugo y se encuentra entre los más buscados de la Policía Nacional, con una recompensa de un millón de lempiras por brindar información sobre su paradero.

Para Flores, los requerimientos fiscales presentados contra estos tres altos jerarcas de las Fuerzas Armadas representan solo el inicio de un camino hacia la judicialización de los responsables, pero no es suficiente para asegurar que existen unas «Fuerzas Armadas diferentes».

«Del golpe de Estado, todas las personas que fueron víctimas no han sido reparadas. Estos tres generales son los tres primeros que se llaman a la justicia. Pero lo del 2017, impunidad total. Los militares tienen que rendir cuentas. Los militares tienen que exponerse al escrutinio público y los militares no pueden seguir violando derechos humanos en nombre de la democracia», manifestó. 

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Otro caso que ejemplifica los abusos y la violencia en los que han estado involucradas las FF. AA. es el asesinato de Vicky Hernández. El 26 de marzo de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó al Estado hondureño por su responsabilidad en el crimen de Hernández, una mujer trans asesinada por militares tras el golpe de Estado.

Antes de que el Partido Libre llegara al poder, sus campañas electorales de 2013, 2017 y 2021 se caracterizaron por la promesa de desmilitarizar la seguridad ciudadana, sobre todo como una forma de oposición a las políticas establecidas durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y posteriormente en las dos administraciones de Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), con la asignación de tareas de ese tipo a la Secretaría de Defensa a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). 

¿De dónde viene el poder de las FF. AA.?

Cuando se creía que se había superado la dictadura de Tiburcio Carías Andino (1939-1949) y se registraron algunos avances hacia la democracia durante la década de 1950, en 1963 las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado a Ramón Villeda Morales, lo que provocó que Honduras fuera gobernada durante cerca de dos décadas por juntas militares. Sin embargo, en 1981, con la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente, se redactó una nueva Constitución, y ese mismo año se convocó a elecciones para elegir a un presidente: Roberto Suazo Córdova.

Sin embargo, para el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera, durante la elaboración de la Constitución, las Fuerzas Armadas continuaron atribuyéndose poder en asuntos políticos.

«En la década de 1980, en teoría tuvimos gobiernos elegidos democráticamente, pero las Fuerzas Armadas tuvieron libertad en asuntos políticos como los procesos electorales y, en esa época específica, fueron ellas quienes implementaron la doctrina de seguridad nacional con graves implicaciones para los derechos humanos en el país», expresó. 

La investigadora del Cespad, Mirna Flores, coincide con Mejía Rivera en considerar que las Fuerzas Armadas conservan poder debido a que así quedó establecido en la Constitución de la República de 1982.

«Recordemos que en ese entonces se estaba exigiendo una transición hacia gobiernos civiles, pero las Fuerzas Armadas aprovecharon para conservar sus cuotas de poder que conservan hasta hoy en día, y es por ello que se les sigue otorgando funciones en materia de seguridad o de procesos electorales a los militares», dijo Flores.

Julieta Castellanos, socióloga y excomisionada de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que se instaló después del golpe de Estado de 2009, señala que los procesos de desmilitarización se han interrumpido y estancado, y es por ello que las Fuerzas Armadas continúan conservando poder dentro de asuntos que corresponden exclusivamente al Ejecutivo.

«En el único momento en que existió una especie de desmilitarización fue con Carlos Roberto Reina, cuando se abolió el servicio militar obligatorio y se le quitó a las Fuerzas Armadas las tareas de seguridad pública, gracias a la creación de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional. En ese tiempo, los militares fueron saliendo de la acción del gobierno», indicó Castellanos, quien aseguró que los esfuerzos por desmilitarizar la sociedad se vinieron abajo con el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) y se agudizaron antes y después del golpe de Estado de 2009.

«Ya con el gobierno del presidente Maduro se llevó a los militares nuevamente a funciones de seguridad, y el presidente Zelaya volvió a colocar militares en instituciones de la administración pública. Luego, el presidente [Juan Orlando] Hernández retrocedió completamente al crear la Policía Militar y consolidó una nueva remilitarización del Estado. Entonces, lo que hemos visto es un avance progresivo a las remilitarización», agregó.

Ceremonia de traspaso de mando de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Tegucigalpa, 8 de enero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

A consideración de Castellanos, el Partido Libre, que en su plan de gobierno estableció la desmilitarización, ha optado por heredar y preservar una «estructura bastante militarista». Por ejemplo, dice, ha mantenido intacto el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), un órgano que subordina a los demás poderes del Estado a la voluntad del Ejecutivo y que da a la presidenta de la República poderes directos sobre asuntos de seguridad y defensa. En 2022, el oficialismo intentó reformar la Ley del CNDS en el Congreso Nacional (CN), pero la oposición no permitió que se alcanzara la votación.

Otro ejemplo es la militarización de la seguridad ciudadana, con la preservación del Sistema Operativo de Seguridad Nacional a cargo de la Secretaría de Defensa, desde donde se controla la PMOP, que inició con Juan Orlando Hernández, pero a la cual este gobierno ha otorgado 3,043,284,250.00 lempiras (más de 118.1 millones de dólares) entre 2022 y 2025, según revisiones efectuadas por Contracorriente al presupuesto general de la república.

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No obstante, el gobierno también ha quitado facultades de seguridad que concentraba las Fuerzas Armadas, como la liquidación de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) y la creación de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), adscrita a la Secretaría de Seguridad, una instancia que se creó solo meses antes del estado de excepción como su brazo armado y operativo. 

El estado de excepción, que suspende diversas garantías constitucionales, ha sufrido cerca de 20 ampliaciones desde el 6 de diciembre de 2022, algunas sin pasar por la aprobación del CN, y entre 2022 y 2024 se han registrado más de 2,147 quejas contra miembros de las Policías Nacional y el Ejército, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). 

Como parte de la investigación Cristina y Josiris en Honduras, el país al que regresó la desaparición forzada, Contracorriente y Redacción Regional obtuvieron datos del Ministerio Público (MP) que indican que entre 2014 y 2024 se registraron 221 casos de desaparición forzada, atribuidos a cuerpos de seguridad del Estado, como la Policía Militar y la Policía Nacional. 

Además, en la investigación El uniforme del crimen en el estado de excepción de Honduras, contamos la historia de Heidy (no es su nombre real), cuyo hijo fue raptado de su casa por hombres vestidos con indumentaria de Dipampco y, después, su esposo, quien denunció a miembros de la Policía Nacional, fue asesinado. En ese reportaje también contamos la historia de dos mujeres que denunciaron que supuestos agentes de la Dipampco llegaban a sus casas a golpearlas e incitarlas a vender droga. Estos hechos sucedieron en el marco del estado de excepción.

Debilitamiento de las Fuerzas Armadas

Para la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, quien es hija de un militar que se opuso al golpe de Estado de 1963 contra Ramón Villeda Morales, las Fuerzas Armadas históricamente han sido utilizadas por el poder político, pero según su criterio, con el objetivo de debilitarlas y no fortalecerlas.

«Un ejemplo de este debilitamiento es que históricamente los presidentes hacen nombramientos arbitrarios de las personas que quieren en la Junta de Comandantes o en la jefatura del Estado Mayor Conjunto. No se respetan en las Fuerzas Armadas los códigos militares al momento de seleccionar y ascender a los militares para optar al cargo de jefe de la Junta de Comandantes, sin tomarse en cuenta principios como antigüedad, destrezas, promociones y demás. Desde ese momento comienza el debilitamiento», indicó Espinoza, quien puso como ejemplo el caso del general Roosevelt Hernández, actual jefe del ejército hondureño.

Cuando Xiomara Castro asumió la presidencia de la República el 27 de enero de 2022, Hernández era coronel de infantería, y el 3 de octubre de ese año se le ascendió a general de brigada, el segundo rango más alto en la escala del ejército, lo que lo facultaba para ser jefe del Estado Mayor Conjunto, y poco menos de dos años después, el 13 de marzo de 2024, fue ascendido al más alto rango, el de general de división.

Para Julieta Castellanos, la capacidad de Roosevelt Hernández para dirigir las Fuerzas Armadas no está en discusión, pero sí algunas posturas que ha asumido, metiéndose incluso en asuntos que corresponden exclusivamente a la presidenta y sus ministros.

«Un ejemplo es cuando el general Hernández se ha pronunciado referente a temas como la Ley de Justicia Tributaria. Ese es un tema que es una iniciativa de ley del Ejecutivo y que está siendo deliberada en el Congreso Nacional, pero no habíamos tenido un jefe del Estado Mayor Conjunto que incluyera en sus intervenciones públicas la aprobación de leyes», indicó Castellanos.

Durante este gobierno, las Fuerzas Armadas han sido claves. El sobrino de la presidenta Xiomara Castro, José Zelaya, se desempeñó como ministro de Defensa entre 2022 y 2024, cargo que dejó cuando InSight Crime divulgó un video donde su padre, el exsecretario del CN, Carlos Zelaya Rosales, negocia sobornos con narcotraficantes como Los Cachiros para el financiamiento de la campaña electoral del Partido Libre en 2013. Zelaya fue sustituido por Rixi Moncada, quien llegó a las elecciones primarias e internas del 9 de marzo como precandidata presidencial del Partido Libre y ministra de la Secretaría de Defensa.

Además, en la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas figura como comandante de la Fuerza Aérea Guillermo Rosales, quien, según el medio Expediente Público, es hermano de Evelyn Rosales, esposa de Carlos Zelaya Rosales. También, según ese medio, el comandante de la Fuerza Naval Hagarín Tomé, es hermano del tercer vicepresidente del CN y contrincante de Moncada en las recientes elecciones primarias e internas del Partido Libre, Rasel Tomé.

Texto y fotografías: Fernando Destephen

En Honduras el acceso a la vivienda es difícil, no solo por la tramitología, sino también por los fracasos habitacionales ahora en ruinas, como Residencias Morazán, un proyecto habitacional prometido durante el gobierno de Juan Orlando Hernández en la aldea Lomas del Diamante, en la salida al sur del Distrito Central, que en la actualidad está en el abandono y sin resolución judicial.

El proyecto consistió en la entrega de 207 manzanas de terreno para lotificación a unas 10 mil familias, tanto afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota de 2021, como también para que personas que ganan entre dos o tres salarios mínimos pudiesen comprar un apartamento pagando cuotas aproximadas de 5,255 lempiras (unos 217 dólares) en esa época. El proyecto tenía proyectado una inversión de alrededor de 428 millones de lempiras, de los cuales se ejecutaron 283.8 millones, y también incluía la entrega de casas contenedores.

Ahora dos guardias por turno cuidan de un lote de casas a medio terminar, y de muchos contenedores, algunos llenos de materiales de construcción, otros con ropa olvidada de los albañiles que trabajaron ahí hace años.

Son las 11 de la mañana y la temperatura casi llega a los 30 grados. Las calles de tierra de Lomas del Diamante sueltan capas de polvo que cubren a quienes transitan a pie ese camino. Lili Núñez, una de las habitantes del lugar, vive sola y dice que se siente en un infierno y en el abandono; en este gobierno también han sido marginados porque el proyecto sigue detenido y las casas sin terminar. 

Lili tiene una pulpería improvisada en el primer piso del edificio azul construido con contenedores en Lomas del Diamante, que fue la primera y única etapa del proyecto Residencias Morazán y donde residen unas 27 familias.

Lili fue de las beneficiadas con la entrega de terreno para la construcción de vivienda, y cuenta que en trámites de medición de tierra y otros servicios  gastó unos 50 mil lempiras. Luego le prometieron que iban a moverla de manera temporal –unos 90 días– hacia las casas contenedores mientras construían. Esos noventa días se convirtieron en más de tres años, y el contenedor donde vive se ha deteriorado al punto de que el baño de la casa de Lili tiene un agujero tapado con una mezcla de esponja y tabla yeso, que ha convertido en un hueco húmedo la pared del baño de esta casa que parece haber soportado más del tiempo útil de vida.

El acceso a vivienda como tal es difícil, asegura Marta Meza, defensora de derechos humanos que también vive en el lugar: «El acceso a vivienda en Honduras es malísimo, pésimo. No hay acceso a vivienda. Recuerde que aquí tenemos un gran porcentaje de desempleo, de subempleos y de microempleos». Marta lo sabe porque ha experimentado dos desplazamientos forzados y plantea dos caminos para poder tener acceso real a vivienda: el crédito y la invasión. 

«Mucha gente no tiene acceso a ese tipo de crédito porque no gana ni siquiera un salario mínimo. Entonces, muchos recurren a las invasiones, donde en su mayoría son estafados», dice, y agrega que los terrenos que se invaden algunos son de propiedad privada, otros están en litigio y otros «son propiedades nacionales, pero que nunca llegan a una legalización porque no hay voluntad política ni tampoco hay personas con credibilidad que puedan llevar a ese término».

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Por su parte, Gilberto Ríos, director del Fondo Social para la Vivienda (Fosovi), se remonta a la construcción de colonias populares en la capital, como la Kennedy y el Hato de Enmedio, que fueron complejos de viviendas populares construidos mediante el Instituto Nacional de la Vivienda (INVA), fundado en 1957 y cerrado en la década de los 90 para la creación de Fosovi. Fue en esa época cuando,  de acuerdo a Ríos, «se empezó a crear una especie de mercado cautivo, retirar todos los fondos sociales, quebrar la institución estatal».

Vista de contenedores en el plantel de lo que hubiera sido Residencias Morazán, desde una casa abandonada en el mismo proyecto. Comayagüela, 27 de marzo de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.

Para Ríos, en el Distrito Central «hay dos grandes, gigantescos lotes de tierra donde podríamos construir hasta cinco proyectos habitacionales del tamaño de La Kennedy». Uno de esos lotes es Ciudad Diamante, donde Lili vive en una casa contenedor muy cerca de su casa de material a medio terminar. Ríos asegura que en este punto «estamos más lejos de liberar las tierras que legalmente tienen pleitos, que de una inversión directa a nivel central, que creo que es lo más próximo, compra de tierra directa del estado para la lotificación».

De acuerdo a la Estrategia de País Honduras 2022-2026 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), «en Honduras hay una necesidad importante de vivienda: aproximadamente en uno de cada diez hogares sufre hacinamiento, muchas viviendas están hechas con materiales de mala calidad, con pisos de tierra, mayormente sin acceso a agua potable y saneamiento, y situadas en terrenos sin títulos de propiedad. Se estima que el déficit habitacional en el país excede el millón y medio de unidades, de las cuales el 67 % responde a un déficit cualitativo».

La Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024 reportó que en el país existen 2,600,640 viviendas, que albergan 2,624,033 hogares. Estas cifras reflejan un déficit habitacional que ha superado los 1.6 millones de viviendas, marcando un récord histórico.

Mientras tanto, lugares como Ciudad Mateo (otro caso de viviendas abandonadas en la capital) y Lomas del Diamante siguen en pie, como un símbolo de la falta de voluntad política para garantizar el acceso a una vivienda digna.

En las elecciones del 9 de marzo de 2025, el M28, una de las siete corrientes internas del Partido Libertad y Refundación (Libre), logró una arrasadora victoria, con más de 90 candidaturas a diputaciones y 175 a alcaldías. Hubo 12 departamentos en los que la planilla completa de este movimiento logró la precandidatura al Congreso Nacional. Este resultado, celebrado por el M28, ha generado diversas denuncias sobre inconsistencias que distorsionan la elección. En este perfil te contamos por qué es tan poderosa esta corriente, cómo nace y quiénes son sus líderes.

Texto: Allan Bu y María Celeste Maradiaga
Fotografías:  Fernando Destephen y archivo CC

El 28 de junio de 2009, cuando fue derrocado Manuel Zelaya Rosales, el Partido Liberal se dividió en dos facciones: aquellos que apoyaron lo que ellos llamaron «sucesión constitucional» y se quedaron arropados bajo la bandera de uno de los partidos más antiguos del país, mientras que el grupo que apoyó a Zelaya y repudió el golpe de Estado se organizó en el  Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que luego se convirtió en el Partido Libertad y Refundación (Libre). Esos liberales en resistencia formaron un movimiento que comenzó llamándose MEL 28 de Junio, después Movimiento 28 de Junio, y ahora se conoce simplemente como el M28, la corriente más fuerte dentro de Libre. 

En las elecciones primarias del 6 de marzo, esta corriente logró 91 candidaturas al Congreso Nacional y 178 de sus precandidatos a las alcaldías. Este movimiento nunca ha tenido un coordinador que no firme con el apellido Zelaya; actualmente esa posición la ocupa Hortensia Zelaya, más conocida como «La Pichu», hija de la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Mel Zelaya. 

Fotografías de los candidatos del Partido Libertad y Refundación (Libre) Rixi Moncada y Rasel Tomé, en una papeleta de votación en una urna de Libre. Tegucigalpa, 9 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

La arrolladora victoria del M28, que al igual que otras cuatro corrientes llevaba a Rixi Moncada como su candidata a la presidencia, ha provocado innumerables denuncias sobre anomalías que se registraron en el proceso. Estos señalamientos vienen de líderes como Rafael Sarmiento, jefe de bancada de Libre y líder de ese partido en Olancho, quien manifestó que hubo una conspiración para sacarlo de la planilla de diputado en su departamento, donde participó por la Fuerza de Refundación Popular (FRP). 

«Pasaron situaciones anómalas que nunca habían pasado en el partido. Somos una institución nueva que creemos en un proyecto político de refundación y los vicios del pasado son prácticas que creíamos habían quedado en el bipartidismo», dijo Sarmiento a un medio de comunicación olanchano

Gerardo Torres, vicecanciller de la República, describió al M28 como una corriente que reivindica el pensamiento de  izquierda en Honduras, con figuras como Alfonso Guillén Zelaya, Froylán Turcios, Medardo Mejía, Clementina Suárez y Visitación Padilla como inspiración.

El funcionario resaltó que el M28 se nutre de la figura de Manuel Zelaya Rosales, quien a su juicio reivindica «esos principios del liberalismo heroico que enfrentaba dictaduras», el mismo que profesaba Modesto Rodas Alvarado, y por eso este movimiento tiene principios antigolpistas y antineoliberales; «la figura más destacada del M28 es la presidenta Xiomara Castro, que reivindicó las banderas del socialismo democrático y el legado de Manuel Zelaya», manifestó. 

Bartolo Fuentes, fundador de Libre y del FRP, al contrario que Gerardo Torres, piensa que el M28 no tiene ningún planteamiento político ni un proyecto, y todo gira alrededor de intereses particulares. «El M28 representa el tradicionalismo político dentro de Libre y los que queremos romper con eso chocamos con toda la fortaleza logística, económica y material que tienen ellos», sostuvo. 

Cuando Rafael Sarmiento denunció «que habían pasado cosas anómalas en las elecciones en Olancho», reafirmó que Libre estaba cometiendo los mismos vicios del bipartidismo del que tanto se quieren diferenciar a nivel de retórica. 

El diputado Ramón Barrios, quien va por la reelección en Cortés y resultó ser uno de los más votados por el M28, expresó que las denuncias de fraude no significan un fraccionamiento de Libre y que, al contrario, las perspectivas diferentes son parte de la democracia. «Es normal que quien fue derrotado y no fue favorecido esté molesto, pero eso se va a superar», dijo. 

El domingo 16 de marzo se realizaron las elecciones primarias e internas en dos centros de votación del Distrito Central, en el Instituto Cultura Nacional y en la Escuela Maximiliano Sagastume, porque el día previsto el material electoral no llegó. Tegucigalpa, 16 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
El domingo 16 de marzo se realizaron las elecciones primarias e internas en dos centros de votación del Distrito Central, en el Instituto Cultura Nacional y en la Escuela Maximiliano Sagastume, porque el día previsto el material electoral no llegó. Tegucigalpa, 16 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Hay voces dentro de Libre que dan otro panorama. Jerónimo Carranza, ex precandidato a diputado por el Movimiento de Renovación Nuevas Alternativas (Morena) en Yoro, dice que ya hay un mensaje desde que la coordinación ha estado en manos de Carlos Zelaya y Xiomara Zelaya, pero también destaca la organización del movimiento.  

«Son los que tienen el respaldo de la gente que tiene el poder.  Me imagino que ellos tenían más opciones de conseguir ayudas, pero a mí sí me parece que ellos tienen estructura, tienen todas esas personas que antes eran liberales y ahora son de Libre. Entonces, yo creo que a ellos, además de que dieron esos incentivos, también les ha ayudado esa capacidad de organización que tienen, para bien o para mal, pero ellos tienen una estructura», dijo. 

Los incentivos a los que Carranza se refiere son la participación en el programa de becas, entregar bonos o bolsas de alimentos, que según él fueron entregados por candidatos de los movimientos que tenían a Rixi Moncada como presidenciable. 

El M28 de «Carlón»

Un día antes de las elecciones internas, los medios reportaron la aparición de Carlos Zelaya bajando de un helicóptero en un campo de fútbol en el municipio de Guayape, en Olancho, para repartir dinero a quienes, se presume, ejercieron su voto en las elecciones de ese día.

Otro video capturó la consternación ante la acción de este líder político de los pobladores y miembros de la Fuerza de Refundación Popular (FRP) ―otra corriente dentro de Libre―, quienes en ese momento denunciaron la compra de conciencias por parte de Zelaya. «Saludá al pueblo, Carlos» dijo de una de las personas de este grupo, mientras rodeaban el helicóptero del que momentos antes bajó el exdiputado. 

Zelaya no bajó a dar respuestas, pues en otro video se observa cómo sube a un vehículo 4×4, antes de enfrentarse con el grupo, que enfurecido lo forzó a refugiarse allí. «Se va el helicóptero y no recibimos ninguna información, ¿cuál es la misión? un día antes de las elecciones internas», reportó un comunicador desde las graderías, mientras el helicóptero salía del campo de fútbol. 

Para entender el liderazgo del exdiputado Carlos Zelaya en esta corriente, hay que remontarse a poco después del golpe de Estado de 2009, cuando un grupo de liberales se integraron al Partido Libre en apoyo a Zelaya, los «liberales en resistencia». Este grupo fue el que tomó más fuerza dentro del partido y el que dió origen al M28.

Entre los que firmaron como fundadores del Partido Libre, junto a Mel Zelaya, están: la presidenta Xiomara Castro; su cuñado y exsecretario del Congreso, Carlos Zelaya; José Manuel Zelaya Rosales, hijo de Carlos Zelaya; el entonces alcalde de San Pedro Sula y ahora candidato a esa misma alcaldía por el M28, Rodolfo Padilla Sunseri; la actual ministra de defensa y candidata presidencial Rixi Moncada; el entonces sindicalista y ahora diputado Juan Barahona; el dirigente campesino y actual subdirector del Instituto Nacional Agrario, Rafael Alegría; el actual presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Rafael Edgardo Barahona. También estaba la congresista Beatriz Valle, actualmente miembro del Partido Liberal, tras su ruptura con Mel Zelaya, y recientemente derrotada en las elecciones primarias.

Carlos Zelaya en su época de secretario del Congreso Nacional, en plática con el presidente Luis Redondo y con el diputado Hugo Noé Pino, miembro de la Junta Directiva. Tegucigalpa, 23 de abril de 2023. Foto: Archivo CC.

La participación de este movimiento destacó hasta las elecciones de 2017, proceso en el que ya no estaba conformado solo por exliberales, sino por nuevos liderazgos organizados y convocados por Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya. «Carlón», como es conocido por afines y opositores a Libre, fue secretario del Congreso Nacional en esta administración hasta que a finales del año pasado se reveló un video en el que se le ve negociando con narcotraficantes confesos.

En febrero de este año revelamos cómo el exsecretario del Congreso continúa recibiendo pagos mensuales por parte de este poder del Estado, a pesar de su renuncia en septiembre del año pasado.

Carlos Zelaya fue quien coordinó el M28 desde sus inicios, y quien tenía la tarea de elegir a los y las nuevas integrantes de esta fuerza dentro de Libre. Uno de los elegidos en aquel entonces fue el vicecanciller Gerardo Torres.

Torres relata que inicialmente militó en la FRP mientras se desempeñaba como coordinador de la Juventud de Libre. La FRP es otro de los movimientos más fuertes dentro del Partido y, a diferencia del M28, está compuesto por figuras provenientes de sectores populares en la sociedad hondureña, como el sindicalismo, el campesinado y el magisterio. El vicecanciller reconoce los contrastes entre los movimientos de Libre, y el poder e influencia de los Zelaya específicamente en el M28, pero descarta que el poder de esta familia esté concentrado. 

Un ejemplo de esto, según él, es que dentro del M28 corren con la «suerte» de tener a Xiomara Hortencia «La Pichu» Zelaya como coordinadora del movimiento. «Tenemos la suerte de que nuestra coordinadora sea la hija del del coordinador general, o sea, eso es algo que claro que nos da una ventaja de cariño frente a la población, y que se traduce en una capacidad organizativa de quienes estamos en la conducción», aseguró.

Xiomara Zelaya asumió la coordinación de esta corriente en octubre del año pasado, un mes después de que Carlos Zelaya presentó su renuncia como diputado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Un medio de circulación nacional dijo que la diputada había sido nombrada a la cabeza del M28 por invitación de los 18 coordinadores departamentales de ese movimiento.

Un miembro de otra corriente de Libre, quien prefiere conservar el anonimato, le dijo a Contracorriente que en el M28 el liderazgo estaba totalmente en la familia Zelaya y que, si bien tenían «lugartenientes» en todos los departamentos, las decisiones las toma la familia presidencial. 

El video en el que Carlos Zelaya aparece negociando con narcotraficantes sí generó un impacto dentro del Partido Libre, y específicamente dentro de su corriente, admitió el vicecanciller Torres, pero su influencia se sigue percibiendo, específicamente en el departamento de Olancho, donde la esposa de Zelaya, Evelyn Rosales, ganó la coordinación del M28. 

«El M28 está plegado a todo el partido, y una vez pasan las elecciones internas y primarias se disuelven las corrientes», indicó el vicecanciller. «Todos estamos bajo el mando y la conducción de José Manuel Zelaya Rosales, que ha sido reelecto como coordinador, de nuestra candidata Rixi Moncada, que será la próxima presidenta de Honduras, y también bajo el mando de la presidenta Xiomara Castro, que es la líder de este gobierno y a la que todos los militantes, seamos funcionarios o no, tenemos que acatar sus órdenes y sus instrucciones».

Para el reportaje «El retorno del clan Zelaya», este medio entrevistó al político y ganadero Walter Acosta, regidor de Libre en la municipalidad de Catacamas e integrante de una asociación de ganaderos de la zona, quien en ese momento, en mayo de 2022, afirmaba que Carlos Zelaya tenía un liderazgo fuerte. «Quiero decirle que el coordinador de nuestro movimiento, el M28, es Carlos Armando Zelaya, aquí en Catacamas y en todo el departamento de Olancho». Y es que a Mel, y por extensión a su hermano, lo escuchan todos, tanto los ganaderos de La Moskitia como los de Olancho, con quienes se ha negociado el control del territorio en esa zona. 

En ese mismo reportaje, Oscar Hendrix, militante del Partido Libre, dijo que los caudillos liberales terminaron seduciendo a los principales cuadros jóvenes del movimiento popular histórico que habían sido formados antes del golpe de Estado. Con la entrada de cuadros jóvenes a Libre, también había que incluir a los jóvenes miembros de la familia Zelaya. Fue así como los hijos de Mel Zelaya y de Carlos Zelaya comenzaron a ser más visibles dentro de Libre.

Desde marzo de 2019, Carlos Zelaya, siendo coordinador del M28, nombró a su sobrino Héctor Zelaya para coordinar campañas dentro del movimiento. Por otro lado, el hijo menor de Mel, José Manuel Zelaya Castro, más conocido como Melito, comenzó a sonar en su momento para ser el candidato presidencial de Libre, cuando estaba trabajando en la corriente Pueblo Organizado en Resistencia (POR), según recuerda Hendrix.

En el caso de Hortensia Zelaya, más conocida como «La Pichu», hija de la pareja presidencial, terminó lanzándose como diputada en el departamento de Francisco Morazán en las elecciones de 2021, pero le tocó competir con políticos importantes, algunos de los cuales tenían décadas trabajando en los barrios capitalinos: Jorge Cálix, Beatriz Valle, Rasel Tomé, Denis Chirinos, Hugo Pino, Marco Girón y Juan Barahona. La Pichu obtuvo 208,286 votos en ese proceso electoral en el que su madre resultó electa presidenta. 

Aunque Xiomara Hortencia Zelaya no buscó la reelección para el Congreso Nacional en estas elecciones, su suplente, Gustavo Enrique González, quedó como segundo candidato a diputado más votado por Francisco Morazán en las internas, con más de 63 mil votos.

Contactamos a la diputada Xiomara Zelaya para conocer su visión y perspectiva dentro del Partido Libre, como coordinadora reciente del M28; sin embargo, al cierre de esta nota, no había contestado a nuestras solicitudes de entrevista. También contactamos a José Manuel Zelaya, exministro de Defensa e hijo de Carlos Zelaya, pero tampoco contestó a nuestras solicitudes de entrevista.

Denuncias

En todo el país, miembros de Libre han denunciado fraude y manipulación perpetrado por el M-28, e incluso lo han señalado fuera del país; por ejemplo, Olivia Cáceres, embajadora de Honduras en Cuba, manifestó en redes sociales que era muy fácil salir «electo con la plata de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)». 

Agregó que con el apoyo de instituciones como la Sedesol «incluso si hubieran postulado un caballo sobre la bandera del M28, con toda esa manipulación de la Secretaría más los fondos para ayudas sociales, el caballo sale electo». Para la hija de Berta Cáceres, la concentración de los recursos estatales en una sola corriente reproduce los vicios del bipartidismo. Esta publicación ya no aparece en X.

El actual congresista Bartolo Fuentes, quien no logró pasar al proceso general en Yoro, donde el M28 obtuvo las nueve postulaciones al hemiciclo, le dijo a Contracorriente que en el caso de las subvenciones, que él también tuvo a disposición, tienen una incidencia muy mínima en las elecciones, y son otros fondos fuera del Congreso los que permitieron al M28 imponerse. Como ejemplo, puso el bono tecnológico, que según él estuvo a disposición de los representantes del M28 en cada municipio, y con esto se ejerció una presión con la gente, de tal manera que les obligaron a votar en público, y aseguraron esos votos con la amenaza de quitar los bonos. 

Pero este diputado también ha sido denunciado por comentarios denigrantes contra la población migrante y por agresiones a mujeres políticas de su propio partido. 

Un mes antes de las elecciones, dijo en un programa radial que los migrantes no harían buen uso de una subvención de mil dólares otorgada por el Gobierno de Xiomara Castro a los migrantes retornados ante las nuevas políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Un miembro de la mesa electoral supervisa las urnas el domingo 16 de marzo, cuando una semana después de la fecha de las elecciones internas y primarias se votó en dos centros a los que el material electoral no llegó el domingo 9 de marzo. Tegucigalpa, 16 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

«¿Qué puede hacer el Gobierno ante esta situación? ¿Con alguien que cae aquí y no quiere vivir aquí? ¿Sabe que van a hacer [los migrantes retornados] con esos mil dólares? Se van a ir a pijinear 15 días y con lo que les queda se van ir de nuevo», dijo Bartolo Fuentes entre risas.

Además, a solo un mes de iniciar esta administración, en febrero de 2022, Bartolo Fuentes fue acusado por la diputada del Partido Libre Melby Ortiz, también del departamento de Yoro, de agresión verbal. Ortiz dijo que el diputado le gritó y la insultó mientras debatían la elección del gobernador de este departamento en el Congreso Nacional. 

Después de que la Fiscalía de la Mujer presentara un requerimiento fiscal en contra del diputado por los delitos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y por el delito agravado de violencia  contra la mujer, Fuentes pidió disculpas a la diputada para intentar salir librado de la causa, pero en agosto de ese año un juez le dictó auto de formal procesamiento y posteriormente le dictaron medidas distintas a prisión.

El diputado también fue querellado por la diputada nacionalista Lissi Cano, por el delito de calumnias agravadas, el año pasado. Hasta el momento se desconoce el fallo en este caso.

Ahora, Bartolo Fuentes, quien denuncia prácticas clientelistas por parte de la corriente más fuerte de Libre, explica que en el departamento de Yoro el M28 «recurrió a la amenaza de parte de los que manejan los municipios. A la gente más pobre, primero la amenaza para que vaya a votar, y segundo la amenaza para que voten por ellos, eso lo garantizaban con el voto público».  

Fuentes aseguró que también hubo compra de votos, lo que supone un delito electoral; él manifestó que andaban dinero y ofrecían 500 lempiras por voto a quien quisiera votar en público: «Lo quieren negar, pero es real. De ahí se explica por qué tanto voto en blanco para la presidencia. No estoy diciendo que todos los votos hayan sido comprados, pero una buena parte fue comprado o coaccionado». 

Jerónimo Carranza, quien fue precandidato a diputado en Yoro por el Movimiento Renovación Nuevas Alternativas (Morena), sostuvo que él y sus compañeros de planilla en Yoro no tuvieron posibilidades de reforzar su campaña con ayudas, como sí la tuvieron las corrientes que apoyaron la candidatura de Rixi Moncada; ahí están no solo el M28 sino también la FRP, POR y Somos Más. «No teníamos para dar bonos. Para hacer la campaña lo hicimos sin ningún apoyo por parte del partido, se hizo con puro esfuerzo. No sé si en otros departamentos, pero aquí los que participamos no tuvimos esas posibilidades de dar bolsas de comida o dinero», dijo. 

No obstante, después recordó que en una ocasión el diputado Bartolo Fuentes le ofreció algunos bonos para repartirlos entre sus seguidores, pero él se negó porque no quería que su campaña girara alrededor de regalías: «No quería condicionar así mi campaña. No lo acepté», comentó. 

Expresó que él había observado que también la FRP, el movimiento que lidera Bartolo Fuentes en Yoro, repartió bonos, becas y alimentos: «Ellos también repartían, tenían mucho dinero, no sé por qué no les funcionó esa estrategia, porque el M28 también repartió y salió favorecido, no sé qué más dieron. No tengo ninguna prueba como para decir que pagaron dinero para votos, que repartían alimentos eso sí, porque yo lo miraba», afirmó. 

En San Pedro Sula, Rodolfo Pastor de María y Campos, precandidato a la alcaldía por la corriente Somos Más, presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una acción administrativa para que se revisen decenas de actas que tienen inconsistencias en lo que él asegura fue «un exceso y abuso al distorsionar la voluntad popular». 

Pastor expuso que las denuncias dentro del Partido Libre fueron un fenómeno a nivel nacional, y que en este contexto este es un momento importante para que los miembros del partido reflexionen «profundamente sobre lo que está sucediendo. Sabemos que estas son prácticas antiguas y tradicionales. Sabemos que el Partido Nacional y Partido Liberal están acostumbrados a estas prácticas, pero no queremos los miembros fundadores que este partido, que se plantea ante la sociedad como un partido que busca transformar las cosas que están mal, siga practicando los mismos vicios del pasado», dijo. 

Pese a lo dicho por reconocidos liderazgos de Libre, Gerardo Torres sostuvo que es una retórica de los medios de comunicación señalar que el M28 en 12 departamentos del país se llevó todas las postulaciones a diputados. Invitó a los periodistas a revisar la votación en el Partido Nacional, donde Nasry Asfura se llevó 126 de las 128 candidaturas al Congreso Nacional. 

«Yo no he leído ni una sola nota en la que se señala que el movimiento de Nasry Asfura hizo algo malo. Es una narrativa que busca dañar a Libre, pero es una dinámica propia de los partidos. Si una corriente es tan fuerte como el M28 y además pide el voto en plancha, es muy probable que los resultados sean como los que vimos el 9 de marzo», aseguró.  

El funcionario detalló que, según cálculos realizados dentro de Libre, el M28 obtuvo más de la mitad de estructura partidaria, de la coordinación de la juventud, y el 80 % de las candidaturas de elección popular en ese partido.

Votaciones en el Instituto España Jesús Milla Selva de la colonia Kennedy. Tegucigalpa, 9 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Torres manifestó que están a disposición del CNE, y que si alguien tiene pruebas de que se manipularon actas o se hizo alguna cosa indebida, pues deben impugnar; sin embargo, reiteró que a nadie le gusta perder y que cuando se pierde se buscan culpables. Hasta hizo una analogía con el Real Madrid, que es el club más famoso y más ganador del mundo: «A todos los que no somos seguidores del Real Madrid no nos cae bien ese equipo, y eso suele pasar con las fuerzas preponderantes».

El congresista Ramón Barrios sostuvo que desde el M28 no responden esta serie de denuncias porque no les corresponde a ellos, sino a la institucionalidad electoral: «¿Cuáles son las reglas del juego? Si usted no está de acuerdo y cree que hay fraude, la ley electoral dice que eso usted debe demostrarlo en el CNE, e incluso puede ir al Tribunal de Justicia Electoral; entonces a la dirigencia del M28 no nos corresponde dar respuestas a esas inconformidades». 

Bartolo Fuentes expresó que él no denuncia porque es muy complicado demostrar que hubo coacción de votos a través de la revisión de las actas, pero Rodolfo Pastor sí presentó ante el CNE un reclamo para que se revisen decenas de actas en las que él asegura han detectado anomalías: «Son demasiadas actas en las que hemos detectado inconsistencias graves, mismas que distorsionan el resultado de la elección», afirmó. En el conteo de votos en San Pedro Sula, Adrián Padilla aventaja por 1,600 votos a Pastor, pero hay 172 actas con inconsistencias, según la página web del CNE. 

Para René Estrada, analista del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), lo que pasó en el proceso del 9 de marzo ha marcado una ruptura con la base social de Libre, pues a su juicio el M28 tiene su fortaleza en las áreas urbanas y ahora están quedando al margen gente de los movimientos feministas, los campesinos, los ambientalistas, entre otros: «esas son las rupturas más claras que se notan por ahora», sostuvo. 

Estrada dijo que es la primera vez que en Libre van a internas estando en el poder; eso cambia todas las dinámicas y quizá haya influido en esta serie de conflictos: «Una cosa es estar en las calles y otra cosa es ya tener un puesto en el Congreso Nacional o en una institución. Eso marca una diferencia. Ya eso no es de partido, sino que obedece a las dinámicas políticas del país, en donde difícilmente quienes están en el poder quieren salir, creo que es un cambio rotundo», señaló.

La diferencia

En sus discursos, la presidenta Xiomara Castro habitualmente recalca que en Libre son diferentes. «Se molestan, pero es que sí somos diferentes», decía la mandataria en un anuncio publicitario que fue repetido centenares de veces por las cadenas de televisión, a las que ahora acusan de querer dañar a Libre por la victoria del M28. 

Para René Estrada, el hecho de que las denuncias vengan del interior del partido denota que hay una disputa de poder dentro de la institución por el favoritismo hacia una corriente: «Se denuncia un preocupante proselitismo con fondos estatales en el M28», dijo.  

A Gerardo Torres le preguntamos si Libre era esa casa grande donde caben todos y que eso lo hace diferente de los otros partidos: «En Libre nadie se queda callado, si alguien siente que se le atropelló el derecho sale hablar, y aquí tenemos la disciplina de escuchar. En Libre, cuando alguien siente que cometió acciones indebidas, o alguien siente que otros están abusando del poder, sale a denunciarlo. En el Partido Nacional nadie dice nada. Eso es una diferencia de la militancia de Libre», sostuvo. 

Además, manifestó que son completamente diferentes a nacionalistas y liberales, y que aquellos que dejaron su partido para acompañar a Manuel Zelaya, no solamente estaban en contra del golpe de Estado, sino también aborrecían la lógica del bipartidismo, que se ha dedicado «a robar al Estado y a que solo una pequeña élite tenga privilegios». 

Pero muchas de las prácticas del bipartidismo, antes y durante las elecciones, fueron replicadas por miembros de Libre. El clientelismo político para lograr votos fue igual o más avasallador que en los gobiernos de Juan Orlando Hernández. Y como gobierno, han intentado obtener el control de la mayoría de la institucionalidad como la tenía JOH. 

Hasta el mismo Gerardo Torres insinúa que el partido al que pertenece termina siendo permeado por la política tradicional: «Pasan cosas como que un candidato que tiene muy buenas ideas tiene dificultades para enfrentarse a otros, porque en Honduras la política está hecha para gastar mucho dinero». Y agrega que en otros países hay más equidad para los candidatos; por ejemplo, tienen un tiempo similar en la televisión, pero eso no existe en Honduras, y ni este ni gobiernos anteriores hicieron nada para resolverlo; «es una lógica política que está basada sobre el dinero», reconoció.

 Por Juan Diego Napky

Mamá, a nadie le cabe el mundo en la cabeza. Ni siquiera a los que nos han forzado a comprender a destiempo esta vida de adultos. Y aunque mis afirmaciones pudieran trenzarte los sentimientos, con ellas no pretendo un bombardeo, sino dedicarte una obertura inspirada en mi camino hacia la cicatrización.

Aquella mañana me despertaste más temprano de lo usual. Actuabas extraño, como si algo de muchísimo valor se te hubiera perdido. Aparte, tu voz de sirena enferma y tus ojos hinchados advertían todo lo que tenías en tu interior. Pero vos sabés que uno de cipote no hace las de psicólogo. Así que me limité a preparar mis cosas en silencio.

Agarramos las calles de siempre para llegar a la parada pública. Estando ahí, papá dijo que él me llevaría al colegio porque vos tomarías otra dirección. A los minutos llegó nuestro bus. Me abrazaste para decirme adiós, me diste un beso mocoso en la frente mientras me repetías que me amabas y te despediste, por última vez, de mi corazón de pómez.

Desde entonces no volví a saber de vos. Te lo digo, para mí fue como verte desaparecer como el conejo de un mago. Papá aguantó lo más que pudo. Primero mencionó que te habías ido de viaje con tus comadres. Después salió con que trabajarías por un buen rato en la ciudad. Mintió y mintió cada vez que le preguntaba por tu regreso. Hasta que la falta de razones lo obligaron a confesármelo todo. O bueno, pudo haber sido también el cargo de conciencia.   

En ese momento era un chigüín de once. Recuerdo que él me platicó de unos coyotes y un sueño. Yo, a esas alturas, de coyotes solo sabía lo básico: que su archirrival era el veloz correcaminos. De ese sueño no había escuchado nada, sin embargo, él encontró la manera de explicarme en español sencillo la magnitud de lo que hiciste para ofrecerme un futuro con otro tipo de oportunidades.

Pero mi corazón no lo interpretó así. Me costaba comer y me iban aplazando en todas las materias. Fue una época dura, sin muchas palabras entre nosotros, pues los dos te extrañábamos, y te juro que lo seguimos haciendo.

Papá, en su desesperación de formarme el carácter, me hincaba en maicillo. Lo hacía con tanta frecuencia que llegué a pensar que en mis rodillas fértiles se había sembrado alguno de los granos, y que de repente, mis extremidades inferiores se convertirían en dos milpas.

Por varias noches me despertaba sudando como un puerco y me revisaba las piernas para ver si seguían allí. La estaba pasando tan mal que un día, cuando el resto salió al recreo, tuve que quedarme en mi pupitre, por lo inseguro que me sentía de mí mismo.

Profe Begonia, la maestra del grado, se sorprendió al encontrarme solo en el aula de clase. Al ver que estaba llorando, corrió para socorrerme. Cuando me abrazó, me resquebrajé como un huevo que impacta el suelo. No pude evitar contarle la falta que me hacías, que tu ausencia calaba hasta en el pelo y que tenía miedo de quedar despiernado. Ella se dedicó a escucharme mientras me acariciaba las rodillas.

Terminé de hablar, limpió mi rostro con sus yemas arrugadas y me abrazó como lo hiciste vos en tu despedida, mamá. Al despegarnos me dijo que conocía mi dolor mejor que cualquiera porque ese estúpido sueño –que al parecer lo comparten muchos– condujo a su único hijo a las fauces metálicas de La Bestia. Conversamos hasta que sonó la campana, y antes de que los compañeros regresaran al aula, me prometió tres cosas: que me acompañaría en tu búsqueda, que iba a cuidarme en el recorrido y que mis piernas crecerían más largas que las de ella.

Para serte franco, costó asimilar que alguien decidiera ocupar tu vacío. Fue algo que me confundió durante mucho. Pero no mintió, mamá. La profe Begonia estuvo con nosotros en nuestros cumpleaños, en los viajes que se organizaban en las diferentes oficinas y organismos del país para darle seguimiento a tu caso, en los instantes en los que quería abandonar mis estudios porque trabajaba para apoyar a papá. Estuvo incluso las veces que te despreciaba por el hecho de hacerme sentir menos que un bulto de basura. Estuvo, mamá, y nunca dejó de estarlo.

Con el tiempo te dejamos de buscar porque las enfermedades comenzaron a mermarla sin clemencia; pendiente escarpada de la cual no quiero entrar a detalles… Y, como era de esperarse, llegó un punto en donde el cruel tic tac de su cronómetro empezó a sonar cada vez más fuerte.

La tarde antes de que emigrara hacia otros terrenos colocó una de sus manos sobre mi muslo, sonrió y me dijo que, adonde sea que estuviera, mandaría una señal al encontrarte. Poco después ya dormía bajo un manto de lodillo y zacate. Y sí, su partida dolió igual o peor que la tuya.   

En todo lo que uno rumia mientras atraviesa el duelo de un ser tan cercano inferí que sus últimas palabras salieron como consecuencia de algún episodio de delirio. ¿Acaso no era violentamente injusto que ella me pidiera que siguiera viviendo a la expectativa, mamá? ¿Aún después de tanto? ¡Y ahora a la expectativa de asuntos de fantasmas! Ante ese absurdo, opté mejor por sacarle provecho a la situación y darle fin de una vez por todas a tu capítulo. Y yo de ingenuo me la creí.  

Al cumplirse un año de no tenerla con nosotros fuimos a visitarla con un ramo de flores que le hacían honor a su nombre. Nomás llegamos, papá señaló su tumba con cierto grado de perplejidad. «Qué raro», me dijo, «de estas no crecen en los cementerios». Cuando vi que se trataba de dos milpas gigantes, caí de rodillas, contemplé el cielo y lloré tanto como para regar los susurros de la primavera que decoraban cada una de las cruces puestas en ese lugar.

En eso, mamá, cuando ya más o menos se me liberó la garganta, quedé viendo a papá y le dije con la voz entrecortada:

–Viejo, nos han mandado a decir que la hallaron en las nubes.

–¿Nos qué a quién en las nubes? –respondió mirando hacia arriba–. Mejor vámonos antes de que nos caiga un aguacero. Estás quedando loco, muchacho.

Me levanté, mamá, y mientras me sacudía los pantalones para limpiar la tierra combinada con pétalos de begonias que se habían pegado en ellos, entendí que por fin había llegado el momento de sanar y perdonarte. 

 

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* Cuento ganador del primer lugar en el concurso «Historias de Aprendizaje», organizado por el sello editorial Cimientos, Dirección de Programas Especiales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, 2024.

En una burbuja libertaria en la paradisíaca isla de Roatán, que está en Honduras, un país empobrecido, autoritario y violento de Centroamérica, surgieron Próspera e Infinita con el ambicioso y controvertido propósito de desafiar la muerte y ser el experimento libertario para probar un nuevo modelo de Estado. En Honduras ese nuevo modelo se llama Zona Especial de Empleo y Desarrollo (ZEDE), y después de ser aprobado por un expresidente convicto, ha sido condenado a la inconstitucionalidad. A pesar de esto, Próspera e Infinita son ahora el lugar intocable donde los más reconocidos millonarios de la tecnología invierten en tratamientos para prolongar la vida, para lograr la inmortalidad.

Texto: Jennifer Ávila
Fotografía: Fernando Destephen y Catherine Calderón

Niklas Anzinger, un alemán alto, apuesto, joven y con larga cabellera, habla conmigo en un hotel en Roatán, en donde está establecida la ZEDE Próspera, una burbuja libertaria que alberga sus sueños y las inversiones de varios de los magnates más importantes de la industria de la tecnología actual. Niklas me cuenta su sueño, a pesar de que en Honduras está en riesgo por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley que le dio vida a este experimento libertario.

–Esta pregunta puede parecer tonta pero, ¿por qué una persona querría vivir para siempre si el mundo está ya muy jodido?

–Bueno, yo creo en el poder de la elección. Si quieres vivir más, deberías poder tener la opción. Yo creo que la vida es bella y que es genial, así que quiero más de eso, y sé que hay más personas que querrían esa opción. 

Este emprendedor alemán juega un papel muy importante para la ZEDE Próspera, y ha llamado Infinita al proyecto que ahí alberga. Hace un año, Niklas comenzó a crear una comunidad interesada en pagar o promover tratamientos para vivir de manera prolongada, quizá para siempre, y claramente sin las regulaciones tradicionales. 

Próspera e Infinita están en Roatán, la isla más grande de Honduras en el Caribe, a la que llegan los cruceros turísticos y donde miles de personas, sobre todo de Estados Unidos y Europa, hacen snorkeling y ven la playa desde un resort. Es en Roatán donde artistas de Hollywood como Catherine Zeta Jones y Michael Douglas han llegado a tomar vacaciones en el tercer mundo, pero a la vez lejos de este, porque es un lugar que no se parece mucho a la Honduras de tierra firme. Roatán tiene uno de los índices más bajos de homicidios, allí circula el dólar, se usa el bitcoin y se habla inglés.

Estamos en el lobby del hotel en Pristine Bay, un complejo turístico con villas y campo de golf, que la ZEDE Próspera ahora administra tras comprar acciones en la empresa propietaria y en el que, al menos hasta mediados de 2024, unas 211 propiedades estaban inscritas en el régimen especial ZEDE. Estamos en ese lugar porque Niklas organiza un evento sobre ciudades crypto y las maravillas legales de Próspera para evadir las burocracias de los Estados nación; y aunque la invitación al evento tiene imágenes futuristas y pareciera que será celebrado en una nave espacial, las sesiones se llevan a cabo en un domo de lona en el patio del hotel, en donde Niklas ha colocado bean bags, sillas y un equipo audiovisual para quienes asisten de manera remota. 

«Imagina un mundo de abundancia, vidas más largas, energía limpia, mercados transparentes, robots e inteligencia artificial haciendo el trabajo pesado; ¿por qué aún no tenemos todo esto? Aquí te traemos soluciones», así comienza Niklas cada episodio de su pódcast en el que promociona a Infinita. Lo había escuchado antes de conocerlo, en el pódcast se escucha entusiasmado en esos segundos de introducción, pero en esa primera entrevista que me dio durante su evento, Niklas estaba nervioso e incómodo. Me dijo que los medios no han sido justos y que tiene mucha desconfianza en los periodistas y los medios tradicionales. No me habría atendido si Jorge Colindres no lo hubiera aprobado, me dijo después. Jorge es el secretario técnico de Próspera, una especie de gobernador de este territorio que ellos presumen autónomo. 

Infinita VC, el emprendimiento de Niklas, es una entidad administradora de capitales de riesgo fundada en 2022, según su página de Linkedin. La base de datos Crunch Base establece que, hasta julio de 2024, Infinita invirtió en dos startups: Immune AgeBio, una desarrolladora de terapias de rejuvenecimiento a través de células madre, y BeeX, una empresa basada en Singapur que «ofrece robots que utilizan vehículos submarinos autónomos con capacidad de flotación diseñados internamente». También trabaja conectando personas, ya sea posibles inversionistas o pacientes para Minicircle, la empresa desarrolladora de la terapia de folistatina para el rejuvenecimiento y aumento de la masa muscular, lo que se ha popularizado como «hackear el ADN para la inmortalidad»; cada sesión cuesta 25 mil dólares. 

Gracias a Infinita, funciona también en Próspera Symbiont Labs, una startup de implantes cibernéticos como chip de tarjetas debajo de la piel u otros dispositivos, como imanes en la punta de los dedos para simular un nuevo sentido; el objetivo final sería crear cyborgs. Niklas me dijo que con un capital inicial de 3.5 millones de dólares apoyó 25 startups de biotecnología en la ZEDE hondureña. 

Entonces, la receta Infinita es: robots, cyborgs y experimentos biomédicos.

Cuando creó Infinita, Niklas escribió un manifiesto. Según este escrito, el proyecto busca construir una red de pequeños centros, comenzando en la jurisdicción de Próspera ZEDE Roatán, donde los fundadores pueden desarrollar soluciones de biotecnología y atención médica con una burocracia mucho más reducida y simplificada. Se alejan del concepto de «Estado red» diciendo que no esperan reconocimiento diplomático de los países, pues la libertad que anhelan está absolutamente desconectada de los Estados. 

«Si bien nuestro enfoque principal es la longevidad, cualquier innovación que necesite pruebas en el mundo real y una iteración más rápida es bienvenida. Al reducir la fricción regulatoria, Infinita pretende desbloquear una nueva frontera en la extensión de la vida», establece el manifiesto de Niklas. 

A pesar de la oposición de la comunidad científica hondureña y las críticas internacionales, Niklas hace eventos en Infinita en los que convoca a decenas de personas alrededor del mundo que comulgan con su pensamiento anárquico, para intercambiar sus ideas en este paraíso turístico en Roatán.

Niklas Anzinger, fundador y director general de Infinita, el primer fondo de capital riesgo con sede en Próspera. Roatán, noviembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Por el domo de Infinita desfilan grandes celebridades del mundo del biohacking; es casi un  hogar para Mac Davis, uno de los directivos de Minicircle, activista de las «ciudades libres» y parte de la junta directiva de Frontier Foundation cuyo objetivo principal es «apoyar la iniciativa presidencial “Ciudad de la Libertad” de Donald Trump» que fue expuesta durante su campaña política.  

«Las generaciones pasadas de estadounidenses persiguieron grandes sueños y proyectos audaces que antes parecían absolutamente imposibles. Cruzaron un continente inestable y construyeron nuevas ciudades en la frontera salvaje. Transformaron la vida estadounidense con el sistema de autopistas interestatales (que era magnífico) y pusieron en órbita una vasta red de satélites alrededor de la Tierra. Pero hoy nuestro país ha perdido su audacia. Bajo mi liderazgo lo recuperaremos a lo grande», dijo Donald Trump en el lanzamiento de esa iniciativa, en marzo de 2023. 

Mientras esto se anuncia en Estados Unidos, Davis no se quedó con los brazos cruzados, y gracias a la inversión de Sam Altman, fundador de OpenAI –la empresa que revolucionó la inteligencia artificial– y a las facilidades que Próspera le dio para hacer todo sin regulaciones establecidas, desarrolló su terapia de folistatina de una manera que por ahora no podría haber hecho en su país. Esto le dio a Próspera una razón de ser, ya que después de cinco años de existir no había logrado tener un impacto como desarrolladora de industrias.

Los ensayos clínicos para las terapias de Minicircle fueron breves por ser residentes de una ZEDE, y la clínica GARM, que funciona desde 2013 formalmente en un complejo de retiro en Roatán cerca de Pristine Bay, les brinda un establecimiento con profesionales de la salud y equipo médico. La clínica GARM ofrece tratamientos médicos tradicionales y ensayos no aprobados por la FDA, está dentro de una zona muy restringida y para entrar solo se puede con cita o directamente buscando atención médica. Infinita no solo es una fuente de financiamiento, es también la que resguarda estos procesos, conecta a las startups y a los inversionistas con Próspera y con la clínica.

Detalle de un Bitcoin pintado en la pared de la oficina de Vitalia en la torre Duna de Próspera. Roatán noviembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen

Seguimos en Pristine Bay, y en un receso entre sesiones sobre marcos legales, tokens y organizaciones descentralizadas, Niklas me habla de su inspiración para crear Infinita. 

–Particularmente me inspiré en una película de vampiros que se llama Only lovers left alive, de Jim Jarmuch. Creo que esta película aborda tu pregunta. Sí, la vida puede ser muy dura de muchas maneras, pero a pesar de sus altos y sus bajos, sigue siendo hermosa. 

Hay una escena de esta película que Niklas usa de ejemplo cuando reflexiona sobre la eternidad. Adam, uno de los protagonistas, que es vampiro, se encuentra sumido en una profunda depresión, ya que vivir para siempre también puede ser desgarrador por lo que, en algún punto, morir se convierte en un anhelo. Es entonces cuando Eve, la otra protagonista también vampiro, lo encuentra y lo invita a bailar, sacándolo de su oscuridad porque también están las cosas hermosas de la vida: la ternura, los lazos humanos, la música y el baile.

En el contexto del que proviene Niklas, las referencias a vampiros o al ciberpunk son bastante comunes; de hecho, la estética de los afiches, las páginas web y su publicidad en general lo reflejan. Y solo agrega a esto el hecho de que una de las mayores celebridades que Niklas ha recibido para conectar con Minicircle sea Bryan Johnson, un millonario emprendedor tecnológico conocido también como «un vampiro moderno». 

Cuadro tomado del video «Edité mi ADN en una isla secreta (para vivir para siempre)» subido en el canal de Youtube de Bryan Johnson.

La primera visita de Bryan a Próspera e Infinita está en internet y se hizo viral. En el video se ve a Bryan con su camiseta negra que dice «Don’t Die», presumiendo su corpulencia en el calor del Caribe mientras se le escucha narrando su viaje de aventura a una isla escondida, una ciudad prohibida, a la fuente de la juventud. 

Todo el video –que también contiene animaciones sobre cómo se vería Bryan viejo y Bryan rejuvenecido, ratas normales y ratas musculosas, o sobre cómo supuestamente ocurre el proceso químico dentro del cuerpo– culmina mostrándonos que en Próspera e Infinita se hace algo prohibido: la inyección que recibe Bryan en el abdomen con un gen para regenerar su estructura muscular no está aprobada por la FDA. 

Pero es revolucionario, se ve en el rostro pálido de Bryan: «cambiaremos el rumbo de la humanidad» dice, porque siendo él su propio conejillo de indias, quiere demostrar que su esperanza de vida aumentará un 30 % con este tratamiento. El video luego se hizo parte de un documental más largo que se llama Don’t die (No mueras), recientemente agregado al catálogo de Netflix. 

Bryan Johnson es un empresario estadounidense que saltó a la fama tras vender su aplicación Braintree, con la cual se hizo millonario, y le dio vuelta a su vida con un propósito completamente nuevo: vivir más de lo humanamente posible hasta ahora. Bryan dice que si una persona puede vivir 100 años, él logrará vivir 200.

Por si todo lo anterior no nos evoca a la imagen del vampiro aún, Bryan también se ha sometido a transfusiones de sangre con su hijo y su padre, en una especie de transferencia de juventud de una generación a la otra. A propósito, Bryan, quien además es un hombre muy pálido porque casi no recibe la luz del sol y usa lámparas especiales para recibir la vitamina esencial para su piel, organizó una sesión de fotos para ese momento en el que su hijo de 18 le donaría su sangre, mientras él le daría sangre a su padre de más de 70 años de edad. 

Aunque los estudios sobre las transfusiones de plasma de personas jóvenes a mayores aún están en etapas iniciales, con abundante investigación en ratas pero poca en humanos, Bryan hizo de esto un espectáculo, jugando con la imagen de «vampiro» intrageneracional. 

Pero con lo extraño que puede sonar todo esto, Johnson no es el único que experimenta en sí mismo en búsqueda de juventud. Otro gigante de Silicon Valley había explorado esta práctica antes: Peter Thiel, cofundador de PayPal, magnate tecnológico y promotor de fondos de inversión para experimentos libertarios.

Thiel es importante para los proyectos de Infinita y Próspera porque esta ZEDE está en el portafolio de la compañía ​​Pronomos, que cuenta con su respaldo y el de otros multimillonarios como Marc Andreessen y Balaji Srinivasan, autor de The Network State, gurú para los libertarios de Próspera. Marc Andreessen es un empresario de tecnología muy cercano al presidente Donald Trump, tanto que, según un artículo de la revista Fortune, Andreessen pasaba la mitad de su tiempo con el presidente electo de los Estados Unidos en Mar-a-lago previo a su toma de posesión. Por otra parte, Thiel invirtió en el vicepresidente JD Vance para sus campañas políticas.

Nick Dranias, de Próspera, explica el marco legal de la ZEDE a un pequeño público dentro del domo de Infinita. Abril de 2024. Fotografía: Catherine Calderón.

Lo que no es extraño es que estos hombres millonarios y privilegiados compartan el deseo de prolongar su propia vida. Bryan Johnson habla en su documental sobre su obsesión por prolongar el tiempo que pasa con el único hijo con el que tiene relación después de separarse de su familia y su religión mormona. 

También Niklas habla de amor cuando cuenta sus motivaciones para ser parte de este proyecto. Me cuenta que conoció a su esposa durante la pandemia, cuando ambos vivían en países diferentes. Para muchos, la pandemia se siente como una película postapocalíptica reciente, una historia en la que dos amantes buscan un refugio en un mundo azotado por un virus letal que cierra fronteras y llena las calles de incertidumbre y desolación. Niklas encontró en México un lugar abierto para reencontrarse con su novia y comenzar una vida juntos. En ese contexto descubrió Próspera, cuando leía un artículo escrito por Christian Betancourt, uno de los principales ideólogos de las ZEDE, y así decidieron probar suerte.

Torre Duna, ZEDE Próspera en Roatán donde funcionan varias startups amparadas en la legislación de las ZEDE y en donde ahora están a la venta apartamentos de lujo de una o dos habitaciones. Roatán, noviembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Pero si bien ellos buscan superar el reto de reducir a la muerte su certeza –Bryan inyectándose folistatina, Peter Thiel experimentando con transfusiones, Niklas uniéndolos a todos en las mismas inversiones en una isla hondureña–, la incertidumbre de la política en este país parece ser un reto de proporciones similares.

La sentencia de inconstitucionalidad emitida por la Corte Suprema de Justicia de Honduras en 2024, bajo el Gobierno socialista de Xiomara Castro, amenaza el proyecto de Niklas y de otros empresarios que promueven una aceleración de los negocios millonarios de biotecnología y un nuevo estilo de vida orientado a la eternidad. Le pregunté a Niklas si consideraría mudarse a otro país para probar mejor suerte, y me respondió que esperará un año más antes de tomar una decisión, aunque ha visto posibilidades en El Salvador, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Según el manifiesto de Infinita, la eficiencia regulatoria que se ofrece en Próspera se está poniendo en marcha en otros lugares del mundo impulsada por gobiernos de corte ultraderechista; por ejemplo, Niklas asegura que Infinita fue una de las primeras en promover ideas como el «aceleracionismo efectivo, pro-crecimiento y tecno-optimista», la base de lo que Milei hace en Argentina y de lo que Musk está haciendo ahora en los Estados Unidos con el DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental).  

En noviembre de 2024, Niklas me recibió de nuevo en Próspera, en una sala de reuniones de la torre de condominios Duna, en donde ahora funciona una oficina de Infinita; las elecciones en Estados Unidos sacudieron al mundo con el triunfo de Donald Trump junto con Elon Musk y otros empresarios de la tecnología, los «tecnofeudales». Para Niklas es un buen momento para luchar por su sueño.  

«Yo podría estar haciendo negocios en Dubai, pero prefiero hacerlo aquí o en Latinoamérica, porque en Dubai ya todos son ricos, aquí mi trabajo tiene más impacto. En un año, las cosas pueden cambiar y la razón prevalecerá», dijo, refiriéndose a la posibilidad de que se cambie el gobierno que prometió, aunque hasta ahora sin éxito, acabar con las ZEDE. 

El gobierno de Castro no ha hecho sino celebrar que ha declarado inconstitucionales las ZEDE; sin embargo, para Próspera parece que nada ha cambiado. Un día después de la toma de posesión del presidente Trump en Washington, Bryan Armstrong, CEO de Coinbase, una plataforma en línea que funciona como un banco de criptomonedas, anunció su inversión en Próspera. Apenas un par de meses antes, Armstrong estuvo sentado en unas beanbags en el domo de Infinita, charlando con Niklas sobre la creación de libertad económica en todo el mundo. Esa plática se convirtió en el episodio 85 de su pódcast.

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Pequeño edificio en donde supuestamente funciona una academia de pensamiento con método Montessori en el complejo Pristine Bay, Zede Próspera. Roatán, noviembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

La isla libertaria flota en un mar de conflictos 

Roatán es una isla y al mismo tiempo una zona libre de impuestos para el desarrollo del turismo, no por Próspera, sino que ha sido así desde 2006. Entonces, durante décadas grandes empresas turísticas, sobre todo extranjeras, han sido la primera fuente de empleo para los isleños. Pero este atractivo turístico conlleva su maldición, pues en la isla peligran los arrecifes de coral por la falta de supervisión a la industria del turismo, la pesca y por la llegada constante de cruceros; también hubo casos recientes de trata de personas y desapariciones de mujeres que implican a estadounidenses dueños de empresas turísticas.

Otra de las fuentes de empleo en la isla es la pesca de langosta, pepino de mar y otros moluscos, la cual se hace en condiciones precarias por hombres pescadores que llegan a la isla y se embarcan sin equipo adecuado; muchos quedan parapléjicos por la falta de atención médica oportuna. Los servicios públicos en la isla son muy caros y no cuentan con la adecuada regulación; por ejemplo, en Roatán la energía es producida con gas natural, pero en Honduras aún no hay una ley que regule este tipo de generación de energía. El dueño de la planta es un estadounidense originario de Texas. 

Un tramo en Roatán descuidado y con contrastes muy alejados de Pristine Bay.. Roatán Noviembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

La realidad hondureña supera a la utopía libertaria, y es que Roatán ya era una colonia desde antes que Próspera llegara con su idea de Estado red.

Próspera, además de una idea, es un territorio, y en Roatán ese territorio es Crawfish Rock, una comunidad de apenas 800 habitantes  con una ubicación privilegiada para extranjeros. Pero es en Crawfish Rock en donde estos han tenido la mayor resistencia en los últimos cinco años. 

La profesora Luisa Connor y su hermana Vanessa, líderes del patronato de Crawfish Rock, han estado en la resistencia en contra de las ZEDE, sobre todo cuando Próspera comenzó a construir edificios. Las hermanas Connor nacieron y crecieron  en Crawfish Rock en medio de complejos turísticos lujosos, y ahora está en su paisaje la imponente torre Duna de Próspera, que contrasta con las calles de tierra de la comunidad, los niños descalzos jugando en un parque improvisado y los hombres que se refugian del calor con refrescos o cervezas en el verano eterno de la isla. 

La mayoría de los habitantes de la comunidad trabaja en el complejo turístico Palmetto Bay, a cuatro kilómetros de Crawfish Rock, o en la pesca; algunos también en los proyectos de Próspera. Sin embargo, la comunidad vive una creciente tensión. Los gritos y risas entre los vecinos esconden conflictos que se han profundizado con la llegada de las ZEDE. «Yo no sé por qué no se van ya. No respetan a nuestro gobierno ni a esta comunidad humilde», dice Luisa sobre Próspera, frustrada por su permanencia pese a la derogación de la ley que las habilitaba.

La tensión se siente en la comunidad; pero es extraño, las personas gritan y parece que se pelean, pero ríen a carcajadas. Uno le dice a la otra que ha traicionado a la comunidad, un anciano llega y le cae a golpes a otro anciano, todos se ríen alrededor y gritan en un inglés isleño muy rápido. 

En abril de 2024, Luisa me comentó que algunos vecinos planificaban medidas drásticas, por ejemplo, dejar de rentar habitaciones a los trabajadores de Próspera. Aunque no se concretó, la división es palpable. Desde que Próspera se instaló, la comunidad, antes tranquila, cambió. En 2020, durante la pandemia, el CEO de Próspera, Erick Brimen, mencionó la posibilidad de expropiación de tierras, encendiendo las alarmas de los habitantes. Desde entonces, un grupo de trabajadores de Próspera ha intentado desafiar el liderazgo de las Connor en el patronato.

Luisa Connor, presidenta del patronato de la comunidad de Crawfish Rock. Roatán, noviembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Luisa cuenta que Erick Brimen llegó antes, en 2017, y los habitantes de Crawfish Rock no se opusieron en ese entonces, pues el turismo es la actividad económica más importante en esta isla, y no les era desagradable pensar en que ya no tendrían que ir lejos a trabajar en complejos turísticos, sino que tendrían uno a la par. 

Sin embargo, en mayo de 2020 se puso en marcha la iniciativa para la creación de Próspera y no se realizó consulta previa, libre e informada en Crawfish Rock. Pero Próspera organizó algunas reuniones con la comunidad, y en una de ellas, en plena pandemia, Erick Brimen llegó y dijo la palabra expropiación, por estar contemplada en la ley de las ZEDE, y entonces se perdió cualquier voto de confianza.

Cali, una mujer miskita de 30 años que trabaja en Próspera, asegura que hubo una reunión con pizza y refrescos para informar sobre el proyecto, algo que ella cataloga como una consulta. Sin embargo, esto no es visto de la misma manera por las Connor y su patronato. Ahora, por la falta de un mecanismo para cerrar un proyecto como Próspera, que tiene obras de infraestructura ya construidas, tierras compradas y personas empleadas, la gente en la comunidad desconfía de quienes antes eran sus vecinos o compañeros de liderazgo comunitario y, aunque siguen creyendo en la promesa del gobierno de desmantelar el proyecto, ya están cayendo en desesperación. 

«Nos odian porque trabajamos en Próspera. Pero somos madres solas que luchamos por nuestros hijos», afirma Cali para defender su empleo. La empresa le paga 9,000 lempiras al mes, unos 400 dólares, por medio tiempo y sin derechos laborales, ante lo cual Cali dice estar satisfecha. Estas divisiones comunitarias le afectan personalmente, y confirma que varias personas han amenazado a los miskitos que trabajan en Próspera con no alquilarles vivienda. 

Es cierto que Próspera ha contratado a personas que llegaron a Roatán de La Ceiba y la Moskitia hondureña, pero esto es parte de la dinámica laboral normal en la isla, ya que muchos miskitos, por ejemplo, llegan a Roatán a trabajar en los barcos de pesca de langosta en condiciones precarias, y los que sobreviven a ese trabajo muchas veces no regresan a sus comunidades, sino que se quedan en la isla, al igual que las personas de La Ceiba que muchas veces llegan huyendo de la violencia que azota ese puerto. 

Un pescador alista sus redes en una de las salidas al mar Caribe en la comunidad de Crawfish Rock. Roatán, noviembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

El gobernador de Roatán, Hugo Soler, me dijo que las divisiones se agravan: «El negro atacando al miskito, el miskito defendiéndose del negro». Los miskitos, contratados para construcción, enfrentan discriminación y condiciones laborales precarias. «En cualquier construcción de la isla verá que los albañiles son miskitos, porque dicen que son más fuertes, resisten más, aguantan más lluvia, no se enferman casi y les pagan menos. Por eso la comunidad se ha llenado de miskitos», explicó. 

Y el mismo gobernador, quien ha hecho debut y despedida en la política, acepta que hubo abandono estatal en Roatán, y sobre todo en la comunidad de Crawfish Rock, aunque «de todos los gobiernos, nosotros ahorita es que estamos apoyando de cierta manera, lo que pasa es que era un vaso que estaba vacío y con que usted lo llene hasta la mitad sigue vacío, no ha habido inversión pública en la comunidad», se excusó. 

En la playa, Cali y otras dos mujeres, las únicas empleadas para limpieza y jardinería que han quedado de la ZEDE, barren mientras hablan entre sí en idioma miskito; las separa de la playa y el muelle de Crawfish Rock solo una malla de alambre. Desde el complejo Beta de Próspera, ubicado en una colina y conformado por un gran edificio de madera en donde funcionan algunas oficinas de startups, se ve el caserío donde vive la gente de Crawfish Rock y a unos jóvenes sacando arena del mar para venderla en proyectos de construcción. 

Ese apoyo que dice el gobernador que está dando el Gobierno central a Crawfish ha generado otra grieta en la comunidad. El Gobierno de Xiomara Castro está ejecutando proyectos con la gestión del patronato de Crawfish, liderado por las hermanas Connor, con quienes abandera la lucha contra las ZEDE. El Gobierno central mandó a pavimentar un pequeño tramo de calle dentro de la comunidad y otorgó ayudas, como bolsas de comida y otros apoyos, tras las tormentas que han golpeado la isla. Pero según Cali, eso no es para todos. 

Empleadas de la ZEDE Próspera limpian las hojas que cayeron de los árboles en la playa privada del Distrito Beta. Roatán, noviembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

«Cuando llevan ayudas de comida piden la cédula, entonces nosotros decimos que por una bolsita de comida para qué ocupas la cédula, creo que con eso mismo ellas vas a la municipalidad y dicen que toda la gente firmaron que no quieren a Próspera, pero es pura mentira», dice Cali. 

Por otro lado, Luisa dice que Próspera está financiando a un grupo de personas de la comunidad que son sus empleados y que quieren que se elija un nuevo patronato, uno en favor de Próspera. «Hay un rumor que dice que son 100 mil dólares lo que están dando para esto», asegura Luisa Connor. 

Aun así, a Luisa no le preocupa esto porque la mayoría en su comunidad se opone a Próspera. «Ellas [las trabajadoras miskitas] están defendiendo su trabajo, pero nosotros defendemos nuestras tierras, cultura y comunidad. Cada grupo étnico tiene su departamento, si aquí ellos expropian, los miskitos tienen donde regresar», dijo. 

Virginia, una mujer nativa de Crawfish Rock que trabaja para Próspera, está en el movimiento que busca elecciones de patronato para cambiar el liderazgo de Vanessa y Luisa. Así como existe el rumor de que ella y los otros que buscan este cambio han recibido 100 mil dólares de parte de Próspera, también Virginia me cuenta de otro rumor que circula en la comunidad: que la presidenta Xiomara Castro mandó un cheque de 265 mil lempiras (unos 10 mil dólares) al patronato y que «nadie sabe qué se hizo con ese dinero». 

La confianza en esa pequeña comunidad se ha ido minando con estos rumores, aunque todas las personas sigan viviendo en las mismas condiciones en que han vivido siempre, aunque lo más grande que se ve en la comunidad ahora sea una plancha de cemento que hará de calle en algún momento cuando se termine y será usada por los turistas que pasean en cuatrimoto por la zona.

Trabajos de pavimentación en la comunidad Crawfish Rock, la comunidad más cercana a la ZEDE Próspera, donde vive una parte de los empleados de la misma. Roatán, noviembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Este tipo de divisiones ha afectado a las comunidades más postergadas en Honduras por mucho tiempo; en comunidades en donde se instalaron proyectos sin consulta como el que enfrentó Berta Cáceres y por el cual fue asesinada, o en lugares como el Aguán en donde la agroindustria ha acaparado la mayor cantidad de tierras; en general, en cualquier otro lugar donde haya sido instalado un proyecto extractivo. 

Pese a eso, Luisa y Virginia me dicen que eso no pasará en Crawfish porque la comunidad es muy pacífica, pero por ahora parece no haber reconciliación y nadie del Gobierno ha llegado a mediar en el conflicto. Según Virginia, la alcaldía, que es la que debe regular lo del patronato, no ha dado ninguna respuesta a la petición del grupo que quiere elecciones. 

Y es que el actual alcalde de Roatán ya se ha posicionado públicamente en contra de las ZEDE. Recién derogada la ley, el alcalde comenzó a cobrar impuestos municipales a un edificio de Próspera que ahora permanece cerrado. Por otro lado, el alcalde de Santos Guardiola, otro municipio de la isla de Roatán, también ha sido opositor de las ZEDE desde el inicio. El gobernador Hugo Soler dice que, a pesar de esto «le voy a ser sincero, la gente ni sabe ni entiende las ZEDE, ni puede decir si es bueno o malo».

Y esa desconexión de Próspera con la realidad de la isla se refleja en muchas cosas; por ejemplo, Infinita promueve terapias para vivir de manera prolongada, pero en Roatán la gente intenta apenas sobrevivir cada día. En 2024, el hospital general de Roatán se incendió y eso mantiene un precario acceso a la salud en la isla. El gobierno ha prometido construir un nuevo hospital, pero hasta ahora esa obra no se ha culminado. Niklas dice ahora que está en sus planes construir un hospital de atención a emergencias en Infinita. En abril de 2024, cuando estuve en el domo de Infinita, varios de los visitantes que buscaban inspiración y aportar al proyecto no sabían que la isla no cuenta con un hospital público. 

Cuando les pregunto a Luisa y Virginia sobre las terapias de Infinita que harán inmortales a quienes las puedan pagar, un torrente de risas inunda sus respuestas. Virginia cree que todo se malinterpreta; Luisa lo condena como algo antinatural y peligroso. «¿Para qué voy a querer ojos de águila?», dice, aludiendo al «mejoramiento humano» que promueven en Infinita, riendo, pero con preocupación por el impacto en su comunidad.

Los libertarios podrán esquivar la muerte, pero no las honduras políticas de Honduras

Cuando el economista estadounidense Paul Romer presentó  su charla TED en 2010 sobre las «ciudades modelo» o charter cities –la idea revolucionaria que propuso al mundo para acabar con la pobreza–, muchos lo acusaron de neocolonialismo. Romer, doctor en economía por la Universidad de Chicago, argumentaba que para crear una «ciudad modelo» era necesario cumplir con ciertas condiciones, entre ellas dos fundamentales: que el territorio tuviera una baja densidad poblacional, y que dos países cooperaran en el desarrollo de dicho espacio. Según Romer, este modelo debía enfocarse en ciudades (y no en aldeas o naciones) porque resultaba más fácil de replicar y medir su impacto.

Los ideólogos de las ZEDE rechazan la idea de Romer y dicen que sí es colonialista, no como lo que ellos crearon, ya que en el caso de las ZEDE, el territorio no se cede a otro país, sino que entidades privadas adquieren las tierras de manera comercial. Niklas lo dice más simple: «Colonialismo es cuando obligas a una población a aceptar algo que no quiere, aquí no estamos obligando a nadie», dice. 

Romer  se desvinculó del proyecto libertario en Honduras cuando se reformó la ley, tras la primera declaración de inconstitucionalidad de lo que primero se llamó Regiones Especiales de Desarrollo (REDD). En medio de esto hubo negociaciones políticas en el Congreso Nacional y destituyeron a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que habían votado por la inconstitucionalidad del proyecto. 

Uno de los creadores de esta ley me explicó que la idea comenzó a gestarse después del golpe de Estado en Honduras en 2009. Sin embargo, tras esa crisis política, los gobiernos la adoptaron como bandera, hundiéndola en las turbulentas aguas de la política hondureña.

El golpe de Estado de 2009 en contra de Manuel Zelaya (ahora asesor de su esposa, la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro) marcó el inicio de una nueva era de rupturas institucionales en América Latina. Durante los años 70 y 80, los golpes de Estado y las juntas militares eran comunes en Centroamérica, pero con la entrada en vigor de la Constitución de 1982, la clase política hondureña había pactado evitar esta práctica, apostando por una democracia representativa que garantizara la alternancia en el poder, hasta el 2009. 

Honduras quedó en el aislamiento internacional y solo Taiwán e Israel reconocieron al gobierno de facto. El país perdió financiamiento internacional y sufrió saqueos generalizados. Estos hechos fueron en parte superados gracias a los Acuerdos de Cartagena, un pacto similar a un acuerdo de paz, que permitió la celebración de elecciones en 2010.

Xiomara Castro, ex primera dama y ahora presidenta de Honduras, se enfrenta a militares y policías el día del golpe de Estado que defenestró a su esposo, José Manuel Zelaya. Ese día se realizaría la consulta popular «Cuarta Urna» para consultar sobre la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Fotografía de archivo tomada de la página web de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

«Estábamos bajo sanciones, no teníamos acceso a mercados de crédito, a bancos de desarrollo, el país estaba hundido en el desempleo y la inseguridad. El gobierno no podía construir carreteras ni nada, por eso me pidieron buscar soluciones que atrajeran la inversión privada, nuevas industrias, y que con esto se crearan empleos, que era la preocupación principal», dijo una fuente que pidió anonimato tras recibir amenazas por sus opiniones sobre el  contexto en el que surgió la idea de lo que llegó a ser las ZEDE. Así como Niklas, dice que la mayor parte de la gente, y sobre todo quienes ostentan el poder, están en contra de la innovación.

Los señalamientos continuaron y la primera ZEDE no se instaló sino hasta 2018. El Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) que daba el visto bueno a los proyectos de ZEDE no lograba ponerse de acuerdo, y lo que antes pareció una prioridad para los gobiernos conservadores de Lobo Sosa y posteriormente de Juan Orlando Hernández, solamente fue una estrategia más de campaña política. «Siguen diciendo que los magistrados de la Corte fueron removidos por declarar inconstitucional a las ZEDE, pero eso no es cierto. Las ZEDE fueron utilizadas políticamente, pero hubo otros factores involucrados. Al final, ninguna de las amenazas que decían que existían se materializó: Juan Orlando Hernández no se refugió en ninguna ZEDE, no hubo expropiaciones, y ni el gobierno actual ni los opositores han venido a ver de cerca qué es esto. No es lo que parece», dijo este ideólogo de las ZEDE.

Vista hacia el mar Caribe desde el restaurante Las Pérgolas en el complejo Pristine Bay, dentro del territorio de la ZEDE Próspera. Roatán, noviembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

La sentencia de la CorteIDH en contra del Estado de Honduras por el caso de los magistrados destituidos de manera arbitraria e ilegal, determinó que fue la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley Especial para la Depuración Policial (decreto 89-2012) la decisión que pesó para que el Congreso –que en aquel momento presidía Juan Orlando Hernández– nombrara a una comisión de revisión de la inconstitucionalidad, y posteriormente destituyera a los cuatro magistrados de manera inmediata. Esto a pesar de que los magistrados habían emitido otras decisiones relevantes, como la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Ciudades Modelo, la ley del 1 % que gravaba más impuestos, y la ley de regularización de las Iglesias evangélicas. 

Después de este golpe a la Corte, se realizaron los ajustes a la ley de Ciudades Modelo que luego se convirtieron en ZEDE.

En la primera etapa de implementación de las ZEDE, cuando Hernández ya no era el presidente del Congreso sino el presidente del Ejecutivo, abanderó el proyecto ZEDE como su propuesta para sacar del subdesarrollo a Honduras, pero su popularidad acabó en 2015 cuando lo salpicó un escándalo de corrupción en el sistema de salud pública. En 2017, cuando él debía dejar el poder, decidió reelegirse de manera ilegal, y posteriormente comenzaron las menciones de su involucramiento con el narcotráfico; así las ZEDE cayeron en una arena de crisis política a la hondureña.

En ese contexto se creó la ZEDE Próspera y luego llegaron los proyectos de ZEDE Morazán en Choloma, Cortés, y ZEDE Orquídea en el sur de Honduras; y con ellas llegaron también la resistencia y las críticas de sectores del movimiento social y organizaciones de derechos humanos. La oposición política al gobierno de Hernández también se posicionó en contra, y hasta el sector privado organizado catalogó estos proyectos de dañinos y violatorios a la soberanía del país. 

Pero antes que el gobierno de Hernández cayera en una profunda crisis política y acabara con la racha conservadora en las elecciones después del golpe de Estado, los abogados asesores en el tema de las ZEDE crearon el «Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Kuwait y el Gobierno de la República de Honduras para la promoción y protección recíproca de inversiones» que fue aprobado en 2013. Este aplica a todas las inversiones realizadas después de su entrada en vigor y, específicamente, a las ZEDE en Honduras.

Muelle de la comunidad Crawfish Rock, en la playa compartida y dividida por una cerca. Roatán, noviembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

En Honduras, los tratados internacionales son leyes superiores a la Constitución de la República, pero, según el abogado constitucionalista Joaquín Mejía, «cuando un tratado internacional afecte una disposición constitucional, debe ser aprobado por el procedimiento que rige la reforma de la Constitución; en otras palabras, un tratado, para que tenga rango constitucional, debe ser ratificado por el Congreso, porque a la luz del artículo 17 este hace un control de constitucionalidad previo», explicó. Este paso extra no se hizo en este caso, pero es el tratado de Kuwait el que está sirviendo a las ZEDE como escudo. 

Uno de los artículos más importantes en este tratado es el de la compensación de pérdidas, que puede implicar grandes costos para Honduras en situaciones de crisis, como lo que ahora está sucediendo con la demanda por casi once millones de dólares por parte de los inversionistas de Próspera contra el Estado de Honduras ante el CIADI, el mecanismo de arbitraje del Banco Mundial. 

«En 2022, el nuevo gobierno derogó la ley orgánica de las ZEDE, y el mensaje fue que las habían matado, pero nosotros estratégicamente salimos con una fuerte campaña para demostrar nuestra existencia y explicamos que, aun cuando la ley está derogada, un tratado internacional nos protege», dice orgulloso Jorge Colindres, secretario técnico de Próspera. 

En la Honduras alejada del libertarianismo, la del socialismo democrático, se acercan las elecciones; un año le queda al Gobierno de Xiomara Castro para mostrar su músculo contra las ZEDE después de haber eliminado su viabilidad legal en el país. Es por eso que la candidata del partido oficialista, Rixi Moncada, se muestra con la bandera «anti ZEDE» en algunos videos de su campaña política. Han tomado la canción «Lo que pasó en Hawai», de Bad Bunny, para mostrarla en las playas de Roatán con la bandera anti ZEDE, implicando que ella continuará con la intención de eliminar este proyecto libertario que por ahora elige no morir.

Infinita, la esperanza de Próspera

«¡Las  probabilidades de prosperar son infinitas!», me dice Jorge Colindres, el secretario técnico de Próspera, el gobernador de la zona, mientras platicamos en el bar del Hotel Las Verandas, un centro turístico con hotel, villas, piscinas y acceso a playa que está dentro de Pristine Bay, pero que se rige por las leyes hondureñas; a pesar de la cercanía y de que Próspera lo usa para actividades, no pasó al régimen ZEDE. 

Jorge cuenta que la compañía estrella de Próspera e Infinita es Mini Circle, que, según él, ya está valorada en 200 millones de dólares. Y dice que empresarios de crypto multimillonarios como Bryan Armstrong llegan a Próspera para ver las oportunidades que esta ofrece, a pesar de «las controversias», como él las llama, con el Gobierno de Honduras. 

«La empresa de Bryan Armstrong, Coinbase, vale más de 40 mil millones de dólares, ¿por qué crees que alguien como él viene aquí? La visión de los inversionistas es replicar Próspera a nivel global y reducir la pobreza con la propiedad privada, el Estado de derecho y la libertad», dice Jorge; y es cierto, pues Pronomo es la compañía con la que Anderseen y Peter Thiel estarían replicando el modelo de Próspera en el continente africano.

Jorge Colindres es secretario técnico y fiduciario del Consejo de Próspera ZEDE, lo que sería un gobernador en una legislación normal. Roatán, noviembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Hablé con dos académicos de VC Infodocs que estudian los Estados red en todo el mundo. Prefirieron no ser citados por su nombre, pero me explicaron que, según sus investigaciones, en Honduras se encuentra el más avanzado Estado red que hayan estudiado. «Han “registrado” más de 100 empresas a través de Próspera. Recientemente, Próspera anunció la creación de Próspera África, con el objetivo de llevar su modelo al continente. Esto pone de relieve cómo las fortalezas obtenidas por el Estado red se utilizan como plataforma de lanzamiento para proseguir los esfuerzos colonizadores», explican los académicos. 

Ellos catalogan a los Estados red como «una conspiración para formar un Estado nación dirigido por multimillonarios de la tecnología, organizados a través de una gran red de empresas de capital riesgo y startups. Muchas colonias, pero una nación.» 

Jorge dice que el modelo Próspera es capaz de acabar con la pobreza y permitir grandes avances científicos. Está claro para él que el tema del acceso al resto de las personas no es una prioridad, ni la desigualdad un problema. Por ahora, quien tiene el dinero y la capacidad para invertir en biotecnología y le falta miedo para experimentar en su propio cuerpo, puede llegar a Próspera y probar por 25 mil dólares, por ejemplo, una terapia de rejuvenecimiento y mejoramiento humano.

«Si permitís que el creador cree, va a crear, que se supervise, pero que lo haga. La fuerza del mercado se encargará de que el resto de personas tenga acceso, pero lo primero es que exista. La terapia de Minicircle cuesta 25 mil dólares, pero antes no existía, después será accesible, poco a poco», explica Colindres. 

Jorge asegura que Próspera tiene supervisiones, si no mensuales, semestrales, de más calidad que las del mismo Estado. «¿Cada cuánto el Estado va a supervisar una obra o una clínica? Si alguien muere aquí o sale algo mal, a nosotros nos va a ir mal, por eso nos aseguramos de tener todo bien asegurado y supervisado», dijo. Sin embargo, esto no es algo que puede confirmarse, ya que Próspera se niega a dar información sobre sus inversiones, procedimientos y regulaciones, empleados, capital, inversionistas, etcétera.

Una de las entradas a la academia de Bitcoin en Roatán, dentro del complejo Pristine Bay, en la zede Próspera. Noviembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Niklas, por su parte, ve a Próspera como el lugar para hacer aportes importantes a la humanidad, y compara su proyecto con grandes avances científicos. «Durante la mayor parte de la historia, la esperanza de vida no superaba los 30 años debido a enfermedades infecciosas. Hoy, gracias a la erradicación de muchas infecciones y los avances médicos, la esperanza de vida promedio es de 75 a 80 años. Esto, que antes parecía imposible, demuestra el impacto del progreso en ciencia y tecnología. Un ejemplo es el Proyecto del Genoma Humano, que descifró el “lenguaje de la vida”», dice Niklas, y menciona a personajes que han sido inspiración, como el premio Nobel, Shinya Yamanaka. Niklas cree que Infinita podrá ser parte de aportes grandes para la ciencia, como la cura de enfermedades degenerativas.

Ante los peligros de cierre, que deberían ser inminentes después de la inconstitucionalidad dictada por el Gobierno de Honduras, Jorge y Niklas se ven confiados; piensan que pueden resistir un año mientras, según ellos, cambia el Gobierno en Honduras y el de los Estados Unidos presiona para que los dejen operar con garantías. 

«Las cosas han cambiado para bien a nivel geopolítico, porque la nueva administración en Estados Unidos defenderá los intereses de los estadounidenses en Honduras. Se trata de la confiscación de más de 150 millones de dólares de inversión estadounidense que se da cuando el Estado destruye los proyectos; aquí tenés empresas financieras, de servicios médicos, de servicios de gobernanza, de desarrollo inmobiliario; si el Estado realiza una serie de acciones que imposibilita el desarrollo empresarial es básicamente una expropiación», explicó Jorge.

Colindres dice que con cualquiera puede negociar cuando haya cambio de gobierno en Honduras, y que hay cosas que se pueden modificar, a excepción de elementos fundamentales como la descentralización en los servicios de gobernanza. «Podemos ajustarlo con mecanismos de integración con el Gobierno central, veeduría, etc. pero este modelo solo funciona si podes brindar a nacionales y extranjeros servicios estatales eficientes», dijo.  

Además, explica que en Próspera se garantiza la eficiencia porque no hay cooptación por el crimen organizado como en el Estado hondureño; recordemos que a Honduras se le ha llamado narco-Estado, cleptocracia, y líderes políticos importantes pagan cárcel por delitos de narcotráfico y corrupción; hubo un golpe de Estado, saqueo sistemático, entre muchas cosas más propias de la realidad política de esta región.

Jorge dice que, de igual manera, aunque por ahora puede asegurar que no hay personas raras ni dañinas detrás de las inversiones, él no está de acuerdo con un Estado policiaco. 

«Es bien peligroso venir a asumir que para invertir tienes que comprobar que el capital es lícito, eso no te va a funcionar, te va a generar un Estado policial que atrofia toda inversión, nuestras premisas son el derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia», dijo. 

Visitante de Próspera observa el helicóptero artesanal construido por el hondureño Agustín López Pacheco y ahora exhibido en el lobby del edificio Beta de Próspera. Roatán, noviembre de 2024. Foto CC / Catherine Calderón.

Una de las empresas instaladas en Próspera y apoyada por Infinita es Symbiont Lab; su director, el estadounidense originario de Colorado, Jason Hartgrave, me respondió con un mensaje futurista sobre cómo ve su proyecto luego de los intentos del Gobierno de Xiomara Castro por desmantelar las ZEDE. 

«Para nosotros, la ZEDE es un catalizador de marcos jurídicos pioneros que nos permiten abordar los mayores problemas del mundo, si el Gobierno no cambia de opinión, tendremos que irnos de Honduras. Intentaremos buscar otro lugar donde continuar nuestro trabajo, pero el coste del cambio podría dar tiempo a que empresas más grandes y sin rostro desarrollen tecnología de implantes cibernéticos en un formato extractivo, cerrado y patentado», escribió. 

Y así como Niklas, que sueña con ciudades flotantes, infraestructura sacada de libros de ciencia ficción o las recetas para la inmortalidad, Jason sueña no solamente con poner chips de pago en las manos de las personas, sino con crear cyborgs y contribuir a la salud de las personas. 

En el hotel de Pristine Bay en donde Infinita hace sus eventos, el gimnasio tiene varias pizarras con dibujos de partes de robot y es llamado un «centro de aumentación humana». Allí, Jason me contó de un ensayo que quieren realizar en su compañía para desarrollar un implante subcutáneo de medición de glucosa que dure más que los que ya existen, que se pegan superficialmente y con los que puedes monitorear tu nivel de glucosa con una aplicación. Me dice que ahora trabajan en cosas más prácticas o estéticas, como tatuajes iluminados, pero que su aporte a la salud de las personas se podría lograr solamente con apoyo de Infinita y en Próspera. 

A la par de donde se gestan estas ideas y de donde los que pueden pagar deciden ser conejillos de indias para rejuvenecer, está la comunidad de Crawfish. Allí, en el pequeño muelle, Luisa me dice que ella no cree que esto puede llegar a ser como Dubai, tampoco es algo que quisiera y que si ocurre, espera que no sea en sus tierras en donde este grupo de personas vengan a experimentar, ni aunque las promesas de riquezas fueran verosímiles. 

«Para mí no traen empleo, traen esclavitud para generar su riqueza», dice Luisa. 

Niklas ve esto de lejos, y aunque no le es ajeno lo que pasa en Crawfish Rock, hace lo mejor que puede. Coloca una pequeña mesa en las oficinas de Infinita para recaudar cosas para una familia que recientemente perdió su casa por un incendio en la comunidad; ya recogió algunas barras de granola y otros víveres. Mientras el conflicto se reduce, pasa un año hasta que cambie el Gobierno –su gran esperanza– y se venza el plazo de resistencia que se ha propuesto, Niklas y los 14 empleados que asegura tener siguen trabajando en dar a conocer Próspera, Infinita y su sueño de libertad e inmortalidad. Decenas de influencers hondureños han llegado en yate a conocer las maravillas de la ZEDE y a decir que es un paraíso de innovación. 

Según Niklas, este es el momento histórico y el territorio donde quiere aportar a la humanidad, y no se ve asustado por la resistencia a sus ideas. «Vengo del mundo de la tecnología, estoy acostumbrado a que la gente le teme a lo que no entiende», dice, mientras pone su confianza en sus pares que ahora tienen gran influencia en el gobierno de Estados Unidos. «Mucho cuidado con expropiar las ZEDE en Honduras, en enero habrá un nuevo sheriff en el pueblo», posteó la congresista republicana María Salazar en su cuenta de X antes de la toma de posesión de Donald Trump, una advertencia que sirve de manto protector para los libertarios luchando por arrebatar un poco de soberanía a una pequeña isla del Caribe hondureño. 

Entre 1996 y 2018, la PDDH de El Salvador registró 155 denuncias de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad. En los últimos seis años, 130. Aunque el gobierno no reconoce un solo caso desde la llegada de Bukele a la presidencia en junio de 2019, la cifra, según un grupo de ONG, es mucho mayor: 540 personas han sido denunciadas como desaparecidas desde que el 27 de marzo de 2022 se aprobó el Régimen de Excepción, entre ellas Rafael López Castellón, que trabaja en su molino cuando se lo llevaron acusado de terrorismo.

Por Jaime Quintanilla y Daniel Valencia


Rafael López Castellón esperaba a un cliente en su champa, que funcionaba como resguardo de su molino y donde tenía una pequeña tienda de abarrotes, cuando tres policías y tres soldados lo rodearon.

“Se van a llevar a Rafael”, alertaron a Pedro, uno de sus hermanos menores, que acababa de salir de la casa familiar.

Pedro regresó corriendo al molino. Su hermano ya estaba dentro de la patrulla policial.


—Lo más seguro es que si se lo llevan, es que a morirse va allá—, les advirtió a los uniformados. 

Retrato de Rafael tomado por su familia un año antes de su captura. Imagen de Jaime Quintanilla.

A sus 53 años, Rafael López llevaba tiempo enfermo del corazón y los riñones y estaba en un tratamiento especial.
—A él se le acusa de asociaciones terroristas —le respondió un policía.
—¿Cómo va a andar en esas cosas? Todo el tiempo él ha luchado para sobrevivir y para cubrir sus gastos de la enfermedad que tiene.

Los vecinos que lo conocían desde hacía años dicen lo mismo: Rafael no era pandillero.

—Lo vamos a llevar —insistió el policía.

—Mire, si se lo llevan y este señor muere allá, los responsables son ustedes 

—Allá lo van a traer muerto entonces. Y es mejor que te callés porque si seguís hablando te vamos a llevar a vos también. 

Rafael vivía de moler maíz y vender dulces, churritos y gaseosas. Hasta este terreno llegaron policías y militares para llevárselo, acusado de ser pandillero. Imagen de Jaime Quintanilla.

A la 1 de la tarde del 8 de abril de 2022, en la segunda semana del Régimen de Excepción de Nayib Bukele, Rafael López Castellón desapareció de las calles de Jucuapa, Usulután, donde había nacido, a bordo de una patrulla de policía con una bolsa de medicamentos para su corazón en la mano. Fue la última vez que su hermano Pedro lo vio con vida. 

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Redacción Regional y Dromómanos lograron obtener una tabla de denuncias por desapariciones forzosas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado que ha registrado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) desde 1996. Según los datos que la institución ha recolectado, entre 2019 y el 10 de marzo de 2025 han recibido 130 denuncias, de las cuales 66 ocurrieron en los tres años del régimen de excepción; mientras que de 1996 a 2018 recibieron 155. Esto refleja un aumento significativo desde que Bukele llegó al poder en junio de 2019 y coincide con las denuncias de abuso de autoridad que víctimas, organizaciones y periodistas han documentado durante el actual gobierno. 

“La desaparición forzada ha reaparecido en El Salvador”, han señalado también siete organizaciones de derechos humanos que en noviembre de 2023 elevaron una denuncia por el resurgimiento del fenómeno en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El año pasado, estas mismas organizaciones enviaron un informe al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (WGEID, por sus siglas en inglés), donde cifraban el fenómeno en 327 desaparecidos solo desde el inicio del Régimen de Excepción, el 27 de marzo de 2022, entre ellos Rafael López. 

Según las organizaciones, el 85 % de estos desaparecidos forzados son hombres; el 15 %, mujeres. El 61 % son jóvenes entre los 18 y 35 años de edad. El resto, adultos mayores. 

En el más reciente informe sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante los tres años del régimen de excepción,  la cifra de casos de personas desaparecidas hasta febrero de 2025 subió hasta las 540.

El gobierno, sin embargo, lo niega todo. 

Andrés Guzmán Caballero en entrevista con Redacción Regional. Imagen de Rodrigo Baires.

“Yo le digo que no hay un solo caso”, dijo en entrevista el pasado 20 de febrero Andrés Guzmán Caballero, comisionado presidencial para la defensa de derechos humanos y libertad de prensa. “Nosotros le preguntamos para los informes que presentamos a la Fiscalía si hay algún caso de desaparición forzada, alguna denuncia que haya colocado algún ciudadano por el delito de desaparición forzada y no hay ninguna”.  

La Fiscalía, pese a reiteradas solicitudes de información, no ha dado respuestas.

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Hasta aquel 8 de abril de 2022, Rafael López vivía en una de las tres modestas casas de adobe en un terreno de su familia. En las otras dos viven su padre y su hermano José con su familia. 

José López, (Chepito, como le decía Rafael), recuerda cómo eran los años previos al régimen de Nayib Bukele en Jucuapa. Durante la guerra civil, esta fue una de las zonas más bélicas y la familia López perdió a una tía a causa de una mina en el cerro El Tigre. 

Años después, cuando las pandillas controlaban buena parte del territorio salvadoreño, los López tuvieron que lidiar con los enfrentamientos entre policías y pandilleros. 

Los pandilleros de la Mara Salvatrucha llegaban por la noche a la tienda familiar y se llevaban todo.

“Lo dejaban barrido. Para sobrevivir (Rafael) no decía nada”, cuenta Pedro.

Con los años se envalentonaron más y lo hacían incluso a plena luz del día. Sus hermanos recuerdan que incluso a Rafael lo amenazaban de muerte si no dejaba que se llevaran lo que quisieran. 

Rafael vivía en un terreno familiar junto a sus padres y uno de sus cuatro hermanos. En la zona sus vecinos le conocían y aseguran que él no era pandillero. De hecho, él fue víctima durante mucho tiempo de las pandillas. Imagen de Jaime Quintanilla.

La última vez fue a inicios de 2021, cuando la propaganda gubernamental afirmaba que gracias al Plan Control Territorial habían aplacado el poder que los pandilleros tenían a nivel nacional. Pedro recuerda que llegaron por la noche y le dijeron que si no les daba lo que tenía “lo iban a dejar tirado en el patio”. Lo que tenía eran bolsas de churritos, sodas y una que otra paleta para engañar el calor usuluteco.

La Policía también llegaba a la tienda. Pero no para protegerlo. Los agentes de la zona solían visitar a Rafael para ver qué le encontraban, relatan sus hermanos, para ver si tenía relación con los pandilleros. Nunca le encontraron nada ni lo detuvieron. Los únicos problemas que tuvo Rafael con la justicia fueron en su juventud cuando lo metieron a las bartolinas de Jucuapa por “bolencia”. En aquella época fue cuando Rafael se hizo un tatuaje apenas perceptible de una estrella en el hombro.

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Para julio de 2022, cuatro meses después del inicio del Régimen de Excepción, el Gobierno de Nayib Bukele ya había capturado a 41,000 personas y, ante el desbordamiento del sistema penitenciario (hoy roza el 150% de hacinamiento), Bukele comenzó a contruir una megacárcel con capacidad para 40,000 personas que bautizó Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). De acuerdo con información oficial, esta prisión solo serviría para encerrar a los pandilleros condenados, pero desde el 18 de marzo de 2025 también la alquila el Gobierno de Estados Unidos para recibir a presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal originaria de Venezuela y a 110 migrantes venezolanos expulsados por Estados Unidos y que no han cometido ningún delito en El Salvador. 

En tres años de régimen, el 75 % de las denuncias por violaciones de derechos humanos apuntan hacia agentes policiales. La cifra sube a un 82 % si se toma en cuenta aquellos hechos en donde hubo participación conjunta de policías y militares, como fue la captura de Rafael. Imagen cortesía Focos.

La construcción de la megacárcel fue acompañada por la maquinaria política del oficialismo: desde 2022, los diputados de Nuevas Ideas han modificado más de una treintena leyes para endurecer las penas y condenar de manera masiva. 

Durante el Régimen de Excepción de Nayib Bukele, El Salvador se ha convertido en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo.
Lo que pasa dentro de las cárceles del régimen es un misterio. A la fecha no se conoce a ciencia cierta quiénes están en qué centro penal y quiénes ya no están ahí. Pero, según reportes de diferentes organizaciones de la sociedad civil, la cifra de reos del régimen fallecidos bajo custodia del Estado oscila entre los 285 y los 375.

Extracto del informe Tres años de régimen de excepción: torturas sistemáticas en las cárceles de El Salvador, presentado el 26 de marzo por la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Servicio Social Pasionista, Amate, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la organización Azul Originario.

Testimonios de privados de libertad que salieron del centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, dan cuenta de las torturas y malos tratos que sufrieron a manos de los custodios. Un mecánico de Puerto El Triunfo dijo que al inicio del régimen los recibían con golpes, tenían que caminar hincados por una lámina caliente y llena de arenilla y los rociaban con gas pimienta si no guardaban silencio dentro de la celda. “Bienvenidos al infierno”, les decían los custodios, aseguran dos reos que estuvieron recluidos más de un año en ese centro penal. A uno de ellos, de tanta golpiza, le dislocaron el hombro izquierdo. Un doctor, también recluido dentro de ese penal, dice que los privados de libertad no recibían atención médica sino hasta que era sumamente grave. Otro interno fue testigo de cómo un grupo de reos de confianza convertía a los jóvenes detenidos del régimen en sus parejas, a la fuerza, en las celdas, violados enfrente de todos los reos. Y nadie decía nada. “No se podía decir nada”, asegura. Otra persona que salió de Mariona agrega que les racionaban el agua. 

Todas ellos coinciden en que vieron al menos a uno de sus compañeros de celda colapsar, salir por emergencia médica y nunca regresar. 

Fachada del centro penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona. En este penal se supone que estuvo recluido Rafael López Castellón. Imagen de Daniel Valencia.

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El 9 de abril de 2022, un día después de que Rafael López desapareciera a bordo de una patrulla policial,  su hermano Pedro le fue a dejar comida a las bartolinas de Jucuapa, pero no pudo verlo. Al día siguiente le notificaron que ya había sido trasladado a Mariona. “Me fui para el penal  y me dijeron que si me habían dicho que ahí estaba, ahí estaba. Me dijeron que era prohibido dar referencia de él”, recuerda Pedro.

La segunda vez que Pedro fue a Mariona se encontró en medio de una trifulca. En la puerta del penal se acumulaban personas, la mayoría mujeres, en busca de información de sus familiares. Estaban mujeres que sumaron a sus labores de cuidado los viajes a penales para entregar paquetes de comida. También madres que rezaban y le imploraban a su Dios ver a sus hijos salir por las puertas de Mariona, porque confiaban en que la detención provisional solo iba a durar 15 días. Hasta que llegó la lluvia y luego los militares. El Ejército dispersó tanta pena a bordo de una Humvee. Todos huyeron despavoridos y el Gobierno terminó por prohibir que los familiares de las víctimas del régimen llevaran su esperanza hasta las puertas del penal.

¿Prueba de vida? Familiares de detenidos del régimen denuncian que no saben a ciencia cierta sobre el paradero de sus familiares. En los penales en donde les aseguran que están detenidos, custodios entregan son papeles como este, escritos a mano, que en teoría representan una nomenclatura para identificarlos a “Juan, Pedro o María” en el interior de las cárceles. Imagen cortesía.

Luego de la trifulca, Pedro continuó con sus idas a Mariona para preguntar por su hermano con la esperanza de que ahora sí le dieran información o en el mejor de los casos lo dejaran libre. Durante los siguientes meses, viajó también a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Nunca le dieron información de Rafael. 

La única información que la familia López recibió de Rafael fue a través de un conocido de José Chepito que había estado en Mariona. Rafael, según ese testimonio, estaba casi aislado y golpeado. “Como si fuera cualquier animal”, recuerda que le dijo. 

El 31 de mayo de 2022, Pedro llegó de nuevo al penal para dejar un paquete para Rafael.  Le aseguraron que Rafael estaba ahí en Mariona, que estaba en el sector 2. Dejó su nombre, número de DUI y teléfono, y le agarraron el paquete que le había costado $110, porque hasta había logrado comprar una colchoneta para su hermano. 

Antes de marcharse, Pedro preguntó por la salud de Rafael. “Está bien. Está en el sector 2”, le dijeron, y regresó con la esperanza convertida en congoja. “Me vine con aquella corazonada de que ese paquete no iba a llegar a él y sin saber de él porque yo no lo vi nunca”, se lamenta.

Cuatro días atrás a Rafael López Castellón lo habían trasladado al hospital Zacamil. Sus enfermedades cardíacas y renales se habían agravado por las condiciones del penal. 

El Estado registró la muerte de Rafael el 1 de junio de 2022, pero nunca se lo informó a su familiares, que durante dos meses después seguían buscando atenuantes para su proceso legal y peregrinaban de manera constante para llevar víveres hasta el penal La Esperanza. Imagen de Jaime Quintanilla.

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“La desaparición forzada, las detenciones arbitrarias masivas y la muerte bajo custodia del Estado que fueron violaciones a derechos humanos sistemáticas durante el conflicto armado, ahora se están repitiendo con este carácter sistemático y generalizado durante el régimen de excepción”, señala David Morales, exprocurador de Derechos Humanos, abogado defensor con más de cuatro décadas de trayectoria.

En un informe de 2005, la PDDH señaló que durante los 12 años de guerra civil, de 1980 a 1992, hubo entre 7,000 y 8,000 desapariciones forzosas. “La razones y objetivos son distintos, pero los mecanismos parecieran ser los mismos. Si antes era una amenaza: ‘es que sos comunista’ o ‘sos subversivo en contra del Estado’, ahora es que ‘sos pandillero, enemigo del estado’”, dice Héctor Bernabé Recinos, a quien durante la Guerra Civil le desaparecieron a su esposa y su hija cuando él estaba en prisión.  “Nosotros estuvimos bajo un régimen militar donde al menos había jueces militares, en aquel tiempo. Hoy no hay ni jueces. O hay jueces, pero no pueden dar un dictamen”.

“El 20 de agosto de 1982 fue capturada mi esposa, la señora María Adela García y mi hija Ana Yanira Recinos García, de 13 años. La captura fue hecha por gente vestida de civil y otros uniformados. Fue un operativo de la Policía Nacional y fueron desaparecidas. Hasta la fecha no se sabe nada de ellas, pero yo las sigo buscando”, dice Héctor Bernabé Recinos, 43 años después. Su caso, asegura, ha sido reactivado por la Fiscalía.

Victoria Barrientos, abogada de DPLF, una de las siete organizaciones que elevó la denuncia ante la CIDH y la ONU, describe los patrones de las nuevas desapariciones forzadas en El Salvador que se asemejan a los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado. 

El primero, es que hay relatos y testigos que aseguran haber visto cómo agentes del Estado (policías o soldados) se llevaron a los detenidos. El segundo es la falta de paradero. “No dieron cuenta del paradero de las personas detenidas y a la fecha siguen sin dar cuenta. Hay familias que desde el 2022 no tienen ni la menor idea en qué penal está su familiar”, cuestiona.

En los tres años que lleva el régimen, organizaciones de la sociedad civil contabilizan 17,298 denuncias de violaciones de derechos humanos. De estas, el 8 % son casos de desaparición forzada. Imagen cortesía Focos.

Y el tercer patrón, señala, es el de las desapariciones forzadas. Algunas “de corta duración”, un término que según la experta es aplicable a través de la jurisprudencia internacional para casos en los que luego de un periodo de desaparición, la persona reaparece con rasgos de haber sufrido violaciones a derechos humanos pese a estar bajo custodia del Estado. 

O, en casos extremos, “cuando la desaparición forzada va seguida, por ejemplo, de muerte”.

Sin avisarle a sus familiares, el cuerpo de Rafael fue enterrado en el “cuadro Hospital Adultos gratis, anexo Guadalupano, fosa número doscientos noventa y siete, nivel único” del cementerio La Bermeja de San Salvador.

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La familia de Rafael López Castellón se reencontró con él en un cementerio municipal. Su cara estaba aplanada y tenía su piel adherida furiosamente a los huesos. Pedro fue el primero de sus familiares que lo vio. Fue el 16 de septiembre de 2022, seis meses después de que un grupo de policías y soldados se lo llevaran con vida.

Pedro López pudo identificar a su hermano por una corona dental y por el tatuaje de una estrella que tenía en el brazo, el capricho que Rafael tuvo cuando era joven. No le hizo falta una prueba forense. Estaba a unos 9.4 kilómetros de distancia del penal de Mariona, enterrado en el “interior del cementerio La Bermeja, cuadro Hospital Adultos Gratis, anexo Guadalupano, fosa número doscientos cincuenta y siete nivel único”, como lo dejó plasmado el policía que estuvo presente en la exhumación. Rafael había acabado en una fosa común del Estado. 

Tras enterarse de que Rafael había fallecido, la familia tuvo que invertir en los gastos de exhumación y traslado del cadáver para darle ‘santa sepultura’ en su natal Jucuapa.

Los López Castellón nunca fueron notificados de la muerte de Rafael. Se enteraron porque Pedro mantenía la esperanza de recuperar a su hermano y estaba peregrinando de institución en institución en busca de los arraigos que la PGR le había exigido para continuar con la defensa pública. 

El 8 de agosto de 2022, el defensor público de la PGR por fin le entregó el documento que le permitía solicitar la constancia de antecedentes penales de su hermano. 

—No se lo puedo dar —le dijo la agente que lo atendió en la delegación de San Miguel. 

—¿Por qué? —preguntó extrañado Pedro. 

—Porque él lleva dos meses muerto. 

Con la noticia, se fue a la delegación de San Miguel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a preguntar si en efecto su hermano estaba muerto.

—Lo sentimos mucho. Es cierto que su hermano está fallecido. Si van a hacer el traslado o lo quieren traer, den las vueltas correspondientes —le dijo la empleada de la PDDH. 

Pedro se puso en contacto con una funeraria y fueron ellos los que le ayudaron a encontrar a su hermano. Lo llevaron al Instituto de Medicina Legal (IML) y pudo obtener todos los documentos. El Ministerio de Salud les cobró $67.80 por la resolución de exhumación de cadáveres.

 
José, uno de los hermanos de Rafael, muestra una imagen ampliada en honor a su hermano desaparecido y fallecido en el régimen de excepción de Bukele. Imagen de Jaime Quintanilla.

Rafael López Castellón murió bajo custodia del Estado el 1 de junio de 2022, según la ficha que le entregaron. El 11 de agosto, tres días después de la exhumación, el IML determinó de manera preliminar que la causa de muerte fue una cardiomiopatía, una enfermedad que hace que el músculo cardíaco se vuelva más grueso, rígido o grande y que por consecuencia el corazón deje de latir de manera normal. 

Pedro lo advirtió, pero los policías envalentonados siguieron las órdenes de sus superiores, y Rafael terminó muriendo porque el Estado no atendió de la mejor manera sus enfermedades. 

—Hice hasta lo imposible para saber de él. Nunca me dijeron nada. Ni en la Procu ni en los Derechos Humanos ni en el penal.

La única explicación que les dieron en Medicina Legal por no haberlos notificado de la muerte fue que en algún momento uno de los eslabones del Estado le cambió los apellidos de López Castellón a Castellanos.

—Nunca nos avisaron nada de él. Ni vivo ni muerto. Prácticamente él estuvo desaparecido —concluye Pedro. 

De los 540 casos de desaparición forzada que, según el grupo de ONG, han ocurrido en los últimos tres años,  el de Rafael es uno de cuatro casos en el que las víctimas reaparecieron muertas. “No, él no está desaparecido, saben dónde está. (…) La familia lo exhumó, ya saben”, respondió el comisionado Andrés Guzmán cuando se le pidió una reacción por el caso de Rafael. La familia López Castellón enterró a Rafael el 17 de septiembre de 2022 en un cementerio cercano a Jucuapa, sin tiempo para apartar un gran espacio o contratar a un albañil para construir una lápida personalizada, como la de su madre, a unos 15 metros de distancia. La de Rafael solo tiene una cruz blanca sembrada sobre un círculo de cemento. Al menos ahora, sobre su tumba también yace su nombre.  

*Con reportes de Rodrigo Baires

La querella por calumnia e injuria presentada por el ministro de Finanzas Christian Duarte contra Radio Cadena Voces y su director, Dagoberto Rodríguez, tras una publicación que vinculaba al gobierno con supuestos desvíos de fondos públicos, se suma a otras acciones del oficialismo que, según defensores de derechos humanos, buscan intimidar, censurar a la prensa y la libertad de expresión en el país. A pesar de la acción legal promovida por el gobierno, el 26 de marzo el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa declaró «no ha lugar» la misma. 

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC

El 20 de marzo de 2025, el ministro de Finanzas, Christian Duarte, llegó a las instalaciones del Poder Judicial y presentó una querella por los delitos de calumnia e injuria contra Radio Cadena Voces y su director, Dagoberto Rodríguez, luego de que este medio de comunicación publicara una información según la cual la Tesorería General de la República habría realizado un desvío de aproximadamente 6,500 millones de lempiras.

De acuerdo con la publicación, estos fondos,  a través de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Social y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, habrían sido destinados al financiamiento de campañas electorales del Partido Libertad y Refundación (Libre) antes de las elecciones primarias e internas del 9 de marzo.

A su llegada al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, el ministro Duarte manifestó que la publicación de Radio Cadena Voces tenía «graves efectos sobre la percepción de la institución y su capacidad para cumplir con los compromisos financieros del gobierno», y que representaba un «temerario desprecio por la verdad al acusar al tesorero general y a él de delitos sin ningún tipo de evidencia, documento o sustento».

A pesar de la intención del ministro de Finanzas por promover una acción legal contra el periodista y el medio de comunicación, el 26 de marzo el referido tribunal declaró «no ha lugar» la solicitud de querella y, por lo tanto, el periodista no deberá enfrentar acción penal, según indicó a Contracorriente el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte. 

Un día antes de que el ministro de Finanzas promoviera esta querella, la presidenta Xiomara Castro también calificó a la «matriz mediática» de «intentar cambiar la historia», durante un evento público en Jesús de Otoro, Intibucá.

Sin embargo, no es la primera vez que desde el oficialismo se promueven o se amenaza con acciones legales contra periodistas y medios de comunicación. El 5 de febrero de 2025, el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, presentó una lista de 12 medios de comunicación a los que intentó obligar a revelar sus fuentes, después de que estos hicieran señalamientos a su gestión como máximo jerarca militar. 

Luego, según una publicación del diario La Prensa, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se presentaron en los 12 medios de prensa para perseguirlos, hostigarlos y presionarlos para que entregaran el nombre de sus fuentes de información.

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Pero el Poder Ejecutivo no ha sido el único que se ha volcado contra las libertades y garantías de la prensa. El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, al menos en tres ocasiones ha vertido ataques similares, siendo la última vez el 10 de febrero de 2025, cuando se refirió a «presuntos medios de comunicación, periodistas y ONG financiados por agencias extranjeras» que «han manipulado la opinión pública y distorsionado la realidad con agendas impuestas desde el exterior».

Sesión ordinaria en el Congreso Nacional. Tegucigalpa, 13 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Las declaraciones de Redondo se dieron en el contexto de la orden ejecutiva de Donald Trump que suspendió por 90 días la cooperación internacional suministrada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), la cual en Honduras destinó más de 1,900 millones de dólares entre 2001 y 2024.

Días después, el 14 de febrero de 2025, el ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, amenazó a nuestra directora editorial, Jennifer Ávila, con «pensar en las consecuencias», luego de que Ávila cuestionara la divulgación de un audio de una llamada telefónica personal del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Padilla, afín a la oposición, por parte del portal Espacio Consciente. Este medio reveló recientemente en una investigación que la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) posee páginas de desinformación, desprestigio contra sectores opositores y exaltación de funcionarios del oficialismo. 

Gobierno pasó de amenazar a actuar, según defensores de DD. HH. 

Para Dina Meza, periodista y directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), la promoción de una acción legal como la que está llevando a cabo el ministro de Finanzas contra Radio Cadena Voces y su director no tiene precedentes y genera alertas, ya que se trata del Estado contra un medio de comunicación y un periodista.

«Nos encontramos en una situación en la que el o la periodista está en una situación de indefensión porque nos echan toda la batería del sistema de justicia, la Fiscalía y el Poder Judicial, para pretender callarnos, especialmente en este gobierno que ha cerrado cualquier espacio al diálogo. Esto solo fomenta la autocensura, porque es una forma del Estado de ejercer presión», indicó Meza, quien considera que el gobierno promueve una narrativa en la que la prensa debe «seguir o aplaudir la agenda gubernamental».

Por su lado, Joaquín Mejía Rivera, doctor en derechos humanos e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), dijo que las acciones del oficialismo contra medios de comunicación representan la evolución desde la intolerancia ante la crítica a la acción legal contra los medios de comunicación.

«Esta querella presentada por la Secretaría de Finanzas es una señal de alarma. En este caso, el poder político toma una atribución indebida y, frente a la crítica, reacciona con violencia y con el uso indebido del derecho penal. Este es un ejemplo claro, porque Radio Cadena Voces difunde una investigación periodística que habla sobre el supuesto manejo de fondos para beneficio personal. Frente a ello, esta Secretaría de Finanzas le exige al medio que pruebe que eso es cierto», expresó.

Por el contrario, dice Mejía Rivera, es el gobierno quien debe demostrar que el medio de comunicación está siendo impreciso y no recurrir a una instancia judicial. Además, agregó que existe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) suficiente jurisprudencia que «ya ordena a nuestros gobiernos garantizar la libertad de expresión de las personas periodistas y medios de comunicación».

«Al gobierno se le olvida que esa investigación trata sobre un asunto de interés público, porque es el supuesto uso de recursos del Estado para beneficiar una candidatura. Yo considero que el medio presenta la investigación con la intención de que esto se aclare y que exista un debate público, y no para dañar al funcionario que dice ser agraviado», indicó.

En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco a Honduras, y en 2024, durante la presentación de su informe, identificó diversas amenazas a la libertad de expresión, incluyendo la violencia dirigida hacia las personas periodistas, especialmente aquellas que laboran en medios comunitarios, así como deficiencias en las condiciones institucionales para la asignación de infraestructura y frecuencias, la ausencia de medidas preventivas frente a la violencia contra la prensa y elevados niveles de intolerancia hacia la crítica.

Mejía Rivera cuestiona que, por ejemplo, el oficialismo solicite a las y los periodistas revelar sus fuentes de información.

«Se corre el riesgo de que mucha gente se sienta tentada a la autocensura, evitando publicar información de interés público que, digamos, haya sido responsablemente obtenida y publicada de buena fe, pero que sea difícil de comprobar, ya sea porque no se puede divulgar la fuente, un derecho que tienen las personas periodistas, o porque hay documentos que están en poder del Estado», indicó.

Otro punto que, según Dina Meza, vulnera la libertad de expresión de los periodistas es la «ausencia de independencia» entre los poderes del Estado. Meza puso de ejemplo que, recientemente, en Costa Rica la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al presidente Rodrigo Chaves a respetar la libertad de expresión, luego de que se refiriera de forma despectiva a un periodista que resultó beneficiado con una garantía de amparo por parte de ese tribunal constitucional.

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Sin embargo, para Meza, en Honduras, la situación se complica debido a que el Estado, además de hacer un uso inapropiado del derecho penal, tiene los recursos económicos e institucionales para promover estas acciones legales contra los periodistas.

«Es decir, el gobierno está utilizando los recursos públicos para querellar a periodistas, generar censura y autocensura en la prensa, y utilizando nuestros fondos, ya que van a pagar abogados con los dineros de las instituciones. Esto no está bien, es antiético y, además, esos funcionarios que impulsan este tipo de leyes deberían ser sancionados», manifestó.

Reformas al Código Penal están engavetadas 

Antes de convertirse en oficialismo, el Partido Libertad y Refundación (Libre) abanderó la despenalización de los delitos contra el honor, como calumnia e injuria, que están contenidos en cinco artículos del Código Penal, y su traslado al ámbito civil.

En 2022, el diputado de Libre y presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional (CN), Ramón Barrios, manifestó a los medios de comunicación que estaba por dictaminarse un proyecto de decreto destinado a trasladar los delitos contra el honor al Código Civil, luego de que dos diputados presentaran proyectos de decreto en ese sentido.

Sin embargo, la diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH), dijo a Contracorriente que esto se estancó debido a que el presidente del CN, Luis Redondo, se ha limitado a la idea de crear un nuevo Código Penal y dejar a un lado las reformas puntuales.

«Lo que sé es que sí había un consenso en torno a las calumnias e injurias, pero ahora ellos no lo quieren hacer de forma individual, tema por tema. Han estado jugando desde 2022 con la idea de hacer un nuevo código, cuando claramente ya no hay tiempo», indicó Mena.

Sesión ordinaria en el Congreso Nacional. Tegucigalpa, 13 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

La congresista manifestó que considera que existe, por parte del oficialismo, incluida la presidencia del CN, una intención de obstaculizar la despenalización de los delitos contra el honor.

«Ahora estamos hablando de que, tres años después, y partiendo de que el presidente Redondo es un peón en el tablero del gobierno, sus actuaciones parecen orientadas a presionar e influir en los medios de comunicación, como lo ha hecho el Ejecutivo a través de acciones como la del ministro Ricardo Salgado o del general Roosevelt. Pareciera más bien que hay una intención de instrumentalizar la justicia penal para limitar el ejercicio de los derechos y libertades de la prensa», agregó Mena.

Según datos del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), entre 2001 y 2025, se han registrado más de 50 querellas contra periodistas y comunicadores sociales en Honduras. Además, el Informe de Libertad de Expresión (ILE) 2023-2024 presentado por esta organización establece que, pese a las recomendaciones de organismos como la CIDH o sentencias de la Corte-IDH, el marco jurídico nacional continúa siendo un obstáculo y carece de garantías para la libertad de expresión y pensamiento.

Tras una solicitud presentada por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió diligencias prejudiciales contra varios diputados y exdiputados señalados por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, corrupción y lavado de activos en un caso denominado «Fondo Departamental 3.0».

Texto: Abigail Gonzales
Fotografía: Fernando Destephen

El pasado 13 de enero, mediante una solicitud al Juzgado de Letras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la abogada Kenya Patricia Reconco, agente de Tribunales asignada a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó una solicitud para que se admitan diligencias prejudiciales, es decir, actuaciones judiciales previas a una acusación formal. En la solicitud pidió nombrar a un perito encargado de extraer y analizar la información contenida en 104 discos compactos, los cuales serán utilizados para auditoría forense. 

Estos discos serían empleados como medios probatorios contra 24 diputados y exdiputados, acusados por presunto delito de malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos.

La resolución forma parte de las diligencias prejudiciales que buscan determinar responsabilidades en el presunto desvío de fondos públicos y otros delitos financieros dentro del Congreso Nacional.

El 6 de noviembre de 2024, el Ministerio Público, a través de la Uferco, dio inició a las investigaciones en contra de congresistas y excongresistas por la vinculación en el desvío de fondos estatales, en un caso que se conoce como «Fondo Departamental 3.0».

Según el fiscal de la Uferco, Luis Javier Santos, los  diputados y exdiputados son investigados por el desfalco de más de 10 millones de lempiras. Santos indicó que estos fondos habrían sido malversados a través de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y que, en muchos casos, los proyectos para los cuales se destinaron los recursos nunca fueron ejecutados.

Además, señaló que la cantidad desviada podría ser aún mayor, ya que algunas de estas organizaciones llegaron a manejar más de dos mil millones de lempiras. También cuestionó el esquema empleado por los parlamentarios, quienes, según dijo, creían que el uso de ONG les garantizaría impunidad.

Los implicados en las investigaciones incluyen a varias personas que han sido acusadas en otros casos de corrupción, entre ellos los exdiputados propietarios y suplentes del Partido Nacional Milton de Jesús Puerto, Fabricio Puerto Oseguera, Yaudet Burbara, Welsy Vásquez, Antonio Rivera Callejas, Hernán Vindel, Juan Carlos Valenzuela y Román Villeda Aguilar.

Por parte del Partido Liberal figuran Dennis Sánchez, Manuel Fiallos y Víctor Sabillón, mientras que dos exdiputados de Libre, Audelia Rodríguez y José Rodney Bautista Posadas, también están señalados. Además, se menciona a Augusto Domingo Cruz Asencio, exdiputado de la Democracia Cristiana.

Otras personas involucradas en el caso son Geovanny Castellanos Deras, María José Panchame Osorio, Jeremías Castro Andrade, Evelyn Johanna Ortiz Romero, Estela Lisseth Muñoz, Allan Arony San Martín Vallejo, Jessy Carolina Lagos Núñez, Kenia Xiomara Reyes Vargas y Leana Lizeth Lagos.

Por su parte, Melvin Duarte, director de comunicaciones de la CSJ, señaló que este lunes 25 de marzo el juez aprobó el nombramiento del perito solicitado por la Uferco para continuar con la investigación.

En la petición, la Uferco también solicitó que las investigaciones se mantengan en secreto con respecto a terceros que no formen parte del proceso. En ese sentido, Duarte afirmó que dicha solicitud «ha sido aprobada igualmente por parte del juez natural que conoce la causa».

Además, se instruyó requerir a todos los diputados y exdiputados mencionados en la solicitud para que designen un apoderado defensor. En caso de que no lo hagan, se designará un defensor público para garantizar su representación legal.

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La Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos Sociales, conocida como el Fondo Departamental, fue derogada mediante el decreto 116-2019 en el Congreso Nacional el 2 de noviembre de  2023.  Pese a que fue derogada, los actuales congresistas del hemiciclo legislativo continúan usando subvenciones. 

Desde el año 2022 hasta el año 2024 el CN erogó 614.8 millones de lempiras en subvenciones para que los diputados realicen obras sociales. En el presupuesto general de 2023 se aprobaron también 950 millones de lempiras anuales para que los congresistas de todas las bancadas gestionen proyectos bajo el esquema de infraestructura menor, obras sociales, becas y canchas deportivas. 

Para este año 2025, en febrero, el presupuesto aprobado  para subvenciones asignadas a los congresistas asciende a 2,850 millones de lempiras. A cada congresista se le otorga un beneficio de 100 mil lempiras mensuales para que realice obras, pero los diputados no rinden informe ni del presupuesto ni de las obras realizadas.

El 20 de marzo, el juez Hermes Benigno Pineda dictó auto de formal procesamiento contra cuatro de trece imputados de la comunidad negra de habla inglesa de Diamond Rock, acusados de incendio y daños a propiedades en disputa con la familia Cooper-McNab, en Roatán. El conflicto involucra tierras que la familia McLaughlin, miembros de la comunidad negra de habla inglesa, reclama como ancestrales. El abogado defensor denunció irregularidades en el proceso, mientras que ambas partes se señalan por usurpación.

Texto: Abigail Gonzales
Foto: Cortesía Ofraneh

Despues de tres días consecutivos de audiencia inicial en contra de 13 personas del pueblo negro de habla inglesa, el pasado jueves 20 de marzo el juez Hermes Benigno Pineda Castro dictó auto de formal procesamiento contra los imputados, lo cual indica que el juez determinó que existen indicios suficientes para que el proceso penal continúe. La resolución se emitió por los delitos de incendio y daños contra cuatro de los trece acusados, y al resto de los acusados se les dictó sobreseimiento provisional.

Los imputados son acusados por el Ministerio Público (MP) por los delitos de incendio, robo con violencia y daños a la propiedad en Diamond Rock donde opera el centro turístico Paya Bay, propiedad de la familia Cooper-McNab, en el municipio de Santos Guardiola, Islas de la Bahía. 

El conflicto en la comunidad Diamond Rock, ubicada en el municipio de José Santos Guardiola, en Islas de la Bahía, involucra a miembros de la familia McLaughlin, quienes aseguran ser víctimas del despojo de sus tierras ancestrales por parte de la familia Cooper-McNab. Los McLaughlin señalan que durante años han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público, acusando a la otra familia de haber tomado posesión del territorio de forma ilegal en esta comunidad, pero ninguna de las denuncias ha prosperado. 

El 5 de enero de 2025, los McLaughlin decidieron recuperar las tierras, dando lugar a un enfrentamiento con los empleados del hotel que se ubica en el lugar. Durante los hechos, la Policía Nacional estuvo presente, pero no intervino. Luego, el 28 de enero de 2025, el Ministerio Público, a través de la fiscal Yesenia Canizales, presentó un requerimiento fiscal en el cual se solicitaron órdenes de captura y detención judicial contra 13 miembros de la familia McLaughlin.

El abogado Caleb Navarro, representante de los imputados, declaró a Contracorriente que hubo irregularidades en el proceso de audiencia inicial, señalando violaciones a las garantías procesales y manipulación de pruebas. «En el desarrollo de la audiencia hemos evidenciado muchas violaciones a las garantías del debido proceso que debería estar cumpliendo el juez», afirmó.  

El defensor también cuestionó la legalidad del reconocimiento en rueda, un procedimiento en el que se presenta a un testigo o víctima en una fila de personas con características similares para que intente identificar al sospechoso de un crimen. Según el abogado, el proceso estuvo manipulado porque «la única persona que cambiaba en cada ronda era el acusado, lo que hacía evidente su identificación». A pesar de las nulidades presentadas, «el juez decidió admitirlo como prueba y valorarlo como tal», agregó.  

El abogado señaló que los videos presentados por la Fiscalía como prueba tienen «vicios de nulidad» y son «pruebas ilícitas». Explicó que los archivos tienen fecha del 17 de febrero de 2025, aunque los hechos ocurrieron el 5 de enero y la Fiscalía los registró el 16 de enero. «¿Cómo puede un video tener fecha del 17 de febrero si los hechos fueron el 5 de enero?», cuestionó. Además, señaló como inconsistencia que la fuente de los videos es un abogado acusador privado, aunque la Fiscalía afirmó que fueron grabados por los guardias de seguridad del hotel. También destacó que la memoria que contiene los videos fue decomisada el 13 de enero y sellada el 16 de enero, pero los videos agregados tienen fecha del 17 de febrero, lo que evidencia una alteración del contenido que compromete la cadena de custodia. 

Este medio tuvo acceso a los videos en los que se observa a varias personas rompiendo vidrios de una caseta a la que después se le dio fuego. Aunque la metadata no es verificable debido a que fueron compartidos por mensajería, este medio confirmó que el mismo video fue publicado en medios de comunicación locales el 5 de enero.

El abogado sostuvo que, a pesar de los medios de prueba admitidos por el juez, no se ha logrado acreditar la responsabilidad de los imputados en los delitos señalados. Asimismo, indicó que el Ministerio Público amplió la acusación «a dos delitos de incendio, de los cuales los imputados ya están siendo acusados», y señaló que el MP también solicitó la prisión preventiva para los acusados. 

En ese contexto, la ministra de Derechos Humanos, Ángelica Álvarez, reconoció la lucha histórica y ancestral del pueblo negro de habla inglesa en Roatán, y pidió a los jueces y fiscales «no más criminalización, no más persecución, es tiempo de que la justicia sea una realidad para estas comunidades que han resistido y luchado por sus derechos».

La Red Nacional Defensora de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) denunció que el Ministerio Público inició este proceso judicial contra los defensores por ejercer su derecho a la tierra y a la libre determinación en una propiedad colectiva ubicada en la comunidad de Diamond Rock, Islas de la Bahía. Según esta organización, la familia Cooper-McNab busca usurpar este territorio, argumentando que ellos han sido dueños de esas tierras durante muchos años. 

Conflicto de tierras

Contracorriente tuvo acceso al título supletorio donde se establece que Harold McLaughlin, abuelo de los imputados, es heredero del territorio desde 1965. Un título supletorio  es un mecanismo legal que permite regularizar la propiedad de un inmueble cuando el poseedor no cuenta con un título inscrito en el Instituto de la Propiedad. Este proceso le permite al titular demostrar su derecho sobre la propiedad.

 

El defensor Navarro señaló que, aunque la familia McLaughlin es la propietaria del terreno, la familia Cooper McNab presentó una solicitud de dominio pleno ante la Alcaldía Municipal de Santos Guardiola el 30 de octubre de 2018. Posteriormente, el 5 de abril de 2021, la Alcaldía les otorgó dicho dominio. Ante esta resolución, la familia McLaughlin presentó una oposición el 25 de marzo de 2022, pero hasta la fecha la Alcaldía no ha dado respuesta.

Ante la resolución de emitir auto de formal procesamiento, el defensor de los imputados expresó su inconformidad, señalando que «jurídicamente el juez está obligado a dictar un sobreseimiento definitivo por la manipulación de medios de prueba, porque el caso realmente fue construido para una persecución contra una familia en específico, porque son las familias que sí tienen título» expresó.

Por su parte, Michelle McNab, miembro de la familia Cooper-McNab, en una entrevista a Contracorriente señaló que, desde hace varios años, su familia ha estado en un conflicto legal con la familia McLaughlin, quienes reclaman el derecho sobre las tierras que actualmente ocupan y en las que se encuentra el hotel Paya Bay Resort en Roatán.

McNab afirma que Harold McLaughlin le vendió a sus abuelos el terreno hace cuarenta años, y que la familia McLaughlin tenía conocimiento de la venta, la cual se realizó por un monto acorde al valor de la época. Además, señaló que debido a esta situación los McLaughlin «nos plantearon que querían dinero y nosotros no tenemos, y no es justo lo que están queriendo hacer».

Según McNab, hace cinco años la familia McLaughlin demandó a su abuela por usurpación de tierras, a pesar de que su familia había estado en posesión de la propiedad por más de 30 años. «Mi abuela ya es una señora de 80 años y la demandaron por usurpación», explicó. Sin embargo, el Ministerio Público determinó que se trataba de un asunto civil, y desde entonces el proceso en esa instancia ha sido lento, según relató McNab. 

Asimismo, afirmó que el 5 de enero, la familia McLaughlin llegó al hotel Paya Bay de su propiedad y causó daños. Según su versión, destruyeron y prendieron fuego a dos postas, además de quebrar y robar objetos. 

Michelle McNab también denunció haber recibido ataques en redes sociales por pronunciarse sobre el hecho, agregando que incluso se han burlado de la muerte de su padre y de la pérdida de un hijo. Esta situación la ha hecho temer por su seguridad y la de su familia.

McNab aseguró que su familia adquirió el terreno legalmente: «Aquí no hay nada con tierras ancestrales», afirmó, y dijo que las tierras ancestrales solo se ubican en Punta Gorda. Según ella, la familia McLaughlin ha manipulado la historia para obtener apoyo de organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad garífuna. 

Mientras tanto, Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) denunció a través de su cuenta de X que se realizó la construcción de ese centro turístico donde antes existió un cementerio comunitario. Sobre esto, McNab reconoció que hace años, durante la construcción de un restaurante, encontraron lo que parecía una mandíbula, pero nunca se hallaron más restos ni ataúdes. «Si hubieran encontrado más pruebas, dígame si no se iba a respetar el área» dijo.

Asimismo, señaló que el conflicto ha afectado económicamente a su familia, ya que el turismo en su hotel ha disminuido. «Nada es secreto en una isla pequeña. Los turistas que venían ahora llegan menos y menos», explicó. Además, la presencia de restos quemados de una estructura incendiada en la zona desanima a los visitantes.

Finalmente, MacNab destacó que su familia ha tratado de actuar dentro del marco legal y cuenta con toda la documentación en regla. «Nuestros documentos están en orden, nuestros impuestos están al día, nuestro permiso de operación», sostuvo.

El abogado de los imputados explicó que la familia McLaughlin justifica la ancestralidad de las tierras en disputa debido a que su vínculo con el territorio precede a la formación del Estado de Honduras. Explicó que para los pueblos indígenas la tierra no solo es para vivienda y producción, sino también para aspectos espirituales, medicinales y sociales, siendo esencial para su identidad y cultura, y agregó que la relación de los pueblos negros de habla inglesa con su territorio, que incluye el respeto por cementerios sagrados, es clave para su supervivencia. 

Finalmente, destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que los territorios ancestrales son intransferibles e imprescriptibles, permitiendo que los pueblos los recuperen, incluso después de haber sido desplazados. El territorio que abarca el título supletorio que le fue otorgado a la familia McLaughlin comprende las instalaciones del hotel y la playa adyacente.

Medidas desproporcionadas

El juez les impuso medidas sustitutivas a los imputados, como la prohibición de salir del país y la obligación de firmar una vez a la semana en el juzgado. Ante esas medidas, Navarro expresó que «son un poco coercitivas las medidas que se les dieron, porque deben de estar firmando una vez a la semana, cuando se tiene entendido que muchas de las personas acusadas, su principal fuente de trabajo es embarcar, estar en contacto con el extranjero. Entonces, eso sí es una medida muy dañina a su diario vivir». Asimismo, señaló que «incluso tienen prohibido acercarse al lugar de los hechos, que es en el mismo lugar donde ellos viven». 

También señaló que «no es un asunto de que si hubo delito de daño, delito de incendio, sino la falta de aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que permiten que se vean estos casos». Afirmó que, de aplicarse el convenio, el Estado debería garantizar que  los territorios ancestrales no se vean afectados.

Durante la audiencia inicial, miembros del Bufete de Justicia Para los Pueblos, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) señalaron que el juez Hermes Benigno Pineda Castro ha sido negligente, al admitir pruebas ilícitas y no seguir los procedimientos correspondientes.

Ante esta situación, el Bufete de Justicia para los Pueblos expresó su preocupación por lo que considera una persecución penal y política arbitraria contra los acusados, a quienes describe como defensores de la tierra.  Por ello, el 18 de marzo presentaron un informe solicitando al Sistema Nacional de Protección (SNP) la emisión de una alerta temprana para la familia McLaughlin.

La petición también incluye que se revisen los procesos judiciales y se garantice el respeto a los derechos de los pueblos originarios y su cosmovisión. Además, exigieron una revisión del caso y que se tomen acciones urgentes para garantizar la protección de la comunidad negra isleña y la integridad de los defensores del territorio.

Texto y Fotografías: Fernando Destephen

El problema de la falta de agua en el Distrito Central no es nuevo. Durante los primeros seis meses de cada año, Tegucigalpa y Comayagüela enfrentan racionamientos, escasez de agua y temperaturas superiores a los 30 grados. Además, al menos desde el año 2020, los incendios forestales han cubierto la ciudad con una densa capa de humo. Aunque la crisis afecta a todo el municipio en cierta época del año, en decenas de barrios y colonias el problema es aún más grave, pues el servicio de agua nunca ha sido eficiente. Entre esos lugares que viven una situación grave se encuentra la colonia Ramón Amaya Amador.

Esta colonia  queda en lo más alto  de Comayagüela, y  para que el flujo llegue a las casi 1,200 casas de la colonia, a la cisterna de 85 galones construida en 2007 —cuando la zona tenía sólo 800 viviendas— y al tanque de almacenamiento en el cerro El Mogote, desde donde se distribuye el recurso, debe circular al mismo tiempo y el mismo día por 34 colonias. Ese día suele ser los jueves, sin un horario fijo, pero generalmente ocurre en la madrugada y no garantiza un buen servicio. La distribución en esta zona está programada cada ocho días, lo que obliga a los vecinos a desvelarse o interrumpir su sueño para poder almacenar agua.

A esta zona también llegan camiones cisterna privados para vender agua y así suplir la necesidad de sus habitantes. Por las pavimentadas y angostas calles de esta colonia a diario se pueden contar hasta cinco cisternas vendiendo agua. El precio promedio por barril oscila entre 35 y 40 lempiras, y su compra se ha vuelto una necesidad. 

Con suerte, el agua de la llave que llega cada ocho días alcanza para llenar uno o dos barriles, según relata Gladys Rubio, quien debe comprar dos barriles diarios porque su pila y los contenedores donde almacena el agua suelen estar vacíos. Otra alternativa para captar y almacenar agua es la lluvia, lo que obliga a los vecinos a mantener los techos limpios y a vigilar el comportamiento de los gatos para evitar contaminaciones.

Gladys asegura que le gustaría tener una reunión con representantes de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); su frustración incluso la llevó a internarse en los complicados laberintos burocráticos de esta institución, pero terminó desistiendo. Dice que su tiempo es valioso y, al menos, dice con resignación, sus hijos trabajan y pueden costear la compra de agua y el pago de la factura mensual por un servicio deficiente. Aun así, reconoce que «a veces se puede tener dinero y a veces no».

En esta colonia, comprar agua a particulares se ha vuelto tan habitual como las promesas de mejorar el servicio. En diciembre de 2021, el gerente de la UMAPS, Arturo Tróchez, aseguró que instalarían bombas más potentes para solucionar el problema. Sin embargo, hasta ahora, Julio Salinas y Santos Amador, presidente y vicepresidente de la Junta de Agua de la colonia Ramón Amaya Amador, no han logrado reunirse con él, ni siquiera por teléfono. Paradójicamente, la colonia está ubicada a menos de un kilómetro de la represa Los Laureles, pero el agua no llega con suficiente fuerza o, simplemente, no llega.

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Julio ha remodelado su casa, y esa construcción le costó, en promedio, un par de cisternas adicionales. Elevó el techo un metro para refrescar el ambiente, y tiene una pila grande que requiere al menos cinco barriles para llenarse. En esta temporada solo comparte la casa con otra persona, por lo que el agua les ajusta, aunque se ensucia, y a Julio le duele desperdiciarla, así que la reutiliza en los baños. Muchos vecinos hacen lo mismo: el agua de las lavadoras se recicla y algunos han ideado sistemas caseros para captar lluvia, como cortar una botella de plástico y unirla a una manguera para redirigir el agua y aprovecharla.

Santos Espinal en el predio donde se construyeron las cisternas para almacenar el agua para la colonia Ramón Amaya Amador y para colonias aledañas. Distrito Central 19 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Julio cuenta que también sufren racionamientos de agua, lo que notan cuando solo una de las dos turbinas de la represa Los Laureles abastece a las 34 colonias que rodean la Ramón Amaya Amador. Otra promesa que les hicieron fue la construcción de un tanque más grande para la colonia. Según Julio, alguien de la UMAPS les confirmó que los estudios para el nuevo tanque, realizados hace dos gobiernos, existen, pero siguen archivados, lejos de cualquier intento de construcción. La obra permitiría recibir agua hasta tres veces por semana sin depender de cisternas, como prometió un ingeniero que visitó la zona.

Desde este sector también se puede ver desde esta temporada el humo de los acostumbrados incendios forestales en la capital. Este año el comportamiento de los incendios forestales ha sido distinto; el Instituto de Conservación Forestal (ICF) registra alrededor de 50 incendios forestales, una reducción del 194 % en la ocurrencia de los incendios y del 198 % en las áreas afectadas en comparación con el mismo periodo del año 2024, aunque se han afectado 1,158 hectáreas de bosque en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, Olancho y Santa Bárbara. También el ICF estima que 2.8 millones de hectáreas son susceptibles a incendios. 

Por José Alvarado

He llegado a aceptar, en la medida en que cualquiera que conociera a Aurelio Martínez podría hacerlo, que realmente se ha ido. Falleció hace apenas tres días en un trágico accidente aéreo. Y, sin embargo, todavía me parece imposible que no vaya a entrar en una habitación con su serenidad característica y su inolvidable sonrisa, listo para compartir una historia, una canción o una causa por la que valiera la pena luchar.

Aurelio Martínez era más que un músico. Era un visionario, un embajador cultural y, para mí, un mentor y un amigo cuya presencia transformaba cada espacio que habitaba. Su partida es una pérdida incalculable, no solo para Honduras, Belice y la comunidad garífuna, sino para el mundo entero.

Uno de los recuerdos más preciados que tengo con Aurelio es el de un viaje en carro de cuatro horas rumbo a Washington, D. C. Había sido invitado a presentarse en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde compartiría junto con su querido amigo Julio Guity-Guevara y la ex vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr. Pero esas cuatro horas a solas con él en el auto fueron un regalo. Hablamos sobre su legado, sobre el impacto que quería dejar. Estaba frustrado porque su entrañable amigo Guillermo Anderson, solo recibió el reconocimiento y la celebración que merecía después de su muerte. No quería eso para sí mismo. Quería asegurarse de que sus contribuciones fueran honradas en vida. Esa conversación fue el inicio de dos años de trabajo dedicados a consolidar su legado.

Esa misma noche, durante su presentación, Aurelio hizo algo que era típicamente suyo: invitó a la ex vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, a subir al escenario para bailar punta. Toda la sala se llenó de alegría, como siempre ocurría cuando Aurelio tocaba. Tenía la capacidad de convertir hasta los eventos más formales en una celebración comunitaria, un momento de conexión humana pura a través de la música, el baile, y los tambores.

Aurelio Martínez junto a la ex vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, en el AfroFest 2022 del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D. C. Foto: Cortesía.

Aurelio solía visitar mi apartamento; nos sentábamos a comer y hablábamos sobre su visión. Comenzamos a trabajar en música que encapsulara sus contribuciones y, juntos, elaboramos un libro infantil coescrito con la activista de derechos humanos Massay Crisanto, hija de Armando Crisanto, director del Ballet Garífuna, otro líder de la comunidad garífuna a quien Aurelio admiraba y respetaba profundamente. Su sueño era construir algún día una escuela en Honduras dedicada exclusivamente a la enseñanza de la historia, la música, el idioma, la cultura y la forma de vida garífuna. Quería que este libro formara parte del currículo de esa escuela, asegurando que las futuras generaciones aprendieran y sintieran orgullo de su herencia. Ese libro, finalizado hace apenas unos meses, y la música que creamos, contienen la esencia de lo que quería que otros recordaran de él. Espero que pronto vean la luz, porque representan no solo nuestro trabajo, sino sus últimos deseos y una celebración de su legado, tal como él quería que fuera recordado.

Aurelio era más que un artista; era la encarnación de la diplomacia cultural. Tenía una pasión profunda por preservar el idioma garífuna, evitando cantar en otros idiomas porque temía que las generaciones futuras perdieran la conexión con sus raíces. Celebraba cada vez que alguien, garífuna o no, mostraba interés en la cultura. Veía su música como un puente, un medio para educar, inspirar y luchar por su gente y su país.

Muchos en Honduras consideran a Aurelio un tesoro nacional, pero yo diría que era un tesoro internacional. El mundo lo reconoció tras su partida, con homenajes en publicaciones como Rolling Stone, NPR y Los Angeles Times. Nuestro trabajo en los últimos dos años nos estaba llevando a una gran celebración de su carrera de 40 años en 2026. 

Construyó una vasta red de colaboradores que fueron fundamentales en su trayectoria, incluyendo a los fallecidos Andy Palacio y Guayo Cedeño, así como a su inseparable compañero musical, Iván Durán de Belice. Figuras clave de la industria como Alison Loerke y Miranda Lange lo ayudaron a presentarse en escenarios como Carnegie Hall, Lincoln Center, el Kennedy Center y numerosos festivales de música alrededor del mundo. Fue el primer y, hasta la fecha, el único artista hondureño en presentarse en Tiny Desk Concerts de NPR y en Live on KEXP.

Pocas personas saben de su relación con la marca Rolex. Fue un artista Rolex, participando en la prestigiosa iniciativa Rolex Arts Initiative, y el año pasado cerró su festival en Grecia. Su colaboradora y mánager personal, Hélène Guivarch, desempeñó un papel clave en ayudarlo a navegar estas oportunidades y asegurar su presencia en escenarios globales. Sus mánagers, Eric Herman y Marshall Henry de Modiba, también fueron fundamentales para expandir su carrera internacionalmente, al igual que Martha Estrada, quien ayudó a dar forma a los proyectos de los últimos dos años, y sus músicos Tony Peñalva, su sobrino Derrick, y Emilio Álvarez. 

Así era Aurelio: un hombre cuyo impacto se extendía mucho más allá de lo que muchos imaginaban.

Concierto de clausura en el Megaron, el salón de conciertos de Atenas, con la participación de Dina El wedidi, Aurelio Martínez y Marcus Gilmore, liderando presentaciones junto a sus respectivos ensambles de Egipto, Honduras y Estados Unidos. Como invitado especial se une el legendario cantautor brasileño Gilberto Gil, mentor de Dina El Wedidi en el programa de mentoría de Rolex. Fuente: Rolex/Reto Albertalli.

Siempre atesoraré el tiempo que pasé con Aurelio en estos últimos dos años. Escribir el libro, trabajar en nueva música y simplemente estar en su presencia, fue una verdadera maestría en diplomacia cultural y en la lucha por la justicia y la igualdad. Se sentía muy orgulloso cuando protestaba contra el desplazamiento de tierras, el cambio climático y la desaparición del idioma garífuna. Estas no eran solo causas para él; eran su misión de vida.

Su partida deja un vacío, pero su voz, su lucha y sus sueños siguen vivos. Espero que los materiales que creó en los últimos dos años ayuden a honrar su memoria y a continuar su legado. Ahora nos corresponde a nosotros asegurarnos de que su obra no solo sea recordada, sino que siga inspirando y empoderando a las futuras generaciones. Descansa en paz y en poder, mi amigo. Tu música, tus palabras y tu espíritu nunca se desvanecerán.

Los fallos logísticos durante las elecciones primarias del 9 de marzo afectaron a 20 centros de votación donde en procesos electorales anteriores el 72 % de los votantes fueron del Partido Nacional y Liberal. La empresa encargada del transporte, que fue adjudicada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) 12 días antes de las elecciones y que firmó contrato tres días antes, no estaba certificada como proveedora del Estado. 

Texto: Luis Escalante, con reportes de Jennifer Ávila
Fotografías: Fernando Destephen 

El descalabro logístico que marcó las elecciones primarias e internas del 9 de marzo afectó al 72 % de los votantes pertenecientes al Partido Nacional y al Partido Liberal en 20 de los centros de votación más afectados por los retrasos en la distribución de material electoral en el Distrito Central, según un análisis de datos realizado por Contracorriente. Por otra parte, la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V., encargada de transportar el material electoral, no contaba con el certificado de proveedor del Estado al momento de su adjudicación, según información verificada de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae).

Se analizó el padrón electoral correspondiente a las elecciones primarias de 2021 de los 20 centros de votación afectados, y se identificó que la mayoría tenía votantes registrados en el Partido Nacional y el Partido Liberal. Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) cotejados, 18,727 personas habían ejercido el sufragio en estos centros durante dichas elecciones primarias. De ellas, 8,925 (47.7 %) estaban censadas en el Partido Nacional, 5,288 (28.2 %) en el Partido Libertad y Refundación (Libre), y 4,514 (24.1 %) en el Partido Liberal.

Incluso en las dos escuelas donde las elecciones se realizaron hasta el 16 de marzo, el Centro Básico Educativo Maximiliano Sagastume y el Instituto Cultura Nacional, la mayoría de los votantes eran de los partidos Nacional y Liberal. Según los datos del CNE, en el primer centro de votación, la oposición representaba el 83.6 % del electorado, mientras que en el segundo alcanzaba el 69.9 %.

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Los datos analizados también arrojaron que, entre los 20 centros de votación en los que este medio de comunicación reportó afectaciones, siete de ellos habían registrado una carga electoral alta de entre 1,000 y 2,000 votantes durante las anteriores elecciones primarias. Estos centros de votación son los siguientes: Escuela República de Nicaragua, Escuela República del Perú, Escuela Oswaldo López Arellano, Centro Básico Educativo Maximiliano Sagastume, Escuela José Pineda Gómez, Escuela John F. Kennedy y Escuela Reino de los Países Bajos.

Un incumplimiento en una de las cláusulas del contrato suscrito entre el CNE y Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V., relacionada con el medio de transporte en el que se movilizaría el material electoral al Distrito Central, provocó que al menos el 40 % de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) con mayor carga electoral en la capital sufrieran retrasos de hasta 14 horas para recibir el material electoral, según un informe de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), que desplegó más de 1,200 observadores electorales en todo el país.

A pocas horas de las elecciones, y supuestamente sin notificar al pleno de consejeras y consejero del CNE, la empresa sustituyó camiones livianos de 12 pies por unidades de transporte de personas, lo que dificultó la organización del material electoral y su posterior distribución en los centros de votación capitalinos.

Declaraciones juradas presentadas por conductores de los autobuses ante el Ministerio Público (MP), que están bajo investigación de la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE), también indican que el día de las elecciones recibieron instrucciones para detenerse en diferentes puntos de la ciudad sin mayor información, y que hasta las 9:00 a. m. partieron 11 vehículos de las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) —las JRV tenían programado abrir sus puertas a las 7:00 a. m.—. Uno de los conductores declaró a la fiscalía que fueron «abandonados» por custodios electorales y de las Fuerzas Armadas.

Una custodio electoral registrada por el Partido Liberal ante una Junta Receptora de Votos de la Escuela República de Nicaragua, donde la mayoría de votantes eran opositores. Tegucigalpa, 9 de marzo de 2025. Foto Fernando Destephen / CC

Tres días después de las elecciones, el 12 de marzo, en una conferencia emitida por la consejera presidenta Cossette López, la consejera secretaria Ana Paola Hall y el secretario vocal Marlon Ochoa, se notificó acerca del despido de Joel Ramos, coordinador de Logística del CNE, una persona que, según fuentes que han trabajado en esa institución, es allegado al Partido Libre, aunque el pleno manifestó que solo se trataba de «un funcionario del CNE que había laborado en la institución durante 17 años».

Ramos era el encargado principal del transporte del material, y en las elecciones primarias y generales de 2021 trabajó bajo las órdenes de Ochoa, entonces director electoral y actual consejero del CNE, afín al oficialismo. Actualmente, el partido de gobierno también tiene a una persona clave en la dirección electoral, Allan Alvarenga, quien antes se desempeñó como director del Instituto Nacional de Migración (INM) entre 2022 y 2024 por designación de la presidenta Xiomara Castro. Alvarenga está casado con Angélica Álvarez, ministra por ley de la Secretaría de Derechos Humanos y virtual candidata a designada presidencial de Rixi Moncada de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

La dirección electoral está compuesta, al igual que el pleno de consejeros del CNE, por tres personas designadas por los partidos Libre, Nacional y Liberal. Los otros directores electorales son Blanca Laínez, afín al Partido Liberal, y Carlos Chavarría, allegado al Partido Nacional. Sin embargo, a diferencia de Laínez y Chavarría, Alvarenga no tenía experiencia dentro del CNE. Laínez antes se desempeñó en la Unidad de Preintervención, mientras que Chavarría antes era coordinador de Planificación Estratégica y Gestión de la Calidad.

Contracorriente intentó obtener una entrevista con la consejera presidenta del CNE, a fin de conocer los avances de la investigación interna que apunta a personal del Departamento de Logística, pero no se obtuvo respuesta. Por otra parte, uno de los consejeros del CNE que vacó en septiembre de 2024 nos confirmó la cercanía de Joel Ramos con el partido oficialista. También solicitamos a la directora de Comunicación y Relaciones Públicas de la institución, Lourdes Rosales, un listado de todos los centros de votación que registraron afectaciones en el Distrito Central durante las primarias, y nos contestó con un «vamos a averiguar». 

La empresa encargada del transporte no está certificada ante la Oncae

Con base en información verificada en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae), Contracorriente identificó que la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V., que ofertó por un monto de 64,789,021.78 lempiras, no aparece registrada como proveedor certificado del Estado hondureño. Esto contrasta con la empresa Union Latin Cargo S. A., que durante el proceso de licitación presentó una oferta similar de 67,874,021.00 lempiras y que sí cuenta con la constancia de proveedor certificado. 

El contrato fue suscrito entre el CNE y la empresa apenas el 6 de marzo —tres días antes de las elecciones— entre Cossette López y Carlos Fonseca, representante legal de la empresa. Sin embargo, la adjudicación fue resuelta por los tres consejeros desde el 25 de febrero, de acuerdo con la certificación 630-2025 del CNE. El lote que presentó incumplimiento por parte de la empresa ascendía a los 4,638,120.80 lempiras. 

La empresa se comprometió a arrendarle al CNE 722 camiones distribuidos de la siguiente forma: 497 camiones de 24 pies, 143 furgones de 48 pies y 82 camiones livianos de 12 pies. Todo en tres días. 

La única empresa registrada ante la Oncae es Ingeniería Logística S. de R. L. Contactamos a sus representantes el 14 de marzo, y nos manifestaron que son «una empresa dedicada a la construcción y supervisión de obras, y no al transporte»; también nos indicaron no tener ninguna relación societaria con Fonseca. 

Según escrituras públicas que revisó este medio, Fonseca es socio accionista en otras empresas de transporte como Transportes Fonseca S. A. de C. V. y Transportes Terrestres de Centroamérica S. A. de C. V. Sin embargo, recibió el certificado de operación de transporte público de carga tipo remolque especial por primera vez apenas el 31 de julio de 2024, siete meses antes del comienzo de las elecciones primarias, según está consignado dentro de la documentación del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

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El 11 de marzo, la consejera presidenta López negó que existieran irregularidades en la contratación de la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V. y que solo existía un incumplimiento en una de las cláusulas, mientras que ese mismo día el consejero vocal Ochoa minimizó el altercado y aseguró que las fallas de la empresa solo afectaron al 3 % de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). 

Aunque el contrato establecía la posibilidad de que la empresa adjudicada pudiera realizar subcontrataciones bajo ciertas condiciones, que incluían avisar previamente al CNE, no se contemplaba la sustitución de las unidades que transportarían las maletas electorales hacia los centros de votación. El contrato suscrito entre el CNE y la empresa también precisaba que personal del CNE debía inspeccionar cada uno de los vehículos que serían utilizados. Tras el descalabro logístico, el Ministerio Público (MP), a través de la UECDE, tomó declaraciones de Carlos Fonseca. 

En un comunicado emitido por la empresa el 11 de marzo, se atribuyó los retrasos a una «consecuencia de atrasos en la maquilación de la maleta electoral y confusión en la carga de vehículos». En el comunicado, la empresa se deslindó de «manipulación, carga y definición de rutas del material electoral», atribuyendo esas funciones al CNE y las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, la empresa en ningún momento se responsabilizó por haber incumplido con la condición de prestar transporte de carga y no transporte de personas para movilizar las maletas electorales desde el Infop, lo que complicó la organización del material electoral que sería distribuido en los centros de votación. El propio Marlon Ochoa confirmó que hubo maletas electorales que tuvieron que ser cargadas a través de las ventanas de los autobuses.

Contracorriente contactó a Jorge Lanza, propietario de unidades de transporte urbano en el Distrito Central y vicepresidente del Consejo Nacional del Transporte (CNT), a fin de obtener mayor información sobre los autobuses que fueron parte de la subcontratación. Se limitó a contestar que él ya había declarado ante el MP y que desconocía quiénes fueron las personas que se beneficiaron de la subcontratación efectuada por Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V. También se enviaron mensajes de texto y se llamó a Marvin Galo y Wilmer Cálix, propietarios de unidades de transporte urbano en la capital, pero no se obtuvo respuesta.

Por su parte, Carlos Fonseca dijo al medio HCH que «como hubo atrasos, nos quedamos sin flotas. Cuando pusimos los buses y los empezaron a cargar, no tuve reacción del CNE, que me dijera que el vehículo no servía. Ellos aceptaron utilizarlos».

Durante el domingo en que se desarrollaron las elecciones primarias, autobuses de transporte urbano fueron observados cargados de maletas electorales en calles del Distrito Central, mientras que Cossette López manifestó que incluso hubo personal del CNE que «corrió detrás de los autobuses». La consejera presidenta del CNE aseguró que se enteró de la sustitución de las unidades de carga por unidades de transporte de personas el mismo día de las elecciones.

«En elecciones generales, eso hubiera sido equivalente a un golpe de Estado»

Aunque las autoridades del CNE han intentado minimizar lo ocurrido el domingo 9 de marzo, al asegurar que solo el 3 % de las Juntas Receptoras de Votos se vieron afectadas, y justificar a la empresa contratada para efectuar el transporte del material electoral, a consideración del exfiscal general de la república y exministro de Defensa, Edmundo Orellana, deben deducirse responsabilidades penales y políticas.

«Los tres consejeros son responsables del desastre que hubo allí. Eso se llama responsabilidad política. En un mundo ideal, el Congreso debería estar estructurando desde ya un juicio político contra estas tres personas, que más que funcionarios parecen niños caprichosos y personas que no responden a los intereses del país, sino a sus partidos», expresó Orellana a Contracorriente.

Edmundo Orellana agregó que la actuación del CNE ha hecho perder confianza de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre y que lo ocurrido el 9 de marzo, en caso de repetirse en el proceso electoral venidero, constituiría «un golpe de Estado».

«En elecciones generales, eso hubiera sido equivalente a un golpe de Estado. Fue una ruptura del orden constitucional y el sistema republicano. Si se repite en las generales, no habría un presidente que declarar para el 27 de enero. Esto es gravísimo y debían entenderlo desde esa perspectiva. Porque lo están viendo como un asunto de los motoristas, que el contratista, que el encargado de transporte y no sé qué cosas más. Si solo fuera por un asunto administrativo, hay que sancionarlo y punto, pero la actuación de las máximas autoridades del CNE va más allá», dijo Orellana.

Una mujer sostiene un panfleto con el número de casilla de la precandidata a diputada de Francisco Morazán por el Partido Nacional, Sara Zavala, afuera del Centro Básico Educativo Maximiliano Sagastume. Tegucigalpa, 16 de marzo de 2025. Foto Fernando Destephen / CC

El exfiscal general agregó que el segundo responsable es la empresa y el tercero, el Congreso Nacional (CN).

«Uno de los responsables es la empresa, porque si no cumplió con lo que prometió al prestar un servicio, creo que ese es uno de los principales culpables. Pero tampoco se ha hablado del contexto de dificultad para que el CNE tuviera el presupuesto, y a la larga esto provocó que las cosas se hicieran prácticamente a la carrera. Un contrato de más de 60 millones de lempiras para este transporte, se aprobó con tan pocos días. Creo que desde ahí las cosas iban a salir mal», indicó.

El CN aprobó el presupuesto especial para las elecciones primarias el 7 de septiembre de 2024, un día antes de la convocatoria a elecciones. Los congresistas aprobaron el presupuesto por un monto cercano a los 1,500 millones de lempiras a ejecutarse entre 2024 y 2025 y después, el 5 de febrero de 2025, un mes antes de las elecciones, aprobaron una ampliación al presupuesto por un monto superior a los 561 millones de lempiras.

«El presupuesto se aprueba en el Congreso Nacional, y hasta hace poco no se había aprobado la ampliación al presupuesto especial. Había líos para aprobarlo, y bueno, se aprobó a última hora. El Congreso Nacional también es otro responsable», dijo Orellana.

  1. AA. sí tienen responsabilidad 

El miércoles 20 de marzo, el diario El Heraldo publicó una investigación en la que se revela que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, el expresidente Manuel Zelaya Rosales y otras figuras políticas del oficialismo acordaron el 12 de marzo, en una reunión, sustituir y hasta eliminar dos informes de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas que señalaban a un general, dos coroneles y dos tenientes como responsables de los retrasos en la entrega del material electoral y de la violación de la cadena de custodia de dicho material.

Uno de los supuestos informes atribuía la responsabilidad al general Nahún Canales Cruz, comandante del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas (Calfa), recomendando su relevo como supervisor de la distribución de los materiales electorales. Además, la investigación también mencionó a los coroneles Nicolás Edulfo Serrano Benítez, comandante del Comando de Operaciones Especiales (COES), y Alan Barahona Rosales, comandante del Primer Batallón de Infantería, quienes tenían responsabilidades sobre la distribución del material en Francisco Morazán y el Distrito Central, respectivamente.

El segundo, según la investigación periodística, sugería relevar y someter al Tribunal de Honor a los tenientes Ariel Oliva Benítez y Noel Adalid Osorio Barahona, quienes, según las pruebas en poder de la Inspectoría General, habían detenido autobuses en la capital. 

La situación fue alertada por la consejera presidenta del CNE, Cossette López, a través de la red social X, acusando a «un expresidente, una candidata presidencial y el jerarca» de haber participado en la reunión. La ministra de Defensa y candidata presidencial del Partido Libre, Rixi Moncada, respondió calificando la declaración de López de «vil» e «irresponsable».

El MP tomó declaraciones un día después de las elecciones a Hernández, quien desde un inicio se desligó de los señalamientos al desmentir que custodios designados por el ejército habían abandonado la custodia de los autobuses que transportaban las maletas electorales, como declaró uno de los conductores de los autobuses ante la fiscalía.

El 11 de marzo, la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado en el que responsabilizó al CNE y a la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V. de lo sucedido durante la jornada electoral, diciendo que si existió un abandono por parte del personal de custodios del material electoral «no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas», y pidió al MP «realizar la investigación y presentar a la o las personas culpables de estos actos, que atrasaron el desarrollo de los comicios electorales». 

Sin embargo, para Edmundo Orellana, que también se desempeñó como ministro de Defensa durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, es evidente que ese día hubo material electoral que no contaba con custodia y que hay personas del ejército que tienen que responder.

«Entonces, no sé cómo van a sostener eso las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, porque así lo dice la Constitución, pasan bajo las órdenes del CNE, incluyendo al jefe del Estado Mayor Conjunto. Eso significa que, una vez que el CNE ordenó que salieran los buses, a partir de ahí, la responsabilidad única y exclusiva es de las Fuerzas Armadas garantizar que ese material llegue a su destino a tiempo», indicó Orellana.

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El exministro de Defensa también manifestó que la consejera presidenta del CNE, Cossette López, deberá sostener ante la fiscalía que hubo personal del órgano electoral que le daba instrucciones a los conductores de los autobuses para que se movieran de un punto a otro.

«La consejera presidenta dijo: “Mientras yo llamaba para decir que persiguieran esos buses, y que los identificaran y los agarraran, había alguien aquí en el CNE”, e incluso mencionó el nombre, “que les llamaba y les decía: ‘Mire, los van a seguir, escápense, escóndanse’”. Por Dios, si eso ocurrió, ahí hay un delito que no es posible que no se sepa porque ella lo declaró», señaló el exfiscal general de la república y exministro de Defensa.

Durante las elecciones primarias y generales de 2021, fueron las Fuerzas Armadas las que se encargaron de la logística, el transporte, la custodia y distribución de material electoral, y que contrataron empresas para tal fin, algo que, según el analista político Joaquín Mejía Rivera, debió repetirse.

«Hay que preguntarnos por qué se contrata transporte privado cuando eso le corresponde a las Fuerzas Armadas y, además, al CNE se le dio un presupuesto especial para que cumpliera a cabalidad», indicó Mejía.

Las consejeras del CNE Cossette López y Ana Paola Hall, y el consejero Marlon Ochoa, estaban citados para rendir declaración ante el MP el 14 de marzo, pero hasta la fecha de publicación de esta nota no lo habían hecho. López declaró a los medios de comunicación que se está llevando a cabo una investigación interna antes de comparecer ante la fiscalía. Además del MP, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) también inició de oficio una investigación contra el órgano electoral.

Sí, hay un cambio de rumbo en la política hondureña, y también resistencia por parte de los políticos que aspiran a continuar en el poder; éstos se resisten a cambiar sus hábitos de hacer política clientelista, mientras el cambio de rumbo lo han dado los miles de hondureñas y hondureños que han dejado atrás la idea de que el partido político se lleva en la sangre o que el voto tiene un costo, un costo que políticos corruptos están dispuestos a pagar. Pero ¿construiremos democracia o torceremos el camino hacia otro tipo de autoritarismo?

Por Jennifer Avila
Portada: Persy Cabrera

La población hondureña es resiliente. Me contaba una mujer que fue a votar en las pasadas elecciones internas, que ella no suele votar y menos en unas elecciones internas, pero que en estas decidió ir a pesar de todos los retrasos, porque quería participar en elegir a quien según ella merecía ser candidata a la presidencia y porque estaba resistiendo ante las amenazas de fraude. Para mí, escuchar lo que me dijo ella y ver los centros de votación a oscuras llenos de gente a la medianoche esperando poder votar o las personas que incluso votaron una semana después,  son muestras de resiliencia de la población hondureña.

Desde el golpe de Estado de 2009 y el quiebre en los partidos políticos y sus reglas como los habíamos conocido, las elecciones se convirtieron en un momento de sumo interés para la ciudadanía, ya no solo por las promesas de los políticos y sus dádivas, sino por el interés genuino de participar en las decisiones del país y la esperanza de que esa participación se traduzca en una mejor vida, aunque muy poco haya cambiado el sistema de votaciones y las acciones clientelistas para captar votos continúen. 

Los datos de las últimas tres elecciones primarias no demuestran cambios significativos. En 2017 hubo 2,541,456 votantes, en 2021 fueron 2,508,426 y en estas de 2025 con un promedio del 66.71% de las actas escrutadas van unos 1,682,215 ciudadanos contados como votantes, la cifra podría asemejarse a la de 2021. En las generales tampoco hubo mucha variación con respecto a 2017 porque tanto ese año como en 2021, la gente salió masivamente a votar, sobre todo como castigo al Partido Nacional que había generado un clima de ingobernabilidad con los actos de corrupción por parte de sus máximas autoridades, la cooptación del Estado por parte del crimen organizado y la ejecución de una reelección inconstitucional. En las elecciones generales de 2017 votaron 3 476 419 personas, en 2021 fueron 3,580,527. En ambas elecciones hubo actores nuevos, partidos políticos, alianzas y Salvador Nasralla como el personaje outsider que a mucha gente le llama a votar, por ser alguien que supuestamente no está manchado por la corrupción estatal.

Según el Índice de Transformación Bertelsmann en su informe para 2024, Honduras junto con Kenia y Líbano estaba entre los regímenes más desorganizados, despilfarradores y corruptos del mundo además de haber sido gobernado en los últimos periodos de forma autocrática. Es por eso que un actor como Nasralla llama a la gente a votar, aun en medio del caos. Es solo el impulso irracional hacia alguien que no ha sido parte de la gobernanza del Estado, a pesar que ha dado señales de autoritarismo, discriminación y volatilidad en sus decisiones políticas y en sus posturas ideológicas lo que lo convierte en un líder político errático e impredecible, siempre dispuesto a ajustar sus asideros éticos a los cambios en la marea política del momento.

Sobre la clase política hondureña hay mucho que decir, pero inevitablemente se termina cayendo en los mismos sacos una vez los matices que hacen la diferencia están debidamente tamizados. Ahora, quiero enfatizar la resiliencia de la ciudadanía hondureña demostrada en la participación en el primer proceso electoral de este año porque sustenta la democracia y la confianza en el sistema a pesar de las crisis que han sucedido, las muertes en las protestas, los apagones del sistema, el caos logístico, etcétera. Lo hago en este momento porque en 2021, esta misma ciudadanía hizo de las elecciones una fiesta, con mucha esperanza por el cambio, a pesar de que Nasralla había cedido la candidatura presidencial a Xiomara Castro, ex primera dama, parte de una familia caudillista del Partido Libre y antes del Partido Liberal. 

Pocos meses duró la esperanza y la fiesta de haber derrotado en las urnas a una dictadura como fue la de Juan Orlando Hernández y su partido. Desde 2022, con la crisis interna de la alianza política, las acciones autoritarias para tener control del Congreso Nacional, la fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, la polarización y el ataque a la disidencia, un estado de excepción sin resultados reales y que permite la opacidad de compras directas y la represión; la decepción llegó a gran parte de esa ciudadanía, mientras que otra parte fue cooptada por el partido oficialista con los recursos del estado invertidos en el clientelismo político y la contratación en la burocracia estatal.  

Después de tres elecciones y un período de gobierno es normal que el Partido Libre mejore sus números de militancia, aunque es de resaltar que a pesar de eso es quizá el partido más fragmentado hasta este momento. A nivel de opinión pública, el partido quiere mostrarse fuerte en números, pero en este proceso electoral obtuvo la mayor cantidad de votos nulos y blancos en comparación con los otros partidos y un nivel de pleito entre caudillos que supera la idea de que es un partido fortalecido. A  pesar del dinero público que invirtió este partido en el clientelismo a través de las subvenciones en el Congreso y el uso de secretarías para ejecutar proyectos con fondos para los diputados, en su propia militancia comienza la más feroz crítica a sus prácticas políticas arcaicas, por muchas de las cuales la ciudadanía castigó al Partido Nacional en su momento. 

Las perspectivas si Libre gana la presidencia y la mayoría en el Congreso Nacional no son muy variables respecto a lo que ya han hecho, su agenda ha sido clara desde el inicio y es la misma que llevarán adelante por cuanto tiempo se puedan mantener en el poder. Si gana el Partido Nacional con el exalcalde capitalino Nasry Asfura quien fue acusado por corrupción, las expectativas son bajas, no hay nada que demuestre que su agenda sea distinta a la que ya conocemos de ese partido al gobernar.  Sin embargo, poco se ha desarrollado la idea de qué pasará si realmente llega Nasralla a ganar las elecciones de noviembre de 2025, con un partido que no es el suyo, un partido dirigido por figuras tan cuestionables como el ex convicto Yani Rosenthal, o exalcaldes caciques de sus municipios por décadas como Alexander López. Las propuestas concretas de quienes dicen ser un cambio, no circulan más que los discursos impulsivos de Nasralla denigrando a sus opositores. Grupos que se alinean con los discursos de la ultra derecha global son quizá los que más concretos han sido sobre lo que esperan de Nasralla si este le quita la oportunidad a Libre de gobernar de nuevo y es aquí donde es posible ver el tipo de gobierno que podría constituirse después de la autocracia de Libre, uno que admira a Bukele, Milei y Trump. 

¿Está lista y dispuesta la ciudadanía hondureña para construir democracia después de noviembre de 2025? ¿Es democracia lo que la ciudadanía hondureña quiere? ¿Será un giro extremo el que le espera a Honduras tras noviembre de 2025? La resiliencia de la ciudadanía hondureña se expresa en que aún confía en el sistema electoral a pesar de las múltiples razones que la clase política da para dejar de hacerlo. Si eso es así, entonces esta ciudadanía votará confiando nuevamente en que su elección, cualquiera que sea, traerá una mejora a su situación de vida. ¿Están los partidos políticos y liderazgos contendientes listos o al menos concientes para asumir esa responsabilidad?

En Tegucigalpa, una gran parte de la población sigue creyendo en la democracia y en un sistema electoral que le ha causado múltiples decepciones y horrores. Tras las inéditas irregularidades logísticas del 9 de marzo de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó realizar la votación en dos centros que quedaron pendientes. Votantes de todos los partidos acudieron a ejercer el sufragio, acompañados por algunas quimeras inesperadas: varios precandidatos y precandidatas de estas elecciones.

Texto: Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen

El domingo 16 de marzo, Ondina Yamileth Méndez Hernández llegó a su mesa asignada en el Centro de Educación Básica Maximiliano Sagastume, en la colonia Sagastume de Tegucigalpa, lista para ejercer el sufragio. Pero cuando los miembros de la junta receptora de votos ingresaron sus datos en el sistema, apareció un problema: según el registro biométrico, ella ya había votado. Eran las 8:36 de la mañana y el sistema indicaba que su voto se había emitido dos minutos antes, a las 8:34.

Ondina no dijo nada y desapareció. Detrás de ella solo quedaron los nervios de los miembros de la Junta Receptora de Votos que discutían y miraban la pantalla del sistema biométrico sin saber qué hacer. Así como las elecciones se alargaron una semana más en Tegucigalpa, las irregularidades también encontraron su lugar en este after democrático.

El caso de Ondina fue solo un reflejo de un proceso irregular que provocó que, una semana después de la fecha original, ella siguiera en su intento de votar. El 9 de marzo, una serie de irregularidades en la distribución del material electoral en Tegucigalpa y San Pedro Sula extendió la jornada hasta la madrugada, dejando a cientos de hondureños sin la oportunidad de ejercer el sufragio. En dos centros de votación de la capital, fueron los propios miembros de las juntas receptoras quienes decidieron suspender el proceso ante las anomalías detectadas. Uno de ellos justamente fue el ubicado en la colonia Sagastume. 

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El domingo 16 de marzo debería haber sido un domingo cualquiera en la colonia Sagastume de Tegucigalpa, con la gente yendo a la iglesia, tomando un mototaxi hacia el centro de la ciudad para hacer el mercado, y los niños jugando o ayudando a sus padres a lavar los carros. En cambio, a las siete y algo de la mañana, el sonido ambiental ya estaba saturado por los jingles políticos que salían a todo volumen desde los parlantes de las carpas partidarias, tapizadas con los rostros de los precandidatos y precandidatas. Justo al entrar a la zona cero de la votación se escuchaba una canción del grupo mexicano Maná, y más adelante una adaptación de la canción «No se va» de Grupo Frontera, burdamente reciclada para la campaña del actual alcalde capitalino Jorge Aldana. 

Un grupo de personas esperan sentadas a que inicien las votaciones en el centro educativo Maximiliano Sagastume, uno de dos centros de votación del Distrito Central en los que las elecciones primarias e internas fueron postergadas. Tegucigalpa, 16 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Esa colonia, ubicada a orillas del reconocido, caótico y turbio río Choluteca, esperaba su segundo intento de elecciones primarias. 

Los testimonios de los habitantes indican que cuando las maletas electorales llegaron al Centro de Educación Básica Maximiliano Sagastume, entre las 8:30 y 9:00 de la noche del 9 de marzo, activistas de los partidos de oposición quemaron llantas e impidieron la instalación de las mesas electorales. En ese centro de votación, donde estaban habilitadas 5,338 personas de 12 barrios aledaños, apenas quedaban unas 200 esperando votar. Por eso la gente se opuso y logró impedir la puesta en marcha de los comicios.

«Ya toda la gente se había ido, no era lógico ir a levantar a todos esos barrios que están lejos, ya estaban durmiendo a esa hora», dijo luego un simpatizante del Partido Liberal que presenció todo y se opuso a que se instalaran las urnas. 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó entonces la repetición de las elecciones en este centro de votación y sus cinco juntas receptoras de votos, así como en el Instituto Cultura Nacional y su única junta receptora en el Barrio San Rafael.

Aunque la hora oficial de inicio de esta reedición electoral en la colonia Sagastume era las 7 de la mañana, casi a las 8 la fila de votantes aún se extendía en las afueras del centro. La gran presencia militar en la zona contrastaba con la ansiedad de los votantes, en su mayoría del Partido Nacional, en un área reconocida como bastión del partido «cachureco». Activistas y líderes locales del nacionalismo ayudaban a mantener el orden y daban instrucciones a quienes llegaban.

Allí estaba María Alejandra Guevara, una mujer de 62 años que, con fervor y vestimenta particular ––muchos anillos, gorra Adidas y una camisa con una ilustración de Ghost Face—, contó con orgullo que era nacionalista desde que estaba en el vientre de su madre, pues su abuelo peleó en la guerra junto al fallecido dictador y general Tiburcio Carias Andino. Curiosamente, María apoyó en estas elecciones al precandidato Nasry Asfura, y no a la ex primera dama Ana Garcia Carias, cuyo tatarabuelo era hermano del dictador.

«Desde la 1 de la tarde estaban parqueadas en el parque La Concordia ––dice sobre las urnas del 9 de marzo–– y no subían, nosotros no somos juguete y merecemos respeto», explicó María, y aseguró sentirse feliz porque su colonia se convirtió en el foco de la cobertura mediática de todos los medios de comunicación durante ese día. 

A unos metros de donde platicábamos, se tomaba fotos Kilvet Bertrand, el candidato millenial que actualmente lidera las votaciones para las candidaturas a diputados por el departamento de Francisco Morazán del Partido Nacional, quien llevaba un sticker en el pecho con su nombre y la casilla que ocupó en la planilla. María dijo que ya esperaban ese «desfile» de políticos, y aunque no quiso decir nombres, aseguró que solo seis candidatos de su partido han «estado al pie de la bandera» con ellos.

«Nosotros estamos bien plantados y sabemos quiénes han estado y quiénes no, porque han estado mucho tiempo en el poder y no han hecho nada», sentenció. También aprovechó para denunciar «la compra de conciencias» por parte del oficialismo, que la noche previa había llegado a repartir canastas y meter maquinaria para reparar una calle.

«Nosotros no le hemos ofrecido nada a nuestros votantes porque ellos saben que son cachurecos de nacionalidad», apuntó María.

Pero cuando el Partido Nacional estaba en el poder, las prácticas clientelistas y el uso de fondos públicos en las campañas electorales eran parte de la estrategia para mantenerse en el control del Gobierno. Una dinámica que les permitió perpetuarse a pesar de los múltiples casos de corrupción y las acusaciones de vínculos con el narcotráfico, que tuvieron su momento cumbre con el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos por cargos relacionados con la narcoactividad. 

Una persona se busca en el listado de electores en la urna del Partido Nacional de Honduras, en el centro educativo Maximiliano Sagastume. Tegucigalpa, 16 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Antonio Rivera Callejas, otro de los candidatos nacionalistas que acudió a la colonia Sagastume y ha sido favorecido con los resultados de estas elecciones, aseguró que aunque sí es cierto que algunos dirigentes de su partido han sido señalados por corrupción y narcotráfico, «son personas individuales, no el Partido Nacional como tal, igual que han sido señalados liberales y [de] Libre». Rivera Callejas dice que su promesa es cambiar y mejorar los errores cometidos en el pasado.

«A nosotros ya nos castigaron, perdimos la elección pasada por medio millón de votos, ya aprendimos la lección, nadie se da con una piedra en los dientes dos veces. Ahora vamos a ser transparentes, honestos, y vamos a legislar en beneficio del pueblo en el Congreso para ayudarle al ejecutivo y cambiar Honduras», aseguró Rivera Callejas. 

En 2018, Callejas fue implicado en el caso conocido como «pacto de impunidad», acusado de falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno. Sin embargo, en mayo de 2019, la Corte Suprema de Justicia le otorgó un sobreseimiento definitivo, librándose de estos cargos.

Rivera Callejas también alabó el hecho de que nuevas caras están siendo electas en su partido para competir en las próximas elecciones generales de noviembre de 2025, pero aseguró que también se necesita una cuota de experiencia para legislar. Para remarcar su punto, declamó una parte del himno del Partido Nacional:

«Viejas Guardias de gestas famosas, se unen ya con la joven brigada, a librar la batalla sagrada, del trabajo, el progreso, el amor», recitó de memoria. Este actual diputado busca su cuarto periodo consecutivo como congresista en el Poder Legislativo. 

Ya con las urnas abiertas, las similitudes entre el Partido Nacional y Libre pasaron a ser más evidentes. La primera parte de la jornada se desarrolló en su mayoría entre confrontaciones y gritos de simpatizantes de ambos bandos, incitadas por la presencia de varios precandidatos y precandidatas a diputaciones de ambos partidos. Ese día el denominador común de los medios de comunicación en Honduras fue la publicación de múltiples notas sobre los enfrentamientos, con la palabra «zafarrancho». 

Entre los que gritaban e intentaban saltar también estaba el precandidato de Libre, Marco Eliud Girón. Aunque él no quiso ser entrevistado, hablé con uno de sus dirigentes en la zona. 

David Mejía tenía 16 años cuando ocurrió el Golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya; ahora, 16 años después, ha sido uno de los encargados de apoyar en la gestión de proyectos por parte de diputados y candidatos a diputados para los 12 sectores que conforman la colonia Sagastume. 

«Tenemos muchos proyectos, y por eso ellos [los nacionalistas] tienen miedo, porque este es un territorio nacionalista, pero poco a poco hemos trabajado y vamos ganando más gente para el partido. Hemos tenido candidatos a diputados que están en el Congreso que nos ayudan con cosas para cualquiera, no miramos color político, aquí miramos la necesidad de las personas, hemos dado pisos, techos, canastas», contó David, eufórico, entre los gritos de sus compañeros.

En el especial «Rancho Stone», Contracorriente investigó cómo, desde el presupuesto general de 2023, se ha aprobado un fondo de 950 millones de lempiras anuales para que congresistas de todas las bancadas gestionen proyectos bajo el esquema de infraestructura menor, obras sociales, becas y canchas deportivas. Estos proyectos son gestionados a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito), el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor).

Pero este no es el único dinero que tienen disponible, ya que, de 2022 a 2024, se han erogado 614.8 millones de lempiras en subvenciones para ayudas sociales, donaciones a asociaciones sin fines de lucro, a instituciones descentralizadas y a municipalidades, todo mientras se desconoce quiénes y en qué utilizan estos millones.

A pesar del uso de estos recursos, los resultados de Libre para estas elecciones no parecen ser lo que esperaban. Hasta el momento, con un poco más del 60 % de las actas procesadas en ambos partidos, el Partido Nacional es el que reporta más votos válidos, seguido de Libre, que además ya supera los 100 mil votos nulos y blancos. David atribuye esto a la «mapachada», un término que el oficialismo ha atribuido a los miembros de la burocracia estatal que no militan dentro de esa institución política.  

Mientras tanto, en las urnas del Partido Liberal, fuera de los gritos y las tensiones, sus simpatizantes parecían votar con más calma. Quizás influenciados por los discursos de unidad que se habían gestado la semana anterior, después de la declaración de triunfo de Salvador Nasralla y la aceptación de los perdedores, entre ellos Jorge Cálix.

Uso del lector biométrico en una urna ubicada en el centro educativo Maximiliano Sagastume. Tegucigalpa, 16 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Entre los que confían en que Nasralla podrá darles la victoria a los liberales se encuentra Valentín Gutiérrez, quien cuenta que hace unos años era nacionalista, pero se decepcionó de ese partido y por eso ahora es liberal, pero no uno más del montón, sino que uno a quien le gusta trabajar por su partido.

«La renuncia mía con el Partido Nacional fue porque estuvimos casi a punto de los golpes con un candidato a diputado que Juan Orlando Hernández envió aquí a la Sagastume; entonces me decepcioné y dije: “Yo he dejado mi pellejo en en el terreno, y estos vienen con esas actitudes”, entonces no», contó.

Por eso dice que ahora sus expectativas con Nasralla son salir del tradicionalismo de los políticos. Dice que confía en que no va a robar, porque ya tiene riqueza y se ve honrado.

«Lo que más me gusta de él es que siempre que habla, habla de los pobres, cosa que no hacen los otros, ellos dicen el pueblo, no dicen los pobres», explicó Valentín, y añadió que, aunque Salvador insulta a sus contrincantes «es un buen candidato, es pacifista más que todo, y no incita como Mel, que le encanta ver relajo y sangre, y Salvador no».

El domingo 9 de marzo, en medio de las irregularidades y retrasos en la distribución del material electoral en Tegucigalpa y San Pedro Sula, Nasralla publicó una serie de videos en los que, visiblemente alterado, afirmó que él ganaría las elecciones a menos que el expresidente Zelaya lo asesinara, algo (asesinar) que, según él, ya ha hecho en el pasado.

Valentín también se refirió a las ayudas que dio el oficialismo en su colonia, y las calificó como un «saqueo a nuestros impuestos, pues lo que están haciendo es comprando voluntades con el dinero del mismo pueblo. Pero bueno, si ellos me ofrecen 2,000 lempiras por el voto yo los agarro, pero ya dentro de las urnas yo sé por quién voy a votar», explicó.

Valentín cerró la conversación replicando parte de la narrativa de su candidato, y echó la culpa de lo ocurrido el 9 de marzo al expresidente Manuel Zelaya.

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A veces, los últimos tampoco son los primeros. En el Instituto Cultura Nacional del barrio San Rafael, una votante llegó pasadas las diez de la mañana con la certeza de que aún podía ejercer el sufragio. Creyó entender que la orden del CNE era clara: cualquiera que no hubiera votado el 9 de marzo tenía derecho a hacerlo en esos dos centros de votación.

Pero no. Su nombre no aparecía en el padrón, su mesa no estaba ahí, y su voto era imposible. No hubo reclamos ni discusiones, solo el rostro de resignación. A pesar de todo, en una acción que pareció un consuelo, los miembros de la junta receptora le pintaron el dedo, como si hubiera votado. Al fin y al cabo, un recordatorio del derecho que se le negó.

La jornada en ese centro de votación transcurrió con una lentitud que contrastó con el bullicio de la colonia Sagastume. No hubo gritos ni confrontaciones, solo el goteo pausado de votantes que llegaban, votaban y se iban. De las 267 personas habilitadas para sufragar, y que llegaron durante el tiempo que estuve ahí, la mayoría lo hizo con entusiasmo, incluso con disposición para hablar con los reporteros, que a media mañana ya superaban en número a los votantes.

Quizá los menos dispuestos a conversar eran los simpatizantes de Libre. Los vi entrar y salir con prisa, esquivando cualquier contacto con la prensa. En la semana que transcurrió entre el 9 y el 16 de marzo, tras la victoria inapelable de Rixi Moncada en las primarias, el oficialismo se sacudió con un terremoto interno. Desde distintos sectores, integrantes de Libre denunciaron que los precandidatos del movimiento M28 inflaron las urnas con votos adulterados, amenazaron a empleados públicos con despedirlos si no votaban por ellos y desviaron recursos estatales para su campaña.

Las acusaciones siguen surgiendo. Algunos candidatos ya han renunciado al partido y otros, como Rafael Sarmiento, jefe de la bancada del oficialismo en el Congreso, han anunciado la creación de un nuevo movimiento interno.

Mientras tanto, en el Partido Liberal —que se esfuerza por consolidarse como la principal fuerza de oposición— el panorama era distinto. En ese centro de votación, las carpas de los distintos movimientos habían desaparecido. Solo quedaba una, sobria y sin matices, proclamando el triunfo de Salvador Nasralla y la victoria de toda su planilla de diputados y diputadas.

A ese centro de votación también llegaron algunos candidatos y candidatas de los tres partidos políticos, entre ellos Bernardo Anariba, del movimiento de Salvador Nasralla, quien también destacó la unidad partidaria como la clave para el camino que les espera hasta el 30 de noviembre de 2025.

Para Anariba, lo ocurrido el 9 de marzo dejó una lección clara: la gente no está dispuesta a que le arrebaten su derecho a elegir. Y si votar implica hacerlo una semana después que el resto del país, lo harán.

El Congreso Nacional tendrá nuevos diputados en el período 2026-2030 como resultado de las arrolladoras victorias de las corrientes de Nasry Asfura en el Partido Nacional, Salvador Nasralla en el Partido Liberal y el Movimiento M28 de Libre en Cortés y Francisco Morazán; esto ha abierto la puerta a nuevas figuras en la política y ha dejado atrás a diputados que en las elecciones pasadas tuvieron más relevancia. 

Texto: Allan Bu
Fotografía: Fernando Destephen
Con reportes de Luis Escalante

Habrá muchas caras nuevas en las elecciones generales de 2025, sobre todo para la elección del próximo Congreso Nacional. Después de las elecciones primarias del 9 de marzo, 37 diputados actuales han quedado fuera de la competencia electoral. Las razones son variadas: algunos no intentaron reelegirse, otros no recibieron el favor de los votantes, y cuatro fueron candidatos presidenciales y perdieron las elecciones primarias.  

De esta forma, en las elecciones de noviembre de 2025 nuevos nombres podrían ser elegidos como diputados, especialmente en los  departamentos de Cortés y Francisco Morazán, donde los partidos Liberal y Nacional remozaron la oferta de candidatos para el próximo proceso electoral. 

Por ejemplo, en la planilla para diputados del Partido Liberal (PL) por el movimiento de Salvador Nasralla en el departamento de Cortés, de nombres conocidos solo quedaron Marlon Lara (actual diputado) y su hermano Wenceslao (exdiputado 2009-2013). También el exalcalde de Santa Cruz de Yojoa, Roberto Pineda Chacón, quien compite por primera vez para ser congresista. El resto de los precandidatos eran desconocidos, entre ellos la doctora Thirsa López, la periodista Karla Andrade y el abogado y exempleado de la municipalidad de Choloma, Óscar Muñoz, quienes ganaron la candidatura para una diputación en noviembre.  En Cortés, la corriente de Jorge Cálix no obtuvo ningún representante, quedando sin posibilidad de reelegirse diputados como Edgardo «El Chele» Castro y Kathia Crivelli, hija del alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, quien también perdió en su intento de regresar a esa alcaldía.  

En Francisco Morazán, el movimiento de Salvador Nasralla se llevó las 23 posiciones para aspirar al Congreso Nacional, dejando fuera a Beatriz Valle, quien en las elecciones de 2021 participó bajo la bandera de Libre y se convirtió en la diputada más votada del departamento con ese partido, pero ahora, participando por el movimiento de Jorge Cálix, quedó en la posición 24, tras divulgarse el 51 % de las actas, con 5,000 mil votos menos que Raúl Alexis Chacón, un desconocido que había logrado 19,788 marcas. 

En el Partido Nacional (PN), el movimiento de Nasry Asfura arrasó en Cortés y en todo el país, pues apenas dos precandidatos de la corriente de Ana García salieron electos, aunque podría aumentar o disminuir por lo cerrado de las votaciones. En el departamento de  Gracias a Dios, Cándida Derek Jackson, al momento de cerrar este artículo, frenaba la aplanadora de Tito Asfura, al triunfar bajo la bandera de Avanza por la Justicia y la Unidad. Mientras en Lempira, Lenin David Valeriano estaba en el tercer lugar de las votaciones con el 70% de las actas divulgadas.

En Cortés, solo dos figuras conocidas aparecen entre los 20 candidatos electos  en el movimiento de Tito Asfura del Partido Nacional: José Jaar y Alberto Chedrani, ambos diputados actuales, con  cuatro y 16 años de estar en el Congreso Nacional, respectivamente. Perdió en la votación Leda Pagán, quien era la primera candidata por la corriente Avanza por la Justicia y Unidad de Ana García; además, no seguirá en el Congreso Yaudet Burbara, quien ganó la candidatura a la alcaldía de San Pedro Sula con el movimiento Papi a la Orden. En esta elección, su contendiente más fuerte, el alcalde Armando Calidonio, denunció irregularidades en el proceso. 

Nasry Asfura y su corriente lograron las 23 posiciones de la planilla nacionalista en Francisco Morazán de cara a las elecciones de noviembre. Hay 20 de esos candidatos que no han sido diputados. Solo Lissi Matute, Antonio Rivera Callejas y Johana Bermúdez sobreviven a la «renovación» azul tras la caída del expresidente Juan Orlando Hernandez, condenado y preso por narcotráfico en los Estados Unidos. 

El periodista Kilvett Bertrand –quien se postuló sin éxito en las elecciones de 2021— es hasta el momento de publicar esta nota el candidato con más votos por el PN en Francisco Morazán y logró desplazar de esa ubicación a candidatos como Victoria Chávez Madison, hermana de David y Pedro, que en elecciones anteriores resultaron como los más votados en Francisco Morazán.   

Bertrand asegura que el Partido Nacional se ha encaminado a una renovación que no es solamente de rostros, sino también de ideas.  

«Hay una franca renovación en el Partido Nacional, que es lo que la base ha venido reclamando, y creo que se nota en los resultados electorales. Es una renovación no solamente de caras, sino también de pensamiento. Es la intención de Tito, que tiene claro que su tarea no es solo ganar la presidencia, sino también transformar al partido. El tema de la juventud y de los que participan por primera vez es transversal en los 18 departamentos, no es un cambio de rostros, es un cambio absoluto», afirmó Bertrand.

Casi a las 8 de la noche se estaba instalando una urna de votación del Partido Nacional en la Facultad de Ciencias Médicas. Tegucigalpa, 9 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Melissa Elvir, directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), opinó que los partidos políticos están tratando de mejorar su imagen y la forma de hacerlo es precisamente hacer una renovación de rostros. «Por supuesto vamos a ver gente más joven, gente que está dispuesta a trabajar por sus partidos y por sus comunidades. Espero que tengan el apoyo de los partidos para que desarrollen de la mejor manera su labor. Los deben preparar», afirmó. 

René Estrada, analista electoral del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), advirtió que en Honduras todavía no existe una ley que obligue a los partidos a hacer una depuración real y que evite que personas vinculadas al crimen organizado y casos de corrupción aspiren a un cargo de elección popular, una renovación real que los partidos necesitan. 

Y ciertamente, en Honduras hay personas que han pasado por los tribunales de justicia y aspiran a cargos de elección popular sin ningún pudor. Es el caso de Nasry Asfura, quien se enfrentó a la justicia con un caso de corrupción en la alcaldía del Distrito Central; Rasel Tomé –condenado por corrupción en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y parte de la Lista Engel de Estados Unidos que señala a actores corruptos–; Edgardo Casaña,  diputado por Santa Bárbara y parte de la Lista Engel; Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, denunciada por manejar oenegés que recibieron fondos del gobierno de su esposo. 

Pero esto pasa en todos los niveles, también en las caras nuevas que aspiran al Congreso, como es el caso del exregidor de la municipalidad de Omoa, Cortés, Natividad Reyes, quien fue condenado por falsificación de documentos públicos en septiembre de 2024 y seis meses después fue elegido en las  primarias de Libre en este departamento bajo la bandera del movimiento M28. 

Estrada enfatizó que hay algunos de los candidatos electos que no han estado en el Congreso, pero sí han tenido un rol político, así que esto habla de un trabajo de base de los precandidatos para promover a sus planillas. Otra de las razones que explica la cantidad de rostros nuevos es que en esta elección primaria el voto en plancha decidió las elecciones en varios departamentos; «es bastante preocupante porque en lugar de escoger precandidatos con ideas o propuestas estamos haciendo una votación por movimiento o por caudillo, no es mucho lo que podemos celebrar», dijo. 

Añadió, además, que hubo un caudillismo muy marcado en los departamentos que votaron en plancha y así «no estamos avanzando, solo estamos haciendo un relevo generacional, que no necesariamente está marcado por nuevas ideas y propuestas. Simplemente estamos viendo cómo se están pasando estos cargos de poder». 

Los herederos

Sobre los nuevos rostros que aparecen en esta elección y en otras anteriores, hay padres que heredan el caudal político a sus hijos. Es el caso del candidato Oswaldo José Ramos Aguilar, quien recoge el caudal político de su padre Oswaldo Ramos Soto (QEPD), un hombre que estuvo cinco legislaturas en el Congreso Nacional. En Santa Bárbara hay dos casos: el poderoso alcalde de San José de Colinas, Amable de Jesús Hernández, ha logrado que su hijo llegue al Congreso y ahora esté aspirando a un segundo período en el hemiciclo; en el liberalismo, después de cinco períodos como diputado, Víctor Sabillón –señalado por nexos con el narcotráfico– heredó su caudal electoral a su hijo José Rolando, quien se presentó a las elecciones por la corriente de Jorge Cálix y fue el único elegido por ese movimiento; el resto se los llevó Salvador Nasralla. 

En Comayagua, Adrián Martínez es diputado actualmente por el Partido Nacional y aspira nuevamente a una curul; él es hijo del extinto José María «Chema» Martínez y sobrino de los exdiputados Edgardo y Gerardo Martínez. Prácticas similares en los tres partidos. 

Junta Receptora de votos en la Escuela República de Nicaragua, colonia Miraflores. Tegucigalpa, 9 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

René Estrada recalcó que estas nuevas caras de la política no aparecen producto de un liderazgo, «sino que están bajo la sombrilla de un caudillo y sus ideales. Al final del día terminan obedeciendo la regla de los partidos políticos o las bancadas, es poco lo que vamos a ver de nuevas propuestas o ideas», sostuvo.

Los que se van gracias a la aplanadora del M28

Hay nombres que sorprende que estén fuera de los elegidos; por ejemplo, Silvia Ayala en Cortés y Bartolo Fuentes en Yoro, ambos fundadores de Libre.

En el Partido Nacional, no recibió el apoyo popular la diputada  de Cortés, Leda Pagán. En este partido, algunos y algunas congresistas no se postularon; es el caso de Melvin Roberto Padilla, María Antonieta Mejía, Pedro Chávez Madison, Juan Carlos Oliva, Ramón Fernando Carrasco Discua, Gladis Aurora López Calderón, Reynaldo Sánchez, Teresa Concepción Cálix y Concepción Figueroa, quienes en su mayoría fueron aliados incondicionales del expresidente Juan Orlando Hernández. 

Edgardo «El Chele» Castro, un popular comunicador de Cortés, había sido electo en tres ocasiones por Libre, pero en estos comicios internos migró al Partido Liberal para acompañar a Jorge Cálix en su aventura presidencial, y ambos perdieron sus batallas. Lo mismo les pasó a Beatriz Valle y Dennis Chirinos, pero en Francisco Morazán. 

Carlos Zelaya no se postuló después de renunciar al Congreso, tras la circulación de un video donde aparece con «El Cachiro» Leonel Rivera Maradiaga, presumiblemente negociando apoyo para financiar la campaña de Libre; sin embargo, su diputada suplente y quien lo relevó en sus puestos del Congreso, Arminda Urtecho, ganó la candidatura por el movimiento M28. 

En Libre hay incomodidad por la arrasadora victoria del M28, que en todo Honduras logró 91 postulaciones a diputados, dejando a la Fuerza de Refundación Popular (FRP) con 13, al Pueblo Organizado en Resistencia (POR) con 15, Somos Más con 5 y Nueva Corriente con 3.  

Desde los otros movimientos hay innumerables denuncias de anomalías, como la compra de votos. Rafael Sarmiento, miembro de FRP en Olancho y jefe de la bancada del Partido Libre en el Congreso, expresó a un medio olanchano que él pensaba que los vicios del pasado y los procesos fraudulentos habían quedado en el bipartidismo, pero lamentó que en Olancho y a nivel nacional hubo una tendencia a «la imposición y a desconocer los liderazgos que están en todos los movimientos», afirmó.

Aunque no mencionó directamente al M28, es claro que hace referencia a este movimiento, que sacó seis de las siete casillas para candidaturas a diputaciones en Olancho. «Hay un sentimiento de traición y de indignación en nuestra militancia, que nos han hecho saber», dijo el actual diputado, y añadió que «hubo una conspiración para sacarme de la planilla de diputados; lamentamos esas prácticas que solo vienen a dividir al partido. Los fundadores de Libre están siendo casi expulsados del partido. Tuve el voto de mi partido, pero no tuve el voto de la corrupción, ni tampoco tuve millones para darlos en esta campaña  electoral», denunció. 

En Yoro, el diputado Bartolo Fuentes denunció que el M28, liderado por la familia Zelaya, realizó compra de votos en varios departamentos del país: «Compraron votos, digámoslo directamente, no nos andemos por las ramas. Tenemos evidencia en varios departamentos», sentenció el diputado.

Otra de las cosas que marcó esta campaña, especialmente para el Congreso, son las enormes ventajas que tuvieron los diputados oficialistas, como es el caso de Sarmiento, a través de las subvenciones entregadas por el Congreso Nacional, que dio origen a un fondo de 950 millones de lempiras para gestión de los diputados de todos los partidos, aunque los mayores beneficiarios han sido los oficialistas. 

«Creo que como hondureños deberíamos seguir exigiendo la derogación de las subvenciones, porque ya se demostró, especialmente en este gobierno, que estos fondos son utilizados para proselitismo y esto le da condiciones mucho más fáciles a los oficialistas o a las personas que están en el poder de perpetuarse en el mismo», reconoce el analista René Estrada. 

Los caciques que se resisten a dejar sus curules

En el Partido Nacional, con la caída del juanorlandismo en 2021, varios caciques entregaron su puesto a las nuevas generaciones y ahora, en estas elecciones internas, hubo una nueva renovación; no obstante, hay líderes cuyo liderazgo sobrevive. Uno de los casos es Tomás Zambrano, diputado por Valle, quien hasta el momento de publicar este artículo tenía 13,800  marcas, solamente 200 menos que Tito Asfura en ese departamento.

También en el Partido Nacional se mantiene Antonio Rivera Callejas, célebre por una campaña electoral en la que llamaba a los ciudadanos a votar por el de los «chocoyos». Rivera Callejas, junto a Lissi Matute y Johana Bermúdez, son los tres nacionalistas con oportunidades de repetir como diputados en el Partido Nacional en Francisco Morazán; actualmente hay siete representantes de ese partido. 

Para Kilvet Bertrand, aspirante del PN con más votos en Francisco Morazán, es natural que en política haya procesos cíclicos para la  renovación: «Hay algunas personas que han hecho un trabajo positivo, pero el pueblo hondureño es el que evalúa. En el Partido Nacional tenemos muchos buenos liderazgos que quizás no han sido bien votados, pero han hecho un buen trabajo como oposición política», destacó.  

En el Partido Liberal hay más sobrevivientes. En Valle, José Alfredo Saavedra va por su sexto período como diputado en el Congreso Nacional. La demostración de su influencia en el departamento es tal, que Saavedra logró las únicas dos candidaturas para el movimiento de Maribel Espinoza en todo el país. En Valle, la abogada Espinoza, al momento de publicar esta nota, había recibido igual cantidad de votos que en Francisco Morazán. De hecho, Saavedra recibió más de 11,000 marcas, superando a Salvador Nasralla en ese departamento.

Mario Segura es otro caudillo en el Partido Liberal. Logró la primera posición en El Paraíso pese a que su candidato perdió en el voto presidencial. De hecho, Segura sacó más votos que Jorge Cálix en ese departamento. En Olancho, Samuel García encabezó la planilla de Jorge Cálix que arrasó con las siete posiciones del departamento; también obtuvo más votos que su candidato presidencial. En Santa Bárbara, Víctor Sabillón, congresista por cinco períodos, le quiere heredar su curul a su hijo José Rolando, quien es el único de la corriente de Jorge Cálix que sobrevivió a las primarias en ese departamento. 

Perfil ideal

Semanas atrás, el sociólogo Elvin Hernández nos decía  que la entrega de subvenciones a diputados para que estos ejecuten proyectos de infraestructura «es la mayor distorsión de un poder del Estado». Sin embargo, en los gobiernos de Juan Orlando Hernández y en el actual, la principal función de los diputados ha sido gestionar obras de infraestructura o entregar ayudas a sus votantes, y es que, especialmente en el área rural, el diputado, más que como un legislador, se percibe como un benefactor. 

Esa percepción hay que cambiarla, y en este sentido podría ayudar mucho el perfil de los nuevos aspirantes. Para el analista del Cespad, René Estrada, este perfil debe estar marcado por su conexión con la base social. Piensa que es importante que tengan formación, pero lo es más que entiendan la problemática del país desde las causas ambientales, derechos de la mujer y derechos de la comunidad diversa. 

Sostuvo que esto es importante para «que al momento de legislar nosotros se pueda pasar de leyes como el “Día de la Baleada” a tener normas que promuevan mejores condiciones de vida en el país, que faciliten el desarrollo del país no solo en la generación de empleo sino en la consecución de una vida digna», dijo. 

Estrada agregó que es importante que en el Congreso haya gente que busque un compromiso con la sociedad y no con grupos de poder o grupos ilícitos: «Necesitamos que entiendan que participar en el ejercicio legislativo no los hace superior a la ciudadanía hondureña y que, al contrario, al recibir un salario de nuestros impuestos se deben a la sociedad». 

El aspirante naciolista Kilvett Bertrand logró la primera posición en Francisco Morazán por ese partido. Al preguntarle cómo podría desmarcarse de los vicios que históricamente han teñido la labor del Congreso, donde dicen que se han visto maletas de dinero que se entregan a cambio de votos, respondió: «Las tentaciones están para todos, la diferencia la marcan los valores y los principios que traemos como persona. No todos los que son tentados caen. Tengo algunos años en la vida política del país y sostengo que para tener una larga carrera política, no hay nada que pague más que no tener un techo de vidrio ni cola que le pisen. Si uno se mantiene limpio puede tener una larga carrera, porque el pueblo hondureño evalúa y lo reconoce». 

Bertrand tiene claro que de obtener un puesto en el Congreso los ofrecimientos o tentaciones le llegarán, pero también está seguro de que los rechazará porque aspira a tener una larga carrera de servicio al pueblo hondureño. Aspira a ser parte de un hemiciclo diferente al actual, que, según dijo, se ha convertido «en un ring de boxeo, que cada partido jala para sus intereses y no necesariamente para los intereses del país, y se han dejado de lado temas fundamentales». 

La abogada Karla Romero, elegida en la novena posición por la corriente de Nasralla en Francisco Morazán, piensa que para sanar al Congreso se deben elegir personas nuevas, pero que también sean idóneas para la tarea legislativa: «Aquellos que tienen mucho que aportar, pero que hayan dado ejemplo en la vida, para poder decir que esas personas representan a la población y que están ahí para emitir mejores leyes para la gente». 

Romero fue la jueza que juramentó a la presidenta Xiomara Castro el 27 de enero de 2022, debido a la crisis institucional en la que tanto Luis Redondo como Jorge Cálix se declararon presidentes del hemiciclo. En su condición de jueza, también presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, o decreto de amnistía. 

La aparición de nuevos rostros en el próximo Congreso es inevitable. Melissa Elvir, directora de Foprideh, expresó a ella no le preocupa la renovación en los curules, pero sí la preparación que deben tener estos nuevos diputados, «que sepa generar investigaciones más exhaustivas orientadas a las reformas que requerimos como país, y no en el marco de lo que requieren los partidos políticos». 

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Por Maryoriet R. Salgado
Fotografía: Fernando Destephen

Las elecciones primarias deberían ser el punto de partida de cualquier proceso democrático sólido. En teoría, son el mecanismo mediante el cual los partidos eligen a sus representantes basándose en la voluntad popular, lo que marca el rumbo de sus propuestas y proyectos políticos. Sin embargo, en la práctica, en Honduras estas elecciones primarias —o internas— se han convertido en un espectáculo que solo refuerza el desencanto ciudadano.

Era la primera vez que quería —o, mejor dicho, debía— votar en unas elecciones primarias. No lo había hecho antes. Vivo fuera del país, pero hice todo lo necesario: regresé, saqué mi documento nacional de identidad (DNI), me informé sobre los candidatos, pedí ayuda y me preparé para ejercer mi derecho al voto. Intenté resolver el problema en el Registro Nacional, que me decía que todo estaba bien, pero me mandaban al Consejo Nacional Electoral (CNE). Ya sabemos cómo termina esa historia: «No hay sistema», me dijeron. Me resigné a que solo podría votar en las elecciones generales.

Pero no me quedé de brazos cruzados. Convencí a mi familia y a mis amigas de que era importante votar en las elecciones primarias. «Eso ya está escrito en piedra», me decían con resignación. Pero yo insistía, convencida de que el voto sigue siendo nuestra herramienta más sólida y, por el momento, la única.

Con esa convicción, llegué a mi centro de votación en la colonia Miraflores a las 9:00 a. m. con mi familia. Ellos sí podían votar, pero no había urnas. Volvimos a la 1:00 p. m. y la respuesta era la misma: «Dicen que ya vienen». Regresamos a las 4:22 p.m. y la escena no había cambiado. Entre las mesas de los partidos, las explicaciones variaban: algunos aseguraban que nos querían impedir votar, otros culpaban a la mala gestión administrativa. 

La frustración aumentaba. Aunque la mayoría mantenía la calma, los gritos de «¡No más narcodictadura!» y «¡No volverán!» se mezclaban con «¡No más Libre!», reflejando la polarización política que ha marcado a generaciones en Honduras. Circulan teorías de conspiración sobre quién está detrás de las irregularidades, pero lo que realmente importa es que las hubo: mesas sin urnas, retrasos logísticos sin explicación y una falta de transparencia que solo alimenta la predominante desconfianza ciudadana.

Escuchaba a la gente decir: «Nunca nos había pasado esto». Pero, ¿realmente es nuevo? ¿Recuerdan cuando la oposición ganó, pero no ganó? Lo ocurrido en marzo de 2025 me llevó de vuelta a ese sentimiento de confusión y desesperanza que sentí en las elecciones de 2017 que llevó a una crisis post electoral que incluso dejó varios muertos, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dijo que faltaban urnas por contar. ¿Cómo es posible que en 2025 se repita la historia? Llevamos años viviendo irregularidades. Antes, las urnas estaban en los centros de votación al menos un día antes. ¿Por qué esta vez llegaron con más de 12 horas de retraso? 

A pesar de que el Congreso aprobó por unanimidad un aumento de 200 millones de lempiras en el presupuesto electoral, las elecciones primarias terminaron siendo el desastre que acapara titulares y alimenta la sátira en redes sociales, entre memes y bromas que reflejan el hartazgo de los y las hondureñas.

El consejero del CNE, Marlon Ochoa, atribuyó los retrasos a fallos internos y al incumplimiento de los proveedores, señalando que dos imprentas no entregaron las papeletas a tiempo y que la empresa de transporte utilizó vehículos no autorizados. Mientras tanto, Cossette López, presidenta de la misma institución, rompió a llorar al denunciar que empleados del organismo están siendo «aterrorizados». Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), fue aún más contundente al calificarlo como un «boicot electoral» y advirtió que, si no se sanciona a los responsables, sería un «cuartelazo a la democracia»

Y aquí estamos de nuevo, atrapados entre bandos que se acusan mutuamente, cada uno con su propia versión de la verdad. Pero quizás la realidad no está en sus discursos, sino en los márgenes, en lo que nadie quiere admitir.

Una democracia atrapada entre el discurso y la realidad

Según la Ley Electoral de Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE) supervisa y garantiza la transparencia del proceso, mientras que los partidos políticos gestionan internamente sus elecciones. Las Fuerzas Armadas tienen la tarea de custodiar y transportar el material electoral. La presidenta, como titular del Poder Ejecutivo, funge como Comandante General de las Fuerzas Armadas y debe garantizar un ambiente estable, sin intervenir directamente en el proceso.

El Congreso Nacional también juega un papel clave: elige a los consejeros del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), fiscaliza el proceso electoral y puede intervenir en disputas políticas derivadas de los resultados.

Pero si la ley es clara, ¿por qué la práctica sigue fallándole a la ciudadanía?

Más allá de las acusaciones cruzadas, estas elecciones expusieron el colapso de la institucionalidad.

Todos nos deben respuestas. El CNE nos debe respuestas. Las Fuerzas Armadas y el partido en el poder nos deben respuestas. Los partidos que dicen ser oposición también nos deben respuestas.La democracia no es un favor, es un derecho.  

Nos han acostumbrado a una democracia a medias, tan desgastada que algunos amenazan con volver a un partido que, durante más de una década, saqueó el país, fragmentó a su gente y violó nuestros derechos. Pero lo realmente preocupante es que esto no se trata solo de un partido: toda la clase política ha pavimentado el camino de la corrupción que nos trajo hasta aquí.

Uno de los síntomas más evidentes de esta fragilidad democrática es la ausencia de un debate real, tanto dentro como entre los partidos. No hay ideas, no hay soluciones ni planes de nación, solo reclamos por cuotas de poder.

Si las elecciones primarias son el primer filtro de una democracia, el nuestro está claramente roto. Pero no está vacío. Estas elecciones también dejaron algo en claro: el pueblo hondureño quiere votar.

Más que confrontar bandos, los hondureños y hondureñas han demostrado una fuerza política imparable. A pesar de demoras de hasta cinco horas en las elecciones primarias, a medianoche todavía había personas en fila, esperando ejercer su derecho al voto, en los centros donde sí llegó el material electoral. Sin embargo, en otros casos donde las papeletas no llegaron a tiempo en la capital, el CNE permitió que las elecciones se llevaran a cabo una semana después, cuando las urnas finalmente llegaron a sus centros de votación, y aún así las personas llegaron a votar. Este pueblo es resiliente y no se doblega.

Nos hemos manifestado antes contra la corrupción electoral y lo haremos de nuevo si es necesario. No permitiremos que nos roben las elecciones otra vez. Nos vamos a inscribir en mesa, vamos a reportar con nuestros celulares, nos vamos a informar. Vamos a exigir transparencia.

Las urnas llegaron tarde, pero nosotros seguimos aquí.

No lograron apagar la voluntad de un pueblo que sigue exigiendo su derecho a elegir.

Organizaciones internacionales exhortan al gobierno de Honduras y Canadá para que el empresario Randy Jorgensen enfrente cargos por usurpación de tierra, fraude y violación de derechos humanos en perjuicio del pueblo garífuna. Asimismo, solicitan garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Honduras, con el objetivo de prevenir futuros casos de explotación y desplazamiento forzado.

Texto: Abigail Gonzales
Fotografía: Fernando Destephen

El pasado  13 de marzo, las organizaciones Black Lives Matter Canadá, Co-Redes Negras por la Paz y la Justicia, Black Lives Matter South Bend, Global Exchange y Movimiento Popular por la Paz y la Justicia, anunciaron en conferencia de prensa el lanzamiento de una campaña para exigir que los Gobiernos de Canadá y Honduras tomen medidas inmediatas contra el empresario canadiense Randy Jorgensen, acusado de ocupar ilegalmente tierras garífunas en el país.

Durante la conferencia, las organizaciones denunciaron el racismo sistémico, la explotación de tierras y la violación de los derechos indígenas, resaltando el impacto que la presencia de Jorgensen ha tenido en las comunidades garífunas. Además, instaron a las autoridades de ambos países a actuar con urgencia para garantizar la restitución de los territorios ancestrales.

Las organizaciones exigieron la devolución de los terrenos adquiridos ilegalmente a las comunidades garífunas y solicitaron la protección de los derechos indígenas, así como la supervisión internacional para garantizar justicia y respeto para el pueblo garífuna.

Además, presentaron cinco exigencias dirigidas a los Gobiernos de Honduras y Canadá; entre ellas solicitan la intervención de las autoridades para proceder con la expulsión de Randy Jorgensen y sus socios de los territorios garífunas que han sido ocupados de manera irregular. Asimismo, exigen la responsabilidad legal, incluyendo cargos por usurpación de tierras, fraude y cualquier otra violación de derechos humanos en perjuicio del pueblo garífuna.

Jorden Giger, cofundador de Black Lives Matter South Bend y co-coordinador de Co-Redes, expresó durante la conferencia que piden que Jorgensen se enfrente a la justicia: «Demandamos que se asegure que Jorgensen enfrente todas las consecuencias legales por sus acciones, incluyendo cargos por la usurpación de tierras, fraude, y también asegurarse que sea castigado por las violaciones a derechos humanos cometidas contra el pueblo garífuna». Asimismo, señaló que «nuestras demandas implican que el Gobierno de Canadá se involucre en exigir la justicia y la remoción de estas tierras ocupadas ilegalmente».

Marco Castillo, codirector ejecutivo de Global Exchange, dijo que «buscamos amplificar la denuncia de lo que sucede en la playa de Trujillo en contra del pueblo garífuna. Nosotros, como organizaciones internacionales, hemos observado de manera directa lo que está sucediendo, y somos nosotros quienes estamos encabezando esta campaña porque consideramos que es inaceptable», puntualizó.

Los miembros de las organizaciones internacionales informaron que, antes de la conferencia de prensa, recibieron llamados instándolos a desistir, con la advertencia de posibles demandas en su contra. Castillo dijo que «esto nos señala que esta es la ruta correcta y esto es lo que debemos hacer, y por cada vez que nosotros recibamos estos ataques vamos a seguir duplicando nuestras acciones y alzando nuestra voz frente al pueblo».

¿Quién es Jorgensen y cuál es su implicación en Honduras?

El empresario canadiense Randy Jorgensen, conocido por su trayectoria en la industria del entretenimiento para adultos, ha sido señalado por la adquisición y desarrollo de tierras ancestrales garífunas en la bahía de Trujillo, lo que ha generado el desplazamiento de familias y afectaciones en la cultura y modo de vida del pueblo garífuna.

Desde 2008, habitantes de la zona denunciaron ante la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público la venta irregular de tierras dentro de su territorio ancestral. A pesar de las denuncias interpuestas, las autoridades no tomaron medidas, y en el año 2009 Jorgensen amplió su control de terrenos en la bahía de Trujillo, pese a que estos predios contaban con títulos comunitarios que establecen restricciones para su venta a personas externas, que fueron ignoradas por el Registro de la Propiedad en Santa Fe y Trujillo.

En mayo del año 2012, la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS/PC) presentó un requerimiento fiscal en contra del canadiense por usurpación en perjuicio de la comunidad de Cristales, pero tres años después, el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo dictó un sobreseimiento provisional a favor de Jorgensen.

En octubre de 2019, la Fiscalía llevo a cabo un juicio contra el canadiense Jorgensen, acusado de usurpación de tierras en perjuicio de las comunidades garífunas de Cristales y Río Negro, en Trujillo, Colón. 

A pesar de que el juicio contra Jorgensen se llevó a cabo en 2019, la sentencia aún no ha sido divulgada. Rony Castillo, miembro de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), dijo a Contracorriente que la Fiscalía afirmó ya tener la sentencia de Jorgensen, pero que la organización no ha tenido acceso a la misma; además, expresó sus dudas sobre si el fallo sería condenatorio. «Yo pregunté la vez pasada a la Fiscalía y ellos dijeron que ya estaba la sentencia, pero nosotros no la hemos visto, igual no creemos que sea condenatoria», indicó Castillo.

Según la investigación del Ministerio Público y el Instituto Nacional Agrario (INA), Jorgensen ocupa ilegalmente tierras ancestrales que le fueron transferidas por miembros del patronato comunitario, a pesar de que estas pertenecen colectivamente a la comunidad desde 1934, con reconocimiento oficial posterior del INA.

Además, su presencia en la zona dificulta el acceso de los garífunas a sus actividades diarias, violando la Ley de Propiedad, que establece que las tierras indígenas son intransferibles, inalienables e imprescriptibles.

Finalmente, en 2024, el Ministerio Público ordenó el aseguramiento de 233 lotes de terreno vinculados a dos sociedades mercantiles denominadas Desarrollos Visión de Vida S. de R. L. y Grande Trujillo Autoridad S. de R. L. cuyos titulares de derecho son Randy Roy Jorgensen, Malik Zoharan y Darren Wade Weeks, quienes, según la investigación, estafaron a varios de sus compatriotas mediante la venta de lotes.

De acuerdo a diligencias de agentes del departamento contra el crimen organizado de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los canadienses denunciados, desde el año 2008 han suscrito contratos de compra venta de lotes de terreno, valorados entre 29 y 45 mil dólares, situados en un supuesto desarrollo inmobiliario entre los municipios Trujillo y Santa Fe, departamento de Colón.

El complejo estaba conformado por varias lotificaciones: Campa Vista, Alta Vista Beach, Alta Vista Mountain, Campo del Mar, Park Side y Corazalta, todas registradas en el Instituto de la Propiedad de Trujillo bajo diferentes matrículas.

Las investigaciones revelan que los valores declarados en las escrituras no coinciden con los montos reales pagados por los compradores, en su mayoría ciudadanos canadienses y de otras nacionalidades, constituyendo así los delitos de lavado de activos y estafa continuada, según el Ministerio Público.

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La Ofraneh el 26 de noviembre de 2024 denunció ante el Ministerio Público a Jorgensen, por su implicación en el tráfico ilegal de bienes patrimoniales arqueológicos en el territorio ancestral garífuna de la bahía de Trujillo, que involucra el saqueo de más de 3,500 piezas arqueológicas. 

Este hecho se enmarca dentro de lo que se ha calificado como el mayor tráfico ilegal de bienes patrimoniales arqueológicos, conocido como «huaquerismo a gran escala», que afecta directamente el patrimonio cultural de las comunidades garífunas. 

Ofraneh exigió acciones legales contra los responsables y propuso resguardar la colección a través del Centro de Saberes Ancestrales Hachari Wayúnagu, con el objetivo de proteger y difundir el patrimonio cultural de los pueblos originarios.

La administración Trump ha enviado al gobierno Bukele a uno de los cabecillas históricos de la MS-13 que tenía bajo su custodia desde junio pasado y que es clave en las acusaciones en las que se vinculan pactos con los gobiernos de Arena, FMLN y de Bukele. Junto a César Humberto López Larios alias ‘Greñas de Stoners’, también llegaron otros 22 pandilleros de la MS-13 y 238 presuntos miembros del Tren de Aragua de Venezuela. El Salvador es ya el país carcelero de los reos que EUA no quiere.

En la madrugada del domingo 16 de marzo, César Humberto López Larios, alias ‘Greñas de Stoners’, uno de los 14 cabecillas históricos de la Mara Salvatrucha 13, otrora reclamados por Estados Unidos, fue deportado a El Salvador y ahora está bajo custodia del gobierno de Nayib Bukele, el mismo con el que esa estructura criminal pactó una reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios entre 2019 y 2022.

En un video dado a conocer por las redes sociales oficialistas y por el propio Bukele, López Larios baja de un avión custodiado y esposado y luego es trasladado hacia el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), ubicado en Tecoluca, San Vicente, en la zona paracentral del país.

—¡¿Su nombre?!-grita un custodio en otra de las tomas.
—César Humberto López Larios-, se alcanza a escuchar a un reo hincado y sometido en un pasillo del Cecot, antes de ser rasurado frente a las cámaras. 

Captura de imagen del video divulgado por la Presidencia de El Salvador. A la derecha, de blanco, César Humberto López Larios, alias ‘Greñas de Stoners’.

El traslado de López Larios ocurrió junto al envío de otros 22 pandilleros de la MS-13 y 238 reos acusados de pertenecer a la organización Tren de Aragua, originaria de Venezuela y considerada por la administración Trump (junto a la MS-13 y carteles de la droga) como una organización terrorista internacional.

A cambio de la recepción de estos reos, según el mismo Bukele, Estados Unidos pagará una tarifa anual “muy baja para ellos, pero una tarifa alta por nosotros”. Según la agencia de noticias AP, el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y El Salvador supone la entrega de $6 millones anuales para que el país sirva de carcelero de los reos que la administración Trump no quiere en su territorio.

“Hemos enviado a dos peligrosos líderes de la MS-13 y a 21 de sus más buscados de regreso a El Salvador para que comparezcan ante la justicia. Además, como prometió @POTUS (Trump), enviamos a más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua, quienes El Salvador se comprometió a mantener en sus excelentes cárceles a un precio justo que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes”, informó en su cuenta oficial en X el secretario de Estado Marco Rubio.

“El presidente Nayib Bukele no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino que también es un gran amigo de EE. UU. ¡Gracias!”, añadió.

El envío de este cabecilla de la MS-13 y la coincidencia con la aceptación de convertir a El Salvador en una cárcel de Estados Unidos sugiere, además, un toma y daca en el que Bukele ha ganado por partida doble. Por un lado, asegurándose ser un “socio” confiable en los planes de la administración Trump y de millones de dólares para el sistema penitenciario.

Por el otro, desarmar las peticiones de extradición emanadas desde Estados Unidos contra los cabecillas de pandillas. A inicios de febrero pasado, tras la visita de Marco Rubio a El Salvador, Milena Mayorga, la embajadora salvadoreña en Washington, aseguró en el programa Diálogo 21 que “el presidente (Bukele) le dijo (a Rubio) y fue muy tajante: ‘quiero que me mande las cabecillas de pandilleros que están en Estados Unidos’”, a cambio de recibir en el país prisioneros que Estados Unidos no quiere en su territorio.

Los reos vinculados a la MS-13 viajaron junto a dos centenares de personas vinculadas, según EUA, al Tren de Aragua de Venezuela. En redes sociales, defensores de derechos humanos denuncian que entre los detenidos y deportados hay ciudadanos que no son criminales y que huían del régimen de Nicolás Maduro. Imagen de la Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña.

De acusados que podrían vincular al gobierno Bukele a reos de Bukele

El mensaje de Marco Rubio sobre el destino final de los reos de la MS-13 entregados a El Salvador supone, a falta de un giro en el Departamento de Justicia (DOJ), un parteaguas en las intenciones de Estados Unidos para desmantelar a la cúpula de la MS-13 en su propio territorio.

Por ello la devolución a El Salvador de ‘Greñas de Stoners’ es sorpresivo. No solo porque Estados Unidos pareciera estar renunciando a una batalla diplomática en la que pedía vía extradición a todos los miembros de la estructura para enjuiciarlos en su propio territorio, sino además porque López Larios es clave en una acusación que podría ayudar a determinar cuán profundos fueron los nexos de esta pandilla con los gobiernos de Arena, el FMLN y el primer gobierno de Bukele.

López Larios sería apenas el primero de un grupo de reos que serían enviados al país, en una operación que no ha culminado y que involucra a varias agencias de Estados Unidos, según un comunicado del mismo DOJ.

«El gobierno entiende que la operación involucra no solo al DOJ, sino también a múltiples componentes del Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias…”, se lee en un comunicado dado a conocer por el Departamento de Justicia. “(…) La operación está en curso e incompleta», añade el documento.

Extracto del comunicado del Departamento de Justicia sobre el envío de reos hacia El Salvador.

Ahora mismo, en Estados Unidos están en juego el futuro de dos sendas acusaciones contra una treintena de líderes pandilleros, entre las que se perfilaban negociaciones de las pandillas con los gobiernos y líderes políticos salvadoreños. 

En enero de 2021, a seis días para que finalizara el primer mandato de Donald Trump, la fiscalía estadounidense dio a conocer una acusación histórica contra los 14 ranfleros históricos de la Mara Salvatrucha, entre ellos López Larios. Fueron acusados de operaciones ligados al terrorismo, narcoterrorismo entre otros delitos. En esa, la primera de las dos acusaciones contra la estructura de la MS-13, las autoridades estadounidenses vinculaban a la organización en pactos con los gobiernos y figuras políticas de los partidos Arena y FMLN.

La MS-13 pactó con los dos gobiernos del FMLN entre 2012 y al menos hasta 2014, según investigaciones periodísticas de El Faro. Para las elecciones presidenciales de 2014, también negoció beneficios a cambio de votos con el candidato presidencial del partido Arena, Norman Quijano, según investigaciones de la Fiscalía salvadoreña e investigaciones periodísticas.

Más tarde, otra investigación de El Faro reveló que las pandillas también negociaron con Bukele la reducción de homicidios e incluso votos para las presidenciales de 2019. Un año después, López Larios desapareció del radar de las autoridades salvadoreñas al menos desde octubre de 2020, cuando una cámara especializada de lo penal ordenó el “cese” de su prisión preventiva. En ese momento, estaba recluido en el penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, pero fue liberado tras la decisión de la cámara debido a que su proceso judicial se había alargado y excedió los tres años que para entonces se permitían como prisión preventiva. En El Salvador era acusado de 12 delitos, entre ellos siete por conspiración de homicidio agravado y dos por homicidio agravado.

En Estados Unidos, López Larios era acusado por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York de cuatro cargos de conspiración para proporcionar y ocultar apoyo material y recursos a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trasciendan las fronteras nacionales, conspiración para financiar el terrorismo y conspiración de narcoterrorista. De continuar su proceso y encontrarse culpable, podría recibir hasta cadena perpetua.

En la esquina inferior izquierda, una imagen de López Larios identificado como miembro de la ranfla de la MS-13 que era vigilada por inteligencia policial y militar en Zacatecoluca.

Entre 2021 y 2024, Estados Unidos se enfrascó en una batalla legal con El Salvador para hacer valer el tratado de extradición y el envío de los cabecillas bajo custodia salvadoreña, pero el gobierno de Bukele y su fiscal general -impuesto tras el golpe a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía General de mayo de 2021- se opusieron de manera tajante. En un hecho sin precedentes, el gobierno incluso permitió la salida irregular de uno de los cabecillas bajo su custodia, Élmer Canales, alias Crook, en noviembre de 2021.

Para esas fechas, El Faro reveló que López Larios ya estaba en México, hasta que en junio de 2024 habría sido capturado en el municipio de Arriaga y, posteriormente, arrestado por elementos del Buró de Investigaciones (FBI) y por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) en Houston, Texas.

Un destino similar le ocurrió a Crook, que tras su liberación del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca también se refugió en México, hasta que fue detenido en noviembre de 2023. Posteriormente fue capturado por las autoridades estadounidenses y ahora es uno de dos cabecillas de la MS-13 que quedan bajo custodia de Estados Unidos.

Pero las autoridades estadounidenses también tienen bajo su custodia a otros cinco líderes de la estructura (segundos mandos de la pandilla a nivel nacional), acusados en un segundo proceso por actos de terrorismo, en un caso en el que también se acusa a líderes pandilleriles de pactos con el gobierno y funcionarios de Nayib Bukele para reducir homicidios a cambio de beneficios carcelarios.

Entre estos beneficios detectados por las autoridades estadounidenses se encuentran la autorización de salidas del penal de máxima seguridad hacia falsas consultas médicas en hospitales públicos y privados. Redacción Regional reveló en 2023 que estas salidas fueron 749 y ocurrieron desde el inicio del gobierno Bukele, en julio de 2019, y se extendieron hasta marzo de 2022.

En una de estas salidas, de un mes de duración, el gobierno permitió que Diablito, considerado el máximo líder de la MS-13, fuera recluido durante un mes en un asilo de ancianos con acceso a visitas, cable, llamadas e internet.

Estas salidas hacia “consultas médicas” finalizaron el 26 de marzo de 2022, día en que se ideó y comenzó a ejecutar el régimen de excepción (aunque oficialmente fue aprobado por la Asamblea legislativa el domingo 27, luego de un fin de semana que registró más de 80 asesinatos).

Vista de una de las habitaciones en el asilo en el que el gobierno permitió que estuviera internado, durante un mes, el máximo líder de la MS-13.

Tras el régimen, que ya alcanzó los tres años, Bukele ordenó la construcción del megapenal del Cecot, en el que ahora está López Larios y los presuntos miembros del Tren de Aragua, cuando en ese penal presuntamente deberían estar recluidos los pandilleros detenidos durante el régimen. La realidad, sin embargo, es que en ese recinto están recluidos reos ligados a pandillas que cuentan con tres tiempos de comida e incluso rutinas de ejercicios, según la propaganda oficial y medios internacionales que han logrado autorización para ingresar al recinto.

Mientras, en los otros centros penitenciarios, sin acceso a prensa ni cámaras, existe una sobrepoblación carcelaria sin precedentes y organizaciones de derechos humanos denuncian la muerte de 370 personas bajo custodia del Estado, violaciones, torturas y tratos inhumanos contra las decenas de miles de capturados en el régimen.

Portada: Fotografía cedida que muestra a guardias en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) transfiriendo a supuestos miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, en San Luis Talpa, El Salvador, el 16 de marzo de 2025. EFE//Presidencia de El Salvador

Washington, 17 mar (EFE).- La Administración del presidente Donald Trump invocó este fin de semana una ley que solo fue usada en tiempos de guerra para enviar sin el debido proceso e ignorando las órdenes judiciales a cerca de 300 venezolanos a una cárcel en El Salvador, mientras que ha negado la entrada o ha sido acusada de maltratar a extranjeros con permisos de residencia o visados que no han sido acusados de ningún delito.

La Casa Blanca echó mano la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada en la guerra de 1812 y las dos Guerras Mundiales, para equiparar a la banda criminal Tren de Aragua con un enemigo invasor, algo que ha sido criticado por expertos constitucionalistas y que hasta el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) considera que no está reservado para la situación actual.

Según dijo Trump anoche a bordo del Air Force One, el envío de 238 venezolanos a la cárcel para pandillas de El Salvador responde a una situación que «es más peligrosa que una guerra» y que se trata de un invasión de «gente mala, como digo yo, ‘bad hombres'», pese a que la ley claramente define una invasión, como una incursión a manos de una nación extranjera.

Ahora el debate está centrado en si la Administración Trump incumplió la orden del juez federal James Boasberg que ordenó detener el envío de estos supuestos criminales (que no han tenido la oportunidad de defenderse ante la Justicia) y hacer regresar a los aviones si fuera necesario.

La Casa Blanca asegura que cuando la orden del juez llegó ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, pero datos de los vuelos indican que los aviones aterrizaron en Honduras a las 19:37 hora del este de Estados Unidos, antes de tomar camino de El Salvador, y la orden del juez se emitió a las 18:46 y fue publica da las 19:26 de la tarde.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este lunes que el Gobierno no se ha negado cumplir con la orden judicial y «la orden escrita y las acciones de la Administración no han entrado en conflicto» en la encarcelación de estos «terroristas» en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde, según la asociación Cristosal, se violan los derechos humanos.

«La orden, que no tiene base legítima, fue emitida después de que los extranjeros terroristas del Tren de Aragua ya habían abandonado el territorio estadounidense», añadió Leavitt.

El diario The New York Times identificó a Francisco Javier García Casique como uno de los enviados a El Salvador, pese a que su madre asegura que no tiene evidencias de que sea miembro del Tren de Aragua y que fue detenido por sus tatuajes.

«Estamos al inicio de una verdadera crisis constitucional», aseguró en X Mark S. Said, abogado experto en temas de seguridad nacional.

Negación de visados y permisos de residencia

A estas voces de alerta se sumó este fin de semana la del profesor de Harvard Noah Feldman, quien criticó la detención del residente permanente Mahmoud Khalil por expresar opiniones a favor de los palestinos en protestas protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución.

A este caso se han sumado recientemente acusaciones como la de Astrid Senior, que aseguró a la emisora WGBH que su hijo Fabian Schmidt, con permiso de residencia o Tarjeta Verde, fue desnudado e «interrogado violentamente» al llegar al aeropuerto de Boston al resgresar de Luxemburgo, algo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) negó este fin de semana.

Un caso similar será tratado hoy en un tribunal federal de Boston, después de que la profesora de la Universidad de Brown Rasha Alawieh, de 34 años, fuera deportada al Líbano a su llegada al mismo aeropuerto, pese a que un juez bloqueó esa decisión y que tenía una visa H1-B.

El decano de la escuela de periodismo de Columbia University, Jelani Cobb, mantuvo una reunión privada con sus alumnos para advertirles que el país pasa por «tiempos peligrosos» y que eviten expresar en redes sociales opiniones que puedan contrariar al Gobierno de Trump.

«Cuando se solicita entrar en EE.UU. y recibes un visado, eres un invitado. Si te decimos que vienes a Estados Unidos a participar en un evento pro-Hamás está en contra del interés de Estados Unidos. Si lo hubiésemos sabido no te daríamos el visado», indicó el domingo en una entrevista con la cadena CBS el secretario de Estado, Marco Rubio.

El Congreso Nacional no da información detallada sobre la erogación de 614.8 millones de lempiras en subvenciones en estos últimos tres años, y la mayoría de las Secretarías de Estado tampoco dan cuenta de quiénes son los congresistas que gestionan proyectos de infraestructura menor y obras sociales por medio de un fondo de 950 millones lempiras anuales a disposición de los congresistas. Lo anterior ha funcionado para fines proselitistas y sirvió para catapultar a candidatas y candidatos a diputados del partido oficialista en estas últimas elecciones.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen

Candidatas y candidatos que son reconocidos por el uso de subvenciones y la gestión de proyectos alcanzaron las primeras posiciones para las candidaturas a diputaciones en las elecciones internas realizadas en Honduras el pasado 9 de marzo.

Los beneficiados no solamente han sido quienes buscan la reelección al Congreso Nacional, sino también personas que buscan una diputación por primera vez, y otros que son diputados suplentes, pero que ahora aspiran a ser propietarios.

Militantes de Libre en Cortés eligieron a quienes más subvenciones utilizan

Dentro del Partido Libre, las primeras posiciones en la elección de candidatos a diputados por el departamento de Cortés las ocupan congresistas que han hecho uso de las subvenciones y la gestión de proyectos a través de distintas Secretarías de Estado. En este departamento es donde más uso de subvenciones hacen los diputados oficialistas, según un monitoreo realizado por Contracorriente.

Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, es quien destaca hasta este momento con el 45.2 % de las actas procesadas, en la primera posición dentro del Partido Libre en estas elecciones internas. Redondo es quien autoriza quién recibe o no subvenciones en el Congreso, y no ha transparentado en qué utiliza él mismo este beneficio. Sin embargo, en publicaciones se le ve haciendo donaciones millonarias en nombre del Congreso Nacional a instituciones u organizaciones; un ejemplo es la donación de 23 millones de lempiras a la Federación de Fútbol de Honduras  que efectuó en septiembre del año pasado, junto a varios congresistas. 

El presidente del Congreso Nacional obtuvo 20,211 votos en el departamento de Cortés en estas últimas elecciones internas, participando como precandidato en el Partido Libre; en las elecciones generales de 2021, en las que resultó electo como diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) obtuvo 88,852 votos, siendo el segundo más votado de ese partido, detrás del diputado Carlos Umaña.

El presidente del Congreso Nacional está en medio de los otros dos precandidatos más votados de los partidos políticos contrarios. Marlon Lara, del Partido Liberal, resultó el precandidato más votado en el departamento de Cortés, con 29,191 votos, y el menos votado fue José Jaar del Partido Nacional, con 10, 539 votos. 

Gimnasio del Instituto España Jesús Milla Selva durante las elecciones primarias e internas. Distrito Central, 9 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

En la carrera electoral interna, detrás de Redondo va  Scherly Arriaga, quien no solo ha utilizado subvenciones, sino que también ha gestionado la entrega de becas a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Arriaga también se ha caracterizado por ser quien organiza el Movimiento 28 de Junio (M28) del Partido Libre en el norte de Honduras, y por tener injerencia en asuntos de la alcaldía sampedrana. 

Arriaga obtuvo 17,326 votos en estas últimas elecciones, más votos que el segundo precandidato electo del Partido Nacional en el departamento de Cortés, Roberto Enrique Cosenza, ex viceministro de Salud en el periodo del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue electo con 10,485 votos. Sin embargo, Scherly sacó menos votos que el segundo precandidato más votado en el departamento de Cortés por el Partido Liberal, Roberto Pineda Chacón, actual alcalde de Santa Cruz de Yojoa, electo por 28,729 votos.

Le siguen Linda Donaire, Ramón Barrios y Netzer Mejía, quienes han entregado donaciones al Cuerpo de Bomberos de Choloma, capital semilla para emprendimiento a familias en San Pedro Sula, y reparaciones de aulas en este municipio. Según el monitoreo realizado por este medio de comunicación, estos diputados han gestionado o participado en eventos para la entrega de becas solidarias a través de Sedesol.

Pero no todos los congresistas que utilizan este beneficio fueron electos. Silvia Ayala, actual diputada del Partido Libre y precandidata a diputada por el movimiento Frente de Resistencia Popular (FRP) no fue electa en estas últimas elecciones. Ayala es una de las diputadas que más ha utilizado subvenciones en el norte de Honduras, y que además, ha gestionado becas a través de la Sedesol.

En 2023 estuvo entre las 10 primeras congresistas que más dinero gestionó para la entrega de becas a través de la Sedesol. En ese año gestionó 2.8 millones de lempiras en becas y en 2024 gestionó 400 mil lempiras.

Al contrario de los 20 candidatos a diputados electos por el departamento de Cortés en el Partido Libre, que pertenecen al Movimiento M28, Ayala fue precandidata de Libre por el movimiento  Frente de Resistencia Popular (FRP). El M28 es coordinado por Xiomara Hortensia Zelaya, actual diputada e hija de la pareja presidencial, Carlos Zelaya coordinaba este movimiento antes de que surgiera un video en donde se le ve negociando con narcotraficantes confesos.

Suplentes que ahora buscan ser propietarios

En estas votaciones también fueron electos como candidatos Dunia Jiménez y Mauricio Castellanos, quienes entraron al Congreso Nacional como diputados suplentes de Luis Redondo y Fátima Mena en el Partido Salvador de Honduras (PSH). Ambos, que van como candidatos del Partido Libre en esta ocasión, han hecho uso de las subvenciones en donaciones a asociaciones de pacientes renales y asilos de ancianos.

Otro congresista que alcanzó una candidatura es José Manuel Rodríguez, actual diputado suplente de Marco Eliud Girón. Rodríguez, quien va como candidato a diputado propietario por Francisco Morazán esta vez, ha gestionado sus 6.5 millones de lempiras provenientes del fondo de 950 millones a través de la Secretaría de Gobernación y las oenegés que esta Secretaría pone a disposición de los congresistas, para que gestionen proyectos de infraestructura menor y obras sociales.

A través de una oenegé, Rodríguez entrega bonos a vendedores ambulantes, madres solteras y personas de la tercera edad. La última vez que lo entregó fue en los bajos del Congreso Nacional, cuatro días antes de las elecciones internas. 

Entrega de bonos de parte del congresista José Manuel Rodríguez, de Libertad y Refundación (Libre), a través de la Fundación Universal. Tegucigalpa, 5 de marzo de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.

Gobernación respondió que «esta Secretaría no ha gestionado este tipo de proyectos», cuando este medio solicitó el listado de organizaciones que están disponibles para que los congresistas gestionen fondos. En lo que va de este gobierno, desde 2022 a 2025, se han creado 861 organizaciones no gubernamentales registradas ante la DIRRSAC, según información en poder de este medio de comunicación. Los departamentos que más registran organizaciones no gubernamentales son Francisco Morazán y Cortés.

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Otra candidata que destaca es Arminda Urtecho, quien inicialmente fue diputada suplente, pero luego reemplazó a Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso y hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien renunció después de que se revelara un video en el que se ve negociando con narcotraficantes. Urtecho, quien realizó múltiples donaciones a municipalidades y comunidades junto a Zelaya con dinero de las subvenciones, quedó como la tercera candidata con más votos en el departamento de Olancho.

Pero no todo fue positivo para quienes han utilizado subvenciones o han gestionado proyectos en estas últimas elecciones. José Oved López, suplente de Rasel Tomé, quien corrió como precandidato presidencial estas últimas elecciones, no resultó electo.

López, quien iba como precandidato a diputado propietario en el movimiento Morena Libre, de Rasel Tomé, en el departamento de Francisco Morazán, gestionó alrededor de 10.5 millones en becas a través de Sedesol en 2023 y 2024. Aunque este diputado se mostró crítico de las subvenciones por su falta de transparencia y apostó a la gestión de proyecto, no logró una candidatura por su partido.

Nuevas candidaturas que fueron beneficiadas con las subvenciones y gestión de proyectos

En estas elecciones internas también lograron una candidatura personajes nuevos en la política, pero que han estado presentes en los eventos proselitistas de las y los diputados actuales, y han sido beneficiados directa o indirectamente a través de las subvenciones.

En Olancho, Marcos Ramiro Lobo Rosales, quien se desempeñó como magistrado del Tribunal Supremo Electoral (ahora Tribunal de Justicia Electoral) en 2017 y es actual alcalde del municipio de Catacamas, resultó electo en primer lugar en estas últimas elecciones.

En abril de 2023, Marcos Ramiro Lobo recibió una donación de 100 mil lempiras por parte de la entonces diputada suplente Arminda Urtecho, quien fue electa como candidata a diputada por Olancho en tercer lugar. «Sabemos que es un donativo que lo hace ella con todo su cariño y lo agradecemos en nombre de todo el pueblo de Catacamas, que nos ha honrado con ser presidente de esta corporación municipal», dijo Lobo al recibir el cheque de la diputada en un evento.

Otro ejemplo es el de Clara López, quien resultó electa en tercer lugar como candidata a diputada por el departamento de Francisco Morazán en el movimiento M28. López estuvo presente en la entrega de 2,600 becas gestionadas a través de la Sedesol en diciembre del año pasado por el diputado Hugo Noé Pino, quien fue el diputado más votado en este departamento en las elecciones internas.

En ese evento también estuvo presente Naveshna Rovelo, esposa del diputado Fabricio Sandoval, quien va como diputada suplente de Mohsen Yamir Melghem, que también resultó electo como candidato a diputado en estas elecciones.

A la fecha se desconoce quiénes son las y los diputados que han hecho uso de la gestión de proyectos y las subvenciones de 100 mil lempiras al mes. El Congreso Nacional no ha transparentado el uso de estas subvenciones y la mayoría de las Secretarías tampoco han rendido cuentas sobre quiénes son los y las congresistas que gestionan proyectos por medio de un fondo de 950 millones de lempiras anuales.

Opacidad en entrega de subvenciones

Las subvenciones que entrega el Congreso Nacional en concepto de ayudas sociales, donaciones a asociaciones sin fines de lucro, a instituciones descentralizadas, a unidades del gobierno central y a municipalidades permanecen en la opacidad. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha expresado en varias ocasiones que la información sobre quienes toman subvenciones y sus respectivas liquidaciones estarán disponibles en el portal de transparencia, lo que no se ha cumplido hasta la fecha. 

Sesión ordinaria en el Congreso Nacional. Tegucigalpa, 12 de febrero de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.

Además, este poder del Estado no ha respondido las solicitudes de información de este medio de comunicación solicitando detalles sobre la erogación de fondos en concepto de subvenciones, a pesar de que en febrero de este año el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) resolvió una solicitud a favor de Contracorriente en la que le ordena al Legislativo entregar la información relacionada con las subvenciones.

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En los últimos tres años, el Congreso Nacional ha erogado 614.8 millones de lempiras en subvenciones sin transparencia, fondo que ha sido utilizado por congresistas de todos los partidos políticos y que ha servido como carta de negociación en momentos clave, como la aprobación del presupuesto general de 2025. Solo en 2024 se erogaron 366 millones de lempiras en subvenciones, desglosados en 314.3 millones de lempiras en concepto de ayudas sociales, 25.6 millones en donaciones para asociaciones sin fines de lucro, 1.7 millones en donaciones a unidades del gobierno central, 23.2 millones en donaciones a instituciones descentralizadas y 565 mil lempiras en donaciones a municipalidades.

Además, los congresistas propietarios y suplentes tienen a su disposición un fondo de 950 millones de lempiras anuales para la gestión de proyectos de infraestructura menor y obras sociales a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito), el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor).

De este fondo, los congresistas tienen disponibles 6.5 millones de lempiras para gestionar proyectos a través de una o varias Secretarías. Esta información también está en la opacidad, pues la mayoría de las Secretarías no proporcionan los nombres de quiénes son los y las congresistas que gestionan proyectos a través de este fondo.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Honduras es el segundo país con la mayor tasa de embarazos en adolescentes en América Latina. En ese contexto, y en el marco de la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, la artista visual Patricia Toledo instaló en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) la exposición interactiva «Voces de niñas», un proyecto orientado a difundir las voces de las niñas y adolescentes, que interpela al Estado de Honduras por la ausencia de políticas integrales que prevengan el embarazo adolescente y garanticen los derechos de las niñeces y adolescencias a una vida plena, libre de abuso sexual y otras violencias. 

Texto y fotos: María Eugenia Ramos

Las instalaciones del Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) albergan desde el 7 de marzo la exposición «Voces de niñas», una propuesta conceptual de la artista Patricia Toledo que tiene como objetivo visibilizar la situación de las niñas y adolescentes, en especial el abuso sexual y el alto índice de embarazo adolescente. La exposición, presentada en diversos formatos, contiene material audiovisual que ha sido traducido a lengua de señas hondureña (LESHO), y estará abierta al público hasta mayo del presente año.

Originaria de Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras, Patricia Toledo se autodefine como «obrera del arte, narradora por vocación, autodidacta, educadora popular y feminista de oficio». Es por ello que la propuesta que fundamenta su exposición «Voces de niñas» la ha acompañado desde la década de los noventa, cuando comenzó a pintar y a exponer de manera independiente, porque siempre lo hizo pensando en las mujeres y en las niñas.

«Pienso que si los Estados invirtieran más en las niñas y fueran garantes de derechos, y comenzaran por garantizar sus derechos, todas las personas saldríamos beneficiadas. La primera desigualdad, incluso trauma, que tenemos los seres humanos, comienza al momento del nacimiento, cuando nos clasifican por sexo, porque ese sexo viene cargado de roles, esterotipos, dogmas», apunta Patricia.

Al consultarle sobre los objetivos de la exposición, explica que el primero es «vindicar toda la vida de las niñas y lo que ellas hacen, no solo en los espacios domésticos y privados, o en sus escuelas, sino también como activistas, que transgreden y transforman el mundo, que hacen cosas por la humanidad, con una conciencia tal vez inocente, pero muy comprometida».

«Por otro lado», agrega, «también busca recordarle al Estado de Honduras que tiene un compromiso, que su trabajo es garantizar los derechos humanos de todas las personas, especialmente de sus niñeces, y que en Honduras hay una deuda histórica con las niñas, porque por lo menos desde 2010 es pandémico el embarazo infantil. Es un problema de salud pública, y generalmente se señala a la niña, en lugar de que las personas que les corresponda tomen sus responsabilidades en el asunto». 

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Una de las tres salas que comprende la exposición presenta estadísticas sobre embarazo infantil y adolescente tomadas de la Política de Primera Infancia y Niñez en Honduras, aprobada en 2024 y que estará vigente hasta 2033, según las cuales en el país, en 2019, el 29.9 % de las adolescentes de 15 a 19 años estaban embarazadas, con mayor incidencia en zonas rurales (28.3 %), en niñas del pueblo miskito (27. 4%) y en el quintil más pobre de la población (33.6 %).

La silueta de una adolescente señala con un dedo acusador las perturbadoras estadísticas sobre el embarazo infantil y adolescente en Honduras, en un contexto vinculado con el abuso, la violación, la explotación sexual, los índices de pobreza y la falta de educación. Exposición «Voces de niñas», Tegucigalpa, 11 de marzo de 2025. Foto: CC / María Eugenia Ramos.

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En esa misma sala están disponibles al público los audios de dos entrevistas hechas por la artista a Erika García y Laura Bohórquez, ambas del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), disponibles también en LESHO para que las personas sordas puedan acceder al contenido de las entrevistas.

Explica Patricia que Erika García «le dio seguimiento a la Ley de Educación Sexual, que luego se convirtió en la Ley de Prevención de Embarazos en Adolescentes, que fue vetada por la presidenta en agosto de 2023; entonces la entrevisté para hablar de ese proceso, en donde también se rescata que en la Ley Especial de VIH-Sida de 2015, en el artículo 14, dice que es obligatoriedad de los centros educativos y todas las instituciones que tengan que ver con niñeces y adolescencias, garantizar una educación sexual que sea inclusiva y no discriminatoria».

La presidenta Xiomara Castro vetó en 2023 la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo en Adolescentes en Honduras, que había sido aprobada ese mismo año y presentada como una de las «promesas cumplidas» del partido gobernante, Libertad y Refundación (Libre). La exposición incluye también una carta abierta a la sociedad y el Estado de Honduras, denunciando el grave retroceso que representa este veto, e instando a defender el derecho de las infancias y las adolescencias a acceder a una educación integral y a vivir libres de violencia. 

La carta está disponible en las instalaciones del CCET en Tegucigalpa, para que toda persona que lo desee pueda firmarla. Se contempla que al cierre de la exposición, en mayo, se definirán los mecanismos para hacerla llegar a la presidenta Xiomara Castro.

En cuanto a la entrevista con Laura Bohórquez, Patty Toledo conversó con ella sobre las formas de violencia, las inequidades y desigualdades que enfrentan las mujeres. El audio de la entrevista finaliza con un llamado de Laura a las niñas para que «tengan amigas, que confíen en sus amigas, porque las que nos salvan son las amigas», nos cuenta Patty, y agrega: «Es un mensaje que calienta el alma, pero también evidencia todo el vacío del Estado, porque no es garante de derechos».

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En otra sala hay una cabina de grabación, con el rótulo «Las niñas que fuimos», donde se invita a las mujeres a que compartan, si así lo desean, la experiencia de la primera vez que sufrieron acoso sexual, con la intención de contribuir a que se deje de normalizar el acoso sexual, que en Honduras las niñas experimentan a edades muy tempranas. 

El audio de estos testimonios, que serán anónimos, se puede escuchar luego con unos audífonos disponibles en otra parte de la sala. Los primeros seis testimonios, grabados por la propia artista y cinco mujeres más, están disponibles también en LESHO. Los testimonios que se recojan de mujeres y niñas pasarán a un archivo permanente que tiene Mujeres en las Artes, con el propósito de preservarlos.

La exposición «Voces de niñas» invita a las mujeres que lo deseen a contar de forma anónima y segura la primera experiencia de acoso sexual que vivieron. Tegucigalpa, 11 de marzo de 2025. Foto: CC / Contracorriente.

En esa misma sala hay un altar con velas, inciensos, y un texto dedicado a las niñas que ya no están. Patricia nos cuenta que en este componente ella rinde homenaje a sus ancestras y ancestros, recuperando un relato de la cosmogonía del pueblo maya sobre el destino que tenían en el más allá los guerreros caídos en batalla y las mujeres muertas durante el parto. Esas almas, como las de las niñas muertas, regresan convertidas en mariposas; por eso el símbolo de la exposición son las mariposas.

Patricia Toledo rinde homenaje a sus raíces mayas, con este altar dedicado a las niñas que ya no están. Tegucigalpa, 11 de marzo de 2025. Foto: CC / María Eugenia Ramos.

Otro componente de la exposición es un mural con rostros de niñas racializadas: una garífuna, una lenca y una tolupán. También aparecen algunos datos sobre escolaridad y las condiciones de las escuelas en Honduras y Latinoamérica, que «son paupérrimas», dice Patricia. En esa misma sala también hay un mapamundi que tiene alrededor los rostros y una minibiografía de trece niñas de distintos países («trece también es un número importante en la cosmovisión maya», apunta la artista).

La artista Patty Toledo demuestra cómo el público puede interactuar con el mural donde aparecen niñas de diferentes partes del mundo que se han destacado por sus luchas. Tegucigalpa, 11 de marzo de 2025. Foto: CC / María Eugenia Ramos.

Muchas de estas niñas ya no lo son en la actualidad, pero en su momento desempeñaron un rol significativo en varios momentos de la historia. «Sus luchas», explica Patty, «no han sido para ellas mismas, sino para el mundo. Para que no se nos olvide que las niñas no solo están dentro de las casas y metidas en un cuaderno en la escuela, haciendo tareas o cuidando a sus hermanitos, sino que también están luchando por el mundo». 

Entre estas niñas, Patricia ha incluido a la lideresa estudiantil hondureña Soad Ham, «que es la niña que asesinaron en estos años terribles que vivimos de dictadura reciente, cuando ella se atrevió a cuestionar a las autoridades de Educación y a exigir mejores condiciones, y la asesinaron por eso. Es nuestra niña eterna», refiere.

En el mismo espacio hay un gran rectángulo de color violeta, por ahora vacío, en el que se contempla exponer los resultados de cuatro talleres que la artista impartirá entre marzo y abril de 2025, en el marco de la exposición. Tres de estos talleres están dirigidos a niñas, y uno a niños, «para cuestionar todos estos estereotipos que tienen que ver con el género, y cuestionar esta falta de garantías y esta poca inversión que el Estado hace en garantizar los derechos de la niñez», explica Patricia. 

Y agrega: «Si las niñas están de acuerdo, porque todo va a ser aquí con autorización de las niñas y los niños; si quieren exponer el resultado de su taller, lo pueden hacer».

La exposición, con todos sus componentes interactivos, estará abierta al público hasta el 10 de mayo de 2025.

El pasado 31 de enero, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso de revisión presentado a favor de Lisby Dayana Allen Bardales, una joven de 18 años condenada en 2023 a once años y tres meses de prisión tras actuar en defensa propia en contra de su agresor sexual. Su caso ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como un ejemplo de la falta de perspectiva de género en el sistema judicial hondureño, al no haber considerado las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Texto: Abigail Gonzales
Fotografías: Fernando Destephen

El 4 de julio de 2021, Lisby Allen y Mártir Savillón ingresaron al motel Palmeras en Olanchito, Yoro. Allen, una mujer afrohondureña que en ese momento tenía 18 años, cuenta que fue amenazada de muerte junto a su pequeña hija por Martín Adonay Carbajal Savillón, de 51 años, quien la obligó a entrar al motel y luego la violó. Aproximadamente dos horas después, se escucharon disparos. Cuando los empleados revisaron la habitación, encontraron el cuerpo de Carbajal sin vida, con heridas de bala, pero Allen ya no estaba en el lugar. Horas más tarde, la joven fue detenida en los alrededores del motel y puesta a disposición de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El 26 de enero de 2023, el Juzgado de Letras seccional de Olanchito, Yoro, emitió una sentencia condenatoria de once años y tres meses contra Lisby Allen, quien fue acusada por la fiscalía por el delito de homicidio.

Ante esto, el 8 de enero de 2025, la Red Lésbica Cattrachas, con el respaldo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), presentaron un recurso de revisión con el que buscan revertir la sentencia, argumentando que Allen actuó en legítima defensa tras haber sido víctima de una agresión sexual. El 31 de enero de 2025 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso.

Seydi Irías, coordinadora del Observatorio de la Red Lésbica Cattrachas, sostiene que Allen no es una criminal, sino una víctima de violencia de género. «Durante el ataque, el agresor la amenazó de muerte a ella y a su hija, obligándola a ir a un motel, donde la violó. En un intento por salvar su vida, Lisby logró desarmarlo y le disparó», explicó Irías.

Irías señaló que la joven llamó al 911 para denunciar lo sucedido, pero en lugar de recibir apoyo, fue arrestada. «Durante el proceso judicial, su testimonio sobre la violación fue minimizado, describiendo lo sucedido como “relaciones sexuales”, por lo que fue condenada sin que se considerara plenamente la legítima defensa», puntualizó.

Desde el año 2021, Cattrachas ha acompañado el caso, denunciando la criminalización de que ha sido objeto Lisby y exigiendo su liberación. Además, el viernes 7 de marzo, en el bulevar Morazán de Tegucigalpa, la Red realizó un video mapping haciendo énfasis en que la actuación de Allen fue en defensa propia, y señalaron su condena como una injusticia.

Video mapping realizado por la Red Lésbica Cattrachas en el bulevar Morazán de Tegucigalpa. Distrito Central, 7 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Video mapping realizado por la Red Lésbica Cattrachas en el bulevar Morazán de Tegucigalpa. Distrito Central, 7 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Desde el inicio del proceso judicial, la defensa de Allen ha denunciado irregularidades en la investigación y la aplicación de la ley. Guadalupe Ramos, coordinadora del Cladem, señala que este caso refleja la falta de un enfoque de género en el sistema de justicia. «Este caso brinda la posibilidad a la justicia hondureña de no solo reconocer los errores que se tuvieron en su momento, sino de enmendarlos, y de que pueda hacerse justicia con perspectiva de género, que es lo que estuvo ausente en esa primera resolución», explicó Ramos.

Tras dos meses de espera, el 11 de marzo, se les notificó a las organizaciones que el 31 de enero se admitió el recurso, lo que representa el primer paso para reexaminar el caso de Allen.

Sin embargo, Melvin Duarte, director de comunicaciones de la CSJ, en una entrevista para Contracorriente dijo que «simplemente lo que se ha hecho hasta ahorita es darle trámite a una petición ciudadana, y que revisen esa sentencia, hasta este momento no significa nada más que pasarlo al trámite que corresponde».

Asimismo, Duarte explicó que para la revisión del caso no hay una fecha establecida, ya que primero deben completarse los trámites administrativos antes de que la Sala de lo Constitucional lo analice; sin embargo, señaló que sí hay voluntad de ponerlo en agenda: «Yo he platicado con el presidente de la Sala, Wagner Vallecillo, y está en toda la voluntad de ponerlo en agenda lo antes posible», indicó.

El caso de Lisby Dayana Allen ha sido ampliamente discutido en espacios feministas y organizaciones de derechos humanos, que han destacado las dificultades que enfrentan las mujeres víctimas de violencia al buscar la justicia en el país. En este contexto, el Cladem emitió un comunicado el 11 de marzo de 2025, en el que señalan que el caso de Allen representa una lucha por la justicia con perspectiva de género. Destacaron que la decisión de encarcelar es injusta y evidencia un patrón de criminalización de mujeres que se defienden de sus agresores, especialmente aquellas racializadas.

Finalmente, el comunicado destaca que el caso de Lisby no solo busca su libertad, sino que también representa un precedente para garantizar justicia a las víctimas de violencia de género y erradicar la criminalización de quienes se defienden de sus agresores.

La presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, el 25 de enero, Día de la Mujer Hondureña, afirmó que se va a priorizar el abordaje judicial en materia de violencia de género. Además, dijo que «el Poder Judicial ha venido dando pasos importantes para enfrentar la problemática encaminados a la apertura e integración de la justicia con la población, en especial con las personas que no han tenido voz».

Melvin Duarte señala que la presidenta Obando ha priorizado el abordaje de la violencia de género dentro del sistema judicial. «Como parte de esta estrategia, se ha creado un Observatorio de Justicia y Género, además de fortalecer la Unidad de Género del Poder Judicial, que ya existía en administraciones anteriores, pero que ahora cuenta con mayor participación en estos temas», enfatizó.

Además, mencionó que se han impulsado reformas para garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales, como el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REGAM) y la creación de un Registro de Agresores, ambos en colaboración con el Congreso Nacional. Estas acciones, aseguró, forman parte de una política integral que busca fortalecer la protección de las víctimas y agilizar la resolución de casos relacionados con violencia de género.

Mientras tanto, Cladem recordó que, aunque el Poder Judicial hondureño ha impulsado capacitaciones sobre perspectiva de género, esto debe reflejarse en las resoluciones judiciales.

Además, señalaron que el caso de Lisby es considerado emblemático y significativo, ya que podría marcar un antes y un después en la justicia hondureña. Afirman que si se aplica la perspectiva de género en este proceso, permitirá reducir las brechas de desigualdad dentro del sistema judicial y abrirá el camino hacia una justicia integral para las niñas y mujeres que sufren violencia en el país.

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Buenos Aires, 12 mar (EFE).- Lo que iba a ser una protesta habitual de jubilados frente al Congreso de Argentina, apoyada por hinchas de fútbol, sindicatos y movimientos sociales, terminó este miércoles en la mayor represión policial desde que Javier Milei llegó a la Presidencia, en diciembre de 2023.

Los jubilados, que se encuentran en su mayoría en situación de pobreza por sus bajos ingresos, reclaman una actualización de las pensiones, la restitución de la cobertura de medicamentos y la continuidad de la moratoria previsional, que vence este marzo y que daba pensión a aquellas personas sin suficientes años cotizados.

Hasta el momento, fuentes oficiales confirmaron a EFE que hay 103 detenidos y 20 heridos, entre ellos uno en estado muy grave.

Y entre los detenidos hay siete sindicalistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Carga policial sin precedentes  

Cerca de las 16:30 hora local (19:30 GTM) cientos de policías, apostados desde temprano en las inmediaciones del Congreso, cargaron contra los manifestantes que cortaban de forma pacífica las avenidas Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, en pleno centro de Buenos Aires.

Los agentes rociaron con gases lacrimógenos y golpearon con palos a quienes protestaban hasta despejar de gente la avenida Entre Ríos, que atraviesa la plaza donde se levanta el imponente edificio del Legislativo. Algunos ciudadanos respondieron arrojando piedras.

Minutos después un camión recorrió la avenida hasta Bartolomé Mitre expulsando fuertes chorros de agua. Allí, otro grupo de manifestantes intentaba acercarse a la plaza y cantaba canciones contra el Gobierno y las fuerzas de seguridad, con letras como “que triste debe ser tener que pegarle a un jubilado para poder comer”, “Milei, vos sos la dictadura” o “que se vayan todos”.

Quienes se acercaban al Congreso, donde ya es una tradición ver a los jubilados manifestarse cada miércoles, sentían el picor del gas en los ojos, las fosas nasales y la garganta.

Héctor, que portaba un cartel con la frase “Basta de genocidio silencioso” contó a EFE que cobra la jubilación mínima (menos de 300 dólares mensuales): “Estamos defendiendo nuestros derechos y queremos que se vaya este gobierno hambriador”.

Liliana, otra habitual de los miércoles, se acercó a uno de los oficiales y le gritó: “Qué papelón como nos tratan. Vayan a ayudar a Bahía Blanca (ciudad donde ha habido una gran inundación) en lugar de reprimirnos”.

“Están armados hasta los dientes contra los jubilados», se lamentó en declaraciones a EFE.

La hinchada con los jubilados  

Hinchas de distintos equipos de fútbol, incluso rivales, se unieron por la misma causa. Carlos, de 75 años y fanático de Chacarita Juniors, es uno de ellos: “Si tengo que perder mi vida luchando como un jubilado la voy a perder, pero mis hijos y mis nietos van a ser libres, esta patria no merece lo que tenemos en el gobierno”, dijo a EFE.

Una joven contó que había ido hasta el Congreso en nombre de su madre y sus abuelos: “Es impresionante lo que están haciendo con los abuelos, no se puede permitir, hay que parar esto”.

La policía comenzó a cargar contra la gente cerca de las 17:00 hora local (20:00 GTM).

EFE fue testigo de cómo Beatriz Bianco, de 87 años, fue empujada por un policía, que la golpeó la cabeza contra el asfalto y terminó en el hospital.

Los manifestantes comenzaron a replegarse ante la carga policial y se dirigieron hacia la Casa Rosada, sede del Gobierno, pero un grupo de policías motorizados subieron los vehículos a las veredas para perseguirlos.

En la Avenida de Mayo apareció volcado y prendido fuego un vehículo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y, en ese ambiente, varios manifestantes increparon a otros acusándolos de ser infiltrados y causantes de los disturbios.

Una represión conocida

Durante la avanzada policial, un grupo se resguardaba sobre la mítica avenida Callao, entre ellos un hombre con los ojos rojos por el efecto de los gases, quien, ahogado en lágrimas, dijo a EFE: “Están destruyendo el país, esta represión ya la tuvimos muchas veces».

Pablo, con camiseta del club Ferrocarril Oeste, se resguardaba junto a su pareja, de Boca, de la violencia policial, mientras se lamentaba por la situación de los jubilados: «no pueden vivir con lo que están cobrando”.

Al anochecer, la Policía volvió a tomar la avenida Rivadavia y empujó a un grupo de jubilados.

La iniciativa de acompañar este miércoles a las personas mayores en su protesta surgió tras los hechos ocurridos hace justo una semana, cuando un hincha de Chacarita Juniors, de 75 años, fue rociado de gases y golpeado por la Policía, hasta romperle la muñeca.

Laura Guarinoni

A pesar de décadas de estrategias represivas, el tráfico de drogas en América Latina ha evolucionado, fragmentándose en redes criminales cada vez más diversificadas, mientras que las operaciones militares y policiales han reconfigurado las rutas del narcotráfico, fortalecido a grupos delictivos y aumentado la corrupción institucional, según un informe de la organización no gubernamental (ONG) International Crisis Group (ICG) difundido hoy.

Estados Unidos continúa impulsando ofensivas contra los carteles, pero la evidencia sugiere que estas acciones suelen intensificar la violencia en lugar de reducirla, por lo que lo recomendable es aplicar estrategias combinadas que incluyan mejoras en la acción policial, programas de desarrollo económico y control del tráfico de armas, considera el grupo de expertos de este centro de pensamiento, con sede en Bruselas (Bélgica) y financiado a partes iguales por Gobiernos y fundaciones.

Transformaciones en el narcotráfico 

El tráfico de drogas ya no está dominado por carteles jerárquicos, sino por redes descentralizadas que externalizan distintas fases del proceso. Además de la producción y distribución de drogas, estas organizaciones han expandido sus actividades a la extorsión, el secuestro y el tráfico de armas.

La corrupción estatal facilita su operación, con jueces, policías y funcionarios públicos cooptados o amenazados, considera ICG, que también apunta que en varias cárceles de la región, los grupos criminales operan con autonomía, utilizando los centros penitenciarios como bases de operaciones.

El narcotráfico ha crecido más allá de Colombia y México, impactando a países que anteriormente no eran centros de tráfico, como Ecuador y Costa Rica. Ecuador, en particular, se convirtió en 2024 en el país más violento de Sudamérica debido al incremento de la actividad de grupos criminales ligados al narcotráfico.

El fenómeno del «efecto globo» ha sido determinante en la expansión del crimen organizado: cuando las fuerzas de seguridad bloquean una ruta, los traficantes simplemente trasladan sus operaciones a otro territorio con menor control estatal. Esta estrategia ha permitido la propagación del crimen organizado por toda América Latina.

El informe describe los niveles en los que operan las redes criminales, partiendo de los empresarios y financieros que invierten en el tráfico de drogas sin involucrarse directamente en su operación, utilizando mecanismos de lavado de dinero en sectores legales, y siguiendo con las organizaciones que controlan el transporte de drogas a mercados extranjeros mediante rutas marítimas y aéreas.

A continuación están los grupos nacionales que supervisan la producción y garantizan el tránsito seguro de la droga dentro de sus territorios, y por último, las pandillas locales, que manejan la venta minorista y el control territorial, recurriendo a la violencia y la extorsión.

El impacto del fentanilo 

El fentanilo ha cambiado la economía del narcotráfico. Su producción, más barata y sencilla que la de la cocaína o la heroína, ha permitido que los grupos criminales mexicanos se conviertan en actores clave en su manufactura y distribución. A diferencia de la cocaína, que requiere cultivos a gran escala, el fentanilo puede producirse en laboratorios clandestinos con precursores químicos importados de China, detalla el informe.

El alto margen de ganancia y la dificultad para rastrear su origen han convertido al fentanilo en una droga de alto impacto, generando una crisis de sobredosis en EE.UU. Su proliferación ha complicado aún más los esfuerzos para controlar el narcotráfico, agrega.

La violencia es un componente estructural del narcotráfico. Mientras que las grandes ganancias se concentran en los niveles superiores de las redes criminales, la violencia se manifiesta en la base, donde los grupos locales compiten por el control territorial.

En comunidades marginadas, los grupos delictivos cumplen funciones similares a las de un gobierno, proporcionando empleo, seguridad y asistencia social a poblaciones vulnerables. Para muchos jóvenes, la falta de oportunidades económicas hace del narcotráfico una opción viable de subsistencia, considera el estudio de ICG.

La guerra territorial ha hecho que algunas ciudades latinoamericanas sean de las más violentas del mundo. En ciertos barrios, los grupos criminales han impuesto límites invisibles, cuya violación puede resultar en la ejecución de quienes los crucen. Además, la violencia de género es una táctica común en estos entornos, donde las mujeres son consideradas propiedad de las bandas, advierte ICG.

Corrupción y obstáculos estatales

Uno de los principales obstáculos en la lucha contra el narcotráfico es la corrupción. Las organizaciones criminales han logrado infiltrar las instituciones estatales, asegurando impunidad para sus operaciones. En México, Ecuador y Honduras, se han documentado vínculos entre jueces, fiscales y grupos criminales, dificultando los esfuerzos para desmantelar estas redes.

El asesinato de políticos y funcionarios que intentan enfrentar al crimen organizado es una táctica común. Durante las elecciones mexicanas de 2024, más de 130 candidatos fueron atacados y 32 fueron asesinados por negarse a colaborar con grupos delictivos, alerta esta ONG, para la que la estrategia basada exclusivamente en la represión militar ha demostrado ser ineficaz para mitigar la violencia del narcotráfico.

Los expertos sugieren enfoques integrales que aborden tanto la seguridad como las causas estructurales del problema, como la modernización y profesionalización de la policía para reducir la dependencia de operativos militares y la creación de oportunidades laborales y programas sociales para evitar la captación de jóvenes por organizaciones criminales.

También sugieren la reducción del acceso a armamento de alto calibre, con especial atención a las armas que ingresan desde EE.UU., e incluso, en contextos específicos, explorar diálogos con ciertos grupos criminales para reducir la violencia y facilitar procesos de desmovilización.

Por: David Asta Alares/ EFE

Manila, 11 mar (EFE).– El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue detenido este martes en Manila y trasladado horas después en un avión a La Haya tras una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI), acusado de crímenes contra la humanidad por una sangrienta campaña contra las drogas que dejó miles de muertos.

Después de días de rumores sobre su posible arresto, el polémico exmandatario de 79 años fue detenido por efectivos de la Policía filipina y de Interpol nada más llegar este martes al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, procedente de Hong Kong.

Eran las 09:20 hora local (01:20 GMT), inicio de una frenética jornada que revolucionó más la turbulenta vida política del país asiático, pendiente de unas elecciones a mitad de mandato del próximo 12 de mayo, en las que Duterte aspiraba a volver a gobernar su feudo local, la ciudad sureña de Davao.

El exlíder fue trasladado a la base aérea de Villamor, donde permaneció hasta que fue embarcado en un avión chárter «a la fuerza», según denunció a los medios su hija, la vicepresidenta Sara Duterte.

La aeronave con número de registro RP-C5219 despegó hacia las 23:00 hora local (15:00 GMT), afirmó la cadena de televisión GMA.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., señaló en rueda de prensa que la partida de Duterte a La Haya permitirá «que el expresidente se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas».

La detención se produjo después de que la CPI emitiera una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad remitida por Interpol a las autoridades del país asiático, según un comunicado de la oficina presidencial de Filipinas.

Guerra contra las drogas

La detención tuvo lugar con base a una orden de arresto secreta de la CPI, a la que EFE tuvo acceso, que consideró que hay «motivos razonables» para creer que Duterte lideró un escuadrón de la muerte y utilizó su poder presidencial para llevar a cabo asesinatos extrajudiciales en nombre de su guerra contra las drogas.

Armado con una imagen de justiciero implacable y malhablado, Duterte llegó al poder en 2016 con la promesa de limpiar de drogas las calles de Filipinas sin importar el coste.

El resultado: 6.000 muertos en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales hasta que finalizó su mandato en 2022, según cifras de la Policía, unas estimaciones que ONG locales elevan a más de 30.000 fallecidos.

La CPI inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado.

No obstante, el tribunal subrayó en su orden de arresto que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro de la CPI.

La detención suscitó un estallido de júbilo entre los partidos políticos y organizaciones críticos con Duterte.

«Esta medida por la CPI es prueba de la validez de nuestra llamada para pedir cuentas a Duterte y sus cómplices por llevar a cabo la guerra contra las drogas», afirmó en un comunicado la asociación Rise Up, que aúna a familiares de las víctimas de la brutal campaña antinarcóticos del expresidente.

Duterte cuestiona la detención

Pese a haber retado en repetidas ocasiones a la CPI a detenerle, la última de ellas el pasado fin de semana en Hong Kong, el político y abogado de formación cuestionó la legalidad de su arresto.

«¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?», dijo hoy ya detenido, antes de lamentar haber sido trasladado a la base aérea «en contra» de su voluntad, según un vídeo compartido por su hija Verónica, presente en la sala.

De nada sirvió un recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por el abogado Israelito Torreón para suspender la detención, ni las quejas de los defensores del exmandatario.

Antiguos aliados

Marcos Jr. llegó al poder en 2022 tras forjar una exitosa alianza con Sara Duterte, pero el idilio no tardó en transformarse en una pelea pública que desembocó en amenazas de muerte de la vicepresidenta contra el mandatario.

El propio exmandatario ha insultado en numerosas ocasiones al actual presidente del país, a quien llegó a calificar de «drogadicto», evidenciando el cisma entre las dos familias.

Sara Duterte, que se enfrenta ahora a un proceso de destitución acusada de utilizar fondos de manera indebida, denunció que el arresto de su padre estuvo motivado políticamente ante la fuerza de sus partidarios de cara a las elecciones a medio mandato del próximo 12 de mayo.

Marcos Jr. negó hoy que la detención se tratase de una persecución política, aduciendo que se limitó a prestar ayuda a Interpol.

Julius Cesar Imperial Trajano, experto de la Escuela Rajaratnam de Estudios Internacionales, consideró por el contrario que la «familia Duterte cometió un grave error al oponerse a Marcos Jr.» y declaró a EFE que la detención «es claramente producto de los intereses políticos opuestos de las dinastías políticas dominantes». EFE

En San Pedro Sula, decenas de centros de votación no pudieron abrir a las 7:00 a. m.,la hora prevista para el inicio del proceso electoral el pasado domingo 29 de marzo,  debido a problemas logísticos en la distribución de las maletas electorales en esa ciudad y en el Distrito Central. Incluso la urna donde debía votar el actual alcalde, Roberto Contreras, abrió con retraso. Contreras, por el Partido Liberal; Yaudet Burbara, del Partido Nacional y Rodolfo Padilla, de Libertad y Refundación, lideran los primeros resultados del Consejo Nacional Electoral en la contienda por la candidatura a la alcaldía de sus respectivos partidos.

Texto y fotos: Allan Bu

Antes de que comenzaran las elecciones primarias en San Pedro Sula, al norte de Honduras, ya se murmuraba en los centros de votación sobre los problemas relacionados con la llegada de las maletas electorales; pero conforme esas preocupaciones se hicieran realidad, se comenzó a hablar de fraude e irregularidades en las elecciones primarias de 2025. Fue un comienzo caótico. 

A las 8:00 am, solo habían iniciado las votaciones en unos 10 centros de votación de los 152 que se habilitaron en la segunda ciudad más importante de Honduras, según confirmó un custodio electoral en la escuela República de Colombia. La problemática a esa hora era que, aunque las maletas electorales ya habían salido de las bodegas del estadio Olímpico donde estuvieron resguardadas, no estaban en los centros de votación.

El caso se repitió en la urna donde debía votar el precandidato a alcalde por Libertad y Refundación, Rodolfo Pastor de María y Campos, que no abrió a las 7:00 a. m., y tres horas después seguía sin recibir las maletas electorales. La falta de estos materiales en tantos centros de votación no se había registrado en un proceso eleccionario en Honduras.

Aparte de la llegada tarde de las maletas, Pastor advirtió que «desafortunadamente en algunas urnas no vienen sellos importantes, como el del presidente y el del secretario de la mesa, y eso va a impactar en la validez del acta», denunció el precandidato a alcalde. Además, manifestó que había preguntado a las autoridades sobre los retrasos y que le pidieron paciencia. «Hacemos eco de ese llamado, a que se respete el proceso. El llamado es a que ejerzan su derecho al voto y yo siempre digo que si votan todos, ganamos todos», afirmó.

La tardanza provocó incertidumbre en los votantes. Don Edgardo, una de las personas que esperaba en la escuela República de Colombia desde las 7:00 am se quejó de la irresponsabilidad de los organizadores de las elecciones y dijo estar desmotivado por la espera por las maletas. Después de que hablamos con él, el material electoral tardó tres horas más para llegar a ese centro electoral. 

En El Progreso, Yoro, donde no hubo contratiempos, la precandidata presidencial del Partido Liberal, Maribel Espinoza, expresó su molestia por las irregularidades que marcaron el comienzo del proceso. Recalcó que hay una gran suspicacia en el hecho de que la ministra de Defensa, Rixi Moncada, también sea precandidata a la presidencia. «Eso es grave, por eso es que hoy hay dudas razonables, porque las Fuerzas Armadas no han cumplido con su deber», dijo.

Según el artículo 272 de la Constitución de la República,  las Fuerzas Armadas son responsables de garantizar la cadena de custodia de las maletas electorales a nivel nacional. Sin embargo, tanto en el Distrito Central como en San Pedro Sula se reportaron incidentes de abandono de este material, y en redes sociales surgieron múltiples denuncias sobre su traslado en unidades de transporte urbano.

La precandidata liberal votó en el Instituto Rómulo E. Durón de El Progreso, Yoro. 9 de marzo de 2025. Foto CC/Allan Bu.
La precandidata liberal votó en el Instituto Rómulo E. Durón de El Progreso, Yoro. 9 de marzo de 2025. Foto CC/Allan Bu.

Espinoza manifestó que el «dinero de los contribuyentes se ha invertido en enormes sumas para este proceso» y hay errores que le hacen gran daño a la democracia y a la confianza de los electores. Además, dijo que no podía hablar de fraude, pero sí podía mencionar que habían irregularidades antes de iniciar la votación.

A medida que avanzó el día, los centros de votación en la ciudad industrial se fueron habilitando, pero quedaron escenas que representan el caos que marcó estás elecciones primarias en el país. En una de ellas, el actual alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, apareció golpeando la puerta de un aula en la escuela César López de la colonia Satélite. «¡Queremos votar, abran la escuela, son las 10:00am!», gritaba el alcalde a alguien al interior de la escuela. 

Hubo otros centros, como en la escuela José Antonio Peraza y el Centro Básico Padre Clareth, ambas en el sector Rivera Hernández, donde la votación se desarrolló sin contratiempos y con buena asistencia de votantes, especialmente en las urnas que correspondían al Partido Nacional. Caso contrario es El Progreso, pues en la escuela Rómulo E. Durón, la urna más concurrida era la del Partido Liberal. 

En la escuela Presentación Centeno, ubicada en el barrio Cabañas, un tradicional bastión liberal, las urnas de este partido eran un hervidero cerca de las 5:00 p. m. debido a los retrasos, a pesar de que  el Consejo Nacional Electoral (CNE) había emitido un comunicado extendiendo la votación hasta las 9:00 p. m. en los centros que abrieron a las 7:00 a. m., y hasta que «el último votante ejerza el sufragio» en los que iniciaron más tarde.

Y fue precisamente esta indicación la que generó un problema en dos urnas del Partido Nacional que cerraron cuando aún había votantes esperando ejercer el sufragio. «Yo no me voy a estar aquí hasta las 12 de la noche», dijo la presidenta de la junta receptora mientras gritaba que no la podían denunciar porque el día de las elecciones tenía inmunidad por ser miembro de una mesa receptora. 

A las 5:00 p. m. las urnas del Partido Liberal todavía lucían abarrotadas en la escuela Presentación Centeno del barrio Cabañas en San Pedro Sula. Domingo 9 de marzo de 2025. Foto CC/Allan Bu.
A las 5:00 p. m. las urnas del Partido Liberal todavía lucían abarrotadas en la escuela Presentación Centeno del barrio Cabañas en San Pedro Sula. Domingo 9 de marzo de 2025. Foto CC/Allan Bu.

«Abrieron a las 8:30am, entonces la lógica indica que tienen que cerrar una hora más tarde. Ya se fueron las señoras que querían votar, entre los mismos nacionalistas nos dañamos. Eso es lo que tiene Libre, ellos saben trabajar», dijo Alex, uno de los indignados nacionalistas que esperaban en la puerta de la urna. 

En las gradas del tercer piso de la escuela Presentación Centeno, un hombre gritaba: «¡Voten por Libre, no desperdicien su voto! Prohibido olvidar». Su mensaje se repetía una y otra vez hasta que otro le respondió: «¡Se van! ¡Viva Nasralla!». La escena transcurrió sin agresividad ni violencia; al contrario, muchos rieron a carcajadas. 

Ganador

El inusual y nunca antes registrado incidente con las maletas electorales provocó un retraso en el conteo de votos y en consecuencia también retrasó la publicación de resultados en el nivel municipal en San Pedro Sula de los tres partidos que se disputan la alcaldía. 

No obstante, a las 10:00 p. m., el actual alcalde Roberto Contreras se declaró ganador de las elecciones internas del Partido Liberal, en las que competía por el movimiento Juntos por el Cambio de Jorge Cálix. 

Contreras agradeció el apoyo de los sampedranos en las elecciones pese a que calificó el proceso como «improvisado y desordenado» en referencia a la tardanza de las maletas electorales y falta de algunos materiales. Incluso se mofó del papel hecho por el ejército, «no quisiera que tuviéramos un proceso bélico en el país con un país hermano, no quiero imaginar el desorden en el que entrarían las Fuerzas Armadas», dijo. 

«Las urnas no llegaron a tiempo, no había tinta, el lector no funcionaba y a las 11:00 [a. m.] los centro de votaciones seguían cerrados. Tal parece que no existió ninguna planificación para realizarlo», se quejó el alcalde y candidato. 

Aún sin datos oficiales, el alcalde se declaró ganador de unas elecciones en las que era gran favorito: «Esta noche, sin ser soberbio, sin ser altivo, afirmo que soy  el ganador de la elección interna del Partido Liberal y seré el candidato de las elecciones en noviembre. Hoy puedo decir: el Pollo va de nuevo como candidato a la alcaldía de San Pedro Sula y venceremos a Libre y al Partido Nacional».

El CNE informó que, con el último conteo de votos registrado a las 6:30 a. m. de este lunes 10 de marzo de 2025, Adrián Padilla (Libre), Yaudet Burbara (Partido Nacional) y Roberto Contreras (Partido Liberal) encabezan la contienda dentro de sus partidos en la elección para la alcaldía de San Pedro Sula.

En el Partido Nacional, Yaudet Burbara lidera con el 46.25%, seguido de Armando Calidonio con el 37.50%. En el Partido Liberal, Roberto Contreras se impone con un amplio margen de 85.63%, mientras que Arnaldo Martínez registra un 12.75%. En Libertad y Refundación (Libre), Adrián Padilla se mantiene al frente con un 43.60%, seguido por Rodolfo Pastor con un 35.86%. 

Adrián Padilla apareció en la papeleta como «representante» de su padre, Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de San Pedro Sula, quien no pudo ser inscrito debido a una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia (CJS) por prevaricato. Hasta diciembre de 2024, la principal apuesta de Libre para la alcaldía era Rodolfo Pastor de María y Campos, pero fue desplazado tras el regreso de Padilla Sunseri, quien se acogió a la amnistía otorgada por la «Ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho». Actualmente, Padilla Sunseri espera una resolución de la CSJ que modifique su inhabilitación para las elecciones de noviembre de 2025.

Rixi Moncada, Nasry Asfura y Salvador Nasralla se perfilan como candidatos presidenciales de los partidos Libre, Partido Nacional y Partido Liberal, respectivamente, después del último corte de resultados electorales preliminares emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras unas accidentadas elecciones primarias celebradas el domingo 9 de marzo. El CNE atribuyó retrasos en el traslado del material electoral y violaciones a la cadena de custodia en Tegucigalpa a una empresa contratada por más de 60 millones de lempiras. 

 Texto: Luis Escalante 
Fotografías: Fernando Destephen 

Las accidentadas elecciones primarias celebradas este domingo perfilan a Rixi Moncada, Nasry Asfura y Salvador Nasralla como los candidatos que buscarán la presidencia de la república por los partidos Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional y Partido Liberal en las elecciones generales del 30 de noviembre.

Según el último corte de resultados emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), actualizado hasta las 10:10 a. m. de este lunes, en el Partido Liberal, Salvador Nasralla aventaja con un 59.36 % sobre Jorge Cálix, quien obtiene un 29.91 %. Le siguen Luis Zelaya con un 5.59 % y Maribel Espinoza con 5.11 %. En el Partido Nacional, Asfura lidera con un 76.01 %, seguido por Ana García con un 21.26 %, Jorge Zelaya con un 1.85 % y Roberto Martínez Lozano con un 0.86 %. En el Partido Libre, la ministra de Defensa Rixi Moncada lidera con un 92.22 %, mientras que Rasel Tomé obtiene un 7.77 %. Este corte del CNE se basa en el escrutinio de un 34.58 % del total de las actas.

Sin embargo, la jornada electoral estuvo marcada por diversas violaciones a la cadena de custodia del traslado del material electoral, señalamientos de fraude y boicot, incumplimiento de cláusulas por parte de empresas contratadas por el CNE, entre otras irregularidades, que marcaron las elecciones primarias del 9 de marzo, unas que le costaron al Estado de Honduras más de 2 mil millones de lempiras y en las que 5,880 aspirantes a los cargos presidenciales, de diputados y alcaldías de los partidos Libre, Nacional y Liberal intentaron asegurar un lugar en las elecciones generales del 30 de noviembre.

Gimnasio del Instituto España Jesús Milla Selva, este centro de votación inició temprano y sin retrasos las votaciones. Distrito Central, 9 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Gimnasio del Instituto España Jesús Milla Selva, este centro de votación inició temprano y sin retrasos las votaciones. Distrito Central, 9 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Aunque no estaba previsto que las maletas con material electoral, como papeletas, urnas y lectores biométricos, tardaran entre 10 y 14 horas en llegar a los centros de votación, afectando a las más de 2,571 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en Tegucigalpa, de un total de 24,800 en todo el país, el CNE atribuyó los retrasos a un incumplimiento por parte de una de las empresas contratadas. Según un informe de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), hacia las 4:00 de la tarde, el 39 % de las JRV en Tegucigalpa presentaban problemas.

Esto provocó que, afuera de los centros de votación de la capital, las personas se sintieran decepcionadas. Por ejemplo, en la Escuela República de Nicaragua, donde Contracorriente realizó una cobertura desde las 6:00 a. m., las personas abandonaban el lugar debido a la desesperación provocada por la falta de llegada del material electoral, que arribó al centro después del mediodía. En otros centros el material llegó a las 9 o 10 de la noche y hasta que este medio cerró su transmisión en vivo por las redes sociales a las 10:30 de la noche, en centros como la Facultad de Medicina de la UNAH y en la colonia Kennedy las filas eran largas con decenas de personas esperando en la oscuridad ejercer el sufragio. 

Fallas en la contratación para transporte de material electoral

El CNE responsabilizó de los incumplimientos a la empresa encargada de prestar el servicio de traslado del material electoral desde las instalaciones en Tegucigalpa del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde operan las bodegas del CNE, hacia los diferentes centros de votación. La empresa en cuestión es Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., que, según verificó Contracorriente, apenas fue notificada de la adjudicación del servicio por más de 64 millones de lempiras el 25 de febrero, es decir, dos semanas antes de las elecciones.

En un pronunciamiento público emitido por Cossette López, consejera presidenta del CNE, se denunció un «retraso malicioso» en el proceso electoral y se advirtió sobre la presentación de acciones legales contra las o los responsables ante el Ministerio Público (MP). De igual modo, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ente contralor del Estado, anunció una investigación de oficio contra el CNE tras lo ocurrido. 

«Atrasar innecesariamente o impedir la celebración de los comicios deliberadamente constituye un delito electoral. Desde ya hago un llamado al Ministerio Público y a las Fuerzas Armadas», dijo en conferencia la consejera López, quien aseguró que ella misma pondrá a disposición de la justicia a las personas responsables.

El Centro de votación en la escuela Dr. Estaban Mendoza de la colonia Kennedy, fue uno de los lugares afectados por el retraso de más de diez horas en la entrega del material electoral. Distrito Central, 9 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
El Centro de votación en la escuela Dr. Estaban Mendoza de la colonia Kennedy, fue uno de los lugares afectados por el retraso de más de diez horas en la entrega del material electoral. Distrito Central, 9 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Por su parte, el consejero propietario Marlon Ochoa calificó el proceso de traslado del material de «desorganizado» y «alejado de la planificación a cargo del CNE». «Adicionalmente, a la desorganización en la carga del Distrito Central, se constató que hubo mala planificación, lo que provocó que las maletas fueran cargadas en medios de transporte distintos», indicó.

Contracorriente analizó la documentación correspondiente al proceso de contratación de la empresa para prestar este servicio, específicamente el pliego de términos de referencia y la resolución de adjudicación emitida el 25 de febrero de 2025 por el pleno de consejeros del CNE, mediante la certificación 630-2025. En el pliego se solicitaba que los vehículos utilizados fueran de carga y que el CNE realizaría una inspección de los mismos.

La empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., que se comprometió a cumplir con lo establecido, arrendaría al CNE 497 camiones de 24 pies, 143 furgones de 48 pies y 82 camiones livianos de 12 pies, para trasladar el material electoral desde las instalaciones del Infop en Tegucigalpa hasta los centros de acopio departamentales y municipales.

Sin embargo, en Tegucigalpa se produjo un cambio en los equipos de transporte utilizados, que el CNE atribuyó a una «subcontratación de última hora», lo que violó una de las cláusulas que establecía características técnicas específicas para los vehículos. Además, se había dispuesto que el CNE realizaría una inspección uno a uno de las unidades. En la capital se fotografiaron unidades de pasajeros, pertenecientes a rutas de transporte urbano, que fueron vistas transportando maletas electorales.

Ante los señalamientos, Roosevelt Hernández, el jefe de las Fuerzas Armadas, ente encargado de garantizar la cadena de custodia del material electoral, reconoció en declaraciones a los medios de comunicación que existió un error y un fallo en la organización, pero señaló que «se sale de las manos» de la institución castrense.

Una persona vota en el centro de votación habilitado en el Instituto España Jesús Milla Selva de la colonia Kennedy. Distrito Central, 9 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Una persona vota en el centro de votación habilitado en el Instituto España Jesús Milla Selva de la colonia Kennedy. Distrito Central, 9 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

«Este cambio de camiones a autobuses solo vino a afectar, y posteriormente, entiendo que fue la organización de la carga de ese material, lo que también afectó porque se llegaba a determinados centros de votación tarde o con material que correspondía a otros centros de votación. Eso se nos sale de nuestras manos», explicó.

Acerca de las denuncias sobre una supuesta ruptura de la cadena de custodia del material electoral transportado, el jefe del ejército hondureño declaró que son señalamientos erróneos y que «hemos cumplido nuestro deber de transportar, custodiar y vigilar el material electoral. Nosotros estamos a toda disposición».

El consejero propietario del CNE, Marlon Ochoa, señaló públicamente a la empresa adjudicada, cuyo representante legal es Carlos Fonseca, de haber incumplido las cláusulas de la adjudicación y haber subcontratado a otras empresas en las horas previas a la elección y sin notificación al CNE, lo que impidió que miles de personas en la capital hondureña pudieran ejercer su derecho al voto en las horas programadas.

El funcionario del CNE responsabilizó también a otros funcionarios del órgano electoral encargados del Centro Logístico Electoral, apuntando a Carlos Chavarría, Blanca Laínez, Allan Alvarenga, Geovanny Arias, Yahaira Matute y Hernández. También señaló a Joel Ramos, coordinador del Proyecto de Transporte Electoral. 

Te invitamos a leer: La carrera presidencial de Jorge Cálix: entre ambición política y denuncias de fraude y corrupción

Según un informe de incidencias por visita presentado hacia las 4:00 de la tarde del domingo por la RDD, que desplegó más de 1,200 observadores electorales, más de 1,000 Juntas Receptoras de Votos presentaban inconsistencias en Tegucigalpa. Una hora después, la consejera presidenta del CNE, Cossette López, en cadena nacional y vía comunicado, informó que se había girado la orden para que las 4,131 Juntas Receptoras de Votos habilitadas en el Distrito Central y San Pedro Sula cerraran sus puertas a los electores hasta las 9:00 p.m. y no a las 5:00 p.m. como estaba previsto inicialmente. Hubo centros de votación cuyas Juntas Receptoras de Votos seguían atendiendo electores hacia las 11:00 p.m. y 12:00 a.m. de este lunes, algo nunca antes visto en la historia del país. 

Este medio intentó obtener una reacción de Carlos Fonseca, representante legal de la empresa que supuestamente incumplió el contrato con el CNE y provocó el casos en los centros de votación de la capital, enviando mensajes de texto, pero no recibió respuesta. También intentamos sin éxito obtener una declaración de las personas encargadas de la logística dentro del CNE. 

Desconfianza en el proceso electoral

German Lobo, quien se desempeñó como consejero suplente del CNE entre 2019 y 2024, dijo a Contracorriente que lo ocurrido este domingo, en cuanto a los retrasos en la entrega de equipo material, envía un mensaje de desconfianza a la ciudadanía de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

«El pleno tiene que realizar una investigación exhaustiva para determinar cuál fue el error y, si fue así, deducir quiénes son los responsables y ponerlos a la orden del Ministerio Público. Eso es algo delicado, atenta contra el sistema electoral y democrático de Honduras, y sin duda pone en precario la credibilidad de las elecciones de noviembre, afirmó Lobo.

En nuestra transmisión en vivo, que cubrió el proceso electoral en Tegucigalpa, San Pedro Sula y El Progreso, el analista Héctor Corrales atribuyó las múltiples fallas en cuanto a logística atestiguadas durante las elecciones primarias y, consonancia con el exconsejero del CNE, se refirió a una «confianza destruida en el proceso».

«La tecnología que el CNE adquirió no falló, sino que lo hizo la obsoleta falta de coordinación y lo que sea que hay detrás de esto, de lo que pasó en San Pedro Sula y en el Distrito Central», indicó Corrales. El pleno de consejeros del CNE admitió que hubo desorganización y fallos logísticos.

En el centro de votación en la escuela República de Nicaragua el material electoral llegó hasta después de las tres de la tarde, la queja era que el centro queda a pocos metros de las bodegas de Infop desde donde el CNE tiene su base y despacha las maletas electorales. Distrito Central, 9 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
En el centro de votación en la escuela República de Nicaragua el material electoral llegó hasta después de las tres de la tarde, la queja era que el centro queda a pocos metros de las bodegas de Infop desde donde el CNE tiene su base y despacha las maletas electorales. Distrito Central, 9 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

En la víspera de las elecciones primarias también surgieron otros señalamientos al proceso. En el Partido Liberal, el movimiento de Salvador Nasralla, ¡Vamos, Honduras!, señaló el jueves supuestos intentos de fraude y publicó un audio en el que Fabiola Abudoj, del movimiento Juntos por el Cambio, liderado por Cálix, se refiere a acciones destinadas a dañar los lectores biométricos.

El sábado, horas antes de las elecciones, el fiscal general Johel Zelaya anunció que se iniciaría una investigación y citó a Nasralla y otras personas cercanas a su corriente política a presentar las evidencias, después de que el viernes Nasralla asegurara contar con el teléfono celular donde se originó el audio y una USB con una copia de la grabación.

Las elecciones primarias se desarrollaron en el contexto de la suspensión de garantías constitucionales enmarcadas en el estado de excepción que promueve la administración de Xiomara Castro desde diciembre de 2022, como una medida para combatir el crimen organizado, pero que, según diversas instancias defensoras de derechos humanos, ha dejado múltiples abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Precandidatos y militantes del Partido Libre señalan a la diputada de Cortés Scherly Arriaga y su círculo cercano por la imposición de personas para postularse a la alcaldía de San Pedro Sula, además de ejercer una influencia indebida aprovechándose del poder que le ha concedido la cúpula de esa institución política. Además, Arriaga, según los testimonios, es «administradora» en el norte del país de los fondos de subvenciones y proyectos de infraestructura que pueden gestionar los congresistas.

Texto y fotos: Allan Bu
Portada: Persy Cabrera

La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) Scherly Arriaga ha sido el centro de una polémica en el norte de Honduras en las últimas semanas, cuando el precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula por Libre, Rodolfo Pastor de María y Campos, denunció que la congresista quería imponer nombres en su propuesta para la corporación. 

El círculo que rodea a la diputada podría explicar ese nivel de influencia que denuncia Pastor de María. Al cierre de campaña de Rixi Moncada en San Pedro Sula, la diputada Arriaga llegó junto al precandidato a la alcaldía Rodolfo Padilla Sunseri y su hijo Rodolfo Adrián Padilla; el exministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Mauricio Ramos; el diputado Ronal Pineda y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.  

Mientras el grupo avanzaba por las instalaciones del Expocentro, un hombre les gritaba a los camarógrafos: «Hagan una toma abierta, que se vea que va mucha gente». En aquella escena, quizás la cantidad no era tan importante como el simbolismo de ver a Arriaga liderando la caminata, incluso delante de otras personas de confianza de la cúpula del partido.

La diputada Scherly Arriaga llegando al cierre de campaña de Libre en San Pedro Sula. 1 de marzo de 2025. Foto CC/Allan Bu.

La imagen coincide con las declaraciones que el 23 de febrero de 2025 hizo Rodolfo Pastor –exministro de Presidencia de este Gobierno y también una figura de poder en el partido–, quien en el programa Buenos Días San Pedro dijo que la diputada «acumula un gran poder e influencia, al punto de incidir en el nombramiento de distintos cargos públicos».

Pastor inicialmente era precandidato por una alianza de las corrientes Movimiento 28 de Junio (M-28), Pueblo Organizado en Resistencia (POR) y Somos Más, pero al final solo se quedó como el candidato de Somos Más. En una entrevista previa para Contracorriente, Pastor explicó que no comulgaba con la forma de hacer política del M-28, pero semanas después mencionó directamente a la diputada Arriaga: «Cuando asumí la candidatura en San Pedro Sula, lo primero que Scherly Arriaga me dijo en privado fue: “Rudo, necesitamos que nombre a Ericelda Leonardo como su primera regidora en la planilla municipal, si usted no la acepta, le vamos a quitar el apoyo”».

Contracorriente consultó a dos fuentes al interior de Libre, quienes confirmaron que lo dicho por Pastor es cierto. La influencia y el poder de Arriaga se extiende, según estas fuentes, desde el manejo de las subvenciones del Congreso, pasando por el nombramiento de cargos en la función pública, hasta la influencia en la designación de personas que aspiran a cargos de elección popular. 

Una aspirante a diputada en el oficialismo, desde el anonimato, nos dijo que Scherly trabaja arduamente por el partido y es leal a la alta dirigencia: «Es pilas, organiza, delega y sí le pone empeño al trabajo. Ahora, el problema es si este trabajo va ligado a principios y ética, si está de acuerdo con los derechos humanos». 

En el departamento de Cortés, las personas entrevistadas aseguran que Arriaga tiene el control de todos los programas sociales que operan: «Tiene el control de la zona norte completamente, hasta se da el lujo de querer sacar a autoridades de Gobierno». 

Arriaga acompañada de Luis Redondo, Rodolfo Padilla Sunseri y otros miembros prominentes de Libre. San Pedro Sula, Cortés/ 1 de marzo de 2025. Foto CC/Allan Bu.

Además, Arriaga ha logrado colocar varios familiares y allegados en puestos claves. Mirtha Gutiérrez, viceministra de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), es su cuñada; Ricardo Ellner, jefe de protocolo de Casa Presidencial, es el esposo; además tiene ubicada una prima en la región de Salud. «Tiene en lugares estratégicos a su gente, en educación tiene a una amiga de ella, y pues al ministro Daniel Sponda se le notifican los abusos que hay aquí y no dice nada», sostuvo la fuente consultada por Contracorriente.

Otro militante de Libre expresó que por la forma de operar en la cúpula de esa institución «jamás podría acumular tanto poder sin la venia de arriba, sin conducción del partido. Es que el caudillismo no deja que se acumule tanto poder sin su permiso». La fuente también reconoce el trabajo que la diputada hace por el partido y la coloca como una persona leal a Libre y Mel Zelaya. 

Scherly ha sido diputada durante tres períodos seguidos en el Congreso Nacional y actualmente es vicepresidenta de la Junta Directiva y presidenta de la Comisión de Género. «Hay personas que han salido del partido y eso más bien ha fortalecido su poder, y a nadie le estorba que tenga su capital político; el asunto es el excesivo poder en confeccionar planillas y procesos de participación de otros sectores, que los dedazos sean de ella y cooptación del tema de las ayudas en varias instituciones del Estado. Esto es desorbitante o desigual comparado a lo que tienen otros diputados», aseguró la fuente a este medio.

En una entrevista dada en enero de 2025, Rodolfo Pastor le dijo a Contracorriente que el M-28, el movimiento que él abandonó, era un reto, pues es una estructura con mayor capacidad y han tenido una relación más fuerte con el alto mando del partido. Eso les da una serie de recursos y ventajas, «pero no es cierto que no existan otros movimientos con posibilidades reales de llevar representantes al partido», dijo. 

La cabeza del M-28 en Cortés es Arriaga, pese a que ella no fue la diputada más votada en las elecciones anteriores, lugar que tuvo en Cortés la diputada Linda Donaire. Entre los partidos es una tradición que el diputado más votado asuma puestos de liderazgo e influencia; sin embargo, en este caso el liderazgo no recayó sobre Donaire, que incluso ha sido relegada a la séptima posición del M-28 para este proceso interno. 

Una aspirante a diputada de otro movimiento interno ajeno al M-28, sostiene que los diputados que están fuera del poder están en una gran desventaja: «¿Cómo compites con esa gente que andan con toda la plata posible y que al final no les importa la gente?», se preguntó. 

Subvenciones

Aunque la mayoría de miembros de Libre fueron críticos del fondo departamental que recibían los diputados durante la administración de Juan Orlando Hernández, ahora en el Gobierno de Xiomara Castro, los diputados tienen un beneficio de 100 mil lempiras mensuales asignados a cada congresista con la finalidad de realizar obras sociales, que en tres años ya suma una cantidad de 614.8 millones de lempiras

Además, hay un fondo que proviene del Ejecutivo, aprobado en el 2023, que cuenta con 950 millones de lempiras para que los parlamentarios de todas las bancadas gestionen proyectos de infraestructura menor y obras sociales.

Propaganda de Scherly Arriaga en el cierre de campaña de Libre en San Pedro Sula. 1 de marzo de 2025. Foto CC/Allan Bu.

La precandidata a diputada consultada por este medio asegura que Arriaga no solamente dispone de los fondos de ella, sino «también de los diputados propietarios y suplentes que se le pliegan a ella, y si no lo hacen terminan como Samuel Madrid y Linda Donaire, que son personas activas, pero como no se plegaron a ella van en una casilla que no merecen», afirmó. 

Nuestra fuente no quiso mencionar a los diputados que son aliados de Arriaga, pero en San Pedro Sula y ciudades aledañas hay varios rótulos con los rostros de los primeros cinco diputados del M-28: Luis Redondo, Scherly Arriaga, Netzer Mejía, Iris Pineda y el abogado Ramón Barrios. Además, la vicepresidenta del Congreso ha realizado publicaciones en sus redes sociales en las que aparecen mencionados estos congresistas. 

En Cortés, los diputados por Libre han utilizado las subvenciones para entregar becas solidarias, reparar centros escolares, alumbrar canchas de fútbol, compra de bolsas de cemento y capital semilla para montar barberías.

La diputada Arriaga posteó en sus redes sociales que entregó utensilios y material odontológico para el área clínica de la Escuela Juan Lindo. La subdirectora del centro educativo, Dulce Campos, confirmó que la diputada llevó esos materiales en el año 2022, pero no tiene idea del costo de los mismos: «Del presupuesto no me pregunte, eso lo manejan ellos», aseguró. Mencionó, además, que la escuela ha recibido apoyo de la congresista Silvia Ayala y del alcalde Roberto Contreras. 

Este medio también visitó la aldea La Laguna Tembladeras en El Merendón, donde el diputado Ramón Barrios reportó la donación de 100,000 lempiras al Centro Básico Lempira, para la terminación de un módulo de tres aulas. En la escuela, la maestra Jessenia Rivas confirmó la entrega de los fondos y que se utilizaron para pagar la mano de obra en la ejecución del proyecto, con materiales donados por el Comando Sur de Estados Unidos por un valor de 1,200,000 de lempiras, según testimonio del personal docente del centro educativo. 

La mayoría de las donaciones y acciones realizadas por los diputados parecen estar encaminadas al clientelismo y traspasan su función como legisladores. La diputada Arriaga ha publicado en sus redes que ha logrado apoyar a muchas personas con becas, puestos de trabajo o proyectos de diversa índole. Y según nuestra fuente, al igual que en otros departamentos los bonos que entrega el Gobierno se estarían utilizando como moneda de cambio. «Se escuchan fuertes rumores por todo el departamento que están dando bonos, pero están obligando a la gente que tiene que ir a votar por Scherly. Da como miedito saber a qué nos estamos enfrentando», sostuvo. 

Pese a todo el dinero que se mueve y la propaganda que se hizo, para analistas como Leonardo Pineda, los tres partidos que van a elecciones no han logrado despertar la efervescencia de los hondureños aptos para votar. 

Pineda opinó que en el oficialismo hay ciertos diputados que se han ganado el repudio dentro de la base. «Mucha gente ya no confía en Scherly Arriaga, aunque sigue teniendo muchísimo poder. Luis Redondo no cuaja dentro de Libre porque nunca ha sido de ahí y no comulga con su ideología. A nivel de diputaciones creo que hay que un poco más de pugna; he hablado con gente de Libre y ellos están conscientes de que pueden llegar a perder fácilmente dos diputaciones aquí en Cortés», dijo Pineda. En las elecciones de 2021, Libre logró nueve curules en este departamento. 

Pineda sostiene que realizó un estudio previo, y que si las proyecciones son correctas, más del 50 % de la población no quiere votar por ninguno de los tres partidos en estos comicios primarios. «Pareciera que tienen un desgaste muy grande, y a ver cómo se refleja eso en estas elecciones. Observé los cierres de campaña, y aparte del de Rixi en Tegucigalpa, que era lógico porque ahí tienen la mayoría de empleados públicos, los demás cierres fueron muy pobres», sostuvo. 

Un militante y fundador de Libre, que accedió a hablar con Contracorriente desde el anonimato, sostuvo que la mayoría de personas en el partido están de acuerdo con lo expresado por Rodolfo Pastor sobre el poder e influencia que algunas figuras de ese partido ejercen, y que llegar a todas esas expresiones de poder sería imposible sin la venia del coordinador del partido, porque «recordemos que Mel Zelaya puede tener muchas ideas avanzadas, pero su praxis política es el caudillismo».

Jorge Cálix, diputado del Congreso Nacional (CN) y exmiembro del Partido Libre, busca  la presidencia de Honduras por el Partido Liberal, con un discurso centrado en la seguridad «a cualquier precio», inspirado en el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Con una carrera marcada por controversias y disputas internas, Cálix  ha enfrentado acusaciones de fraude y críticas a sus controvertidas relaciones familiares. Sin embargo, a pocos meses de cumplir 40 años, confía en que saldrá victorioso del proceso electoral primario de mañana y que en noviembre llegará a la Casa Presidencial como el presidente más joven de la historia hondureña

Texto: Luis Escalante 
Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC

Era septiembre de 2015 cuando Jorge Cálix a sus 30 años paseaba en un Honda Civic del año 2000 por las eternamente deterioradas calles de Tegucigalpa mientras se grababa cantando Historia de taxi de Ricardo Arjona. Recogía pasajeros y se liberaba de las convenciones hablando mal de la clase política. Los rostros de quienes abordaban la unidad reflejaban sorpresa y, en algunos casos, cierto desencanto cuando con una sonrisa les decía: «soy diputado». Apenas tenía un año y ocho meses siendo el diputado suplente de Beatriz Valle, su «madrina política», en el Partido Libertad y Refundación (Libre). Hoy, aquel Cálix del taxi y la voz un tanto infantil que ya mostraba sus primeras huellas de ambición política, está por cumplir 40 años y asegura que el 30 de noviembre de 2025 se convertirá en el próximo presidente de Honduras.

La historia del taxi no es la única imagen que tengo de Cálix cuando iniciaba su carrera política. También lo recuerdo en una curiosa entrevista de 2017 en la que contó cómo hizo la ruta  migratoria  hondureña para  llegar a Estados Unidos, atravesando Guatemala y México. «Muchos políticos hablan, yo decidí vivirlo», tituló al video en el que compartió su experiencia a través de Facebook.

A Cálix nunca lo había tenido en frente de mí. Lo había visto varias veces años atrás cuando yo cubría el Congreso Nacional (CN), pero nunca lo había entrevistado.

Cuatro días antes de las elecciones primarias me dio la entrevista, escoltado por Darío García y Elisa Borjas, dos de las personas que gozan de su mayor confianza. El primero fue director del Instituto de la Propiedad (IP) entre el 1 de marzo de 2022 y el 10 de febrero de 2023, y luego estuvo a cargo de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco); la segunda fue directora del Registro Vehicular del IP. Ambos apresuran la marcha de Cálix que estaba a punto de entrar a una reunión con su comité de campaña en las instalaciones del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL). «Rápido, porque vamos a una reunión», escucho decir a una de las personas que lo rodean.

—Hermanito, te voy a quedar mal porque voy a una reunión, pero podemos verlo esta semana. ¿De qué medio sos? —pregunta Cálix mientras sujeta mi carné de identificación. «Te puedo dar cinco minutos», me dice después de un par de insistencias. Al final fueron dos. 

En su discurso de cierre de campaña, efectuado el 3 de marzo en San Pedro Sula cuando presentó su plan de gobierno, Cálix mostró una obsesión casi compulsiva por las políticas de seguridad implementadas por Nayib Bukele en El Salvador.  Hizo referencia a Bukele unas diez veces y en ocasiones se comparaba con él. «Si en El Salvador un millennial pudo hacer lo que ha hecho, ¿por qué acá no?», pregunta, mientras sus correligionarios y las personas que se interesaron por conocer su plan de gobierno le aplauden. Un millenial como él. 

—¿Es admirador de Nayib Bukele? —le pregunto.

—Sí —responde—. Me parece que ha hecho cosas importantes en El Salvador. Estoy seguro de que podemos discutir durante seis semanas seguidas si sus medidas son buenas o malas, si violentan derechos humanos o no, si la democracia se cumple a cabalidad o no, pero hay una pregunta que nos va a llevar 30 segundos responderla, y es que las y los salvadoreños viven felices, viven en un país seguro y ya no hay maras, y eso es envidiable, y los hondureños lo anhelan. 

Luego, confiesa que ha sostenido reuniones con asesores del presidente salvadoreño y que,  junto con su equipo, han diseñado estrategias que «se adecúen a nuestra realidad». Sin embargo, se niega a dar más detalles sobre ellas. 

Cálix jura que «acabará con los mareros y los narcotraficantes» y que estos «se arrepentirán de haber nacido». Hace recordar a Porfirio Lobo Sosa con su «puño firme» o a Juan Orlando Hernández con su «voy a hacer lo que tenga que hacer». Estas palabras cobran relevancia pues él mismo ha admitido que el narcotraficante Mario José «Cubeta» Cálix Hernández, extraditado el año pasado a Estados Unidos, es «hijo de un hermano de su papá». Además, sus adversarios políticos han señalado que Ramón Eduardo Cálix Vásquez, supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), es su hermano paterno. Sin embargo, como en la obra de Noah Baumbach ganadora de un premio en el Festival de Cannes de 2017, «la familia no se elige» y así lo ha dicho.

Jorge Cálix durante su juramentación como miembro del Partido Liberal de Honduras acompañado de figuras que estuvieron en el Partido Libertad y Refundación. Distrito Central, julio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.
Jorge Cálix durante su juramentación como miembro del Partido Liberal de Honduras acompañado de figuras que estuvieron en el Partido Libertad y Refundación. Distrito Central, julio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

En poco más de una década de carrera política, Cálix ha sido protagonista de diversos episodios marcados por controversias y su constante exposición frente a las cámaras, como cuando fue querellado por Billy Joya — esa figura temida en los años 80 por sus presuntas acciones en el batallón 3-16 del ejército — a quien se atrevió a llamar «asesino» en un programa televisivo de debates. Su imagen tampoco puede dejar de ser relacionada con su accidentada carrera a la presidencia del Congreso Nacional a inicios de 2022, cargo que terminó en manos de Luis Redondo. A poco más de tres años de aquello, Cálix le dice a Contracorriente que agradece que no le hayan dejado ser presidente del Congreso, que eso ya quedó atrás y que ahora busca dar un paso más grande: convertirse en candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal, del que, según afirma, fue miembro antes de unirse al Partido Libre.

«Lo único que le agradezco al Partido Libre es que me dieran golpe en el Legislativo. Eso me permitió no tener nada que ver con este Gobierno. Imagínese, yo coludido con estos tipos que son narcos, que salen en videos repartiéndose cualquier cantidad de millones con narcos confesos. Gracias a Dios no me toca cargar esa cruz y estar coludido con eso», expresa Cálix en relación al video revelado el año pasado por InSight Crime en el que Carlos Zelaya Rosales, cuñado de la presidenta Xiomara Castro y hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales, figura negociando sobornos con narcotraficantes en 2013. A pesar de lo anterior, Cálix parece olvidarse de que, como premio de consuelo por el arrebato de la titularidad del Legislativo, negoció con Zelaya Rosales y Castro para obtener el control de instituciones como el IP, Copeco y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

El 6 de septiembre de 2024, Contracorriente publicó Ayudando con Amor, una ONG para el proselitismo político, donde expusimos cómo una ONG recibió una donación de 39.5 millones de lempiras por parte del IP cuando estaba en manos de Dario García, pieza de Jorge Cálix. 

Funcionarios del actual gobierno, como el entonces ministro de Finanzas Marlon Ochoa, señalaron a dicha organización de haber sido utilizada por Cálix para comprar kits de emprendimiento y entregarlos a su nombre. El oficialismo denunció que esas acciones fueron parte de un supuesto desvío de 1,000 millones de lempiras procedentes de un fideicomiso que administraba la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del IP. En aquella ocasión intentamos obtener una aclaración por parte de Cálix, pero no respondió.

 

En Copeco también detectamos el gasto de 17 millones de lempiras que se destinaron en entrega de alimentos a «voluntarios», sin mayores detalles, en diciembre de 2023. 

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Cálix fue expulsado del Partido Libre el 21 de junio de 2024 tras una resolución del Tribunal de Honor de esa agrupación política, y menos de un mes después, el 16 de julio, fue juramentado en el Partido Liberal. Ahora no se sabe si es por su destierro o por sus ambiciones que sueña con posicionarse como el principal rival —o uno de los principales— del Partido Libre en las elecciones generales del 30 de noviembre y «sacarlos» (a Libre) de la Casa Presidencial. Para ello, ha logrado ganarse a las bases y a gran parte de la dirigencia del Partido Liberal, un partido que, según Beatriz Valle, le ha permitido «florecer». Mañana se enfrentará a Salvador Nasralla, otra persona que abandonó el zelayismo, y a Luis Zelaya y Maribel Espinoza.

***

Para hablar de Jorge Cálix es imprescindible consultar a una de las personas que más lo conoce: Beatriz Valle. Valle relata que coincidió por primera vez con él a través de un grupo de Facebook a inicios de la década de 2010. Dice que desde el principio confió en él y creyó en su capacidad y ahora está segura de que «es la persona idónea para sentarse en la presidencia». Valle lo llama «mi niño» y él le dice «mi Bea».

«Es un buen conciliador, una persona plural, él sabe negociar y, aunque lo critiquen, sabe echarse en la bolsa hasta a los empresarios, quienes han creído en él y lo han financiado», expresa. Cálix es el precandidato que más inyección publicitaria ha dado a sus redes sociales previo a las elecciones primarias, con una erogación de 804,422 lempiras (más de 32,000 dólares) en los últimos 90 días, según datos de Meta. 

«No me va a creer, lo conocí en Facebook, en un grupo que se llama “Ya no más”, que creo que todavía existe y es autosostenible. Un grupo de voces de protesta en contra del golpe de Estado de 2009, con varios jóvenes, entre ellos Manuel Sandoval, Mauricio Varela —actual gerente de Recursos Humanos de la alcaldía capitalina—, el hermano de Fernando Varela, y otros compañeros. Nos hicimos amigos, y yo decidí invitarlos a mi casa para conocernos personalmente. Así fue como nos conocimos, a través de ese grupo que creamos con Jorge y otras personas», cuenta.

Valle, quien fue viceministra de Relaciones Exteriores y embajadora en Canadá durante el Gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), ganó una curul en el Congreso Nacional durante las elecciones generales de 2013, y ahí estaba el joven Cálix como su suplente. Esa fue la primera vez que el Partido Libre tuvo presencia en el órgano legislativo, lo que también marcó el inicio de una historia que, en 2021, culminó con Xiomara Castro en la Presidencia de la República después de un siglo en el que se combinaron convenientemente el bipartidismo de los partidos Nacional y Liberal por un lado, y los regímenes militares de las décadas de 1960, 1970 e inicios de 1980, por el otro.

Sin embargo, Valle y Cálix, quienes afirman haber sido marginados por el partido Libre, se convirtieron en rivales de una agrupación en la que, dice Valle, «solo puede brillar Zelaya Rosales, su familia y las personas que él decida».

«A Jorge no lo iban a dejar llegar a ninguna parte. “Mel” no deja que nadie brille allí, solo quien él dice. Si alguien brilla, a él le molesta. Solo su familia o quien él designe. Nada más. Y si la persona que él designe brilla demasiado, tampoco le gusta», manifiesta Valle, quien asegura que, a finales de 2023, en una visita que Cálix le hizo en Canadá, donde se volvió a desempeñar como embajadora entre 2023 y 2024, en el gobierno de Castro, este le dijo «Bea, no sé cómo voy a hacer en Libre, porque en Libre me quieren quebrar».

Jorge Cálix durante su presentación como miembro del Partido Liberal de Honduras. Distrito Central, 10 de julio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.
Jorge Cálix durante su presentación como miembro del Partido Liberal de Honduras. Distrito Central, 10 de julio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

El divorcio de Cálix y Valle con el Partido Libre se consumó el 21 de enero de 2022. Ese día, mientras se instalaba la junta directiva provisional del Congreso Nacional (CN) para el período 2022-2024, Valle leyó una moción nominativa que postulaba a Cálix como presidente, a Yavhé Sabillón como primer vicepresidente y a ella misma como primera secretaria. La nómina alcanzó 85 votos, incluidos 44 del Partido Nacional y 18 del Partido Liberal. La lista la completaban 21 votos del Partido Libre, uno del Partido Anticorrupción y otro de la Democracia Cristiana.

Después de la juramentación de Cálix como presidente interino del CN, Valle se acercó a la mesa directiva del hemiciclo y, desde lo alto, con los brazos extendidos, hizo un gesto que daba a entender «ya está, ya fue», mientras congresistas del Partido Libre y del Partido Salvador de Honduras (PSH) protestaban, algunos incluso lanzando objetos. En ese momento, también surgió el tumulto protagonizado por Rasel Tomé, hoy tercer vicepresidente del CN y precandidato presidencial por el Partido Libre, quien agredió a Cálix con una patada y varios empujones. 

La noche de ese 21 de enero, Xiomara Castro, que estaba a pocos días de asumir la presidencia y suceder a Juan Orlando Hernández, «expulsó» a 18 congresistas de su partido por no haberse comprometido a prestar sus votos para elegir a Luis Redondo, del PSH y ahora también del Partido Libre, como titular del Legislativo. Pero, relata Valle, «yo no recibí una sola llamada para pedirme un voto para Luis Redondo. Ni una. Ni Luis Redondo, ni nadie, nadie, nadie, ni Mel, ni Xiomara, ni los hijos, nadie. Ni nadie del partido tampoco».

«Jorge me dijo “Bea, yo quiero ser presidente del Congreso y voy uno por uno, buscando los votos, ¿me va a acompañar usted en la Junta Directiva?” Claro, mi niño, yo te acompaño en la Junta Directiva», recuerda haberle contestado.

Finalmente, después de que el 23 de enero se juramentaron dos juntas directivas, una encabezada por Cálix y otra por Redondo, los «calixtos» —como se denominó a Cálix, Valle, Sabillón y un grupo de más de 10 congresistas— y el coordinador general del Partido Libre, Manuel Zelaya Rosales, pusieron fin al asunto en una cuestionada reunión llevada a cabo en la Casa Presidencial el 8 de febrero. Los primeros desistieron de los planes presidencialistas de Cálix en el Congreso, y el segundo se comprometió a ofrecerles poder para efectuar nombramientos y contratar personal afín en algunas instituciones y secretarías del Estado.

Jorge Cálix y Manuel Zelaya Rosales en Casa Presidencial, durante una reunión para terminar con la crisis de Libertad y Refundación en el Congreso Nacional. Distrito Central, febrero de 2022. Foto: Archivo CC.

Beatriz Valle, además de ser su madrina política, ha sido importante en su vida personal, pues asegura que fue quien le presentó a su esposa Camila Agüero de Peyrecave, quien, según reportes de medios como El Pulso o Reportar Sin Miedo, es sobrina de Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, viudo de Hilda Hernández, hermana del expresidente Juan Orlando Hernández. Peyrecave Fiallos estuvo señalado por su implicación en el caso de corrupción «Pandora», una red liderada, según la fiscalía, por su fallecida cónyuge, pero que al final resultó sobreseído en 2020. 

Valle dice que amaba su vida en Canadá, pero menciona que fueron dos cosas las que la obligaron a volver a Honduras, la denuncia al tratado de extradición con Estados Unidos en agosto de 2024 y la precandidatura a la presidencia de Cálix, anunciada casi simultáneamente.

Ella está convencida de que Cálix ocupará la titularidad del Ejecutivo el 27 de enero de 2026. «Él se propuso una meta y está enfocado en esa meta. Su meta no es solo llegar a ser presidente, sino transformar Honduras. Y yo pienso cooperarle en eso porque es mi sueño», manifiesta.

Entre muchos otros halagos, Beatriz Valle dice que Jorge Cálix es un «hombre cariñoso y dado a su familia», una imagen que se desvaneció cuando, el 24 de noviembre de 2023, Higinia Chávez denunció una supuesta agresión violenta por parte de Cálix, quien ingresó a su vivienda en estado de ebriedad y sin su consentimiento.Hasta ese día se desconocía que, supuestamente, Chávez y Cálix sostenían una relación sentimental. Chávez hizo una publicación en la red social X en la que mostró el documento de denuncia y una fotografía de Cálix con una mochila, supuestamente abandonando su residencia. También presentó dos documentos que hacían constar su denuncia ante la Fiscalía Especial de la Mujer del Ministerio Público (MP).

Sin embargo, el 28 de noviembre de ese año, la misma Chávez publicó un video en el que denunció que personas del gobierno la presionaron, señalando a Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad, para emitir falsas declaraciones contra Cálix.

*** 

A Jorge Cálix siempre lo ha perseguido el fantasma del fraude. En el Partido Libre, en diferentes ocasiones, se le acusó de «inflar urnas». Lo señalaron en 2017 y también en 2021. Ahora, dentro del Partido Liberal, y a solo dos días de las elecciones primarias, Salvador Nasralla denunció ante el Ministerio Público (MP) un intento del movimiento de Cálix, Juntos por el Cambio, de pretender dañar los lectores biométricos en las elecciones del domingo y cometer fraude. Nasralla, junto a su esposa, Iroshka Elvir, presentó como medios de prueba un teléfono celular y una USB que contienen grabaciones de Fabiola Abudoj, antigua funcionaria del actual gobierno, hablando al respecto. Abudoj, tras renunciar a su precandidatura a la alcaldía del Distrito Central por la corriente de Nasralla, se sumó al movimiento de Cálix. Sin embargo, Cálix ahora la desconoce.

Tras estos acontecimientos y solo un día antes de las elecciones, el fiscal general del MP Johel Zelaya llamó a declarar a Nasralla, Elvir y Josué Colindres (diputado suplente de Elvir) ante la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE) para que presenten las supuestas evidencias que tienen contra Cálix y su movimiento político interno. 

Jorge Cálix llegando al Ministerio Público para solicitarle a la fiscalía investigue el caso del supuesto audio de una activista de su movimiento que incita a dañar el equipo biométrico usado en las elecciones internas y primarias. Distrito Central, 7 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Jorge Cálix llegando al Ministerio Público para solicitarle a la fiscalía investigue el caso del supuesto audio de una activista de su movimiento que incita a dañar el equipo biométrico usado en las elecciones internas y primarias. Distrito Central, 7 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Ricardo Soto, dirigente del Partido Libre y colaborador de Cálix previo a las elecciones primarias de 2017, acusa a los dos protagonistas de esta historia de cometer acciones fraudulentas y antidemocráticas. Asegura que, en 2017, Cálix lo llevó a un edificio ubicado en el bulevar Morazán de Tegucigalpa, cerca de una zona donde operan varias discotecas y billares, y le manifestó que «era el edificio de Beatriz Valle».

«Me dijo “Vámonos a una reunión” y me llevó a un edificio que queda en el bulevar Morazán, donde está un Circle K, cerca de Toño Rosa. En ese momento me dijeron que era el edificio de Beatriz Valle. Yo nunca había ido a ese edificio», dice Soto.

Cuando entró a una oficina, asegura, observó computadoras y personas trabajando frente de ellas. «Hasta ese momento conocí que, en ese edificio, él tenía montadas computadoras y una gente, y estaban falsificando credenciales, falsificando firmas; eran documentos del partido. Es decir, eran documentos públicos, y él estaba ahí falsificándolos. Cuando vi eso, miré que estaban falsificando firmas y todo».

Cuenta que un día después acompañó a Cálix en una gira política por Reitoca y Curaren, en Francisco Morazán. Allí iba a estar el expresidente Manuel Zelaya Rosales y coordinador general del Partido Libre. Soto recuerda que, desde el asiento del conductor del vehículo que manejaba en ese entonces Cálix, una Nissan Frontier verde, este lo volteó a ver y le dijo «Hey, si te pregunta el presidente Zelaya, haceme el paro, por favor, y decile que me ayudaste en lo de ayer en la noche. O sea, en lo que hice en el edificio de Beatriz Valle, falsificando la documentación». Asegura que se rehusó. 

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Ricardo Soto, quien expresa que se alejó de Cálix utilizando como pretexto una enfermedad en la uretra, por la cual le «agradezco a Dios», dice que siente asco por Cálix, una persona a la que considera «muy peligrosa» y «hasta psicópata».

«Lo último que experimenté, y fue como el momento en el que ya me salí de ahí, fue cuando nos llevó a una casa. Había dos mujeres, las dos dirigentes. Yo iba en el asiento de adelante con él, atrás iban otros compañeros, y llegamos. Llevaba una bolsa negra en la mano. Se bajó del carro y me tiró la bolsa negra encima y me dijo “Cuando yo te llame, entrá, Ricardo”. Empecé a tocar la bolsa, tratando de ver qué había con las manos, y comencé a sentir como carnés. Entonces, abro la bolsa, saco y miro aquel montón de credenciales de mesa, de presidente, de vocal, de secretario, de no sé qué. Estaban todas las credenciales, pero salían credenciales de los diferentes movimientos de Libre. Es decir, Jorge Cálix, que era del movimiento 28 de Junio, el M-28, tenía en su poder, en esa bolsa, credenciales del movimiento 5 de julio. Yo estaba ahí viendo, en mi mano, que él me tiró esa bolsa, un vivo tráfico de credenciales», agrega. 

Soto afirma que advirtió a los dirigentes del Partido Libre, incluido el expresidente Zelaya Rosales, sobre la situación, pero no supo en qué quedó aquello. Lo que sí es un hecho es que Cálix siguió su camino como diputado en el Congreso Nacional y, hasta antes del 21 de enero de 2022, todo parecía armonioso dentro del partido. Finalmente, dice, Cálix demostró su «naturaleza de traidor».

Pero Beatriz Valle, que no es ajena a los señalamientos, contrarresta y asegura que siempre los acusaron de eso, pero dice que fue un «milagro» que en las elecciones generales de 2013 ella y Cálix resultaran como los segundos más votados después de Esdras Amado López.

«Fue una sorpresa para mí, porque no esperábamos ese lugar. En las primarias, llegamos a la séptima posición, que no es tan buen lugar. Estábamos en la orilla de la plancha, y yo le decía a Jorge que no entendía cómo habíamos llegado tan lejos», recuerda Valle, quien acepta que no participó en las elecciones de 2017, algo que a la postre le facilitó el camino a su pupilo.

«Después, en las elecciones de 2021, obtuvimos una votación enorme. Jorge sacó 229,000 votos, yo saqué más de 221,000 votos», recuerda Valle, quien se muestra orgullosa de eso a pesar de los cuestionamientos que rodearon dichos resultados, nunca antes obtenidos por candidatas  o candidatos al Congreso.

Antes de convertirse en diputado suplente, Cálix —bastante joven para aquel entonces— se había desempeñado dentro de la Dirección Administrativa y Financiera del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde, dice Valle, aprendió tanto que «solo le faltó ser magistrado». 

*** 

Jorge Cálix es una persona que desafía cualquier intento de definición, pero cuya presencia resulta imposible de pasar por alto. El Cálix que fingió ser taxista o que se aventuró a recorrer la ruta de los migrantes no era más que un hombre en búsqueda de una identidad política, un joven que, a inicios de sus 30 años, se despojaba de su cargo de diputado suplente, que nunca menospreció y que en cambio aprovechó al máximo. Al inicio Cálix mostraba la inocencia de quien empieza a rozar el poder pero con sueños que ya se teñían de ambición. En el Congreso Nacional, compartía conversaciones de igual a igual con Elvin Santos, excandidato a la presidencia por el Partido Liberal y, según cuentan, siempre gozó de la simpatía de Mauricio Oliva, expresidente de ese poder del Estado.

A un día de las elecciones primarias, aunque sus detractores lo perciben como una figura oscura, aquellos que lo apoyan lo consideran un líder en ascenso, dispuesto a todo para alcanzar sus metas, aunque el costo de ese ascenso sea aún incierto. Así es la política en Honduras, un escenario plagado de contrastes, donde el pasado y el futuro se entrelazan en una danza peligrosa, donde las caras de Cálix seguirán siendo múltiples, pero jamás indiferentes.

El 8 de Marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y un día después tendrán lugar en Honduras las elecciones primarias de los tres principales partidos políticos del país, en un contexto en el que, a pesar de que en 2021 por primera vez en la historia la ciudadanía hondureña eligió a una mujer como presidenta, apenas el 30 % de las precandidaturas son de mujeres, y el Estado continúa teniendo una deuda muy alta con el cumplimiento de los derechos de las mujeres. 

Texto: María Eugenia Ramos
Fotografías: Fernando Destephen

Apenas el 30% de todas las precandidaturas para las elecciones internas de este año, que se celebrarán mañana 9 de marzo, corresponden a mujeres, según un recuento realizado por Contracorriente. Esta cifra revela una notable disparidad en la participación política de género, la cual varía significativamente según el tipo de cargo. Mientras que en las diputaciones las mujeres representan un 47 % de las candidaturas, en el caso de las alcaldías su participación se reduce a apenas un 21 %. 

La participación de mujeres en política podría disminuir aún más de cara a las elecciones generales. Según el Foro de Mujeres Políticas, en el proceso electoral pasado apenas 20 de las 298 alcaldías fueron ocupadas por mujeres, de las cuales solo 17 resultaron electas, mientras que las otras tres la asumieron posteriormente debido a distintas circunstancias. En lo que respecta al Congreso Nacional, de 128 diputaciones, solamente 35 corresponden a mujeres. 

Este contexto ocurre aunque en Honduras, en 2012, se reformó la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas mediante el decreto legislativo número 54-2012, estableciendo una cuota mínima del 40 % de participación femenina en las nóminas de candidatos a cargos de elección popular y en los órganos de dirección de los partidos políticos. Esta reforma también dispuso que, a partir del proceso electoral de 2016, se aplicaría el principio de paridad, es decir, una participación equitativa del 50% de mujeres y 50% de hombres en las candidaturas. 

La investigadora Rina Villars, en su libro Para la casa más que para el mundo: sufragismo y feminismo en la historia de Honduras, publicado en 2001, planteaba que «el reino de la política ha sido y sigue siendo dominio masculino, y la mayoría de las pocas mujeres que han logrado llegar a él (…) no han desafiado sus normas y valores patriarcales». 

Ese escenario no ha cambiado mucho. Honorina Rodríguez, del Foro de Mujeres Políticas, considera que las mujeres se siguen enfrentando a desafíos de género en muchos sentidos. Puso como ejemplo el caso de una diputada que, a pesar de haber sido electa por un número considerable de votos en las elecciones pasadas, no consideraba reelegirse, como sí lo están haciendo sus compañeros varones, debido a la violencia política de que ha sido objeto.

Para Honorina, las desigualdades que enfrentan a diario las mujeres provienen de la cultura patriarcal dominante, y también se reflejan en las actitudes que las candidatas electas se ven obligadas a asumir en su ejercicio diario, ya que en muchas ocasiones se ven obligadas a seguir la línea de su partido, a pesar de que no coincida con sus propias demandas ni las demandas de las mujeres en general. En el caso de la primera mujer presidenta, recordó Honorina, todos a su alrededor son hombres con poder.

Honorina Rodríguez del Foro de Mujeres Políticas considera que las desigualdades que enfrentan a diario las mujeres provienen de la cultura patriarcal dominante. Tegucigalpa, 7 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Lara Bohórquez, del Centro de Derechos de Mujeres, coincide con Honorina en cuanto a que en el país sigue predominando una cultura patriarcal que tiende a invisibilizar y limitar la participación de las mujeres. «Sabemos que el que una mujer esté en un puesto de poder no significa que va a cambiar las estructuras. Al final es un poder patriarcal, y las mujeres que están en puestos políticos asumen ese poder patriarcal», explicó.

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Detalló que este fenómeno se ha visto también en los progresismos, donde las mujeres tienden a asumir esta perspectiva del poder, no solo en las organizaciones partidarias, sino también en las organizaciones sociales, como el movimiento obrero o estudiantil. A raíz de eso, explicó, hubo la necesidad de organizarse como organizaciones de mujeres, para construir su propia historia.

Para Lara, los antecedentes históricos que Rina Villars expone en su libro se repiten; citó, por ejemplo, que hechos como cuando en el Congreso Nacional diputados hombres decidían sobre el derecho de las mujeres a votar se repiten en la actualidad, cuando también hombres son quienes deciden sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. «Seguimos repitiendo los ciclos, solo que en diferentes contextos, y es porque ese poder patriarcal se va modificando, y por eso es que sigue siendo válido luchar por los derechos de las mujeres», recalcó.

Para Lara Bohórquez en el país ha predominado una cultura patriarcal que tiende a invisibilizar y limitar la participación de las mujeres. Tegucigalpa, 7 de marzo de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Tanto Honorina como Lara hicieron énfasis en la importancia de crear y fortalecer espacios y plataformas donde las mujeres puedan coincidir, independientemente de las diferencias partidarias o de otra índole, para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Aunque la elección de la primera mujer presidenta en Honduras despertó esperanzas entre las mujeres, especialmente por las promesas incluidas en su discurso de no fallarles y trabajar por sus derechos, la realidad ha contrastado fuertemente con esas declaraciones iniciales. La persistente alta tasa de femicidios, las sistemáticas violaciones a los derechos de las mujeres y el sorpresivo veto presidencial a la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente son solo algunos ejemplos de las deudas que aún mantiene el Estado hondureño con la equidad de género. 

Si bien ha habido avances legislativos, tales como la aprobación de la Ley de Casas Refugio, albergues y casas de acogida para sobrevivientes de violencia, hay muchos otros instrumentos legales necesarios para garantizar los derechos de las mujeres que continúan sin aprobarse en el Congreso Nacional, como la Ley de Alerta Morada para la búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas.

Sumado a eso, el contexto de violencia sigue siendo preocupante. En 2024, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) registró 629 agresiones contra mujeres y niñas en Honduras, de las cuales 42 % fueron delitos contra la vida, otro 42 % delitos sexuales, 7 % desaparición o secuestro, 6 % violencia física, y 3 % otras violencias.

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La elección de Xiomara Castro como la primera presidenta de Honduras marcó un hito histórico, pero también dejó en evidencia las contradicciones de un sistema que, aunque abre puertas a las mujeres, sigue reproduciendo prácticas patriarcales. La baja participación femenina en las precandidaturas, la violencia política y la falta de avances sustanciales en materia de derechos de las mujeres reflejan que el camino hacia la equidad es aún largo. Las mujeres hondureñas, sin embargo, no se detienen: desde las urnas, las calles y las organizaciones sociales, siguen luchando por un país donde su voz no sea silenciada.

Fe de errata


En la nota publicada el 8 de marzo el párrafo que menciona la cita indirecta de Honorina Rodríguez dice: «En el caso de la primera mujer presidenta, recordó Honorina, una de sus primeras acciones fue nombrar como asesores a los hombres de su círculo familiar, su esposo y sus dos hijos varones.»

Sin embargo, tras una solicitud de la fuente y en ausencia de un respaldo de la entrevista original, se cambió a: «En el caso de la primera mujer presidenta, recordó Honorina, todos a su alrededor son hombres con poder.»

Solo el 25 % de los precandidatos de los tres partidos mayoritarios ha cumplido con el requisito de apertura de cuentas bancarias para las elecciones primarias en Honduras. Además, en el proceso electoral, el sistema político del país ha evidenciado el desinterés y falta de voluntad política para implementar mecanismos que establezcan filtros efectivos para los precandidatos vinculados a la corrupción y la criminalidad organizada, según un informe del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).

Texto: Abigail Gonzales
Foto: Fernando Destephen

La mayoría de candidatos y candidatas de los principales partidos políticos de Honduras no han abierto cuentas bancarias, de acuerdo con un informe del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) presentado el miércoles 5 de marzo. El 75 % de los postulantes no ha realizado este trámite, y según datos oficiales, en este proceso electoral hay 5,880 aspirantes, de los cuales solo 1,496 han sido acreditados, lo que representa el 25 % de los postulantes.

El Partido Nacional registra 628 precandidatos acreditados, el Partido Liberal 449 y el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) 419.

Gustavo Irías, director del Cespad, dijo a Contracorriente que las elecciones primarias e internas están  marcadas por la polarización y por la desconfianza entre los diferentes partidos políticos. «Un proceso electoral [en el] que ha faltado debate democrático, y pues seguimos con las mismas propuestas vacías tradicionales con sus cancioncitas y con un alto gasto electoral que no es controlado por la institucionalidad», aseguró..

Asimismo, indicó que una de las preocupaciones tiene que ver con la opacidad del financiamiento político. «Desafortunadamente tenemos una institucionalidad muy frágil, donde incluso los candidatos y candidatas no lo toman en serio, al extremo de que apenas un poco más del 20 % han registrado cuentas bancarias, que es el instrumento con el que se podía hacer seguimiento del financiamiento lícito y dejar por fuera el ilícito», afirmó Irías.

En ese sentido, Vladimir Mendoza, comisionado presidente de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) informó que presentarán sanciones contra los candidatos que han incumplido los requisitos financieros.

El comisionado anunció la imposición de multas «de cinco salarios mínimos y además un requerimiento para que en un plazo de cinco días máximo presente el informe respectivo, y si no se llega a presentar dentro de los días establecidos se le impone la sanción de 100 salarios mínimos».

En 2021, el Congreso Nacional aprobó el decreto 94-2021, que exoneró temporalmente a candidatos, movimientos internos y partidos políticos de cualquier multa o responsabilidad legal por la entrega tardía o la no presentación de informes financieros.

El decreto también reformó el artículo 56 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, reduciendo las multas en un 70 % para candidatos presidenciales, en un 80 % para diputados y en un 90 % para cargos municipales.

La justificación de esta medida se basó en el argumento de que, tras cuatro años de vigencia, las dificultades para presentar informes financieros afectan la participación de los candidatos en futuras elecciones, lo que supuestamente ponía en riesgo la democracia. Sin embargo, en la práctica, esta medida ha debilitado aún más la fiscalización del financiamiento electoral, señalan miembros del Cespad.

Violencia electoral 

Además de la opacidad en el financiamiento y las deficiencias en el sistema de control, el informe también menciona la violencia electoral como un factor que agrava aún más la situación. Se han registrado 12 casos de violencia en el contexto electoral, incluidos tres asesinatos, cuatro atentados y un ataque directo a la institucionalidad. Además, Ana Paola Hall, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), en febrero de 2025, denunció haber recibido amenazas en su contra.

Uno de los últimos episodios de conflicto en estas elecciones se generó el jueves 6 de marzo, cuando el precandidato a la presidencia del Partido Liberal, Salvador Nasralla, públicamente denunció que el movimiento Juntos por el Cambio, del precandidato a la presidencia Jorge Cálix, pretende realizar fraude electoral.

A través de su cuenta de X, Nasralla señaló que Fabiola Abudoj, precandidata a la Alcaldía Municipal del Distrito Central por el movimiento de Jorge Cálix, planea ejecutar un fraude en su contra. Nasralla presentó ante el Ministerio Público lo que, según él, son pruebas que evidencian un plan para sabotear los lectores biométricos en las elecciones primarias. 

En respuesta, Fabiola Abudoj publicó un video en el se pronunció ante la denuncia de Nasralla y afirmó que se basa en un «audio falso» generado mediante inteligencia artificial. Según Abudoj, se trata de un deepfake y una manipulación digital, acusando a Nasralla de estar desesperado y de intentar desacreditar el proceso.

Por su parte, Cálix también se presentó ayer al Ministerio Público para solicitar que se investigue el audio filtrado en el que Fabiola Abudoj se escucha supuestamente dando instrucciones para dañar los lectores biométricos. Además, Cálix negó cualquier vínculo con el contenido de audio y afirmó: «Me llevan de encuentro y no tengo nada que ver con eso», y aseguró que Abudoj no ocupa ningún cargo dentro de su movimiento, no cuenta con credenciales y no aspira a un puesto de elección.

Ante esta situación, el CNE emitió un comunicado en el que exige al MP que, de forma inmediata y de oficio, inicie las investigaciones necesarias para identificar cualquier planificación o acción concreta que atente contra el uso de dispositivos biométricos en las elecciones.

Asimismo, el comunicado advierte que cualquier intento de manipular los resultados electorales o de afectar la soberanía popular, incluyendo la destrucción o el daño intencionado de material electoral y kits tecnológicos, constituye un delito. Según la legislación vigente, estas acciones pueden ser sancionadas con penas de entre cuatro y seis años de prisión.

Por su parte, René Estrada, asesor de asuntos electorales del Cespad, declaró a Contracorriente que «es importante que la Policía Nacional cumpla con su rol, y  que el Ministerio Público se encargue de investigar todos estos actos de violencia electoral»; además, señaló que es importante que «los partidos políticos tengan un discurso que no provoque el odio».

Por otro lado, la falta de reformas en la ley electoral es otra problemática en el marco del proceso electoral. A pesar de los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil y de algunos sectores políticos, no se han implementado cambios significativos que fortalezcan la transparencia en los procesos electorales, como la segunda vuelta o la depuración de las precandidaturas.

Según el informe, esta falta de acción por parte del Congreso Nacional ha generado una debilidad en el sistema político, que se ve reflejada en el hecho de que un expresidente, exministros de seguridad, diputados y alcaldes han sido procesados y condenados por tribunales de justicia en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y el financiamiento ilícito. A pesar de esta situación, el sistema político del país ha mostrado una notable renuencia y falta de voluntad política para implementar los mecanismos necesarios que establezcan filtros para los precandidatos vinculados a actos de corrupción y crimen organizado.

Estrada señala que ven «renuencia política» en varios niveles: «Número uno, a nivel del Congreso Nacional para la aprobación de leyes o de reformas electorales que son indispensables para la ciudadanía, entre ellas la segunda vuelta, la ciudadanía de las mesas electorales, pero también vemos renuencia de parte del Congreso Nacional y la institucionalidad como tal para la fiscalización de los fondos electorales».

Sistema de Transmisión de Resultados y biometría

El Consejo Nacional Electoral (CNE) destinó el 21.39 % de su presupuesto total de 1,492 millones de lempiras, equivalente a 319.16 millones, para la contratación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Además, asignó el 4.9 % (74.3 millones de lempiras) al uso de la biometría electoral. Para los miembros del Cespad, la contratación de estos servicios informáticos con retraso y con poco tiempo para pruebas técnicas es motivo de preocupación.

El CNE adjudicó contratos a empresas para la implementación del TREP, la geometría electoral y la conectividad satelital en 1,728 centros de votación sin acceso a internet, lo que representa el 30 % de la carga electoral. Sin embargo, la tardanza en la aprobación de los presupuestos afectó los plazos de contratación, lo que redujo el tiempo disponible para pruebas técnicas y la aplicación de medidas de transparencia. Además, los mecanismos de auditoría externa para verificar la integridad de estos sistemas aún no han sido claramente definidos.

El 5 de marzo de 2025, el Ministerio Público emitió un comunicado asegurando que no habrá impunidad durante las elecciones primarias del 9 de marzo. En este sentido, se instruyó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y a todos los fiscales del Ministerio Público a mantenerse plenamente disponibles y coordinados con la Unidad Especial contra Delitos Electorales (UECDE). El objetivo, según el comunicado, es reforzar la recepción de denuncias y garantizar una ejecución rigurosa de las investigaciones antes, durante y después del proceso electoral.

En el comunicado se advierte también que se actuará contra cualquier intento de manipulación, incluyendo la compra de votos, falsificación de documentos, alteración de resultados o incumplimiento en el uso de tecnologías como el sistema biométrico. La ciudadanía podrá denunciar irregularidades a través de las líneas 107 y 108 del CNE.

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En el departamento de Santa Bárbara, al occidente de Honduras, las subvenciones otorgadas a los diputados por el Congreso Nacional se destinan a diversos proyectos. Desde usos hospitalarios, pasando por pilas para almacenar agua, hasta juguetes en Navidad. El objetivo en común es asegurar votos para los candidatos y candidatas, principalmente del oficialismo.

Texto: Allan Bu
Fotos: Fernando Destephen 
Portada: Persy Cabrera

¿Qué podrían tener en común una pila, láminas de zinc, un aire acondicionado, juguetes, maratones benéficas, fiestas, computadoras y un diputado vestido de Santa Claus? Es difícil encontrar una relación entre todo lo anterior, pero en el departamento de Santa Bárbara, las subvenciones que reciben la mayoría de diputados del Congreso Nacional han financiado estas cosas y muchas otras más. 

Contracorriente visitó comunidades de cuatro municipios del departamento de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras, y verificamos algunos proyectos en los que se ha invertido el dinero proveniente del Congreso Nacional, que a través del tiempo ha tenido diferentes etiquetas: fondo social, fondo departamental en el gobierno pasado, y ahora son las subvenciones. Finalmente, es dinero público que los congresistas usan de forma discrecional invirtiendo en función de los votos que puedan obtener.

El fondo departamental permitía a diputados y funcionarios públicos recibir y ejecutar fondos para obras sociales. Fue duramente criticado por la oposición, que ahora, en el poder, lo derogó; sin embargo, se habilitó la entrega de subvenciones, repartidas mayoritariamente a diputados oficialistas, aunque también a otros partidos.

«La gente dice que los diputados no deben manejar dinero, eso es sí y no, porque hay una cultura política en nuestro medio y la gente siempre busca al diputado», nos dijo Sergio Castellanos, a quien encontramos haciendo proselitismo político en el municipio de San Francisco de Ojuera.  

El diputado Sergio Castellanos durante un encuentro con el alcalde de San Francisco de Ojuera, José Luis Hernández. Santa Bárbara, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.
El diputado Sergio Castellanos durante un encuentro con el alcalde de San Francisco de Ojuera, José Luis Hernández. Santa Bárbara, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.

En Santa Bárbara, los afiches de los candidatos del Partido Libertad y Refundación (Libre) aparecen por todos lados, y al mismo tiempo, el dinero que reciben en subvenciones también está por todos lados. Por ejemplo, frente al cementerio municipal de Petoa, Santa Bárbara, hay cientos de bloques de cemento, apilados al lado de un bulto de arena, materiales con los que el patronato local se propone terminar el muro perimetral del camposanto. En esa obra, hay 800 bloques donados en el 2022 por el congresista Cristian Hernández, un joven de 32 años, hijo de quien ha sido alcalde por seis períodos en San José de Colinas, Amable de Jesús Hernández. 

Amable es una figura de poder en Libre; fue alcalde de Colinas desde 1998 al 2022, cuando fue nombrado como director del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), pero según dicen en Colinas, sigue manejando la alcaldía desde las sombras. Esta influencia le permitió a su hijo instalarse en el Congreso y ahora busca un segundo período como congresista. Cristian, al igual que la mayoría de diputados oficialistas, ha recibido millones en subvenciones del Congreso Nacional, de acuerdo con algunas publicaciones de los diputados en las redes del Partido Libre. 

Para Betty Vásquez, directora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), en las calles se observa que «hay demasiada plata, un candidato a diputado también de Libre, expresó que está sorprendido por la publicidad que tiene Cristian para salir de diputado. Ha hecho de todo, ha regalado computadoras, techos y pilas, en las aldeas de Santa Bárbara». 

La campaña de los diputados oficialistas en Santa Bárbara es ostentosa. Cientos de vallas se extienden por todo el departamento, pero no solamente hay publicidad, han entregado beneficios de las formas más diversas posibles.  

Por ejemplo, en el barrio Las Brisas de la aldea La Vega, municipio de San Francisco de Ojuera, donde vive Hilda Matute, mujer menuda, sonriente y amable. Su casa está a unas dos horas de la cabecera municipal y se llega por una carretera de tierra. En la casa de Hilda hay una pila construida con materiales comprados con subvenciones. 

Hilda Matute, beneficiaria de una pila en su casa en el barrio Las Brisas de la aldea La Vega, municipio de San Francisco de Ojuera. Santa Bárbara, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.
Hilda Matute, beneficiaria de una pila en su casa en el barrio Las Brisas de la aldea La Vega, municipio de San Francisco de Ojuera. Santa Bárbara, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.

A ella le entregaron cemento, arena y bloques. La mano de obra la pagó ella. «Yo no tenía pila. En ese balde juntaba agua», dijo mientras señalaba un viejo recipiente. Ahora tiene una pila, con pocos detalles estéticos, pero rebosante de agua bajada de la montaña Los Cedros. Cada dos días tiene que lavarla, porque el agua, aunque viene de un punto muy alto de la montaña, extrañamente trae lana y otras impurezas.

Mientras conversamos en el estrecho patio de Hilda, cuya casa está a la par de una ladera, recuerda que hace dos años también fueron a tomar una minuta para repararle el techo, «pero fíjese que eso no ha salido», nos dijo en forma de queja. Le prometieron láminas de zinc, e Hilda tenía que comprar la madera: «Metimos la solicitud y nada. Mire que mandé a sacar la madera y se pudrió por estar esperando».

En San Francisco de Ojuera, el apoyo de los diputados se canaliza a través de la municipalidad, dirigida por José Luis Hernández de Libre. El alcalde, a quien le dicen «Chechito», recibe los fondos de los diputados y asegura que compra al por mayor materiales para ayudar a los habitantes de su municipio con pilas, techos u otros beneficios. 

«Teníamos bloque hasta allá (y hace ademán largo con su brazo) para pilas, y son 1,300 proyectos de techos por parte de los diputados», dijo Chechito, quien aclaró en un par de ocasiones que no todos los congresistas habían colaborado, ya que algunos estaban «cortados» en San Francisco de Ojuera. 

«Ahorita vienen 900,000 lempiras por parte de Edgardo Casaña y su suplente en compra de aluzinc, lo que nosotros hacemos es que compramos por mayoreo, y después escogemos las prioridades entre las solicitudes que tenemos», dijo el alcalde, quien aseguró que en su pueblo «no existe la corrupción, no hay manera que usted pueda señalarme», y presumió de que tiene los proyectos más baratos del país porque es un negociador nato y no le pide «porcentajes o mordidas a nadie». 

José Luis Hernández, alcalde de San Francisco de Ojuera, durante una entrevista en las afueras de la alcaldía. Santa Bárbara, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.
José Luis Hernández, alcalde de San Francisco de Ojuera, durante una entrevista en las afueras de la alcaldía. Santa Bárbara, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.

Hernández presume de no aceptar corrupción en su administración, pero no tiene ningún problema en dar trámite a las gestiones del diputado Edgardo Casaña, quien en julio de 2022, apareció en la Lista Engel emitida por Estados Unidos, que señala a personas por corrupción y socavamiento de las instituciones democráticas. En el caso del diputado Casaña se le señala por corrupción significativa en el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), donde se le acusa de destinar más de cinco millones de dólares para beneficiar a aliados políticos y de esta forma asegurar votos. 

Bloques y fiestas

Desde el oficialismo, la narrativa es que las subvenciones se manejan con transparencia, pero lo cierto es que hay muchos y serios vacíos en la información brindada. En principio, ni siquiera se tiene la cantidad exacta que ha sido gestionada por los diputados, pero en el presupuesto general de los años 2023, 2024 y 2025 se aprobó un fondo de 950 millones de lempiras destinados a la ejecución de proyectos de infraestructura menor y obras sociales, de los cuales 6.5 millones están disponibles para que cada congresista gestione proyectos en su departamento a través de las municipalidades o de distintas Secretarías de Estado.

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Lo cierto es que hay dinero para una diversidad de actividades. Por ejemplo, en Petoa, Santa Bárbara, el diputado Cristian Hernández entregó al patronato de la comunidad fondos para comprar 800 bloques destinados a la construcción del cerco perimetral en el cementerio central de ese municipio. Eso fue en el 2022, pero hasta febrero de 2025 la obra no había sido concluida, por lo que frente al camposanto hay cientos de bloques y cargas de arena.

Bloques, piedras, arena y botellas de vidrio en la entrada principal del cementerio en el municipio de Petoa. Santa Bárbara, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.
Bloques, piedras, arena y botellas de vidrio en la entrada principal del cementerio en el municipio de Petoa. Santa Bárbara, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.

El presidente del patronato de ese municipio, Donaldo Amaya, manifestó a Contracorriente que otro apoyo que recibieron de congresistas fue el acompañamiento que hicieron Angélica Smith, Edgardo Casaña y Sergio Castellanos para lograr la construcción de la escuela y el colegio, edificios en los que se invirtieron, según sus propias estimaciones, casi 10 millones de lempiras. 

Amaya manifestó que a su juicio Petoa es uno de los municipios más atrasados de Santa Bárbara, aunque se encuentra a solo 45 minutos de San Pedro Sula, la segunda ciudad en importancia del país. El dirigente comunitario manifestó que él no tiene partido, pero achacó el retraso de su pueblo a los 20 años del gobierno del Partido Nacional. No ocultó su esperanza de que en las próximas elecciones esto cambie y Libre se mantenga en el poder a nivel central, porque él cree «que en las municipalidades de Libre han ayudado más». 

Con las subvenciones también se han reportado compras de equipo tecnológico para hospitales. Visitamos el Hospital Santa Bárbara Integrado, ubicado en la cabecera departamental, donde diputados del oficialismo reportaron donaciones. La secretaria del Congreso, Angélica Smith, y el diputado Ángel Reyes Aguilar, reportaron por separado la compra de un aire acondicionado para las salas del hospital, mientras que el suplente Juan Ángel Lanza publicó en sus redes la compra de un electrocardiógrafo, un aparato que capta, registra y amplía la actividad eléctrica del corazón. 

En el centro hospitalario conversamos con su directora Francia Madrid, a quien le consultamos si tenía registrado las donaciones de los aparatos antes mencionados y en primera instancia dijo que no. Afirmó que en el hospital solo había seis electrocardiógrafos y ella no se había enterado de dicha donación, ni la de algún aire acondicionado, a pesar del cargo de subdirectora que ostentaba cuando se reportaron.

Expresó que había recibido aportes de Angélica Smith, Cristian Hernández, Edgardo Casaña y Sergio Castellanos en la realización del Patepluma Running, una carrera que se organiza desde el  2022 para recaudar fondos y cubrir algunas necesidades del hospital; la primera fue para comprar insumos destinados a la sala de trauma y ortopedia, mientras que la edición de este año es para construir un cuarto quirófano. 

Dijo que incluso se realizaron «actividades para poder comprar los aires acondicionados, tuvimos que sacar fondos de lo que se había recaudado para la sala de ortopedia para comprar unos aires que se dañaron». 

La doctora Madrid no recordaba la donación de un electrocardiógrafo, que tiene un valor aproximado de 150,000 lempiras, aunque en ese entonces ella era la encargada de la parte médica. «Los que tenemos se han obtenido con fondos nuestros, después tenemos dos que fueron donados por la Secretaría de Salud», aseguró. Sin embargo, un par de horas después nos envió un mensaje de texto confirmando que el hospital sí había recibido la donación el 1 de mayo de 2022. 

Pacientes esperan atención en un pasillo del hospital Santa Bárbara integrado. Santa Bárbara, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.
Pacientes esperan atención en un pasillo del hospital Santa Bárbara integrado. Santa Bárbara, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.

Esta dinámica evidencia una duplicidad de esfuerzos, pues hay un diputado gestionando compras para la Secretaría de Salud, aunque los mecanismos para dichas adquisiciones ya están estipulados en la institución, que en 2024 contó con un presupuesto de 28,300 millones de lempiras.

En la comunidad de Nueva Esperanza, en el municipio de Concepción del Sur, pasa algo similar. El diputado Sergio Castellanos donó los materiales para pintar la escuela Dionisio de Herrera y también hizo lo mismo en la escuela José Trinidad Cabañas, de la aldea La Cuchilla en Petoa, Santa Bárbara. Visitamos ambas escuelas y en las dos confirmaron que habían recibido dicho apoyo. 

Aunque el beneficio llegó, la duplicidad de esfuerzos persiste, condicionada por la búsqueda de votos por parte de los diputados. La Secretaría de Educación tiene asignados 43,600 millones de lempiras, que es el presupuesto más robusto de todas las Secretarías. Además, el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) se ha dedicado a la reparación de escuelas. Según datos oficiales, este gobierno ha reparado más de 5,500 escuelas. 

Escuela Dionisio de Herrera, en la comunidad Nueva Esperanza, en el municipio de Concepción del Sur. Santa Bárbara, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.
Escuela Dionisio de Herrera, en la comunidad Nueva Esperanza, en el municipio de Concepción del Sur. Santa Bárbara, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.

Elvin Hernández, sociólogo e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric-SJ), considera que esos fondos otorgados a los diputados para hacer obras son la «máxima distorsión de un poder del Estado», ya que el Congreso Nacional tiene como función emitir leyes y revisar aquellas  normas que ya no responden a la ciudadanía.

«Digamos que actualizar el marco jurídico que tiene la institucionalidad en Honduras, esa es la función fundamental», dijo el sociólogo, y luego se preguntó: «¿Entonces qué hace un diputado manejando fondos y entregándolos para reparar carreteras, si para eso hay una Secretaría de Infraestructura y Transporte? ¿Qué hace entregando medicamentos, si hay una Secretaría de Salud? ¿Qué hace un diputado traficando con plazas en el magisterio cuando hay una Secretaría de Educación?».

¿Cómo funciona el clientelismo?

Nuestro vehículo avanza por una carretera que conecta la cabecera municipal de San Francisco de Ojuera con la aldea La Vega. La vía se encuentra en buen estado y avanzamos sin contratiempos rumbo al lugar. Días antes del 18 de febrero, el candidato nacionalista Nasry Asfura estuvo en una comunidad cercana, y aún quedan afiches del recibimiento que tuvo. 

Olvin Ramos es un activista de Libre en La Vega, y asegura que lo que ellos quieren conseguir con las ayudas de los políticos es «un puente hamaca», en la misma comunidad donde el alcalde José Luis Hernández, «Chechito», construyó dos pequeños puentes para evitar que parte de la comunidad quedara incomunicada cuando arrecian las lluvias. 

En esa aldea, cuya población en su mayoría es nacionalista, se han construido cientos de pilas como la que tiene Hilda en su patio, y Olvin dice que van a construir más. Sostiene que está gente ya está anotada y que el alcalde le ha dicho que «le den parejo, que sea a quien lo necesite y me dijo que no preguntara por color». 

Y Chechito ya tiene más beneficios listos para entregar. Ha conseguido 150 techos que planea entregar previo a las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025: «Yo le digo, es que soy bien drástico en la toma de decisiones, soy delicadísimo. A los diputados les digo que vengan aquí a proponernos, que en este pueblo no existe la corrupción», expresó. 

Destacó que en su pueblo se han construido 783 pilas, cientos de techos e incluso casas de habitación, aunque olvidó mencionar que algunas de esas casas fueron gestionadas por Aldea Global, según un afiche pegado en la puerta de dos viviendas que visitamos en la zona. 

Parte frontal de una de las casas del proyecto Aldea Global en la aldea La Vega. Santa Bárbara, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.

La presidenta Xiomara Castro, ministros y otros funcionarios, al igual que el alcalde de San Francisco de Ojuera, aseguran que esta administración entrega los beneficios sin preguntar filiación política. Sin embargo, una persona de San Francisco nos aseguró que tenía amigos nacionalistas que estaban en una encrucijada, pues a ellos les han ofrecido un bono, pero deben ir a votar a la urna de Libre en las primarias, y si votan en la «urna nacionalista, no logran el bono». 

Chechito mencionó que, aparte de una «barbaridad de techos» que están listos para entregar, pronto recibiría en la bodega municipal 1,300 bolsas de cemento para seguir entregando materiales para pilas y construcción de pisos: «En una aldea llamada San Isidro, colocamos pavimento en una calle de difícil acceso. Ahí hay 73 casas y les entregamos pilas a toda la comunidad, sin distingo de colores». 

En todo ese discurso político el objetivo primordial es conseguir votos. En tiempo de procesos electorales, los políticos van por todo el país dando abrazos, y en el caso de los que tienen subvenciones, regalando beneficios pagados con dinero del Estado. «Mi disciplina es con el pueblo, soy Libre a morir, pero el hecho que sea del partido no quiere decir que alguien me va a decir qué hacer. Aquí se le da la marca a quien se la gana», sostuvo Chechito. 

Además, aseguró que en varios municipios de Santa Bárbara se ha forjado una alianza para lograr representación en el Congreso Nacional basada en la reciprocidad: «Establecimos una nueva forma de hacer política. Tenemos una alianza con El Naranjito, Protección y San Luis porque ellos tienen intereses. Si Amable quiere que apoyemos a Cristian, entonces debe respaldarnos aquí», manifestó.

El bastión de Amable de Jesús Hernández es San José de Colinas, donde lleva 24 años en el poder. Aunque no se presentará en las próximas elecciones, una fuente anónima aseguró que terminará siendo candidato de Libre y volverá a ganar la alcaldía.

Desde esa alcaldía se construyó la plataforma para que el hijo del cacique, Cristian Hernández, de 32 años, lograra un escaño en el Congreso Nacional. Actualmente, es uno de los legisladores con mayor inversión en campaña, evidenciado, por ejemplo, en los 536,000 lempiras que entregó a inicios de 2025, junto a su suplente Ivin Fonseca a familias en situación de pobreza.

En San Nicolás, la alcaldesa Carmen Alicia Paz también se mostró contenta con el joven congresista, destacando que se ha «proyectado con familias que lo necesitan» y donó ocho computadoras al Instituto Rafael Pineda Ponce para la carrera de Bachillerato en Computación, por lo que le agradeció el respaldo recibido.

Otro apoyo indirecto a la campaña del hijo de Amable de Jesús Hernández es la gran inversión realizada por el Estado en San José de Colinas, donde se remodeló el estadio de fútbol por un valor de 23 millones de lempiras, se construyó una cancha multiusos y también se abrió el Hospital del Ojo, que cuenta con médicos cubanos, al que asisten personas de todo Honduras. Además, según testimonios de los habitantes de la comunidad, el Injupemp se ha convertido en una importante fuente de empleo para los colineños.  

Dos personas caminan frente al Centro Oftalmológico en San José de Colinas, Santa Bárbara, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.

Durante los gobiernos de Juan Orlando Hernández, la desaparecida Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) se convirtió en una gran plataforma de clientelismo y para los diputados también estaba disponible el fondo departamental. 

Para el sociólogo Elvin Hernández «no hay ninguna diferencia entre cómo lo entendió el Partido Nacional en 12 años y como lo entiende Libre en este período, las mismas prácticas del clientelismo político hoy se están viendo con mayor naturalidad. Son prácticas donde el gobierno deja de ser gobierno y se convierte en una plataforma electoral, especialmente en el año político electoral, y así el partido de gobierno puede aprovechar estos recursos para hacer campaña y asegurar el poder cuatro años más».

«Esa es la lógica que uno vio en el Partido Nacional y actualmente, no se ve alguna diferencia en los que hace Libre y eso tiene que ver con la clase política, en cómo se entiende la administración pública desde los partidos políticos», afirmó Hernández.

San Nicolás y sus subvenciones

Al preguntarle a Sergio Castellanos, diputado de Libre en Santa Bárbara que busca reelegirse como cabeza del movimiento Somos Más, qué hace la diferencia entre las subvenciones ahora y el fondo departamental que ellos desde la oposición tanto criticaron, se defiende diciendo que «la primera es que se liquidan, son transparentes».

Y esto no es cierto, pues si bien Castellanos y otros diputados publican en sus redes sociales algunas de los rubros en los que dirigen esos fondos, lo cierto es que el Congreso Nacional es hermético con los detalles de las subvenciones, no se publican en los portales de transparencia y tampoco responden las solicitudes de acceso a la información.

No dio una segunda razón, aunque nos explicó que los fondos entregados por el Congreso se ejecutan en ayudas personales, medicinas, ataúdes, reparaciones menores para casas y decenas de cosas más: «Para cuestiones educativas, por ejemplo, ahorita yo compré como 70 mil lempiras en útiles escolares para los niños». 

Escuela José Trinidad Cabañas, de la aldea La Cuchilla, en Petoa, Santa Bárbara, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.

Además, dice, hay escuelas que le solicitan ayuda para comprar un ventilador, una computadora u otro tipo de equipo que ayude a los niños. Expresó que él prefiere hacer actividades masivas, por ejemplo, en la época navideña realiza la «caravana del juguete».

Castellanos cuenta que el año pasado compró más de 200,000 lempiras en juguetes: «Yo me visto de San Nicolás (Santa Claus) y en cada municipio escogemos dos comunidades para llevar juguetes. Siempre la gente critica al que hace y al que no hace, algunos dicen: “¿este por qué se viste de San Nicolás?”».

Castellanos cree que para los niños y las niñas es más importante un juguete que un tamal: «El juguete lleva alegría al alma y posiblemente sea el único juguete que reciba, y con ese se va entretener uno o dos meses, el tamal se lo comerá hoy, mañana va a tener hambre de nuevo», sostuvo el diputado.

Por mayoría de votos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió que en los resultados preliminares no se divulgaran las actas en las que no se haya utilizado el sistema biométrico. Esto ocurrió luego de que el precandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, anunciara que interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público contra Fabiola Abudoj, precandidata a la alcaldía del Distrito Central por el movimiento de Jorge Cálix, acusándola de fraude electoral. Como prueba en la denuncia, Nasralla publicó unos audios en los que supuestamente planea el sabotaje de los lectores biométricos en las elecciones primarias del 9 de marzo.

Por Persy Cabrera
Fotografía: Fernando Destephen

Tras una votación en la tarde noche del 6 de marzo de 2025, con los votos a favor de Marlon Ochoa y de Ana Paola Hall, y un voto en contra de Cosette López, el pleno de consejeros del CNE resolvió que no se divulgarán las actas en las que no se haya utilizado el sistema biométrico. Marlon Ochoa publicó en X que «estas actas [en las que no se haya usado el sistema biométrico] serán compartidas con los Partidos Políticos al mismo tiempo que son recibidas por el CNE y puestas a disposición de manera pública en un repositorio después del segundo corte a realizarse en sesión pública el domingo».

Esto se da a tres días del proceso de Elecciones Internas, tras que Salvador Nasralla, precandidato presidencial por el Partido Liberal, denunció un supuesto intento de fraude electoral en su contra, y señaló como la responsable a Fabiola Abudoj, quien actualmente es precandidata a la alcaldía del Distrito Central en el movimiento Juntos por el Cambio. En una entrevista con Contracorriente, el precandidato presidencial dijo que entregaría esta denuncia al Ministerio Público a través de sus abogados.

En la denuncia que hizo en redes sociales, Nasralla subió dos audios en los que le atribuye a Abudoj una supuesta conversación con una dirigente afín al movimiento de Jorge Cálix.

En el audio se puede escuchar que la dirigente supuestamente dice: «¿Y ese biométrico qué pedo?», refiriéndose a los lectores biométricos que permiten la verificación de la identidad de una persona a través de su huella dactilar, que se implementaron por primera vez en las elecciones generales de 2021, y que han sido motivo de denuncias de fraude tras anunciarse su instalación para las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025.

Abudoj es precandidata a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) por el movimiento de Jorge Cálix, Juntos por el Cambio, y se desempeñó como ministra de la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimientos de Proyectos y Acuerdos (Sedespa) del Gobierno actual. Inicialmente era parte del movimiento de Nasralla, pero se desligó en enero de 2025, denunciando a Salvador por una supuesta «tregua con las maras y pandillas».

Tras la salida de Abudoj, Nasralla dijo que no quería a «personas relacionadas con Mel Zelaya», y por su parte Abudoj señaló al exdesignado presidencial como el «verdadero caballo de Troya en el Partido Liberal».

En el Consejo Nacional Electoral (CNE), Cosette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, consejera presidenta, consejera secretaria y consejero vocal respectivamente, están de acuerdo en la obligatoriedad del lector biométrico, pero disienten en cuanto a si deberían contarse las actas en las que no se usó el lector biométrico para la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).

Marlon Ochoa declaró en un foro de televisión que «lo cierto es, y esto no es ninguna novedad para cualquier persona informada, que existe un plan para hacer fraude el domingo no utilizando el dispositivo biométrico». Ochoa además propuso que las actas que no sean validadas por el sistema biométrico sean retenidas y no computadas cuando se divulguen los resultados preliminares.

Sobre esto, la consejera presidenta Cosette López expresó en ese mismo foro que «esperar el retorno de las maletas me parece bastante peligroso, reduce la efectividad del TREP (Transmisión de Resultados Preliminares), que es un mecanismo para lidiar con la incertidumbre la noche de las elecciones. No me parece correcto esperar cuatro o cinco días porque estaríamos volviendo a un escenario similar al de las primarias de 2021, cuando pasó mucho tiempo para conocer los resultados».

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, expresó en sus redes sociales que el partido del oficialismo, Libertad y Refundación, quiere «detener la democracia impidiendo que se haga divulgación de resultados la noche de la elección y exigiendo que se posponga hasta que lleguen las maletas a Tegucigalpa. Eso puede llevar días».

En el audio, la voz supuestamente de la dirigente liberal, Abudoj, instruye: «Agarrá una lija, lija mil, de la gruesa, y le ponés un pedacito aquí a alguien de confianza y cuando ponga el dedo, lo raspa, una vez que quede rayado, el biométrico ya no lee, ya no lee la huella».

Por su parte Fabiola Abudoj publicó un video en el que señaló que la denuncia de Nasralla se trata de un «audio falso, un deepfake, una manipulación digital, creada con inteligencia artificial» y que Nasralla «está desesperado, intentando ensuciar el proceso».

El Consejo Nacional Electoral publicó un comunicado en el que exigió al Ministerio Público (MP) que «de manera oficiosa proceda a realizar las investigaciones para identificar la planificación y actos concretos que atenten contra la utilización del dispositivo biométrico».

Sobre esa situación, Salvador Nasralla sí coincidió con el consejero Ochoa, pues de acuerdo al precandidato liberal «la trampa está en que quieren divulgar resultados preliminares por el TREP en todas las actas. Entonces si no se ha aplicado el lector biométrico, pueden mandar actas pirujas que no corresponden a la realidad. Te empiezan a mandar actas y eso no corresponde, tenemos que esperar y hacer un escrutinio especial de las actas».

Otras incidencias y violencia política previo a las internas

Las incidencias previo a las elecciones internas también se han dado en otros partidos contendientes. Belinda Pavón, actual diputada por el Partido Nacional y  precandidata a alcaldesa en el Distrito Central por el movimiento Renovación y Unidad Nacionalista (RUN), denunció al precandidato presidencial de este movimiento, Jorge Zelaya, por no entregarle 1,714 credenciales en el Distrito Central para el proceso electoral. 

En el caso del Partido Libre, desde el Movimiento Renovación Nuevas Alternativas (Morena), liderado por el precandidato presidencial y actual diputado del Congreso Nacional, Rasel Tomé, denunciaron a integrantes del Movimiento 28 de Junio (M-28) de no entregarles credenciales en Francisco Morazán. Mientras tanto, en el Movimiento Esperanza Libre (MEL), de este mismo partido, una ciudadana denunció que ella y su padre aparecían en las papeletas como precandidatos a la alcaldía del municipio Concepción de María, Choluteca, sin su consentimiento.

El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) registró desde noviembre de 2024 hasta el 4 de marzo de 2025, al menos doce casos de violencia política electoral. Entre ellos se encuentran «cuatro asesinatos de precandidatos, tres atentados, un fallecimiento en circunstancias sospechosas, y un ataque directo a la institucionalidad», de acuerdo a un boletín publicado por esa organización. Además, en febrero de 2025, la consejera del CNE, Ana Paola Hall, denunció haber recibido amenazas e intimidaciones en su contra.

Funcionarios de gobierno y hasta la misma presidenta Xiomara Castro aplauden y comparten los mensajes pro Libre difundidos por un grupo de cuentas en redes sociales que se autodenominan como espacios de noticias. En uno de estos sitios, es moderadora de una entrevista una empleada de gobierno y un candidato del partido oficial. De fondo, el gobierno de Castro es señalado de desviar millones de lempiras para financiar la propaganda y, además, reparte más de 255 millones de lempiras en pauta publicitaria entre grandes medios, medios locales, comunicadores a título personal, incluyendo a un precandidato a diputado de Libre y una precandidata del Partido Liberal. 

Texto: Luis Escalante
Portada: Donají Marcial

El 30 de mayo de 2024, 11 meses antes de las elecciones primarias en Honduras, la presidenta Xiomara Castro otorgó a Jorge Estrada Baca, «periodista» de UNE TV, un canal en señal abierta a nivel nacional, el premio «Roger Vallejo» por su «dedicación y valiosa contribución al periodismo de nuestro país», según publicó la cuenta oficial del gobierno en la red social Instagram. Lo que no se dijo en esa ceremonia es que entre febrero de 2023 hasta el mes de su reconocimiento, Estrada Baca había ganado cuatro contratos con el gobierno por un total de 115,000 lempiras por compra de «pauta publicitaria», según información oficial publicada por la Dirección General de Información y Prensa (DGIP), adscrita a la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) dirigida por el ministro Ricardo Salgado.

Once meses más tarde, los nexos entre este comunicador, el gobierno y el partido Libertad y Refundación (Libre) aumentaron. Ahora, en un rol de político y no de comunicador, Estrada Baca compite en las elecciones primarias del 9 de marzo por un cargo en el Congreso Nacional (CN) en la lista de la Fuerza de Refundación Popular (FRP), uno de los seis movimientos al interior de Libre que impulsa la precandidatura a la presidencia de Rixi Moncada, actual ministra de Defensa.

Podés leer: El nepotismo del clan Zelaya busca sucesión en el clan Moncada

Consultado por Contracorriente y Redacción Regional sobre estos pagos, el precandidato responde: «Soy licenciado en periodismo y tengo un programa que subsiste de la venta publicitaria, el cual está regido para los anunciantes de acuerdo a la oferta y la demanda». 

En su cuenta oficial en Instagram, Estrada Baca promueve su precandidatura aludiendo a su doble rol como comunicador y político. Captura de imagen tomada de su cuenta oficial.
En su cuenta oficial en Instagram, Estrada Baca promueve su precandidatura aludiendo a su doble rol como comunicador y político. Captura de imagen tomada de su cuenta oficial.

Estrada Baca no es el único comunicador-candidato para las primarias de 2025 que ha recibido fondos de estas instituciones. En la nómina de pagos por pauta publicitaria del gobierno, también aparece *Saraí Espinal, periodista de la radio HRN, quien justifica: «soy afín a ellos porque cubrí por muchos años al Partido Libre». Sin embargo, para las elecciones primarias competirá por una candidatura a diputada por el movimiento ¡Vamos, Honduras! del Partido Liberal, dirigido por el precandidato a la presidencia, Salvador Nasralla.

«Yo, a título personal, hice entrevistas, publicaciones en redes, información y cuestiones que ellos pedían. Ellos solicitan publicidad, entrevistas, y durante los meses que trabajé con ellos, solicitaban dependiendo del tema. A veces me pedían una entrevista o cubrir la entrega de becas de Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social)», dice Espinal.

La ahora precandidata asegura que ofrecer servicios de publicidad no es «algo incorrecto» y que la SPE le solicitó evidencias de los productos realizados. Según los registros disponibles en el portal de transparencia de la SPE, Espinal recibió cuatro pagos por un total de 69,000 lempiras cada uno, sumando 276,000 lempiras. 

Espinal buscará una candidatura como diputada por el movimiento que dirige Salvador Nasralla dentro del Partido Liberal. Captura de imagen tomada del sitio web del CNE.
Espinal buscará una candidatura como diputada por el movimiento que dirige Salvador Nasralla dentro del Partido Liberal. Captura de imagen tomada del sitio web del CNE.

Estrada Baca y Espinal son solo dos de las piezas en el engranaje de una máquina mediática que impulsa el gobierno a través de esta secretaría desde la cual se destinan fondos a comunicadores a título individual o en representación de sus medios, y en la que también hay empleados y funcionarios que cruzan puentes que los vinculan con plataformas de contenidos en la web y las redes sociales a favor de Libre, el gobierno y sus precandidatos.

En ese primer engranaje, el de los comunicadores que reciben fondos públicos, estos candidatos forman parte de una lista de 147 beneficiaros de pagos de pauta publicitaria que entre 2023 y 2024 sumó 33,540,350 lempiras (1,312,601 dólares). Los pagos a estos «proveedores» van desde los 23,000 lempiras hasta los 2,185,000 lempiras (aproximadamente 87,400 dólares) en concepto de «pauta publicitaria».

Y aunque en la mayor parte de los fondos que reparte el gobierno para pagar pauta publicitaria se va para grandes medios de comunicación en Honduras, en la lista sobresalen comunicadores vinculados al oficialismo, como José Luis Galdámez, un exdiputado por el Partido Libre que en 2016 fue condenado por homicidio simple y sentenciado a 15 años de prisión por la muerte del taxista Marvin Sánchez Mejía, ocurrida el 16 de julio de 2014. No obstante, en 2021, una corte de apelaciones revocó su condena y fue liberado.

Según los portales de transparencia de la SPE, Galdámez recibió 29 pagos por contratos publicitarios que sumaron, entre 2023 y 2024, una cifra de 1,725,000 lempiras (más de 67,000 dólares). Actualmente, Galdámez dirige el programa Tras la verdad, transmitido por Radio Globo.

En la lista está además Jhonny Lagos, director del periódico El Libertador, que recibió pagos por 2,185,000 lempiras (aproximadamente 87,400 dólares) en concepto de «pauta publicitaria» en ese mismo periodo.

El pasado 22 de enero, El Libertador publicó un reportaje titulado «Millonaria transnacional de “sociedad civil”, ASJ, se convirtió en agente político», en el que cuestionó los supuestos vínculos de esa organización con el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández —sentenciado por delitos de narcotráfico en una corte federal estadounidense— y con sectores conservadores de Estados Unidos. En sintonía con El Libertador, ASJ es una de las organizaciones a las que funcionarios del gobierno tildan de «enemigas».

Lagos asegura que recibir pagos por publicidad del gobierno no influye en la línea editorial del medio que dirige y que, aunque su nombre aparece como beneficiario de los contratos de publicidad, esto se debe a que él es apoderado legal del medio. «Los contratos de publicidad no los gestiono yo, sino el departamento comercial de El Libertador. Mi nombre aparece porque soy socio y fundador de la sociedad mercantil», dice.

Lagos también fue honrado en 2023 por la presidenta Xiomara Castro con el premio periodístico «Pedro Magdiel»; y en mayo de 2024 el Congreso, cuya junta directiva es oficialista, le otorgó el premio «Rosario Sagastume».

La información sobre estos montos en el portal de la SPE no precisa qué tipo de publicidad ni qué servicios se pagaron. En la descripción del bien o servicio se establece únicamente el concepto de «pauta publicitaria» y que los procesos se realizaron a través de compra directa.

Entre los beneficiarios se encuentran comunicadores que provienen de medios corporativos, locales y aquellos que son dueños de sus propios medios. Algunos trabajan en medios locales distribuidos en departamentos como Olancho, Choluteca y Cortés, entre otros.

Para Jorge Andino, director del medio comunitario Play FM, y quien no aparece en la lista, el reparto de esta pauta hacia medios o comunicadores locales puede tener como objetivo generar influencia sobre los contenidos o la opinión pública, un mecanismo de premios y castigos para medios con reducidos espacios de financiamiento.

«Hay medios locales o comunitarios que son más afines al gobierno, y esos medios reciben apoyo, sobre todo en zonas donde los políticos tienen más influencia. Por otra parte, las radios más cercanas al gobierno pueden resaltar lo que el gobierno quiere que se sepa, mientras que las más críticas pueden verse afectadas», comentó Andino.

El 9 de febrero de 2025, durante un evento de campaña en Copán, Rixi Moncada declaró que, en caso de llegar a la presidencia, su gobierno se centraría en «defender la libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información» desde los medios comunitarios.

«Los voceros de los medios han iniciado campaña, ahora andan delicadísimos por la libertad de prensa y expresión. Nosotros hemos defendido siempre la libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información; las vamos a seguir defendiendo desde las emisoras comunitarias que no son de la élite, desde los espacios municipales y departamentales», afirmó Moncada.

Sin embargo, para Andino, este tipo de discursos resulta riesgoso, ya que pone en peligro la razón de ser de los medios comunitarios.

«Es preocupante que se pierda el enfoque original de los medios comunitarios, que deberían estar al servicio de la comunidad, no al servicio de un gobierno», manifestó Andino. 

La pauta para los grandes medios

La pauta publicitaria pagada desde la DGIP hacia medios de comunicación y comunicadores de profesión está contemplada en el decreto ejecutivo 023-2022, que autoriza a la DGIP a suscribir contratos para pautas publicitarias con agencias publicitarias y medios de comunicación, tanto convencionales como alternativos, nacionales o extranjeros, bajo las normas de la estrategia de comunicación del gobierno.

Desde la llegada de Xiomara Castro al poder, algunos funcionarios, incluidos Rixi Moncada y Ricardo Salgado, han manifestado estar en contra de los «medios de la élite», pero en la práctica la actual administración también ha destinado, a través del Sistema de Información y Comunicación Estratégica (SICE) y la DGIP, 255.2 millones de lempiras (más de 10 millones de dólares) en contratos de pauta publicitaria. 

El SICE fue instaurado en septiembre de 2022 y administró 962.7 millones de lempiras (37.7 millones de dólares) entre 2023 y 2024, más que la asignación presupuestaria dada en ese período a secretarías de Estado como Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Asuntos de la Mujer, Derechos Humanos y Turismo.

El reparto de pauta publicitaria desde los gobiernos debería de ser una práctica normal, equitativa y transparente. Y entre sus mejores usos destacan aquellos en los que los gobiernos la utilizan para proveer información útil y de interés para la ciudadanía y nunca para premiar, castigar o como «mecanismos de censura directa», según los Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Entre 2023 y 2024, una de las sociedades de medios de comunicación más favorecidas fue Periódicos y Revistas S. A. de C. V., que maneja los periódicos La Tribuna, El País y el canal La Tribuna TV, con 59,627,500.00 lempiras (más de 2.3 millones de dólares). Le siguió Compañía Broadcasting Centroamericana S. A. de C. V., propietaria del Canal 6, que recibió 44,369,300.02 lempiras (más de 1.7 millones de dólares). Por su parte, Compañía Televisora Hondureña S.A., que gestiona marcas periodísticas como los noticieros Telenoticias, Hoy Mismo y el portal TuNota, obtuvo 35,899,404.91 lempiras (aproximadamente 1.4 millones de dólares). 

Organización Publicitaria S.A. de C.V., responsable de marcas como La Prensa, El Heraldo y Go TV, sumó 19,070,000.00 lempiras (cerca de 746,000 dólares). Producciones Periodísticas Hable como Habla S. de R. L., encargada de HCH Televisión Digital, obtuvo 10,352,450.88 lempiras (cerca de 410,000 dólares). Finalmente, Global Telecom Enterprise S. A de C. V., propietaria de UNE TV, alcanzó un total de 5,066,000 lempiras (aproximadamente 200,000 dólares).

Contracorriente y Redacción Regional contactaron a Thelma Mejía, jefa de información del noticiero Telenoticias; Ninfa Arias, jefa de redacción de La Tribuna; y Carlos Mauricio Flores, director de El Heraldo, y todos coincidieron en que la contratación de publicidad es ajena a la producción editorial y está a cargo de los departamentos comerciales o de mercadeo de las empresas. En el caso de Telenoticias y La Tribuna, se intentó buscar una reacción de las áreas encargadas, pero no hubo respuesta. En El Heraldo, Flores indicó que «lo editorial está separado y distanciado de lo comercial».

También se enviaron mensajes de texto a Eduardo Maldonado, propietario de Producciones Periodísticas Hable como Habla S. de R. L., y a Mauricio Ramos, propietario de UNE TV, pero no respondieron. Ramos, quien fue ministro de Infraestructura y Transporte del gobierno de Xiomara Castro hasta el 31 de diciembre de 2023, es actualmente precandidato a ser vicealcalde de San Pedro Sula por el movimiento M-28, liderado por Rixi Moncada.

En la franja comercial de los canales televisivos de Compañía Televisora Hondureña S.A., por ejemplo, se han difundido anuncios audiovisuales en los que la presidenta Xiomara Castro anuncia la construcción de obras de infraestructura, como escuelas, carreteras o recintos deportivos, y en los que se utiliza la leyenda «Xiomara sí cumple».

Un reparto en la mira del CNA

En el contexto del crecimiento de las redes de propaganda vinculadas al oficialismo y del aumento de fondos en la pauta publicitaria pagada por el gobierno, han ocurrido irregularidades, según ha denunciado el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

El 22 de enero de 2025, la organización denunció ante el Ministerio Público (MP) al ministro de la SPE, Ricardo Salgado, y a Christian Duarte, de la Secretaría de Finanzas, por el supuesto desvío de fondos para financiar pagos de pauta publicitaria a medios de comunicación y periodistas. El señalamiento del CNA también implica a los exministros de Finanzas, Rixi Moncada y Marlon Ochoa.

La investigación, que analiza el uso de recursos en esta cartera entre 2022 y 2024, señala que se desviaron 85.7 millones de lempiras de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinado exclusivamente a infraestructura y subsidios a combustibles, para financiar propaganda gubernamental, y otros 222.5 millones de lempiras fueron desembolsados sin argumentos claros desde el Banco Central de Honduras (BCH) a la SPE, para hacer pagos de publicidad a empresas ficticias montadas entre 2022 y 2023 y a periodistas y comunicadores.

Según las conclusiones del CNA, las autoridades argumentaron que «los montos trasladados de la institución 449 fueron afectados a la estructura de “Contingencias” y la publicidad y propaganda no entra en esta categoría».

El día que se presentó el informe, el ministro Salgado calificó la denuncia de «chapuza» y acusó al CNA de parcialidad. Tras estas declaraciones, Contracorriente y Redacción Regional analizaron 12 perfiles de TikTok con indicios de ser inauténticos, los cuales replicaron solo minutos después las declaraciones de Salgado y emprendieron una campaña de descrédito contra la directora de la organización, Gabriela Castellanos, y las cuentas del CNA.

Ejemplos de cuentas de TikTok que difundieron mensajes de desprestigio contra Gabriela Castellanos después de la presentación de la denuncia contra la SPE. Capturas de imagen tomadas de TikTok.
Ejemplos de cuentas de TikTok que difundieron mensajes de desprestigio contra Gabriela Castellanos después de la presentación de la denuncia contra la SPE. Capturas de imagen tomadas de TikTok.

Castellanos y Luis Urbina, jefe de Investigaciones, señalan que el desarrollo de su investigación obligó a la SPE a publicar la información en su portal de transparencia. El CNA comentó que, al comienzo de la investigación, existió una renuencia de las autoridades para entregar dicha información que por ley debe ser pública, pero, tras varios requerimientos y reuniones con Ricardo Salgado, lograron obtenerla y presentarla como insumo para denunciar ante la fiscalía.

«No habían publicado nada, absolutamente nada, a pesar de que el decreto 01-2023 ya decía que debía ser obligatoria toda la información que publicaran. Pero fue con base en nuestros requerimientos y las reuniones que tuvimos con el ministro Salgado que decidieron publicar la información», explicó Urbina a esta alianza editorial.

El caso ahora está en manos del MP, controlado por un funcionario afín al oficialismo. Johel Zelaya fue elegido fiscal general de Honduras el 28 de febrero de 2024, tras ocupar el cargo de forma interina por más de dos meses. Su elección se dio después de negociaciones entre las bancadas de los partidos Libre, Nacional y Liberal, que cedieron en la repartición de cargos en otros órganos del Estado como el Consejo Nacional Electoral, la Unidad de Financiamiento y Fiscalización de Partidos Políticos, el Tribunal Superior de Cuentas y el Instituto de Acceso a la Información Pública.

«No esperamos nada del Ministerio Público. Sabemos que tenemos una fiscalía de brazos caídos que responde a los intereses del gobierno de turno. Solo hay que recordar cómo fue la selección del fiscal general para entender la situación», señala Castellanos.

Esta nueva denuncia plantea la posible existencia de una vieja práctica en Honduras en la que se asemeja a una estrategia para silenciar o manipular la opinión pública del pasado. En 2021, al final del segundo gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) de la fiscalía presentó una serie de requerimientos fiscales en una trama que vinculaba a funcionarios de ese entonces y exfuncionarios del Poder Ejecutivo, un diputado suplente del CN y un exfuncionario del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en la entrega de contratos directos de publicidad por parte de Casa Presidencial.

Leé: Vehículos, sándwiches y periodistas: el desfalco de Hilda Hernández

Estos contratos, según las investigaciones, excedían los límites establecidos por la Ley de Contratación del Estado y superaron los 106 millones de lempiras en pagos a comunicadores de manera directa o a través de empresas intermediarias. El 18 de junio de 2021, un juez natural designado por la Corte Suprema de Justicia dictó auto de formal procesamiento contra siete personas acusadas en esta causa penal y el 1 de julio de 2022 una corte de apelaciones desestimó las impugnaciones de las defensas legales. Sin embargo, a casi tres años de dicha resolución judicial, todavía no se ha desarrollado un juicio oral y público.

Las redes de la «revolución»: la otra propaganda

El 13 de enero de 2025, dos meses antes de las elecciones primarias, un portal de «noticias» a favor del gobierno reveló sin resquemores su simpatía por una de las candidatas en contienda. «@riximga es garantía de soberanía, la mujer que defenderá los intereses de nuestro país. ¡RIXI ES REVOLUCIÓN!», tuiteó la cuenta en X de MiNota, en alusión a la ministra de Defensa Rixi Moncada, la ungida por el clan Zelaya-Castro en la contienda interna del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).

El post, acompañado por un video en el que se escucha el estribillo de Lo que le pasó a Hawaii, una de las canciones del último álbum de Bad Bunny, fue compartido por las cuentas oficiales de altos funcionarios del gobierno Castro, incluidos el ministro de Relaciones Exteriores Enrique Reina, el ministro de Finanzas Christian Duarte, la ministra de Arte y Cultura Anarella Vélez y la misma precandidata Moncada. Ese intercambio de likes, retuits y compartidas parecerá un ejercicio casual, pero analizado con detenimiento es uno de los eslabones que acercan a instituciones del gobierno, funcionarios, empleados estatales y fondos públicos con una estrategia en la que un grupo de portales que se hacen pasar como espacios noticiosos, en realidad difunden propaganda a favor del gobierno o desinformación contra personajes de la oposición o voces disidentes.

Un análisis realizado por Contracorriente y Redacción Regional sobre cinco cuentas en X, Facebook e Instagram, revela que entre 2023 y 2024 en estas últimas dos redes sociales se invirtieron más de 40,000 dólares en publicidad a través de Meta para publicitar 76 publicaciones que contenían ataques a la oposición política, líderes religiosos, dirigentes de la sociedad civil e incluso a la embajadora de Estados Unidos en Honduras. Las plataformas como MiNota y sus redes sociales se han dedicado a difundir campañas de desprestigio contra figuras opositoras, mientras resaltan y apoyan los logros del gobierno y sus funcionarios, especialmente en el contexto de las elecciones primarias y generales de 2025.

El papel de MiNota como un un medio «que actúa como intermediario del gobierno para elogiar su gestión y atacar a detractores» fue identificado en 2024 por Honduras Verifica. Pero esta plataforma, en la que incluso se promueven temas como la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto del gobierno que busca eliminar varios regímenes fiscales, pero que no ha avanzado en el Congreso Nacional (CN) debido a la falta de consenso con la oposición, no es la única que inclina la balanza a favor del gobierno y sus figuras en detrimento de sus adversarios. 

Al igual que MiNota, cuyos textos a favor del gobierno comenzaron a publicarse en su web a partir de septiembre de 2023, según los registros en dicha URL, hay al menos otras tres plataformas que también operan campañas de desprestigio coordinadas contra líderes de la oposición y promueven al oficialismo. Estas son: No te lo dicen, El Dardo HN y El Búnker 504  y se entrelazan en redes sociales con las cuentas de los funcionarios de turno, entre ellas la de la misma presidenta de la República.

En X, estas cuentas y una quinta, @PoliticoHN504, la única que no cuenta con página web, y que además se creó antes que las otras, registraron 365 reposteos por parte de 13 de altos funcionarios del gobierno, incluida la presidenta Castro. El análisis de datos también arrojó que solo @MiNotahn y @PoliticoHN504 concentraron el 93.15 % de los reposteos efectuados entre el 1 de julio de 2024 y el 28 de enero de 2025. Ricardo Salgado, de la SPE, fue quien tuvo mayor interacción con dichas cuentas. Le siguieron Fausto Cálix, Enrique Reina, Manuel Díaz y Rixi Moncada.

En X, después de @PoliticoHN504, @MiNotahn es con la que más interactúan al menos diez funcionarios de Castro con 83 publicaciones reposteadas entre el 1 de julio de 2024 y el 28 de enero de 2025, de acuerdo con datos de la red social.

Además de la cuenta de la presidenta Castro, MiNota es seguida por las cuentas del canciller Reina, la ministra y precandidata Moncada y los ministros de Seguridad, Energía y Finanzas ( Gustavo Sánchez, Erick Tejada y Christian Duarte, respectivamente), entre otros funcionarios. También figuran entre sus seguidores las cuentas oficiales de los vicepresidentes del CN, Hugo Noé Pino y Rasel Tomé, el jefe de bancada de Libre, Rafael Sarmiento, así como otros diputados del oficialismo.

En su página web, MiNota no revela cuál es su planilla editorial ni sus periodistas y en diseño imita la paleta de colores, la tipografía e incluso algunas de las líneas informativas de TuNota, un portal de noticias de la Compañía Televisora Hondureña S. A., uno de los principales medios de comunicación de Honduras. Esta estrategia de crear sitios que se presentan como «noticiosos» es similar a una que en El Salvador fue protagonizada por allegados al presidente de facto Nayib Bukele. 

Entre 2015 y 2017, cuando Bukele gobernaba la alcaldía de San Salvador, miembros de su círculo íntimo fueron acusados de clonar los sitios web de los dos impresos más grandes del país, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy para, a través de esas plataformas, difundir noticias falsas. Entre los acusados estaban Sofía Medina, la hoy secretaria de Comunicaciones de la Presidencia de Bukele y José Ricardo Navarro, hoy director de estrategia digital de dicha secretaría. 

Los años de las «tropas digitales»

El surgimiento de la mayoría de estas cuentas en redes sociales coincidió con los primeros años de operación del SICE, dirigido por el ministro Ricardo Salgado y adscrito a la SPE. La estrategia de comunicaciones de la entidad incluye un batallón de empleados adscritos a la DGIP, entre coordinadores de redes sociales hasta comunicadores digitales estratégicos y comunicadores web. La planilla de la entidad creció de manera exponencial en los últimos dos años. 

En 2023, Salgado manifestó a Contracorriente que el gobierno Castro enfrentaba «ataques de la oposición y actores de la sociedad civil como el CNA» y confirmó que, para contrarrestarlo, monitoreaban a medios de comunicación y redes sociales con un equipo de unas 30 personas, además de contar con un grupo de 5 diseñadores de mensajes. En esa entrevista, para el reportaje «Honduras, paraíso para los desinformadores», publicado en el especial Mercenarios Digitales del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), el funcionario destacó que también existían unas 7,000 a 8,000 personas no remuneradas, conocidas como «tropas digitales», que replicaban contenido del gobierno en todo el país. Ahora, oficialmente, la DGIP tiene en planilla a 314 empleados pagados con fondos públicos.

Entre estos, hay una que ejerce un doble papel como empleada gubernamental y como rostro de una de las plataformas que emiten propaganda pro gobierno y pro Libre. Es el caso de Alexandra Cáceres, una empleada de gobierno con cargo de community manager de la DGIP, pero que también ejerce como presentadora del podcast de No te lo dicen, desde donde se comentan asuntos políticos, sociales o económicos, según evidencia su página web.

En la edición del podcast publicada el 16 de enero de 2024, Cáceres contó con la presencia del exjuez español Baltasar Garzón como invitado. Garzón estuvo en Honduras entre el 17 y el 20 de diciembre de 2023 para ofrecer conferencias sobre soberanía y reunirse con altos funcionarios, como el canciller Enrique Reina, la entonces ministra de Finanzas Rixi Moncada y el procurador general Manuel Díaz. Según el diario El Heraldo, los gastos de su viaje fueron cubiertos por la SPE.

Los documentos oficiales de la SPE confirman que, desde enero de 2023, Cáceres formaba parte de la planilla de la DGIP, que en ese momento contaba con tres empleados en el cargo de community manager, dos de los cuales percibían un salario de 25,000 lempiras y uno recibía 43,000 lempiras. El otro presentador del podcast, Harold Ávila, se identifica en sus redes sociales como precandidato a la coordinación de juventud municipal de ese partido en el Distrito Central. En una edición del podcast, publicada el 16 de abril de 2024, Cáceres y Ávila elogiaron el trabajo de la SPE en cuanto al manejo de información y prensa. Los presentadores fueron contactados por esta alianza editorial a través de sus redes sociales, pero no se obtuvo respuesta. 

Contracorriente y Redacción Regional también intentaron contactar al ministro Salgado en tres ocasiones, a fin de conocer la evolución que ha tenido la estrategia de comunicación digital del gobierno, los pagos por «pauta publicitaria» y los vínculos de las plataformas pro gobierno con funcionarios y empleados públicos, pero ignoró las constantes solicitudes de entrevista. 

La redes se vuelcan a favor de Moncada

Aunque los contenidos de las páginas analizadas y de sus redes sociales han sido exclusivamente a favor del gobierno, al menos en el arranque de 2025 la prioridad cambió hacia la promoción de la precandidatura presidencial de la ministra de Defensa Rixi Moncada. Entre el 1 y el 28 de enero de 2025, las cuentas de MiNota, El Búnker 504 y No te lo dicen publicaron 17 contenidos favorables a Moncada, según registros de X y ninguno sobre su candidato en contienda al interior del partido Libre, Rasel Tomé. 

Publicaciones de El Búnker 504 y No te lo dicen con mensajes favorables a Rixi Moncada. Capturas de imagen tomadas de X.
Publicaciones de El Búnker 504 y No te lo dicen con mensajes favorables a Rixi Moncada. Capturas de imagen tomadas de X.

Y es precisamente en redes sociales en donde esta propaganda crece. Entre el 1 de diciembre de 2024 y el 16 de enero de 2025, 13 cuentas en X vinculadas a cuentas oficiales del gobierno o de funcionarios del gobierno, repostearon contenido favorable a Libre, Castro o la precandidata, entre ellas, de nuevo, Político HN, No te lo dicen, El Búnker 504, MiNota y El Dardo HN. En total, se examinaron 2,309 perfiles en esa red social, que generaron 21,230 reposteos. La cuenta con mayor número de reposteos fue Político HN, seguida por MiNota, Espacio Consciente, LPH News, No te lo dicen y El Búnker 504. Aunque Espacio Consciente y LPH News no publicitan sus contenidos en Meta, algunas de sus publicaciones en X sí muestran coincidencias con todas las anteriores.

Dentro del análisis de estos perfiles se identificaron patrones, como que la mayoría de los perfiles de X son anónimos o tienen menos de 200 seguidores. Otra característica es que de los 10 perfiles que interactuaron con cuentas afines al oficialismo, ocho solo se dedican a hacer reposteos a favor del Partido Libre y de la gestión gubernamental, con un promedio de 444 reposteos en un período analizado de 46 días.

En paralelo, las plataformas como MiNota publicaron contenido basado en publicaciones de altos funcionarios del Estado en redes sociales. Por ejemplo, el 2 de enero de 2025, el ministro de Finanzas Christian Duarte difundió un informe en el que señalaba que la inflación de 2024 había sido la más baja de los últimos ocho años «gracias a los programas de subsidios ejecutados por el gobierno de Xiomara Castro». Poco después, la cuenta de X de MiNota replicó la publicación y etiquetó a Duarte, quien la compartió nuevamente.

Ejemplo de cómo MiNota utilizó de referencia una publicación del ministro de Finanzas. Capturas de imagen tomadas de X.
Ejemplo de cómo MiNota utilizó de referencia una publicación del ministro de Finanzas. Capturas de imagen tomadas de X.

Otro caso similar ocurrió el 12 de diciembre de 2024 con el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa —afín al oficialismo—, cuando las cuentas de MiNota y Político HN en X divulgaron un video generado por el estatal Canal 8. En el material, Ochoa afirmaba que en las elecciones primarias de 2025 se utilizarían por primera vez lectores biométricos. Posteriormente, el funcionario electoral reposteó ambas publicaciones.

Las cuentas de MiNota y Político HN en X replican el mismo video originado en el estatal Canal 8. Capturas de imagen tomadas de X.
Las cuentas de MiNota y Político HN en X replican el mismo video originado en el estatal Canal 8. Capturas de imagen tomadas de X.

Fuera de X, y en otras redes sociales, también se encuentran otros vínculos e intercambio de información. Por ejemplo, en Instagram. El 15 de noviembre de 2024, El Dardo HN, publicó un video cuya descripción indicaba que el audio provenía de la cuenta de la SPE. 

Video originado en la cuenta de la SPE es utilizado por El Dardo HN. Captura de imagen tomada de Instagram.
Video originado en la cuenta de la SPE es utilizado por El Dardo HN. Captura de imagen tomada de Instagram.

Un experto en datos e inteligencia artificial, que pidió anonimato para no ser afectado en su trabajo, dijo a Contracorriente y Redacción Regional que aunque las publicaciones de estas páginas y cuentas en redes sociales se caracterizan por la clandestinidad, es sencillo identificar a quién atacan y a quién exaltan. 

«Aunque no siempre podamos identificar a los responsables de estas páginas, sí podemos analizar quiénes se benefician de este tipo de campañas. Existe una coordinación evidente entre plataformas: el mismo mensaje que se promueve en Facebook se replica en Instagram, TikTok y otras redes. Esto hace cada vez más difícil negar el origen de estos mensajes. Cuando analizamos el alineamiento del mensaje de estas páginas con el de los funcionarios del gobierno, vemos que la coincidencia es del 100 %», dice.

Para esta investigación también se intentó contactar a las plataformas que difunden contenido a favor del gobierno y de Libre a través de llamadas a los números telefónicos registrados en sus perfiles en Facebook y se enviaron mensajes a través de WhatsApp. No obstante, no se obtuvo respuesta por la primera vía, y en la segunda, ni siquiera aparecía un perfil registrado en la aplicación de mensajería.

El crecimiento de estas redes también ha coincidido con una millonaria consultoría contratada desde la DGIP a favor de ISKRA Global, una agencia digital recién registrada en Honduras semanas antes de su contratación, a principios de 2024, según reportó el medio Expediente Público. La DGIP otorgó 5,932,422.34 lempiras (231,000 dólares) por cuatro meses por  servicios de monitoreo, capacitación y comunicación estratégica al gobierno Castro.

ISKRA Global es liderada por el venezolano Jorge Luis Ladera, afiliado al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y cercano al oficialismo. Ladera también fue asesor en la Comisión por la Defensa de la Soberanía y promovió la salida de Honduras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en 2024. Hasta antes de su salida, Honduras enfrentaba 15 demandas por 12,000 millones de dólares ante ese ente, según su página web

Ataques clandestinos a la oposición reciben miles de dólares en publicidad

Detrás de la red de plataformas y redes sociales que alaban al gobierno y cuestionan a la oposición hay mecenas anónimos que invierten miles de lempiras. Según datos de Meta obtenidos para esta investigación a través de la biblioteca de anuncios de cada una de estas cuatro páginas, desde 2023 las cuentas MiNota, No te lo dicen, El Dardo HN y El Búnker 504 han recibido una inyección de 1,116,776 lempiras (más de 43,600 dólares) para promocionar publicaciones en redes sociales como Facebook e Instagram, y 76 fueron dirigidas a atacar a líderes opositores, dirigentes de la sociedad civil, líderes religiosos y representantes diplomáticos. 

Entre los más atacados figuran dos precandidatos a la presidencia por el Partido Liberal: Jorge Cálix y Salvador Nasralla, así como el presidente del mismo partido, Yani Rosenthal. 

Aunque el contenido de estas páginas favorece al gobierno y ataca a la oposición, es casi imposible detectar a quienes manejan las cuentas. En Facebook, en la sección de «transparencia de la página», solo se puede observar un número telefónico, una fecha de creación y la cantidad de administradores. No te lo dicen y MiNota poseen ocho administradores cada una, aunque no se puede confirmar si son los mismos. El Dardo HN tiene cinco administradores y El Búnker 504, cuatro.

El experto en datos e inteligencia artificial explicó a esta alianza editorial que la ausencia de un espacio físico para coordinar este tipo de campañas alienta la clandestinidad de las mismas.

«Las personas que están detrás de esto probablemente se están beneficiando de alguna manera, por lo que tienen un fuerte incentivo para no ser descubiertas. Este tipo de actividad, especialmente las campañas de desinformación y ataques, no busca convencer a nuevos votantes, sino polarizar aún más el ambiente. Lo que ocurre es que se refuerzan las “cámaras de eco”, donde las personas solo ven información que confirma sus creencias, aumentando la división. Esto debilita el debate democrático, porque en lugar de un diálogo serio y deliberativo, lo que tenemos es una guerra de gritos entre grupos enfrentados», expresó.

La guerra digital entre el oficialismo y la oposición 

En el contexto de las elecciones primarias que se desarrollarán el 9 de marzo, la proliferación de campañas de desprestigio entre cuentas vinculadas al oficialismo y la oposición ha aumentado, especialmente en redes sociales. 

El 16 de septiembre de 2024, el portal MiNota publicó un artículo que afirmaba que Cossette López, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), había tenido una relación sentimental con el expresidente Juan Orlando Hernández, con quien habría tenido una hija. Este artículo, sin verificación y tendencioso, se difundió pocos días después de que López y Ana Paola Hall, vinculadas a partidos opositores, evitaran que el oficialismo obtuviera la presidencia del CNE. López desmintió la noticia y denunció un daño psicológico provocado a su hija.

Posteriormente, Salvador Nasralla, precandidato presidencial del Partido Liberal, acusó al expresidente Manuel Zelaya y a Rixi Moncada de mantener una relación amorosa, lo que fue replicado por el portal @ElEspectadorHn. Esta página web y sus cuentas en redes sociales, aunque no están alineadas con un partido político específico, suelen visibilizar declaraciones de la oposición contra líderes o acciones del oficialismo.

Un grupo de cuentas vinculadas a candidatos de la oposición también juega un papel clave en esta guerra de desinformación y violencia política. Contracorriente y Redacción Regional analizaron la actividad entre diciembre de 2024 y enero de 2025 de 20 cuentas en X dedicadas a generar contenido favorable a líderes opositores y a atacar al oficialismo, que comparten similitudes con las cuentas afines al oficialismo analizadas.

Una de estas páginas es Al Filo News, creada apenas en agosto de 2024, que se ha dedicado activamente a criticar a funcionarios como Ricardo Salgado, ministro de la SPE, y José Carlos Cardona, ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre otros.

Otra cuenta es Alianza Republicana de Las Américas, que en X publica imágenes generadas con inteligencia artificial en las que la presidenta Xiomara Castro aparece tras unas rejas, estrechando la mano del narcotraficante mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán o siendo apuntada con un arma por agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Estas cuentas también buscan posicionar a ciertos precandidatos previo a las elecciones primarias, una práctica similar identificada en el oficialismo. En X, Facebook, Instagram y TikTok, páginas como Al Filo News, VoxPopuliHN y El Espectador HN suelen dar espacio a eventos políticos organizados por Jorge Cálix, precandidato del Partido Liberal, o difundir declaraciones en las que este cuestiona a figuras del oficialismo.

Ejemplos de cuentas afines a la oposición que atacan al oficialismo. Capturas de imagen tomadas de X y Facebook.
Ejemplos de cuentas afines a la oposición que atacan al oficialismo. Capturas de imagen tomadas de X y Facebook.

Por otro lado, las cuentas de X @SinPajas_HN y @No_Politiqueros, a pesar de contar con apenas 607 y 46 seguidores, respectivamente, publican de manera recurrente contenido favorable a Salvador Nasralla, así como a figuras dentro de su movimiento político interno.

Según Aldo Salgado, ingeniero en sistemas y miembro de la iniciativa Laboratorio Ciudadano, esto ocurre debido a la falta de regulaciones específicas dentro del Estado, específicamente en el CNE, para controlar la desinformación electoral y las «campañas de contrapunto», donde un sector político responde con ataques a los de otro. 

«En México o Panamá, por ejemplo, los órganos electorales han detectado información considerada ilegal o la distribución deliberada de desinformación, la cual denunciaron y las redes sociales como Facebook tomaron acciones», indica Salgado.

Contracorriente y Redacción Regional enviaron al CNE, a través de su Departamento de Comunicación Institucional y Relaciones, una solicitud de entrevista con las autoridades del órgano electoral para conocer qué estrategia utilizan para contrarrestar las campañas de difamación o desinformación entre los candidatos en redes sociales, pero no recibieron respuesta.

Aunque la Ley Electoral prohíbe la propaganda política en ciertos periodos, no hay normativas que regulen la desinformación ni auditen las campañas digitales. El artículo 220 de la ley establece que los partidos políticos son responsables de la propaganda, pero no contempla mecanismos para controlar la propaganda digital perjudicial.

En años anteriores, el Partido Libre había trabajado con la agencia mexicana Euzen Consultores, la cual ha dirigido campañas digitales para el Movimiento Ciudadano en México, para el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y para el excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez.

El 3 de agosto de 2023, una fuente cercana a la administración actual aseguró que Euzen fue contactada para asesorar al Partido Libre en la precampaña que comenzó entre diciembre de 2023 y enero de 2024. Sin embargo, no se ha obtenido mayor información actualizada y oficial al respecto. 

La oposición también ha trabajado en aspectos de comunicación digital con agencias como la mexicana Wish and Win y la colombiana Estrategia & Comunicaciones, a través de las cuales se diseñaron y desarrollaron «campañas de contrapunto».

 

Desde 2022 hasta diciembre de 2024,   el Congreso Nacional de Honduras erogó 614.8 millones de lempiras en subvenciones para que los diputados realicen obras sociales, con las cuales aprovechan para presentarse ante sus votantes. Pero no solo es el dinero del Congreso; en el presupuesto general de 2023 se aprobaron también 950 millones de lempiras anuales para que congresistas de todas las bancadas gestionen proyectos bajo el esquema de infraestructura menor, obras sociales, becas y canchas deportivas. La información de quiénes, para qué y cuándo se ejecutan estos proyectos continúa en la opacidad. 

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen y redes sociales
Portada: Persy Cabrera

 A simple vista, el Congreso Nacional parece ser solo un campo de batalla donde los  partidos políticos se enfrentan y negocian, un escenario de defensa de posturas propias de  caudillos políticos y en donde las parálisis legislativas pueden durar meses. El presidente de este poder del Estado, Luis Redondo, sostiene que este es el primer Congreso en la historia en el que no se han comprado votos para aprobar leyes o decretos, y en donde tampoco se utilizan mecanismos de coerción para lograr los consensos entre las distintas fuerzas políticas.

Sin embargo, ni el presidente ni su Junta Directiva han sido transparentes en la rendición de cuentas sobre el otorgamiento de subvenciones, un beneficio de 100 mil lempiras mensuales otorgados a cada congresista con la finalidad de realizar obras sociales que en tres años ya suma una cantidad de 614.8 millones de lempiras. Este mecanismo funciona en la opacidad, y ha sido un método de negociación en momentos clave como la aprobación del presupuesto general y cambios  en la Junta Directiva; además,  hemos comprobado que estas subvenciones se entregan principalmente en momentos festivos como Navidad o Semana Santa.

Pero también hay otro fondo del que poco se habla, uno con más dinero que viene desde el Poder Ejecutivo. En el presupuesto general de 2023 se aprobó un fondo de 950 millones de lempiras anuales para que congresistas de todas las bancadas gestionen proyectos bajo el esquema de infraestructura menor, obras sociales, becas y canchas deportivas.

Estos proyectos deben ser gestionados a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito), el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor).

Así está estipulado en el artículo 292 del presupuesto general de la República para el año 2023, en el artículo 338 del presupuesto 2024 y en el artículo 349 del presupuesto para este año 2025, aprobado a inicios de febrero. Estas tres asignaciones presupuestarias ascienden a 2,850 millones de lempiras que son destinados para que los congresistas gestionen proyectos de esta índole en sus departamentos y comunidades; sin embargo, se desconoce cuánto tiene asignado cada congresista y para qué lo utilizan.

Debido a la opacidad que rodea este fondo, en Contracorriente realizamos un monitoreo que contiene publicaciones disponibles en las redes sociales sobre los proyectos que gestionan los congresistas a través de las Secretarías de Estado, con información sobre el diputado, el lugar del país en el que gestionan el proyecto y el momento en el que ha sido realizado. Pocas publicaciones de los congresistas  revelan cuánto dinero se ha invertido en estos proyectos.

Secretaría de Gobernación, la aliada de los congresistas para uso de ONG

Uno de los primeros en anunciar que a los diputados se les asignaban fondos para la gestión de proyectos fue José Manuel Rodríguez, diputado suplente del oficialista Partido Libertad y Refundación por el departamento de Francisco Morazán. En febrero de 2024, el diputado dijo que a él se le asignaban 6.5 millones de lempiras, los cuales eran gestionados a través de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) a una oenegé y que él «no tocaba ni un cinco».

El diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre) José Manuel Rodríguez, en los bajos del Congreso Nacional, platicando con beneficiarios de sus apoyos económicos, gestionados a través de instituciones del gobierno y ejecutados por organizaciones no gubernamentales. Tegucigalpa, 29 de enero de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.
El diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre) José Manuel Rodríguez, en los bajos del Congreso Nacional, platicando con beneficiarios de sus apoyos económicos, gestionados a través de instituciones del gobierno y ejecutados por organizaciones no gubernamentales. Tegucigalpa, 29 de enero de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.

José Manuel Rodríguez es un diputado reconocido por controversial. Una vez dijo que existían «tres géneros de orientación sexual» en el Congreso, y recientemente se le vio en un video forcejeando con Jorge Cálix, diputado que busca la candidatura presidencial por el Partido Liberal, impidiéndole ejercer el voto en una sesión legislativa.

En una entrevista con este medio, el diputado por Francisco Morazán explicó que los millones que tiene asignados son gestionados a través de organizaciones que ya tienen el visto bueno de Gobernación, y que es por medio de estas que se realizan proyectos de distinta naturaleza, que en el caso de él han sido orientados a entregar capital semilla a vendedores ambulantes en mercados, madres solteras y adultos mayores.

«El trámite primero es con una oenegé que no esté contaminada; una vez esté legal se perfilan los proyectos. En el caso de las madres solteras he asignado tres millones, para darle tres mil lempiras a cada una de ellas. ¿Cómo hago yo para saber [a quiénes asigno el dinero]? Voy a los mercados, hablo con cada vendedora y le digo: “¿Tenés hijos pequeños? Dame tu copia de identidad y partida de nacimiento, vas a firmar aquí una constancia de que sos soltera”», explicó.

Gobernación está perfilada como una de las Secretarías a través de las cuales se pueden gestionar este tipo de proyectos, según los artículos que dan vida al fondo de los 950 millones de lempiras por año; sin embargo, cuando solicitamos listados con la información de congresistas que han gestionado proyectos a través de organizaciones registradas ante la Dirección de Regulación Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC), la respuesta fue: «Esta Secretaría no ha gestionado este tipo de proyectos». En septiembre del año pasado, este medio reveló cómo la oenegé Ayudando con Amor, registrada en la DIRRSAC desde 2021, fue utilizada para ejecutar proyectos millonarios sin transparencia por parte de congresistas.

En lo que va de este gobierno, desde 2022 a 2025, se han creado 861 organizaciones no gubernamentales registradas ante la DIRRSAC, según información en poder de este medio de comunicación. Los departamentos que más registran organizaciones no gubernamentales son Francisco Morazán y Cortés.

Solicitamos una entrevista en la Secretaría de Gobernación para conocer cómo opera el mecanismo bajo el cual las organizaciones ejecutan los proyectos gestionados por los congresistas; sin embargo, en sus oficinas nos dijeron que no existía un área destinada para esto, y el ministro, Tomás Vaquero, no contestó a las solicitudes de entrevista.

Para el diputado José Manuel Rodríguez ha sido más sencillo gestionar todos sus proyectos a través de organizaciones, considerando que él solo hace las gestiones, las organizaciones ejecutan y quienes se encargan de liquidar son los auditores de la organización; por tanto, los 6.5 millones de lempiras que tiene asignados anualmente son ejecutados por las oenegés que autoriza Gobernación solamente. Esto es importante, pues los congresistas tienen la libertad de repartir este monto con  distintas Secretarías como intermediarias.

«Unos van por Sedesol, otros por el FHIS y por la SIT, cada diputado busca a una persona que sea amigo en el gobierno para que ejecute eso, porque si no lo ejecuta y se hace el pendejo, no sale», aseguró el diputado, quien añadió que son diputados de todas las bancadas quienes gestionan proyectos a través de las Secretarías. Entre los nombres que mencionó están Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, y Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal, ambas bancadas opositoras.

«A mí me ha resultado esto porque tengo un proyecto hace tres años de darles [dinero] a los adultos mayores. A veces aquí tarda que paguen y yo tengo que darles cada 20 [del mes], así sea de mi pisto, pero perderlo no pierdo, porque de ahí me regresan el dinero y liquido. Digamos que vos tengás tres cipotes, que él sea tu esposo y que no te dé nada, entonces, si vos vas a mi oficina y me convencés y demostrás, te ayudo», dice este diputado, sentado en una banca en los bajos del Congreso Nacional, mientras dos ancianos se acercan a consultarle por qué no se realizaron los pagos de ayuda de este mes.

Tomás Zambrano y Mario Segura negaron lo expresado por el diputado. Zambrano dijo que esto era imposible porque «este gobierno es sectario», y que no existe la posibilidad de que los ministros atiendan a congresistas de la oposición para esto. Sin embargo, otros congresistas y una persona encargada de gestionar este fondo desde una Secretaría de Estado sostienen que en la gestión de proyectos hay políticos de todos los partidos.

El diputado y jefe de la bancada nacionalista del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Tegucigalpa, 12 de febrero de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.
El diputado y jefe de la bancada nacionalista del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Tegucigalpa, 12 de febrero de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.

En este mismo sitio, donde entrevistamos a José Manuel Rodríguez, algunos vendedores ambulantes y ancianos dijeron que habían sido convocados por el congresista, pero que después de esperar toda la madrugada, les notificó que no iría a entregarles su dinero mensual.

«Estamos desde anoche aquí por el bono y ahorita nos dijo que se cancela la actividad, mejor que nos digan con tiempo y que no jueguen con nosotros», dijo una vendedora ambulante, mientras otras mujeres se expresaron despectivamente del diputado y aseguraron que no votarían por él: «No le vamos a dar el voto a ese viejo cara de pija».

Esto cambió semanas después, cuando tres días antes de las elecciones primarias, alrededor de 300 ancianos y vendedores ambulantes recibieron el bono respectivo por parte de este diputado.

Muchas personas de la tercera edad y mujeres esperan en los bajos del Congreso por la entrega de bonos en el Congreso Nacional. Tegucigalpa, 5 de marzo de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.
Muchas personas de la tercera edad y mujeres esperan en los bajos del Congreso por la entrega de bonos en el Congreso Nacional. Tegucigalpa, 5 de marzo de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.

FHIS esconde quiénes gestionan proyectos

Mauricio Rivera, diputado del Partido Libre, lamentó que exista una separación «enorme» entre los congresistas y los ministros cuando se trata de ejecutar proyectos o realizar obras en «beneficio» del pueblo hondureño, y que, en el caso de él, no ha sido fácil acceder a las Secretarías que gestionan estos proyectos.

«Yo recientemente he tenido que denunciar públicamente que no recibo ningún tipo de respuesta de los ministros. He estado tratando de solicitar acercamientos con el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, el ingeniero Octavio Pineda, pero ha sido imposible poder hablar con él. Si yo fuera ministro, créame que yo inmediatamente ejecuto y actúo, y lo hago rápido, porque cuatro años no es suficiente para enderezar el país», expresó el diputado.

Los fondos que este diputado ha gestionado a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) han sido destinados a la construcción de un puente peatonal en Choluteca, valorado en aproximadamente 3.5 millones de lempiras en 2023, 6.5 millones en becas en 2024, y para este año dice que volverá a gestionar su fondo completo para becas. Rivera explica que la construcción de ese puente peatonal no se realizó rápidamente debido a un «problema legal» que tuvo después de realizar una protesta en las afueras de Ciudad Mujer, por el cual fue sancionado con un año sin legislar y sin goce de salario.

El diputado fue sancionado después de atacar con piedras las instalaciones de Ciudad Mujer en Tegucigalpa, luego de que la directora de esta institución, Tatiana Lara, le negara colocar a una persona de su afinidad en el centro de Ciudad Mujer en Choluteca.

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Aunque en ese momento José Manuel Zelaya, expresidente, asesor presidencial y coordinador del Partido Libre, y su hermano, Carlos Zelaya, quien renunció a su puesto como primer secretario después de un vídeo que reveló su cercanía con narcotraficantes confesos, expresaron su apoyo a Rivera, la realidad es distinta, y parece que el diputado no tiene peso ni influencia en el ejecutivo.

El FHIS, institución a través de la cual él gestiona proyectos, es una de las más solicitadas por los congresistas a la hora de ejecutar proyectos. Por ejemplo, Isis Cuéllar, una de las vicepresidentas del Congreso Nacional y diputada de Libre por el departamento de Copán, ha gestionado casi 25 millones de lempiras a través de este fondo en los últimos dos años.

En agosto del año de 2023, la cuenta de X de la Bancada del Partido Libre publicó que Cuéllar había gestionado, junto al alcalde de ese municipio, la entrega de un proyecto de alcantarillado sanitario para el municipio de Cucuyagua en Copán, valorado en 4.5 millones de lempiras. Un año después, la misma cuenta publicó el inicio de la construcción del Instituto Juventud Occidental en La Florida, Copán, valorado en 20 millones de lempiras y gestionado por esta misma congresista.

Según información proporcionada por el FHIS a este medio de comunicación, 129 proyectos relacionados con la pavimentación de calles, reconstrucción y construcción de escuelas y otros servicios comunitarios, fueron ejecutados con el fondo para congresistas en 2023. La suma de estos proyectos asciende a 275.4 millones de lempiras, es decir, el 28.95 % de los 950 millones de lempiras asignados para la gestión de proyectos por parte de congresistas para ese año.

A pesar de que se solicitó a esta institución proporcionar los nombres de los congresistas que han gestionado los proyectos desde 2022 hasta la actualidad, el FHIS respondió diciendo que «esta dirección no cuenta con el nombre del diputado que gestiona el proyecto»,.

Mauricio Rivera no niega que la gestión de proyectos representa una nueva forma de clientelismo en la administración actual; más bien, para él es una manera de devolverles el favor a las comunidades que votan por él, siendo esta la norma que rige la forma de hacer política en Honduras.

El diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Mauricio Rivera, atiende una entrevista en su oficina. Tegucigalpa, 12 de febrero de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.
El diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Mauricio Rivera, atiende una entrevista en su oficina. Tegucigalpa, 12 de febrero de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.

«El clientelismo político es el sistema de hoy o el modelo político de países tercermundistas como el nuestro. La gente está tan empobrecida y tan arruinada que detesta ver un político progresar o detesta un político que pone una megavalla en el centro de la ciudad cuando no tiene nada que comer; por eso este servidor no tiene ese tipo de publicidad porque es una ofensa para el pueblo», expresó el diputado.

Semanas después de la entrevista con este medio, Mauricio Rivera anunció que dejaría el movimiento del precandidato presidencial Rasel Tomé por falta de organización y representación en las mesas electorales dentro de este. «Por Honduras, por la justicia, por la refundación, jamás vamos a buscar otro partido», dijo Mauricio Rivera, después de oficializar que ahora apoyará la precandidatura de Rixi Moncada.

Empresas que concentran obras gestionadas por diputados de Libre

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) no tiene un apartado específico en su portal de transparencia que indique cuáles son los contratos y obras provenientes del fondo destinado para que los congresistas gestionen proyectos. Mediante una solicitud de información, esta dependencia del Estado proporcionó el listado de proyectos que se han ejecutado con los 950 millones de lempiras aprobados para 2023.

De los 129 proyectos registrados, solo se encuentran los contratos correspondientes a 29, entre los cuales destacan las empresas que ganaron la licitación para más de un proyecto correspondiente a este fondo. Un caso es el de Consultoría e Ingeniería Ponce y Asociados S. de R. L., empresa a la que se adjudicó el contrato para la construcción de dos canchas multiusos en Olancho, una en Santa María del Real con un valor de 962 mil lempiras, y otra en Catacamas valorada en 798 mil lempiras.

Además, Saúl Reniery Ponce Reinhardt, representante legal de esta empresa, ganó otra licitación como contratista individual para la construcción de otra cancha multiusos valorada en un millón de lempiras en una escuela del municipio de Gualaco, Olancho.

En redes sociales solo se ha compartido información sobre la cancha multiusos en Santa María del Real. El diputado y jefe de bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento, anunció a finales del año pasado que en ella se realizaría una reunión del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), una de las corrientes dentro de este partido. En la cancha se observan pancartas promocionando a los siete precandidatos a diputados por este movimiento para las próximas elecciones. En la publicación el diputado también se promociona a sí mismo y a la precandidata presidencial por este movimiento, Rixi Moncada.

Cancha multiusos inaugurada en Santa María del Real, Olancho, gestionada por el diputado y jefe de bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento. En el evento de inauguración se presentó a los precandidatos a diputados por el movimiento Frente de Resistencia Popular (FRP). Foto: Página de Facebook de Rafael Sarmiento.
Cancha multiusos inaugurada en Santa María del Real, Olancho, gestionada por el diputado y jefe de bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento. En el evento de inauguración se presentó a los precandidatos a diputados por el movimiento Frente de Resistencia Popular (FRP). Foto: Página de Facebook de Rafael Sarmiento.

Tanto Ponce y Asociados como su representante legal han trabajado en otros proyectos del Gobierno actual y del anterior, y además han sido mencionados en auditorías del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). La empresa fue mencionada en una investigación realizada desde 2011 a 2015 a la Secretaría de Infraestructura y  Servicios Públicos (Insep), ahora SIT, en la que el Tribunal señaló que una parte de los proyectos ejecutados por una unidad de esta Secretaría presentaban deficiencias entre las cantidades de obra contratada y obra ejecutada, según los contratos suscritos entre las empresas constructoras y supervisoras.

El TSC determinó, mediante la investigación e inspección física a las obras, que se incumplió lo establecido en la Ley de Contratación al Estado y su reglamento, y que la remedición entre la cantidad de obra contratada y la ejecutada en 21 proyectos de obra pública representó una diferencia de 352 mil lempiras en ese entonces. Ante estos señalamientos, el ingeniero Saúl Reniery Ponce, representante legal de la empresa, contestó al TSC que, en el caso de sus proyectos, fueron errores de «criterio de medida y errores humanos involuntarios».

En 2010, TSC realizó una investigación en la alcaldía de Catacamas, Olancho, por un proyecto de pavimentación valorado en cuatro millones de lempiras que se dividió en cuatro etapas para evitar que se llevara a licitación. El ingeniero Saúl Reniery Ponce Reinhardt fue contratado para llevar a cabo una de las etapas de este proyecto.

Aparte de estos tres proyectos ejecutados con fondos que son gestionados exclusivamente por parte de congresistas, esta empresa ha obtenido alrededor de ocho contratos con el Estado en la administración anterior, con el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (Pronaders), el FHIS y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Su representante legal también ha trabajado de forma individual con el FHIS y la Alcaldía del Distrito Central previamente.

Otra empresa que también ha suscrito más de un contrato a través del fondo destinado para que congresistas gestionen proyectos es Innovando en la Construcción S. de R. L. de C. V. (Innocon), que estuvo a cargo de una pavimentación con concreto hidráulico valorada en 2.9 millones de lempiras en Dulce Nombre de Culmí, y de la construcción de una cancha multiusos en ese mismo municipio por un valor de un poco más de un millón de lempiras. Ambos proyectos también fueron gestionados a través del FHIS por el diputado Rafael Sarmiento, según información de redes sociales.

El diputado Rafael Sarmiento, del Partido Libertad y Refundación (Libre) (de traje negro), y el diputado y jefe de bancada del Partido Liberal, en una plática durante el desarrollo de una sesión en el Congreso Nacional. Tegucigalpa, 12 de febrero de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.
El diputado Rafael Sarmiento, del Partido Libertad y Refundación (Libre) (de traje negro), y el diputado y jefe de bancada del Partido Liberal, en una plática durante el desarrollo de una sesión en el Congreso Nacional. Tegucigalpa, 12 de febrero de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.

En el departamento de Lempira, la Empresa Constructora Del Cid (Emcodel) S. de R. L. ganó dos contratos para la construcción de obras ejecutadas por el FHIS: la pavimentación de una calle con concreto hidráulico en el municipio de Virginia, obra valorada en 2.2 millones de lempiras, y un mantenimiento de red vial en el municipio de Guarita, valorado en 2.9 millones de lempiras. Octavio Morales, diputado suplente del Partido Libre por este departamento, dijo a un medio de comunicación que él gestionó la pavimentación en el municipio de Virginia.

En sus declaraciones, este diputado ha sugerido que gracias a estos proyectos los diputados se han dado a conocer en las comunidades, y que por eso en estas elecciones ahora va como precandidato a diputado propietario por su departamento. «Decirles a los que van aspirando [a diputados] que ganar una diputación no es para irse a sentar a un curul solo para ir a votar o ir a conocer a Tegucigalpa; decirles a los que salgamos electos que sigamos trabajando por nuestro departamento de Lempira, que gestionando proyectos en las distintas instituciones o embajadas esos proyectos van venir», dijo el diputado en un video publicado en redes sociales.

Becas gestionadas a discreción y para eventos políticos

A inicios de diciembre del año pasado, Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional y diputado del Partido Libre, entregó en un evento público 2,600 becas destinadas a estudiantes del área urbana y rural de Francisco Morazán, consistentes en cinco mil lempiras en efectivo acreditados por parte del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) anualmente. En el evento no solo estuvo presente su diputado suplente, Darío Morán, quien es el otro congresista que gestionó estas becas a través de la Sedesol, sino que además otros rostros familiares de la administración actual.

«Sin distingo de colores políticos, porque la pobreza, la necesidad, no tiene color político, y por eso luchamos en las calles 12 años y 7 meses. Gracias al compañero y diputado Hugo Noé (…) porque sabemos del esfuerzo titánico de él y de su equipo para lograr gestionar este programa de becas», dijo en su intervención Clara López, precandidata a diputada por Libre, quien se desempeñó* como jefa de la unidad de género de la Secretaría de Salud y es esposa del ministro de la Sedesol, José Carlos Cardona.

También se presentó Naveshna Rovelo, quien fue nombrada directora de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda) a inicios de esta administración y ha acompañado a su esposo, el diputado Fabricio Sandoval, en la entrega de becas proporcionadas desde la Sedesol y la Secretaría de Educación. Rovelo va como diputada suplente del precandidato a diputado Yamir Melghem.

Los medios del Congreso Nacional dieron cobertura a toda la jornada, desde los discursos de los actuales diputados hasta las intervenciones de las precandidatas que tienen vínculos directos con personas que ocupan puestos de toma de decisiones. En el evento no solo se entregaron las becas «Berta Cáceres», sino que los funcionarios lucieron vestimenta en apoyo a la precandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada.

«¿Qué decirle a la presidenta de la República que dice sí a este tipo de acciones?», le consultó una reportera del Congreso Nacional a un hombre que esperaba en fila recibir la beca para su hijo en el Instituto Central Vicente Cáceres, uno de los colegios más populares de la capital.

Clara López, precandidata a diputada del Partido Libre y esposa del ministro de Sedesol, saluda al público en un evento para la entrega de becas por parte de los diputados Hugo Noé Pino y Darío Morán. Foto: Página de Facebook de Clara López.
Clara López, precandidata a diputada del Partido Libre y esposa del ministro de Sedesol, saluda al público en un evento para la entrega de becas por parte de los diputados Hugo Noé Pino y Darío Morán. Foto: Página de Facebook de Clara López.

Las becas gestionadas por el diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, junto a su diputado suplente, Darío Morán, representan una suma de 13 millones de lempiras, pero ellos no han sido los únicos que han gestionado becas por medio del fondo asignado a los congresistas. Rasel Tomé y Fabricio Sandoval, quienes también forman parte de la Junta Directiva del Congreso, han gestionado millones a través de este mecanismo.

Rasel Tomé y su suplente Oved López han entregado becas en 2023 y 2024. En el primer año, entregaron 2,500 becas de 5,200 lempiras cada una, lo que representó una suma de 13 millones de lempiras. El año siguiente entregaron 17 millones de lempiras en becas, según publicaciones en redes sociales monitoreadas por este medio de comunicación. Oved López, suplente de Tomé, quien aspira a ser candidato presidencial por el Partido Libre en el Movimiento Renovación Nuevas Alternativas (Morena), explicó que debido a la metodología utilizada por Sedesol ningún diputado utiliza fondos directamente.

Sin embargo, la proyección social proselitista no es comparable con su desempeño en el Congreso Nacional. Por ejemplo, según un informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en el primer trimestre de 2023 las inasistencias de los diputados costaron alrededor de 28.5 millones de lempiras en salarios, y en el caso de los viáticos, que son asignados independientemente de si el o la congresista asiste o no a las sesiones legislativas, el costo fue de 15.2 millones de lempiras. De los diputados propietarios que gestionan becas, ninguno asistió a todas las sesiones legislativas de este periodo, informó también el CNA, por lo que el costo de las inasistencias de Hugo Noé Pino, Rasel Tomé y Fabricio Sandoval, sumando viáticos y salarios, fue de 990 mil lempiras, solo en el primer trimestre de 2023. 

Sobre la producción legislativa de estos últimos tres años, el CNA señaló en otro informe que en 2024 solo se aprobaron 126 decretos de los 391 presentados durante ese año. Lo anterior representó una mejoría en relación a 2023, año en el que se presentaron 243 proyectos y solo se aprobaron 63 decretos.

Oved López no está de acuerdo con todos los beneficios que representan dinero proveniente del Legislativo. En entrevista con este medio, dijo estar en contra de la entrega de subvenciones porque este mecanismo de ayuda social «carece de transparencia», y también dijo que fueron una carta de negociación para la aprobación del presupuesto de la República para el 2025, año electoral. 

Solicitamos entrevistas con los diputados Hugo Noé Pino y Fabricio Sandoval en persona, durante una sesión legislativa, para conocer más sobre su postura al respecto, pero no atendieron a nuestras solicitudes.

Luis Rodríguez, director general de Monitoreo Pragmático, área encargada de monitorear programas y proyectos de protección social del Estado, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), aseguró que no existe una regulación que dibuje una línea entre la adjudicación de estos beneficios y los eventos proselitistas en los que se entregan, y que en la realidad es «difícil» que un diputado no se preste a hacer política mediante la entrega de estas ayudas.

«Es muy difícil, siendo realistas, que un diputado no se preste [a hacer política], pero hemos visto convocatorias masivas como la de Rasel Tomé o don Hugo Noé, que son masivas porque asignan todo el fondo a las becas (…) entonces, como son masivas, he visto que todos sus equipos llaman a los barrios, y yo he ido a supervisar las entregas de estos beneficios a los barrios», expresó Fernández. Sin embargo, añadió que también se ha beneficiado a personas de partidos contrarios. «Esa es una cosa interesante, que tenemos a diputados de todas las bancadas, tenemos a gente de Libre, [Partido] Liberal, Partido Nacional, todos están aquí», subrayó.

En Contracorriente presentamos una solicitud de información a Sedesol, consultando la información sobre las becas solidarias gestionadas por diputados y diputadas del Congreso Nacional, con el nombre del o la congresista, la suma de dinero que representaron las becas gestionadas y las fechas en las que estas fueron entregadas.

Según la información proporcionada, al menos 46 diputados gestionaron becas a través de la Sedesol en 2023, con un monto que asciende a 64.3 millones de lempiras. Entre los que más dinero gestionaron a través de esta Secretaría están Hugo Noé Pino y su suplente, Darío Morán, diputados de Libre que juntaron sus 6.5 millones de lempiras respectivos para dar 13 millones de lempiras en becas, a diferencia de otros diputados que gestionan su fondo disponible entre distintas Secretarías.

También están Rasel Tomé, Oved López y Mauricio Rivera, diputados de Libre que gestionaron un poco menos de seis millones de lempiras cada uno en ese año para otorgar becas en el nivel de primaria y secundaria. En el norte, la diputada Silvia Ayala gestionó 2.8 millones en becas en Cortés, y el diputado Ariel Montoya dos millones en Atlántida. A pesar de que el director de Monitoreo Pragmático de Sedesol aseguró que diputados de todas las bancadas han gestionado dinero del fondo de los 950 millones a través de becas, en el listado solo figura un congresista que no milita en Libre: Carlos Alexis Raudales, diputado de la Democracia Cristiana, que gestionó 2.8 millones de lempiras en becas en 2023.

Votación de los diputados mostrada en las pantallas del Congreso Nacional durante una sesión. Tegucigalpa, 12 de febrero de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.
Votación de los diputados mostrada en las pantallas del Congreso Nacional durante una sesión. Tegucigalpa, 12 de febrero de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.

Aunque para 2024 la cantidad de diputados fue menor, entre 13 diputados propietarios y suplentes se gestionaron 45.2 millones de lempiras, considerando algunos desembolsos que están pendientes, según la información proporcionada por Sedesol. Los diputados han dicho que el techo disponible para gestionar proyectos es de 6.5 por diputado o diputada anualmente; sin embargo, el diputado Rasel Tomé gestionó 12.2 millones de lempiras en becas el año pasado.

Fernandez explicó que después de la aprobación de los artículos que dan vida a la creación de este fondo, la Sedesol creó el Fondo de Administración Solidaria, destinado a la asignación de becas escolares y cupones de alimentos canjeables a través de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) gestionados por los congresistas.

Los reglamentos que fijan las disposiciones del presupuesto general para 2023 y para 2024 son claros sobre el procedimiento a seguir para la ejecución de los 950 millones de lempiras. Uno de los puntos más importantes es que cada Secretaría debe crear una gerencia dedicada exclusivamente a la ejecución de estos fondos, con la finalidad de «dar seguimiento y liquidar de forma transparente los recursos asignados».

Los reglamentos también señalan que son las comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas administradoras de agua, cajas rurales y becarios los que deben presentar las solicitudes a las Secretarías o instituciones, y si estas son aprobadas, los ministros son quienes solicitan la incorporación presupuestaria a la Secretaría de Finanzas. Una vez que se finaliza la ejecución del proyecto, la Secretaría o institución respectiva debe presentar un informe de liquidación ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con copia a la Presidencia de la República y al Congreso Nacional.

En cuanto al procedimiento para la asignación de becas desde la Sedesol, Luis Fernández explicó que primero se debe comprobar que el niño o la niña esté matriculado en una escuela pública, la documentación de su tutor correspondiente, y recibos de servicios públicos para georreferenciar la ubicación del o la solicitante de la beca. Una vez que esto es cotejado, el beneficiario recibe un pago anual de cinco mil lempiras por parte de Banadesa.

Aunque el reglamento también establece que cada institución o Secretaría ejecutora debe publicar en su portal de transparencia la información relacionada con la ejecución de estos fondos, actualmente no existe información específica al respecto, y tampoco se establece su vinculación a la gestión por parte de diputados y diputadas.

Otra Secretaría que negó información a este medio de comunicación fue la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la cual respondió que los proyectos son presentados por las municipalidades, a pesar de que es de conocimiento público, por las publicaciones en redes sociales de los congresistas, que estos gestionan proyectos.

En el caso de las solicitudes de información presentadas al Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode) y a la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor), fueron cambiadas a un estado de prórroga, por lo que no se obtuvo respuesta ni datos de estos proyectos al cierre de esta nota.

TSC no posee información sobre las subvenciones utilizadas por congresistas

Otro de los más grandes misterios en la administración de Luis Redondo ha sido la entrega de subvenciones en concepto de ayudas sociales y donaciones a asociaciones de sociedad civil, unidades del gobierno central y municipalidades.

En el caso de las ayudas sociales, estas son ejecutadas por cada congresista que accede a ellas. Se emite un cheque de 100 mil lempiras a nombre del o la congresista, y este ejecuta proyectos o hace donaciones en su comunidad y departamento. Después elabora una liquidación que se presenta a la auditoría del Congreso Nacional; de lo contrario, el dinero se debita de su salario, ya que deben presentar una declaración jurada ante el Congreso que autoriza esta deducción si no cumplen con las liquidaciones, según lo que han dicho los congresistas.

Este medio también ha pedido al Poder Legislativo estas declaraciones juradas por medio de solicitudes de información, pero hasta el momento este poder del Estado no ha contestado dichas solicitudes. Pero este mecanismo, mediante el cual se han erogado 614.8 millones de lempiras en los últimos tres años, carece de transparencia y rendición de cuentas. En el Portal Único de Transparencia de este poder del Estado no existe información detallada sobre quiénes utilizan las subvenciones, en qué son utilizadas y quiénes han presentado su respectiva liquidación.

Fabricio Sandoval y Néstor Yanes, diputados del Partido Libre, entregan dinero en efectivo proveniente de las subvenciones a colectivos del Libre en el departamento de Valle, al sur de Honduras. Naveshna Rovelo, directora de Convivienda, precandidata a diputada suplente y esposa de Fabricio Sandoval, también acompañó la entrega. Foto: Cuenta Bancada Libre en X
Fabricio Sandoval y Néstor Yanes, diputados del Partido Libre, entregan dinero en efectivo proveniente de las subvenciones a colectivos del Libre en el departamento de Valle, al sur de Honduras. Naveshna Rovelo, directora de Convivienda, precandidata a diputada suplente y esposa de Fabricio Sandoval, también acompañó la entrega. Foto: Cuenta Bancada Libre en X

Leda García Pagán, diputada del Partido Nacional que ha hecho uso de estas subvenciones, dijo a Contracorriente que, si bien las recibió durante tres meses en 2023, las autoridades del Congreso Nacional impidieron que siguiera accediendo a ellas por sus posturas críticas hacia el Gobierno actual.

Tanto ella como otros congresistas que hacen uso de las subvenciones han dicho a Contracorriente que, según el área de auditoría del Congreso Nacional, después de que las subvenciones son liquidadas se trasladan al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Sin embargo, al solicitar esta información en esa instancia, el TSC contestó a este medio de comunicación que el Departamento de Auditoría del Fondo Departamental «no posee ninguna información al respecto».

Lo anterior es alarmante, ya que casi el 15 % del presupuesto asignado al Congreso Nacional en los últimos tres años ha sido erogado en subvenciones para el desarrollo de proyectos sociales por parte de diputados y diputadas de este poder del Estado, y actualmente no existe un registro detallado sobre su uso.

Según un monitoreo de proyectos gestionados por diputadas y diputados realizado por este medio de comunicación, los rubros que predominan en la entrega de subvenciones son donaciones a asilos de ancianos, reparación de escuelas, celebraciones varias y la entrega de dinero a municipalidades o instituciones de distinta índole.

Además, el Congreso Nacional también ha hecho donaciones como institución. Entre los momentos más destacados están la donación de seis millones de lempiras a la Fundación Teletón en diciembre de 2024, 23 millones a la Federación de Fútbol de Honduras en septiembre de ese mismo año, y 4.4 millones para la reconstrucción de un mercado en el municipio de Nacaome, Valle.

Al respecto, la diputada Fátima Mena asegura que este tipo de fondos siempre han sido utilizados como carta de negociación en el Congreso Nacional, y que la secretividad sobre quiénes las usan o gestionan proyectos en las Secretarías responde a los acuerdos que hacen los representantes de los distintos partidos políticos.

«Hoy por hoy no conocemos la ley bajo la cual se ejecutan este tipo de recursos. Ha habido muy poca transparencia en saber a qué diputado se les han dado y cuáles han sido los criterios, por lo que hay falta de rendición de cuentas, o sea, más de lo mismo que se presta para corrupción, con el agravante de que en este caso ni siquiera hay una ley que regule el uso de estos recursos, ya que, paradójicamente, fue este Congreso el que derogó la ley del Fondo Departamental, pero ellos mismos han estado utilizando esta misma mala práctica», dijo Fátima Mena en una entrevista para Contracorriente.

En agosto de 2023 el Congreso Nacional derogó el decreto 116-2019, más conocido como Fondo Departamental, un decreto mediante el cual se desviaron fondos para la ejecución de proyectos sociales a cuentas personales de congresistas.

Además, en enero de este año un juez ordenó detención judicial en contra de tres exempleados del Congreso Nacional acusados de ser responsables por sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en el periodo de 2018-2022, que podrían estar relacionados con documentación del Fondo Departamental.

Complicidad entre congresistas y coordinadores de partidos

Para Elvin Hernández, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), los diputados y diputadas no solo forman parte de estos mecanismos por elección propia, sino por la necesidad de continuar sujetos al partido que los representa.

Lo anterior, según Hernández, responde a la dinámica de control que ejercen los coordinadores de los partidos políticos en las decisiones y negociaciones que se conforman en el Poder Legislativo, y de ahí se desprende la desnaturalización de la función pública que debe ejercer un congresista.

«Se desnaturaliza la función de un presidente del Congreso Nacional, porque la función de un Congreso Nacional es emitir leyes, analizar leyes, interpretarlas, proponer, analizar la realidad y ver qué vacíos hay en las leyes, o cuáles ya no corresponden a la realidad actual; sin embargo, en las últimas décadas parece que manejar y gestionar proyectos, construir o reparar una escuela, se convierte en una actividad cotidiana de un congresista», explica el investigador.

Además, aunque hasta el momento no se ha comprobado ningún acto de corrupción con el uso de subvenciones o el fondo para gestionar proyectos, para Hernández la amenaza de corrupción está latente, primero, ante el posible uso de estos fondos para financiar campañas electorales, y después, el debilitamiento de la democracia que esto representa.

Otro de los riesgos que visualiza es la situación de pobreza ante la falta de políticas públicas que den soluciones a las familias que enfrentan esta realidad a diario, y que, a causa del asistencialismo que se promueve con la gestión de proyectos o entrega de subvenciones, se profundice más la precariedad.

El riesgo más preocupante y quizás el menos visible, a criterio de Hernández, es la relación clientelar entre el funcionario y el ciudadano, en la que se busca dar cosas al cliente, que es el ciudadano, a cambio de mantener la lealtad a un funcionario público o diputado.

«[Esto] lo que hace es construir esa cultura política patriarcal, donde [prevalece] esta lógica de que el patriarca es propietario de la cosa pública, o, viéndolo en el hogar, el hombre es el propietario de todo lo que hay en la casa. En la cosa pública es lo mismo, el político es propietario de, y esa cultura política me parece que es algo que históricamente le ha hecho daño al país; las prácticas de las que estamos hablando alimentan esa cultura», asegura Elvin Hernández.

Hasta el momento el Congreso Nacional no ha respondido a las solicitudes de información realizadas por este medio de comunicación, en las que se piden listas detalladas con nombres de los congresistas que gestionan subvenciones, información sobre las organizaciones de sociedad civil que han sido favorecidas con donaciones, y las declaraciones juradas en las que los congresistas autorizan deducciones de su salario si no liquidan en tiempo y forma las subvenciones.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, tampoco ha respondido a las solicitudes de entrevista de este medio de comunicación sobre la ejecución de millones en concepto de subvenciones para ayudas sociales o la gestión de proyectos a través de las distintas Secretarías.

En la instalación de la IV legislatura del Congreso Nacional, el pasado 25 de enero, Redondo celebró que este poder del Estado había ahorrado 1,473 millones de lempiras en los últimos tres años porque no se pagaban coimas a periodistas, como en administraciones anteriores. Pero ese día, Redondo no mencionó los 614.8 millones de lempiras en ayudas sociales, donaciones a asociaciones de sociedad civil, unidades del gobierno central y municipalidades que han sido utilizados a discreción por parte de los congresistas, ni los 2,850 millones de lempiras destinados a la gestión de proyectos por parte de los mismos diputados, contando la última asignación para este año.

Por fuera, las distintas bancadas y fuerzas políticas continúan en disputa, cada uno declarando ser víctimas de un boicot por parte del otro; a lo interno, mecanismos como estos funcionan para llegar a acuerdos y perpetuar el clientelismo en la democracia hondureña.

 

 

 

Nota: Clara López renunció a su cargo en la SESAL el pasado 2 de abril de 2024.*

Con el doble de presupuesto del proceso electoral pasado, las elecciones internas marcan el inicio de una campaña política agresiva y proselitista ya conocida en Honduras. El costo no solo se eleva por lo presupuestado para el sistema de votación, también por el uso de fondos públicos por parte de funcionarios para clientelismo y directamente para hacer campañas políticas. Mientras tanto, la democracia por la que pagan con sus impuestos las hondureñas y hondureños sigue en función de partidos políticos manchados por la falta de transparencia, la corrupción y el narcotráfico. 

Por Jennifer Ávila
Portada: Persy Cabrera

El decorado de las elecciones primarias en Honduras exhibe típicamente la naturaleza de la democracia en este país. Escenas de la ministra de Defensa rodeada de militares caminando en cámara lenta por algún lugar remoto de Honduras, o las declaraciones del diputado que aspira a ser candidato presidencial a partir de cómo Francisco Morazán le habló en sueños, ambos precandidatos del partido oficialista Libre; o escenas de la esposa del expresidente convicto por narcotráfico a quien compara con Nelson Mandela, o la del exalcalde capitalino con pantalones desteñidos bailando en la calle una canción de Kendrick Lamar, ambos precandidatos por el Partido Nacional; o el espectáculo de dos precandidatos que se cambiaron de partido a último momento para revivir al Partido Liberal y que este les sirva de estructura; o las fotos de los miles de precandidatos irreconocibles en los postes cargados de cables en las ciudades de Honduras. 

Esas son algunas de las postales preelectorales hondureñas, porque ha llegado el momento cúspide de la democracia, todo un año respirando propaganda para ir a las urnas en dos momentos: las elecciones primarias y las generales. 

En pocos días, Honduras va a su primer proceso electoral del año, las elecciones primarias en donde los partidos eligen a sus candidatos a todos los cargos de elección popular. Pero no solo eso. Allí, en esas urnas y en ese sistema que el Estado hondureño les entrega, los partidos políticos miden el pulso, registran a su militancia y calculan cuánto les falta o con quién se negocia un triunfo en las elecciones generales. 

Las elecciones internas —o primarias— han sido catalogadas por los estudiosos de la democracia como fundamentales para garantizar el proceso de democratización de los partidos y, consecuentemente, de todo el sistema político. En la teoría, este proceso electoral dinamiza a los militantes, los hace partícipes de decisiones importantes de la vida partidista, y sobre todo elimina prácticas caciquistas y clientelistas. En la teoría. En la práctica, en Honduras tenemos otra cosa. 

El proceso interno de Honduras, en el que además se probará un nuevo sistema de votación que, como cada cuatro años, promete ser antifraudes, tiene un costo para el Estado de L1,492,000,000.00 más una reciente ampliación de L 561,045,280.00 solo para garantizar el sistema de votación. 

Este 9 de marzo, tres partidos van a elecciones primarias, las tres principales fuerzas políticas del país: Partido Libre, Partido Liberal y Partido Nacional. Los tres tienen representación en el liderazgo del Consejo Nacional Electoral, porque en Honduras es así; literalmente, así como el ratón cuida el queso, los partidos cuidan el proceso electoral. 

De los tres partidos, quizá el que presenta la práctica menos democrática en este proceso es el partido oficialista, el Partido Libre, que ha concentrado la mayoría de sus movimientos en una sola candidata presidencial. La precandidata, que además es la actual secretaria de Defensa y que ha acumulado el poder dentro de ese partido, es Rixi Moncada, a quien los Zelaya-Castro han dado su bendición. El otro precandidato que apenas tiene un movimiento en el Partido es Rasel Tomé, el diputado que asegura que salvó el Congreso Nacional tras tirar patadas en una trifulca por obtener la junta directiva de ese poder del Estado para beneficio del Poder Ejecutivo en 2022. 

El otro partido que ha presentado prácticas inadecuadas para estas internas es el Partido Liberal —rebajado a tercera fuerza política tras el golpe de Estado—, que en una práctica poco democrática hacia su militancia incorporó a dos precandidatos que venían de otros partidos políticos, solo porque esto podría darle un impulso para retomar la carrera electoral con algo más del 3 % de los votos. Pero, sobre todo, lo hicieron para tener herramientas con las cuales jugar el juego político hondureño, especialmente con los caciques del Partido Libre que, no olvidemos, vienen del Partido Liberal. 

Los precandidatos agregados son Jorge Cálix, que viene del Partido Libre, y Salvador Nasralla, que ha pasado ya por varios partidos. Los otros dos precandidatos son Maribel Espinoza, quien es actualmente diputada, y Luis Zelaya, que ha sido precandidato ya en varios procesos electorales. 

El Partido Nacional lleva cuatro precandidatos, y también juega en esta cancha para medir su músculo, pero al final de cuentas  —porque así lo han demostrado en procesos anteriores— todos los movimientos se alinearán con quien gane en las internas, pues, aunque controversiales, todos representan los valores de ese partido por mucho desprestigiado: la esposa del expresidente convicto, Ana Hernández; el exacalde de Tegucigalpa, cuestionado y procesado en el pasado por corrupción Nasry Asfura; el periodista cuestionado por supuestamente recibir coimas en el gobierno anterior, Jorge Zelaya; y Roberto Martínez Lozano, de larga data nacionalista, también cuestionado por corrupción. 

Según el analista José María Pérez Gómez, si las elecciones primarias se llevaran a cabo con  mayor transparencia, modificaciones en el sistema electoral, una firme autoexigencia ética de sus miembros y uso de las nuevas tecnologías para favorecer la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, se podría paliar la «patología organizativa» de los partidos políticos, y así recuperar la confianza perdida de los electores. 

Honduras tiene uno de los índices más altos de desconfianza en los partidos políticos. Según el Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), un 86.2 % por ciento de la población percibe a los partidos políticos como corruptos, solo seguido por el Congreso Nacional, la Policía Nacional y el Gobierno Central. Según el Latinobarómetro, Honduras es de los países con menor apoyo a la democracia, con un alto porcentaje de su población que se muestra indiferente a si el régimen de gobierno es democrático o no. 

Esta decepción con la democracia proviene justamente de las prácticas corruptas, clientelistas y caciquistas de los partidos políticos a los cuales, además de pagarles una deuda política y garantizarles con fondos del Estado sus elecciones internas, se les deja sin vigilancia al momento de la colecta de su financiamiento.

¿De qué sirven las elecciones primarias cuando los partidos políticos no se apegan a las reglas democráticas básicas? Al no hacerlo, ¿acaso no se contribuye a desacreditar aún más la democracia como conjunto de reglas básicas de la competencia política y como base fundamental de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones?  

Distorsionar un procedimiento democrático para afianzar prácticas antidemocráticas es la razón por la que el conformismo nos hace repetir incansablemente que «así son las cosas en Honduras», o que «esto solo aquí pasa». Una vez más, y ratificado por nuestra historia política, vale decir que «si así son las vísperas, cómo serán las fiestas», es decir, si así son las primarias, cómo será el nuevo gobierno. Al final, sea quien sea que gane la elección general, será la ciudadanía la que con su participación política, con el voto y la vigilancia permanente, puede cambiar el rumbo que ha trazado la tradición partidaria de Honduras.

Raúl Salgado Zelaya, acusado junto a 39 personas más por desviar 96.9 millones de lempiras a través de 596 contratos adjudicados a «empresas de relleno» en el Programa de Asignación Familiar (PRAF), ha sido cercano a este gobierno;  es asesor en la Secretaría de la Presidencia, y antes lo fue de la Secretaría de Trabajo. En 2021, fue apoderado de Mateo Montalván, quien, junto a su hermano Wilkin Montalván, han sido investigados por el Ministerio Público por sus vínculos con el narcotráfico.

 

Texto: Fernando Silva
Portada: Persy Cabrera

El 19 de febrero de 2025 el Ministerio Público acusó a Raul Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil del Programa de Asignación Familiar (PRAF), y a 39 personas más, por ser parte de una estructura que presuntamente desvió más de 96.9 millones de lempiras en esa institución entre 2010 y 2014, durante el gobierno del nacionalista Porfirio Lobo.

Los antecedentes de Salgado Zelaya en esa administración no le impidieron ocupar cargos privilegiados en al menos dos Secretarías de Estado en el gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre). Según documentos públicos, desde marzo de 2022 fue asesor legal en la Secretaría de Trabajo, entonces dirigida por Sarahí Cerna. Luego, en julio de 2024, cuando Cerna asumió la Secretaría de la Presidencia, Salgado Zelaya la acompañó también como asesor legal de ese despacho.

Entre las actividades que realizó en el ejercicio de sus funciones, en diciembre de 2024, como integrante del Consejo Económico y Social (CES) de Honduras, viajó a España junto a una delegación para firmar un Acuerdo de Colaboración con el CES español, y en 2022 la Secretaría de Trabajo le pagó boletos de avión y viáticos para representar por más de dos semanas a dicha institución en la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. 

Sin embargo, los vínculos de Salgado Zelaya con la estructura partidaria del gobierno no son nuevos. En mayo de 2021, fue apoderado legal ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Milton Mateo Montalván, entonces diputado suplente de Carlos Zelaya y precandidato a diputado por el Partido Libre, en un caso en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que pidió la nulidad de 9 actas de mesas electorales de las elecciones primarias de ese año. Finalmente el TJE falló a su favor y logró participar en las elecciones generales, pero perdió en las urnas.

En ese entonces, para las elecciones primarias, competía por un puesto entre los siete disponibles en el departamento de Olancho con Jorge Antonio Yánez, quien en noviembre de 2022 fue nombrado embajador del Gobierno hondureño en Nicaragua, y actualmente sigue en el puesto.

Milton también es hermano de Wilkin Montalván, quien fue asesinado en septiembre de 2021 por sicarios disfrazados de médicos mientras estaba hospitalizado en un centro asistencial privado de Tegucigalpa, según los reportes. Wilkin fue mencionado por Tony Hernández, en un interrogatorio tras su captura en 2018, como una de las personas en Honduras involucrada en el narcotráfico. 

Luego, en junio de 2022, el Ministerio Público anunció la «Operación Eslabón», mediante la cual aseguró 79 bienes pertenecientes a la estructura del extinto Wilkin Montalván, vinculada a Juan Ramón Matta Waldurraga y Juan Antonio Hernández Alvarado. Entre los investigados también se mencionó a Milton Mateo Montalván, quien en noviembre de 2024 anunció en sus redes sociales su intención de postularse como precandidato a diputado por el departamento de Olancho en el Partido Liberal, dentro de la corriente «Juntos por el Cambio», liderada por Jorge Cálix. Sin embargo, finalmente no apareció en las planillas del movimiento.

Milton Mateo Montalván junto a la presidenta Xiomara Castro. Foto tomada de redes sociales.
Milton Mateo Montalván junto a la presidenta Xiomara Castro. Foto tomada de redes sociales.

Caso de corrupción en el PRAF

El 19 de febrero de 2025, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó un requerimiento fiscal contra una estructura vinculada al desvío de más de 96.9 millones de lempiras en el Programa de Asignación Familiar (PRAF) entre 2010 y 2014. Según la acusación, los fondos habrían sido desviados mediante 596 contratos de los programas Bono Juvenil y DiMujer, destinados a capacitar a jóvenes y mujeres en situación de extrema pobreza.

De acuerdo con la Fiscalía, los imputados adjudicaron contratos a empresas sin capacidad técnica, utilizando «empresas de relleno» para fragmentar licitaciones y eludir los controles. Además, habrían falsificado informes para justificar capacitaciones que, en muchos casos, no se llevaron a cabo o fueron deficientes.

Entre los 40 encausados se encuentran Ángel Paz Alvarenga, exgerente administrativo del PRAF; Sandra Solano Aguirre, exjefa del Programa DiMujer; y Raúl Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil, quienes enfrentan cargos por fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.

El PRAF fue creado en 1990 con el objetivo de reducir la pobreza extrema mediante la entrega de transferencias económicas directas a familias vulnerables, asegurando su acceso a salud, educación y alimentación. A partir de allí nacieron proyectos como el Bono Juvenil y el DiMujer.

Estos programas funcionaban a través de subsidios, becas y capacitaciones técnicas, otorgados mediante contratos con organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresas privadas encargadas de la formación de los beneficiarios; sin embargo, gran parte de los fondos destinados a estos programas fueron desviados mediante un esquema de corrupción. 

En una entrevista para Contracorriente, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, detalló que diversas empresas y ONG se beneficiaron de fondos destinados a la capacitación de jóvenes y mujeres en el interior del país. Además, informó que el dinero habría sido desviado hacia cuentas particulares o utilizado para pagar servicios que no se brindaron.

Asimismo, Mora explicó que el requerimiento fiscal podría ampliarse conforme avance el juicio, ya que las declaraciones y testimonios pueden revelar nuevos implicados. «Puede haber ampliación del requerimiento fiscal una vez que comience el juicio y que ya las personas comiencen a dar sus testimonios, y de repente ahí surjan nuevos nombres o personas implicadas», afirmó.

Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados de letras de lo penal, confirmó en una entrevista para Contracorriente que 28 de los 40 imputados se han presentado voluntariamente ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción. Además, informó que la audiencia inicial está programada para el miércoles 5 de marzo a las 11:00 a.m.

A los imputados que ya se han presentado, entre ellos Salgado Zelaya, el juez les impuso medidas sustitutivas, como la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado. En cuanto a los 11 acusados que aún no se han presentado al juzgado, Castillo señaló que «puede ser que en el transcurso de la semana haya más solicitudes por parte de los apoderados legales de los otros imputados para que le tomen las declaraciones».

Contactamos al abogado Raúl Salgado Zelaya a un número de teléfono proporcionado por fuentes del Colegio de Abogados, donde ha sido capacitador en derecho mercantil; sin embargo, hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.

Por Ricardo Pineda Guzmán y Pedro Landa
Portada: Persy Cabrera

La reciente aprobación de la Ley de Protección para Defensores Ambientales en Honduras representa un ejercicio de simulación legislativa que evade los verdaderos compromisos necesarios para proteger tanto a los defensores ambientales como a nuestros recursos naturales. En lugar de adoptar el Acuerdo de Escazú —un instrumento internacional robusto que garantizaría protecciones reales y mecanismos de rendición de cuentas— el Congreso ha optado por una solución casi performativa, cuyos principales puntos se limitan a decretar un día conmemorativo y cambiar el nombre a la ya existente Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Jueces, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

La reforma, al incluir a los defensores ambientales, no genera una protección efectiva. Como han reclamado públicamente defensores de derechos humanos, el mecanismo de protección actual «ha demostrado ser insuficiente para proteger efectivamente a defensores en riesgo», encontrándose «en cuidados intensivos por falta de presupuesto». La realidad es que entre seis a ocho funcionarios públicos absorben más del 80 % del presupuesto disponible, dejando sin recursos a quienes realmente los necesitan.

Un aspecto crítico es que esta ley no fue consensuada con las organizaciones de defensores y defensoras del país. No es fruto de una construcción colectiva generada desde las víctimas, por lo que estas organizaciones rechazan lo que consideran una reforma cosmética. La ley se elaboró sin suficiente participación de quienes están en primera línea defendiendo nuestros recursos naturales.

Mientras no se aborden las causas estructurales de la violencia contra los defensores —que no es otra cosa que el modelo de desarrollo extractivista— no se va a disminuir el riesgo ni proteger mejor a los defensores solamente por una reforma a una ley. La realidad es cruda: el 97 % de los delitos ambientales quedan impunes en Honduras. El caso emblemático del asesinato de Juan López, cuyo proceso judicial aún no ha dado con la captura de los autores intelectuales, demuestra los profundos niveles de impunidad. 

Además, esta iniciativa traspasa responsabilidades a instituciones como la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), mandándola a proteger a los defensores, cuando esto está fuera de su mandato y su esfera de trabajo. Al simplemente reformar la ley, se está transfiriendo responsabilidades a instituciones que no cuentan con el mandato ni la capacidad para ello.

Es revelador que tanto en el preámbulo como en uno de los artículos de la ley se plantee que con esta reforma se estaría cumpliendo parcialmente veintisiete recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU), dos del Comité de Derechos Humanos (CCPR), dos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), y varias recomendaciones adicionales de otros organismos internacionales. Esto indica que la verdadera finalidad no es tanto proteger a los defensores y defensoras del medio ambiente, sino hacer un check-list para mostrar a la comunidad internacional que Honduras ha avanzado en la protección de derechos humanos, cuando en realidad sigue siendo uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente.

En contraste, el Acuerdo de Escazú, que Honduras se resiste a firmar desde hace dos años a pesar de estar en Casa Presidencial pendiente de aprobación, proporcionaría garantías concretas: acceso a información ambiental, participación pública en la toma de decisiones, y protecciones específicas para defensores ambientales con mecanismos de supervisión internacional. Como sugieren miembros de la Red Hondureña por Escazú, sería más efectivo no publicar esta ley y hacer una reconsideración para incorporar la iniciativa para la adhesión del Acuerdo de Escazú, ya que este sí establece las obligaciones para que el Estado proporcione un entorno seguro y contiene un mecanismo de implementación para que las leyes no se queden solamente en el papel.

Honduras necesita más que gestos simbólicos. Necesitamos un marco legal robusto que garantice consultas previas, libres e informadas con las comunidades afectadas, recursos adecuados para la protección de defensores, y un sistema judicial independiente que combata la impunidad. Esta nueva ley, lamentablemente, se queda muy corta en todos estos aspectos cruciales.

Durante el gobierno de Xiomara Castro, la Secretaría de Seguridad se ha promocionado como una institución comprometida con las mujeres y el enfoque de género, destacando que inició  con un 40 % de jefaturas policiales lideradas por mujeres. Sin embargo, femicidios dentro de la institución, el ascenso a un puesto clave de un policía implicado un caso emblemático de femicidio, y las recientes denuncias de la viceministra Julissa Villanueva sobre discriminación y desigualdad salarial, exponen un panorama en el que la violencia de género y la discriminación persisten dentro de la institución.

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Fernando Destephen

«Mientras no se depure el sistema judicial y no se castigue a los policías con todo el peso de la ley, ellos seguirán cometiendo crímenes porque se sienten protegidos por el mismo Ministerio de Seguridad», dijo Norma Rodríguez, madre de Keyla Martínez, la joven asesinada bajo custodia policial el 6 de febrero de 2021, durante el toque de queda por la pandemia de COVID-19 en La Esperanza, Intibucá. 

El pasado 7 de febrero, doña Norma se plantó frente a los tribunales de justicia en Tegucigalpa, sosteniendo pancartas y vistiendo una camiseta con el rostro de su hija. Su mirada firme y sus manos aferradas a las fotografías de Keyla reflejaban una determinación inquebrantable no solo para encontrar justicia para Keyla, sino también para denunciar la violencia sistemática dentro de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad en Honduras.

El femicidio de Keyla no solo marcó un antes y un después en la vida de Norma, sino que también expuso las grietas de un sistema que promete igualdad y justicia, pero que en la práctica parece proteger a los responsables. El único acusado en el caso, el policía Jarol Perdomo, quedó en libertad bajo fianza después de que el delito de femicidio fuera reclasificado como homicidio imprudente. 

«¿Cuánto dinero ha invertido el Estado en defender a un simple policía encargado de llaves?», cuestiona Norma, quien recuerda que la defensa de Perdomo provenía de la Secretaría de Seguridad, y asegura que fuentes le han confirmado que Perdomo ha regresado a sus labores dentro de la institución.  

Norma Martínez, madre de Keyla, protesta frente a la Corte Suprema de Justicia a cuatro años del femicidio de su hija. Tegucigalpa, febrero 2025. Foto CC/Fernando Destephen
Norma Martínez, madre de Keyla, protesta frente a la Corte Suprema de Justicia a cuatro años del femicidio de su hija. Tegucigalpa, febrero 2025. Foto CC/Fernando Destephen

La primera versión de la Policía Nacional sobre la muerte de Keyla Martínez fue que ella se había suicidado utilizando su propia camisa. Sin embargo, Medicina Forense del Ministerio Público desmintió categóricamente esa posibilidad. Ante la evidencia científica, la vocería de la Policía Nacional se vio obligada a retroceder y modificar su discurso, afirmando que «ninguna hipótesis estaba descartada». 

Recomendamos leer: Muerte de estudiante de enfermería en custodia policial se perfila como femicidio de Estado

Los patrones de impunidad y los intentos de encubrir muertes violentas de mujeres bajo la etiqueta de «suicidio» son recurrentes cuando agentes policiales o militares están involucrados. El 29 de enero de este año, la agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Ingrid Calero de 22 años, fue encontrada muerta en su casa en Tegucigalpa. Inicialmente, las autoridades sugirieron que se trataba de un suicidio, pero tanto el Ministerio Público como el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, revelaron más tarde que su cuerpo presentaba signos de violencia.

El principal sospechoso es su pareja, un agente de policía que también trabajaba en la DPI y cuyo nombre no ha sido revelado. Familiares de Ingrid se comunicaron con el medio televisivo HCH para denunciar que el agente no solo andaba prófugo y no había investigaciones sobre él, sino que además se había llevado las tarjetas de Ingrid y las estaba utilizando.

Una fuente anónima le dijo a Contracorriente que este agente solía llegar a golpear a Ingrid por la noche, y los gritos alertaban a los vecinos. La fuente también aseguró que la violencia intrafamiliar es común dentro de la institución, pero que existen pocos mecanismos para denunciarla y combatirla.

Los casos de Ingrid y Keyla no son aislados. En 2018, Sheryl Jubissa Hernández, investigadora de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, fue asesinada en Santa Rosa de Copán. Su muerte fue inicialmente tratada como un suicidio, aunque expertos señalaron que la posición en que fue encontrada indicaba un homicidio. En 2019, Saida Fuentes fue hallada sin vida en unas cañeras en San Pedro Sula. Una abogada que trabajó en este último caso reveló a Contracorriente que nunca se entregó la autopsia. Ninguno de estos casos ha sido resuelto, y algunos incluso han sido obstruidos desde la recolección de evidencias.

El caso de Keyla terminó con un solo acusado y llevado a juicio, un policía de escala básica de nombre Jarold Perdomo. Perdomo era uno de los policías que estaba en la posta la noche del crimen e ingresó a la celda de Keyla durante cinco minutos cerca de la hora en que fue asesinada. 

Perdomo ahora se encuentra en libertad, pero tampoco era el único ese día. «Nos quisieron tomar el pelo no solo a mí y a mi familia, sino a todo el pueblo hondureño, haciendo creer que solo una persona fue quien asesinó a mi hija. Eran 13 o 15 (los) que estaban asignados ese día. Bryan Isaac Banegas, que era el encargado esa noche y que levantó el acta diciendo que había sido un suicidio, él sigue trabajando en su cargo; el subcomisionado Melvin Alvarenga tiene antecedentes de que es un personaje que siempre ha abusado del poder de autoridad», denunció Rodríguez.

Melvin Alvarenga era el subcomisionado de policía que estaba a cargo de la posta ese día. De acuerdo a El Heraldo, fuentes confidenciales les confirmaron que Alvarenga supuestamente había cometido un homicidio similar al de Keyla en 2011, contra un hombre de 50 años en la capital, pero convenció a dos policías de escala básica para que se responsabilizaran del hecho. 

Durante el actual gobierno, Melvin Alvarenga ascendió a Comisionado de la Policía Nacional en diciembre de 2022. Fungió como director del Centro Penitenciario Nacional de Támara desde principios de 2022 hasta abril de 2023, cuando fue suspendido tras una grave crisis que reveló el control que la Mara Salvatrucha ejercía dentro de la cárcel. Este escándalo llevó a la creación de una junta interventora para el sistema penitenciario. 

Sin embargo, las sombras sobre su gestión no terminan ahí. En agosto de 2024, El Heraldo publicó una investigación que expuso cómo cuatro privados de libertad de Támara que gozaban de preliberación fueron enviados a Costa Rica, donde cometieron una serie de masacres y atentados, acciones que, según el medio, fueron facilitadas por narcotraficantes colombianos recluidos en el mismo penal.  

La investigación del medio reveló que, durante su mandato, Alvarenga recibió un informe detallado sobre una banda criminal que operaba dentro del centro penitenciario. Dicho documento alertaba que los reclusos involucrados habían sido contratados para llevar a cabo asesinatos en Costa Rica. A pesar de contar con esta información crucial, Alvarenga no tomó medidas para impedir el traslado de los delincuentes ni para alertar a las autoridades costarricenses, lo que permitió que los crímenes se consumaran. 

Pero el caso de Keyla no es aislado. Es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande que incluye femicidios impunes, ascensos cuestionables y denuncias de discriminación dentro de la Secretaría de Seguridad. A pesar de que el Gobierno ha promocionado a la institución con avances hacia la equidad de género, contando como un gran logro que el 40 % de jefaturas policiales serían lideradas por mujeres, la realidad es muy diferente.  

Discriminación dentro de la misma Secretaría

La primera versión de la Policía Nacional sobre la muerte de Keyla Martínez fue que ella se había suicidado utilizando su propia camisa. Sin embargo, Medicina Forense del Ministerio Público desmintió categóricamente esa posibilidad. Ante la evidencia científica, la vocería de la Policía Nacional se vio obligada a retroceder y modificar su discurso, afirmando que «ninguna hipótesis estaba descartada». Recomendamos leer: Muerte de estudiante de enfermería en custodia policial se perfila como femicidio de Estado Los patrones de impunidad y los intentos de encubrir muertes violentas de mujeres bajo la etiqueta de «suicidio» son recurrentes cuando agentes policiales o militares están involucrados. El 29 de enero de este año, la agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Ingrid Calero de 22 años, fue encontrada muerta en su casa en Tegucigalpa. Inicialmente, las autoridades sugirieron que se trataba de un suicidio, pero tanto el Ministerio Público como el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, revelaron más tarde que su cuerpo presentaba signos de violencia. El principal sospechoso es su pareja, un agente de policía que también trabajaba en la DPI y cuyo nombre no ha sido revelado. Familiares de Ingrid se comunicaron con el medio televisivo HCH para denunciar que el agente no solo andaba prófugo y no había investigaciones sobre él, sino que además se había llevado las tarjetas de Ingrid y las estaba utilizando. Una fuente anónima le dijo a Contracorriente que este agente solía llegar a golpear a Ingrid por la noche, y los gritos alertaban a los vecinos. La fuente también aseguró que la violencia intrafamiliar es común dentro de la institución, pero que existen pocos mecanismos para denunciarla y combatirla. Los casos de Ingrid y Keyla no son aislados. En 2018, Sheryl Jubissa Hernández, investigadora de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, fue asesinada en Santa Rosa de Copán. Su muerte fue inicialmente tratada como un suicidio, aunque expertos señalaron que la posición en que fue encontrada indicaba un homicidio. En 2019, Saida Fuentes fue hallada sin vida en unas cañeras en San Pedro Sula. Una abogada que trabajó en este último caso reveló a Contracorriente que nunca se entregó la autopsia. Ninguno de estos casos ha sido resuelto, y algunos incluso han sido obstruidos desde la recolección de evidencias. El caso de Keyla terminó con un solo acusado y llevado a juicio, un policía de escala básica de nombre Jarold Perdomo. Perdomo era uno de los policías que estaba en la posta la noche del crimen e ingresó a la celda de Keyla durante cinco minutos cerca de la hora en que fue asesinada. Perdomo ahora se encuentra en libertad, pero tampoco era el único ese día. «Nos quisieron tomar el pelo no solo a mí y a mi familia, sino a todo el pueblo hondureño, haciendo creer que solo una persona fue quien asesinó a mi hija. Eran 13 o 15 (los) que estaban asignados ese día. Bryan Isaac Banegas, que era el encargado esa noche y que levantó el acta diciendo que había sido un suicidio, él sigue trabajando en su cargo; el subcomisionado Melvin Alvarenga tiene antecedentes de que es un personaje que siempre ha abusado del poder de autoridad», denunció Rodríguez. Melvin Alvarenga era el subcomisionado de policía que estaba a cargo de la posta ese día. De acuerdo a El Heraldo, fuentes confidenciales les confirmaron que Alvarenga supuestamente había cometido un homicidio similar al de Keyla en 2011, contra un hombre de 50 años en la capital, pero convenció a dos policías de escala básica para que se responsabilizaran del hecho. Durante el actual gobierno, Melvin Alvarenga ascendió a Comisionado de la Policía Nacional en diciembre de 2022. Fungió como director del Centro Penitenciario Nacional de Támara desde principios de 2022 hasta abril de 2023, cuando fue suspendido tras una grave crisis que reveló el control que la Mara Salvatrucha ejercía dentro de la cárcel. Este escándalo llevó a la creación de una junta interventora para el sistema penitenciario. Sin embargo, las sombras sobre su gestión no terminan ahí. En agosto de 2024, El Heraldo publicó una investigación que expuso cómo cuatro privados de libertad de Támara que gozaban de preliberación fueron enviados a Costa Rica, donde cometieron una serie de masacres y atentados, acciones que, según el medio, fueron facilitadas por narcotraficantes colombianos recluidos en el mismo penal. La investigación del medio reveló que, durante su mandato, Alvarenga recibió un informe detallado sobre una banda criminal que operaba dentro del centro penitenciario. Dicho documento alertaba que los reclusos involucrados habían sido contratados para llevar a cabo asesinatos en Costa Rica. A pesar de contar con esta información crucial, Alvarenga no tomó medidas para impedir el traslado de los delincuentes ni para alertar a las autoridades costarricenses, lo que permitió que los crímenes se consumaran. Pero el caso de Keyla no es aislado. Es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande que incluye femicidios impunes, ascensos cuestionables y denuncias de discriminación dentro de la Secretaría de Seguridad. A pesar de que el Gobierno ha promocionado a la institución con avances hacia la equidad de género, contando como un gran logro que el 40 % de jefaturas policiales serían lideradas por mujeres, la realidad es muy diferente. Discriminación dentro de la misma Secretaría

Uno de los mandos más altos dentro de la Secretaría de Seguridad, la viceministra Julissa Villanueva, ha denunciado discriminación dentro de la institución. Primero, denunció que en un organigrama publicado por el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, su nombre y su dependencia no aparecen.

«Pero ni en tiempos del presidente Juan Orlando Hernández se atrevían a tanto. Este hecho ya fue denunciado por los canales administrativos respectivos, aunque al final va a caer en las manos del mismo ministro. Como está claro que no nos apegamos jamás a sus irregularidades ni a su forma incorrecta de manejar las políticas de seguridad del país, al menos yo no, es por eso que nos descalifica e ignora en la cadena de mando», dijo Villanueva. 

Villanueva acompaña sus declaraciones con denuncias que ha interpuesto ante la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) desde septiembre de 2024. 

En sus redes sociales también publicó una comunicación oficial dirigida a la ministra de Asuntos de la Mujer, Doris García, el 21 de febrero, en la que Villanueva denuncia discriminación, marginación y desigualdad salarial dentro de la institución. Villanueva detalló que estas acciones no solo se dirigieron hacia su persona, sino también hacia su familia, lo que ha obstaculizado su trabajo y ha creado un ambiente laboral intolerable. Esta situación la ha llevado a extremar sus medidas de protección para resguardar su integridad física, lo que a su vez le ha impedido desarrollar plenamente las responsabilidades que le fueron encomendadas.

Para ilustrar las desigualdades al interior de la Secretaría de Seguridad, la viceministra Villanueva expuso un caso concreto: mientras ella, como subsecretaria de Asuntos Policiales, percibe un salario de 72,500 lempiras, el subsecretario de Prevención y Derechos Humanos recibe 77,400 lempiras, a pesar de ocupar puestos de similar jerarquía. Esta disparidad salarial no se limita a los altos mandos. Información recopilada por Contracorriente, con datos obtenidos de los portales de transparencia, revela que comisionados generales de la Policía Nacional ganan entre 112,175.09 y 116,225.99 lempiras, e incluso un asistente de la Secretaría de Seguridad recibe 74,350 lempiras, superando el salario de Villanueva. 

Villanueva asegura que sus esfuerzos por esclarecer hechos como la masacre en la cárcel de Támara y la red de trata que operaba en Islas de la Bahía, vinculada a la desaparición de Angie Peña, generaron animadversión en su contra «no solo entre la cúpula policial, sino también del titular de la Secretaría de Seguridad». 

Señala que esta hostilidad se ha manifestado en acciones como la limitación de la jerarquía de su despacho, el boicot a su labor como interventora de centros penitenciarios y los obstáculos en su rol como subsecretaria de Asuntos Policiales. Además, denunció que han despedido a todas las personas adscritas a su área, a quienes no se les otorgaron nombramientos permanentes ni se les renovaron sus contratos, a pesar de que por derecho les correspondía.

Sobre las denuncias de Villanueva, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, dijo a varios medios de comunicación que no era cierto que le hubiera recortado el personal. «Desde que nosotros asumimos nos ha atacado. Ella tiene sus funciones, es bueno que las ejecute, es bueno que las cumpla, el resto del personal y de los altos funcionarios de la Policía Nacional pasamos muy ocupados. Este país tiene una enorme necesidad de un trabajo profesional, de un trabajo honesto y de un trabajo fuera de las redes y de los medios, y nosotros lo estamos ejecutando», expresó Sánchez.

Sin embargo, Sánchez no desmintió las demás denuncias de Villanueva, entre ellas la falta de respuesta a sus solicitudes de reuniones de trabajo y haberla relevado de tareas críticas, como el análisis de datos y procesos de investigación relacionados con la red de trata, negarle el presupuesto operativo para su despacho y el irrespeto hacia las comunicaciones oficiales dentro de la institución, lo que según Villanueva, ha fomentado un clima de desorganización y falta de transparencia.

Texto y fotografías: Fernando Destephen

Orlando Ferrera, de 81 años, es dueño del Bar Bon, una cantina para amigos ubicada en el municipio de Colinas, Santa Bárbara, cuyo nombre es un juego de palabras en honor a la barba de Orlando. El bar es un cuarto poco iluminado que en la entrada tiene un grabado color negro con las palabras Bar Bon sobre un fondo verde.  Adentro hay varios bancos rectangulares de madera pegados a las paredes. Del lado izquierdo cuelgan pósteres con imágenes de mujeres y calendarios; del lado derecho, dos pósteres de Vicente Fernández en dos etapas de su vida, y en medio, una foto de un joven Pedro Infante levantando el mentón con la mirada levantada hacia el cielo. No hay mesas, para platicar hay que hacerlo de lado o de frente, sentados en esos bancos de madera.

El Bar Bon no tiene barman. Para ser atendidos hay que oprimir un timbre que está ubicado junto a una verja negra que separa el baño y los refrigeradores del resto del lugar. A los pocos minutos de sonar el timbre, alguien aparece por la parte de atrás, donde funciona «Mi Tiendecita», un comercio que vende desde fajas de cuero, licores y dulces hasta –a veces–  ataúdes.

Mi Tiendecita es parte de una casa más grande de piso de madera, levantada casi a un metro del suelo porque ahí inicia uno de los nacimientos de agua de Colinas, por lo que el agua recorre la casa hasta el patio, para salir a través de una llave en una pileta a nivel de suelo.

Bar Bon es un bar que funciona sin mesas, nombrado en honor a la barba ahora blanca de Orlando Ferrera, dueño del lugar. San José de Colinas, Santa Bárbara, 19 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Bar Bon es un bar que funciona sin mesas, nombrado en honor a la barba ahora blanca de Orlando Ferrera, dueño del lugar. San José de Colinas, Santa Bárbara, 19 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Orlando es un historiador enamorado de la revolución cubana. Guarda fotos del Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Fidel Castro y Hugo Chávez, a quien ha incorporado como el más reciente de la colección.

Dentro de su casa, Orlando tiene otro espacio: su museo personal. Ahí guarda  más fotos de sus héroes. Además, sobre un televisor plasma, y colgadas en la pared, hay cuatro tejas pintadas con los rostros del Che, Cienfuegos, Chávez y un joven Orlando vestido con el uniforme militar de la revolución cubana.

Cada objeto en el museo de Orlando tiene una historia. Uno de ellos es el poema que Ismael Cerna dedicó al expresidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios. Orlando relata que un amigo, durante un viaje a Guatemala, recordó su aprecio por ese poema en particular. Con ese detalle en mente, decidió imprimirlo, enmarcarlo y obsequiárselo, acompañado de la historia detrás de sus versos.

Cerna lo escribió desde la cárcel y llegó a manos de Justo Rufino Barrios, quien ordenó que lo dejaran en libertad. El poema se hace más interesante cuando Orlando lo lee, con su voz y la intención de revivir el sentimiento del poeta. El poema tiene una segunda parte, que es el epígrafe de Cerna contra su adversario. Cuando Rufino murió, Cerna visitó la tumba y escribió lo que algunos consideran el perdón del poeta hacia el político:

«No olvido que un instante en tu abandono
quisiste engrandecer la Patria mía.
Y en nombre de esa Patria te perdono.»

Orlando cuenta que ha visitado Cuba seis veces, y asegura que el bloqueo de los gringos «es perro, es criminal». Dice también  que ha hecho amistad con los médicos cubanos que han llegado en brigadas, entre ellos los que están en el Hospital de Santa Bárbara.

Orlando es ingeniero agrónomo. Cuenta que estar en el campo le ayudó a desarrollar una mayor conciencia social, pero que también «se nace siendo así», en referencia a su sentido revolucionario y su comprensión de la realidad del país.

A Orlando le gusta conversar. Relata anécdotas de Santa Bárbara, habla con autoridad sobre ciertos temas y critica otros, todo mientras explica la historia detrás de cada adorno o pieza de su improvisado museo, una colección que ha curado a lo largo de casi 60 años. Llaveros, libros, revistas, su acervo abarca todo lo relacionado con la izquierda cubana y la Venezuela de Hugo Chávez. Sin embargo, Orlando no es un fanático. Escucha y opina sin interrumpir ni alzar la voz, espera su turno con paciencia y expone sus ideas con calma, sin gritos ni insultos.

Para muchos en Colinas, Santa Bárbara, el día termina con una cerveza helada en el Bar Bon y, con suerte, con una visita al museo particular de su propietario. Allí, la conversación puede transitar desde la llegada de judíos y europeos a Trinidad, Santa Bárbara, hasta este nuevo siglo, en el que el fascismo resurge y la izquierda –parece– sigue siendo la misma.

San José, 27 feb (EFE).- El Gobierno que preside Daniel Ortega anunció este jueves su retirada de toda actividad relacionada con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras conocer un informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, que instó a demandar al país centroamericano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por privar de la nacionalidad a nicaragüenses.

«Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarnos del Consejo de Derecho Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites», dijo la copresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, a través de medios oficiales.

Murillo, esposa de Ortega, explicó que han oficializado su salida a través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el embajador Jürg Lauber, que fue suscita por el canciller del país, Valdrack Jaentschke.

La decisión de Nicaragua, dijo Murillo, está basada en el último informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, que afirma que el Ejército nicaragüense «participó activamente en la represión de las manifestaciones» que estallaron en abril de 2018 y «cometió ejecuciones extrajudiciales», y que el Gobierno sandinista ha desmantelado los últimos controles sobre su poder y para ello no ha dudado en cometer graves violaciones de derechos humanos.

Su Gobierno, continuó Murillo, rechaza «todas las falsedades, las falsificaciones, las calumnias, las mentiras, en un acto de decencia elemental, cumpliendo con ese sagrado deber de preservar decoro y orgullo».

«Repudiamos todos los insultos, todas las ofensas, todas las falsificaciones, todas las agresiones, todo lo que constituye la política colonialista que rige acciones de organismos que debían servir al bien de todos», agregó.

La copresidenta indicó que, por esa razón, estaban haciendo llegar esa carta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, «donde hacemos referencia al autodenominado informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua».

«Decimos que una vez más el Consejo de Derechos Humanos viola su propia normativa contenida en la resolución aprobada el 15 de marzo de 2006, en la cual se establecieron los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos, así como la obligación de eliminar la aplicación de un doble rasero y la politización», señaló.

A juicio de Nicaragua, el informe de los expertos, que el Gobierno no reconoce, «al igual que los informes anteriores, las declaraciones, comunicados y actualizaciones, son una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos usándolos como pretextos para injerencias en los asuntos internos de los Estados y para irrespetar la soberanía nacional».

«Estos mecanismos se constituyen no solamente en verdaderos métodos y plataformas políticas para despretigiar la labor de nuestro gobierno en la consolidación de la paz y la seguridad, sino que también son un obstáculo para el desarrollo económico y social del pueblo nicaragüense y pretenden impedir el avance en salud, educación, entre otros», denunció Murillo.

En la misiva, Nicaragua acusó al Grupo de Expertos, a la Oficina del Alto Comisionado y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de haberse convertido «en caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y la tranquilidad, y son los autores de los múltiples asesinatos, secuestros, violaciones, aberraciones y ultrajes contra el pueblo nicaragüense, causando además destrucción y daños incuantificables a la economía nacional».

«Y los mismos que hoy celebran y promueven la imposición de medidas coercitivas unilaterales que la Asamblea General de la ONU ha declarado ilegales por ser violatoria del derecho internacional», prosiguió.

«Para Nicaragua estos irrespetuosos mecanismos perdieron su naturaleza y esencia. No los reconocemos y no nos vemos siendo parte y/o cómplice de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los Estados, y la dignidad de los pueblos», enfatizó.

Hasta ahora 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad tras una última acción de este tipo el pasado septiembre, cuando 135 opositores presos fueron expulsados a Guatemala como apátridas.

Un juzgado ordenó la detención judicial de 14 personas acusadas de facilitar salarios a través de «planillas fantasma» ingresadas al sistema del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Samuel Zelaya, uno de los interventores del IHSS, asegura que este caso representa indicios de una posible red de corrupción dentro de esta institución, mientras que familiares de las imputadas denuncian irregularidades en el proceso judicial y exigen justicia, incluyendo que altos mandos también sean enjuiciados.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen

El pasado 11 de febrero, un juez ordenó la detención judicial de 14 personas involucradas en un esquema de «planillas fantasma» en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó un requerimiento contra 22 personas por el desvío de 1.8 millones de lempiras mediante pagos a supuestos médicos. Ocho de los implicados aún no han sido capturados, confirmó la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo.

El requerimiento de la fiscalía incluyó a dos exempleadas del Departamento de Compensación Salarial del IHSS, Suyapa Isabel Carranza y Eliana Yessenia Bonilla, y a otras 20 personas por ser beneficiarias de un salario de 35 mil lempiras mensuales desde marzo de 2024, después de que las incluyeran en una planilla fantasma.

Cuando las imputadas asistieron a la audiencia inicial en el Juzgado de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medioambiente en Tegucigalpa, sus familiares y conocidos dijeron a los medios de comunicación que ellas son amas de casa y no tenían conocimiento de los delitos por los cuales las señala el Ministerio Público, que son fraude, falsificación de documentos públicos y falsificación de sellos.

«Son inocentes, somos pobres, vayan a ver las casitas donde vivimos», dijo a los medios de comunicación una familiar de las imputadas en las afueras del Juzgado.

Roberto, esposo de una de las acusadas, que prefiere mantener su identidad en el anonimato, dijo a este medio de comunicación que el proceso de enjuiciamiento de su pareja ha sido injusto y traumático. Cuando agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a capturarla a su casa, no presentaron orden de captura y no dijeron cuál era el motivo de la detención.

Él niega que su esposa alguna vez haya sido empleada del IHSS, y aseguró que lo único a lo que se dedicaba era a cuidar de sus nietos. «No entiendo sinceramente por qué motivo engañaron a mi esposa, lo que me dijo el fiscal es que se hacía pasar como doctora, pero mi esposa ni siquiera hizo la primaria, solamente fue al cuarto grado», expresó el familiar.

Equipo en mal estado en uno de los pasillos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Distrito Central, junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.
Equipo en mal estado en uno de los pasillos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Distrito Central, junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Además, Roberto no entiende cómo su esposa pudo cobrar 35 mil lempiras mensualmente si las condiciones del hogar en el que viven en un barrio de San Pedro Sula no han sido mejoradas.

«¿Usted cree que, si mi señora estuviera ganando eso, nosotros viviríamos ahí donde vivimos? Somos de pocos recursos», expresó, y añadió que en este proceso sus hijos han renunciado a sus trabajos para atender de cerca el caso y movilizarse a Tegucigalpa.

Samuel Zelaya, quien desde noviembre de 2024 forma parte de la Junta Interventora que está al mando del IHSS, asegura que detrás de este caso existe una red de corrupción dentro de la institución, y que el enjuiciamiento a estas personas solo es una muestra de cómo operan los fraudes en el Estado, en los que se señala a ciudadanos que cometieron un delito, pero que no son los autores principales de los desfalcos.

«Esto es una red, hay que aclarar. Desgraciadamente, yo sé que la necesidad es compleja y uno no puede no ser humano y (no) ponerse en los pies de las personas humildes que están ahí, que tuvieron una necesidad, pero que aceptaron hacer una transacción que era ilegal», dijo a este medio de comunicación el interventor.

Para él, la culpabilidad de estas personas se demuestra en la firma y sello falsificados de la jefa de recursos humanos, y en cómo se utilizaron para crear constancias con nombre, número de pago y cargos dentro de la constitución, lo que demuestra que las acciones no fueron hechas mediante un gestor, sino personalmente.

¿Cómo ocurrió el supuesto saqueo?

Samuel Zelaya explica que el caso de las planillas fantasma fue identificado gracias a una anomalía en el sistema de control que tiene el IHSS, tras la cual se detectó que varias personas fueron ingresadas al sistema mediante un mismo memorándum y con números seguidos; ello desencadenó que se levantaran alertas y se procediera con las investigaciones internas.

Al identificar que este grupo de personas había ingresado como médicos especialistas y médicos generales, autoridades de la institución procedieron a revisar los expedientes digitales y se solicitó al Colegio Médico la corroboración de las credenciales de cada una de las personas, para determinar si estas estaban colegiadas y activas en el gremio médico.

«El Colegio [Médico] contestó que ninguna de estas personas estaban afiliadas al colegio, a partir de esto identificamos el fraude», explicó Zelaya. A continuación procedieron a hacer otra investigación interna, y luego presentaron la denuncia ante el Ministerio Público. Los hallazgos se hicieron mientras el doctor Carlos Aguilar continuaba al mando de la institución.

En abril del 2024, Carlos Aguilar, entonces director del IHSS, confirmó a los medios de comunicación que el Ministerio Público estaba investigando una denuncia relacionada con el pago de planillas fantasma. Contracorriente consultó a Aguilar sobre los trámites de esta denuncia y si la fiscalía había apuntado a todos los implicados en este caso; sin embargo, el doctor manifestó que no podía responder a la solicitud de entrevista en esta ocasión.

Samuel Zelaya no señaló a otras personas por el caso de las planillas, sino que se limitó a decir que dentro de la institución existen redes de corrupción que deben ser investigadas para que el IHSS funcione correctamente.

Sobre el trabajo de la interventora con los otros sectores que integran la Junta Directiva del IHSS, entre ellos el sector sindical y la empresa privada, Samuel Zelaya sostiene que tienen un «diálogo fluido», y que actualmente trabajan en procesos de compra y otras gestiones dentro de la institución.

«El problema fue que había una parálisis administrativa», dijo al ser consultado por la razón de instalar una interventora, «una serie de situaciones que no permitían que las decisiones que se toman en la Junta Directiva se llevaran a la práctica en el seguro social. Entonces, esa parte, ese reconocimiento del trabajo, es (la) que a la junta interventora le permite mantener una excelente relación con todos los sectores».

El enjuiciamiento a la marginalidad

En una entrevista con Contracorriente, el sacerdote Ismael Moreno, exdirector del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), recalca que todos los delitos deben ser enjuiciados en un Estado de derecho, y que todas las personas responsables por los mismos deben ser enjuiciadas independientemente de su ubicación social o económica, pero que, en Honduras, este principio no ha garantizado que los más poderosos enfrenten la justicia.

En el caso de las planillas fantasma en el Seguro Social, el padre Melo opina que, si bien son personas que deben ser juzgadas por igual, en este caso son un chivo expiatorio del engranaje de corrupción que envuelve a importantes personajes en Honduras, engranaje que opera con altos dirigentes sindicales, funcionarios públicos, y estructuras políticas.

«Esto es lo que estamos viendo en todos estos casos, y creo yo que mientras no haya una transformación frontal de la estructura de justicia, lo que se va a seguir haciendo es enjuiciar y encarcelando a los más pobres», señaló el padre Melo, quien añadió que mientras en el país no se solucione la conflictividad agraria, conflictividad ambiental y la impunidad, la transformación real de la justicia no podrá ocurrir en Honduras.

Entre los casos más recientes que evidencian el trato diferenciado que tiene la justicia, está el de la diputada del Partido Nacional, Gladys Aurora López, a quien un juez le concedió medidas distintas a cárcel por la malversación de fondos públicos que eran destinados a un proyecto energético en La Paz. La diputada ya ha sido señalada en otros casos de corrupción como Arca Abierta, en el que se le acusó por el desvío de 21.1 millones de lempiras, pero fue dejada en libertad en 2022.

Otros casos incluyen a políticos que han quedado libres de procesos judiciales gracias a una amnistía aprobada al inicio del Gobierno de Xiomara Castro. Este decreto ha sido criticado y señalado por una misión de expertos de la ONU como un obstáculo para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). El caso más reciente es el de Rodolfo Padilla Sunseri, político del Partido Libre condenado por el delito  de prevaricato, quien ahora busca la alcaldía de San Pedro Sula.

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El padre Melo reflexiona que los en casos donde los sectores más vulnerabilizados son llevados ante la justicia y, en paralelo, los políticos con poder tienen herramientas para evadirla, hay indignación de un sector de la sociedad hondureña, pero que en tiempos electorales la indignación se apacigua con asistencialismo.

«Yo creo que el nivel de conciencia de la sociedad hondureña es bastante bajo, y está acostumbrada a que siempre los de arriba le van a dar la espalda; entonces, hay una especie de relación de mutuo aprovechamiento, los políticos se aprovechan para ver si sacan el voto, y la gente se aprovecha de los políticos para ver si sacan provisiones, láminas y bonos, pero ni los políticos creen en la gente ni la gente en los políticos», aseguró el padre Ismael Moreno.

Información del Ministerio Público (MP) a la que accedió Contracorriente indica que el 7 de febrero de 2025 la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) admitió una solicitud de investigación de otra unidad fiscal por posible responsabilidad penal de cinco magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes habrían incurrido en prevaricato judicial al favorecer con una sentencia a exfuncionarios que otorgaron contratos a la organización criminal Los Cachiros y que fueron acusados de delitos de fraude y lavado de activos. 

Texto: Luis Escalante, con reportes de Jennifer Ávila y Abigail Gonzales
Fotografías: Fernando Destephen
Portada: Persy Cabrera 

El 7 de febrero de 2025, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) admitió a trámite un informe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), en el que se solicita iniciar una investigación de oficio contra las magistradas y magistrados que integran la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por suponerles responsables del delito de prevaricato judicial. 

Las tres magistradas y dos magistrados señalados otorgaron una sentencia de amparo a favor del exministro de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), Miguel Pastor, y otras dos personas, quienes desde el 23 de mayo de 2019 están acusadas por el Ministerio Público (MP) como parte del caso «Narcopolítica», por los delitos de lavado de activos, fraude, violación de los deberes de los funcionarios y cohecho, al haber otorgado irregularmente 28 contratos a Inversiones Rivera Maradiaga S.A. de C.V. (Inrimar), empresa vinculada a la organización criminal Los Cachiros, que hasta 2013 estuvo encabezada por los hermanos Javier Heriberto y Devis Leonel Rivera Maradiaga.

En el informe se señala a Wagner Vallecillo, Luis Fernando Padilla, Isbela Bustillo, Francisca Villela y Sonia Marlina Dubón, quienes forman parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y firmaron de manera unánime la sentencia de amparo del 30 de julio de 2024, de acuerdo con las verificaciones efectuadas por Contracorriente

Recorte fotográfico de la sentencia de amparo emitida por la Sala de lo Constitucional el 30 de julio de 2024. Foto CC.
Recorte fotográfico de la sentencia de amparo emitida por la Sala de lo Constitucional el 30 de julio de 2024. Foto CC.

Según el informe elaborado por la Uferco, se considera la existencia de indicios de responsabilidad penal, particularmente la posible comisión del delito de prevaricato judicial, por parte de estas y estos integrantes del más alto tribunal del Poder Judicial. La Uferco señaló que «es necesario que esta Fiscalía Especial [para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia] lleve a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer si los magistrados incurrieron en alguna conducta delictiva».

La solicitud de investigación contra las magistradas y los magistrados de la Sala de lo Constitucional se fundamenta en una sentencia de amparo que favoreció a Miguel Pastor, Carol Pineda y José Manuel Valladares. Los recursos de amparo fueron presentados tras la impugnación de una  resolución de la Corte de Apelaciones Penal en Corrupción, Criminalidad Organizada y Medio Ambiente del 8 de marzo de 2023, la cual rechazó diversas apelaciones de las defensas legales de los implicados. 

Las defensas legales solicitaban a la corte de apelaciones que, entre otros asuntos, se aplicara el principio de prejudicialidad a los imputados y que primero se agotara la instancia del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para determinar si existió enriquecimiento ilícito.

No obstante, en el requerimiento fiscal presentado el 23 de mayo de 2019 por el MP a través de la extinta Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), ahora Uferco, se acusó a las personas implicadas de cohecho, fraude y facilitación para el lavado de activos, pero no de enriquecimiento ilícito. Las apelaciones de las defensas de los imputados solicitaron que el cohecho fuera equiparado a enriquecimiento ilícito, pero la Corte de Apelaciones desestimó esta solicitud, y, ante ello, acudieron a la instancia del recurso de amparo.

La Sala de lo Constitucional, dando la razón a las defensas, invocó en su sentencia de amparo del 30 de julio de 2024 que «no se agotó previamente el procedimiento correspondiente ante el TSC» y mencionó la «despenalización de la conducta de facilitación para el lavado de activos». Por ello, decretó la «restitución del derecho al debido proceso, garantizando el derecho de defensa, la igualdad y el principio de legalidad». Asimismo, ordenó a la Corte de Apelaciones Penal en Corrupción, Criminalidad Organizada y Medio Ambiente dictar una nueva resolución.

Fachada del edificio principal del Ministerio Público. Tegucigalpa, 24 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Fachada del edificio principal del Ministerio Público. Tegucigalpa, 24 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Sin embargo, en el informe entregado a la FEES-SJ, la Uferco advirtió que la resolución de la Sala de lo Constitucional elimina el delito de facilitación de lavado de activos como una conducta punible, «lo cual es preocupante y contradictorio con la legislación vigente». 

El posicionamiento de la Uferco agrega que la facilitación de lavado de activos nunca ha sido considerado autónomo, sino un agravante dentro del delito de lavado de activos, tal como lo contempla el Código Penal y el Código Procesal Penal, «y, por lo tanto, su eliminación dificultaría la persecución del crimen organizado y el lavado de dinero en futuras acciones penales».

«Dicha decisión de la Sala de lo Constitucional constituye un retroceso significativo en los esfuerzos por combatir el lavado de activos, abriendo la puerta a una interpretación que podría resultar favorable a quienes intenten eludir la justicia en casos relacionados con este delito», indicó la Uferco. 

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El informe también hace referencia a otro punto planteado por la Sala de lo Constitucional, que la Uferco calificó de «grave», y que se refiere a la exigencia de que el MP obtenga la aprobación previa del TSC antes de tomar cualquier acción ante los tribunales.

«Este planteamiento es especialmente preocupante, ya que contradice lo que establece la Constitución de la República, que reconoce al Ministerio Público como el titular exclusivo de la acción penal, sin necesidad de intervención de otros organismos, salvo en casos específicos como el de enriquecimiento ilícito», indicó el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, en entrevista con Contracorriente.

Además, la Uferco precisó que, aunque el TSC actúa en casos de enriquecimiento ilícito, no debe ser considerado un requisito previo en los casos de corrupción, como el lavado de activos. La Uferco agregó que «el decreto 116-2019, que pretendía regular este proceso, fue derogado por el Congreso Nacional en 2023» y que «esto deja claro que no existe base legal para esta restricción de facultades del Ministerio Público en el caso de lavado de activos».

El fiscal Luis Javier Santos, quien trabajó en la elaboración del informe entregado a la FEES-SJ y que, entre 2017 y 2019, participó en las investigaciones contempladas en el expediente MP-UFECIC-002-2017 que culminaron en el requerimiento fiscal contra Miguel Pastor y las otras dos personas, expresó que, tras la sentencia de la Sala de lo Constitucional, se preguntó: «Si no fueron ellos, ¿quiénes son los culpables?». 

«Es inaudito que se haya retrocedido en la resolución, considerando que ya existe un informe judicial que señala indicios de responsabilidad penal. Si no fueron estas las personas que otorgaron estos contratos a las empresas de este grupo de narcotraficantes, entonces, ¿quiénes fueron? ¿A quién se debe procesar entonces?», declaró el fiscal Santos a este medio.

Una de las magistradas señaladas en el informe en poder de la FEES-SJ es Sonia Marlina Dubón, afín al oficialismo y esposa del asesor presidencial Enrique Flores Lanza. En caso de que la investigación avance, el MP, que según la oposición y sectores de la sociedad civil está en manos del oficialismo, podría proceder legalmente contra ella. 

Dubón también fue incluida en la última actualización de la Lista Engel de personajes corruptos y antidemocráticos, publicada el 27 de diciembre de 2024. El Departamento de Estado de Estados Unidos la señaló de «socavar los procesos democráticos al utilizar sus poderes oficiales para socavar el Estado de derecho», aunque ella rechazó los señalamientos.

Contracorriente intentó obtener declaraciones del magistrado Wagner Vallecillo, actual presidente de la Sala de lo Constitucional y firmante principal de la sentencia, pero no respondió a los mensajes de texto ni a las llamadas telefónicas. También consultamos al portavoz del MP, Yuri Mora, acerca de los avances de la investigación, pero afirmó no estar al tanto. 

«Narcopolítica», ejemplo de compadrazgo entre el Estado y el narco

La sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se origina en  una acusación presentada por el Ministerio Público (MP) el 23 de mayo de 2019 y una sentencia del Tribunal de Sentencia en Corrupción, Criminalidad Organizada y Medio Ambiente del 30 de enero de 2023, en el denominado caso «Narcopolítica».

Estatua de la diosa Temis en la entrada principal del edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Tegucigalpa, 7 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Estatua de la diosa Temis en la entrada principal del edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Tegucigalpa, 7 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Según las y los fiscales de la extinta Ufecic, Miguel Pastor Mejía y otros exfuncionarios de la Secretaría de Infraestructura, Transporte y Vivienda (Soptravi) otorgaron entre 2010 y 2012 unos 28 contratos a la empresa Inversiones Rivera Maradiaga S.A. de C.V. (Inrimar), propiedad de los hermanos Javier Heriberto y Devis Lionel Rivera Maradiaga, conocidos como Los Cachiros, quienes fueron condenados en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

La empresa Inrimar fue señalada desde mayo de 2013 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una sociedad dedicada a lavar dinero del narcotráfico, según la Ley de Designación de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros, y también ha sido objeto de otras investigaciones del MP, en particular por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco).

Los contratos otorgados a Inrimar también involucran a Hugo Ardón Soriano, quien era director del Fondo Vial y es hermano del exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón Soriano, también judicializado por narcotráfico en Estados Unidos. Este último fue liberado el 13 de enero de 2025 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, después de haber testificado en los juicios por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández, en 2024, y su hermano, Juan Antonio «Tony» Hernández, en 2019.

La acusación del MP, denominada «Narcopolítica», también evidencia que los contratos otorgados a Inrimar nunca concluyeron en obras y que el dinero se destinó al financiamiento de campañas políticas del Partido Nacional. Esta investigación involucra a otras personas como el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), Fabio Lobo, y a Hugo Ardón Soriano y Devis Leonel Rivera Maradiaga, contra quienes también hay requerimientos fiscales.

De archivo: Caso de narcopolítica e ilegitimidad de Juan Orlando Hernández desestabilizan el país

En el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, el narcotraficante Alexander Monroy Murillo, antiguo miembro del Cártel de Sinaloa y testigo presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, testificó que Miguel Pastor recibió sobornos del narcotráfico para su campaña política en las elecciones primarias de 2012 del Partido Nacional.

¿Cómo puede proceder la FEES-SJ?

En Honduras, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están protegidos por el Código Procesal Penal, que establece que si el Ministerio Público (MP) pretende acusarlos penalmente, será la misma Corte Suprema quien conocerá del requerimiento, acusación o querella, para lo cual deberá designarse un tribunal de sentencia y una corte de apelaciones.

Para el fiscal Santos, la otra vía a agotar sería solicitar que el Congreso Nacional (CN) investigue la conducta de estos magistrados y magistradas a través de un juicio político, que podría culminar en su destitución.

«En el caso de los magistrados aún en funciones, el Congreso es el encargado de decidir sobre su separación del cargo. Pero para determinar la responsabilidad penal, dado que los magistrados son considerados altos funcionarios del Estado, el procedimiento debe pasar por la Corte Suprema de Justicia, que designará a otros magistrados para conocer el caso, ya que los de la Sala de lo Constitucional están involucrados», explicó a Contracorriente el fiscal de la Uferco. 

Los magistrados y magistradas de la CSJ son elegidos por el CN, y su destitución también debe pasar por este órgano a través de un juicio político. Esta figura fue creada después de la destitución arbitraria e ilegal el 12 de diciembre de 2012 de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes declararon inconstitucionales las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), antecesoras de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) en el período 2009-2016. Este fallo motivó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en el caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras, que obligó al Estado hondureño a otorgar medidas de reparación por un monto de hasta dos millones de dólares (más de 51 millones de lempiras).

La solicitud de investigación contra las y los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional se presentó un mes después de que el fiscal general del MP, Johel Zelaya, informara sobre la apertura de una investigación contra dos magistrados de la Sala de lo Penal de la CSJ, acusados de haber recibido un soborno de tres millones de lempiras (aproximadamente 120,000 dólares) de una persona condenada por el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

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Durante los últimos meses, también han sido procesados judicialmente los cinco exmagistrados de la Sala de lo Constitucional del período 2016-2023, por prevaricato judicial. Sin embargo, el 17 de febrero de 2025, un juez del Juzgado de Corrupción, Criminalidad Organizada y Medio Ambiente les dictó sobreseimiento definitivo. Los magistrados y magistradas estaban procesados por un mal procedimiento en un caso relacionado con una sentencia de amparo a favor del sindicato de docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Los exmagistrados de la Sala de lo Civil del período 2016-2023 también están siendo procesados judicialmente por la FEES-SJ por prevaricato judicial, según el MP, «por haber emitido una sentencia contraria a la ley en marzo de 2022, con el propósito de beneficiar a instituciones bancarias demandadas por una cuantía de 159.8 millones de dólares (más de cuatro mil millones de lempiras)». El 24 de octubre de 2024, un juez del Juzgado de Corrupción, Criminalidad Organizada y Medio Ambiente dictó auto de formal procesamiento para estos tres exmagistrados.

Por Merle Iliná
Portada: cortesía Red Regional de Familiares Migrantes

Desde temprano y con algo de frío, el lunes 27 de enero del 2025, un grupo de personas comenzamos a reunirnos a eso de las ocho de la mañana en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, la plaza más importante de este país. A la altura de Palacio Nacional, actual casa de gobierno de la presidencia mexicana, entre la multitud empieza a asomarse el rostro de un joven llamado Óscar Antonio López Enamorado, de nacionalidad hondureña, con una mirada profunda que nos observa con serenidad. 

Pero, aunque lo sentimos muy presente, Óscar no puede estar aquí físicamente; él fue desaparecido el 19 de enero del 2010 en el estado de Jalisco, mientras migraba desde Honduras hasta Estados Unidos para perseguir sus sueños, como muchos otros jóvenes centroamericanos. 

La mirada de Óscar viene de una megafotografía de 4 por 6 metros, traída por un grupo de artistas solidarios del colectivo «Huellas de la memoria». Instalaron esta imagen en el espacio público para acompañar el acto de memoria y protesta convocado por su madre Ana Enamorado, cuya lucha para encontrar a su hijo la llevó a migrar a México desde Honduras y fundar su propio colectivo de búsqueda, la Red Regional de Familias Migrantes, con la misión de acompañar otros casos de personas centroamericanas.

Tras poco más de una hora, en la que uniformados y policías vestidos de civiles se acercaban constantemente a amedrentar y cuestionar, la imagen gigante de Óscar Antonio López Enamorado se colocó en el Zócalo, a la vista de las autoridades que despachan en Palacio Nacional y de los transeúntes. En este espacio público se disputa la memoria de las personas desaparecidas. Desde el año pasado, Ana Enamorado y otros familiares sembraron memoriales con fotografías y mensajes para visibilizar a sus seres queridos; lamentablemente, estos fueron injustamente retirados y vueltos a desaparecer por las autoridades, las que hasta la fecha no han querido devolverlos, pese a una orden judicial que obligaba su resguardo.

Acompañada de otras familias buscadoras mexicanas, a 15 años de la desaparición de su hijo Óscar Antonio, Ana Enamorado denunció en un comunicado la omisión, indolencia y negligencia de las autoridades, tanto de Honduras, como de México. A pesar de que hoy en día hay dos mujeres en la presidencia de ambos países, señala que ambas «han quedado mal», pues cuando era jefa de gobierno, la actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se negó a recibir a las familias que conforman la Glorieta de las y los Desaparecidos —un espacio de memoria tomado por las familias en el corazón de la Ciudad de México— y no ha prestado interés al tema en su agenda de gobierno. En el caso de Honduras, Ana Enamorado hizo público que envió a través de la embajada hondureña en México una carta a la presidenta Xiomara Castro, a la cual tampoco ha recibido respuesta. 

Honduras, México, e incluso los Estados Unidos —los cuáles abanderan una política antimigratoria que se ha acentuado con la administración Trump— tienen una deuda muy grande con Ana Enamorado, con Óscar, con las miles de personas que se ven obligadas a salir de sus países y, especialmente, con las familias que esperan el regreso de los suyos, pues migrar es un derecho humano y ningún ser humano es ilegal. La mirada de Óscar interpela a tres países, como un recordatorio de la búsqueda humanitaria que las autoridades no han querido hacer, pues es la responsabilidad del Estado encontrar a las más de 120 mil personas, connacionales y migrantes, desaparecidas en México. 

A la revelación de la megafoto de Óscar y la jornada de conmemoración se sumaron otras actividades lideradas por personas solidarias, como una ceremonia ecuménica para pedir por el regreso de las personas desaparecidas, un número de danza a modo de protesta, con la presencia especial de los huéspedes del albergue Casa Tochan, jóvenes migrantes, quienes también se solidarizaron con Óscar Antonio y su mamá a través del rap. Para cerrar el día con algunas risas, pateamos una piñata con la forma del presidente estadounidense Donald Trump, en señal de desacuerdo con sus políticas racistas y antimigratorias. 

Como en esta conmemoración, las familias de personas desaparecidas migrantes y nacionales han tenido que ocupar espacios públicos como el Zócalo con las fotos, nombres y bordados de sus seres queridos para que no sean olvidados por el gobierno y por la sociedad. Así, una de las mayores batallas en este momento histórico en México, además de la verdad y la justicia, es por la memoria de las personas desaparecidas, ante los embates por retirar de plazas y calles distintas obras como murales, bordados, instalaciones de huellas y otros dispositivos artísticos, con el fin de esconder esta tragedia humanitaria y la responsabilidad que conlleva para los gobiernos de Honduras, México y demás países en la ruta migratoria.

Fotografía: Merle Iliná
Fotografía: Merle Iliná

Así como las calles, el cine también se ha vuelto un espacio de resistencia para historias que no pueden olvidarse; la lucha de Ana Enamorado por encontrar a Óscar se cuenta en el documental Tras la vida, de la cineasta guatemalteca Anaïs Taracena (2023), así como el largometraje Toshkua,  de Ludovic Bonleux (2023) que acompaña a la Caravana de Madres Migrantes Centroamericanas en su paso por México para encontrar pistas sobre sus seres queridos, y fue presentado en Honduras por Contracorriente

Al finalizar el acto de memoria, aproximadamente a las dos de la tarde, las personas asistentes y familias buscadoras nos despedimos con un abrazo solidario, lleno de emociones encontradas. El mismo día, en redes sociales, colectivos y medios denunciaron que la megafotografía de Óscar fue mandada a retirar a los pocos minutos de nuestra partida, hecho que generó indignación, pues confirma que a las autoridades mexicanas les incomoda la memoria de nuestras y nuestros desaparecidos. 

Aunque retiraron la megafoto de Óscar, su rostro, su nombre y su mirada seguirán resurgiendo rebeldes en las calles, en las redes y en nuestros corazones, porque nunca podrán arrancar la raíz de la memoria, que es el amor de las familias y de las madres que, como Ana Enamorado, luchan por el regreso a casa de sus hijas e hijos incansablemente, y sin importar las fronteras. 

Hasta encontrar a Óscar Antonio López Enamorado y a todas las personas migrantes desaparecidas. 

Por Persy Cabrera
Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC

Nasralla quiere todo el control. No aspiró a ser diputado ni alcalde, renunció a ser designado presidencial en el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y presume de no haber aceptado ese mismo puesto en el gobierno de Juan Orlando Hernández, pues se dio cuenta a tiempo de que este era corrupto. Nasralla tampoco entró a política para ser un ministro, dice que quiere el «control de toda la situación», quiere ser presidente.

Las elecciones primarias serán el próximo 9 de marzo y Nasralla, después de pasar por dos partidos y una alianza, va de precandidato por el Partido Liberal, un partido que cayó en decadencia a partir del golpe de Estado de 2009. Nasralla disputa la candidatura presidencial con Jorge Cálix quien salió del Partido Libre.

En 2013, Nasralla debutó como candidato presidencial por el Partido Anti Corrupción (PAC), su primer partido. Ahora cuenta que incluso el mismo Juan Orlando Hernández le confesó haber hecho fraude en esas elecciones. En 2017 lo intentó de nuevo con una  Alianza de Oposición contra la Dictadura, una coalición política entre el PAC, Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), y cuenta que también ganó pero dice que Mel Zelaya negoció su triunfo con Juan Orlando Hernández a cambio de que el Partido Libertad y Refundación tuviera representación en los entes electorales. 

En las elecciones de 2021, cuenta que le tocó sacrificar sus aspiraciones presidenciales para responder a una «necesidad nacional» y unirse a una alianza que terminó derrotando finalmente al Partido Nacional; él no era el candidato, sino la actual presidenta, Xiomara Castro.

Ya pasó más de una década desde el primer intento de Nasralla por alcanzar la presidencia en 2013. Ahora se describe como un antisistema, aunque nunca usaría la palabra outsider, y en entrevistas o apariciones públicas enfatiza que no es un político; esa palabra está manchada para él, no es digna de Salvador Nasralla. Por eso prefiere definirse como un «antisistema», un creyente en Dios y en el poder de los Estados Unidos, una persona que desafía al status quo que él mismo ya definió: es aquel que «no lo ha dejado ser presidente», el que vive del «dinero del Estado».

Nasralla me citó en la sede de su movimiento «¡Vamos Honduras!», que pertenece al Partido Liberal, y está instalado en una casa que parece más una escuela bilingüe. Llegó tarde, probablemente porque hay mucho tráfico y él mismo hace su agenda, así que él va encontrando espacio para todo lo que implica ser precandidato presidencial, padre, periodista deportivo y presentador de un programa de televisión insignia en Honduras. 

Desde que se unió al Partido Liberal es difícil verlo públicamente con algo que no sea un traje blanco y corbata roja, una chaqueta o camisa roja y un pantalón blanco o viceversa, pero hoy llegó con un traje gris con minúsculas cuadrículas blancas, una camisa blanca y claro, una corbata roja.

Es martes, y Nasralla me explica que él trabaja incluso los sábados y domingos, que así ha sido siempre. Viene de otra  entrevista y al despedirse de nosotros tendrá otra; mañana será entrevistado de nuevo a las siete de la mañana, después tendrá un evento y pasado mañana, el jueves, estará en la grabación del programa X-0 Da Dinero, su programa estrella en la televisión, que consiste en hacer concursos con preguntas de cultura general y popular, visitas a comunidades o colegios, y un poco de farándula; este 2025 cumple 35 años de estar en emisión. 

Salvador Nasralla en la sede del movimiento «¡Vamos Honduras!» que lidera en el Partido Liberal. Tegucigalpa, 4 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen
Salvador Nasralla en la sede del movimiento «¡Vamos Honduras!» que lidera en el Partido Liberal. Tegucigalpa, 4 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen

Nasralla ya entrevistó a iconos de la cultura pop y deportiva como Luis Miguel, Thalía, Pelé, Franz Beckenbauer y Juan Gabriel. Además, narró los partidos de Honduras que nos llevaron a mundiales de fútbol, y desde su programa «Cinco Deportivo» criticó la corrupción en el país. Es el «señor de la televisión». 

Ahora Nasralla es el entrevistado, y está sentado detrás de un pequeño escritorio en la sede de su movimiento. A veces juega con un marcador y choca sus pies con la estructura del escritorio al moverse en la silla donde está sentado. Respondió todas las preguntas de esta entrevista con serenidad, con algunas frases a la altura de lo inesperado que podría ser Salvador Nasralla, pero tranquilo, casi como guardando energía para el debate presidencial que tendrá un par de días después.

Le pregunto por las personas que le inspiran en su viaje político. Salvador responde que le impresiona lo que hizo Mahatma Gandhi en India o Nelson Mandela en Sudáfrica, o lo que quiso hacer John F. Kennedy, «por lo que fue asesinado» añadió. Suena como una respuesta genérica; entonces, antes de añadir otro nombre, porque antes de otros, antes está Nasralla, apuntó que él no es político por vocación, sino por circunstancias. 

La circunstancia, de acuerdo con su versión de los hechos, fue que el pueblo hondureño le pidió ser candidato a la presidencia.

Entonces le pregunto si quizá está viviendo  una especie de «viaje del héroe», este concepto creado por el antropólogo y mitólogo Joseph Campbell, que en resumen define el modelo básico de relatos de ficción, según el cual, el o la protagonista vive en un mundo ordinario y recibe un llamado para entrar en un mundo desconocido en el que debe enfrentarse a diversas tareas y pruebas, y después de obtener la victoria, regresar con nuevos dones para mejorar el mundo.

Nasralla no sabe de qué le estoy hablando y dice rotundamente que no. Mientras que héroes como Luke Skywalker, un ejemplo fiel del «viaje del héroe», ocuparon la guía de mentores, Nasralla dice que él ya es alguien instruido, que siempre supo «como se hacen bien las cosas», «tal vez» anticipa Nasralla, «tal vez Dios tiene una misión para mí, yo sí creo que Dios tiene sus tiempos».

Ahora vemos al Nasralla más religioso, orando en sus mítines políticos mientras toma de la mano a Iroshka Elvir, su esposa y también precandidata a diputada por el Partido Liberal en Francisco Morazán. También ha publicado videos postrado orando «por Honduras» en una calle de Tegucigalpa. También se arrodilló en Ocotepeque, pero para pedirle a Dios que la presidenta Xiomara Castro le diera  continuidad al tratado de extradición. Una de sus más apasionadas adversarias lo tilda de hipócrita por estas manifestaciones religiosas. 

Iroshka Elvir y Salvador Nasralla durante su juramentación como miembros del Partido Liberal. Distrito Central, 23 julio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen
Iroshka Elvir y Salvador Nasralla durante su juramentación como miembros del Partido Liberal. Distrito Central, 23 julio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen

Marlene Alvarenga es la actual presidenta del Partido Anti Corrupción (PAC), que fue inscrito en 2013 por Salvador Nasralla. Fue el primer partido político inscrito por él, el de su primera incursión a la presidencia, esa que dice que le robaron, hecho supuestamente admitido por Juan Orlando Hernández en la noche del 30 de noviembre frente al propio Nasralla, en una reunión en la que hablaron por seis horas en casa de un conocido en común.

Tras esas elecciones de 2013, trece diputados del PAC resultaron electos para legislar en el Congreso Nacional, incluida Marlene. Nasralla dice que a tres de ellos les pagaron 500,000 dólares para votar por la nómina oficialista de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2016, saltándose así la «línea» del partido. Nasralla ordenó iniciar una investigación para averiguar quiénes la saltaron.

Donde vaya, si le preguntan por él, Marlene dibuja con muchos adjetivos, en mayoría ofensivos, a Nasralla. En la entrevista de 27 minutos que le hicimos, Marlene detalló con más de 4,500 palabras lo que opina de él; incluso tiene una lista de términos peyorativos esperando en el celular para salir a brillar en el momento adecuado. En unos momentos la sacará.

Marlene señala que Nasralla no puede gobernar un país porque ni siquiera pudo ser un líder para los trece diputados del PAC en el periodo de 2013-2017. De esa época recuerda que él tenía una dirección «inestable» del grupo y que, por ejemplo, después de reunirse y de llegar a un consenso con la bancada para votar a favor o en contra de una ley o proyecto de ley, él les «mandaba un WhatsApp y decía: “No, ya no, la posición va a ser esta”».

Ahora Marlene dice que le ha tocado sostener el partido, que si no fuera por ella, el partido hubiera desaparecido, «porque él todo lo que empieza no lo termina».

Nasralla dice que su papá y sus seis tíos eran pastores misioneros, que él fue monaguillo en el colegio católico al que asistió, pero a fin de cuentas no le importa decir si es católico o evangélico, él es cristiano. Marlene, por su parte, aprovechó para señalar que ella no es una pastora, su esposo sí, y que ella también es creyente, ama a Dios y lee la Biblia, y que por eso tiene la autoridad moral para decir que la faceta de Nasralla como hombre religioso es hipocresía, y además lo llama «fariseo, saduceo»… y se viene la lista. 

Ella ya «descifró» a Salvador. Por eso revisa su celular en busca de esa lista que lo demuestra… La encuentra y entonces inicia: «Es un idiota, un ridículo»; se detiene y saca un «escuche bien lo que le estoy diciendo», de una manera que solo podría anunciar un pastor evangélico con oratoria pentecostal. Continuó: «Trolero, fulero, tramposo, fariseo, hablador, globero, chivero, bocón, jetón, chilero, embustero, falaz, basura, trapo senil, embustero, falaz, calumniador, psicópata» (…) y si ya era una lista digna de volverse viral en redes sociales, terminó con un «entre muchas cosas más».

***

«Salvador es un árbol frondoso que cobija a cualquier líder político local o departamental con su buena sombra», expresó Javier Franco, director ejecutivo de la campaña de Nasralla a nivel nacional. Franco contó que es liberal desde hace treinta años y que desde hace quince es consultor político enfocado en comunicación y planificación estratégica para candidatos políticos. Hasta 2023 fue comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), más conocida como Unidad de Política Limpia y en julio de 2024, entró al equipo de Salvador.

Esa sombra es el beneficio directo de «50 años de marca que tiene Salvador», dijo Javier y agregó que «la campaña de Salvador es él mismo». 

Nasralla, por su parte dice que esta campaña le cuesta su propio dinero, que solo recibió 14 millones de lempiras de deuda política en 2013. En 2017, cero. En 2021, cero. 

Javier Franco es el director ejecutivo de la campaña «¡Vamos Honduras!», y explicó que fue llamado a este movimiento para ayudar en la parte «técnico-política» de la campaña de Salvador Nasralla. Tegucigalpa, 11 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen
Javier Franco es el director ejecutivo de la campaña «¡Vamos Honduras!», y explicó que fue llamado a este movimiento para ayudar en la parte «técnico-política» de la campaña de Salvador Nasralla. Tegucigalpa, 11 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen

En estas elecciones primarias Nasralla se enfrenta a una candidata como Maribel Espinoza, quien ha sido la apoderada legal de empresas como Banco Ficohsa,  Sulambiente y de Aguas de San Pedro en demandas millonarias contra el Estado hondureño. Espinoza formó parte de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) en el Congreso Nacional, fundado por Salvador Nasralla en 2019.

También está Jorge Cálix, quien también se refugió en el Partido Liberal tras separarse del Partido Libre, y parece ser el candidato más cercano a librar una batalla cercana en las urnas contra él. Cálix también se proclama el elegido y mantiene una campaña agresiva; solamente en tres meses, entre el 10 de noviembre de 2024 y el 10 de febrero de 2025, gastó unos 700,000 lempiras en pauta digital, según datos de Meta. Maribel Espinoza, por su parte, ha invertido en publicidad en Meta más de 100,000 lempiras en ese mismo periodo.

Mientras tanto, Nasralla ha gastado cero lempiras en publicidad en ese periodo, al menos en las redes sociales comandadas por Mark Zuckerberg. En su faceta de empresario, apenas participó en el año 2000 en la constitución de una sociedad denominada Academia Nacional de Fútbol S. de R. L. de C. V., a la que aportó 146,000 lempiras. En 2010 vendió sus acciones.

Javier Franco explicó que en su trabajo siendo comisionado de la Unidad de Política Limpia diseñaron una «metodología o técnicas de análisis informativo que iba a permitirnos ver el tema de las redes sociales», pero que en la Ley Electoral las redes sociales no están reguladas.

Para Javier, Nasralla ya «nació como un precandidato liberal con una red orgánica», y alardeó diciendo que si «sumamos dos figuras públicas muy importantes, ni siquiera sumando dos figuras públicas muy importantes, llegan a la cantidad de seguidores que Salvador Nasralla tiene en su cuenta de X». Franco dejó claro que no hay bots, no hay una agencia de publicidad, no hay pauta, no hay influencers. Nasralla es la campaña y la campaña es Nasralla.

Es por eso que para acabar con los fraudes que denuncia, para estas elecciones Nasralla convoca paulatinamente en sus redes sociales a un «ejército» para que defienda su voto en las mesas electorales el 9 de marzo. Le pregunto a Javier Franco cómo organizan esas filas de soldados para defender el voto de Nasralla. 

Entonces Javier respondió: «Lo que le voy a  decir posiblemente le beneficie en su reportaje»; seguidamente esa confianza se desbarató diciendo «o no». Y continuó diciendo que a él le gusta hablar con lenguaje muy gráfico; por eso expresó con solemnidad: «Con Salvador y el Partido Liberal tenemos el encuentro de dos mundos».

De acuerdo a él, Nasralla tenía una campaña «aire», y explicó que era una campaña en la que aparecía en medios de comunicación y gozaba de popularidad pero sin una estructura partidaria en los 18 departamentos del país. Ahora en el Partido Liberal encontró una «estructura sólida», que estaba «deprimida», «con una militancia expectante de encontrar un liderazgo que no hallaba». 

Fernando Fortín, el gerente de campaña de Jorge Cálix, lo entiende de otra manera,  y estima que esos llamados de Nasralla a su «ejército» demuestran que no se considera ganador, y que el «señor de la televisión» es alguien con «muy pocas propuestas serias, y su discurso permanente es que va a haber fraude».

Fernando Fortín, gerente de campaña del movimiento «Juntos por el Cambio», del precandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Cálix. Tegucigalpa, 13 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Fernando Fortín, gerente de campaña del movimiento «Juntos por el Cambio», del precandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Cálix. Tegucigalpa, 13 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Fortín es un liberal orgulloso; dice que él nació en este partido y en el exilio, pues su padre fue uno de los grandes opositores de la dictadura de Tiburcio Carías Andino y tuvo que salir a México escapando de este régimen.

El exilio lo llevó junto a su padre a El Salvador, quien continuó apoyando al Partido Liberal económicamente hasta que el país volvió a la democracia en 1982. Fortín relató que inició pegando afiches en el Partido Liberal, y llegó a ser candidato a vicealcalde del Distrito Central junto al entonces candidato a alcalde Mauricio Villeda, en 2012. En esas elecciones perdieron ante Nasry Asfura del Partido Nacional. 

Fortín asegura que Nasralla y Cálix «revivieron» el Partido Liberal. Nasralla revivió el partido y también «creó controversias» con su ingreso, de acuerdo a Fortín. Según el gerente de campaña de Jorge Cálix, Nasralla no puede seguir aumentando su popularidad y ya está «estancado» en sus aspiraciones. Dice que en su campaña tienen una línea trazada, no responder a las «piedras» que tira Salvador Nasralla.

A Nasralla le encanta lanzar piedras.

Es el día del debate organizado por la Universidad de San Pedro Sula (USAP), pero antes se debe grabar el programa número 1,821 de X-0 Da Dinero. El tiempo ha pasado, 35 años para ser exactos. Ya no hay graderías en el set de grabación y por lo tanto, tampoco público. Ahora el programa se graba en dos segmentos, una parte en la que las preguntas de los concursos se plantean en redes sociales, y una segunda parte en la que llegan algunas personas a concursar en el set.

Nasralla viste con un conjunto deportivo color beige. De vez en cuando se acerca para preguntarnos si sabíamos un dato del programa; por ejemplo, si sabíamos que el programa inició con «Parejas vs Parejas», un concurso de preguntas de conocimiento popular y general que todavía realiza. 

El tiempo alcanzó para un par de fotos y una pregunta: ¿Ha pensado en alguien que siga con el programa? Él respondió que no ha pensado en eso, pero que cuando sea presidente, «obviamente alguien tiene que seguir con el programa».

Entonces le empezaron a quitar el equipo de micrófonos, y Nasralla me dijo que iba camino a San Pedro Sula a un debate. 

Salvador Nasralla en la grabación número 1,821 del programa X-0, en el que celebró el 35 aniversario de emisión. Tegucigalpa, 6 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen
Salvador Nasralla en la grabación número 1,821 del programa X-0, en el que celebró el 35 aniversario de emisión. Tegucigalpa, 6 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen

En el debate aprovechó para lanzar algunas piedras y jugar con fuego con sus declaraciones. Mientras los demás precandidatos, Maribel Espinoza, Luis Zelaya y por supuesto Jorge Cálix, estuvieron de pie durante la transmisión, él estuvo sentado prácticamente durante todo el debate.

Nasralla coloreó con imágenes sus propuestas; por ejemplo, él no quiere que solo haya internet en todo el país, él quiere «bañar» con este todo el territorio. Los ejes temáticos no le importaron; si le preguntaban por la automatización y la inteligencia artificial, la respuesta era sobre el problema de la corrupción. Si le preguntaban cómo fomentará que los jóvenes terminen su educación, parte de la respuesta fue que «el 80 % de la clase política es corrupta». Sobre la crisis migratoria, pues que la raíz del problema es la corrupción.

Cuando respondía, de vez en cuando en la transmisión se podía ver a Jorge Cálix voltear a verse con Luis Zelaya y sonreír.

En su última participación, con Yani Rosenthal, actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal en primera fila, soltó su última piedra, y se aseguró de que esta golpeara y sonara fuerte. «La corrupción está en los tres partidos (Nacional, Liberal y Libre). Los narcotraficantes y el crimen organizado están en los tres partidos y hacen negocios entre ellos, y aquí hay algunas personas metidas en eso». Se hizo el silencio. Nadie aplaudió, y luego se escuchó un murmullo entre la gente.

Esto obligó a Jorge Cálix a que en su última participación tuviera que defender el honor de un partido que este año cumplió 134 años. «El Partido Liberal no es un partido corrupto, no podemos juzgar a una institución centenaria por las actitudes de algunos de sus miembros» dijo en su mensaje de cierre. En 2017, Yani Rosenthal se declaró culpable por participar en transacciones monetarias de propiedades derivadas del tráfico de drogas. Fue juzgado y sentenciado en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York con 29 meses de cárcel.

Pero ese es el Nasralla que conocimos siempre, «el señor de la televisión» que denunció la corrupción los domingos y que salía en televisión a denunciar que familiares del en ese entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tenían nexos con el narcotráfico. Al final no solo eran sus familiares. Juan Orlando Hernández fue extraditado, enjuiciado, sentenciado y ahora cumple una condena de 45 años por delitos de narcotráfico.

El 30 de noviembre de 2017 Salvador Nasralla denunció que le robaron las elecciones, Iroshka Elvir lo acompaña en lo que sería el inicio de la crisis post-electoral en Honduras. Tegucigalpa, 30 de noviembre de 2017. Foto Archivo CC.
El 30 de noviembre de 2017 Salvador Nasralla denunció que le robaron las elecciones, Iroshka Elvir lo acompaña en lo que sería el inicio de la crisis post-electoral en Honduras. Tegucigalpa, 30 de noviembre de 2017. Foto Archivo CC.

Esa actitud también ha contagiado a Iroshka Elvir, precandidata a diputada por el Partido Liberal en Francisco Morazán, quien dijo hace unos días que «en las encuestas Salvador Nasralla es más grande que el mismo partido (Liberal)», a lo que Jorge Cálix también tuvo que salir a responder diciendo que «nadie está por encima del Partido Liberal». En 2015, Iroshka participó en el Miss Universo en representación de Honduras. Salió al escenario vestida con un traje representativo de la cultura maya, y después publicó una foto en redes sociales con ese traje y un rótulo que exigía: «CICIH YA».

Ella se ha convertido en una de las voces más beligerantes de la oposición en el Poder Legislativo, representando al Partido Salvador de Honduras, y también ha acompañado a Salvador en su campaña. La complicidad es total. Después de que la presidenta Xiomara Castro anunciara una pausa a la denuncia del tratado de extradición, Iroshka recordó que Salvador Nasralla se postró y puso esa petición en Dios. «Cuando pides con fe, las respuestas llegan», publicó en X.

En una reciente entrevista definió a Nasralla como «orden, disciplina y amor por Honduras».

***

Nasralla dice que, de no ser él, ningún otro precandidato del Partido Liberal podría ganar las elecciones generales en noviembre, y lanzó una profecía: dice que si él no gana, Honduras caerá en una hambruna. Por eso, según él,  en sus propuestas la agricultura juega un papel importante. 

Pero no hay que preocuparse, «Dios tiene sus tiempos» y Nasralla cree en eso. «En 2013, probablemente yo no estaba tan preparado cuando Juan Orlando Hernández decidió robarme las elecciones. En 2017, los comunistas probablemente hubieran acabado con mi vida. Entonces, Dios tiene sus tiempos, y yo creo que Dios ha decidido que este sea mi tiempo».

Por Persy Cabrera
Fotografías: Fernando Destephen

Llevamos años preguntando, ¿qué pasa o pasará con el rock? Gene Simmons, bajista de Kiss, ha sostenido desde 2014 que el género está muerto, mientras Joe Perry, guitarrista de Aerosmith, dijo que el rock no tiene por qué ser popular para estar vigente o no en el mundo. El cantante hondureño Marlon Garay, un día antes de unirse a cantar junto a otros grandes nombres del rock hondureño un 14 de febrero, me respondió que si hacemos una traducción «bruta, cruda», este género musical es una «roca» que no puede quebrarse.

Marlon nos recibió mientras ensayaba para Rock & Love 2025, el concierto del que es organizador junto a Garra Entertainment, y que definió como una celebración para «ver físicamente y no solo con palabras» que a él y los amigos que lo acompañaron en esa velada del 14 de febrero, los unen la música y el amor.

Estuvimos en Tegucigalpa, en el Teatro Renacimiento de Plaza Millenium, un centro comercial que ha sobrevivido al paso del tiempo, aunque quizá en otros tiempos era más popular. El equipo organizador de Garra Entertainment estaba pegando las etiquetas de los números de los asientos. Marlon acababa de ensayar con Ana Zúñiga, exvocalista de la banda capitalina Le Fou, una canción de Heart que formará parte del setlist del Rock & Love 2025. Fuera del estereotipo de look rockero, con una camisa blanca, jeans, y tenis plateados muy brillantes, parecidos a unos Total 90 de Nike, Marlon contó su vida y qué lo llevó hasta ahí.

Marlon Garay y Nilo Espinal durante el concierto Rock & Love en el teatro Renacimiento. Tegucigalpa, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.
Marlon Garay y Nilo Espinal durante el concierto Rock & Love en el teatro Renacimiento. Tegucigalpa, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.

Marlon creció escuchando rock, pero enfatizó: rock romántico. Siempre ha estado enamorado de las baladas, y especificó mejor: de las power ballads. Recordó que a su mamá le encantaban Los Beatles, Queen, y que en su cocina en El Progreso, Yoro, eso era lo que ella escuchaba, mientras en el vecindario reinaban otros sonidos. «Era un mundo separado cuando ella cocinaba y escuchaba esta música» contó Garay.

Luego viajó a Estados Unidos cuando tenía 18 años; hoy tiene 53. Fue un viaje para visitar un tío en Akron, Ohio, con un boleto pagado por sus papás. Con una guitarra que llevó se fue a los parques a cantar y tocar, contó que con un inglés «horrible» y «machucando» las canciones de Bon Jovi, porque creció escuchándolo a él, y la gente empezó a donarle dinero. Entonces se planteó, «me llama la atención la música» y «qué tan rápido uno puede vivir de esto».

Fue a un colegio de música, para poder «codearme con gente que sabe el lenguaje» explicó; luego empezó a trabajar de «guitarrista prestado», viajando de un estado a otro; lo llamaban para tocar con otras bandas, componer o hacer arreglos. Y entonces formó la banda Distant Thunder junto a Jim Kuzawa.

Distant Thunder pegó, y pegó fuerte. Todavía hay registros de ese golpe, el video oficial de All I need, subido a Youtube en 2020 por alguien que expresó «estar feliz por los hondureños», que tiene decenas de comentarios de personas sorprendidas de conocer que esta canción fue cocreada e interpretada  por un hondureño.

En una publicación del video en Facebook se puede leer: «En la década de los 90 muchos bailamos y cantamos esta canción sin saber que el vocalista era un hondureño». Ahí alguien más comentó algo crucial sobre la figura de Marlon: «Juraba que era de Bon Jovi».

El 14 de febrero, en el Rock & Love 2025, Nilo Espinal, vocalista de la banda hondureña Diablos Negros y también artista invitado de este evento, contó que cuando escuchó All I need también le dijo a alguien: «Qué salvaje esa rola de Bon Jovi».

Marlon Garay al iniciar el concierto con amigos músicos el 14 de febrero en el teatro Renacimiento. Tegucigalpa, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.
Marlon Garay al iniciar el concierto con amigos músicos el 14 de febrero en el teatro Renacimiento. Tegucigalpa, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.

Emular la voz del cantante Jon Bon Jovi llevó a Marlon a ser conocido como «el Bon Jovi hondureño». Le pregunté sobre eso, cómo se siente. Me respondió que es un privilegio ser conocido así, un honor «estar en el mapa» y ser un «puntito» en ese mapa; para él, con representar a Honduras y que le llamen el «Bon Jovi hondureño» es suficiente para dormir tranquilo.  

Tras el éxito de Distant Thunder y de ser el «Bon Jovi hondureño», Garay trabajó en Epcot, un parque temático ubicado en el Walt Disney World Resort ubicado en Florida, donde entrenó a diferentes bandas que se presentarían en ese lugar.

Ahora, Marlon también está interesado en el cine. En 2016 hizo la banda sonora de Cuando te hablen de amor, una película hondureña dirigida por Danilo Solís, y además actuó en ella: «Estoy haciendo cortos yo también y aprendiendo cómo manejar cámaras y cositas así», explicó Garay.

El día de Rock & Love 2025

Una batería, una guitarra acústica, un teclado, la voz de Marlon Garay, y por supuesto la de los invitados: Ana Zúñiga, la exvocalista de Le Fou; Nilo Espinal, el vocalista de Diablos Negros; Junior Banegas, el vocalista de Orins, Elías Espinal; el vocalista de Delirium y exvocalista de Diablos Negros, Marvin Corea.

Orins, Diablos Negros, Delirium, son algunas de las bandas insignias del rock y metal hondureño; nacieron entre los ochenta y los noventa en Honduras, y son esas voces que no han permitido que el rock se quiebre. Si las baladas de estas bandas ya sonaban con nostalgia, ahora que desde hace un tiempo se debate el deceso del rock, los fans se aferran más a esta música. 

Esa nostalgia continúa. Basta entrar a los comentarios de «Y mil veces» de la banda Le Fou; ahí, entre malos tratos al reguetón, se encuentra una ventana a una época en la que esta banda tocaba en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de acuerdo a un usuario, en una época en la que Tegucigalpa era otra, y también leer los comentarios de aquellos que extrañan Honduras mientras escuchan esta canción.

Por eso Marlon deseó unirlos, sí, para homenajear estas voces por «pavimentar el camino», y también para recordar y «vivir el presente», dijo en medio de una de las interpretaciones.

Elias Espinal durante su presentación en el concierto Rock & Love en el teatro Renacimiento. Tegucigalpa, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.
Elias Espinal durante su presentación en el concierto Rock & Love en el teatro Renacimiento. Tegucigalpa, febrero de 2025. Foto CC/Fernando Destephen.

Uno a uno, los cantantes invitados fueron pasando. Las canciones icónicas de las bandas representadas sonaron junto a, por ejemplo, las canciones que marcaron a Garay, las de Heart o Whitesnake. Incluso hubo tiempo para tener un invitado sorpresa: Delmer Flores, un periodista de la Radio Nacional de Honduras, que cautivó con su voz a Garay y fue invitado al evento. Flores interpretó la canción de un romántico por excelencia: José Luis Perales.

¿Qué pasará con el rock? Quizá sea aquello de que mientras haya alguien para cantar, seguirá existiendo. Marlon Garay expresó que espera que el Rock & Love sea algo anual, algo diferente cada año con otras bandas invitadas, y que también tenga proyectos para aquellas bandas que quieren salir adelante, que quizá no tienen donde grabar. Más que Rock & Roll, que sea Rock & Love, dijo Marlon.

El Congreso no entregó los estados de cuenta ni informes de liquidación de las tarjetas de crédito a nombre del Congreso Nacional para uso de Luis Redondo y su secretario Edson Argueta, a pesar de un dictamen de la gerencia legal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que ordenó hacerlo tras una solicitud presentada por Contracorriente en agosto de 2023. Dicho dictamen también señala una «reiterativa opacidad que caracteriza al Congreso» y califica sus justificaciones para no entregar la información como carentes de lógica, inexistentes e ilegales. El IAIP también resolvió a favor de una solicitud de este medio para que el Congreso entregue información relacionada con la liquidación de subvenciones y un listado detallado de los parlamentarios que las reciben.

Texto: Fernando Silva y Celeste Maradiaga
Portada: Persy Cabrera
Fotografías: Fernando Destephen

El 19 de febrero de 2025, tras 18 meses de espera, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) envió la resolución de un recurso de revisión presentado por un periodista de Contracorriente en contra la negativa del Congreso Nacional, en agosto de 2023, de entregar información sobre el Plan Operativo y Presupuesto 2022-2023, las actas de Junta Directiva de 2022 y 2023, y los estados de cuenta de las tarjetas de crédito asignadas a Luis Redondo, presidente del Legislativo, y su secretario privado, Edson Argueta.

La oficina de Transparencia del Congreso Nacional había contestado que no podía entregar la información debido a una supuesta confidencialidad, ya que darla pondría «en riesgo o perjudica la seguridad del Estado y la estabilidad económica y financiera o monetaria del país».

La resolución del IAIP incluye un dictamen legal interno presentado por la Gerencia Legal de ese instituto en diciembre de 2023, en el que recomiendan que «se ordene al Congreso Nacional hacer entrega inmediata y en el formato disponible» de la información requerida por este medio. 

El dictamen señala a las justificaciones para no entregar lo solicitado como carentes de «estructura justificada y lógica ya que la oficial de transparencia pretende hacer creer a este Instituto que las “actas de las sesiones de Junta Directiva” son confidenciales, cuando estas más bien gozan el carácter de públicas de oficio». El dictamen también concluye que la supuesta confidencialidad de la información es «inexistente e ilegal».

Congreso Nacional presidido por Luis Redondo, con Carlos Zelaya, entonces secretario del Legislativo, a su derecha. Distrito Central, febrero de 2023. Foto CC / Fernando Destephen.
Congreso Nacional presidido por Luis Redondo, con Carlos Zelaya, entonces secretario del Legislativo, a su derecha. Distrito Central, febrero de 2023. Foto CC / Fernando Destephen.

El documento enviado por la gerencia legal del IAIP concluye en su cuarto punto recomendando que se remita la documentación del caso al Ministerio Público, al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) para iniciar un proceso investigativo sobre la información pública solicitada y denegada de «forma dolosa de parte del Congreso Nacional».

El 19 de septiembre de 2023, Contracorriente publicó una nota sobre la falta de transparencia en el uso de tarjetas de crédito tras la denuncia de una fuente, que se mantuvo en anonimato por seguridad, quien informó que tanto Luis Redondo como su secretario privado Edson Argueta (a quien en ese entonces ya apodaban Edson «Tarjeta»), tenían tarjetas de crédito de la banca privada a nombre de y pagadas con fondos del Congreso Nacional. Según la denuncia, todos los días se realizaban retiros en efectivo de esas tarjetas.

Contracorriente verificó que los estados de cuenta de las tarjetas de crédito no estaban en el portal de transparencia del Congreso. En mayo de 2023, presentamos una primera solicitud de información, que incluía esos estados de cuenta, informes de liquidación, el Plan Anual Operativo y Presupuesto, el Plan Anual de Compras (PAAC) y las actas de la Junta Directiva de 2022 y de enero a abril de 2023. Al no recibir respuesta, reiteramos la solicitud en agosto de 2023, pero, incluso tras una prórroga, el Congreso no entregó la información.

Una fuente informó a este medio que el monto autorizado por el banco emisor era de 100 mil dólares, equivalentes a L 2,470,000, y que estos montos son de uso mensual.

Luego, el 31 de octubre de 2023, Contracorriente publicó una nueva historia sobre el caso, detallando que este medio tuvo acceso a dos estados de cuenta del 2022 de la tarjeta de crédito a nombre del Congreso Nacional, en los que se registraban retiros en efectivo y compras en lugares de servicios de entrega a domicilio, supermercados, restaurantes, hoteles y vuelos. Los montos en ambos estados de cuenta ascendían a 443 mil 559 lempiras (USD 17,742). Varias de esas compras fueron verificadas por nuestro equipo en los comercios utilizados. 

Los montos en ambos estados de cuenta ascendían a 443 mil 559 lempiras (USD 17,742).
montos en ambos estados de cuenta ascendían a 443 mil 559 lempiras

El jueves 20 de febrero de 2025, el CNA mencionó el caso reportado por Contracorriente en el informe de su Mecanismo de Incidencia Ciudadana titulado «Del Congreso que votamos», y apuntan que presentaron diversas solicitudes de información «con el propósito de esclarecer la existencia y uso de dichas tarjetas»; sin embargo, el Congreso les contestó que la información no existía, a pesar de que el mismo presidente de ese poder del Estado había admitido en conferencia de prensa que sí se habían utilizado tarjetas de crédito para hacer compras en línea.

El abogado Luis Urbina, jefe de la unidad de investigación del CNA, explicó en entrevista con este medio que el dictamen que la gerencia legal del IAIP solicitó que se enviara a las instancias correspondientes para investigar el uso de las tarjetas de crédito no fue enviado al CNA.

«Según la ley, cuando se detectan estas inconsistencias, que pueden establecerse como un acto de corrupción, deben remitir (el informe) al CNA, al MP o el TSC. Sin embargo, los comisionados del IAIP han ignorado esta obligación, limitándose a resolver que el Congreso debe responder dentro de los plazos establecidos, sin exigirle que proporcione la información requerida», explicó Urbina.

Urbina también apuntó que en estos casos el Ministerio Público debería actuar con objetividad y solicitar la información o, en su defecto, secuestrarla, ya que existen indicios suficientes, por ejemplo, sobre el manejo de subvenciones y ayudas sociales que también se mantienen en opacidad. Sin embargo, asegura que el IAIP parece estar encubriendo estas irregularidades. 

En noviembre de 2024, el CNA presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Luis Redondo por la entrega de subvenciones, subsidios y ayudas sociales a diputados y diputadas del Congreso Nacional. Al presidente del Congreso se le denunció por el supuesto delito de administración desleal del patrimonio público.

Fachada del edificio del Ministerio Público en Tegucigalpa. Febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Fachada del edificio del Ministerio Público en Tegucigalpa. Febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

En enero de 2024, este medio solicitó al Congreso Nacional, vía acceso a la información pública, información sobre la ejecución presupuestaria de enero a diciembre de 2023, las liquidaciones realizadas por cada congresista en concepto de subvenciones para ayudas sociales en ese año, y el listado detallado de las personas que han hecho uso de este fondo. Además, se solicitó la cantidad que ha sido asignada a cada congresista y la partida presupuestaria de la cual se erogan estos fondos.

Este medio interpuso un recurso de revisión en febrero del año pasado tras la negativa del Congreso Nacional para proporcionar la información. Un año después, el 11 de febrero de 2025, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), respondió a esta solicitud diciendo que hicieron las debidas solicitudes al presidente de este poder del Estado.

En esta misma respuesta, el IAIP exige al Congreso Nacional que se responda a la periodista de Contracorriente que solicitó la información, y advierte que, de no conceder esta, se podrían aplicar sanciones administrativas a este poder del Estado.

Finalmente, el abogado Urbina, del CNA, aseguró que la investigación por la comisión de estas irregularidades no depende de una denuncia particular, sino que el Ministerio Público tiene la obligación de actuar de oficio. Sin embargo, pese a que el CNA ha informado sobre la negativa de entregar información, el Ministerio Público sigue sin intervenir.

En el contexto de la presentación del informe del CNA el jueves 20 de febrero, la abogada Gabriela Castellanos también hizo alusión a la nota publicada por Contracorriente sobre los pagos recibidos por Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional, tras su renuncia al puesto, procesada por el Legislativo en septiembre de 2024. Carlos Zelaya anunció su renuncia al Congreso Nacional el 31 de agosto, apenas tres días antes de que se filtrara un video donde negoció con narcotraficantes 650 mil dólares para la campaña de Libre en 2013.

Castellanos aseguró que tenían información sobre los pagos que recibe Zelaya, y apuntó que el MP «debería estar recabando la información para presentar un requerimiento fiscal contra el exsecretario del CN, Carlos Zelaya, por seguir recibiendo su salario pese a no pertenecer al hemiciclo legislativo». Hasta la publicación de esta nota el Congreso Nacional no ha respondido sobre los pagos de 175 mil lempiras que desde noviembre de 2024 se acreditaron desde una cuenta de cheques de ese poder del Estado a la cuenta de ahorros del cuñado de la presidenta.

El viernes 21 de febrero, Rodolfo Isaula, portavoz del TSC, anunció que el ente inició una investigación de oficio sobre los pagos a Zelaya, y también a Natalie Roque tras su «retiro temporal» como titular de la Secretaría de Derechos Humanos en febrero de 2024. Sobre Roque, Contracorriente publicó en enero de 2025 que, según los portales de transparencia, ha recibido 943 mil lempiras en salario tras casi un año de su retiro.

Tras su violenta fuga en febrero de 2020,  Alexander Mendoza o Yulan Archaga, más conocido como «El Porky», líder de la Mara Salvatrucha, es fuente de innumerables rumores. En el último, un medio colombiano reportó su captura en ese país, aunque después el mismo diario descartó la detención del líder pandillero. En Honduras, el ministro asesor en comunicación, Milton Benítez –a quien se le vio por última vez en la toma de posesión de Nicolás Maduro– confirmó la captura, aunque la Policía Nacional lo sigue negando. 

Por: Allan Bu

«Mire compa, ahí estaba empinando una cerveza, platicando y riéndose, tranquilo», me contó en confianza un trabajador de eventos sociales en el 2023. «“El Porky” era, hombre, ¿Cómo no lo voy a reconocer yo?», reforzó al percibir mis dudas sobre la veracidad de su relato. El hombre al que se refería era Alexander Mendoza, también conocido como Yulan Adonay Archaga, o simplemente El Porky, líder nacional de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS) –ahora catalogada como estructura terrorista por los Estados Unidos– y protagonista de una «ilustre» carrera criminal en la que se mezclan lo real y lo ficticio. 

Se fugó espectacular y violentamente de los juzgados en El Progreso, Yoro, el 13 de febrero de 2020, y desde entonces historias similares a la de El Porky tomando cerveza en ciudades de la zona norte se escuchan con frecuencia. Abundan la versiones de gente que asegura que lo vio en los Bajos de Choloma, en alguna colonia clase media alta de San Pedro Sula o en Roatán. ¿Será que no se escondía después haberse burlado de la justicia hondureña?

«Es mitad mito, mitad realidad. Esta narrativa fue creada cuando lo involucraron como parte de la estructura nacional (de la MS). Es un operador en el tema del narcotráfico y contribuye mucho a su mito la forma como se escapó de la cárcel, que obviamente muestra un poder de fuego y movilización dentro  de esa estructura», nos dice el escritor y analista Óscar Estrada, autor del libro Tierra de narcos

El domingo 9 de febrero, el fantasma de El Porky volvió a aparecer. Desde Colombia, el medio The Archipiélago Press informó que el poderoso criminal había sido capturado en un suburbio de la Isla de San Andrés. Comenzó un nuevo episodio del mito del pandillero.

La publicación fue replicada en Honduras. Aunque nunca se vio una fotografía de El Porky, el medio hacía referencia a que continuaba con su actividad criminal donde fue detenido. El Gobierno de Honduras desmintió el hecho a través del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.

Detalle de un oficial de la Policía Nacional durante una conferencia de prensa. Distrito Central, julio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.
Detalle de un oficial de la Policía Nacional durante una conferencia de prensa. Distrito Central, julio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

No obstante, el asesor de Casa Presidencial, Milton Benítez, más conocido como el «Perro Amarillo», anunció la captura del líder pandillero y recordó que fue operador del expresidente Juan Orlando Hernández. 

Días después, el mismo medio que anunció su captura tenía en su portada una noticia con el siguiente título: «La extraña evasión de un capo hondureño que tenían ubicado en San Andrés». Cuando ya se había causado revuelo en Honduras con la captura del líder pandillero, el mismo diario escribió que su fuente en la policía les había dicho que el asunto se «calentó».

La captura de El Porky también fue reportada por el medio estadounidense The Mirror, que curiosamente no cita a The Archipiélago Press en su nota y solo menciona que fue detenido en Colombia; además, destaca que es un poderoso líder de la MS en Honduras por el cual el Gobierno de Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares. 

Óscar Estrada piensa que The Mirror tiene su propia fuente de información porque no mencionan nada de San Andrés. «Aunque sea un tabloide y estos tienden a ser más sensacionalistas y menos estrictos,  pero tampoco tendrían por qué publicar una noticia falsa, ya que El Porky no es Richard Gere o Johnny Depp. Obviamente, si aparece esa noticia es porque hay un reporte de parte de las autoridades norteamericanas y ellos (el medio) tuvieron acceso. Ya en espera de extradición», dijo. 

Al trascender la noticia, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un comunicado, pese a que la Policía Nacional negó la captura. En el documento la máxima instancia de justicia en el país recuerda que El Porky tiene condena pendiente en Honduras, así que si es atrapado debe ser devuelto a los tribunales hondureños. 

Para Óscar Estrada, todo este cúmulo de situaciones indica que efectivamente la captura ocurrió, y él piensa que «está en un proceso de negación total por parte de las autoridades estadounidenses y colombianas para evitar que se extradite a Honduras. Lo que están buscando en todo caso es que el hombre sea enviado en secreto a Estados Unidos para que Honduras no lo pueda reclamar. Creo que existe miedo razonable de que si es enviado aquí, sería asesinado». 

¿Cómo creció la leyenda de El Porky? 

Al Porky se le podría describir como un personaje tan común como peligroso, que creció en las calles de Honduras. Según le contó a Juan Martínez en una entrevista para Insight Crime, se fue de su casa a los 10 años y pasó vagando y oliendo resistol por las calles de San Pedro Sula por muchos meses y quizás años, hasta que en una noche de lluvia, mientras escampaba en un edificio abandonado, se encontró con la MS, representada en un grupo de jóvenes que lucían tenis Nike Cortez y que fumaban marihuana. Quizás ese sea el comienzo del mito de El Porky.

Desde ahí, la carrera criminal de El Porky no paró. Se fugó dos veces de la cárcel, la primera en la Navidad de 2015. La segunda tuvo matices hollywoodenses; fue el 13 de febrero, un día antes del Día de San Valentín, en 2020, cuando la pandemia de Covid-19 ya asomaba en Honduras. Fue uno de los hechos más impactantes del mundo criminal en Honduras. Un grupo de 20 hombres armados, con disciplinados ademanes y gran precisión táctica  irrumpió en los juzgados de El Progreso, donde el líder de la MS-13 asistía a una audiencia, asesinó a cuatro policías y se lo llevó. 

Desde entonces creció la leyenda de El Porky, y circularon muchas versiones propias de esta época en la cual la narrativa es dominada con frecuencia por las redes sociales. Algunos decían que fue liberado a fuerza de balas para desaparecerlo porque tenía demasiada información del mundo criminal en Honduras. También se decía que había sido liberado para pagar favores hechos a altos funcionarios del Gobierno anterior.

Al sitio web argentino Infobae le refirieron que Yulan Adonay, o Alexander Mendoza, organizó la muerte de Magdaleno Meza, un narcotraficante que fue brutalmente asesinado mientras permanecía recluido en la cárcel de El Pozo en Santa Bárbara. Nery López, conocido como Magdaleno, supuestamente tenía pruebas que involucraban al expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Tony, ambos condenados por narcotráfico en Estados Unidos. 

¿Rey o peón?

Juan Martínez, escritor y analista salvadoreño, quien ha dado amplia cobertura y seguimiento al tema de maras y pandillas en Honduras y El Salvador, concluyó que la Mara Salvatrucha dio un giro con el liderazgo de El Porky: «Una de las cosas que diferencia a la MS de Honduras con esta mara en otros países, incluyendo El Salvador, que apostó colectivamente a dar el paso de una pandilla a una empresa criminal de origen pandillero. Todo eso es una apuesta de Porky y sus allegados», dijo. 

Martínez recordó que las operaciones y propiedades de la MS se conocieron gracias a la investigación del Ministerio Público denominada «Operación Avalancha» realizada en el 2016 que derivó en el golpe más fuerte que se ha dado a los activos de esta estructura criminal. En la operación se ejecutaron 42 allanamientos, en los cuales se aseguraron lujosas residencias, vehículos y negocios, como una clínica médica en San Pedro Sula.   

La MS como grupo criminal, según ha podido corroborar Martínez en su trabajo de campo, ha crecido respecto a otros grupo criminales por «mantener un constante paquete de negociaciones con diferentes estamentos del Estado, entre estos: pastores evangélicos, líderes comunitarios, policías locales, y todo indica que estas negociaciones y acercamientos han llegado a las altas esferas políticas, sobre todo en el gobierno de Juan Orlando», dijo. 

Además, algo que también han referido varias fuentes a Contracorriente, Martínez dijo que la decisión de la MS de quitar la extorsión en casi todas las formas en la mayoría de barrios de Honduras le ha permitido crecer y que, además, este grupo se ha apropiado de varios sectores que antes pertenecían a pequeñas pandillas, o que incluso estaban bajo control de su más poderoso rival, el Barrio 18. 

Al preguntarle a Martínez si, desde su perspectiva, El Porky en el mundo criminal de Honduras era un rey o peón, respondió: «Creo que ambas cosas. No está el Porky ni la Mara Salvatrucha en el gran juego del narcotráfico. Sí está en ese negocio porque el 79 % de la cocaína –según Naciones Unidas– que va hacia Estados Unidos pasa por Honduras; por supuesto que están metidos y son un actor relevante en lo nacional, en lo internacional no creo». 

«Es muy raro encontrar algún grupo criminal en Honduras que no tenga ningún asocio con la cocaína, y de la misma manera es difícil encontrar un grupo político o empresarial que no tenga un vínculo con la cocaína», explicó, y luego dijo: «Este es el río que atraviesa Honduras y todos comen sus peces».

Agregó que la Mara MS no está compitiendo con los grandes capos ni nunca lo hicieron con Los Cachiros o la gente de La Moskitia, ni tampoco los documentos en Estados Unidos reflejan que haya sido una pieza importante en el esquema de tráfico de Juan Orlando Hernández; sin embargo, sí posee enormes territorios para vender droga mediante el denominado narcomenudeo o microtráfico de estupefacientes.  

Y partiendo de todo ese contexto, Martínez piensa que El Porky «no sería un zar, pero sería un peón que tiene bajo su mando a miles y miles de peones; eso de alguna manera lo convierte en un señor en Honduras. Yo no diría que Porky y la MS son un eslabón importante en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, a menos que los documentos en Estados Unidos digan lo contrario». 

En Honduras, se sigue esperando por la confirmación de la captura o lo contrario. Desde el Gobierno de Colombia ha habido silencio. Si se confirma la captura, El Porky tendría que venir a este país porque ya fue condenado. 

Óscar Estrada expresó su certeza de que El Porky será presentado como un delincuente en Estados Unidos. «Estoy seguro de que aparecerá directamente en Estados Unidos y nos enteraremos el día que se lo lleven, posiblemente en un par de meses. Ese proceso será secreto», afirmó Estrada.

En Centroamérica, los liderazgos individuales, autoritarios y tóxicos como Ortega en Nicaragua o Bukele en El Salvador perpetúan ciclos de exclusión y abuso y cierran las puertas a alternativas más inclusivas y transformadoras.

Juliana Martínez Franzoni

En Cien Años de Soledad, la inolvidable Úrsula, matriarca de los Buendía, advierte: «Los hombres se acostumbran a la guerra, después no saben cómo salir de ella.» Su reflexión resuena hoy más que nunca, invitándonos a cuestionar los caminos que nos han llevado a un liderazgo basado en la confrontación y el abuso de poder. Pero, ¿es este el único modelo posible? ¿Podemos aprender algo de las experiencias y prácticas que históricamente han construido tantas mujeres en sus luchas por la justicia y la igualdad?

En esta Centroamérica nuestra, plagada de desafíos sociales y políticos, hemos visto cómo las sociedades depositan su confianza en liderazgos individuales, autoritarios y tóxicos. Bukele en El Salvador y Ortega en Nicaragua son dos buenos ejemplos que han contagiado a personas como Rodrigo Cháves, presidente de Costa Rica, quien en su investidura de “hombre fuerte” ha devenido en el «me como la bronca» como lema de gestión, reforzando un estilo que atropella diferencias y descalifica el diálogo. Este tipo de liderazgo no solo perpetúa ciclos de exclusión y abuso, sino que cierra las puertas a alternativas más inclusivas y transformadoras.

Estos pseudo héroes creen en el individualismo, el control, las verdades absolutas y la dominación como claves para mantenerse relevantes y populares, creando burbujas que aíslan toda disidencia. Si bien estas características han sido socialmente atribuidas a los hombres y entendidas como masculinas, las mujeres también pueden exhibirlas. Xiomara Castro en Honduras es un ejemplo de ello.

Del otro lado tenemos el liderazgo posheroico, uno guiado por la empatía, la construcción de comunidad, la aceptación sin vergüenza de la vulnerabilidad y la construcción de puentes para encontrar salidas. El poder de decisión, por tanto, es compartido y distribuido, basándose en la colaboración y la acción colectiva más que en el control individual. Este tipo de liderazgo surge del convivir e interactuar y su gasolina es la conexión y la influencia, no la imposición ni la fuerza. Además, asume la necesidad del aprendizaje colectivo: no todo está claro ni es siempre evidente cuál es el mejor camino a tomar.

A lo largo de la historia, han sido las mujeres quienes han convertido la adversidad en una fuerza transformadora, usando la empatía, la creatividad y la resiliencia como motores de cambio. Lejos de caer en esencialismos –es decir, de la idea de que las mujeres son genéticamente buenas–, ha sido la falta de poder individual el que a lo largo de la historia ha llevado a las mujeres – como también a la población afrodescendiente o indígena – a sumar esfuerzos.  

Centroamérica está llena de ejemplos contemporáneos de liderazgo colectivo femenino.

En El Salvador, el Movimiento de Víctimas de la Represión (MOVIR), liderado por mujeres que han perdido familiares bajo el régimen de medidas de excepción, transforma el dolor en organización y lucha por la justicia. En Guatemala, el Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’ empodera a mujeres indígenas, promoviendo su participación política y sus derechos sociales, económicos y culturales, demostrando cómo incluir voces diversas fortalece el tejido social. Y en Honduras, el Movimiento Amplio de Mujeres (MAM) aborda simultáneamente la violencia de género, los derechos laborales y la defensa ambiental, proponiendo soluciones que abarcan las múltiples opresiones que enfrentan las mujeres.

En resumen, la experiencia histórica de mujeres organizadas ofrece una riqueza de lecciones prácticas. Su liderazgo colectivo, construido en contextos de múltiples opresiones, no surge de privilegios individuales, sino de redes de apoyo y acción solidaria, demostrando que la opresión, cuando no fragmenta, une.

El liderazgo colectivo de las mujeres no solo inspira, sino que demuestra que hay alternativas al autoritarismo. Su capacidad para unir, construir y transformar ofrece maneras de hacer viables y deseables para enfrentar las crisis de nuestra región mucho más allá de los propios colectivos mencionados

Hoy las lecciones de esas mujeres y otros grupos oprimidos son fundamentales para imaginar y construir un mejor presente. No necesitamos comernos más broncas ni pulverizar a quienes piensan diferente, ni tildarles de todo lo feo que hay en este mundo. Necesitamos una idea amplia de “nosotros”, deshacernos de la idea de eliminar física o emocionalmente a quien piensa diferente… necesitamos más sentido de interdependencias y de comunidad.

Solo reconociendo que nuestras vidas están entrelazadas podremos avanzar hacia un mejor presente.

Es poco probable que quienes hoy acumulan poder y popularidad apelando a la violencia física y verbal, soñando con “likes” y aplausos efímeros, abandonen ese camino por iniciativa propia. Pero, ¿y los y las demás? Desde las experiencias ya existentes, podemos imaginar, exigir y construir un liderazgo diferente, uno que no dependa del atropello, sino que florezca y que gane en el diálogo, la empatía y el respeto por la diversidad. Se trata de escalar este tipo de liderazgos transformadores más allá de comunidades y agendas específicas. Es un camino largo y posiblemente lento… pero ¿qué otra alternativa hay?

 

Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual Contracorriente forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.

Tras los señalamientos que apuntan a Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Colón, como el presunto autor intelectual del asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024, el Ministerio Público se niega a dar información sobre los procesos investigativos en contra del alcalde a las organizaciones que acompañan el caso. El medio internacional Infobae vincula a Fúnez con pruebas testimoniales y científicas que incluyen comunicaciones directas con al menos uno de los sicarios detenidos en 2024.

Texto: Abigail Gonzales
Fotografías: Fernando Destephen

Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Colón, y miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre), ha sido señalado como el autor intelectual tras el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024 cuando  salía de un servicio religioso, según información publicada en Infobae.

Según la publicación del portal noticioso, fuentes anónimas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial confirmaron la existencia de «pruebas testimoniales y científicas» que vinculan a Fúnez en conversaciones con al menos uno de los presuntos responsables directos del crimen. La Iglesia católica del municipio también responsabilizó directamente al alcalde un día después del crimen.

En una entrevista para Contracorriente, la abogada Kenia Oliva, del Bufete Justicia para los Pueblos, respaldó la versión del medio y aseguró que el alcalde Fúnez podría tener implicación en la muerte del ambientalista López. Oliva apuntó que «para nosotros él es una persona de interés y debe ser investigada por el Ministerio Público».

Foto del ambientalista Juan López en una misa en su honor, en la iglesia católica del barrio El Centro, Guapinol. Tocoa, Colón, noviembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.
Foto del ambientalista Juan López en una misa en su honor, en la iglesia católica del barrio El Centro, Guapinol. Tocoa, Colón, noviembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Oliva también expresó su preocupación por la falta de transparencia del Ministerio Público, ya que se han negado a brindar información sobre la posible implicación de Adán Fúnez en el caso. «El Ministerio Público, o no está trabajando, o por su parte está encubriendo a los actores intelectuales», señaló.

Semanas antes del asesinato, Juan López exigió públicamente la renuncia de Fúnez, a quien señaló de corrupción y de favorecer intereses mineros en detrimento del medio ambiente del municipio.

López fue coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), donde defendía los ríos Guapinol y San Pedro, así como el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, oponiéndose al megaproyecto minero y termoeléctrico que pretendió instalar Grupo Emco, propiedad de Lenir Pérez. Fúnez fue aliado clave de la minera Los Pinares, parte del mismo grupo empresarial de Pérez y Ana Facussé, que ha sido señalada por violaciones a los derechos humanos.

En 2013, Los Pinares solicitó la aprobación de dos concesiones mineras en el Parque Nacional Carlos Escaleras, y tras maniobras irregulares, incluida la reducción de la zona núcleo del área protegida, la empresa obtuvo las concesiones en 2014.

Tras la aprobación de 200 hectáreas para la explotación de minería, los defensores del río Guapinol –entre ellos Juan– se opusieron al proyecto y enfrentaron amenazas. En 2018, bloquearon el acceso a la empresa Los Pinares por un año, lo que resultó en 32 procesos judiciales contra ellos y un conflicto socioambiental que ha dejado seis asesinatos entre 2018 y 2024.

Daños causados por el megaproyecto minero Los Pinares en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras Mejía. Tocoa, Colón, julio de 2023. Foto CC/ Fernando Destephen.
Daños causados por el megaproyecto minero Los Pinares en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras Mejía. Tocoa, Colón, julio de 2023. Foto CC/ Fernando Destephen.

Fúnez ha sido vinculado en múltiples ocasiones con grupos del crimen organizado, específicamente con el narcotráfico, y ha tenido relaciones estrechas con figuras políticas y empresariales señaladas por corrupción y lavado de activos. Ha ejercido como alcalde de Tocoa, Colón, durante más de 20 años, a pesar de las denuncias y escándalos. Su permanencia en el cargo se explica en gran medida por su cercanía con el cacique del Partido Libre, el expresidente Manuel Zelaya.

En declaraciones a un medio de comunicación nacional, Fúnez desmintió las recientes acusaciones de la prensa internacional, y dijo: «Me siento tranquilo, con mis manos limpias, no manchadas de sangre, porque no ha sido mi conducta». Afirmó que se considera una persona temerosa de Dios y rechazó cualquier vínculo con los hechos señalados. 

Asimismo mencionó que «me han acusado de otras cosas unos periodistas de Contracorriente, que me han hecho falsas acusaciones».

En febrero de 2024,  Contracorriente publicó una investigación que reveló los vínculos del alcalde de Tocoa con estructuras del crimen organizado, incluyendo el cártel de Los Cachiros, así como su papel en la facilitación de proyectos empresariales controvertidos en la región. 

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Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Colón, atiende entrevistas a la salida de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Comayagüela, tras ser citado por el Ministerio Público (MP) por haber sido mencionado en el juicio por narcotráfico al expresidente Juan Orlando Hernández. Tegucigalpa, septiembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.
Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Colón, atiende entrevistas a la salida de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Comayagüela, tras ser citado por el Ministerio Público (MP) por haber sido mencionado en el juicio por narcotráfico al expresidente Juan Orlando Hernández. Tegucigalpa, septiembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

En 2017, en el juicio por narcotráfico contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, un fiscal del distrito sur de Nueva York le preguntó al exjefe de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, sobre los políticos en el departamento de Colón que habían recibido sobornos para facilitar el paso de la droga y obtener protección, y Lobo mencionó entre ellos a Fúnez.

Fúnez ya había reconocido públicamente su relación con Javier Rivera, uno de los líderes del cártel, y mencionó que el proyecto minero de la empresa Emco, vinculada a conflictos socioambientales en la zona, previamente pertenecía a Rivera. 

Además, a Fúnez se le vincula con otras estructuras del crimen organizado, incluyendo grupos paramilitares y bandas que operan en el Bajo Aguán. En el año 2012, vendió una propiedad en Roatán a Pacific Corporation, empresa ligada a Dionisio Mármol Chirinos, acusado de lavado de activos y con nexos con el narcotraficante Fredy Donaldo Mármol. En la zona del Bajo Aguán también se le relaciona con el grupo de sicarios liderado por Céleo Bautista Rodríguez Ponce, prófugo por múltiples asesinatos, y con la banda Los Cachos, encabezada por Juan Carlos Lezama, señalada por ataques contra campesinos y defensores del medio ambiente.

En una entrevista para Contracorriente, el experto en derechos humanos Joaquín Mejía expresó que «por el momento el Ministerio Público, consideramos que ha jugado un papel importante en identificar a los autores materiales, pero todavía quedan los autores intelectuales. En ese sentido, entendemos que el proceso penal para determinar la culpa intelectual no es fácil, y estamos en espera de que las acciones que el Ministerio Público ha estado adoptando puedan tener efectos concretos para hacer esas identificaciones».

Asimismo, Mejía enfatizó que el alcalde Fúnez renunció a la reelección, pero «colocó a alguien de su confianza», el ingeniero Osvaldo Sandoval, como sucesor. Y es que el Tribunal de Honor del Partido Libre decidió el 14 de junio de 2024 retirar la membresía del alcalde, debido a investigaciones por corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado.

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Según el documento del Tribunal de Honor de Libre, Fúnez no respondió a las acusaciones en su contra, lo que se interpreta como una aceptación tácita de las mismas. Además, se le cuestiona su relación con Javier Rivera, miembro del cártel de Los Cachiros, y con el empresario Lenir Pérez.

Esta situación ha generado expectativas entre organizaciones locales, como el Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos en Tocoa, que esperan acciones concretas por parte del partido de gobierno. Cabe destacar que, desde su fundación en 2011, Libre no ha expulsado a ninguno de sus miembros.

A pesar de las múltiples acusaciones en su contra, el alcalde de Tocoa continúa negando toda vinculación con la muerte del ambientalista, y asegura permanecer «completamente tranquilo».

El Ministerio Público emitió este miércoles 19 de febrero un comunicado detallando los avances en la investigación del asesinato del ambientalista López. En dicho comunicado, se informó que se solicitó asistencia jurídica a la Policía Nacional de Costa Rica y al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para realizar el peritaje de al menos 10 teléfonos celulares decomisados en distintos operativos vinculados con el crimen.

En cuanto a la colaboración con el FBI, se detalló que se analizará un dispositivo decomisado a uno de los imputados, el cual fue encontrado destruido. Según el Ministerio Público, se espera recuperar información clave. 

El comunicado, tambien señala que el MP declaro, sin lugar, de manera provisional, la solicitud de procedimiento abreviado presentada por uno de los imputados en el caso de asesinato, en la que este aceptaba su participación en el crimen a cambio de una reducción de la pena. Esta medida se tomó debido a que aún se está a la espera del resultado de un peritaje sobre los teléfonos enviados a otros países, cuyo análisis podría aportar evidencia clave para el caso.

Washington, 19 feb (EFE).- Estados Unidos considerará como grupos terroristas a seis carteles del narcotráfico de México, entre ellos el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de la banda venezolana del Tren de Aragua y la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

Así lo ordenó este miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un documento publicado en el Registro Federal que entrará en vigor el jueves.

Además del Cartel de Sinaloa y el CJNG, también fueron incluidos en la lista de grupos terroristas los carteles mexicanos del Noreste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y los Carteles Unidos.

«Designo a las organizaciones antes mencionadas y sus respectivos alias como organizaciones terroristas extranjeras», determinó el jefe de la diplomacia estadounidense.

La decisión de Rubio cumple con la orden ejecutiva que firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el primer día de su mandato, cuando ordenó declarar a los carteles del narcotráfico como grupos terroristas.

México se ha opuesto en los últimos años a que Estados Unidos diera ese paso por temor a que eso abra la puerta a una intervención estadounidense en territorio mexicano.

Varios medios estadounidenses informaron el martes de que drones espías de la CIA han espiado al crimen organizado en territorio mexicano para detectar laboratorios de fentanilo.

Preguntado por este tema, Trump dijo el martes que México «está gobernado en gran parte por los carteles».

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles «no tener miedo» de una invasión de Estados Unidos porque se siente respaldada por la población.

Respecto al Tren de Aragua, que surgió en una prisión venezolana y tiene presencia en varios países de Suramérica, fue sancionado ya en julio del año pasado por el Departamento del Tesoro bajo la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025).

Trump denuncia desde hace tiempo la supuesta presencia de miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos, a los que ha prometido deportar o incluso enviar al centro de retención de migrantes de la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba).

MS-13, con orígenes y presencia en El Salvador, Honduras y Guatemala, también está sancionado por el Tesoro estadounidense desde 2012, bajo la presidencia de Barack Obama (2009-2017). 

La inclusión de estos grupos en la lista de grupos terroristas puede tener consecuencias en los migrantes que llegan a Estados Unidos, dado que estas organizaciones se dedican también al tráfico de personas en la frontera.

A nueve años del asesinato de la defensora del medioambiente Berta Cáceres, aún falta hacer justicia, con uno de los autores intelectuales prófugo y otros cuya responsabilidad en el crimen no ha sido esclarecida ante la justicia hondureña. Mientras tanto, el Gobierno hondureño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que, según indicó a Contracorriente uno de sus miembros, trabajará de manera técnica y legal con el Ministerio Público (MP) para presentar nuevos casos relacionados con el expediente ante los tribunales hondureños.

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen 

El 14 de febrero de 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribieron un acuerdo para la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ampliará la investigación del crimen contra la defensora del medioambiente Berta Cáceres, en busca de esclarecer la autoría intelectual detrás de su asesinato.

Ricardo Guzmán Loyo, uno de los integrantes del GIEI, explicó a Contracorriente que trabajarán conjuntamente con el Ministerio Público (MP) en asistencia y colaboración técnica y legal, tal como quedó acordado con el fiscal general Johel Zelaya y demás funcionarios del MP, antes de la suscripción del acuerdo. 

«La recepción de funcionarios y fiscales que tienen cada uno de los expedientes del caso Berta Cáceres fue de apertura hacia esta colaboración», dijo Guzmán Loyo. Agregó que, aunque el GIEI trabajará durante seis meses y tendrá acceso al expediente del crimen contra Cáceres, será el MP «el responsable de presentar luego los casos ante los órganos correspondientes».

La instalación del GIEI se produce semanas antes de que se cumplan nueve años del asesinato, el próximo 4 de marzo. Cáceres, quien contaba con medidas cautelares de protección otorgadas por la CIDH, era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), y lideraba la oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, llevado a cabo por la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en territorio lenca, a orillas del río Gualcarque.

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A nueve años, la justicia aún tiene deudas por el caso de Berta Cáceres; sus familiares y las organizaciones señalan que aún faltan responsables. Desde 2018, la fiscalía hondureña ha logrado sentencias condenatorias de entre 16 y 50 años de prisión contra ocho personas que participaron material e intelectualmente en el asesinato, incluidos sicarios, un militar del ejército hondureño y exempleados de la empresa DESA —entre ellos su expresidente ejecutivo David Castillo, cuya sentencia fue inicialmente de 22 años de prisión y luego se redujo a 20 años—, pero otros siguen prófugos de la justicia.

Uno de los principales señalados por la fiscalía es Daniel Atala Midence, exgerente financiero de DESA y miembro de la familia Atala, uno de los grupos de poder económico más importantes del país. El 1 de diciembre de 2023 se emitió un requerimiento fiscal en su contra y existe una orden de captura emitida por un juez nacional del circuito de corrupción, criminalidad organizada y medio ambiente, girada ese mismo día. Sin embargo, su ubicación es desconocida desde hace más de un año. 

Además de Atala Midence, dentro de la junta directiva de DESA figuraban otros integrantes de esa familia, como José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah, José Daniel Atala Zablah y el banquero Jacobo Atala Zablah, quien hasta el 19 de diciembre de 2024 se desempeñó como presidente ejecutivo del banco BAC Honduras

El 18 de mayo de 2021, el Copinh publicó la grabación de una conversación entre Jacobo Atala Zablah y David Castillo ocurrida después del crimen. Sin embargo, la fiscalía no ha presentado ningún nuevo requerimiento como parte de la investigación. En reiteradas ocasiones, el Copinh y la familia de Berta Cáceres han señalado a la familia Atala como el «siguiente eslabón» en el crimen contra la defensora del medio ambiente. 

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Otras personas que han sido condenadas por el asesinato son Elvin Rápalo, Henry Hernández, Edilson Duarte, Óscar Torres Velásquez, Mariano Díaz Chávez, Douglas Geovanny Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez. Aunque algunas de estas sentencias condenatorias han sido apeladas o sus defensas han buscado amparos, las cortes de apelaciones y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia las han desestimado.

Tras la instalación del GIEI, Berta Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres y representante del Copinh, reprochó al Estado hondureño por lo que consideró una justicia incompleta, a casi nueve años de la muerte violenta de su madre. 

Berta Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres, lamentó que el Estado hondureño continúe en deuda con las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Tegucigalpa, 14 de febrero de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.
Berta Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres, lamentó que el Estado hondureño continúe en deuda con las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Tegucigalpa, 14 de febrero de 2025. Foto CC / Fernando Destephen.

«Las comunidades no han sido reparadas y los autores intelectuales no han sido investigados ni judicializados», manifestó Zúniga Cáceres, mientras miembros del Copinh exclamaban: «Faltan los Atala».

GIEI, una esperanza en el «país más peligroso» para las y los ambientalistas 

El GIEI instalado para el caso de Berta Cáceres es el cuarto en Latinoamérica, explicó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés).

«Le anteceden los grupos conformados para investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México; los crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2018 en Nicaragua; y los hechos de violencia en Bolivia en 2019. En estos casos, los GIEI han posibilitado investigaciones independientes que han permitido revelar la verdad detrás de violaciones a derechos humanos y la responsabilidad de los actores involucrados, aun cuando estos han sido el gobierno y el ejército», indicó CEJIL en un comunicado.

De acuerdo con el informe Voces Silenciadas, publicado el 10 de septiembre de 2024 por la ONG Global Witness, Honduras es el país con más muertes per cápita de personas defensoras del medio ambiente, con 149 muertes contabilizadas entre 2012 y 2023, y el «país más peligroso del mundo para las y los defensores del medio ambiente».

Solo unos días después de la publicación de dicho informe, el 14 de septiembre, fue asesinado Juan López, un defensor del medio ambiente y regidor municipal de Tocoa, Colón, cuando salía de un evento religioso. Al igual que Berta Cáceres, López contaba con medidas cautelares de protección de la CIDH desde 2023.

Por el asesinato de Juan López se ha capturado a cuatro personas, quienes actualmente enfrentan un proceso judicial ante el Juzgado Penal de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente. Según la fiscalía hondureña, estas cuatro personas participaron en la vigilancia, planificación y ejecución del crimen, según pruebas periciales, testimoniales y documentales recabadas por la fiscalía.

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El 16 de febrero de 2025, el medio argentino Infobae publicó un reportaje que apunta a Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Colón, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y defensor de proyectos extractivistas en esa región, como uno de los implicados en el asesinato de López. Lo señala, basándose en información clasificada que corroboró con fuentes judiciales y del Ejecutivo, de haberse reunido con uno de los sicarios apuntados por la fiscalía el mismo día del crimen.

La instalación del GIEI y la acusación contra Fúnez se produjeron solo unos días después de que el Congreso Nacional (CN) aprobara el 11 de febrero la reforma a seis artículos de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales, Operadores de Justicia y Defensores Ambientales. 

El Legislativo también declaró el 24 de enero como el Día del Defensor de los Bienes Naturales y Comunes de Honduras, en «reconocimiento a la labor del defensor ambientalista Juan López», y decretó que ese día debe considerarse como «fiesta nacional sin suspensión de labores». Sin embargo, según informes previos obtenidos por Contracorriente a través de fuentes en Tocoa, Colón, Fúnez, uno de los principales señalados por el crimen de López, mantiene estrechos vínculos con Edson Argueta, secretario privado del presidente del CN, Luis Redondo.

El Gobierno de Xiomara Castro ha priorizado la propaganda antes que la inversión pública en sectores como transparencia, desarrollo económico, derechos humanos, derechos de las mujeres, recursos naturales, cultura, turismo, atención a emergencias y niñez y adolescencia. ¿Por qué? En 2025 habrá elecciones, y es conocido que el proyecto de la refundación que comenzaron Castro y su familia está pensado para continuar por varios periodos más. Su narrativa sobre la extradición, la cooperación internacional, la sociedad civil y la mano dura contra el crimen pretende ocultar una realidad que se desborda todos los días: que Honduras sigue siendo una narco-cleptocracia. 

Por: Jennifer Ávila

Quiero comenzar con la noticia del momento: la presidenta de Honduras ha anunciado hoy que pondrá en pausa la denuncia en contra del tratado de extradición con Estados Unidos, después de que ella misma buscara eliminarlo el año pasado. El 28 de agosto de 2024, Castro ordenó denunciar el tratado de extradición de Honduras con los Estados Unidos por la «injerencia e intervencionismo» de ese país en la política de Honduras, una semana antes de que el medio Insight Crime revelara un video en el que Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta y exdiputado del Congreso Nacional, aparece negociando con narcotraficantes. Había sucedido también una reunión entre el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras con Vladimir Padrino, jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, señalado por vínculos con el narcotráfico. 

En ese momento, la extradición era injerencia, una herramienta del imperialismo para derrocar al gobierno progresista de Castro, y su decisión de acabarlo era un acto de dignidad soberana. Hoy, debido a los reclamos ciudadanos en pleno año electoral y a la ausencia de Honduras en la gira por Centroamérica de Marco Rubio como enviado de Washington, la narrativa es otra: «que el Tratado de Extradición continúe con las salvaguardas necesarias para el Estado de Honduras, garantizando su aplicación objetiva». 

La objetividad de las extradiciones no había sido un tema de conversación, por ejemplo, cuando el expresidente Juan Orlando Hernandez, su opositor político, fue extraditado. Hoy, ante la desconfianza de la población en el sistema de justicia nacional y la desilusión de la gente frente a la promesa rota de instalar una Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción en Honduras, la extradición es la única esperanza para ver a los narcos y cleptócratas presos en una prisión, aunque sea extranjera. 

Las narrativas sobre la justicia y la lucha contra el crimen y la corrupción son quizá las más manipuladas en estos tiempos; ya hemos hablado antes del uso del término de lawfare en Honduras, pero también está muy de moda en el Estados Unidos de ahora. Lo importante es tener la maquinaria para que no se note la incoherencia, y se transforme fácilmente la idea de justicia y dignidad a conveniencia del poder de turno. 

A diferencia de otras latitudes, no es tan nuevo en Centroamérica que los gobernantes quieran mantenerse en el poder y lo intenten con múltiples artimañas —porque las cleptocracias suelen ser lucrativas—; lo que es nuevo es la forma en que han ido modelando esas artimañas y amplificando su propaganda en redes sociales e internet. En el contexto electoral surge esa frase de «el dato mata el relato»; ¿se ajusta a la tradición política de nuestro país, en la que quien más vocifera gana?

De entrada les digo, aunque nos duela a los periodistas: el dato rara vez mata el relato, peor en estos tiempos de manipulación, algoritmos e información masiva. Es humano creer en chismes, conspiraciones y propaganda y, al contrario, dudar de cifras, índices y hechos. Si no, ¿cómo se explica la predominancia de la religión o de las teorías conspirativas sobre la ciencia, cada vez de manera más amplificada, o el ciego fanatismo por el color político? O ¿cómo se explica que tengan más difusión los insultos de un ministro que los hechos que llevan al cuestionamiento que se hace a los poderes del Estado? Por ejemplo, la propaganda de desestabilización del gobierno ante las pruebas irrefutables de la participación de miembros de la Policía Nacional en la masacre en la que murieron 46 reclusas en Honduras. O, ante las pruebas de pagos irregulares a funcionarios públicos, el ataque irracional de que quienes auditan tienen una «agenda oculta». O ante las pruebas que años de investigación han arrojado, las palabras de un caudillo que señala que los medios y la Iglesia se confabulan contra él. 

No es particular de Honduras que esto pase. El filósofo Byung-Chul Han nos había advertido de la crisis de la democracia, incluso antes de que el dueño de una red social como Elon Musk terminara destartalado las instituciones en el país que más presumía de tener una democracia inquebrantable, o de que el presidente de la potencia mundial del norte se rodeara de los tecnofeudales cuyo feudo es justamente el control de la información. 

En su libro Infocracia, Han escribe: «ante la revolución digital, Schmitt reescribiría su dictum sobre la soberanía: soberano es quien manda sobre la información en la red», en este caso quien tiene el presupuesto para comprar ese pedacito de dominio en los grandes feudos de las redes sociales. En el caso de Honduras, por ejemplo, para eso está sirviendo el dinero público en manos de un ministro como Ricardo Salgado. A la Secretaría de Planificación Estratégica le asignaron 1,025,092,417 lempiras, mientras que otras, como la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Desarrollo Social, tienen un presupuesto que oscila entre 153 y 855 millones de lempiras.  

No es extraño que la desinformación y la manipulación mediática en Honduras sea la forma efectiva de ciertos actores para llegar a la gente que les otorga el poder de representarla en el Estado; lo que han cambiado son los canales. Siendo un país con una democracia incipiente, cuyo desarrollo se interrumpió con un golpe de Estado, y uno de los más pobres de una región bastante golpeada por décadas, la propaganda por la que está pagando tanto dinero el gobierno puede ser efectiva para capitalizar votos o para justificar fraudes, como lo hizo la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, quien antes de reelegirse ilegalmente y con una gran oposición ciudadana, pagó popularidad en Facebook para inflar la conversación positiva sobre él y su gobierno. Sabemos lo que pasó, pero al menos le dio cuatro años más en el poder. 

Es preocupante en estos tiempos que las plataformas en donde la gente se informa y entretiene, y ya no hablo solo de los medios tradicionales que siempre han cumplido ese papel, sino de las redes sociales y el internet, nos presentan unos sesgos caprichosos desde que se convirtieron en feudos de unos magnates de la tecnología que guardan un cierto rencor con el establishment; pero lo más preocupante es ver cómo ese discurso, aun viniendo de personajes en el lado ideológico contrario al del Gobierno hondureño, sea moldeado de manera que no importa de qué lado estén, siempre pueda usarse como un arma contra quien cuestiona el poder. 

La comunicación estatal es importante, porque la población debe conocer los servicios a los que tiene acceso gracias a la buena administración de sus impuestos, los cambios que se hagan, como por ejemplo los últimos implementados con el régimen de aportaciones a pensiones o el Servicio de Administración de Rentas, las obras que están por inaugurarse, para que la gente sepa qué caminos se han construido para su beneficio, o los bonos y becas a los que puede aplicar para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la Secretaría de Salgado paga millones en consultores e influencers para coordinar campañas en contra de la oposición, que el gobierno ve no solo en los partidos conservadores, sino hasta en su propio partido y en la sociedad civil. Antes de anunciar un logro del gobierno, este suele reforzar el mensaje negativo de ataque contra quienes lo cuestionan, y eso es el que más difusión tiene. 

En este año electoral, la ciudadanía tiene un reto importante: filtrar la enorme masa de propaganda en la cual se está invirtiendo desde los partidos políticos y el gobierno, y hacerlo sopesando no solamente la afinidad ideológica o lo sensacionalista del relato, sino también los hechos y la construcción de argumentos racionales frente a la comunicación afectiva. Y bueno, si bien es cierto que los humanos somos más de relatos que de datos, al menos entendamos que, en la política, es fundamental que quienes quieren ostentar el poder público deben tener la valentía de enfrentarse a los cuestionamientos con hechos, y no con propaganda. 

Por Eva María Castillo
Portada: Persy Cabrera

Apenas cabían tres cuerpos delgados en el reducido espacio de 2 X 2 metros. Aquellos pequeños cuartos pintados de amarillo curtido conservaban el polvo de cuatro generaciones de expertos domadores de leones. Sus paredes, como testigos silenciosos e indiferentes, exhibían los oxidados clavos donde un día colgaron galardones en todas las ciencias habidas, cuadros enmarcados, estatuillas, diplomas, medallas, condecoraciones por desempeño, y fotografías de algún experto domador que con su partida no dejó más que pequeños aportes en polvo, recibos de luz, solicitudes de permisos y escasas pertenencias innecesarias para su vida de jubilado. En los travesaños de las puertas, donde el rodo de pintar no alcanza, el azul, amarillo, blanco hueso de pinturas pasadas se hacía visible únicamente al ojo contemplativo de un nuevo joven ocupante, advirtiéndole de la infame condena de su trabajo.

Es en los fríos inviernos de fin de año cuando los 2 X 2 se transforman en minúsculas morgues donde entre pláticas se cuentan terroríficas historias de domadores convertidos en almuerzo; mutilaciones de manos, piernas y brazos en su iniciación; sangrientas escenas de leones en celo atacando a otros leones, pero es el relato de Goliat el que siempre coronaba las pláticas. Goliat fue un joven león que terminó siendo asesinado y descuartizado por su domador, por no obedecer en medio de una función la orden de saltar.  Goliat y todos sus descendientes fueron asesinados frente a los demás leones en una especie de fusilamiento colectivo. Su cabeza fue expuesta como galardón en el único pasillo que conecta seis oficinas 2 X 2. Desde las alturas finge ser un recordatorio para que nunca más un león vuelva a rebelarse. 

En una de esas tardes invernales, cuando el silencio reina, dos jóvenes domadores de leones cruzaron sus miradas al salir cada uno de sus 2 X 2. Sus cuerpos perfectamente moldeados en sus trajes ajustados sugerían todo tipo de acto lascivo, dotados de sexualidad, cada una de sus cinceladas partes producían embeleso y más de un codazo ante la imprudente mirada fija en sus protuberantes formas masculinas. Eran un manjar para el pensamiento.

Al conectar sus miradas un resplandor impúdico reflejado en cada uno de ellos les delató. El encuentro era casual, pero su amor no. Era un amor dispuesto a la fidelidad, el respeto, la entrega plena y el trillado «hasta que la muerte los separe», dicho una y otra vez en esta sociedad acostumbrada a los finales predecibles. Fue la espontaneidad del encuentro, en el que temblorosos lograron la calma con un fuerte, estrecho e íntimo abrazo lleno de ternura y sinceridad. Conteniendo sus pulsiones sexuales y sin decir una palabra, cada uno recordó que no puede ser, que por muchas banderas que se desplieguen, se firmen tratados y se grite en las calles, ellos son y serán domadores de leones. El ojo de Goliat se quedó expectante desde las alturas, mientras en los pequeños cuartos 2 X 2 reinó de nuevo el silencio.

El Hospital Escuela enfrenta una crisis persistente debido a la falta de personal médico, la escasez de insumos y el aumento constante de pacientes. Esta situación ha provocado largas esperas, atención limitada y que muchos pacientes se vean obligados a costear sus propios tratamientos y exámenes. Mientras el sistema de salud pública se deteriora, el Congreso Nacional aprobó para 2025 un incremento presupuestario de apenas 1.33 % (equivalente a 388.6 millones de lempiras) en comparación con el año anterior, mientras que la Secretaría de Planificación Estratégica recibió un aumento del 99.8 %, pasando de 512.97 millones de lempiras en 2024 a 1,025 millones en 2025.

Texto: Abigail Gonzales
Fotografías: Fernando Destephen

El Hospital Escuela Universitario (HEU), el principal centro asistencial de Honduras, ubicado en Tegucigalpa, atiende a más de 8,000 personas a diario, en medio de una alta demanda de servicios y limitaciones de recursos. La falta de personal médico ha generado saturación en las salas de emergencia y retrasos en la atención, y la capacidad del hospital sigue siendo superada por la cantidad de pacientes que requieren asistencia. 

Una de las pacientes, Francisca Alvarado, de 63 años de edad, originaria de Danlí, relató en una entrevista para Contracorriente que, durante los dos meses que estuvo hospitalizada tras una cirugía de tiroides, su familia gastó aproximadamente 50,000 lempiras en exámenes y medicamentos externos. «Gastamos alrededor de 50,000 lempiras en exámenes y medicinas porque el hospital no los tenía», indicó.

La situación en el centro asistencial se ve agravada por la saturación constante de pacientes e insuficiencia de recursos, lo que impide brindar una atención adecuada. A esta problemática se suma la escasez de medicamentos y que el hospital enfrenta serios problemas de infraestructura. Aunque seis quirófanos se encuentran en proceso de remodelación, la demanda en las intervenciones quirúrgicas continúa en aumento. «Los pacientes con cirugías programadas son desplazados por la cantidad de accidentados que ingresan de emergencia», señaló el portavoz del Hospital Escuela Universitario (HEU), Said Norales.

Una mujer espera en el área de farmacia del Hospital Escuela. Tegucigalpa, 11 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Una mujer espera en el área de farmacia del Hospital Escuela. Tegucigalpa, 11 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Esta situación no solo afecta a los pacientes, sino también a sus acompañantes, quienes se enfrentan a una sala de espera saturadisima de personas.

Jenny Méndez, quien acompañó a su madre Francisca durante su hospitalización, describió las dificultades vividas en la sala de espera del Hospital Escuela. «La sala permanecía llena. A veces dormía en las sillas, otras veces en el piso, porque se llenaba y había pocas sillas. La sala, en ocasiones, estaba sucia, y así me tocaba estar allí», relató.

En una entrevista para Contracorriente, el portavoz del HEU Said Norales, explicó que hubo un aumento del 20 % de pacientes desde el año 2022, es decir, en 2024 se llegó  a alrededor de 8,670,000 atenciones totales. Además, señaló que las enfermedades crónicas, los accidentes de tránsito y las patologías urológicas han incrementado la presión sobre el sistema de salud. «Algunas patologías van en aumento, como son las enfermedades renales, enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión; tenemos un leve aumento en pacientes con patologías urológicas, eso sin contar que más del 85 % de pacientes que ingresan en las diferentes emergencias son por accidentes de tránsito», puntualizó.

Una paciente camina frente a los deteriorados servicios sanitarios del Hospital Escuela. Tegucigalpa, 10 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Una paciente camina frente a los deteriorados servicios sanitarios del Hospital Escuela. Tegucigalpa, 10 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Asimismo, señaló que el centro asistencial dispone de un nivel de abastecimiento que cubre gran parte de los fármacos esenciales: «Tenemos el 80 % de medicamentos del cuadro básico, como tratamientos para la diabetes, como la metformina y la insulina (tanto NPH como cristalina), así como medicamentos para la hipertensión, como el irbesartán, además, de medicamentos costosos, como la levotiroxina, que son para pacientes que sufren tiroides, y tratamientos para la esclerosis múltiple».

Ante la falta de un espacio adecuado para los pacientes y sus familiares, como Francisca y Jenny, Fundación Abrigo, ofrece albergue y alimentación gratuita a un promedio de 160 personas diarias. Fundada en 2001, esta organización no gubernamental brinda apoyo a las familias que acompañan a los pacientes en tratamiento, especialmente aquellos que provienen de zonas rurales o son de escasos recursos. Para acceder a los servicios de la Fundación, los familiares deben presentar una nota del área de trabajo social del hospital, que confirme que están acompañando a un paciente en tratamiento. Este procedimiento les permite alojarse en la Fundación de manera gratuita, donde además reciben alimentación y otros insumos básicos.

Francisca Alvarado y Jenny Méndez durante su estadía en el albergue de la Fundación Abrigo, ubicado entre el Hospital Escuela, la Dirección de Medicina Forense y la Facultad de Medicina. Tegucigalpa, 10 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Francisca Alvarado y Jenny Méndez durante su estadía en el albergue de la Fundación Abrigo, ubicado entre el Hospital Escuela, la Dirección de Medicina Forense y la Facultad de Medicina. Tegucigalpa, 10 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Marco Amaya, director de la Fundación, explicó en una entrevista para Contracorriente que «nosotros les damos tres tiempos de alimentación, techo, agua, luz, wifi, les damos ropa nueva. A la gente no le cobramos nada, nunca le hemos cobrado nada a nadie. Nosotros le ayudamos al Hospital Escuela», señaló. 

La Fundación depende de donaciones y cuenta con convenios con empresas «que contribuyen con alimentos y productos de limpieza. Tenemos muchos patrocinadores que nos ayudan con donaciones de insumos», agregó Amaya.

En el caso del Hospital Escuela, la Fundación atiende a un promedio de 60 a 70 familiares diarios, cifra, sumando a los de los otros hospitales, puede llegar a 110 personas al día. «Hay días en que llegamos a albergar hasta 165 personas, especialmente en épocas de alta demanda», agregó Amaya.

Jenny Méndez, que después de estar un mes en la sala de espera fue recibida por Fundación Abrigo, destacó la importancia del apoyo recibido. «Cuando me dijeron que podía quedarme, fue un alivio. Allí me dieron comida, un lugar para descansar y apoyo emocional», dijo. Sin embargo, señaló que el hospital debería mejorar en términos de infraestructura y suministros. «A veces necesitábamos exámenes que no se podían hacer en el hospital, y teníamos que pagar por ellos fuera. Eso fue un gasto adicional que no esperábamos», agregó.

Una persona descansa en uno de los salones del albergue de la Fundación Abrigo. Tegucigalpa, 10 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Una persona descansa en uno de los salones del albergue de la Fundación Abrigo. Tegucigalpa, 10 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Por su parte, Francisca señaló que le gustaría que el hospital estuviera mejor abastecido, ya que muchas personas, como ella, deben desprenderse de lo poco que tienen para poder recibir atención médica.

Mientras la crisis en el sistema de salud pública persiste, el embajador de España en Honduras, Diego Nuño García, lamentó la cancelación del préstamo de 70 millones de euros destinado a la construcción de tres hospitales en el país, señalando que «no hubo acercamientos por parte del gobierno hondureño». También mencionó que la exministra de Finanzas, Rixi Moncada, notificó la cancelación mediante una carta en la que solicitó redireccionar los fondos a otros proyectos. Sin embargo, García aseguró que los plazos para la entrega de los hospitales se mantendrán según lo pactado.

Dicho préstamo se acordó tras la visita de la presidenta Xiomara Castro a España en febrero de 2023, donde se estipuló que el dinero se destinaría a la construcción de tres hospitales en el país, en Salamá, Olancho, Santa Bárbara y Ocotepeque, como parte de los esfuerzos por mejorar el sistema de salud hondureño.

El presupuesto de la Secretaría de Salud para el año 2025 asciende a 29,270.7 millones de lempiras, lo que representa un aumento respecto al presupuesto de 2024, que fue de 29,132.3 millones de lempiras. Este incremento es de 138 millones de lempiras, lo que equivale a  0.5 %.

Desde que asumió el poder en 2022, el actual gobierno ha anunciado la construcción de ocho hospitales ubicados en Salamá, Santa Bárbara, Ocotepeque, Choluteca, Tocoa, Roatán, y dos hospitales de trauma en Tegucigalpa y San Pedro Sula.  Sin embargo, autoridades de la Secretaría de Salud indicaron que, aunque hay avances, no todos los hospitales estarán listos para el próximo año. En 2025 se espera terminar la primera fase de tres de ellos, mientras que ese mismo año se comenzará la construcción de los demás. Por otra parte, la construcción de los hospitales de trauma en Tegucigalpa y San Pedro Sula «no iniciará hasta 2026, lo que significa que la finalización de las obras dependerá del próximo gobierno». 

Además, persisten desafíos como la falta de personal médico y de insumos. En el caso del Hospital Escuela, si bien se han realizado mejoras, la gestión de recursos sigue siendo una necesidad crítica para garantizar una atención adecuada.

La creciente demanda de atención médica y las limitaciones de recursos evidencian las fallas estructurales del sistema de salud pública en Honduras. Pese a los esfuerzos por mejorar la infraestructura y el abastecimiento, la capacidad del sistema sigue siendo insuficiente para enfrentar las necesidades de la ciudadanía.

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Carlos Zelaya, ex diputado y ex secretario del Congreso Nacional, recibió desde noviembre de 2024 hasta la fecha un pago mensual de 175 mil lempiras provenientes de una cuenta de cheques del Congreso Nacional. Zelaya renunció a su puesto cuándo se filtró un vídeo en el que se reunió con narcotraficantes en 2013 para negociar dinero para la campaña electoral de Libre. 

Texto: Contracorriente

Información a la que tuvo acceso Contracorriente, corroborada con distintas fuentes, revela que Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, recibió al menos tres depósitos irregulares en su cuenta de ahorro por parte de este poder del estado durante el último trimestre.

Una fuente confirmó a Contracorriente que a Zelaya se le acreditaron transferencias mensuales de 175 mil lempiras a su cuenta de ahorro. Estos pagos no figuran en el portal de transparencia. 

Las transacciones fueron realizadas desde la cuenta de cheques número 01-101-0402965 a nombre del Congreso Nacional a la cuenta de ahorros del ex diputado, la cuál también fue verificada por este medio. Las transferencias fueron realizadas por Jackeline Lizette Pinto Dubón, pagadora especial del CN, en las fechas 15 de noviembre de 2024, 15 de diciembre de 2024, 17 de enero de 2025. Hace dos días obtuvimos información de una cuarta transferencia el pasado 13 de febrero de 2025.

Contracorriente contactó a Carlos Zelaya para conocer su justificación de estos pagos, que de hecho representan una cantidad mayor a la de un salario de diputado, sin embargo no tuvimos respuesta a las múltiples llamadas realizadas. 

Además, Contracorriente contactó a los vicepresidentes de la Junta Directiva del CN, Hugo Noé Pino y Rasel Tomé, para preguntarles sobre estas transferencias. Ambos negaron tener información al respecto. También se les consultó si Carlos Zelaya seguía desempeñando algún tipo de función en el CN. Tomé no respondió, mientras que Pino se limitó a decir: «Es posible, pero no tengo información al respecto». 

En el caso de las transferencias a Carlos Zelaya, el Congreso Nacional nos mandó a verificar en el portal de transparencia tras una solicitud de información específica sobre las transferencias a Zelaya. Hasta el cierre de esta nota, no se encontró ninguna justificación documentada en dicho portal. 

Contracorriente también contactó a Pinto Dubón, quién fue la encargada de realizar las transferencias, respondió que no estaba autorizada a dar información sobre las transferencias realizadas al ex diputado. Cabe destacar que, según la información de planilla del portal de transparencia, el salario de Pinto Dubón supera al de todos los miembros de la junta directiva, excepto el del presidente, con un sueldo de 120 mil lempiras. 

Esta funcionaria laboró como gerente administrativa para la Secretaría de Gobernación, a cargo del ministro Tomás Vaquero desde febrero 2022 hasta enero de 2024. Su puesto fue clave en ese ministerio, pues en julio de 2023, Gobernación autorizó que, dadas las múltiples ocupaciones del ministro Vaquero, fuera Pinto quién autorizara varias gestiones administrativas, como celebrar contratos, aprobar viáticos, gastos de viaje y remuneraciones. Asimismo, una investigación de Reporteros de Investigación reveló que Pinto fue parte de la junta directiva de dos ongs que recibieron fondos durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. 

Pagos después de la renuncia

Carlos Zelaya anunció su renuncia al Congreso Nacional el 31 de agosto, apenas tres días antes de que se filtrara un video donde negociaba 650 mil dólares para la campaña de Libre en 2013. Desde entonces, no volvió a aparecer en el CN. Presentó su renuncia ante el Consejo Nacional Electoral el 2 de septiembre, un día antes de la publicación del video, pero el Congreso no la tramitó hasta el 17 de septiembre.

Aunque Carlos Zelaya no se presentó al Congreso Nacional y renunció a principios de septiembre, el CN le pagó con normalidad ese mes porque la composición de la planilla no sufrió cambios ya que el número total de diputados propietarios y de la junta directiva que recibieron pagos fue de 128 y se mantuvo igual a la planilla de agosto

En octubre, sin embargo, la lista pasó a contar con un solo secretario alterno y el pago se realizó a sólo 127 diputados, esta configuración se mantuvo en noviembre. Para diciembre, después de que el 27 de noviembre el CN nombró a Arminda Urtecho, suplente de Carlos Zelaya, como diputada propietaria, el CN pagó nuevamente a 128 diputados. 

Esta no es la primera vez que Contracorriente expone irregularidades en el Congreso Nacional. En septiembre de 2023, revelamos que el CN tenía dos tarjetas de crédito solicitadas a un banco privado para el uso del presidente Luis Redondo y su secretario privado, Edson Argueta. Ni su uso, ni sus estados de cuenta, ni su forma de pago aparecían en los portales de transparencia.

Un mes después, en octubre, accedimos a dos estados de cuenta que mostraban que, en solo dos meses de 2022, se gastaron casi medio millón de lempiras en retiros en efectivo, pedidos a domicilio, supermercados, restaurantes, hoteles y vuelos. Ninguna de estas facturas está disponible en los portales de transparencia.

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En aquel momento, Redondo aseguró entonces que los gastos del Congreso estaban en el portal de transparencia y justificó el uso de las tarjetas de crédito como necesarias para compras en línea. Sin embargo, tras revisar el portal, no se encontró ningún registro de dichas compras.

Los vínculos de Carlos Zelaya con el narcotráfico

El 31 de agosto, justo después de salir de una comparecencia ante el Ministerio Público, que había prometido llamar a declarar a todas las personas mencionadas durante el juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández, Carlos Zelaya sorprendió anunciando que renunciaría a sus cargos en el CN a la vez que admitió que los rumores que circulaban esos días eran ciertos: en 2013 se reunió con varios narcotraficantes y todo había quedado grabado.

El nombre de Carlos Zelaya ha surgido repetidamente en testimonios durante juicios por narcotráfico en Estados Unidos, pero él siempre negó cualquier vínculo. Es más, días antes había asegurado que la citación de la fiscalía le serviría para «aclarar todo lo que fabrican en mi contra». 

La memoria le falló hasta que las pruebas comenzaron a aparecer. Ese día, ante los medios, admitió que la famosa reunión sí ocurrió, pero aseguró que él fue víctima de una «trampa». Su hijo, José Manuel Zelaya, quién hasta entonces era ministro de Defensa, también renunció, según declaró «para que se investigue con toda libertad».

Según Carlos Zelaya, ni siquiera conocía a los «empresarios» presentes y solo asistió porque alguien más organizó el encuentro. «Me dijeron que hay unos inversionistas que quieren hacer una aportación. En política, uno participa en muchas reuniones donde se habla de aportaciones de todo tipo para la campaña política», explicó, antes de rematar: «Ahora que sé que esa reunión fue grabada, pues, hombre, me llevaron a una trampa». 

El 3 de septiembre el medio Insight Crime publicó el vídeo grabado con una cámara espía de los hermanos Devis y Javier Maradiaga, líderes del cártel de Los Cachiros en el que se puede observa a Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Carlos Lobo, Héctor Fernández Rosa alias «Don H» y Ramon Matta Waldurraga.  

En la reunión acordaron entregar entre todos 650,000 dólares para la campaña electoral de Libre, tras un par de intervenciones, Carlos Zelaya agregó «la mitad que sea para el comandante», a lo que Devis Rivera respondió «Ya eso sería entre Mel con ustedes», aunque Carlos Zelaya negó ante los medios haber recibido el dinero y negó que su hermano supiera del encuentro, el vídeo también muestra a los traficantes recordando contribuciones pasadas.

El 29 de agosto, días antes de que Carlos Zelaya llegara a declarar al MP, Xiomara Castro ordenó a Cancillería denunciar el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, vigente desde 1912, desatando tensiones diplomáticas. El día de la renuncia del ministro de Defensa, en una maniobra política, Castro nombró a Rixi Moncada en el cargo, actual candidata presidencial de Libre. 

Tras la publicación del video, la presidenta Castro apareció en cadena nacional, sin mencionar a su cuñado, condenó cualquier tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos, pero terminó insinuando que la filtración era parte de un complot golpista entre la oposición y la embajada estadounidense. Mantuvo este discurso incluso en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2024.

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Sobre el caso, la fiscalía hondureña ha sido reservada. En diciembre, el fiscal Johel Zelaya aseguró que no estaba archivado y que seguían analizando el vídeo y qué pasó después. Sin embargo, en Contracorriente revelamos la existencia de una investigación del Ministerio Público de Honduras que vincula a cuatro miembros de la actual familia presidencial, entre ellos Carlos Zelaya, en una trama de lavado de dinero y tráfico de drogas que ha estado engavetada durante años a pesar de haber recibido apoyos de la fiscalía colombiana en 2013, no se ha presentado requerimiento fiscal ni se ha comunicado avances en el sistema judicial hondureño.

Texto: Fernando Silva con información de Agencia EFE
Fotografía: Agencia EFE

El pasado 10 de febrero, la bolsa de Nueva York cerró en positivo a pesar de la preocupación por los temores inflacionarios y la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de imponer un 25% de aranceles al hierro y aluminio importado, que luego se anunció terminaría siendo del 50%. 

En medio de ese panorama, una de las grandes ganadoras fue la multinacional Nucor, la principal productora de acero de Estados Unidos, cuyas acciones se dispararon un 5,6% tras el anuncio de los aranceles. El incremento bursátil de Nucor contrasta con los impactos negativos que han dejado sus intercambios comerciales con la empresa minera Los Pinares, ubicada en el Parque Nacional Carlos Escaleras en la región del Bajo Aguán, Honduras. 

En octubre de 2024, Contracorriente reveló que, hasta septiembre de 2023, Inversiones Los Pinares mantuvo transacciones comerciales con Nucor Corporation, adeudando unos 34,78 millones de dólares, mientras que Nucor adeudaba a Los Pinares 271.000 dólares. Todo esto a pesar de que en 2020, la multinacional aseguró haber finalizado en 2019 su relación como copropietarios de la empresa hondureña Inversiones Los Pinares, anteriormente conocida como Emco Mining Company. 

La mina de Los Pinares ubicada en una montaña vital para el suministro de agua de varias comunidades en la zona, ha sido escenario de un conflicto socioambiental que ya cobró la vida de seis ambientalistas, siendo la última víctima Juan López, regidor del municipio de Tocoa y delegado de la palabra en la iglesia católica. Además de estos asesinatos, defensores del ambiente y sus familias han sido desplazados, y aunque han logrado avances, como la legislación favorable para proteger la zona núcleo del Parque donde se instaló la mina, las amenazas en su contra no han cesado. 

El 6 de mayo de 2024 se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto legislativo que recupera el estatus de área protegida del Parque donde se ubicó la mina. En ese contexto, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) quedó inhabilitado para otorgar cualquier ampliación solicitada por Inversiones Los Pinares. Sin embargo, Lenir Pérez, dueño de Inversiones Los Pinares, tiene otras dos empresas de su conglomerado esperando poder operar: una planta de peletización y un proyecto de generación de energía a partir de coque de petróleo, que podrían funcionar en el futuro, ya que no formaban parte del área protegida del Parque.

El 24 de septiembre de 2024, el Ministerio Público presentó un requerimiento contra Lenir Pérez y 12 personas más vinculadas a la empresa Inversiones Los Pinares, por suponerles responsables de «daños en contra del Parque Nacional Montaña de Botaderos». Se les acusa de explotación ilegal de recursos naturales y otros delitos que habrían afectado la biodiversidad del Parque, los cuales fueron «supuestamente cometidos» en perjuicio del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. 

Estas acciones por parte de la Fiscalía hondureña se sumaron a lo que pasó el 28 de abril de 2023 en Palm Beach Florida, cuando el FBI allanó un amplio complejo ecuestre de 10 millones de dólares del que Pérez era propietario. El abogado del empresario afirmó que el FBI no estaba apuntando a Pérez, sino a la multinacional Nucor que ahora está siendo beneficiada por la administración de Donald Trump.

Trump indicó el pasado domingo 8 de febrero que anunciaría nuevos aranceles y que emitirá impuestos de represalia a los países que graven las importaciones estadounidenses. Tras el nuevo anuncio, -ya impuso un 10 % a China- causó que las acciones de las compañías productoras de acero aumentaran con fuerza desde la apertura de la bolsa. Además de Nucor, fueron beneficiadas: U.S. Steel, que registró una subida del 4,8 %. Cleveland-Cliffs subió casi un 18% y Alcoa cerró con un alza del 2,2%, según CNBC.

Texto y fotografías: Fernando Destephen

Sindicalistas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) mantienen una protesta desde el lunes 10 de febrero porque «no se les ha respetado» el contrato colectivo, y las negociaciones se han alargado desde hace dos años. Según Edgar Padilla, miembro del sindicato, ya agotaron todas las instancias, lo que les llevó a convocar la huelga.

El martes 11 de febrero, en el noveno día de la protesta, los empleados en huelga escuchaban música cristiana mientras los militares custodiaban los accesos al edificio principal y otras áreas del Infop. Por ley, los militares son responsables de resguardar el material electoral para las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025. Algunos hangares dentro del Infop, ubicados en la colonia Miraflores de Tegucigalpa, han sido cedidos al Consejo Nacional Electoral (CNE) para actividades relacionadas con los comicios. 

Sin embargo, esta medida ha restringido el acceso de los empleados a esos espacios, lo que se ha convertido en uno de los puntos de la huelga. Según la dirigencia sindical, el auditorio fue entregado a las autoridades del CNE y los militares antes de lo previsto, reduciendo el espacio disponible para las clases que imparte el Infop. A pesar de las protestas, la dirección de la institución sostiene que esta situación no afecta el desarrollo de los cursos de formación. Como resultado, dos años de negociaciones se estancaron y los empleados fueron llamados a huelga.

Los sindicalistas sostienen que el préstamo del auditorio al CNE y a los militares significa quitar espacio para las clases de los estudiantes. Tegucigalpa, 12 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Los sindicalistas sostienen que el préstamo del auditorio al CNE y a los militares significa quitar espacio para las clases de los estudiantes. Tegucigalpa, 12 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Desde entonces, ha habido algunos picos de violencia; por ejemplo, la noche del 11 de febrero colectivos de activistas del Partido Libertad y Refundación llegaron al lugar para hostigar e intimidar a los trabajadores.

Otro motivo de descontento entre los sindicalistas es la denuncia sobre un sobregiro en los viáticos para el director y su equipo ejecutivo, sin que esto haya resultado en mejoras para la institución. «Estos viajes no aportan nada a la institución, solo generan más deudas», señalaron.

Ante estas acusaciones, Carlos Suazo, director del Infop, explicó que las demandas del sindicato son «meramente administrativas» y que «no les compete a ellos como sindicato». Entre las exigencias, mencionó la restitución de una trabajadora a la que calificó como «paracaidista». También cuestionó la legalidad de la toma, afirmando que ocurrió «de la noche a la mañana». 

«Tiene que haber todo un procedimiento, y ellos evadieron todo el proceso. Para mi sorpresa, el lunes amanecieron tomadas todas las regionales a nivel nacional», agregó. Sobre el tema de los espacios físicos cedidos al CNE, el director del Infop contestó que eso no ha impedido el desarrollo de las clases. 

El jueves 13 de febrero se registraron tres despidos por abandono del puesto de trabajo. Sin embargo, Antonio Díaz, uno de los despedidos, quien es el presidente del Sindicato de Trabajadores del Infop (Sitrainfop), aseguró que estos fueron realizados al margen de la ley.

Aunque medios de comunicación informaron este jueves 13 de febrero que se estaban retomando actividades en la institución, el 14 de febrero por la mañana medios de comunicación informaron que 40 trabajadores habían sido citados a audiencias de descargo; sin embargo, las autoridades del Infop apuntaron que no hay audiencias de descargo, sino que llegó un inspector del Ministerio de Trabajo y levantó un acta de constatación para verificar que los empleados se encuentran en su puesto.

La crisis en el Infop se desarrolla en un ambiente de división: algunos empleados respaldan las medidas de protesta, mientras que otros se oponen; algunos estudiantes continúan recibiendo clases en medio de la confrontación y la música, mientras los militares custodian los accesos del instituto, que también es utilizado como parte de la logística para las elecciones primarias del próximo 9 de marzo.

Por Teddy Baca
Portada: Persy Cabrera

Anteriormente escribí sobre elementos conceptuales de la diversidad sexual y de género. En esta ocasión, me enfocaré en el poliamor, partiendo de la idea de que todas las relaciones son válidas, siempre y cuando sean basadas en el consenso y la responsabilidad.

Para entender el poliamor es importante aclarar algunos conceptos. La monogamia se refiere a que una relación romántica es exclusiva entre dos personas; en la poligamia, puede haber tres o más personas en la relación.

Dentro de esas dinámicas, existen relaciones cerradas, que es cuando las relaciones monógamas o polígamas deciden por mutuo acuerdo no incluir a nadie más. En contraste, las relaciones abiertas consisten en que uno o más miembros deciden tener vínculos afectivos o sexuales por fuera, siempre con el consentimiento de todas las partes. 

En una infidelidad, el acuerdo de mantener cerrada la relación no se respeta cuando una de las personas se involucra con alguien más, sin consenso. Es importante aclarar esto porque la moral no depende del modelo relacional, sino de la capacidad del individuo de respetar acuerdos.

El poliamor es una forma de relacionamiento polígamo, en el que tres o más personas tienen vínculos románticos, incorporando los mismos valores que podría tener una pareja: intimidad, confianza y compromiso.

Existen otras formas de poligamia como la poliginia, en la que un hombre puede tener muchas esposas (algo común en Medio Oriente) y la poliandria, en la que una mujer puede tener muchos esposos (casos observados en algunas culturas de África y Oceanía). La diferencia esencial es que el poliamor no depende de un reconocimiento legal para existir (aunque sí para obtener derechos), así como tampoco se restringe a una matriz heteronormativa.

Ya sean relaciones de tres o más hombres, tres o más mujeres o relaciones en las que hay personas de diferentes géneros, el poliamor es un marco relacional que no se sujeta de una sola estructura social, aunque esto no implica que esté exento de sufrir de los mismos problemas de una relación monógama, como la infidelidad y la violencia.

Hay muchos tipos de relaciones poliafectivas y no creo poder explicar todos, por lo que les invito a profundizar en caso de desearlo. Entre otras están: una trieja, relación de tres personas; relaciones unicornio, una relación heterosexual que busca a una mujer o a un hombre bisexual para involucrarle sexual o románticamente; relaciones en las que solo un miembro de la relación es practicante del poliamor y el resto son monógamos.

Un término que puede confundirse con el poliamor es la práctica swinger o intercambio, en la que una pareja determina interactuar con otra persona o pareja para fines meramente sexuales, y casi siempre, de forma discreta.

De cualquier manera, las personas poliamorosas no la han tenido fácil; pocos países reconocen sus uniones y rara vez son visibilizadas en los medios. Algunos ejemplos de poliamor se pueden ver en la película argentina Somos tres, la serie Tú, yo y ella, y la serie Felices los 6.

Aun con esos ejemplos, usualmente las relaciones poliamorosas suelen ser retratadas como una perversión o algo morboso relacionado con las fantasías sexuales de personas heterosexuales (particularmente hombres heterosexuales que no ven más allá del morbo de tener relaciones con dos mujeres), por lo que en general, no existe aceptación de este modelo relacional.

En mi libro Estaré bi-en a tu lado visibilizo el poliamor de la mano del personaje de Adilson, un hombre bisexual gentil y apasionado.

Cabe mencionar que en el reino animal es mucho más común encontrar relaciones polígamas que monógamas, por lo que lejos de lo que podrían algunos creer, se trata de algo natural. Aún así, el poliamor no es algo idílico, y tampoco asegura que sus practicantes sean personas abiertas a todas las experiencias o respetuosas de la diversidad, irónicamente, pese a que forman parte de ella. 

Para finalizar, creo necesario recordar que visibilizar y reconocer no es imponer. Las personas poliamorosas existen y aceptar esta realidad nos permite comprender la diversidad de las relaciones humanas, en lugar de idealizar la monogamia como un modelo perfecto e incuestionable.

Por Maryoriet R. Salgado
Portada: Persy Cabrera

Las heridas de la democracia son tangibles y globales. Ningún país escapa a su fragilidad ni al sufrimiento que esta conlleva. En Honduras, aunque la izquierda llegó tarde, estamos al borde de replicar las mismas narrativas que han polarizado a otros países. Frases como «antes estábamos mejor» resuenan con frecuencia a pesar de los años de quejas, exilios, fraudes y marchas contra narcodictadores. En mayo de 2024, los resultados del Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús indicaron que solo el 14.2 % de los encuestados considera que el país ha mejorado bajo el actual gobierno, mientras que el 45.9 % cree que ha empeorado.

Las críticas a la incapacidad de administrar fondos públicos y un discurso de resistencia que ya no es consistente con la gobernanza han opacado los escándalos de corrupción del pasado, como el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) o los proyectos fallidos, como elegir un presidente que sirvió de manera inconstitucional un segundo período, y que hoy está encarcelado por instalar un narco-Estado. Nuestra memoria es corta: no solo vivimos al día en lo cotidiano, 

Si bien la elección de Xiomara Castro como la primera mujer presidenta en 2022 marcó un hito, también dejó en evidencia una verdad incómoda: su victoria no fue un triunfo de la equidad de género, sino más bien una reacción al descontento con las administraciones previas. Nuestras ciudades son testigos de proyectos inconclusos y gestiones fallidas que han dejado grandes cicatrices en la infraestructura y la confianza ciudadana.

Sin embargo, el actual gobierno debe hacer frente a los crecientes cuestionamientos por nepotismo y a la falta de una reforma estructural que elimine las prácticas patrimonialistas. También deben responder por las promesas incumplidas, como la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH); este incumplimiento sigue erosionando la credibilidad gubernamental. Vale la pena recordar que esta iniciativa fue una de las principales demandas del Movimiento de las Antorchas entre 2015 y 2021, y aún no se ha materializado.

Nuestra situación actual marca una crisis que algunos intentan minimizar con la nostalgia de que «estábamos mejor». Sin embargo, mientras nosotros debatimos, quienes están al mando no se rigen por ideologías, sino por el poder. Los partidos y sus ideologías crean portavoces y seguidores que amplifican discursos polarizantes, y así terminamos todos repitiendo lo que escuchamos sin cuestionar. De hecho, los términos «izquierda» y «derecha» han perdido su significado original y se han convertido en herramientas de manipulación que nos inculcan en los medios, la escuela, la familia, en las calles y hasta en el bar. Ahora más que nunca, han dejado de ser polos irreconciliables para convertirse en reflejos del mismo fenómeno.

El verdadero reto consiste en no aferrarnos a la nostalgia de una realidad que nunca existió. Debemos asimilar que «antes» tampoco estábamos mejor. De hecho, nunca lo hemos estado, esa es la clara definición de un país con estadísticas tan contundentes de subdesarrollo. Pero eso no significa que ahora estemos bien. Ambas verdades pueden coexistir, y solo aceptándolas  podremos aspirar a soluciones nuevas.

Sin embargo, en lugar de reconocer esta realidad y buscar respuestas más allá de los discursos de siempre, hemos caído en una trampa cíclica: confiamos en ideologías. En teoría, las ideologías que rigen la acción política deberían ofrecer soluciones, pero en la práctica han fragmentado las naciones y las familias. Pasamos de la izquierda a la derecha como si fuera un juego: nos indignamos con los excesos de un lado y terminamos decepcionados con los del otro.

En Estados Unidos, las narrativas fascistas, que parecen sacadas de una película histórica, resurgen con fuerza. En Europa, el auge de los extremismos es evidente: alemanes simpatizando con un neonazismo que alguna vez los avergonzó (¿o quizás nunca lo hizo del todo?), una Inglaterra que se aparta de Europa, impulsada por narrativas tradicionales y conservadoras, y un continente que, en su conjunto, navega entre la crisis y la polarización.

Lo mismo ocurre en América Latina. Brasil pasó de un líder autoritario como Jair Bolsonaro, quien adoptó un discurso agresivo, violento y abiertamente misógino y homófobo, y prometió desmantelar políticas de protección socioambiental y perseguir a poblaciones indígenas, a un socialista como Luiz Inácio Lula da Silva, quien enfatiza la importancia del medio ambiente y combate activamente la deforestación con políticas integradas y para poblaciones diversas en los esfuerzos de mitigar el cambio climático.

En Argentina, Javier Milei, cuyas promesas de «dinamitar» el Banco Central y eliminar la obra pública son propias de un libertario, reflejan un giro radical tras los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, quien intentó revivir el desarrollismo de los años cincuenta y sesenta con un enfoque de socialismo estatal que claramente fracasó. En Nicaragua, Daniel Ortega, un líder de izquierda, se aferra al poder mediante la represión desde el 2007, tras el último presidente electo de manera democrática, Enrique Bolaños, quien mantenía una narrativa de respeto por el Estado de derecho. Y la lista sigue: Cuba, Venezuela, Chile… En realidad, sería más fácil contar los países que han logrado evitar estos saltos entre extremos.

Más que opuestos, la izquierda y la derecha han generado un ciclo de alternancia que impide el desarrollo tangible. 

El problema en Honduras no es criticar la situación actual —lo cual es necesario y urgente—, sino la incapacidad de recordar lo que nos trajo hasta aquí. Hemos convertido la política en batallas ideológicas en lugar de buscar soluciones. Es hora de dejar de jugar a los extremos y empezar a cuestionar el tablero en el que nos obligan a movernos. Porque, mientras sigamos atrapados en la idea de que todo se traduce en bandos, los únicos que ganan son aquellos que han hecho de esa división su estrategia para seguir en el poder.

Lourdes Pamela Blanco, mencionada en diciembre de 2024 en la Lista Engel de Actores Corruptos y Antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos por socavar «procesos o instituciones democráticas» mediante presiones e influencias indebidas, entre 2023 y 2024 prestó servicios a la Empresa Nacional Portuaria y es señalada con tener injerencia en la Secretaría de Trabajo en beneficio de grandes empresas. Su esposo, Tomás Vaquero, es titular de la Secretaría de Gobernación, su hija Nicole Vaquero es representante diplomática de Honduras en Guatemala, y su hijo Marcelo Vaquero recientemente fue presentado como candidato a diputado suplente por una corriente del oficialismo.

Texto: Fernando Silva
Portada: Persy Cabrera
Fotografía: Fernando Destephen

Durante la administración de Xiomara Castro como titular del Poder Ejecutivo, se ha visto a Pamela Blanco en el círculo más cercano de la presidenta, apareciendo en eventos oficiales del Gobierno a pesar de no tener ningún cargo permanente como funcionaria, y subiendo fotografías junto a la pareja presidencial en sus redes sociales. Sin embargo, cuando en 2023 le solicitamos una entrevista para el reportaje sobre la representación legal que ofrecía su bufete legal a empresas de Lenir Pérez, nos aseguró que ella es una persona de «bajo perfil».

El 27 de diciembre de 2024, Blanco se volvió noticia a nivel internacional cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos la incluyó en la Lista Engel de actores antidemocráticos y corruptos por «socavar procesos e instituciones democráticas al presionar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones para obtener ciertos resultados, además de usar sus conexiones con funcionarios del gobierno para ejercer influencia».

«La Dirección Regional de la Secretaría del Trabajo en San Pedro Sula es patrimonio de ella, ella es quien manda ahí. Los trabajadores que van a denunciar abusos están perdidos, cuando van a buscar auxilio de esa institución salen perdiendo porque ella manda y representa a grandes empresas, y si la denuncia es contra alguna de sus representadas les va peor a los trabajadores», explicó una fuente que pidió no revelar su nombre, pero que ha compartido en el entorno cercano de la abogada y de su esposo Tomás Vaquero, quien ocupa el cargo de ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización en el Gobierno hondureño.

La fuente consultada por este medio también contó que si un trabajador o trabajadora solicita un inspector ante la Secretaría de Trabajo, la influencia de la abogada Blanco consigue que el funcionario no asista a la inspección, o que el informe sea favorable para la empresa y niegue todo lo que dice el denunciante.

Este medio contactó a la licenciada Dilcia Paz, encargada de comunicaciones de la Secretaría del Trabajo para consultar al titular, Wilmer Fernández, sobre la influencia de la abogada Blanco en la institución. Sin embargo, Paz respondió que el ministro no atendería las preguntas por estar en otras reuniones relacionadas con temas migratorios, ni confirmaría si Blanco trabaja oficialmente allí. En el portal de transparencia de dicha Secretaría no aparece la abogada Blanco como empleada o contratista.

En donde sí aparece es en la planilla de gastos de la Empresa Nacional Portuaria, al menos desde julio de 2023 hasta diciembre de 2024 (exceptuando enero de 2024). En ese periodo percibió un salario mensual de entre 54,000 y 54,550 lempiras, sumando aproximadamente un millón de lempiras en total.

Pamela Blanco
Pamela Blanco

Carlos Bueso, titular de la ENP, afirmó a Contracorriente que la abogada Blanco fue contratada bajo la modalidad de servicios profesionales para litigar casos de la institución y que no tiene un contrato permanente. Un documento oficial de la institución compartido por Bueso, señala que la abogada ocupaba el cargo de asesora del gerente general.

El trabajo de Pamela Blanco al servicio de grandes maquilas

María Luisa Regalado, coordinadora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh), conoce desde hace muchos años a la abogada Pamela Blanco, y dice que su influencia en la Secretaría de Trabajo, donde ha defendido los intereses de maquiladoras multinacionales ante las demandas de trabajadoras que denuncian violaciones a sus derechos, no es reciente. Sin embargo, asegura que durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, dicha influencia «ha sido peor».

«Un día, en una audiencia con ella por el caso de trabajadores despedidos, intenté sensibilizar sobre las problemáticas que enfrentan las trabajadoras. Ella me miró y me dijo: “Señora, la empresa no tiene corazón”. Ella disfruta burlándose, es una cuestión maligna, y creo que, entre todos los abogados y abogadas de estas transnacionales maquiladoras, es la número uno que disfruta joder la vida a las trabajadoras», explica María Luisa, y también remarca que la abogada Blanco es representante de las empresas vinculadas a la multinacional Hanesbrands, y por tanto, defiende sus intereses. 

Según documentos a los que tuvo acceso Contracorriente, Pamela Blanco Luque fue asignada desde 2007 con un poder general para litigios de la empresa Jasper Honduras S. de R. L., y según el testimonio de María Luisa, quien desde Codemuh acompaña a constantemente a las trabajadoras en los procesos legales que entablan para exigir sus derechos, también es una de las principales representantes de la multinacional Hanesbrands, la cual ha sido reportada en medios de comunicación y comunicados como propietaria de las plantas maquiladoras Jasper. 

Hanesbrands anunció en septiembre de 2022 el cierre de la planta Jasper debido a «las necesidades del negocio», y en octubre de 2024 comunicaron la decisión de cerrar tres plantas más en San Pedro Sula, dejando a más de 2,000 personas sin empleo. A pesar de lo que se anunció a los trabajadores de la empresa como un «cierre total» y la venta de la totalidad de sus derechos de propiedad intelectual, según los documentos, Jasper y la sociedad Hanes Global Holdings Switzerland GMBH suscribieron un contrato de préstamo por diez millones de dólares en diciembre de 2024.

El cierre de las plantas de Hanesbrands no solo deja a más de 2,000 personas sin empleo, sino que agrava la incertidumbre de las trabajadoras y trabajadores afectados por problemas de salud derivados de sus labores en las maquilas. Muchos no cuentan con los dictámenes oficiales que validen sus enfermedades como profesionales, lo que los deja desprotegidos ante la falta de cobertura médica.

María Luisa dice que en la organización que dirige siguen la lucha por los derechos laborales de las trabajadoras ante el «monstruo» de las maquilas y los despidos masivos que generan los cierres de estas. En ese contexto, señala a la abogada Blanco como pieza clave en la defensa de los intereses de las multinacionales que requieren su servicio, como una profesional «nefasta que no tiene corazón» y de quien no duda que, tal como se describe la razón de su nombramiento en la Lista Engel, esté utilizando sus influencias políticas y cercanía con la familia presidencial para salir victoriosa en los procesos legales que acompaña.

«No lo dudamos, sabiendo como es ella y sabiendo que ella dice que es parte de la familia presidencial, y la verdad es que se ve y se siente el poder que tiene en la Secretaría del Trabajo», explica María Luisa.

Finalmente, María Luisa también cuenta sobre la decepción que han tenido que afrontar ante las promesas fallidas del Gobierno de Xiomara Castro, y señala las incongruencias en el discurso estatal, donde se critica a «grandes familias del poder económico», pero no se procede contra los abusos en contra de los derechos laborales ejercidos por las maquilas que cuentan con exoneraciones fiscales.

«No pagan impuestos, y ya se debió hacer una investigación contra estas empresas. Nosotras solicitamos al actual ministro de Trabajo una investigación de todas las empresas de la corporación Hanes, porque cuando se anunció el cierre de la planta de Choloma las trabajadoras nos notificaron que iban a cerrar cuatro plantas más. Nosotras pusimos en conocimiento al ministro de Trabajo, solicitamos una inspección para ver en qué condiciones están, y no hemos tenido respuesta», concluyó.

De derecha a izquierda, Pamela Blanco Luque, Tomás Vaquero, secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, y Sarahí Cerna, ministra de la Presidencia, durante la instalación de la IV Legislatura en el Congreso Nacional. Tegucigalpa, 25 de enero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
De derecha a izquierda, Pamela Blanco Luque, Tomás Vaquero, secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, y Sarahí Cerna, ministra de la Presidencia, durante la instalación de la IV Legislatura en el Congreso Nacional. Tegucigalpa, 25 de enero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Las relaciones de Blanco con las empresas de Lenir Pérez en Grupo EMCO

En enero de 2022, Contracorriente reveló que, desde junio de 2020, el empresario Lenir Pérez comenzó a contratar los servicios de la abogada y notaria Lourdes Pamela Blanco Luque, esposa de Tomás Vaquero Morris, actual titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Desde ese entonces, Pamela Blanco asumió el rol de notaria para la constitución de varias empresas vinculadas al grupo liderado por Lenir Pérez y recibió poderes legales para representar a dichas compañías ante las instituciones del Estado. Pérez, presidente del Grupo Emco Holding, encabeza un conglomerado con inversiones en sectores como construcción, siderurgia y operación aeroportuaria. Entre sus proyectos más conflictivos están el megaproyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras, en Tocoa, Colón, y la concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola, ambos señalados por irregularidades en su adjudicación.

Particularmente, la concesión minera en Guapinol desató un conflicto socioambiental desde 2018, que ha representado la criminalización de 32 defensores del ambiente, y que el 14 de septiembre de 2024 conllevó al asesinato de Juan López, quien era regidor del municipio de Tocoa, Colón, y defensor de la tierra y el ambiente en la zona.

Según una revisión hecha por este medio, la abogada Blanco Luque ha prestado sus servicios legales de notaría y uso de poderes legales a 14 empresas registradas que estuvieron o están a nombre de Lenir Pérez, y en varias de ellas se ha mantenido activa recientemente. Por ejemplo, entre mayo de 2023 y marzo de 2024, Blanco Luque obtuvo y ha mantenido poderes legales en al menos tres de esas empresas: Alutech, Constructora EMCO, y  Empresa Aduanera de Importaciones y Exportaciones S. A. de C. V.

La amistad sobre los conflictos de Pamela Blanco

«Cuando Xiomara va a San Pedro, se queda en la casa de ella. Xiomara no paga hotel, o sea, sí son amigas, amigas», cuenta la fuente consultada por Contracorriente, y concluye: «Esa es la tradición política nuestra, de hecho este tipo de gente busca poder para tener esa facilidad (ejercer influencia gracias a sus conexiones políticas). Tomás Vaquero siempre es claro en eso, por eso digo que es un mafioso también, aunque no como ella (Pamela Blanco), él guarda ciertas apariencias y ella no tiene cuidado».

Siguiendo la «tradición política» de nepotismo que ha impulsado el gobierno conducido por Xiomara Castro y su Partido Libre, las influencias de los Vaquero Blanco comienzan a extenderse en otras instituciones y poderes del Estado. Por ejemplo, desde mediados de 2022, Nicole Vaquero, de 36 años, hija de la familia Vaquero Blanco, ocupa el cargo de encargada de negocios en la Embajada de Honduras en Guatemala. Previo a eso, se desempeñó como abogada asociada directa al fiscal general durante nueve años en el Ministerio Público, donde trabajó y se hizo cercana al exfiscal Óscar Chinchilla.

Además, se anunció recientemente que Marcelo Vaquero Blanco, hijo de la familia Vaquero Blanco, de 22 años, competirá en las elecciones internas del próximo 9 de marzo como candidato a diputado suplente, acompañando en la fórmula a la actual diputada por el departamento de Cortés, Linda Donaire. En una nota de El Heraldo se reportó el pasado 24 de enero que Marcelo Vaquero es empleado del Ministerio Público, y que pidió una licencia no remunerada para participar en política. 

Lourdes Blanco
Lourdes Blanco

Sobre el hecho de que Lourdes Pamela Blanco se encuentre en el círculo más cercano de la presidenta Castro y de la cúpula del partido gobernante, la fuente consultada por Contracorriente aseguró que «eso desacredita el proyecto político», y apunta que la abogada Blanco es un personaje opaco que sabe mover los hilos sin aparentarlo. 

Los otros personajes señalados por el Departamento de Estado

Además de Blanco Luque, el Departamento de Estado de EE. UU. actualizó recientemente su Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, sumando a Sonia Marlina Dubón, magistrada de la Corte Suprema de Justicia y esposa de Enrique Flores Lanza, quien es asesor de la presidencia. Dubón fue incluida por manipular su posición para debilitar el Estado de derecho. También se agregó a Ebal Jair Díaz, exsecretario de la Presidencia en la administración de Juan Orlando Hernández, acusado de corrupción significativa, especialmente en proyectos de obras públicas y programas sociales.

Desde la creación de la Lista Engel en 2021, ya suman 52 hondureños señalados por el Departamento de Estado estadounidense. En este caso, la lista fue rechazada por el Gobierno de Xiomara Castro. Eduardo Enrique Reina, canciller de la República, señaló en redes sociales: «Reiteramos nuestra posición. Desconocemos las medidas y listas unilaterales que publiquen los Estados por ser realizadas bajo procesos subjetivos que se desconocen, sin pruebas específicas presentadas y que tiene también un componente político».

María Luisa dice que este tipo de sanciones les afectan poco a este tipo de personajes, y particularmente a Pamela Blanco Luque «le afectará porque no podrá entrar como si fuera su casa en Estados Unidos, pero ella tratará de minimizarlo con los viajes que siempre presume hacer».

Sobre la inclusión de miembros del Partido Libre en listados de las sanciones que durante el gobierno de Joe Biden se impusieron sobre actores corruptos en la región, Obed López, diputado suplente de Rasel Tomé, congresista que en julio de 2022 también fue incluido en la Lista Engel, apunta que el mecanismo implementado por el gobierno estadounidense carece de «un esquema objetivo», y asegura que «cada señalamiento es ambiguo y no tiene un fundamento jurídico, sino que todo es es político, por eso para nosotros la Lista Engel se volvió un instrumento político».

«No estoy diciendo que los que salen ahí no son corruptos. Yo no estoy diciendo eso, lo que pasa es que es muy subjetivo el señalamiento», finalizó López.

En este contexto, la administración del nuevo presidente estadounidense Donald Trump emitió el 10 de febrero una orden ejecutiva que suspende por 180 días la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de revisar su impacto en la competitividad económica y la seguridad nacional de EE. UU. Durante este período, no iniciarán nuevas investigaciones bajo esta ley, salvo excepciones determinadas por el Departamento de Justicia. 

Unos días antes, el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que hasta el momento la administración Trump no había discutido un cambio a sanciones realizadas en contra de individuos, pero que en su momento se revisarán.

En su primer mes en la Casa Blanca, lo que Trump ha demostrado es una política contra los derechos humanos de los migrantes y las poblaciones vulnerables, además de una amenaza contra la separación de poderes en Estados Unidos. Mientras, en Centroamérica, aún está por verse cuán aliado y confiable será Bukele, que ahora hasta ofrece ser el carcelero de la potencia norteamericana.

Por Carmen Rodríguez

Trump ha regresado más autoritario. Sus aliados, asesores y colaboradores aprendieron muy bien de los errores de la primera administración y parecen estar convencidos de no dar marcha atrás a las reformas estructurales que planearon y que nos dieron a conocer en el famoso “Project 2025”: La Agenda Conservadora para la Próxima Presidencia Republicana, propuesta que circuló durante la campaña presidencial y de la que el mismo presidente se había desmarcado, pero que ahora aplica con vehemencia a través de decretos ejecutivos.

Este plan sienta las bases de un nuevo sistema conservador que prioriza la protección y el beneficio de un grupo reducido, que elimina avances en materia de derechos humanos, de mujeres y de igualdad que Estados Unidos había alcanzado. 

No ha pasado ni un mes de esta segunda administración y las más de 200 órdenes ejecutivas firmadas por Trump ya acentuaron y afloraron la división social, el racismo y el odio antiinmigrantes. Esta antesala nos dicta que al final de la era Trump 2.0, en realidad su plan no busca restaurar a los Estados Unidos, sino convertir al país en otra cosa, en una apuesta que suena más a un llamado: will Make America Ghastly Again (MAGA). 

Ghastly es adjetivo que tiene sus raíces en el inglés antiguo y medio, para referirse a algo terrorífico, lleno de pavor, un sentido general de horror ante la posibilidad de que algo desagradable suceda. Y justo todo esto es lo que se respira en este ambiente MAGA.  

Las principales víctimas de ese pavor y miedo son los migrantes indocumentados; perseguidos en las calles y en las puertas de sus casas, que viven ahora con temor a ser detenidos en cualquier lugar o a que llegue ‘la migra’ al trabajo y se lleve a todos los que no tienen papeles, pero también a los que tienen un estatus migratorio. Ese miedo se materializa en los agentes de ICE que merodean las escuelas o los restaurantes, buscando a los estudiantes y padres indocumentados.

En las primeras tres semanas, MAGA la Casa Blanca y las agencias del Departamento de Seguridad (DHS) reportan la detención de entre 1,200 y 1,500 inmigrantes por día en diferentes estados del país. Según la vocera presidencial, los deportados son cientos de “inmigrantes ilegales, criminales, terroristas y miembros del Tren de Aragua”, pero las organizaciones de inmigrantes contradicen esta información y aseguran que entre los miles de deportados (solo México ha señalado haber recibido ya a más de 11 mil)  hay hasta ciudadanos estadounidenses

Trump tiene que cumplirle a sus electores la promesa de expulsar y deportar inmigrantes, tiene que demostrarles que efectivamente es el presidente que más inmigrantes ha deportado, que limpiará las calles de esos inmigrantes que, según él, amenazan la estabilidad de Estados Unidos. Pero, sobre todo, tiene que demostrar que es un presidente estricto, de palabra y con mano dura. Y mientras esto pasa, no importan los daños colaterales, el enemigo del momento son los inmigrantes para esta región. 

Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la administración Trump se ha propuesto perseguir y deportar en sus primeros 100 días a poco más de 1.4 millones de inmigrantes indocumentados de origen latino que tienen órdenes de deportación activa o récord criminal. En este grupo se encuentran 203,822 salvadoreños; 252,044 mexicanos; 251,661 hondureños y 253,413 guatemaltecos. El resto, son individuos de otras nacionalidades. 

Las organizaciones de defensa de derechos humanos, de inmigrantes y los sindicatos han advertido las violaciones a los derechos humanos y han intentado hacer ver que esta medida le costará muy caro al país, no solo porque cada vuelo que sale de Estados Unidos -con entre 200 y 250 repatriados- tiene un costo de alrededor de $250,000, sino porque la inmensa mayoría de los deportados son trabajadores que aportan a la economía estadounidense. A Trump y a su gobierno, esos costos no les importan.  

¿Aliados en Centroamérica?

No solo los indocumentados están en la mira MAGA, también lo está otro grupo de cerca de 250,000 salvadoreños que aún poseen el Estatus de Protección Temporal, el programa conocido como TPS. Este grupo, beneficiado al cierre de la gestión Biden con una extensión del programa hasta 2026, ahora cae de nuevo en el limbo de los caprichos de Trump, que ya revirtió ese beneficio a cientos de miles de refugiados venezolanos que habían sido beneficiados junto a los salvadoreños por la administración saliente. 

Para los salvadoreños, pero también para el resto de los centroamericanos, el panorama es desolador. Trump ya ha planteado que busca reformar el programa para limitar sus extensiones y las condiciones para ser otorgado. 

Los asesores cercanos al presidente han dejado claro lo que piensan de programas como el TPS y en especial de la última fecha para los salvadoreños, a la que calificaron como “una estafa al pueblo estadounidense”. 

Dicho esto, está claro que el TPS no depende de la asistencia de la embajadora de El Salvador, Milena Mayorga, a las fiestas del segundo gobierno de Trump o de las fotos que se tome en Mar al Lago, ni tampoco de sus acercamientos y ofrecimientos de su ‘amigo’, ausente en la toma de posesión, Nayib Bukele.

Las primeras órdenes ejecutivas mandan a que se haga una revisión del TPS y las reformas necesarias para evitar que este beneficio sea extendido una y otra vez. Aunque la decisión de la continuidad o la terminación del TPS está en manos de la Corte, debido a una demanda en contra de la cancelación ordenada por Trump en 2017, y que fue impulsada por dos hijos de tepesianos salvadoreños, una vez se realicen estas reformas el TPS no será el mismo.  Y habrá que ver si esta administración también espera y respeta los fallos judiciales. 

Más reciente, tanto Trump como su vicepresidente y el todopoderoso Elon Musk, director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), han lanzado una campaña contra el órgano judicial al señalar que los jueces no tienen por qué fallar en contra de las decisiones del Ejecutivo. Y también han sugerido que no se deben acatar esas decisiones, en alusión a los frenos que jueces han ordenado contra algunas de las órdenes ejecutivas de Trump.

Este nuevo camino autoritario de Trump se parece al que ya demostraron en el continente Hugo Chávez en Venezuela, Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México y Bukele en El Salvador. Este último, en alusión a este tema, dijo en redes sociales que, para evitar a esos jueces, terminó destituyéndolos. “Bravo”, le contestó el magnate Musk. 

Las declaraciones de los máximos exponentes del poder en Estados Unidos ahora abren las puertas a una crisis constitucional en ese país y son un claro desafío contra el principio de separación de poderes que ha reinado en esa parte de Norteamérica desde hace más de dos siglos. 

Y mientras los ‘enemigos’ de la administración Trump cuestionan este cambio de rumbo y cómo esto afecta al planeta entero en materia de derechos humanos, defensa del medioambiente y la paz mundial, en la región las cartas parecen estar ya echadas. En El Salvador, Bukele ya hizo un giro radical hacia Estados Unidos. Aquel que dijo que su país no sería el patio trasero de Estados Unidos, ahora se muestra servil y complaciente con el gobierno Trump.

Bukele ofreció, una vez más, recibir a los inmigrantes expulsados de Estados Unidos. Pero esta vez se superó a sí mismo al proponer recibir no solo a los criminales expulsados, sino también a los convictos estadounidenses. 

La historia de la supuesta amistad entre los Estados Unidos de Trump y El Salvador del presidente inconstitucional, no se convertirá en la mejor de la historia política reciente. Sobre todo, cuando los verdaderos intereses de Trump están en otro lado: Los grandes amigos de Trump, los predilectos, son los verdaderos hombres de negocios, los multimillonarios tech que invirtieron millones de dólares para que regresara a la presidencia. 

Trump es un hombre de negocios. Y en Estados Unidos, se sabe, no olvida cuando le juegan mal. Por eso, durante su campaña, recordó que fue gracias a Bukele que pandilleros liberados de las cárceles salvadoreñas, o que huyen del régimen de excepción, llegaron hasta gringolandia. Y los funcionarios de Trump tampoco olvidan que, durante su primera administración, Bukele abrió relaciones y negocios con China, unos días después de haberles prometido, aquí en Washington, que no buscaría ningún acercamiento con esa otra potencia. 

Más allá de la propaganda y del atardecer en Coatepeque, en compañía del secretario de Estado, Marco Rubio, el presidente inconstitucional salvadoreño tiene casi nada para ofrecerle a la nueva élite de la política estadounidense. 

En cambio, tendría mucho que decir para intentar frenar la cacería humana que Trump realiza contra las personas migrantes en Estados Unidos, pero no lo hará. No lo hizo en el pasado y no lo hará ahora. 

Las expectativas de la nueva relación Estados Unidos – El Salvador están ahora bastante elevadas, pero Trump ni siquiera ha reaccionado personalmente, ni tampoco agradecido, el gesto histórico de su ‘amigo’ para recibir, cual carcelero, a los deportados y a los criminales del norte. 

 

*Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual NOMBRE DEL MEDIO forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.

 

Por: Arnoldo Delgadillo Grajeda
Ilustraciones: Melisa Casillas y Cambia la Historia
Historias publicadas originalmente en Cambia la Historia

El caso de Mayra sacudió al estado de Colima cuando su asesinato, implicando a elementos de la policía, se hizo público. Aunque su caso fue mediático en un principio, pronto quedó en el olvido a nivel mediático, excepto para su familia, que al final alcanzó la justicia. 

Mayra Jazmín fue secuestrada en la ciudad de Manzanillo, Colima, el 19 de septiembre de 2021; diez días después, su cuerpo fue encontrado por transeúntes, asesinada, con heridas de bala, en una brecha cercana a la carretera a Colima capital, en las inmediaciones del poblado de Jalipa. Mayra tenía 19 años y era estilista.

Cuando la secuestraron, estaba barriendo su emprendimiento, Barber Girl, en El Colomo, una comunidad rural absorbida por el puerto comercial, llena de patios de contenedores, polvo y tráileres. Cuando los secuestradores llegaron por ella, se quitó el mandil y dejó la escoba recargada en el espejo. 

De los tres secuestradores, todos policías municipales, al menos conocía a dos: uno era cliente de su barbería y otro vivía también en su misma comunidad. Seguro eso le dio confianza de acercarse a ellos.

La pareja de Mayra le confirmó a su madre, Yuri, lo que ella ya sospechaba: que algo malo había pasado. «Me dijo que se la habían llevado del local, que no estaba; se la llevaron como a las 20:35 horas», recuerda.

Los tres hombres pidieron 400,000 pesos por Mayra y su familia terminó entregando 82,000, que fue todo lo que consiguieron reunir pidiendo cooperaciones a sus amigos y familiares.

«El dinero lo entregamos el día 20 de septiembre en una carretera. Yo misma lo entregué porque ellos me querían a mí, que yo sola fuera a entregar el dinero porque me estaban vigilando», narra Yuri, la madre.

Sin embargo, el retorno de Mayra nunca se dio. Yuri seguía esperando, cuando leyó en sitios de noticias en internet que habían encontrado un cuerpo y decían que era el de su hija. Ella no lo creía, pues había entregado el dinero solicitado, pero cuando fue a preguntar a la Fiscalía, confirmaron el hecho.

Siendo personas de escasos recursos, provenientes del vecino estado de Michoacán, en busca de empleo en el puerto de Manzanillo —uno de los más importantes de América Latina—, tampoco fue fácil hacer frente a los gastos funerarios inesperados.

En más de una ocasión, con el dolor atravesado en el alma, la señora habló con periodistas locales pidiendo apoyo de las autoridades municipales y estatales, pero la ayuda no llegó. 

Pasando el funeral de su hija, comenzaron a ver afuera de su casa «carros muy sospechosos» vigilándolos por horas; después personas no identificadas empezaron a seguir a toda la familia: «Nos fuimos porque no fueron cualquier persona los que se llevaron a mi hija, eran policías; entonces ¿a quién íbamos a recurrir? A nadie, ya no se confía en nadie».

Mayra, su mamá y sus tres hermanos pequeños —unos niños todavía— tuvieron que huir del lugar donde vivían por temor: fueron doblemente víctimas de la violencia. Vivieron meses bajo un puente fronterizo en la ciudad de Tijuana, Baja California, esperando asilo humanitario para resguardarse en Estados Unidos. 

Algunos meses después, gracias a la intervención de un periodista, que ya conocía el trabajo de Proyecto Alessandra, Yuri entró en contacto con ellos. Sin embargo, Yuri estaba aterrorizada y llena de desconfianza, una respuesta comprensible dada la implicación de policías en el asesinato de su hija.

«Estaban viviendo bajo ese puente, intentando sobrevivir día a día, pidiendo comida, cargando el celular cuando podían», recuerda el equipo de Proyecto Alessandra. El miedo constante a las represalias y el acoso los había obligado a huir del estado. La violencia es una espiral que revictimiza. 

Uno de los mayores desafíos para los asesores legales fue ganarse la confianza de Yuri, quien no solo tenía miedo de hablar, sino que también desconfiaba de todo el sistema de justicia. «Tenía miedo de que quienes la contactaban fueran cómplices de los policías implicados». 

Finalmente, Yuri accedió a una llamada y comenzó a hablar sobre la pesadilla que estaba viviendo. Durante la conversación, reveló que su mayor temor provenía de los implicados en el crimen: «El temor principal era que los probables responsables fueran elementos de la policía», algo que hizo que tanto ella como su familia se sintieran completamente vulnerables. Tras varios intercambios, la familia de Mayra accedió a que Proyecto Alessandra los representara y ayudara a avanzar en la investigación y protección de sus derechos.

Como Yuri seguía en Tijuana, la organización coordinó los trámites a distancia con la ayuda de un amigo en la ciudad fronteriza, que sirvió como intermediario para trasladar los documentos necesarios. 

Lo difícil de ser reconocido como víctima

Uno de los primeros obstáculos fue inscribir a Yuri y su familia en el registro de víctimas, un proceso que resultó ser increíblemente burocrático y deshumanizador. «Pedían fotografías recientes, un domicilio cierto, e incluso una carta donde narraran todos los hechos, algo que era claramente una revictimización», comentan los fundadores de Proyecto Alessandra. 

Datos solicitados por las autoridades para reconocer como víctimas a los familiares de Mayra.
Datos solicitados por las autoridades para reconocer como víctimas a los familiares de Mayra.

La falta de sensibilidad de las autoridades no ayudaba a la familia, que ya estaba lidiando con el trauma de la pérdida. Sin embargo, los jóvenes abogados lograron que se tomaran medidas para garantizar la seguridad de la familia cuando tuvieron que regresar a Colima para hacer diligencias judiciales. Coordinando con la Policía Estatal y la Guardia Nacional, se organizó un operativo para escoltar a la familia durante su estadía en el estado. «Hicimos todo un operativo para que ella se animara a venir».

Una diferencia crucial entre el caso de Mayra y el de la mujer trans Valeria fue la calidad de la investigación. «El Ministerio Público tenía una investigación impecable», reconoce la organización. Se habían realizado intervenciones telefónicas y se había recuperado información crucial de los teléfonos de los sospechosos, lo que permitió esclarecer no solo el asesinato de Mayra, sino también otros delitos en los que los implicados estaban involucrados. 

A lo largo del juicio, la defensa de los acusados intentó sin éxito desestimar la evidencia obtenida, alegando violaciones a derechos humanos y buscando la nulidad del cateo realizado en la casa de uno de los sospechosos. «Intentaron todo para que se declararan nulas las pruebas, pero la investigación fue impecable», afirman.

El camino a la justicia

Laura Jiménez, presidenta de la Asociación Civil Acción Afirmativa, reconoce la importancia de que, al menos a nivel de sentencia, se materialice el acceso a la justicia, ya que beneficiará a otros casos de violencia feminicida y delitos relacionados como secuestro. 

«Este caso llega en un contexto grave de violencia contra las mujeres, donde las autoridades se resisten a aplicar el criterio de que toda muerte violenta debe ser investigado como feminicidio. Que exista ya una sentencia condenatoria nos fortalece para seguir luchando y para que se implementen de manera pronta los principios de la debida diligencia reforzada en casos de muertes violentas de mujeres», asegura. 

Aunque se logró una condena, el caso aún no ha concluido completamente. La familia de Mayra sigue esperando la reparación del daño, un proceso que, según el Proyecto, aún debe pasar por varias etapas legales, incluyendo la resolución de los recursos de amparo interpuestos por los condenados. «Aún estamos en la etapa de ejecución de la sentencia», explica. Mientras tanto, la familia de Mayra, aunque sigue sufriendo la pérdida, ha podido regresar a Colima y comenzar a reconstruir sus vidas.

Yuri, la madre de Mayra, mantiene desde que volvió a Colima un altar para su hija

Yuri, la madre de Mayra, mantiene desde que volvió a Colima un altar para su hija, siempre con una vela prendida: «me siento mal porque no tiene luz donde está». Con sus propios recursos personales paga terapia psicológica que debería ser entregada o cubierta por el Estado, invirtiendo 30 dólares por sesión. Uno de los más afectados es su hijo menor, que ya tiene diez años, pero era muy unido a Mayra. 

«Se acuerda mucho, en las Navidades, en diciembre, cuando tiene algún evento en la escuela, ella era la que lo llevaba. Este año me dijo: estoy feliz porque ya va a llegar Navidad y tendré un regalo, pero por otra parte no me siento feliz porque no estamos completos».

A pesar de que las estadísticas de violencia han aumentado en los últimos años en Colima, no pasó así con las solicitudes y el registro de víctimas. Y en 2022 solo se otorgó una reparación integral con cargo al fondo, para cuatro víctimas indirectas de feminicidio, por 483,000 pesos. 

El caso de Mayra no solo es un testimonio de la violencia que aún afecta a muchas familias en México, sino también de la importancia de que desde la sociedad haya profesionistas que luchen por garantizar que las víctimas de violencia obtengan justicia, incluso cuando el sistema judicial parece estar en su contra. La justicia puede llegar, siempre que haya quienes estén dispuestos a perseverar en su búsqueda.



Este reportaje fue producido en el marco del proyecto Cambia la Historia, coordinado entre DW Akademie y Alharaca con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, que combina la perspectiva de género e interseccional con el periodismo constructivo, promoviendo la producción de historias que visibilizan la violencia y ofrecen nuevas narrativas de resistencia en América Latina. Fue editado por la periodista hondureña Jennifer Ávila y la coordinación editorial fue de la periodista colombiana Ginna Morelo.

Por: Arnoldo Delgadillo Grajeda
Ilustraciones: Melisa Casillas y Cambia la Historia
Historias publicadas originalmente en Cambia la Historia

Valeria, una mujer transgénero que vivía en Colima, fue asesinada en su propia casa. Su muerte, ocurrida en medio de una crisis de violencia en el estado, atrajo la atención de un grupo de abogados pro bono, que se enfrentó a la negligencia institucional y la falta de recursos para que se investigara con perspectiva de género. Tres años después, el caso está «congelado» por errores en el procedimiento de la evidencia. 

Apenas 15 minutos después de terminada la rueda de prensa en que el equipo de Proyecto Alessandra se había presentado oficialmente ante la sociedad colimense, Carolina Valdez, directora operativa del proyecto, recibió una llamada que marcó el inicio de su primera investigación. «Recibimos la llamada de un familiar de una víctima de transfeminicidio», relata.

Valeria Carrasco, mujer trans de 25 años, había sido localizada muerta en el interior de su hogar en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, la madrugada del 7 de julio de 2021. Su cuerpo presentaba huellas de asfixia y habían intentado quemar la cama donde yacía; de acuerdo a conteos ciudadanos, habría sido el tercer transfeminicidio registrado en el estado en lo que iba de ese año. 

En el teléfono, José Alfredo Gutiérrez, hermano de Valeria, les pedía ayuda, porque su caso estaba siendo ignorado por las autoridades. «Llegó un punto, a los dos o tres meses a raíz del hecho, en que el asesor jurídico que me habían asignado me dejó de contestar los mensajes y ya tampoco me contestaba las llamadas», recuerda. 

Al recibir la carpeta de investigación, el equipo de Proyecto Alessandra comenzó a analizar las pruebas y evidencias que obraban en el expediente. El caso era más complicado de lo que parecía, y uno de los aspectos más importantes era que Valeria era una mujer transgénero, un hecho que el sistema de justicia no había abordado adecuadamente. 

«Desde el primer momento la familia lo comentó, pero el hermano se refería a ella como “él”», explica Johny Alonso, director jurídico del proyecto, añadiendo que este comportamiento no era un signo de rechazo, sino una muestra de cómo su familia aún lidiaba con la transición de Valeria.

La identidad de Valeria no había sido reconocida por el sistema judicial, y los registros del caso la trataban como un hombre, lo que implicaba que no se estaba investigando como un feminicidio, sino como un homicidio simple. «Lo que importa para el derecho penal es la privación de la vida», comenta el abogado, «pero en el aspecto social, es necesario visibilizar la agresión hacia una persona que pertenece a la comunidad transgénero». 

Esta omisión en la investigación reflejaba no solo una negligencia legal, sino también una falta de sensibilidad hacia las personas transgénero y su derecho a ser reconocidas en su identidad.

(A continuación se muestra el acuerdo ministerial donde se reconoce su identidad)

La carpeta de investigación contenía pruebas cruciales que no habían sido procesadas correctamente. La policía investigadora encontró un condón usado con esperma en la habitación de Valeria, y el Ministerio Público mandó realizar el acto de investigación, pero en el Laboratorio de Química Forense (dependiente de la FGE) contestaron que no tenían el material para hacerlo. Sin insistir ni ejercer los controles judiciales necesarios, el Ministerio Público dejó de investigar ese rastro de ADN, una oportunidad perdida para avanzar en la identificación del asesino.

Documento que prueba que el laboratorio les dice que no hay reactivos para hacer las pruebas

Otra evidencia significativa era que Valeria había forcejeado con su agresor, por lo que quedaron restos de piel del agresor en sus uñas, y este tuvo que haber quedado con marcas de rasguños. Incluso un testigo había informado que un hombre cercano a Valeria había asistido a su funeral con rasguños visibles en el cuello y los brazos, pero no se investigó esa pista. La línea de investigación que sugería que el agresor era este hombre no fue explorada a fondo. 

«Estuvo mal porque yo pienso que sí, que las autoridades sí tenían las pruebas suficientes para encontrar el culpable, pero no sé por qué no pasó, no sé por qué no se dieron con lo demás», dice Alfredo, el hermano de Valeria.

Cuando el equipo de Proyecto Alessandra decidió tomar el caso y empezar a corregir los errores cometidos en la investigación, se entrevistaron nuevos testigos y se insistió en realizar pruebas que habían sido ignoradas. Sin embargo, debido a la negligencia inicial, muchos de los actos de investigación ya no arrojaban resultados concluyentes.

A pesar de sus esfuerzos, las líneas de investigación comenzaron a agotarse. «No podemos tener la identidad probable de una persona que haya cometido la privación de la vida de Valeria», lamentan. Como resultado, el caso quedó «congelado», pendiente de nueva información o avances inesperados que pudieran surgir en el futuro.

Sin embargo, este congelamiento del caso permitirá que la familia de Valeria pueda recibir una compensación económica y atención psicológica por parte del Estado, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Ese es el siguiente gran reto: enfrentarse a la burocracia y tramitología que complica el incluirse en el registro de víctimas y luego insistir, por quién sabe cuánto tiempo, para acceder a algunos de los pocos recursos disponibles para reparar el daño a las víctimas de violencia en Colima. 

El caso de Valeria no ha concluido. Aunque se han agotado las líneas de investigación, el equipo de Proyecto Alessandra sigue comprometido en hacer todo lo posible por mantener viva la memoria de Valeria y buscar justicia para su familia. «El delito de homicidio es imprescriptible», recuerdan los jóvenes; «se puede tardar el tiempo que sea necesario, pero vamos a seguir buscando«. 

Por: Arnoldo Delgadillo Grajeda
Ilustraciones: Melisa Casillas y Cambia la Historia
Historias publicadas originalmente en Cambia la Historia

El compromiso de un grupo de jóvenes de poco más de 30 años llevó a la creación de una iniciativa que brinda asesoría legal y psicológica a familiares de víctimas de delitos de alto impacto en Colima. El Proyecto Alessandra se ha convertido en un faro de esperanza para acceder a la justicia entre quienes, además de haber sufrido estas tragedias, enfrentan situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

Proyecto Alessandra nació en el primer semestre de 2021 como una respuesta directa a la crisis de seguridad que comenzaba a afectar al estado de Colima, en México, marcada por un aumento significativo en los casos de feminicidios, homicidios y desapariciones, especialmente de mujeres. «Era una crisis de seguridad que no habíamos tenido nunca antes», recuerdan Carolina Valdez, internacionalista y directora operativa del proyecto, y Johny Alonso, abogado y director jurídico del proyecto.

Los jóvenes, de poco más de 30 años, junto con otros cuatro profesionistas, iniciaron con recursos propios y sacrificando sus tiempos personales, la iniciativa para brindar acompañamiento y asesoría legal y psicológica gratuita para personas que sufrieron violaciones graves a sus derechos humanos.

Una situación que identificaron, y les llevó a movilizarse, organizándose para brindar sus servicios pro bono a la sociedad, es que la violencia pareciera ensañarse con las personas en condiciones de vulnerabilidad: se dieron cuenta de que en una gran cantidad de casos, las víctimas y sus familias no podían acceder a servicios legales debido a la falta de recursos económicos.

«Nos basamos en un diagnóstico en el cual entendemos que hay personas que no pueden acceder a la justicia porque no tienen dinero para pagar un abogado», explican, enfatizando que las víctimas de estos delitos graves, y sus familias, «no pueden acceder a la justicia y son casos muy dolidos, que nos lastiman mucho como sociedad».

La asesoría legal y psicológica que brinda Proyecto Alessandra costaría entre 20 y 50 mil dólares, pero ellos lo otorgan pro bono a las víctimas y sus familias en condiciones de vulnerabilidad social y económica.

En el estado de Colima, el 25.1 % de la población vive en situación de pobreza moderada, aproximadamente 197 mil personas, y 2.71 % padece pobreza extrema, 21 mil 300 de sus habitantes, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Las principales carencias sociales de Colima fueron carencia por acceso a la seguridad social, carencia por acceso a los servicios de salud y carencia por acceso a la alimentación.

Otra de las problemáticas centrales que detectaron los fundadores del proyecto es que, aunque las víctimas de delitos tienen el derecho legal a recibir asesoría jurídica gratuita por parte del Estado —de acuerdo con la legislación mexicana—, en la práctica este derecho a menudo no se garantiza de manera efectiva. 

«La falta de recursos económicos en la administración pública repercute en la calidad de la asesoría jurídica que se recibe, porque es demasiada la carga de trabajo; son demasiados los asuntos que lleva un solo asesor jurídico al día», coinciden Caro y Johny. 

Esto provoca que muchas familias vean «mermadas sus aspiraciones de querer que se haga justicia de manera pronta y expedita», dice el abogado.

El déficit en la atención jurídica se agrava por la limitada cantidad de personal asignado para atender los casos de víctimas. Son matemáticas simples: en Colima los delitos aumentaron a raíz de la separación de Los Mezcales del CJNG; tan solo los homicidios crecieron casi un 50 % de 2021 a 2022, pero no así el número de personal asignado por el sistema judicial para resolverlos, y mucho menos la cantidad de servidores públicos que brindan asesoría jurídica para atender a personas en situaciones de vulnerabilidad económica. 

En el municipio de Manzanillo, por ejemplo, una de las tres demarcaciones en que se divide el estado de Colima para fines de procuración de justicia, hay solamente tres personas como órganos jurisdiccionales de control: dos mujeres y un varón, tres como asesores jurídicos y dos defensores públicos en funciones. 

Estos profesionales deben atender todas las carpetas de investigación, que en el caso de una sola mesa de hechos de tránsito pueden llegar a abrir hasta dos mil carpetas de investigación al año. Como resultado, estos cinco profesionistas deben encargarse de miles de carpetas, lo que claramente compromete la atención adecuada a cada caso.

Ante esta realidad, Proyecto Alessandra se propuso llenar el vacío que deja el sistema judicial público ofreciendo asesoría jurídica gratuita. «Brindamos asesoría jurídica particular, pero gratuita, sin un costo directo para las víctimas y para las familias de las víctimas. El objetivo principal es quitarles carga laboral a las asesorías jurídicas o a las comisiones de atención a víctimas», proporcionando a las familias el apoyo legal que no podrían costear por sus propios medios.

Son pocos los casos que han atendido, porque son pocas manos y todo se realiza con recursos propios. Desde su fundación han asesorado dos decenas de casos que implican violencia de género, pero los casos del feminicidio de Mayra y del transfeminicidio de Valeria son los primeros que han llegado a su final, siendo además los más desafiantes por la falta de perspectiva de género que tiene el sistema penal mexicano.

El proyecto también busca ser una red de apoyo frente a la sobrecarga del sistema judicial. Según Johny Alonso, aunque la función del Ministerio Público es investigar y esclarecer los hechos, las víctimas y sus familias también necesitan que alguien «apoye y defienda sus derechos», garantizando que los derechos de «acceso a la justicia, de conocimiento de la verdad, de reparación del daño y todas las medidas que forman parte de una reparación integral» sean efectivamente respetados.

Este 2024 fue creada la Fiscalía Especializada en Feminicidios en la entidad, pero solo cinco casos han sido judicializados; y no existe registro oficial, al menos en la última década, de que un solo transfeminicidio haya avanzado más allá de la investigación inicial.

Un desafío adicional es la falta de recursos no solo en términos de personal, sino también de presupuesto para llevar a cabo las diligencias e investigaciones necesarias para cada caso. Los jóvenes explican que «no existen recursos para que ellos [los asesores jurídicos estatales] puedan realizar ese tipo de diligencias». Aunque es responsabilidad del Ministerio Público investigar, «ellos tienen su propia teoría del caso», lo que significa que las víctimas muchas veces necesitan otro tipo de investigaciones o apoyo que el Ministerio Público no puede proporcionar.

Además, la carga de trabajo del personal de justicia no aumenta a la par de los delitos. Como resumen los fundadores de Proyecto Alessandra, «suben los delitos, pero no sube el personal de justicia ni tampoco el presupuesto que se les asigna, tanto al Ministerio Público como a la Comisión de Víctimas o a la Defensoría Pública, para atender de forma puntual el tema de la investigación».

«Suben los delitos, pero no sube el personal de justicia, ni tampoco el presupuesto que se les asigna, tanto al Ministerio Público como a la Comisión de Víctimas o a la Defensoría Pública, para atender de forma puntual el tema de la investigación».

En este contexto, la labor de Proyecto Alessandra se ha vuelto vital para muchas familias colimenses que de otro modo estarían desprotegidas en su búsqueda de justicia. Su enfoque en la asesoría jurídica gratuita y la atención personalizada busca asegurar que las víctimas no queden atrapadas en un sistema saturado, sin las herramientas necesarias para defender sus derechos. 

Como dice Carolina Valdez, su misión es ofrecer una salida a aquellas personas que, debido a la falta de recursos económicos, «no pueden acceder a la justicia, pero que merecen tener una representación digna y eficaz en su lucha por la verdad y la reparación del daño».

Si se pudiera definir a ambos abogados en una palabra esa sería: idealista. Carolina asegura que Proyecto Alessandra es un llamado a que se puede hacer valer la ley e impartir justicia, «quitar esta noción social, de que a los malos nunca se les hace nada». Johny, por su parte, cree que en la medida de que se combata la impunidad, se disminuirá la posibilidad de que los crímenes sigan repitiéndose: «la justicia rompe la espiral de violencia», asegura. 

Por: Arnoldo Delgadillo Grajeda
Ilustraciones: Melisa Casillas y Cambia la Historia
Historias publicadas originalmente en Cambia la Historia

Cuando una ciudad está desbordada por una crisis de muertes violentas, el acceso pleno a la justicia y reparación integral del daño se vuelve un proceso desgastante, complejo y desalentador, sobre todo para las víctimas más invisibilizadas, como las mujeres y las mujeres trans. Esto pasa en Colima, México; la ciudad más violenta del mundo, según su tasa de homicidios, feminicidios y transfeminicidios. 

Apenas este 2024 fue creada la Fiscalía Especializada en Feminicidios en ese estado; desde ese entonces solo cinco casos han sido judicializados, a pesar de que en el primer semestre perdieron la vida de manera violenta 91 mujeres. Además no existe registro oficial, al menos en la última década, de que un solo transfeminicidio haya avanzado más allá de la investigación inicial, aunque en el último año cuatro mujeres trans fueron asesinadas. 

Organizaciones que buscan justicia para las víctimas, como la Fundación IUS Género, el Colectivo Orgullo Disidente y el Centro de Atención a la Mujer (CAM), aseguran que existe un subregistro de personas víctimas de feminicidios y transfeminicidios.

Hay una sobrecarga en el sistema judicial, y es por eso que un grupo de jóvenes profesionistas creó Proyecto Alessandra, una iniciativa para brindar asesoría legal y psicológica pro bono a quienes han sufrido violaciones graves a sus derechos humanos en Colima. 

Proyecto Alessandra atendió el caso de Valeria, una mujer trans asesinada en su hogar; sin embargo, el Ministerio Público dejó el caso sin resolver. También tomaron el caso de Mayra, secuestrada y asesinada por policías municipales, en el que sí lograron sentencias condenatorias. 

A pesar de tener un desenlace diferente, en ambas historias no se ha logrado que las víctimas directas e indirectas reciban la reparación integral del daño por parte del Estado mexicano. El camino para el acceso pleno a la justicia todavía es sinuoso y lejano. 

¿Qué pasa en Colima?

El estado de Colima, en México, pequeño paraíso del Pacífico mexicano, vive desde enero del 2022 una crisis de violencia que llevó a su capital, la ciudad del mismo nombre, a convertirse en la más violenta del mundo en los años 2022 y 2023, de acuerdo con el ranking 2023 de las 50 ciudades más violentas del mundo, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Colima presume en su publicidad turística que es posible ir –en apenas un par de horas— del mar a la montaña: Manzanillo, el puerto comercial más importante de México, con nostálgicos hoteles a pie de playa, está a 115 kilómetros de Comala, pueblo mágico que inspiró al escritor Juan Rulfo, construido al pie del volcán más activo del país. 

Pero el estado también tiene, en sus 5,626.9 kilómetros, operaciones de dos de los cárteles más poderosos, de acuerdo con el Gobierno Federal. El legendario Cártel de Sinaloa (CS), de Joaquín «El Chapo» Guzmán controla el puerto, donde recientemente inició a probar mercado con el fentanilo; y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), nacido en el estado colindante, está asentado en la capital y la zona norte del estado. 

Pero este no es el motivo que incendió la crisis de violencia en Colima, sino la escisión del grupo delictivo Los Mezcales, ahora autonombrado Cártel Independiente de Colima, de sus anteriores socios, el CJNG. El 25 de enero de 2022, en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Colima, presuntos integrantes de Los Mezcales asesinaron a nueve personas pertenecientes al Cártel de Jalisco Nueva Generación, en un motín de grandes dimensiones.

En México, la cantidad de personas que son víctimas de un delito es cada vez mayor; tan solo durante el 2022, a nivel nacional, se estimó una tasa de 28,701 delitos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, para ese mismo año, sabemos que a nivel nacional 92.4 % de esos delitos no fueron denunciados o no se les inició una carpeta de investigación, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Muertes de mujeres no se investigan como feminicidios 

Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) evidencian el aumento en el número de homicidios, a raíz del motín en el Cereso que —como se explicó—- marcó el inicio de la crisis de violencia actual en Colima.

En el 2021 se registraron 620 asesinatos y para el 2022 la cifra alcanzó los 901, es decir, aumentaron un 45.3 por ciento, en tan solo 12 meses. En 2023 la cantidad de homicidios creció de nuevo, alcanzando los 934 casos, récord actual. Con corte al mes de agosto, en 2024 van 579 asesinatos registrados. 

Mirando los números con perspectiva de género también han aumentado año con año los homicidios de mujeres: en 2022 fueron 109, en 2023 creció a 134 y a agosto del 2024 ya van 91. 

A pesar de que legalmente se establece que todos los homicidios de mujeres deberán investigarse como feminicidios, hasta que se demuestre que no lo son, hay una gran diferencia en los registros oficiales: del 2016 al 2024 fueron asesinadas en Colima 787 mujeres, pero solo 105 casos fueron tipificados como feminicidios.

Solo 13 de cada cien homicidios contra mujeres son investigados como feminicidios en Colima.

En México, en el Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente:

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
  2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
  3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
  4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
  5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
  6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
  7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.”

Así como en Colima, es común que  los homicidios que se cometen contra las mujeres no sean investigados tomando en consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de ésta.

En 2022, el año en que inició la crisis de violencia en la entidad, pasó algo que ilustra perfectamente esta situación: durante la primera mitad del año, las estadísticas de feminicidio reportadas ante el SESNSP se mantuvieron en cero, creando la idea que en Colima no se mataban mujeres por razones de género. 

Pero, ante la insistencia de colectivas feministas, la Fiscalía General del Estado tuvo que analizar 70 carpetas de investigación, que habían sido iniciadas por muerte violenta de mujeres, y reconoció que se había acreditado al menos una de las razones de género que establece la Ley para considerar la muerte de la mujer como feminicidio, por lo que procedió a reclasificar los delitos y contabilizar 16 feminicidios. 

“Para que los asesinatos de las mujeres en Colima se tipifiquen como feminicidios, lo único que hace falta es que se aplique la ley como tal, nada más, que se aplique el protocolo, pero hay una tendencia, hay un señalamiento desde el nivel Federal para que los feminicidios no se tipifiquen como tal”, considera Evangelina Flores Ceceña, de la Fundación IUS Género.

Mientras los registros del SESNSP han cuantificado 105 feminicidios del 2016 al 2024 en Colima, el conteo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha identificado 711, es decir, colectivas ciudadanas identifican seis veces más feminicidios de los reconocidos por las autoridades.

Transfeminicidios, un paso atrás

Si es difícil hacer que el Estado investigue los feminicidios, lo es todavía más que lo haga con los transfeminicidios, pues solo la legislación de la Ciudad de México reconoce este tipo penal. 

El aumento de las muertes violentas por razón de género a mujeres trans documentadas en 2024 alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que en agosto condenó la violencia que sufre esta población en México y también la impunidad que prevalece.

La CIDH pidió que las autoridades mexicanas sean observadas en su actuación y aplicación del Protocolo Nacional de Actuación LGBTI+, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la justicia a estas poblaciones. 

También advirtió a las autoridades en la necesidad de «redoblar esfuerzos para prevenir y sancionar actos de violencia contra personas trans». Y menciona que «la falta de una investigación con debida diligencia puede conllevar a una alarmante situación de impunidad».

En ese sentido, el Movimiento Igualitario LGBTTIQ+ asegura que en Colima la investigación de los transfeminicidios y crímenes de odio está detenida en la Fiscalía General del Estado.

A través de solicitudes de información realizadas para este reportaje, la Fiscalía local informó que en la última década solo se tiene el registro de cuatro crímenes de odio en el estado: el 19 de marzo de 2021, en Manzanillo, contra una hombre transexual; el 4 de septiembre de 2021, en Villa de Álvarez, contra un hombre transgénero de 54 años; el 9 de septiembre de 2022, en Tecomán, contra un hombre transexual; y el 26 de marzo de 2024, en Colima, contra un hombre transexual. 

Pero lo alarmante es que todos los casos se mantienen en una «investigación inicial», es decir, no han sido judicializados, están impunes, a pesar de que el artículo 123 bis del Código Penal en el estado establece que los homicidios por razones de orientación sexual o identidad de género deben ser castigados con hasta 50 años de prisión. 

El presidente de la colectiva Movimiento Igualitario, René Fernández, insistió en una entrevista en que «la política debe cambiar para que la justicia llegue a los colectivos y personas de la diversidad sexual; ese es un llamado directo a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos» 

De acuerdo al representante de la comunidad LGBTIQ+, por cada transfeminicidio reconocido por el Estado, hay al menos otros tres inmersos en otras categorías del crimen, como asesinatos pasionales o en «hombres» sin reconocer la identidad; este último es el caso del transfeminicidio de Valeria, que no figura en la estadística de la Fiscalía, pues inicialmente fue clasificado como «homicidio de un varón». 

«Se debe nombrar los temas como son y este tipo de hechos lastimosos que se presentan son transfeminicidios, y de acuerdo al protocolo que existe la FGE debe llevar la investigación como tal; de esta manera, en el momento en que se identifique a los responsables deben ejercer la acción penal como lo es, y no como un homicidio en cualquiera de sus modalidades».

De acuerdo al Observatorio Nacional de Crímenes de Odio (ONCO), en Colima de 2016 a 2024 se han registrado doce casos, es decir, colectivas ciudadanas identifican el triple de los crímenes de odio reconocidos por las autoridades estatales. 

Quito, 11 feb (EFE).- El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, denunció este martes presuntas «irregularidades» en el proceso de escrutinio de las elecciones generales del pasado domingo, pero las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), descartaron un «fraude» en los comicios y avalaron los resultados oficiales al señalar que el proceso fue «transparente».

Noboa, que rompió su silencio con una entrevista a la emisora Radio Centro tras no haber aparecido públicamente desde que conociesen los resultados que disipaban su esperanza de ganar en primera vuelta, afirmó que debería tener más votos de los otorgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en sus resultados oficiales.

«Seguíamos contando, seguíamos revisando en ciertas provincias porque había cosas que no cuadraban, incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor», dijo Noboa, que deberá enfrentarse en una segunda vuelta a la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, quien le disputa al gobernante el primer lugar en la primera vuelta.

Escrutado el 96,6 % de las actas, Noboa tiene el 44,16 % de los votos y González, el 43,94 %, y cuando aún falta por concluir con el conteo, Noboa asevera que ganó la primera vuelta, mientras que González afirma que ha sacado dos puntos porcentuales más que el gobernante.

El mandatario también llegó a aseverar, sin aportar pruebas, que en algunas zonas los votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa, dijo Noboa sin acompañar con pruebas la denuncia, aunque aseguró «tener evidencia».

«Hay decenas y decenas de casos en el cual amenazaban a la gente porque vote por la Revolución Ciudadana, tenemos la evidencia», dijo en referencia al movimiento político de su rival Luisa González, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Ante estas declaraciones, González, que también manifestó desconfianza sobre el conteo de votos al señalar que hubo intermitencias e interrupción del escaneo de actas en varias provincias, respondió a Noboa en redes sociales al señalar que «los votantes de la Revolución Ciudadana NO SON NI NARCOS NI DELINCUENTES».

UE descarta fraude

La misión de la UE descartó este martes que haya existido un «fraude« en las elecciones generales ante las denuncias realizadas primero por González y por Noboa.

En una comparecencia pública en Quito para presentar su informe preliminar, el jefe de la misión, el eurodiputado español Gabriel Mato, concluyó que las elecciones fueron «transparentes, bien organizadas y pacíficas», si bien advirtió que existen retos pendientes como la publicidad en redes sociales, el uso de medio públicos y la falta de separación entre actividades electorales y de Gobierno por parte de Noboa.

«Nosotros no tenemos ni un solo elemento objetivo de que haya habido cualquier tipo de fraude», dijo Mato al advertir las «irregularidades» alegadas primero por González y desde este martes por Noboa.

«Lamento profundamente que, a la desinformación, se haya unido una cierta narrativa de fraude en estas elecciones, que estuvo en principio liderada por la candidata Revolución Ciudadana y que hoy la está haciendo el propio presidente. Ningún elemento objetivo que avale esa acusación o narrativa», señaló.

El informe preliminar de la misión de la UE recogió las preocupaciones de varias organizaciones políticas ante la renuencia de Noboa a pedir licencia del cargo durante todo el periodo de campaña electoral (del 5 de enero al 6 de febrero) y delegar la Presidencia durante ese tiempo en su vicepresidenta, Verónica Abad, con quien está enfrentado.

A cambio, Noboa nombró por decreto a una vicepresidenta interina de su confianza, Cynthia Gellibert, a la que delegó la jefatura del Estado sólo en los días donde se dedicaba a actividades electorales, algo que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

Conteo de OEA coincide con CNE

La misión de observación electoral de la OEA contradijo a Noboa al señalar que los datos de su conteo rápido coinciden con los resultados oficiales parciales presentados por el CNE, al estar dentro del margen de error de su muestra.

«La Misión, hasta el momento, no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades generalizadas que puedan alterar los resultados de la elección. Al mismo tiempo, invita a que cualquier denuncia sea presentada ante las autoridades competentes», dijo en un comunicado.

La Misión de la OEA recordó que los resultados oficiales son aquellos emitidos por el CNE, «ya que las Misiones de la OEA no sustituyen a las autoridades electorales nacionales ni interfieren en sus atribuciones».

Más de 13,7 millones de ecuatorianos estaban convocados a las urnas, en una jornada donde las misiones internacionales de observación electoral destacaron que la jornada transcurrió con normalidad y tranquilidad, con una participación superior al 83 %.

El primer viaje de Marco Rubio como secretario de Estado a la región enfatizó que Washington, aún con su influencia menguada, sigue decidiendo el sino de un istmo dependiente de Estados Unidos, sobre todo a nivel comercial. Bukele le abre las prisiones salvadoreñas a Trump; Arévalo acepta más vuelos de deportaciones a Guatemala; Chaves se muestra orgulloso por el elogio lanzado por Rubio de que Costa Rica es modelo para la región… y Panamá sigue pulsando por el control del canal de Panamá. Los ausentes de la gira fueron Honduras y Nicaragua, lo cual no quiere decir que la nueva administración republicana no los tenga en su radar. 

Por: Wilfredo Miranda (Divergentes) y Jennifer Ávila (Contracorriente)
Fotos: Miguel Andrés Gutiérrez -Divergentes

El primer viaje de Marco Rubio como secretario de Estado fue a Centroamérica, una región a la que el Gobierno de Donald Trump promete darle prioridad, en especial porque sobre el istmo pende una de las mayores preocupaciones de la administración republicana: la migración hacia Estados Unidos. No son casuales entonces los acuerdos que el funcionario de origen cubano suscribió con los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Costa Rica, que afianzaron la política de deportaciones que Washington realiza a marcha acelerada. 

Rubio se pavoneó en Centroamérica destacando que los aliados del Gobierno de Trump serán premiados y los que no, como el caso de Nicaragua y Honduras, donde no viajó, verán la mano dura del gran vecino del norte. Sobre todo contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a la que amenazó de sacarla del tratado de libre comercio DR-Cafta. Mientras que en el caso del gobierno de Xiomara Castro, el norte que la administración Trump se plantea aún no queda muy claro. En Panamá –un país que suele desasociarse de Centroamérica– la visita de Rubio estuvo marcada por la tensión, debido a las pretensiones de Trump de retomar el Canal de Panamá. 

«La visita del secretario de Estado cumplió con el cometido de afianzar la política de deportaciones», analiza Manuel Orozco, investigador de Diálogo Interamericano, un reputado centro de pensamiento con sede en Washington. «Cada país que Rubio visitó aceptó cumplir con aceptar migrantes deportados, manejar una política de tercer país seguro y recibir personas de otras nacionalidades. Pero parte de las conversaciones incluyó temas de seguridad, comercio  y  cooperación».

En ese sentido, añade Orozco, «el ambiente indudablemente queda incierto, ya que la nueva doctrina Trump es poco transparente, pero con estremecedores golpes en cada país cuando deciden ejecutar algo en el corto plazo».  «Lo que es cierto es que hay una nueva relación y el tema de migración es solo una parte de esta vinculación. Quedan otros aspectos como alianzas regionales contra el narcotráfico y las dictaduras, Nicaragua en particular», dice el experto. 

Contracorriente y Divergentes consultaron a expertos y analistas de la región para ahondar sobre el nuevo escenario centroamericano que dejó la visita de Rubio, que podría reflejar un cambio de paradigma en la estrategia geopolítica de la región, o solamente las nuevas políticas de Washington de ver a cada país como un cliente particular. 

«El lacayo hace exactamente lo que el rey quiere»

Rubio realizó su gira por Centroamérica doce días después del discurso de inauguración de Donald Trump, en el que el magnate explícitamente mencionó tres temas que le conciernen directamente a esta región: el canal de Panamá, el crimen transnacional y la migración irregular. La forma de abordar estos temas por parte de Trump fue –sin sorpresa– agresiva, pero Rubio aterrizó en la región para llegar a acuerdos con los países.

«El lacayo hace exactamente lo que el rey quiere que haga, y eso es lo que hizo Marco Rubio»,  dijo el exembajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, quien además explicó que en esta visita se puede notar el modelo transaccional de Trump con esta región y la nueva política de Washington. 

«Trump quería algo de cada país; pero no estaba tan definido y eso es a propósito… el que cree que Trump estudia los excel, o notas de trasfondo está equivocado: Trump mide su éxito con titulares y con likes en medios sociales», dijo el exdiplomático. 

Feeley aseguró que Marco Rubio buscaba fortalecer la cooperación de El Salvador y Guatemala sobre todo con el tema de la deportación de migrantes, algo que al menos a nivel de promesas sí logró, porque en Guatemala, por ejemplo, uno de los acuerdos fue que el país recibirá un aumento del 40 % en los vuelos de deportaciones. Mientras que en El Salvador, Bukele prometió recibir deportados de otros países y, si era necesario, encarcelarlos a cambio de una renta en su megacárcel. 

«Rubio fue un buen staffer para limpiar el reguero mediático que Trump había causado con respecto a Panamá y volver con acuerdos y promesas», dijo el exembajador, y agregó que, aunque para algunos pueden no ser resultados concretos, las fotos y los tuits parecen ser suficientes para Trump… por ahora. 

Lo que está más claro es que este escenario deja en evidencia qué gobiernos son considerados aliados y cuáles, como el de Xiomara Castro en Honduras y el de Ortega-Murillo en Nicaragua, no lo son tanto. En la política estadounidense actual, donde las decisiones a menudo dependen más de los caprichos y opiniones personales del presidente que de un proceso estructurado, las posturas pueden cambiar de un día para otro, explicó Feeley. 

El Triángulo Norte, una idea que puede acabar

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Marco Rubio visita Costa Rica. Miguel Andrés Gutiérrez (Divergentes)

El 26 de enero de 2025, a las 8 de la mañana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, posteó en su cuenta de X que no recibiría los aviones militares que Donald Trump había enviado con migrantes deportados, porque estos eran trasladados de manera indigna. Esto desató la furia de Trump, quien amenazó con elevar los aranceles a los productos colombianos en un 25 %. 

En su afán por ser más veloz en X, Petro no amenazó, sino que ordenó ese mismo día elevar los aranceles a los productos importados de los Estados Unidos en Colombia. En el transcurso del día, Petro posteó decenas de veces en X sobre el conflicto diplomático que dejó en el limbo a muchos migrantes deportados. A las 4:37 de la tarde, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convocó a una reunión extraordinaria a petición de Petro para discutir el impase. 

La reunión se canceló luego de que al día siguiente Petro y Trump superaran el problema y los demás países miembros de la Celac informaran que no fueron consultados para realizar la reunión por parte de la presidenta Castro. 

La posición de Castro en este tema, su adición a la narrativa sobre los vuelos de deportados y la amenaza que ya había hecho de cancelar el tratado de la base militar estadounidense en Honduras si Trump enviaba deportados de manera masiva, fueron señales de lo que pasó después con la ausencia de Honduras en la agenda de Marco Rubio en la región. 

«En el mundo paralelo en el que yo vivía y trabajaba, Honduras era un país importante para Estados Unidos, no solamente por la migración sino por las relaciones en cuanto a la guerra fría, la herencia de todo eso, la guerra antinarcóticos […] y entonces sí, en un mundo normal, Honduras es importante. En el mundo Trump, por un tuit de tu presidenta, [Honduras] está en el mismo campo que Nicaragua. Trump ve el mundo como  los que están con nosotros y los que no están con nosotros […] cualquier disidencia implica que no está con nosotros. Así de fácil, cortoplacista y simple es la política bajo Donald Trump,» continuó el exembajador Feeley. 

La presidenta Castro y su partido han tenido un discurso antiimperialista, alineado con el socialismo del siglo XXI. Es el único gobierno de la región que apoya fielmente y de manera pública a la dictadura Ortega-Murillo y, recientemente, tras ser señalados algunos de sus miembros de estar involucrados con el crimen organizado, decidió eliminar el tratado de extradición, algo que entraría en efecto a finales del mes de febrero y acabaría con la cooperación en la lucha antinarcóticos con Estados Unidos. 

Aunque en la práctica, el Gobierno de Xiomara Castro se mostró más sumiso con el tema de los migrantes aceptando aviones militares y todos los deportados que quiera enviar Trump, sin duda la eliminación de la extradición, su apoyo al régimen de Nicaragua y los acuerdos hechos con China Continental marcan un quiebre en la historia del llamado «triángulo norte de Centroamérica», una estrategia con la que Estados Unidos había creado una dinámica de relacionamiento basada en el control geopolítico de la región.  «Hay una especie de relación clientelar», dice Feeley con respecto a los países centroamericanos, «no es parte de una estrategia como usualmente ha sido». 

Rubio habló de democracia en Guatemala

Fotografía cedida por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León (i) junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

La visita de Rubio a Guatemala era esperada en ese país por el gobierno de Bernardo Arévalo, pero también por parte de los actores antidemocráticos señalados por la administración de Biden en el pasado, como la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, y una larga lista de jueces, fiscales, diputados y algunos empresarios. Quienes rodean a Porras guardaron la esperanza de ser aceptados en el movimiento MAGA (Make America Great Again) y que la reunión con el gobierno no fuera fructífera, e incluso colocar a la fiscal Porras en la agenda de Rubio. 

Luego de la vista del secretario de Estado, quedó evidenciado el talento que más destaca en el presidente Arévalo: sus dotes de diplomático. Uno de los puntos que Rubio dejó claro es que Estados Unidos no puede tener buenas relaciones, ni políticas ni económicas, con un país en el que puede ocurrir un golpe de Estado. Esta advertencia fue contundente y resonó en los callejones más oscuros de lo que en el país se conoce como «el golpismo de los corruptos». 

Rubio sostuvo tres reuniones clave en Guatemala: una bilateral con el presidente, una con un equipo de alto nivel, liderado por la vicepresidenta, y otra con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, para estrechar lazos de cooperación en la lucha contra el crimen organizado. 

Guatemala se comprometió a recibir los vuelos de migrantes retornados que Estados Unidos aumentará en un 40 % y a echar a andar el programa «Plan Retorno al Hogar» para la reintegración digna y con oportunidades para los migrantes. Por otro lado, lanzó una nueva Fuerza de Tarea Fronteriza con la policía y el ejército para vigilar más de 300 kilómetros de frontera con Honduras y El Salvador y frenar el crimen transnacional, algo que también puede generar tensiones con Honduras, porque es un paso obligado para los migrantes en camino al norte. El Gobierno de Guatemala pidió a cambio que Estados Unidos retome los programas clave para combatir el tráfico de personas y drogas.

Otro de los acuerdos en Guatemala fue la firma de una alianza para el desarrollo de infraestructura prioritaria como la expansión de dos puertos, nuevas carreteras, vías férreas y el metro en ciudad de Guatemala, todo esto junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, algo que puede verse como estratégico tanto para el gobierno de Arévalo, que no ha podido entregar obras de infraestructura debido a que el sector de empresas dedicadas a la construcción de obra pública es el ámbito más corrupto y cooptado del Ejecutivo, como para los Estados Unidos, que ven en esto una oportunidad para fortalecer su control estratégico en el norte de Centroamérica.

Para el exembajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, la visita demostró que «una buena y efectiva relación bilateral es muy importante para el Gobierno de Arévalo, tomando en cuenta que tiene adversarios que desean desestabilizarlo antes de que se elija a un fiscal general independiente en 2026». 

«Es crítico para el Gobierno de Guatemala implementar bien los acuerdos sobre la migración y la aceptación de los deportados, aumentar la cooperación contra los carteles (que para Estados Unidos ahora son estructuras terroristas), y cooperar con el Gobierno de Trump en el tema de China. Por supuesto, son de mucho interés para el Gobierno de Guatemala los acuerdos sobre las inversiones y la construcción de más infraestructura. Es un tema muy interesante y prometedor para Guatemala. Cualquier esfuerzo exitoso en el campo de lucha contra la corrupción requerirá una campaña anticorrupción guatemalteca mucho más efectiva», dijo McFarland. 

Guatemala es el único país en Centroamérica que continúa reconociendo a Taiwán, tiene una posición más pro Israel y sostiene una relación robusta con Estados Unidos en este momento. 

Lo que logró Rubio en Panamá

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Un buque transita por el Canal de Panamá este miércoles, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE Carlos Lemos

En el discurso de inauguración de su segundo mandato, Trump mencionó a Panamá y dijo que había roto el acuerdo con Estados Unidos sobre el uso del canal y lo reclamaría de vuelta. Es por esto que la visita de Rubio es icónica sobre cómo piensa negociar este gobierno con los países. Trump aseguró que China opera el canal, que los Estados Unidos pagan cantidades extraordinarias de peajes por sus barcos y que todo esto afecta a los estadounidenses. Los logros de Rubio en Panamá están por verse, ya que aun cuando anunció que Panamá se había comprometido a eliminar los cobros a los buques estadounidenses, la autoridad del canal de Panamá lo desmintió.  

El exembajador Feeley explicó que los Estados Unidos no tiene una flota de buques comerciales porque ese país no ha subsidiado a la industria naviera desde los años sesenta, y que lo que pasa por Panamá es una flota de buques militares que en 25 años han pagado apenas 25 millones de dólares, es decir, un millón de dólares anual, una cantidad ínfima comparada con el presupuesto de Defensa del Gobierno de los Estados Unidos.

«Es un asunto simbólico cien por ciento, el problema para los panameños es que por Constitución y por la ley orgánica del canal no pueden ofrecer tránsito gratis», dijo el exembajador. 

El otro tema en la discusión con Panamá fue el supuesto control de China sobre el canal, algo que las autoridades panameñas han desmentido y que Feeley aclaró: «El mero hecho de que Hutchison Ports, una compañía de Hong Kong, tiene la concesión para operar dos de los cinco puertos, no significa que puedes bloquear o sabotear el canal. Donde estoy más o menos de acuerdo con Donald Trump es en el tema del reconocimiento de Beijing y no de Taiwán. La razón es sencilla, porque ya sabemos cómo juegan  los chinos en sus temas comerciales, el uso estratégico, espionaje, ellos utilizan las coimas como parte de su precio, tiene corrupción y chanchullos respecto a la fuerza laboral, no crean buenas condiciones de trabajo en el país anfitrión. Preocupaciones  reales que comparto, pero partimos el sendero en la forma en que Trump ha subido este tema. Trump mencionó a China en su discurso del 20 de enero solo en el contexto de Panamá, no en el contexto de China haciendo espionaje en las universidades americanas o robando nuestra propiedad intelectual, el enfoque fue Panamá y el control chino del canal, lo cual es un embuste», dijo. 

Según Feeley, antes de que Trump expusiera este tema, el Gobierno de Panamá ya estaba en proceso de investigar el contrato de Hutchison Port, pero se supo hasta esta semana, tras la visita de Rubio, que el Gobierno de Panamá inició una auditoría a la empresa, una filial del conglomerado CK Hutchison Holdings, que administra 53 puertos en 24 países, incluyendo el Reino Unido, Alemania y Hong Kong. La empresa obtuvo las concesiones para operar en el canal de Panamá en 1997, las cuales fueron renovadas en 2021, unas adendas que han estado ante la duda pública por varios años. 

Nicaragua: «enemigo de la humanidad»

Marco Rubio visita Costa Rica y llega a acuerdos con el gobierno de Cháves. Miguel Andrés Gutiérrez _ Divergentes
Marco Rubio visita Costa Rica y llega a acuerdos con el gobierno de Cháves. Miguel Andrés Gutiérrez - Divergentes

Después de que el enviado especial para América Latina de Trump, Mauricio Claver-Carone, adelantó que a Washington «no le interesa» Nicaragua como socio comercial, de modo que piensan removerlo del DR-Cafta, Rubio matizó el mensaje en su visita a Costa Rica. 

«En términos del Cafta, todavía la administración (Trump) no ha tomado una posición sobre exactamente cuál es el papel que va a tener Nicaragua dentro de un acuerdo que existió para premiar la democracia. Nicaragua no es una democracia. No funciona como una democracia. Pero eso hay que estudiarlo bien, el impacto que tiene sacar un país del acuerdo. Puede tener impacto también sobre países vecinos, que también son parte de ese arreglo», insistió Rubio al ser consultado por periodistas nicaragüenses sobre el tema. 

«Es algo que se va a tomar muy en serio, pero hasta este momento no se ha establecido una posición oficial, porque hoy cumplo dos semanas en el cargo y creo que es un tema que va a demorar más de dos semanas en terminar», añadió. 

Sin embargo, Rubio enfatizó que el Gobierno de Trump está en contra de los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz Canel en Cuba y el de Daniel Ortega y Murillo en Nicaragua. 

«En mi opinión», enfatizó el secretario de Estado, «estos tres regímenes son enemigos de la humanidad. Han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Son países en donde el sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia, donde han básicamente tratado de eliminar, por ejemplo, a la Iglesia católica, eliminado a cualquiera que pueda amenazar el poder de ese régimen. Hemos visto lo que ustedes han tenido que enfrentar acá en Costa Rica: miles y miles de nicaragüenses que están huyendo de ese sistema. La misma razón por la que están huyendo de Venezuela y Cuba». 

En ese particular, comenta Manuel Orozco, al ser considerados «enemigos de la humanidad», Rubio ha puesto a los Ortega-Murillo en un banquillo de acusados cuyo juicio aún está por definirse. Primero, cree el investigador del Diálogo Interamericano, el tema de deportaciones se manejará independientemente de la conducta del régimen.  

«Pero alertarán de estar vigilantes de cualquier afectación a esas personas. Segundo, para Estados Unidos, Nicaragua no podrá continuar siendo un socio comercial y Estado forajido a la vez, y el señor Ortega tendrá que dar muestras en el corto plazo de lo que es», amplía Orozco. «No es una cuestión de relaciones comerciales, sino de otros actos violatorios como la relación con China para invertir y subvertir el entorno geopolítico local, las transferencias de remesas, ya que 80 % procede de Estados Unidos». 

En medio de eso existe una ley de sanciones del régimen sandinista que tiene a los bancos chantajeados bajo amenaza de enjuiciamiento, y arriesga una política de cancelación de corresponsalías con la banca americana. «Además están deudas que tiene la dictadura con Estados Unidos sobre la expulsión de nicaragüenses, el uso del país como puente migratorio, y las confiscaciones de propiedades», asegura Orozco. «En este momento, Ortega y Murillo saben que no es una cuestión de si algo va a pasar, si no de cuándo, y que ellos tienen en sus manos la posibilidad de resolver un conflicto no favorable a ellos». 

Por el contrario, Rubio elogió a Costa Rica y dijo que son más norteamericanos viviendo en Costa Rica que viceversa. El presidente Chaves se mostró complacido por los elogios del secretario de Estado.

«Hay una transformación sin duda en las relaciones de los Estados Unidos con el mundo, pero muy observable con América Latina. Y, entonces, Costa Rica está perfectamente posicionada para seguir siendo el socio estratégico por excelencia de los Estados Unidos», dijo Chaves previo a la llegada de Rubio.

La administración de Chaves tuvo una estrecha relación con el Gobierno estadounidense del demócrata Joe Biden (2021-2025), en asuntos de lucha contra el narcotráfico y ciberseguridad, principalmente.

Chaves ha tenido roces con la embajada de China debido al bloqueo que el Gobierno costarricense ha implementado a proveedores chinos de equipos de telecomunicaciones 5G para que no puedan participar de concursos públicos de esa tecnología, aduciendo riesgos de ciberseguridad y para la protección de datos.

Por Juan Diego Napky 

Algo cambió cuando El Macizo cumplió su promesa aquella noche de aguacero y macanazos. No solo para él, también para mí, para mamá y hasta para el barrio. Antes de ese día juro que le volé verga para regresarme la capacidad de ver los colores. Pero al levantar la mirada, todo a mi alrededor me parecía muerto. Tan muerto como Samuel.

Poca escuela se necesita para darte cuenta de que existen territorios, calles y esquinas en donde las maras y esos cerdos uniformados pactan alianzas para jodernos. Zonas grises, que motean el mapa del Distrito. Zonas en las que la vida vale una tortilla con sal. 

Ya nos lo decía Infiernito cuando repetía que, aquí, las costumbres son tus aliadas y el escapulario de la Virgen tu único antibalas.

Porque, a diferencia del colegio, en este juego no hay manuales que enseñen a lidiar con la mierda que nos rodea. Con todo y eso, esta cagazón por el futuro nunca ha sido suficiente para evitar que el sol remolque un día más que nace asfixiado, estrangulado con su propio cordón umbilical. Y así, nos las ingeniamos desde que mamamos teta para identificar cuáles son los síes, los noes y las consecuencias de andar de jeta abierta. 

El Macizo, por ejemplo, diría que los cagadales de verdad les llegan solo a los pendejos. A quienes pecan con novatadas. A los que se consideran más valiosos que un pedacito de plomo. Eso he venido pensando cada vez que recuerdo la noche antes de que nos arrebataran a mi hermanito.

Aquella, como muchas otras tardes, salí del colegio junto con El Zarco y le hicimos parada a un taxi oxidado con un motor que chillaba como cría de rata. Tal vez por las mismas condiciones del Datsun 210 —una verdadera nave— o porque ya no me iba con el primer amague, accedió a cobrarnos el viaje al dos por uno. «Cómo te estás avivando», dijo por lo bajo El Zarco, antes de abrir a puros huevos una puerta magullada por los años y los choques. 

Nos sentamos sobre un algo hecho de pelusa, resortes y restos de cuerina que nos hizo cosquillas en el culo.

–¿Pa’ dónde? 

–Usted dele como para el Centro. Le avisamos.

Con la lata en movimiento, El Zarco apuntó desde la ventana lo que en algún momento fue una llantera. 

–Ey vo –me dijo–, mirá, al dueño de ese lugar le dieron camote a plena luz del día. Dicen que fue porque se atrasó con el impuesto. 

El taxista miró por el retrovisor:

–A mí me dijeron que fue por andar de sapo. 

–Qué cagada –le respondí al taxista–, pero quién lo manda. En boca cerrada no entra mosca.

–Puta, mano –dijo El Zarco–, sos más frío que agua de montaña. 

Quise cerrar las tapas para no seguirla planchando, pero se me cruzó la idea de que, tal vez, el hecho había sido solo un episodio de mala suerte. 

–Zarco, ¿y si lo del don llantero fue porque el compa estaba mal puesto?

–No jodás, si se lo bajaron en su negocio, cómo se te ocurre pensar que fue por salado. Lo mataron allí, y así, para tatuarnos en el morro que esto no es un juego.

El taxista asintió. 

–Pucha, loco. Solo estoy tratando de masticar por qué hay veces que el pijeo te muerde a pesar de no andarlo buscando. ¿No creen?

–Chavalo –dijo el taxista al mismo tiempo que la caja de cambios tronó al meter un cambio muy brusco–, de los ojos pa’lante se cuida uno y de la nuca pa’trás se encarga Dios, allá vos si caminás dormido.

Al rato, tosió para limpiarse el gañote y nos hizo señas por el retrovisor antes de orillarse. «Hasta allá no le sigo dando, cipotes», dijo un poco nervioso. 

–Tuany, papi– le respondió El Zarco–, igual no te iban a dejar avanzar. 

Le soltamos el billete. Después se perdió en medio de una polvareda espesa sin preguntarnos a quiénes nos referíamos. Quizás por miedo a terminar como pascón.

Antes de despedirnos, le recordé a El Zarco que la final de la copa burocrática se jugaba al siguiente día. «Dale, perrito, ponete avión. Yo llevo el guaro. Vos te encargás del jugo y la comida para la bajona». Chocamos los puños y cada quien agarró camino. 

Al llegar a casa telefoneé a Infiernito. También confirmó. Cuando colgué, Samuel me observaba suplicante.  

–¡Qué macizo! –dijo, como siempre–. Yo también voy fijo, papáaaa. 

–Nadie te invitó a vos, loquillo –dije mientras terminaba de chupar la semilla de una ciruela preparada–. Mejor otro día nos vamos a pelotear y saliendo te beco con unas donitas Bimbo.

Mamá intervino en su defensa. Me juró que en la casa me iba a quedar si no llevaba a Samuel conmigo. Insistí en que era una salida de aleros, que él era un güirro apenas. Pero no hubo caso.

Le escupí la semilla a Samuel y me tiré sobre mi colchoneta, viéndolo desde mi emputamiento. Él, en cambio, seguía brincando como para joderme más aún. 

–¡Qué macizo, qué macizo! –repetía el carajo ese. 

Al otro día mamá nos despidió con el signo de la cruz, coreando como lora que debíamos cubrirnos las espaldas. Samuel se levantó las mangas y le contestó que él ya podía cuidarse solo. «Chivas te rompés la piel con tanta cañaña»- le dije. Mamá lo abrazó sin quitarme los ojos de encima, así que la besé ligerito antes de que me puteara y le reafirmé que nos mirábamos al rato.

Teníamos la costumbre de madrugar con la paja de que solo así podíamos acaparar las gradas del centro. Pero la realidad era que nos llegaba agarrar pata desde temprano y aprovechar los efectos de la loquera. 

En las canchas sacamos de nuestros calcetines el aguardiente y comenzamos la bebiata. Como la traída de Samuel no había sido planeada, tuve que engatusarlo con una coca-cola de vidrio, bien fría, eso sí, como canilla de albañil, para que no dijera en la casa Dios sabe qué imprudencia. 

Apenas se la di, Infiernito me sugirió echarle un tantín de guaro en la botella para que hiciera callo en el gaznate. El Zarco también insistió en que lo hiciera, cagándose de la risa. Samuel, a pesar de no haber entendido el chiste, también se reía. Le solté un coscorrón y dejé caer mi brazo sobre sus hombros.

–Está bueno –le dije–, la primera vez que bebás tiene que ser a mi lado, así nadie te ve la cara de maje.

Le apreté los cachetes e Infiernito le sirvió un buen pijazo directo a la boca. Se lo zampó como si fuera patero enamorado, aunque a medida le fue bajando, la cara se le arrugó como hoja de lechuga. Los otros dos, y yo también, casi nos meamos encima al verlo sobarse el pecho. Con ese trago bastó para que estuviera en sintonía con nosotros. Era uno más, y yo, en el fondo, me felicitaba de haberlo llevado.     

No pudimos vacilarlo demasiado porque el chiflido del silbatazo inicial embruteció hasta al más católico. Por alrededor de dos horas nada en el universo entero importó tanto como el desenlace del encuentro. Pero en la recta final el marcador seguía tablas. 

Todos contábamos con el alargue de los noventa minutos para decidir el enfrentamiento, hasta que una supuesta falta cometida en el área atentó contra los principios del deporte y contra el poco orden que todavía quedaba. Fue evidente, al árbitro lo habían coimado. Y a pesar de la granizada de insultos, el descarado ni se molestó en cubrirse la sonrisa. 

Lo demás sucedió muy rápido. El equipo favorecido anotó, un mejunje de orines y cerveza tibia bautizó nuestras cabezas, la gente se arremolinó en la salida como ganado huyendo de un matadero y el partido se dio por terminado. Los pocos que quedaron adentro se dividieron entre los que hacían el helicóptero con sus camisas y los que se cuadraron para partir cejas. 

En medio, nosotros. Quedé viendo al resto y entendimos que había llegado la hora de largarse. 

Tomé la mano de Samuel para asegurarme de que nos siguiera el trote, pero con el estruendo de los primeros balazos la masa de gente se convirtió en un monstruo capaz de aplastarnos. 

Por más que intenté mantenerlo a mi lado, la estampida humana nos obligó a separarnos. Un golpe seco me lo arrancó de la mano y salió volando como si fuera menos que un centavo. Así, en lo que dura un chasquido, ya no estaba. 

Corrí contra la avalancha, gritando su nombre en medio de aquello que se había vuelto un tiroteo. Corrí, choqué, empujé y seguí corriendo, sin que me importara tumbar a mujeres y niños, sin que me importara que me cuetearan. Hasta que lo encontré gracias a sus alaridos.

Por piedad o por miedo, la gente se abrió, dejándome ver a Samuel arrastrándose sobre la tierra alrededor de otros cuerpos inconscientes. Estaba sobre un charco de su misma sangre, o quizá no, quizá le pertenecía a otros, pero era tanta la que se fugaba por su boca que fue lo primero que pensé. Y sin importarme nada me arrodillé a su lado. 

Las balas perdidas habían encontrado su pecho. Me quité la camisa, se la envolví en una de sus manos apagadas y la llevé al primer hoyo que encontré. 

–Samuel, soy yo. Apretá bien aquí. 

–Hermano –dijo, viéndome con los ojos empolvados de un ciego–, me arde respirar.

Lo chineé y salí soplado hacia la calle, rogando a gritos que nos ayudaran. Él no dejaba de bisbisear cosas. Y por más que lo intento, solo recuerdo haber escuchado «ojalá y podamos volver» y «sos el más macizo, hermano». Después sus bracitos cayeron sin fuerza junto con mi camisa ahogada en sangre. El corazón y las piernas me fallaron y me derrumbé a su lado, hasta que las primeras ambulancias nos levantaron a los dos. 

No sé cómo mamá se dio cuenta de los sucesos, pero a los minutos llegó para confirmar que uno de los cientos de escenarios que se imaginó estaba materializado ante sus narices. Hasta el día de hoy la imagen de su cara desconsolada y la intensidad de su llanto me siguen lijando el cerebro. 

Como los pobres ni cartón tenemos para morirnos, del barrio cada quien aportó lo que pudo para cubrir los gastos de un ataúd y de la parcela donde Samuel descansa con los gusanos. Arreglos florales, candelas y fotografías de él cubrieron las afueras del estadio, hasta que la temporada de lluvias se encargó de limpiarlo casi todo. Solo quedaron sus tenis, que alguien encontró y decidió amarrar por los cordones para colgarlos en los cables que conectan los postes de luz en la entrada de las canchas. Entendimos que era un símbolo; algo parecido a esos monumentos que los políticos levantan en medio de silencios hipócritas para dejar una memoria de algo o alguien que ya no es. Y allí siguen, meciéndose con el viento. Meciéndose al lado de otros pares con las suelas abiertas y las lenguas peladas.  

Con los meses, los uniformados nos dieron la espalda debido a la falta de pruebas fe-ha-cien-tes y testigos oculares. Me recomendaron que dejara de estar va de romperles las bolas, que de nada iba a servir, y engavetaron el caso con la más serena indiferencia. No lograba entender cómo podíamos valerles tanta pija a pesar de que todos comemos del mismo cerote. Hasta que, gracias al tío auxiliar de la fiscalía de Infiernito, descubrí que en la autopsia de Samuel giraron instrucciones de desaparecer las balas que encontraron en su cadáver, por ser del calibre de las armas que solo ellos, los cerdos uniformados, estaban autorizados a portar. Me di cuenta, inclusive, quién entre todos fue el pelón que inició la balacera.

No era un cualquiera. No. Era uno de esos hijos de puta que llevaba una doble vida. Como los que son hombres de día y lobos de noche; este era uniformado de día y perrita de los mareros cuando se escondía el sol. Se creía intocable. Y, en cierta forma, lo era. 

Pero con todo y todo, mamá y yo nos negábamos a que lo de Samuel se convirtiera en un caso más para la lista aguada de la impunidad. Y, sin embargo, luchamos de puro gusto.   

Una noche encontré a mamá tirada en el suelo como un trapeador viejo. Tenía la cabeza apoyada contra la pared de hormigón. Las ojeras le llegaban hasta la altura de la boca y la rodeaban pachas de plástico vacías. Se desplazó hacia mis pies reptando como una tortuga moribunda y me agarró los tobillos:

–Ya no sigás, hijo. Te lo imploro. Esto que sobra de mí ya quema lo suficiente. Jamás le tuve que haber dado permiso. Hijito, todo esto es mi culpa. Perdoname, hijo, perdoname de verdad.

Me senté a su lado, apoyé su cabeza contra mi pecho y lloramos juntos hasta que se quedó dormida. Mientras tanto, sus súplicas y las últimas palabras de Samuel no dejaban de rebotar en las telas de araña que adornaron nuestra casa desde que lo mataron; ni mamá ni yo teníamos ganas ni fuerzas ni nos importaba limpiarla. Pero en ese momento, después de tragarme esos trozos de vidrios que me inundaron la boca, algo en mis pensamientos se quebró en dos pedazos. Y a partir de allí, dejé de ser uno solo.

Si bien yo continuaba en negación, él, el otro, «eso», se prometió entregar hasta el alma con tal de vengar a Samuel. Así, decidió iniciarse al lado de los individuos que le ayudarían a ajustar las cuentas pendientes. Le entregaron una pistola corroída por el uso y comenzó a servir de mula, a extorsionar hasta a las llanteras, a aprovecharse de los semáforos en rojo, a relacionarse con los uniformados que también traficaban, extorsionaban y se aprovechaban, solo para estar más cerca del maldito pelón.

Hizo todo lo que yo jamás sería capaz de hacer. Todo. Mamá se hacía la pendeja, pero aún así no se hastiaba de cuestionar hasta cuándo seguiría llegando y saliendo a tan altas horas de la noche. «Eso» se limitaba a responder que chambear y estudiar no era fácil, que todo era para mantener entretenido al coco y no pensar en Samuel. Y ella, por paz o camaradería, no seguía con la preguntadera. 

Recuerdo cuando la llamó esa noche específica para decirle que la hermana de El Zarco cumplía años y que yo, digo, él, se iba a quedar a dormir en su casa.

–¿No era hijo único tu amigo ese?

–Ah, sí, esteee, es hijo único, solo que el papá es picaflor y la ha metido hasta en los hormigueros. 

–Igualito al tuyo –dijo–. Llevá tu chumpa amarilla, que por los macanazos que están repartiendo esas nubes, pareciera que va caer un cachimbo de agua.

Antes de colgar, agregó:

–Hijo, no se te olvide que… 

–Sí, mamá, yo sé qué día es mañana. Regreso antes de almuerzo para que podamos irlo a saludar juntos.

Él fue cabal con su palabra. A media mañana ya había regresado. Nos alistamos y agarramos camino. Primero hacia el poste donde cuelgan y se mecen sus tenis, y después a su pedazo de tierra engusanada. Llevamos con nosotros dos paraguas: 

–Por si llueve o lloro de más– dijo mamá.

Nos despedimos de Samuel cuando el cielo brillaba menos que un candil. Avanzamos un poco, aunque los pies de ambos se sintieran como amarrados a una turunca. Ninguno fue capaz de decir algo hasta que el relajo de un grupo en las afueras de una abarrotería llamó nuestra atención. Algo en la televisión los tenía a todos amontonados.

–Vayamos a ver por qué este alboroto, hijo. Solo falta que nos quieran joder más los del gobierno.  

Nos metimos entre las personas, y cuando llegamos al frente descubrimos que tenían puesto el noticiero en todas las instituciones estatales. 

«¡ÚÚÚLLL-TIMAHORA! Encunetado y descalzo encuentran el cadáver de un uniformado de la policía nacional. El forense en turno ha revelado que el ahora occiso presenta múltiples heridas en la pelona causadas con la cacha de una pistola. No obstante, se sospecha que la causa de muerte es atribuible a la asfixia ocasionada con los cordones de sus botas, mismas que el atroz homicida dejó colgadas en su cuello. Por la naturaleza de los hechos pareciera que en este crimen se finiquitaron asuntos inconclusos, y en la aspereza de los barrios capitalinos, la justicia y la venganza son hermanas de la misma sangre. A pesar de la tormenta, vecinos afirman haber visto a un sujeto con capucho amarillo cerca de la zona del acontecimiento. Quédese para más detalles después del corte…»

Mamá me apretó y al tiempo observó uno de mis brazos, como queriendo ver la chumpa que llevaba. Era azul. 

–¿Fuiste vos? –dijo, aliviada.  

–Macizo, mamá. Qué macizo.

Casi el 15 % del presupuesto asignado al Congreso Nacional en los últimos tres años ha sido erogado en subvenciones para el desarrollo de proyectos sociales por parte de diputados y diputadas de este poder del Estado. Durante estos años se han transferido 614.8 millones de lempiras en subvenciones, de las cuales no existe información disponible y su ejecución continúa en la opacidad. Dos diputados suplentes del Partido Libre dijeron a Contracorriente que una de las condiciones de algunos congresistas de oposición para la aprobación del Presupuesto General de la República 2025 fue recibir estas subvenciones de forma retroactiva.

Texto y gráficos: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
Con reportes de Fernando Silva

Solo en 2024, el Congreso Nacional erogó más de 366 millones de lempiras en concepto de subvenciones para ayudas sociales, donaciones a asociaciones de sociedad civil, unidades del gobierno central y municipalidades, un mecanismo para el cual no existe regulación ni información disponible que detalle quiénes y para qué destinan estos fondos exactamente. Los únicos detalles acerca de cómo funciona este mecanismo han sido proporcionados por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien asegura que al menos 207 de los 256 diputados propietarios y suplentes han recibido la respectiva subvención de 100 mil lempiras al mes.

Pero la opacidad no ha sido lo único que rodea las subvenciones. Dos diputados suplentes del Partido Libertad y Refundación dijeron a este medio, previo a la aprobación del presupuesto, que diputados de la oposición negociaban tener acceso retroactivo a las subvenciones, desde 2022 a la actualidad. A cambio, estarían dispuestos a votar a favor del Presupuesto General de 2025, el cual fue aprobado en la madrugada del 5 de febrero.

«Entiendo que hay unos que quieren el fondo, y hay un estira y encoge en esa bancada (del Partido Nacional) porque hay algunos diputados que sí lo tienen desde antes; entonces ha habido malestar en otros que dicen “yo tengo desventaja”, porque hay que ser honestos, por lo general ese dinero se utiliza en campaña», aseguró a este medio el diputado suplente por el Partido Libre, Oved López.

López, quien es suplente del diputado Rasel Tomé, precandidato presidencial del Partido Libre y vicepresidente del Congreso Nacional, explicó que las subvenciones pueden ser un mecanismo que «carece de transparencia» por la forma en que son otorgadas a los congresistas, y que, por esa razón, él nunca ha sido acreedor de estas.

Según un informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y las declaraciones del diputado López, el mecanismo para la entrega de subvenciones consiste en que el Congreso Nacional emite un cheque a nombre del diputado o diputada, y una vez que los congresistas reciben el cheque, deben sacar copia del mismo para su respectiva liquidación, porque de lo contrario, los fondos serán deducidos de su salario.

José Manuel Rodríguez, diputado suplente por el Partido Libre, también aseguró que las subvenciones fueron carta de negociación para la aprobación del presupuesto, y que, además, congresistas del Partido Nacional también colocaron sobre la mesa los requerimientos fiscales en contra de políticos vinculados a este partido.

«Ahorita están negociando, ellos que quieren de un solo la subvención, retroactiva, de hace tres años, si no, no aprueban el presupuesto, y que se les suspendan los requerimientos fiscales», afirmó a Contracorriente José Manuel Rodriguez, diputado suplente de Marco Eliud Girón, antes de que finalmente se aprobara el presupuesto en el Congreso Nacional.

Manuel Rodríguez, diputado suplente de Marco Eliud Girón, en los bajos del Congreso Nacional, conversando con una de las personas a las que proporciona ayuda. Tegucigalpa, 29 de enero de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.
Manuel Rodríguez, diputado suplente de Marco Eliud Girón, en los bajos del Congreso Nacional, conversando con una de las personas a las que proporciona ayuda. Tegucigalpa, 29 de enero de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Sin embargo, para este diputado las subvenciones no representan el fomento del clientelismo ni asistencialismo; más bien, dice, sirven como ayuda a los más necesitados y a quienes le solicitan ayuda en medicamentos u otras necesidades. Según publicaciones en redes sociales, Rodríguez ha trabajado en la reparación de una calle en la colonia Suyapa, en la capital, pavimentó una calle en la colonia 17 de Septiembre, y entregó balones de fútbol en la colonia Villa Delmi.

A pesar de las declaraciones de estos congresistas, diputadas del Partido Nacional aseguran desconocer lo que ellos dicen, y manifiestan que dentro de su bancada no ha sido una condición exigir las subvenciones de forma retroactiva a cambio de aprobar el presupuesto, pero sí apuntan a la falta de transparencia y al poder que ejerce el presidente Luis Redondo en la entrega de las mismas.

El presupuesto asignado al Congreso Nacional en la presidencia de Redondo no ha variado mucho, a excepción de 2022, año en el que se le asignó al Legislativo un presupuesto de 1,248 millones de lempiras. En los años siguientes, desde 2023 hasta 2025, a este poder del Estado se le han destinado 1,523.3 millones en cada año. En tres años, de 2022 a 2024, al menos el 14.32 % del presupuesto ha sido erogado en concepto de subvenciones, las cuales representaron 614.8 millones en total, según las transferencias disponibles en el Portal Único de Transparencia.

Más poder para Luis Redondo y su secretario, Edson Argueta

Leda García Pagán, diputada del Partido Nacional por el departamento de Cortés, ha utilizado las subvenciones para proyectos sociales. La congresista explicó que utilizó subvenciones en tres meses del 2023, pero que en marzo de 2024, cuando volvió a solicitar subvención para ayudas sociales, le negaron la solicitud por sus posturas en contra del oficialismo.

«Cuando solicité (subvención) en marzo me dijeron que no me la iban a dar porque yo era una persona beligerante en medios, y que tenían en un escritorio todas mis declaraciones de todos los medios de comunicación, y que como no era una persona agradecida, entonces que no me iban a dar la subvención, y yo lo reporté en el CNA también», dijo la diputada a Contracorriente.

A pesar de que finalmente recibió las subvenciones, Pagán cuestiona el uso que se les da por parte de los congresistas, y manifiesta que la «gente asume que estamos en el deber de resolverle sus problemas» a través de estas. Dice que esto fue lo que la «orilló» a solicitarlas inicialmente. Según la congresista, las subvenciones que solicitó fueron utilizadas para entregar canastas básicas, kits de higiene y raciones de alimentos a comunidades en el norte de Honduras.

Se sabe que la congresista presentó una liquidación de la subvención de 300 mil lempiras gracias a un informe del CNA, ya que, contrario a lo expresado por el presidente del Congreso Nacional y por diputados del oficialismo, en los portales de transparencia no está disponible la información sobre las liquidaciones de los congresistas que utilizan estos fondos.

En el presupuesto general de los años 2023, 2024 y también para el de este año, se aprobó un fondo de 950 millones de lempiras destinados a la ejecución de proyectos de infraestructura menor y obras sociales, de los cuales 6.5 millones están disponibles para que los congresistas gestionen proyectos en su departamento a través de las municipalidades o de distintas Secretarías de Estado.

Aunque la diputada desconoce si los congresistas de su partido utilizan ese fondo para la gestión de proyectos en las distintas Secretarías de Estado, manifiesta que este procedimiento también representa opacidad y más poder para el presidente del Congreso Nacional, que es la persona que autoriza o no quien puede gestionar proyectos, con la colaboración de su secretario privado, Edson Argueta.

«Yo particularmente pregunté una vez para conocer el procedimiento y poder tomar la decisión si lo gestionaba o no, para hacerlo a través de las alcaldías de mi departamento, pero me dijeron que no, que era un tema que yo tenía que hablar en privado con el presidente, y preferí no hacerlo y no no lo solicité; desconozco si algún otro compañero ha recibido ese beneficio», detalló la congresista a este medio de comunicación. Además, recalcó que la solicitud se hace a través de Edson Argueta, el secretario privado del presidente del Congreso.

De izquierda a derecha, el designado presidencial, Renato Florentino Pineda, Edson Argueta, asistente de Luis Redondo, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, Rebeca Lizette Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Noé Pino, diputado por Libertad y Refundación (Libre) y parte de la directiva del CN. Tegucigalpa, 25 de enero de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.
De izquierda a derecha, el designado presidencial, Renato Florentino Pineda, Edson Argueta, asistente de Luis Redondo, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, Rebeca Lizette Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Noé Pino, diputado por Libertad y Refundación (Libre) y parte de la directiva del CN. Tegucigalpa, 25 de enero de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

La aprobación de subvenciones a congresistas no ha sido lo único en lo que Luis Redondo y Edson Argueta han trabajado juntos. Ambos también fueron acreedores de tarjetas de crédito a nombre del Legislativo que utilizaron de forma irregular para costear gastos personales, como compras en servicios de entrega a domicilio, supermercados, restaurantes, hoteles y vuelos, según un reporte publicado por Contracorriente en octubre de 2023.

Edson Argueta también ha representado a una empresa del alcalde de Tocoa, Colón, Adan Fúnez. El secretario privado de Luis Redondo ha aparecido como representante legal de Transportes Mirna, uno de los negocios opacos del alcalde Fúnez, quien ha sido  vinculado a criminales confesos por narcotráfico en Estados Unidos.

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La diputada Leda García Pagán desconoce si las subvenciones fueron objeto de negociación por parte de su bancada para la aprobación del presupuesto general. «No he escuchado ese argumento dentro de mi bancada en absoluto, es un tema que no hemos tocado ni se me hubiera ocurrido», aseguró.

Otra diputada del Partido Nacional que aseguró desconocer esto fue Lissi Cano, quien añadió que «mucho se habla de ese tipo de negociaciones y ese tipo de canjes, pero en la bancada del Partido Nacional jamás se ha tocado un tema de esa naturaleza».

Contracorriente consultó sobre este tema a los jefes de bancada del Partido Libre y Partido Nacional, Rafael Sarmiento y Tomás Zambrano; sin embargo, al cierre de esta nota, no respondieron a las solicitudes de entrevista.

Este medio también consultó al diputado José Manuel Rodríguez sobre este tema después de las declaraciones de las diputadas nacionalistas, quienes descartaron que por parte de su partido existan este tipo de condiciones o negociaciones. El diputado Rodríguez respondió que «ellos no lo iban a decir [admitir], e incluso están pidiendo retroactivos los 6.5 millones para la gestión de proyectos», dijo el diputado antes de la aprobación del presupuesto general.

El papel de las subvenciones en otros momentos clave

En enero del año pasado, cuando el Congreso Nacional eligió la Junta Directiva actual, las subvenciones también jugaron un papel crucial, ya que al menos tres de los congresistas que se integraron a la Junta fueron beneficiarios.

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Además, en festividades o feriados como Semana Santa o Navidad, y momentos clave en las negociaciones, como la elección interina del fiscal general y fiscal adjunto en 2023, el Congreso Nacional erogó más dinero en concepto de transferencias por subvenciones para ayudas sociales, según lo ha comprobado este medio.

Para la diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH), existe un historial de compra de voluntades y negociaciones a través de las subvenciones en el Congreso Nacional, los cual, según ella, «lacera la democracia, porque muchos diputados y diputadas no están tomando decisiones alrededor si una ley es buena o mala para el país, sino que están tomando decisiones alrededor de si van a poder optar o no optar a este tipo de recurso».

Mena también agregó que, en este año electoral, este recurso tiene aún más relevancia, pues son quienes están alineados al gobierno los que pueden optar a él, aparte de lo poco transparente que es el mecanismo.

«Hoy por hoy no conocemos la ley bajo la cual se ejecutan este tipo de recursos. Ha habido muy poca transparencia en saber a qué diputado se les han dado y cuáles han sido los criterios, por lo que hay falta de rendición de cuentas, o sea, más de lo mismo que se presta para corrupción, con el agravante de que en este caso ni siquiera hay una ley que regule el uso de estos recursos, ya que, paradójicamente, fue este Congreso el que derogó la ley del Fondo Departamental, pero ellos mismos han estado utilizando esta misma mala práctica», dijo la congresista.

En la madrugada del 5 de febrero, el Congreso Nacional aprobó el presupuesto para 2025, que asciende a 430.9 millones de lempiras. La aprobación, pendiente desde diciembre de 2024, se logró con un quórum de 98 de los 128 diputados.

Las secretarías que más sufrieron reducciones presupuestarias fueron: Presidencia, Desarrollo Social (Sedesol), Finanzas, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Seguridad y Defensa, mientras que Agricultura y Ganadería, Planificación Estratégica, Transporte Terrestre, Educación y Salud fueron las que recibieron ampliaciones presupuestarias.

En el caso de la Secretaría de Planificación Estratégica, su presupuesto pasó de 512.9 a 1,025 mil millones de lempiras, en comparación al 2024, lo que representa un aumento del 50.04 % para esta Secretaría. Al igual que en 2023 y 2024, en el presupuesto general de este año también se asignaron 950 millones de lempiras para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales por parte de distintas Secretarías de Estado, fondo por medio del cual los congresistas gestionan proyectos con un techo de 6.5 millones de lempiras al año.

Además, para 2025 también se aprobó un artículo que autoriza 498.5 millones de lempiras para la ejecución de proyectos de reconstrucción, mantenimiento y reparación de infraestructura escolar en los 298 municipios a nivel nacional, fondos que serán transferidos desde la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SJGD) a las municipalidades.

Honduras enfrenta una crisis por el creciente número de desapariciones de mujeres, mientras el Estado carece de mecanismos efectivos para atenderlas. Solo entre enero y octubre del año 2024 se reportaron 313 mujeres desaparecidas, según un informe del Centro de Derechos de Mujeres (CDM). La falta de tipificación legal de la desaparición deja a muchas víctimas sin acceso a la justicia, y a pesar de propuestas como la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, no hay voluntad política para abordar el problema.

Texto: Abigail Gonzales
Fotografías: Fernando Destephen

Las desapariciones de mujeres son una grave crisis en Honduras. Solo en 2024, hasta el 6 de octubre de ese año, la Dirección Policial de Investigación reportó en medios de comunicación 313 desapariciones de mujeres.

Entre 2012 y 2022, 9,838 personas desaparecieron en el país, y de ellas casi cuatro de cada diez (38 %) eran mujeres. En ese contexto, la discrepancia en las cifras de las instituciones del Estado es notable: entre 2020 y 2023, el Ministerio Público registró 710 denuncias de desaparición de mujeres, mientras que el Sistema Nacional de Emergencia 911 reportó más de diez veces esa cantidad, 8,059 casos en el mismo periodo. El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) también documentó 187 muertes violentas de mujeres y femicidios hasta septiembre de 2024. Todo esto es abordado en el informe Desapariciones de mujeres en Honduras, 2022-2023 del CDM.

Sumado a este contexto, el Foro de Mujeres por la Vida señala que en el 15 % de los femicidios que han ocurrido los últimos años en el país ha habido reportes previos de desaparición. Un caso reciente y mediático ocurrió en enero de 2024, cuando Nikendra, María y Dione fueron reportadas como desaparecidas en Roatán. Días después, sus cuerpos fueron encontrados sin vida. Mientras ellas aún estaban desaparecidas, el principal sospechoso logró huir del país, aunque posteriormente la fiscalía y la policía lograron gestionar su extradición desde República Dominicana.

Lara Bohórquez, coordinadora de la Unidad de Investigación Feminista del CDM, en una entrevista para Contracorriente, afirmó que el Estado es incapaz de asumir su responsabilidad frente a las violencias contra las mujeres. Además, indicó que esta situación está relacionada con «la necropolítica y el capitalismo, en un Estado que se lucra con las muertes de las mujeres».

Lara Bohórquez, coordinadora de la Unidad de Investigación Feminista del CDM atiende una entrevista de Contracorriente. Tegucigalpa, 3 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Lara Bohórquez, coordinadora de la Unidad de Investigación Feminista del CDM atiende una entrevista de Contracorriente. Tegucigalpa, 3 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Según el informe del CDM, el Ministerio Público emitió 116 resoluciones por el delito de privación ilegal de la libertad, que incluyeron tanto a hombres como a mujeres, durante el período de 2020 a 2023. El documento apunta que este fenómeno ha creado un entorno de inseguridad que afecta principalmente a las mujeres, y que no solo impacta a las familias de las víctimas, sino que también genera preocupación en sus comunidades.

Bohórquez explicó que «hay un problema en la tipificación porque en Honduras solo existe la desaparición forzada, y eso tiene que ver con el Estado, entonces las personas que son desaparecidas por personas comunes no las van a tipificar».

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En otros países de Latinoamérica, la desaparición cometida por particulares está tipificada como un delito independiente; por ejemplo, en México, la Ley General en Materia de Desaparición establece penas de 25 a 50 años de prisión para quienes priven de la libertad a una persona con el fin de ocultarla, y en El Salvador, el Código Penal sanciona este delito con penas de 15 a 25 años de prisión. 

En Honduras, la desaparición solo se reconoce como forzada cuando involucra a agentes estatales, lo que deja sin cobertura legal la mayoría de los casos de mujeres desaparecidas, señalan representantes del CDM en el informe. Sobre esta situación, Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público (MP), aseguró que en Honduras «no hay una fiscalía que se encargue de las desapariciones».

Fachada del Ministerio Público. Tegucigalpa, 4 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.
Fachada del Ministerio Público. Tegucigalpa, 4 de febrero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

Mora aseguró que cada mes el MP lleva a cabo operaciones de lucha contra el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico, la violencia de género y otras formas de criminalidad. Por ejemplo, indicó que en el mes de enero desarrollaron la «Operación Ester», una iniciativa dirigida a combatir los delitos contra las mujeres, niñas y adolescentes en el país. La operación incluye la presentación de requerimientos fiscales, ejecución de órdenes de captura, allanamientos en centros nocturnos, operativos de carretera y capacitaciones para fortalecer los derechos de las mujeres y protegerlas de la violencia.

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Contracorriente también consultó al vocero de la Dirección Policial de Investigación (DPI) sobre el seguimiento de denuncias presentadas entre 2020 y 2024; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.  

El informe del CDM también establece que la desaparición de mujeres puede estar relacionada con otros delitos como la trata de personas y la explotación sexual comercial. La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual y la Trata (Cicest) señala que las mujeres y niñas son los grupos más vulnerables a estos delitos. Además, algunos casos de desaparición han sido vinculados a redes de trata que operan en el país.

Un caso documentado en el informe es el de Angie Peña, desaparecida en la isla de Roatán a inicios de 2022. Las investigaciones vincularon su desaparición con una red de trata de personas denominada «Delta Teams», en la que estarían implicados empresarios, jueces, fiscales y miembros de la marina mercante. Este caso es señalado en el informe como un ejemplo de desapariciones que podrían estar relacionadas con estructuras organizadas de explotación.

El 8 de marzo de 2022, representantes de CDM y otras organizaciones feministas presentaron a la mandataria Xiomara Castro la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, una iniciativa orientada a establecer, promover y garantizar los derechos de las mujeres. «Es una propuesta de ley que contempla la prevención, la atención, la sanción y también la reparación para las víctimas de desapariciones», afirmó Bohórquez.

La ley establece medidas, mecanismos y políticas integrales orientadas a la detección, prevención, atención, sanción y reparación de la violencia que enfrentan las mujeres por razones de género. Además, incluye diversos tipos de violencia que no están definidos en la legislación vigente, como son la violencia laboral, violencia institucional, ciberviolencia y violencia gineco-obstétrica, entre otras; asimismo, busca proteger a las mujeres y niñas de desapariciones, muertes violentas, femicidios y violencia sexual. 

Pese a que la propuesta de ley fue entregada hace dos años, no se ha registrado una disposición por parte de las autoridades para discutirla, señala Bohórquez. Además, resalta que la presidenta, en sus discursos políticos, destaca su rol como la primera mujer en asumir su cargo «pero no tiene muchas propuestas de mejorar las condiciones de vida de las mujeres, no hay una realidad concreta para mejorar ya sea la legislación o la garantía de los derechos humanos de las mujeres», puntualizó. 

A pesar de las estadísticas y el contexto violento que enfrentan las mujeres en el país, el Congreso Nacional tampoco ha aprobado la Ley de Alerta Morada, presentada el 3 de julio de 2024 por la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios en Honduras,  que busca crear un sistema de búsqueda inmediata de mujeres.

«No hay voluntad política, ni para aprobar la ley y peor para hacer mejoras en las condiciones de vida de las mujeres», enfatizó Bohórquez.

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Finalmente, el Centro de Derechos de Mujeres en el informe asegura que mecanismos legales y judiciales como la Ley de Alerta Morada, la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres y la tipificación de la desaparición forzada en el Código Penal deberían ser cruciales para abordar de manera efectiva las desapariciones de mujeres en Honduras.

La suspensión por 90 días de la cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) afecta a grupos vulnerables como migrantes, personas LGBTIQ+ y víctimas de desplazamiento forzado en Honduras. Usaid, que en 2024 destinó 152 millones de dólares al país, ejecutaba programas en áreas como educación, salud y gobernanza. La medida se suma a la tensión diplomática entre Honduras y Estados Unidos, en medio de una posible reorganización de la ayuda internacional.

Texto: Luis Escalante 
Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC

La orden ejecutiva de Donald Trump del 20 de enero de 2025, mediante la cual suspendió por 90 días la cooperación internacional brindada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), dejará desprotegidos a grupos vulnerables en Honduras. Entre 2001 y 2024, según datos del gobierno de Estados Unidos a los que accedió Contracorriente, Usaid destinó más de 1,900 millones de dólares en ayuda a Honduras, posicionándolo en 2024 como el segundo mayor beneficiario de Centroamérica y el quinto en Latinoamérica.

Usaid, una agencia independiente de cooperación internacional creada en 1961 por el expresidente estadounidense John F. Kennedy, se centró en el caso de Honduras, durante las últimas dos décadas, en una estrategia destinada a prevenir la migración irregular hacia Estados Unidos. La Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del país (CDCS) 2020-2025, que había sido extendida hasta el 23 de junio de 2027 antes de la orden ejecutiva de Trump, establecía como objetivos la reducción de la migración irregular a través de la mejora de oportunidades socioeconómicas, el fortalecimiento de la gobernanza democrática y la satisfacción de necesidades ciudadanas, así como la mejora de la justicia y la seguridad.

En Honduras, Usaid ha canalizado su ayuda a través de Development Alternatives (DAI Global), las organizaciones Creative Associates International, RTI International y la Fundación Cohonducafé, entre otras empresas y organizaciones. Entre los grupos más vulnerables que atendía Usaid en Honduras figuraban niños y adolescentes, mujeres, personas LGBTIQ+, personas víctimas de desplazamiento interno, migrantes deportados, personas desempleadas, pacientes de VIH/SIDA, campesinos y ancianos.

La Usaid categorizó los sectores priorizados en Honduras de la siguiente forma: desarrollo económico, asistencia humanitaria, democracia, derechos humanos y gobernanza, paz y seguridad, salud, educación y servicios sociales, y medioambiente. Entre 2017 y 2023, la agencia destinó alrededor de 1,100 millones de dólares a estos sectores. 

En 2024, Usaid destinó 152 millones de dólares a Honduras, posicionándolo como el segundo país en Centroamérica que mayores recursos económicos captó después de Guatemala y como el quinto en Latinoamérica, después de Colombia, Venezuela, Haití y Guatemala. Además, aportó a la atención a personas víctimas de desplazamiento forzado interno en proyectos conjuntos con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). 

De acuerdo con datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), entre 2004 y 2018, 250,000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado interno en Honduras, principalmente como consecuencia de la violencia, la inseguridad y el desempleo. La mayoría de mujeres desplazadas lo fueron a causa de agresiones de sus parejas masculinas, según el informe Necesidades y satisfacción con la justicia en Honduras: Brechas de acceso a la justicia para personas desplazadas internamente (2024) de The Hague Institute for Innovation of Law (HiiL).

Con el programa «Creando mi futuro aquí», Usaid atendió a jóvenes en condición de desempleo y en riesgo de migrar. Este programa se lanzó en marzo de 2022. Según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en Honduras se registró una tasa de desempleo juvenil del 11.2 % en 2023, lo que representó que 144,774 jóvenes de entre 18 y 29 años estaban desocupados.

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Otro grupo vulnerable atendido por Usaid han sido los pacientes de VIH y sida. Con datos actualizados hasta el 1 de diciembre de 2024, Usaid y el Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR, por sus siglas en inglés) brindaron tratamiento médico a más de 5,700 pacientes con esta enfermedad.

Según datos de foreignassistance.gov, obtenidos por Contracorriente antes de que la página sufriera restricciones, entre 2018 y 2024 Usaid destinó 69,249,771 dólares a su programa de transformación de mercados, que consistía en apoyos a emprendimientos locales en colaboración con alcaldías, el sector privado y el gobierno. En 2020, año de la pandemia del COVID-19 y de las tormentas tropicales Eta y Iota, fue cuando más dinero se destinó a este programa, con un total de 21,570,666 dólares.

Otro programa fue «Progresa con educación», desarrollado en conjunto con la Secretaría de Educación, con el propósito de ampliar la cobertura y mejorar la calidad educativa. Este programa tuvo presencia en 40 municipios y dio cobertura a 4,000 escuelas, según un informe de RTI International. A este programa, Usaid destinó entre 2023 y 2024 un total de 18,855,000 dólares. 

En contraste, en marzo de 2024, Honduras y China —que establecieron relaciones oficiales en 2023— suscribieron un convenio de cooperación económica por 280 millones de dólares no reembolsables, denominado «Intervención Integral en Infraestructura y Equipamiento de Centros Educativos», que serviría para la restauración de la infraestructura escolar y el equipamiento de centros educativos en el país. Sin embargo, hasta junio de 2024, no se ha registrado información sobre la ejecución del convenio en los portales de transparencia de la Secretaría de Educación y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).

Según datos del Programa de Inversiones Públicas (PIP), en 2024 Honduras invirtió 2,563.2 millones de lempiras (unos 99.8 millones de dólares) en inversión pública destinada a infraestructura escolar.

A consideración de Leonardo Pineda, investigador y activista social, el trabajo de Usaid en Honduras se centró en áreas que han sido relegadas por la administración pública «por conveniencia o por cualquier otro motivo».

«Por ejemplo, transparencia, cambio climático y prevención de desastres, seguridad, justicia, fortalecimiento a servidores públicos, habían sido aspectos atendidos por Usaid», explicó Pineda a Contracorriente.

Sin embargo, las opiniones sobre cómo la ayuda de Estados Unidos contribuye o no a contener la migración, especialmente juvenil, varían. A pesar de que Usaid ha destinado millones de dólares a ese propósito, para las investigadoras Amelia Frank-Vitale y Lauren Heidbrink, la ayuda de Estados Unidos también puede convertirse en una de las causas principales de la migración.

Bajo la lluvia, un grupo de migrantes venezolanos espera ser atendido por autoridades hondureñas en su ruta hacia Estados Unidos. Danlí, Honduras. Foto: Fernando Destephen / CC.
Bajo la lluvia, un grupo de migrantes venezolanos espera ser atendido por autoridades hondureñas en su ruta hacia Estados Unidos. Danlí, Honduras. Foto: Fernando Destephen / CC.

En la columna Ayuda al desarrollo: una causa fundamental de la migración de menores, publicada en Contracorriente el 30 de septiembre de 2021, Frank-Vitale y Heidbrink señalan que «el desarrollo no es una herramienta eficaz para responder a las causas interrelacionadas de la migración, y no reconoce que varían las necesidades y las dinámicas entre los países y dentro de ellos».

«Con frecuencia, la ayuda está condicionada por consideraciones ideológicas que, en vez de apoyar, terminan obstaculizando los esfuerzos locales para responder a la pobreza, corrupción e inseguridad», indicaron las investigadoras.

Población LGBTIQ+, vulnerable ante bloqueo de Usaid y mensajes de odio desde Casa Blanca

Grecia O’Hara, activista de derechos humanos y representante del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTIQ+ (Somos CDC), dijo a Contracorriente que solo en Tegucigalpa unas cuatro organizaciones LGBTIQ+ recibían apoyo directo de Usaid y que, de momento, el panorama no es nada alentador.

«Siento que las organizaciones LGBTIQ+ a nivel latinoamericano cometimos un error, porque pensamos que habíamos logrado todo y no nos preparamos para recibir descalificativos como los del gobierno de Trump», dijo O’Hara, quien explicó que por el momento existe cierta «estabilidad» debido a que hay otros donantes, como Canadá y la Unión Europea.

Entre las primeras órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump está eliminar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, y dijo que su gobierno «solo reconoce dos géneros: femenino y masculino».

«En Estados Unidos es muy fuerte el tema de los géneros, y aquí solo estamos pidiendo que se reconozcan dos géneros para las personas trans, claro, eso impactará porque las personas van a replicar ese discurso y van a decir que será sencillo que nos prohíban la transición a dos géneros», comentó O’Hara.

La identidad de género es una deuda pendiente que el Estado hondureño tiene con la población LGBTIQ+, pese a que desde 2021 existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), en el marco del caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras, en la que se ordenó garantizar el derecho de las personas trans a cambiar sus nombres ante el Registro Nacional de las Personas (RNP) y a que este se reflejara en cualquiera de sus documentos de identificación.

Plantón de organizaciones LGBTIQ+ frente a Casa Presidencial, en demanda de una ley de identidad de género. Tegucigalpa, 23 de mayo de 2023. Foto CC/ Fernando Destephen.
Plantón de organizaciones LGBTIQ+ frente a Casa Presidencial, en demanda de una ley de identidad de género. Tegucigalpa, 23 de mayo de 2023. Foto CC/ Fernando Destephen.

El 3 de febrero de 2024, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habló frente a los medios de comunicación y, con tono burlesco, sacó una hoja de papel en la que había algunos ejemplos de proyectos «no alineados con los intereses de los Estados Unidos». Leavitt hizo referencia al financiamiento de una ópera transgénero en Colombia y un cómic transgénero en Perú. «No sé ustedes, pero como contribuyente estadounidense no quiero que mis impuestos se destinen a esta basura, y sé que el pueblo estadounidense tampoco lo quiere», dijo.

Sin embargo, el 7 de febrero, el medio The Washington Post publicó un fact checking en el que señaló que el financiamiento de la supuesta ópera transgénero nunca existió, y que la Casa Blanca podría referirse a un pago de 25,000 dólares que se hizo a la Universidad de Los Andes, en Bogotá, para montar la ópera «As One», compuesta por la estadounidense Laura Kaminsky. La directora de esa ópera, Juana Monsalve, aseguró que la donación fue menor a la reportada por Leavitt, que el resto del dinero provino de otros donantes y que la obra «promovía la cultura estadounidense» en Colombia.

En cuanto al supuesto financiamiento de un cómic transgénero, The Washsington Post refirió: «Usaid no financió esto y no era específicamente transgénero. En cambio, la subvención dice que el Departamento de Estado proporcionó 32,000 dólares, bajo la apariencia de diplomacia pública, al Ministerio de Educación de Perú “para cubrir los gastos de producción de un cómic hecho a medida, en el que apareciera un héroe LGBTQ+ para abordar cuestiones sociales y de salud mental”». 

En otra comparecencia, el 6 de febrero, Leavitt expuso que «los demócratas destinaron dos millones de dólares de impuestos estadounidenses para financiar cambios de sexo en Guatemala, mientras víctimas de desastres naturales en Carolina del Norte y California no recibieron nada».

En el fact checking, esta información fue calificada como «engañosa». Para ello, The Washington Post citó a un antiguo funcionario de Usaid que trabajó en programas dirigidos a personas LGBTIQ+ y que expresó que «para Usaid, la atención de afirmación de género no incluye cirugías, terapias de reemplazo hormonal ni ninguna otra intervención médica».

Grecia O’Hara teme que el discurso de odio de la Casa Blanca deje más vulnerable a la población LGBTIQ+. Desde 2009 hasta 2025, en Honduras han sido asesinadas 528 personas de la comunidad, según datos de la Red Lésbica Cattrachas. De estos casos, 119 fueron muertes violentas de personas trans, lo que representa el 28.79 % del total, convirtiéndolas en el segundo grupo más vulnerable después de los hombres gay.

Respuesta gubernamental y panorama

Aunque el gobierno de Honduras no se ha expresado oficialmente ante la medida de Donald Trump que suspende la ayuda humanitaria a Honduras, en declaraciones a medios de comunicación brindadas por el secretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina, se dijo que solo un 20 % de las ayudas de Usaid pasaban por instituciones gubernamentales.

«Por el gobierno central pasaba tal vez un 20 % de toda esa ayuda, que casi toda iba dirigida a la sociedad civil y al sector privado. Es importante, obviamente, y es parte de una nueva realidad a la que tendremos que adecuarnos», manifestó Reina.

Contracorriente conoció que, durante los últimos años y antes de su suspensión, Usaid había trabajado directamente con secretarías e instituciones del Estado, entre ellas la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa, el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, y también con el Poder Judicial.

Este medio de comunicación solicitó entrevistas con la ministra de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, el director del FHIS, Warren Ochoa, y el secretario de Educación, Daniel Sponda. Sin embargo, ninguno de ellos accedió hasta el momento de la publicación de esta nota.

La suspensión de la ayuda de Usaid coincide con el anuncio de Donald Trump de iniciar deportaciones masivas de hondureños, que serían alrededor de 200,000, según el gobierno hondureño. La administración de Xiomara Castro asegura estar preparada con el lanzamiento del programa «Hermano, hermana, vuelve a casa», que incluye un bono de 1,000 dólares.

Mientras tanto, en declaraciones brindadas esta semana a los medios de comunicación, el canciller Enrique Reina expresó su confianza en que el gobierno y el sector privado trabajarán en estrategias de generación de empleo para evitar que continúe aumentando la migración de hondureños hacia otros países, especialmente Estados Unidos.

¿Y ahora qué? 

Entre el 1 y el 6 de febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tuvo una gira por Centroamérica y República Dominicana, de la que excluyó a Honduras y Nicaragua.

Aunque desde la Cancillería hondureña dijeron que «estaban dispuestos a recibirlo» y después se excusaron diciendo que «no podía visitar todos los países», analistas consultados por Contracorriente consideraron que la omisión de Honduras fue «un mensaje claro» por parte de la administración de Donald Trump, que podría implicar que Honduras no continúe siendo una prioridad para Estados Unidos en cuanto a cooperación internacional.

«No se puede minimizar el hecho de que el secretario de Estado, en su primera gira por la región, excluyera a Nicaragua y a Honduras», consideró Graco Pérez, analista en diplomacia y relaciones internacionales.

Pérez manifestó que, por un lado, el gobierno hondureño está intentando minimizar la suspensión de Usaid y, por otro, está pagando por desaciertos diplomáticos, como la denuncia del tratado de extradición vigente entre ambos países y haber amenazado con denunciar el tratado militar que permite a Estados Unidos tener una base militar en Comayagua, centro de Honduras.

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El 28 de agosto de 2024, la presidenta Xiomara Castro instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, denunciar el tratado de extradición vigente con Estados Unidos, tras considerar que la embajada de ese país estaba cometiendo «injerencia» debido a que la embajadora Laura Dogu calificó como «lamentable» que el entonces ministro de Defensa, José Zelaya, y el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, aparecieran en una fotografía junto a Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, a quien Estados Unidos considera un narcotraficante.

Días después de ese incidente, el medio InSight Crime publicó un video en el que Carlos Zelaya Rosales —cuñado de la presidenta Xiomara Castro— aparece negociando en 2013 un soborno con el jefe del cartel Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, para la campaña del ahora oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre). Durante el juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández, Rivera Maradiaga testificó haber sobornado a Zelaya Rosales y al entonces candidato del Partido Liberal, Mauricio Villeda.

Carlos Zelaya Rosales (a la derecha) renunció a su diputación y a su cargo de secretario del Congreso Nacional, tras filtrarse un video en el que negociaba sobornos con Los Cachiros. Foto: Archivo CC.
Carlos Zelaya Rosales (a la derecha) renunció a su diputación y a su cargo de secretario del Congreso Nacional, tras filtrarse un video en el que negociaba sobornos con Los Cachiros. Foto: Archivo CC.

El 6 de febrero, la Embajada de Estados Unidos en Honduras publicó en sus redes sociales una declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, en la que se refirió a la extradición y habló de «culpables de delitos que son fugitivos» y que llevan a la «cabeza de la serpiente de un grupo transnacional particularmente peligroso».

«Por eso, vamos a trabajar muy de cerca con nuestra nueva fiscal general y el Departamento de Justicia para que se alineen con nuestro objetivo en cuanto a quién estamos buscando», indicó Rubio en la publicación que compartió la embajada estadounidense.

Pérez, quien recordó que el tratado de extradición vencerá el próximo 28 de febrero, lamentó: «El gobierno no ha retirado la nota para denunciar el tratado de extradición, y haber amenazado de forma tan demagógica que podrían quitar la base militar de Estados Unidos también es un aspecto delicado». 

El 1 de enero de 2025, en su primer discurso del año, la presidenta Xiomara Castro advirtió al gobierno de Estados Unidos que podría cerrar la base militar estadounidense localizada en Comayagua, en la que hay alrededor de 1,000 efectivos que, entre otras misiones, coordinan operativos antidrogas en Honduras y Centroamérica, si el gobierno de Donald Trump efectúa deportaciones masivas de hondureños.

«Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que, sin pagar un centavo por décadas, mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras», señaló Castro en una cadena nacional de televisión y radio. 

Después de la orden ejecutiva de Donald Trump de suspender por 90 días la ayuda de Usaid, argumentando que «no está alineada con los intereses del gobierno de Estados Unidos», el administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, aseguró que «Usaid es una organización criminal que debe morir». Mientras la ayuda humanitaria está congelada, miles de programas en todo el mundo han cerrado, personas han sido despedidas y otras suspendidas. 

El 3 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que su titular, Marco Rubio, había sido designado como administrador en funciones de Usaid, insistiendo que «una parte significativa de la financiación de Usaid no está alineada con los intereses nacionales básicos de Estados Unidos» y que se trabaja en presentar al Congreso estadounidense una propuesta de «posible reorganización de las actividades de asistencia exterior».

Sin embargo, para Leonardo Pineda, Honduras ahora corre el riesgo de que Estados Unidos no lo tenga entre sus prioridades en cuanto a cooperación internacional.

«A mí me preocupa bastante esa gira que hizo Marco Rubio por la región, en la que está excluyendo a Honduras, algo que nunca había ocurrido, como por ejemplo en la administración de Joe Biden, que vino la vicepresidenta Kamala Harris a la toma de posesión de Xiomara Castro. Si Honduras sigue manejando su política exterior con hostilidad hacia Estados Unidos, es posible que no entremos mucho en los planes de cooperación o, por lo menos, no con la misma intensidad que teníamos ahora», consideró Pineda, quien recordó que Honduras se ha abierto a Venezuela y China, justamente a los que se está oponiendo la nueva administración en Estados Unidos.

Para la realización de este trabajo periodístico, Contracorriente solicitó entrevista con tres funcionarios de Usaid en Honduras, pero informaron que no estaban autorizados para ofrecer declaraciones. También, debido a las restricciones de acceso a información pública en páginas como usaid.gov y foreignassistance.gov, se utilizó la herramienta Wayback Machine para recuperar datos de ayuda otorgada a Honduras entre 2001 y 2024. 

La exposición de las medidas en temas migratorios del nuevo Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos ha provocado una ola de pánico entre los inmigrantes indocumentados, ya que ha prometido deportaciones masivas. A Honduras han llegado ya aviones militares con deportados, mientras las relaciones diplomáticas se mantienen en tensión entre ambos países. En medio de esto, los migrantes centroamericanos y mexicanos están en el centro de un discurso que algunos analistas han catalogado como «lleno de odio y racismo», por lo que muchos migrantes han decidido esconderse o planificar su mudanza de regreso. 

Texto: Allan Bu
Fotos: Cortesía Cancillería

«Aquí no se ve un alma, parece desierto», asegura Nelson, un hondureño que tiene más de 20 años radicado en Carolina del Norte, Estados Unidos. Y no exagera; en Estados Unidos las medidas emprendidas por Donald Trump desde que regresó al poder han provocado una ola de pánico entre los migrantes indocumentados. Muchos han abandonado sus trabajos y están escondidos, pero esa situación, en esta potencia mundial, es insostenible.

Nelson logró regularizar su estatus en Estados Unidos, pero esa suerte no la han tenido miles de hondureños que dejaron este país hasta en caravanas buscando seguridad, empleo y, en resumen, mejores condiciones de vida. Según el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, en los registros estadounidenses aparecen unos 250 mil hondureños sin claridad en su estatus legal para su permanencia en el país y eso los hace candidatos para la deportación. 

El fuerte discurso del presidente Trump en todas las plataformas disponibles y la exposición de los arrestos que permite esta era dominada por las redes sociales, han provocado incertidumbre en la población migrante en Estados Unidos. Lenin, un hondureño que tiene menos de dos años en ese país, lo explica de manera muy coloquial: «Aquí andamos con el trasero a dos manos, hay un pánico mental y de todo. Realmente la mara (la gente) está preocupada», dice. 

Lenin piensa que las personas que entraron al país pidiendo asilo y las que entraron con una visa de turismo o trabajo y se quedaron son las que están en mayor riesgo, porque las autoridades migratorias ya tienen toda su información. Y esto es verdad; el gobierno de Trump canceló la aplicación CBP-One, utilizada por los migrantes para concertar una cita para pedir asilo. Desde su implementación en 2023, más de 170,000 personas lograron obtener una cita. Ahora, miles de citas han sido canceladas y la información de esos migrantes está en manos de las autoridades, cuya misión principal ahora es cazar migrantes.

Migrantes reciben información en el CAMR ubicado en San Pedro Sula. 31 de enero de 2025. Foto: Cancillería.

Lenin entró sin documentos y ha decidido tomar medidas. «Yo no salgo, ni ando en vicios. Del trabajo a la casa, puedo correr el riesgo de que manejando me puedan detener y depende de la personalidad del policía si decide incluirme en la lista de deportaciones», mencionó. 

La antropóloga y especialista en temas migratorios, Amelia Frank-Vitale, consideró que la campaña emprendida por Trump y funcionarios de su administración no persigue un perfil en específico: «Realmente van por todos. Las personas indocumentadas están expuestas a la deportación, si encuentran a un indocumentado lo van a arrestar», dijo, pero agregó que «hay un proceso legal para que una persona sea deportada, tiene que pasar por una corte de migración, no es algo rápido». 

Señaló que hay condiciones migratorias como el Estatus de Protección Temporal (TPS), por ejemplo, que puede brindar más protección a quienes se acogen a este, pero aun así no los exime del riesgo: «Están más protegidos si tienen algún estatus legal, pero (el nuevo gobierno) han mostrado su interés de también ir en contra de ellos; creo que su idea al final es hacer la vida más difícil a todos. Hay gente en la administración de Trump que quiere sacar a toda la gente que no es estadounidense, sin importar su estatus. Empiezan con los más vulnerables, luego hay gente que tiene un permiso legal, pero que no es residencia», dijo.

Desde que asumió su segundo mandato, Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas para cumplir con sus promesas sobre las deportaciones masivas y la seguridad fronteriza.  Algunas de estas acciones tuvieron efecto inmediato, pero otras pueden tardar años o incluso no llegar a concretarse.

Una ametralladora de crueldad

Uno de los anuncios más controversiales en las últimas semanas fue el que hizo el mismo Trump sobre utilizar la base de Guantánamo en Cuba para recluir ahí a los migrantes, aunque eso no es algo que puede ejecutar de inmediato. «Gran parte de lo que Trump pueda hacer dependerá del dinero. Se espera que el Congreso estudie pronto un respaldo adicional», publicó la Voz de América en un reportaje sobre las nuevas políticas. 

En los primeros días del Gobierno de Trump los arrestos se duplicaron con un promedio de 700 arrestos diarios, según cifras del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El promedio diario fue de 311 en un período de 12 meses hasta el pasado septiembre, durante la presidencia de Joe Biden. De mantenerse la tasa con la que ha iniciado el Gobierno de Trump, superará el récord previo del ICE, que se estableció con Barack Obama en la Casa Blanca, con un promedio de 636 en 2013.

Los números han comenzado a crecer con operaciones en ciudades como Atlanta, Dallas y Chicago. Estas acciones han tenido mucha exposición en los medios de comunicación. Incluso el fiscal interino Emile Bove se sumó a los operativos de captura de migrantes. En las operaciones también han colaborado el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Control de Drogas, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, así como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. 

El nuevo gobierno estadounidense abrió la puerta para que ICE lleve a cabo las deportaciones sin que los afectados comparezcan ante un juez de inmigración, lo cual es posible al extender la autorización de expulsión acelerada a nivel nacional para cualquier persona en el país hasta por dos años. Este tipo de deportación se aplicaba a los migrantes que eran detenidos a 100 millas de la frontera entre México y Estados Unidos. La medida ya ha sido recusada por la Unión Americana de Libertades Civiles. 

Además, el Gobierno federal eliminó una política que impedía las detenciones en lugares sensibles como escuelas, hospitales y lugares de culto, y también se continuará deportando a quienes ingresaron al país con un permiso, una potestad presidencial que Biden usó más que ningún otro presidente.

Los migrantes retornados recibirán un apoyo de 100 dólares. San Pedro Sula, 31 de enero de 2025. Foto: Cancillería.

Hay estados y ciudades que han desafiado las medidas de Trump. Es el caso del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien emitió una ordenanza para evitar que las autoridades locales indaguen sobre el estatus migratorio de las personas. «Nos preocupamos por ustedes. En la ciudad de Minneapolis los defenderemos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos, porque no son extranjeros, en nuestra ciudad son vecinos», dijo Frey en una conferencia.

Otro caso que ha estado en el centro de la controversia es el del gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, tras sugerir en una entrevista que una persona con estatus migratorio irregular vive en su casa. «Buena suerte a los federales si intentan llevársela»,  dijo el político. 

Trump también firmó una orden ejecutiva para anular la nacionalidad por nacimiento, pero esta intención fue bloqueada por un juez federal del estado de Washington, quien calificó la orden como inconstitucional.  

La antropóloga Amelia Frank manifestó que hay una situación de pánico en la comunidad migrante, y no es para menos, porque hasta ahora el nuevo gobierno ha sido como «una ametralladora» de nuevas tácticas para meter miedo y sembrar caos. «Hay crueldad para todos los migrantes indocumentados, personas buscando refugio, personas con algún estatus… todos están bajo la lupa», dijo.

Sin embargo, la antropóloga aclara que hay cosas que simplemente han cambiado de tono: «Hay una diferencia de retórica y discurso, de buscar meter miedo. La gente indocumentada desde antes estaba vulnerable a ser deportada, eso no es nuevo. Estados Unidos deportaba mucha gente en años anteriores. Incluso los números de personas arrestadas en estos días no está fuera de lo normal, pero este gobierno lo publica y lo proclama con orgullo, mientras a la administración pasada, como que le daba un poco de vergüenza y justificaba sus acciones». 

Añadió que en el caso de las personas con récord criminal no es posible que permanezcan en el país, pero resaltó que eso no es nuevo y que el país ha sido estricto en cumplirlo. «Su retórica habla de criminales, pero va a estar deportando a todo el mundo» dijo, y agregó: «Su odio es al migrante sin importar la condición». 

Al 3 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reportaba que las redadas contra los indocumentados han dejado como saldo más de 8 mil arrestos y unas 5 mil deportaciones.  Los migrantes detenidos son provenientes de 121 países. En el reporte se indica que los detenidos son personas con antecedentes penales, irregularidades en su documentación y órdenes de deportación vigentes, pero no aclara cuántos tienen récord criminal. La publicación habla de que Trump está cumpliendo la promesa de expulsar a «violentos criminales», colocando esta etiqueta a quienes su único delito es vivir y trabajar sin documentos en Estados Unidos.

El canciller Reina afirmó que en Honduras los manifiestos que reciben de parte de Estados Unidos son enviados a las autoridades de Seguridad para que se corrobore si hay órdenes de captura o alertas migratorias y que se «tomen las medidas conforme a ley». Consultamos a Comunicaciones de Cancillería si hay información acerca de hondureños con antecedentes entre los deportados, pero hasta el momento de publicar este artículo, no tuvimos respuesta. 

Acciones impulsadas por el racismo y no por la ley

«Hay algunos que nos ven de reojo», dijo el hondureño Lenin Espinoza, en referencia a las actitudes que percibe en los estadounidenses. «Aun con su indiferencia buscan el servicio de los migrantes por la paga, por el tiempo y por la calidad del trabajo que hace la gente», sostuvo. 

Espinoza habló con Contracorriente un par de días antes de la toma de posesión de Trump. Él tenía claro que las deportaciones no las detenía nadie, pero pensaba que solo iban esencialmente contra aquellos que entraron pidiendo asilo a Estados Unidos y después no asistieron a las citas a la corte de migración. «Es que esas personas así es que están en el sistema del gobierno y tienen todos sus datos para ubicarlos y despacharlos», dijo. 

También hay familias que se están preparando para el día en que tengan que regresar a su país. Marlen, a quien llamamos así para no exponer su identidad, cuenta que su esposo y sus tres hijos viven en Houston, Texas, desde hace seis años, desde que entraron con una visa de turista y decidieron quedarse. Con el tiempo, su esposo se hizo contratista en la construcción y con eso han logrado tener una vida cómoda. 

Con la llegada de Trump al poder, Marlen y su familia se preparan para regresar. Dejaron su casa en Houston y se fueron a un lugar más remoto, y desde allí han comenzado a hacer una mudanza de regreso. Poco a poco  han comenzado a mandar artículos a Honduras por si son deportados. «Han escuchado demasiada noticia acerca de que Trump va a deportar gente que se quedó ilegalmente o entró ilegalmente, pero tienen un miedo extremo cuando ven a una patrulla», nos contó un familiar cercano. 

Las acciones del Gobierno de Trump, pero sobre todo el hecho de exponerlas en todos los medios, llevan a los migrantes a tomar medidas extremas. Ever Rosales, originario de Cofradía, Cortés, al norte de Honduras, ha cambiado su rutina completamente; ahora va del trabajo a su casa y los días libres sigue descansando. «No voy salir para ningún lado», dijo. 

Ever tiene dos años y medio viviendo en Estados Unidos, pero logró establecerse hasta en su segundo intento. En su primer intento, en el 2011, fue deportado casi de inmediato, y eso lo convierte en un objetivo de la deportación si llega a caer en un operativo o redada de las autoridades migratorias. Su idea es permanecer en Estados Unidos tres o cuatro años para volver con algo de dinero ahorrado a Honduras. 

Marco Ramos, un hondureño que está en un proceso avanzado para legalizar su permanencia en Estados Unidos, cuenta que ha hablado con personas que vivieron el primer mandato de Trump, y estas consideran que no pasará nada en muchas ciudades. «Van a deportar gente como todos los años, pero estos migrantes no creen que vaya a haber redadas en lugares de trabajo», dijo Ramos, unos días antes de la toma de posesión. Hay que mencionar que el Gobierno de Trump sí está ejecutando redadas, pero aún no son masivas, aunque tienen gran exposición mediática. 

«Honestamente no creo que Trump logre aplicar todo lo que dice. Según expertos, ocupará muchísimo dinero para llevar a cabo el plan de deportaciones masivas, y no hay suficientes elementos humanos para eso. Ahora también creo que esto se ha descontrolado en Estados Unidos por la cantidad de personas que han entrado. Hay muchos que son delincuentes y quieren hacer lo mismo en este país», aseguró Ramos, quien dice estar tranquilo porque su proceso para conseguir una permanencia legal ya está en la corte. 

La antropóloga Amelia Frank explicó a Contracorriente que el ICE está haciendo redadas, pero que ya tenía esa potestad, y además no tiene la capacidad para cubrir todo el país. «Están haciendo redadas de muy alto perfil en ciudades que tienen un perfil de ser anti Trump y pro migrantes, como New Jersey o Chicago. Creo que están muy enfocados en el espectáculo de eso, aunque los números en bruto no sean espectaculares. Ya están diciendo que quieren poner una meta a cada oficina de ICE de un número de personas (a capturar). Se supone que (Trump) está decepcionado porque no hay muchos arrestos, seguro que pueden aumentar, pero hay límites por los recursos que tienen», explicó. 

Para Frank Vitale, en los primeros días del Gobierno de Trump se han quitado la máscara, pues ha cambiado la retórica de que iban por los criminales: «La narrativa abarcaba a las personas que estaban fuera de la ley, ahora yo veo que el nuevo discurso le quita un poco de la máscara, que nunca se trataba de la ley, siempre fue el racismo, un deseo de expulsar y no permitir migrantes». 

«Hermano, hermana, vuelve a casa»

Tras la promesa de deportaciones masivas realizadas por la nueva administración estadounidense, el Estado de Honduras lanzó el programa «Hermano, hermana, vuelve a casa» con el que se espera atender a quienes regresan al país. El canciller Eduardo Enrique Reina explicó que este apoyo consta de un bono de 100 dólares para todos los que llegan, capital semilla para aquellas que tengan una idea de negocio y también mecanismos de empleo. «Reitero también un llamado al sector privado hondureño, que busque los mecanismos porque todos estos compatriotas han ayudado a mantener la economía y los negocios en el país», dijo. 

Hondureño saluda a migrantes retornados. San Pedro Sula, 31 de enero de 2025. Foto: Cancillería.

En Honduras, después que la presidenta Xiomara Castro insinuó que la base militar de Palmerola podría ser cerrada si había una actitud hostil contra los migrantes hondureños, finalmente el canciller Enrique Reina confirmó que este convenio fue extendido por un año más.

«Eso demuestra la voluntad nuestra de trabajar y seguir cooperando con Estados Unidos en temas como la migración o el combate al narcotráfico. La presidenta fue muy clara: esperamos que las deportaciones se den bajo el mecanismo usual, ordenado y digno. Si hay un cambio excesivo, pues nosotros tendremos que revisar nuestra política; por ahora hemos podido negociar y por eso es que se están aceptando vuelos militares de manera coordinada», dijo Reina. 

El viernes 31 de enero, el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) ubicado en el aeropuerto Ramón Villeda Morales recibió a 352 migrantes, la mayoría de los cuales fueron detenidos en la administración de Joe Biden. Circularon algunas fotografías de personas esposadas, pero esto tampoco es nuevo, han estado llegando así por años. 

El canciller mencionó que se debe buscar crear un sistema más justo, y puso como ejemplo la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, que ha enfrentado a un sector empresarial con este gobierno, casi desde sus inicios. «La empresa privada debe estar más consciente de invertir en el país, solo bajo ese mecanismo de trabajo conjunto es que podemos sacar el país adelante», dijo. Agregó que Karim Cubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) está desarrollando un programa para emplear a migrantes, y que buscarán hacer lo mismo con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). 

Al canciller le consultamos sobre los comentarios vertidos por el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, quien en declaraciones a Radio América afirmó que los migrantes, con el apoyo previsto por el gobierno para ellos, «van a pijinear por 15 días y luego volverán a la ruta migratoria», pues piensa que ya no desean estar en el país. 

«Realmente ha sido una práctica, no hay que negar las cosas cuando ocurren. Muchos migrantes, cuando son deportados, esperan unos meses en Honduras y a veces vuelven a tomar la ruta del migrante. Las estadísticas que tenemos muestran que a veces las personas que llegan, digamos las 150,000 que se recibieron en estos tres años del Gobierno de la presidenta Castro, unos 35,000 han ido y venido varias veces; obviamente, esto cambiará si la política de la administración Trump es más fuerte y no deja entrar a los migrantes», manifestó el jefe de la diplomacia hondureña, sobre las declaraciones del diputado. 

Dennis Corrales, director del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende), recordó que la presidenta Castro ha anunciado que una de las soluciones para los deportados es el desarrollo de emprendimientos exitosos.

Le consultamos a Corrales cómo el Gobierno iba a garantizar que los fondos entregados como capital semilla sean utilizados para los fines establecidos, y respondió que hay plataforma que les permite registrar al migrante retornado; además  hacer un diagnóstico de sus capacidades y evaluar las ideas de negocios. «Este capital semilla será entregado solamente a aquellos que acrediten haber retornado a través de esta emergencia (Gobierno de Trump) y que estén certificados por Senprende», explicó Corrales.

Descartó que los 1,000 dólares se vayan a entregar a todos los migrantes: «No, ese proceso no es así, requiere etapas de desarrollo y por eso es esencial que el mensaje esté claro. Nosotros lo hemos denominado servicio VIP, para que la atención sea menos burocrática y el migrante sienta que sí de verdad lo están apoyando».

Sobre la cantidad de personas que esperan atender con este programa, Corrales afirmó que la instrucción de presidencia es ayudar a todos aquellos que necesiten la ayuda para llevar a cabo su idea de negocio. Manifestó que las cifras indican que al 35 % de los migrantes que retornan les gustaría emprender, mientras que el resto preferiría conseguir un empleo. 

El canciller Reina confirmó que en la última semana de enero arribaron al país seis vuelos transportando migrantes, incluidos dos aviones militares, pero que hay un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos de recibir hasta 12 aviones semanales.  El funcionario expresó que aún no hay un aumento significativo en las deportaciones, pero es claro que las nuevas disposiciones apenas comienzan.

Amelia Frank insiste que hay muchas cosas que ya se hacían, pues a los migrantes siempre se les envió de regreso a su país de origen esposados, y tampoco ha importado si ya tenían sus familias y vidas en Estados Unidos: «Eso no es nuevo, lo que sí es nuevo es el orgullo y el deseo de sembrar terror en las comunidades inmigrantes», concluyó. 

La reciente suspensión de una reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) ha evidenciado las múltiples inconsistencias con las que la presidenta hondureña Xiomara Castro ha gestionado su presidencia pro tempore al frente del organismo, provocando dificultades para alcanzar acuerdos en temas clave e incluso impidiendo la coordinación para concretar reuniones entre los Estados miembros.

Texto: Mayra López
Fotografía: Archivo

El 26 de enero de 2025, Xiomara Castro, como presidenta pro tempore de la Celac, convocó con carácter urgente a una reunión extraordinaria de presidentes y jefes de Estado para abordar el conflicto entre Colombia y Estados Unidos provocado por los vuelos de deportación enviados desde el país norteamericano, que el presidente colombiano Gustavo Petro se negaba a recibir si no se cumplían ciertas condiciones. 

Dos días después, Costa Rica, en respuesta a la citación, emitió un comunicado en donde argumentó que no se realizó el debido proceso de la convocatoria para una Reunión Extraordinaria de Presidentes y Jefes de Estado de la Celac.

El comunicado dice que «desea recordar que los Procedimientos para el funcionamiento orgánico de la Celac en su enunciado “Reunión Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno” establece específicamente que estas cumbres podrán darse de forma extraordinaria “cuando la Presidencia Pro Tempore en consulta con los Estados Miembros lo determine”», y agrega que «para esta convocatoria, la presidencia pro tempore no ha realizado consulta alguna a los demás Estados miembros, por lo que la misma no es procedente».

Asimismo, el oficio hace mención que, de acuerdo con los procedimientos de la Celac, un Estado Miembro puede solicitar una reunión extraordinaria de ministros y ministras de relaciones exteriores, pero no una Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno, como lo titularon en la convocatoria. 

Adicionalmente, el comunicado menciona que «la nota PPT-001/2025 propone tres puntos de agenda (migración, medio ambiente y Unidad Latinoamericana y Caribeña) que no han sido discutidos, preparados ni consensuados por los Coordinadores Nacionales, lo que debe darse antes de que se lleve a cabo una reunión de cancilleres».

Costa Rica solicitó formalmente posponer la reunión por motivos procedimentales, y reiteró que, en vista de que se tiene una reunión de Coordinadores Nacionales prevista desde hace varias semanas para el 6 de febrero, se podían incluir en la agenda los temas adicionales que se consideren pertinentes. 

Por otra parte, el 28 de enero de 2025, en una conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, habló acerca de dicha convocatoria a reunión, y aseguró que «nuestra posición siempre es la unidad de América Latina y el Caribe, es la historia de nuestro país y siempre vamos a buscar esa unidad. La Celac es un organismo que define sus posicionamientos por consenso; es difícil tener unanimidad cuando hay diferencias entre algunos países», concluyó la mandataria.

Contracorriente contactó a Gerardo Torres, vicecanciller de la Subsecretaría de Estado en el Despacho de Política Exterior, sobre el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Dirección General de Política Exterior de Costa Rica, y su respuesta fue que «sí se realizó el debido proceso para una reunión extraordinaria. Según Costa Rica no se dio el debido proceso, pero no quiere decir que no lo seguimos, el reglamento de la Celac dice que para una reunión urgente la presidenta pro tempore lo puede hacer con el apoyo de la troika, y la troika es Colombia que es el solicitante, entonces se sobreentiende que está de acuerdo, el proceso se cumplió», aseguró Torres.

Seguidamente, el vicecanciller aclaró por qué se había cancelado la reunión de la Celac: «Como el presidente de Colombia dijo que se había reparado el impasse, entonces ya no había tanta presión ni tantos motivos para convocar, y se decidió suspender y seguir la agenda de Celac, que tiene muchos otros puntos».

En lo que respecta a la participación de los países que pertenecen a la Celac, un total de 33 países miembros, el vicecanciller Torres aseguró que «quince mandaron a delegación, diez a nivel de presidentes y cinco de canciller. Tres países dijeron que no estaban de acuerdo de cómo se había hecho la convocatoria; en el caso de Costa Rica, ellos hicieron público un comunicado; Paraguay y Argentina dijeron que se hiciera la reunión y que ellos iban a acompañar la declaración, ellos no se opusieron formalmente a la reunión».

«No había propuesta de declaración, lo que había era una convocatoria para conocer la opinión de los Estados miembros en tres temas: migración, por la reforma migratoria que hizo el presidente Trump; medio ambiente, porque consideramos que nuestros Estados están altamente endeudados y necesitan estrategias para recoger estos fondos en el caso de que haya un desastre; y el tema de la unidad latinoamericana y caribeña, para expresar el apoyo y acompañamiento a Colombia y decirles al resto de países que así como les apoyamos a ellos, vamos a apoyar a los demás Estados», puntualizó Torres. 

Sin embargo, esta no es la única vez que la presidencia pro tempore de Castro ha recibido críticas del resto de Estados miembros durante su periodo al frente de la Celac. 

El 28 de junio de 2024, tras la publicación de un comunicado titulado «Declaración de Tegucigalpa», diez Estados miembros de la Celac se pronunciaron y pidieron a la presidenta pro tempore de Honduras que aclarara el documento emitido, dado que no era una posición oficial. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, a través de un comunicado compartido por los países miembros, desconoció la iniciativa «Celac Social». 

«El contenido de la llamada Declaración de Tegucigalpa no fue consultado con los Estados Miembros de la Celac, ni es un documento que deba entenderse como emanado de la Celac, ni representa la visión ni opinión consensuada del mecanismo Celac ni de sus Estados Miembros», finaliza el comunicado.

Graco Pérez, analista y experto en diplomacia, dijo a Contracorriente que «en el caso de la Celac, las decisiones deben ser tomadas por consenso y la presidencia de Honduras no ha manejado este consenso, la última situación en el caso de Colombia fue una solicitud del presidente Petro y Honduras inmediatamente respondió y convocó pero no siguió los procedimientos»

Pérez explicó que «un miembro puede solicitar, pero tiene que haber un consenso, porque no es la presidencia, o el que lo solicita, en este caso Colombia, son todos los países que la conforman quienes deben participar, por eso el malestar del resto de países. Costa Rica llamó precisamente a que se ejecutaran los procedimientos, pero cuando se canceló la reunión, Honduras mencionó que existía una oposición sistemática refiriéndose a esos países, pero realmente es que no se ha seguido el procedimiento».

«No es la primera ocasión que sucede; también hubo problemas cuando Honduras felicitó a nombre de la Celac la elección del señor Putin en Rusia, y ha sido reiterado que Honduras no ha manejado los procedimientos. Además de consensuar las reuniones, se debe de consensuar la agenda que se va a tomar», señaló el analista.

Seguidamente, se refirió a los temas de la agenda propuesta para la reunión de la Celac, y señaló que la inclusión de Haití y el medioambiente parecía innecesaria, ya que la solicitud inicial provenía de Colombia. Consideró que estos temas adicionales fueron incorporados para restarle importancia a la fricción entre Colombia y Estados Unidos por asuntos migratorios y que, en conjunto, estos errores han afectado negativamente a la presidencia de Honduras.

«Con un solo país que no haya sido consultado o que no haya estado de acuerdo, el consenso desaparece, tienen que estar todos los países miembros de acuerdo,. En segundo lugar, la troika es un primer paso, ellos deciden hacer las consultas, hay consenso en la troika y entonces buscan el consenso de los países miembros; ese es el procedimiento establecido, no es solo que la troika esté de acuerdo», detalló Graco.

El 3 de febrero de 2025, en Comayagua, Honduras, se llevó a cabo la Cumbre de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de la Celac, con la participación de 27 países de manera presencial y 6 de forma virtual. El evento, que reunió a ministros de Agricultura y representantes de 12 organismos regionales e internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), destacó avances en políticas públicas frente al cambio climático, la erradicación del hambre y la reducción de la pobreza.

Gerardo Torres, vicecanciller hondureño, resaltó en redes sociales que Honduras, en la presidencia pro tempore de Celac, logró construir consensos unánimes en temas clave. Además, anunció el inicio de la transición del cargo a Colombia, cerrando un año de liderazgo bajo Xiomara Castro. Torres también confirmó en redes sociales que este 6 y 7 de febrero se realizará en San Pedro Sula la XI Reunión de Coordinadores Nacionales de la Celac.

Este evento contrasta con la reciente suspensión de la reunión extraordinaria, y es muestra de los impases que enfrenta la región para alcanzar acuerdos unánimes frente a la maquinaria de Trump y su nuevo orden en Estados Unidos.

Por Wendy Paola R. Durón
Portada: Persy Cabrera

Para la Navidad de 2024, la lista de regalos solicitados por las dos infancias que acompaño incluía: una patineta, un monopatín, un carro a control remoto, una bicicleta nueva, un equipo para jugar béisbol, tacos para jugar fútbol y biberones para alimentar a los cuatro bebés (muñecas/os) que tenemos en casa como adopciones de la menor del hogar.

En un punto me pregunté dos cosas: ¿Las infancias que acompaño piensan que tengo mucho dinero? Tuvimos una pequeña plática sobre finanzas y prioridades del hogar, de la que espero haber logrado expresarme de forma que me comprendieran. Y ¿será que los papás ausentes, los que abandonan, los intermitentes, tienen conocimiento de las listas de regalos que solicitan sus hijos e hijas en las fechas de Navidad? ¿Será que las paternidades ausentes e irresponsables saben el daño que causan con su indiferencia e irresponsabilidad económica y afectiva?

Le consulté a una psicóloga si es posible identificar el daño que el abandono paterno causa en una niña o un niño. Su respuesta fue: «Sí, muchas de las personas que atiendo llegan a consulta con estas situaciones o heridas de su infancia».

Según datos del Registro Nacional de las Personas, en el año 2019 se registraron 19,985 nacimientos inscritos solo por la madre, y en el año 2020 fueron 13,716. Esta situación refleja una problemática social recurrente, la negativa o incertidumbre de algunos hombres respecto a la paternidad de un bebé concebido con una mujer con la que mantenían una relación sentimental, sexual o sexoafectiva. Es común escuchar decir en algunas familias: «Yo tengo la certeza de que los nietos o nietas de mi hija sí son mi familia, pero no los de mi hijo», comentarios que perpetúan estereotipos machistas y que contribuyen a que las mujeres sean vistas como mentirosas, y que además justifican el abandono y la irresponsabilidad paterna.

Es visto como normal también que un hombre se separe de su pareja o esposa, y que de igual manera se separe de los hijos e hijas que han procreado juntos.

Muchos y muchas hemos crecido sin un papá que esté presente, viendo a nuestras madres  trabajar largas jornadas para ser el sustento económico de la familia. A esa mamá a la que no alcanza el dinero para comprar los regalos de la lista de Navidad aunque a veces lo logre, quién sabe cómo y además para las famosas mudadas de estreno de fiestas decembrinas. En otros casos ha estado un papá que se ha dedicado a proveer a la economía del hogar, y claro que es importante, pero muchas veces no hemos tenido de su parte el soporte y contención emocional.

El abandono paterno está normalizado en nuestra sociedad. A veces podemos detenernos a ver la huella que produjo en nuestra vida, porque claro que deja huella, pero no es hasta que somos mamás o papás que realmente observamos ese impacto. Tenemos tan normalizado ver niños y niñas que crecen sin papá, que uno o una más que se agregue a las cifras, da igual. Una mujer más que tendrá que desgastarse y cansarse, ya sea exigiendo una pensión que no debería exigir, o haciéndose cargo sola, según lo que considere lo más oportuno para ella y las niñas, niños o adolescencias que acompaña.

Años atrás, me detuve a pensar en el abandono paterno, porque yo lo viví, pero había muchas cosas que ignoraba. Por ejemplo, un hombre que ya una vez ejerció un abandono paterno, a menos que realmente trabaje en sí mismo, en sus heridas, en los patrones machistas que tiene instalados desde muy temprana edad, difícilmente dejará de repetir el abandono y la ausencia. 

El sociólogo brasileño Agostinho Morosini señala que  «la gravedad del abandono paterno no puede permanecer invisible, siendo catalogado únicamente como un “hecho social”. Es una realidad muy dura, sentirse abandonado por aquellos que habían declarado “amar para siempre” Lo cierto es que esta es una realidad conocida en todo momento, pero oculta por la invisibilidad social». 

La mayoría de las personas en algún momento de nuestras vidas hemos vivido abandonos, ausencias, sobreprotección o indiferencia, pero creo que nos toca dar el paso y mirar a quienes no tienen responsabilidad, a las niñas y niños que por sí solos no pueden defenderse, y a quienes como sociedad nos toca cuidar y proteger su bienestar. Tal vez sea un paso necesario para que podamos ir sanando tanto dolor y abandono individual, familiar y colectivo que hemos vivido.

En muchas ocasiones amigos/as y familiares me preguntan: «¿Y vos dejás que el papá mire al niño y la niña?». Reconozco que inicialmente  me molestaba que me hicieran esa pregunta, porque en el fondo refleja esa idea que se tiene de que las mujeres hacemos las cosas por venganza, por estar enojadas o despechadas. Y aunque puede ser así en algunos casos, a medida que he ido leyendo, profundizando, cuestionando, descubro que muchas son falsas ideas que se han dicho y se dicen sobre las mujeres, y que lastimosamente nosotras nos las hemos creído en algún momento.

La escritora Adrienne Rich, en su libro Algunas notas sobre el mentir, dice que «la honestidad en las mujeres nunca se ha considerado importante ya que hemos sido generalmente representadas como caprichosas, engañosas, sutiles, vacilantes y a menudo hemos sido premiadas por mentir». Y no niego  que existan mujeres así, pero ¿por qué cuando hay infancias de por medio  creemos esos cuentos sobre las mamás? ¿Por qué no somos capaces de cuestionar al hombre que va repitiendo ciertos patrones de abandono, ausencias e irresponsabilidades? 

Adrienne Rich agrega: «De los hombres se ha esperado que digan la verdad sobre los hechos, no sobre los sentimientos de los que nunca se ha esperado que hablasen en absoluto. Sin embargo, incluso sobre los hechos ellos han mentido continuamente». Y les creemos.

Les creemos cuando en un juzgado se presentan y dicen: «Señora jueza, ella no me deja ver al o los/as niños/as»; cuando siendo sus parejas, y ya con un hijo o hija en abandono, nos dicen: «La mamá no me deja verlo/a, ella solo quiere dinero»; cuando en una Navidad, fingiendo llorar, dicen: «Uno tiene que fijarse con quién tiene hijos/as, porque, qué difíciles son las mujeres despechadas»; cuando siendo su familia nos dicen: «Ella no me deja ver al niño o niña, no sé de quién es ese bebé que espera». 

Les creemos y no tienen que probar que dicen la verdad, porque no solemos cuestionarlos ni pedirles evidencia de que visita, envía pensión, procura la estabilidad emocional y bienestar de sus hijos/as. Además, cuando venís de abandonos y ausencias, es difícil ver esos abandonos como lo que son: violencia hacia niños y niñas que se ha normalizado, y castigo emocional para la mujer sobre la cual el hombre ya no tiene el control.

Una amiga me preguntaba: «¿A usted le pasa que hay días que no quiere llegar a casa, que hay días que está cansada de pensar en todo lo que hay que hacer para mantener un hogar y sostener un niño y una niña? ¿A usted le ha pasado? Porque a mí sí, y esos días salgo del trabajo, me siento a tomar un café en algún lugar y recobro energía y recuerdo las sonrisas, los momentos bonitos, recuerdo que hay alguien que me espera en casa y se alegra de que yo llegue, y ya cuando se me ha bajado esta sensación, tomo camino a casa, porque yo soy la principal responsable del bienestar de esas infancias ».

Y sí, a mí también me pasa, yo también he querido estar ausente, yo también he querido abandonar. Y me asusté mucho el día que quise abandonar a las infancias que acompaño, pero me cuestioné: ¿de dónde me surgió este deseo? ¿De dónde viene el querer abandonar? Y me miré, miré mi historia, los múltiples abandonos y ausencias que he vivido de otros, de otras y de mí misma. Sentí el peso de ver cómo se hace para que un salario ajuste para mantener un hogar y las necesidades básicas de unas infancias, más la pesada carga emocional que recae sobre una cuando se supone era para dos, y entendí mis deseos de abandono y ausencia.

Pensé: yo puedo intentar hacerlo diferente, estar más presente, no abandonar. Pues por encima de las circunstancias en las que un niño o niña llegó a mi vida (y con esto me refiero a circunstancias consensuadas o haciendo uso del poder de elección de dos adultos), está la parte de hacerme cargo primero de mi propia historia, de mis propios sentimientos y malestares, para quitar el peso sobre las infancias, y ser responsable con ella y él. 

Hoy lo digo con firmeza: más allá del «instinto materno», la maternidad es una elección diaria para estar, acompañar, criar, educar, nutrir. Y si las mamás nos estamos cuestionando nuestras formas de criar y educar, de estar con nuestras infancias, ¿será también tiempo de que los hombres que son padres empiecen a cuestionar su forma de ser y estar con sus hijos e hijas? Y hablo, sobre todo, de los que abandonan, de los ausentes, intermitentes e irresponsables.

Ciudad Juárez/Sonora (México), 4 feb (EFE).-  México comenzó el despliegue de centenas de elementos de la Guardia Nacional hacia su frontera norte, compartida con Estados Unidos, a fin de reforzar la seguridad y el combate al narcotráfico, tras los recientes acuerdos entre la presidenta, Claudia Sheinbaum, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Este fin de semana, México y Estados Unidos acordaron poner una pausa de un mes a los aranceles que había decretado Trump del 25 % a las exportaciones mexicanas a partir del 1 de febrero, ya que Shenbaum prometió trasladar hasta 10.000 guardias nacionales hasta la frontera de ambos países.

Hasta este martes, reportes oficiales han precisado que tan solo en los estados mexicanos de Sonora y Chihuahua, en el noroeste de México, casi 500 integrantes de la Guardia Nacional han sido movilizados hasta estos puntos en la franja fronteriza binacional.

Sonora espera 1.500 guardias

México comienza despliegue de guardias nacionales a frontera norte tras acuerdo con EEUU

En el estado fronterizo de Sonora, aterrizó un avión de la Guardia Nacional con 120 efectivos que serán desplegados en la frontera con Arizona, en los Estados Unidos, una región donde según la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., ocurre hasta el 50 % del tráfico de fentanilo.

En total a la frontera entre Sonora y Arizona que es de 568 kilómetros, más otros 20 kilómetros de frontera entre Sonora y Nuevo México, llegarán 1500 efectivos de la Guardia Nacional que vigilarán desde San Luis Río Colorado, en los límites con Baja California, hasta Agua Prieta en los límites con Chihuahua.

El Inspector General Ricardo Rodríguez Alexander, comandante del Cuarto Batallón de la Guardia Nacional y jefe Coordinador Policial en Sonora, explicó que los efectivos vigilarán zonas urbanas, rurales, carreteras y aduanas, para inhibir toda clase de delitos, pero principalmente el tráfico del fentanilo y el flujo de indocumentados. 

“El despliegue del personal será en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades de los tres niveles de gobierno, el efectivo que llegará será de 1.500 oficiales de la Guardia Nacional los cuales estarán distribuidos en los municipios de San Luis Río Colorado 400 elementos; en Nogales 400 elementos, Sonoyta 200 elementos, Sasabe 100 elementos, Naco 200 elementos y Agua Prieta 200 elementos”, detalló el encargado de este despliegue.

 Fronteriza Ciudad Juárez moviliza sus primeros 250 elementos

Integrantes de la Guardia Nacional de México (GN) llegan a Ciudad Juárez este martes, en el estado de Chihuahua (México). EFE_ Luis Torres

El inspector general José Luis Santos Iza, coordinador del 31 Batallón de la Guardia Nacional con sede en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuhua, en la frontera norte de México, informó que han arribado más de 120 elementos desde el lunes y precisó que aún “está pendiente que arriben otros efectivos”.

Aunque no precisó cuál será el total de integrantes que esperan movilizar hasta este punto en la frontera norte de México detalló que los efectivos comenzarán a operar de inmediato en la franja fronteriza de Chihuahua, que abarca aproximadamente 800 kilómetros de límite con EE.UU.

«El personal que acaba de arribar pertenece a la Guardia Nacional y llegó con motivo de los recientes acuerdos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump”, señaló Santos Iza en entrevista para medios de comunicación.

Además, afirmó que esta acción tiene el objetivo de reforzar la frontera norte del país con personal de la Guardia Nacional para evitar el tráfico de drogas, principalmente fentanilo, al tiempo que el Gobierno estadounidense ha demandado frenar el flujo migratorio en la frontera que comparten ambos países.

El despliegue incluirá patrullajes a pie y en vehículos a lo largo de la franja fronteriza, así como en caminos que conducen a Estados Unidos. «Será una vigilancia permanente en la línea fronteriza», enfatizó Santos Iza.

El inspector general aclaró que la misión de estos elementos se enfoca exclusivamente en la lucha contra el tráfico de drogas y no en tareas de control migratorio. 

«Esta es una actividad separada; esta operación es únicamente para evitar el tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos, principalmente fentanilo», puntualizó.

Dos personas socias de la cooperativa campesina Gregorio Chávez fueron asesinadas en el Bajo Aguán, al norte de Honduras, tras una serie de ataques, secuestros y emboscadas de las que han sido víctimas otras organizaciones campesinas por parte de un grupo criminal armado que, según las denuncias, responde a los intereses de la empresa agroindustrial más importante de la zona: Corporación Dinant. Mientras tanto, el gobierno ha sido criticado por su respuesta lenta ante estos hechos.

Texto: Abigail Gonzales
Fotografía: Archivo CC

El viernes 31 de enero de 2025 fueron asesinados José Luis Hernández y Suyapa Guillén en la comunidad de Rigores, zona del Bajo Aguán, departamento de Colón, mientras se transportaban en una camioneta. Ambos eran miembros de la Empresa Asociativa de Campesinos Gregorio Chávez. En un comunicado emitido el pasado 1 de febrero,  las organizaciones del movimiento campesino y de derechos humanos declararon «territorio de emergencia por riesgo mortal» en las cooperativas Camarones, El Tranvío y El Chile, debido a los ataques de grupos armados. El comunicado señala que los sicarios son «apoyados por guardias bajo la responsabilidad de la Corporación Dinant que están desplazando y asesinando a campesinos y campesinas con el fin de desalojarlos de las tierras».

«Desde ahora señalamos que el Gobierno de la presidenta y sus funcionarios son cómplices de la agresión, el desplazamiento, la persecución, la criminalización y el asesinato de las familias que están bajo fuego en el suelo sagrado de Honduras, que prometieron defender, pues estando plenamente informados sobre la gravedad de la situación, no responden a la altura de la crisis letal», enfatizaron las organizaciones que suscriben el comunicado.

Mientras tanto, en una entrevista para Contracorriente, la ministra de Derechos Humanos Angélica Álvarez dijo que esa Secretaría ha estado presente en el Bajo Aguán en conjunto con la Secretaría de Seguridad. Afirmó que «hay 11 policías heridos en ese enfrentamiento y es importante rescatar, porque son seres humanos que han intervenido a solicitud de la Secretaría de Derechos Humanos, como Secretaría de Seguridad, para poder resolver esa problemática»

Asimismo, mencionó que mañana se reunirán las instituciones estatales y la Plataforma Agraria para definir soluciones ante el conflicto: «Mañana tenemos una reunión con las diferentes instituciones del Estado, junto a la plataforma Agraria, para el abordaje de este problema, para presentar soluciones ante esa problemática».

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras condenó el crimen y exigió una investigación inmediata y efectiva. «Este lamentable acto de extrema violencia forma parte de la escalada de agresiones contra varias cooperativas campesinas del Bajo Aguán, iniciada con la incursión de grupos armados», señaló la Oacnudh en el comunicado. Además, instó al gobierno a adoptar medidas urgentes para prevenir nuevos ataques y garantizar la protección de las familias campesinas. Según datos de la Oacnudh, en lo que va de 2025 se ha registrado el desplazamiento forzado de al menos 150 familias debido a la violencia en esa región del país.

En ese contexto, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, reconoció la gravedad del problema y calificó el conflicto en el Bajo Aguán como «complejo». Sin embargo, no anunció acciones concretas para enfrentar la situación. En ese sentido, Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán, en una entrevista para Contracorriente afirmó que, aunque en la zona existe presencia policial y recursos como las tanquetas y vehículos tácticos Black Mamba, no están siendo utilizados de manera efectiva.

Rivas agregó que alrededor de 60 personas armadas están teniendo control de la zona. Además, saquearon una tienda de consumo valorada en 1.8 millones de lempiras, propiedad de los 180 socios de la cooperativa.

Un hombre transporta palma africana en un carro jalado por caballos en el Valle del Aguán, en la comunidad campesina de Mártires del Tumbador. Trujillo, Colón, julio de 2022. Foto CC / Archivo.

«Han desplazado a las personas de su tierra, es el área donde está la agroindustria de Dinant, (la empresa) es quien está detrás de todo esto», aseguró el vocero de la Plataforma Agraria. Rivas también detalló que «el grupo criminal de Los Cachos está actuando en presencia de la policía, no sabemos lo que está pasando, pero las autoridades no están actuando».

La Corporación Dinant ha sido acusada de ser cómplice de estos ataques; además, organizaciones campesinas denuncian que las autoridades favorecen a estas corporaciones, ignorando las violaciones de los derechos  que sufren las comunidades.

El 22 de febrero de 2022, la presidenta Xiomara Castro firmó un acuerdo con la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) para abordar las causas estructurales del conflicto agrario en la zona. El acuerdo incluía la creación de una Comisión Tripartita destinada a investigar las violaciones de derechos humanos en la región y establecer mecanismos de reparación y garantías de no repetición. Además, se contemplaba la instalación de una comisión jurídica que presentaría propuestas de solución tanto del sector campesino como de las empresas agroindustriales.

Pese a la firma de los acuerdos, el Gobierno no ha cumplido, lo que ha llevado al movimiento campesino del Aguán, junto con diversas organizaciones sociales del país, a reiterar su denuncia sobre el incumplimiento de estos compromisos.

El 1 de noviembre de 2024, durante su última visita al país, una delegación de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó a grupos paramilitares y un alto riesgo para defensores y defensoras de derechos humanos en el Aguán, a la vez que urgió al Estado para que implemente una política de desarme para reducir la violencia y controlar a las agencias de seguridad privada que operan para las empresas agroindustriales en la zona. 

Sobre estas preocupaciones, hay antecedentes de violencia que respaldan a la CIDH. En octubre de 2023, fue asesinado Kevin Meza, un joven de 24 años, miembro de la Empresa Asociativa Isletas (EACI), cuando la Policía Nacional y la seguridad privada de de la Empresa Agrícola Santa Inés, subsidiaria de la transnacional Dole Food Company, organizaron una emboscada contra miembros de la cooperativa que iniciaban una recuperación de tierra en las fincas Guanacaste, La Paz y Esperanza, ubicadas en la comunidad de Isletas. 

El 24 de noviembre de ese mismo año, por una orden judicial, se desalojó a por lo menos a 100 familias de la EACI. Aproximadamente 900 policías y miembros del comando de fuerzas especiales Cobra llevaron a cabo el desalojo. 

El director del Instituto Nacional Agrario, Francisco Funes, declaró recientemente que grupos criminales y alcaldes estarían detrás del conflicto en el Bajo Aguán. Vale la pena mencionar que Adán Fúnez, alcalde de Tocoa y operador político del actual Gobierno en el Bajo Aguán, apareció en un video negociando financiamiento con narcotraficantes junto a Carlos Zelaya, cuñado de la expresidenta y exsecretario del Congreso Nacional. Fúnez, además, se opone al desarme general en la zona. 

Te recomendamos leer esta nota: Acuerdo para solucionar conflicto en el Aguán cumple un año manchado por asesinatos

La violencia en el Bajo Aguán tiene raíces profundas. Desde los años noventa, con la implementación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola por parte del Gobierno de Rafael Callejas, miles de campesinos han sido despojados de sus tierras. Según la Plataforma Agraria, en la última década más de 200 campesinos han sido asesinados en la región. La violencia en el Bajo Aguán sigue escalando, y representa graves amenazas a la seguridad y derechos de las comunidades campesinas. A pesar de los esfuerzos y acuerdos previos, la falta de acciones efectivas mantiene la incertidumbre en la zona.

Texto e ilustraciones por Angel Gabrello

«Esa es música de mujeres», «los niños no escuchan eso», «eso es música de culeros».

Esas son frases que casi todo hombre gay o miembro del colectivo al que le gusta el pop ha escuchado en algún momento de su vida, especialmente durante su adolescencia o en alguna etapa de desarrollo personal. A mí me pasó,  es un tema que nos toca de cerca: las divas pop, esas artistas y musas que han acompañado y marcado la vida de millones de personas dentro de la comunidad LGBTIQ+. 

Aunque no todos los hombres gays se sienten inclinados hacia este tipo de música, es innegable que existe una conexión universal y profunda entre estas figuras y sus fans gays.

Es casi como si naciéramos con un imán interno que nos lleva a buscar a esta representación de una mujer talentosa, poderosa y visualmente impactante, a la que adoptamos como símbolo de fuerza, respeto y admiración.

Eso sí, a ningún niño o adolescente se le dijo, «vos sos gay, tenes que escuchar a Beyoncé». Al contrario, muchas veces este gusto fue reprochado o ridiculizado. A mi parecer, esta afinidad surge de manera orgánica desde una edad temprana y, al crecer, terminamos identificando  ese vínculo compartido con otros hombres gays, sin ninguna influencia externa. 

Pero, ¿qué representan estas artistas para la comunidad LGBTIQ+? Y ¿por qué se demoniza a estas cantantes? A pesar de su éxito, sus millones de ventas y talento inmensurable, admirarlas es a menudo catalogado como «vacío» o «superficial».  Escuchar música dirigida a una audiencia mayoritariamente femenina y gay tiene una connotación negativa.

Tengo un recuerdo vívido de estar viendo un canal de videos musicales alrededor de 2005. Yo tendría unos seis años en ese entonces y, de repente, me encontré deslumbrado viendo a una mujer rubia vestida con nada más que diamantes pegados al cuerpo. En otras escenas aparecía como una aeromoza bailando en un avión, luego como una agente secreta de cabello rojo esquivando lásers de la manera más elegante posible, y finalmente completando su misión de «intoxicar» a un hombre mientras lucía como una mujer fatal. Estaba viendo «Toxic» de Britney Spears. Desde ese momento hasta hoy, no he podido superar a esta diva.

En ese instante, lo único que sentí fue admiración y asombro: ver cómo todos esos personajes se fusionan en una sola mujer, cuya aura transmitía tanto poder, no solo visualmente, sino también con su voz y ese sonido emblemático, clásico del dance pop.

¿Cómo algo que me llenaba de poder podía ser considerado algo malo para mí, o para cualquier otro niño que en ese momento contemplaba este ícono monumental?

¿Qué hace a un ícono gay? 

Las divas y su definición existen desde hace más de un siglo. Fuera del ámbito musical, podemos mencionar a íconos del cine de oro como Marlene Dietrich, Joan Crawford, María Félix, entre otras, adoptadas como símbolos admirados por la comunidad homosexual de la época. Muchas veces, este apoyo fue recíproco, como en el caso de Félix, quien mostró una postura adelantada a su tiempo.

Sin embargo, no fue hasta la aparición de Judy Garland, considerada el primer ícono LGBTIQ+, que se forjó el término gay icon. Su actuación en  El Mago de Oz (1939) la convirtió en este símbolo. Como mencionó la revista Times en 1967, «una cantidad desproporcionada de sus admiradores parecen ser homosexuales. Los chicos en sus pantalones ajustados, blanquean sus ojos, se tiran del pelo y prácticamente levitan de sus asientos, particularmente cuando Judy canta «Over the rainbow». 

Aunque el comentario es estereotipado, su mensaje es claro: los gays amaban a Judy Garland. Con el tiempo llegaron nuevas divas como Donna Summer, Olivia Newton-John, Cher, Diana Ross y muchas más. ¿Qué tenían todas estas artistas en común para atraer tanto a este público en específico? La representación LGBTIQ+ en los medios prácticamente no existía y si aparecía, era negativa. 

Las divas no sólo ofrecían música o voces inigualables, como Barbra Streisand, Mariah Carey o Celine Dion, sino que también presentaban un mundo idealizado, conceptual, visualmente rico y lleno de belleza. Para muchos gays, que enfrentaban problemas sociales, familiares y de rechazo, estas artistas representaban un escape. Sus letras, sufrimientos y escándalos se volvían identificables.

Pero las divas, además de marcar culturalmente y ser un apoyo importante a la comunidad LGBTIQ+, como  Madonna y Lady Gaga, tienden a poseer un sonido muy específico. Si bien no se limitan a este estilo, ya que también pueden ser poéticas y buenas compositoras, su música suele ser bailable, electrónica y seductora, con un dominio total del show, características que comparten Britney Spears, Kylie Minogue y Beyonce.

Por otro lado, están las divas del pop con un estilo más melancólico, como Lana del Rey, Billie Eilish y Adele. También están aquellas que nos marcaron en la infancia, cuando nuestras madres y tías las escuchaban: Rocío Durcal, Amanda Miguel, Jeanette y Myriam Hernández, algunas de las cuales quedan en nuestras playlists hoy en día. Las divas se admiran desde la pista de baile hasta la melancolía de un amor no correspondido. Yo,  personalmente, adoro el drama de estas canciones. 

Volviendo al  primer ícono, Judy Garland, su himno «Over the rainbow» es la canción principal de El mago de Oz, una película que narra la historia de una joven solitaria que queda al cuidado de sus tíos tras la muerte de sus padres, y accidentalmente llega a un mundo de fantasía, lleno de color, en contraste con su gris realidad. 

El pop, el dance pop y sus variantes representan ese mundo de fantasía, un lugar seguro para muchos miembros de la comunidad LGBTIQ+, que durante años, y en diversas etapas de la vida, han encontrado en él un refugio.

Lo que las divas nos ofrecen con su arte, vestuario, baile, producciones innovadoras y empoderamiento sexual podría interpretarse como un mundo utópico, un descanso de la dura realidad.

La comunidad adoptó canciones icónicas que, reinterpretadas, se adaptan a la experiencia gay, como  «I will survive», de Gloria Gaynor, «Believe», de Cher, o «Express Yourself», de Madonna.

Otras canciones se han convertido en parte del estilo de vida y las discos gays, como «Can’t get you out of my head», de Kylie Minogue, «Raise your glass» de Pink, «Don’t stop the music», de Rihanna, o «I kissed a girl», de Katy Perry.

Sin embargo,  fue  «Born This Way», de Lady Gaga  en 2011, el primer sencillo de gran magnitud que abordó el tema LGBTIQ+ explícitamente. Esto ocurrió después de «Free Xone» de Janet Jackson, una canción de su álbum The Velvet Rope (1997), que, aunque no fue un sencillo, también tocó temas de identidad y aceptación.

Más allá de la diva de preferencia, Madonna y Lady Gaga han sido figuras clave en la comunidad, no solo con su música, sino también creando conciencia y luchando por los derechos y la visibilidad del colectivo. Se podría decir que son las divas más agradecidas y leales a su público. Madonna, durante la crisis del VIH/sida en los ochenta, se opuso públicamente a la propaganda negativa contra las personas con la enfermedad y al estigma hacia los hombres gays de la época, algo que no era común en ese entonces.

Otros íconos gays fuera del ámbito musical, como Elizabeth Taylor y la princesa Diana de Gales, también hicieron grandes aportes a la comunidad.

Las divas del pop no se quedan solo en el mundo del espectáculo, sino en el de las causas y luchas sociales por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+.

¿Por qué la vergüenza?

La feminidad y belleza a menudo son interpretadas como algo malo y lleno de prejuicios. ¿Por qué? ¿Y por qué lo que habla de armas, machismos y abusos es considerada como buena música? Que suele ser escuchada mayormente por hombres heterosexuales.

Aún así, hay millones de mujeres que tienen inclinaciones totalmente opuestas al pop o la música girly y optan por otros géneros. Muchas lo hacen porque es parte de su identidad y gusto personal, pero en otros casos esto puede estar influenciado por una construcción social. Durante años se ha perpetuado la idea de que ciertos géneros representan «buena música», una norma moldeada y aprobada según los gustos de muchos hombres heterosexuales.

Las divas del pop ofrecen calidad, moda, voz, coreografía, poesía, producciones experimentales e influencia, sin mencionar los millones de ventas y récords que han roto. Desde Whitney Houston hasta Christina Aguilera, pasando por iconos contemporáneos como Miley Cyrus, Lana del Rey, Ariana Grande, Charli XCX, y figuras latinas como Shakira y Thalía, existe una gran representación de íconos gay. Entonces, ¿por qué se nos reprocha admirarlas? ¿Por qué debería ser un secreto?

Muchos nos vimos obligados a decir que escuchábamos otro tipo de música por la vergüenza que nos inculcaron y para encajar con nuestros compañeros, por el machismo y la homofobia internalizada. La heteronormatividad a veces obliga a las personas diversas o con gustos musicales distintos a mezclarse con la multitud. 

No todos los miembros de la comunidad se sienten atraídos por las divas, pero sí muestran interés en otros mundos ficticios como videojuegos, ciencia ficción, magia y superhéroes. 

Los hombres gays son muy diversos y están presentes en todas las áreas laborales y de la vida, pero una gran parte se dedica a las artes visuales, como el diseño de moda, el maquillaje, los peinados y los procesos creativos. Esto no se trata de escapar de la realidad, sino de la necesidad humana de tener algo estable que forme parte de nuestra identidad.

¿Por qué elegimos a las artistas mujeres? 

Un hombre gay puede disfrutar y escuchar la música de un artista masculino perfectamente, pero quizás no con la misma intensidad o admiración que siente por las artistas femeninas, incluso si esos artistas también son gays, como Freddie Mercury, George Michael, Sam Smith, Elton John o Troye Sivan. Sería comprensible no sólo admirar la música de estos artistas, sino también sentir una atracción física o sexual, como las mujeres heterosexuales disfrutan y desean a cantantes como Justin Bieber, Bad Bunny, Drake y Harry Styles, entre otros. Sin embargo, esa conexión no existe, o es muy rara.

El terapeuta Joe Kort explicó en 2012 para The Huffington Post: «Mi teoría es que al inicio de nuestra vida, nuestra inhabilidad de apegarnos e identificarnos con los hombres nos puede llevar a tratar de escapar hacia el reino femenino, para evitar la vergüenza y el miedo de ser comparados desfavorablemente con otros hombres. Aunque esto sea cierto tanto para gays como para heterosexuales, los hombres heterosexuales llevan estos problemas a sus parejas mujeres. Al no tener una mujer como pareja, recurrimos a nuestras divas».

Sin fomentar estereotipos, la idealización de un artista masculino es mucho más compleja para un hombre gay, ya que la representación de poder, sexualidad y emociones a menudo sigue una estructura más heteronormativa, difícil de identificar con la vida y sentimientos de una persona LGBTQI+. Esto es completamente opuesto con las artistas femeninas, incluso si el artista masculino es gay. Existen miedos internalizados relacionados con la comunidad, como tensiones, atracción física, y el temor a que el cantante sea el típico mean girl gay. Por el contrario, una diva no nos genera inseguridad.

En pocas palabras, aunque seguimos siendo hombres y muy felices siéndolo, emocionalmente nos identificamos más con una energía femenina.

Existen innumerables razones por las que un hombre gay encuentra en estas artistas a su mother o incluso varias a lo largo de su vida. Estas divas han ayudado a millones de personas de la comunidad a superar momentos difíciles, inspirandonos a crear en diversas áreas y a identificarse con sus luchas. Nos enseñan a admirarlas por su resiliencia, su relevancia y su capacidad de mantenerse vigentes, pero también porque no hay nada que se compare con una buena canción pop y una mujer «devorando» el escenario.

Narcotraficantes de alto perfil en la política hondureña han sido procesados en los últimos años en las cortes estadounidenses, pero eso no ha cambiado la percepción de las y los ciudadanos sobre el narcotráfico como uno de los problemas que menos les quita el sueño; por el contrario, existe cierta añoranza ante la posibilidad de su retorno no solo al país, sino también al poder.

Por Jennifer Avila

Honduras está enviando a sus últimos ciudadanos en extradición hacia Estados Unidos en enero y febrero de 2025, marcando así el final de un capítulo crucial en su historia reciente. El acuerdo de extradición, firmado por ambos países y habilitado por el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, está a punto de expirar por completo después de la decisión de la presidenta Xiomara Castro de denunciarlo para inhabilitarlo. Esto a pesar de que el tratado alcanzó su momento más simbólico con su propia elección en 2021, cuando la población votó por un cambio, motivada en gran medida por la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández.

La reciente decisión de Castro de dar por terminado el acuerdo el 28 de agosto de 2024, tras revelarse una negociación entre narcotraficantes y líderes de su partido, pone fin a un ciclo de juicios que destaparon los mecanismos de una narco-cleptocracia que ha controlado Honduras durante los últimos 25 años. Estos procesos judiciales estuvieron marcados por acusaciones de narcotráfico, política corrupta y testimonios reveladores que sacaron a la luz el funcionamiento interno de este sistema.

Frente a la nueva era que se viene en materia de justicia, la población en Honduras que busca sobrevivir a diario, ha restado importancia al problema del narcotráfico y, por el contrario, hasta parece añorar los tiempos en que la narco-filantropía o la misma narcopolítica se encargaba de resolver problemas sociales. Un ejemplo de esto es la celebración en El Paraíso Copán por la liberación de “Chande” Ardón, narcotraficante y alcalde, testigo clave en el caso de Juan Orlando Hernández. 

El pasado 13 de enero, “Chande” Ardón, el exalcalde narcotraficante de El Paraíso Copán en Honduras, recibió una sentencia de “tiempo servido” después de más diez años de residencia vigilada por parte de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ese mismo día, el pequeño pueblo en el que el alcalde no solamente construyó un edificio municipal enorme con la intención de ser una réplica del capitolio de Washington, sino también un imperio criminal y violento, reventó en felicidad por la liberación de su cacique. Nada significó en ese pueblo abandonado todo lo que se comprobó en tribunales estadounidenses, los 56 asesinatos en los que Ardón aceptó haber participado, las 250 toneladas de cocaína que Ardón aceptó haber traficado o el fraude electoral y cómo aportó a la construcción del narco- Estado hondureño.  

Otro ejemplo es también la añoranza de mucha gente en el occidente de Honduras por el retorno de algunos miembros de la familia Valle Valle que también fueron liberados tras ser enjuiciados por narcotráfico en la corte del distrito Este de Virginia, en EE.UU., o el recuerdo de “Los Cachiros” como los señores que daban trabajo con sus empresas y hasta celebraban el Día de la Madre en los barrios pobres de Tocoa, en el norte de Honduras. 

A inicios de 2024, el Sondeo de Opinión Pública que realiza todos los años el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), estableció que la gente encuestada (una muestra nacional) opina que la crisis económica supera todos los problemas en el país y que problemas relacionados con la salud, la educación, el narcotráfico, la violencia de policías y militares, las maras y pandillas, la extorsión y la impunidad preocupan a menos del 3 por ciento de la población.

El caso de Amílcar Alexander Ardón es uno típico para explicar esta visión del impacto del narcotráfico y la narcopolítica en la sociedad. Su historia es la de un joven de la comunidad, un muchacho trabajador que se superó y trajo cosas al pueblo que antes no se veían. Como cuando a Macondo llegaron las maravillas de los gitanos, imagínense ver llegar a un pueblo empobrecido y campesino una bazuca, o ver construido allí en el centro un edificio con enormes columnas y un helipuerto, y que todo esto fue posible por un muchachito del pueblo. Ardón contó en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández que su primer impulso asesino ocurrió cuando de adolescente tuvo que vengar a su familia tras el asesinato de su hermano. Esto, en Honduras, tomarse la justicia por la propia mano, se ve casi como un acto de honor. En uno de los países más impunes de la región (las cifras apuntan a un 90 %), la única otra opción sería la resignación cristiana. 

Pasó también con los líderes del cártel de los Valle, quienes fueron enjuiciados en Estados Unidos entre 2013 y 2016. Algunos ya fueron liberados y retornados a Honduras, donde nadie los persigue y donde además sus bienes les esperaron intactos. Pasó también con “Los Cachiros”, los narcos del Aguán, que algunos recuerdan con nostalgia y que cuando se entregaron a la justicia gringa ante su inminente extradición provocaron que muchas personas salieran a las calles pidiendo su liberación, porque sus empresas daban empleo. Pasa también ahora cuando más de alguna persona ha dicho que Juan Orlando Hernández no fue tan malo como el gobierno actual (aunque esté preso en Nueva York por hacer funcionar el Estado de protección criminal) y ven en su esposa una candidata presidencial ideal en la próxima contienda electoral. 

El hecho de que la administración de Castro –el gobierno del cambio y de la transformación– también terminara salpicada por involucramientos con el narco y acabara con el tratado de extradición, genera en la población hondureña una suerte de resignación. De nuevo: el malo que a veces hace algo es mejor que el malo que no hace obras. Y así transcurre la democracia en Honduras que en 2025 va a elecciones con los caciques que operan con las mismas artimañas clientelistas y con la misma maquinaria aceitada en la fusión conveniente entre crimen y política.

Es tan perversa la dinámica de impunidad de la que se alimenta la política hondureña, que en estos momentos, la precandidata a presidenta por el Partido Nacional, Ana Hernández, esposa del expresidente convicto en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, Juan Orlando Hernández, se ha referido a él como “prisionero de guerra” y como “víctima del lawfare de la izquierda radical”. Lo ha dicho en los medios de comunicación nacionales y recientemente en el programa de Matt Gaetz, un ex representante republicano en el Congreso de los Estados Unidos, quien por poco queda al frente del Departamento de Justicia en ese país tras el triunfo de Donald Trump. El lobby pro Juan Orlando Hernández en Estados Unidos quiere lograr un indulto en ese país, pero también cada día le dice a la sociedad hondureña que el expresidente condenado por narcotráfico  puede salvar al país.  

En cuanto a los juicios en Estados Unidos, queda la amarga sensación de que los grandes beneficiados fueron los narcotraficantes, quienes compraron su libertad entregando a los políticos que facilitaron sus operaciones sangrientas. Mientras que en Honduras siguen solo cayendo presos los más pobres, los eslabones más débiles de una cadena de crímenes que al final terminan sosteniendo el país.

Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual Contracorriente forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.

Por Dany Díaz Mejía

«La verdad, no quiero a Lupe ni ella me quiere. No, por lo menos, a la manera en que se entiende el amor. Estamos unidos por algo más fuerte. Riesgos compartidos hombro con hombro, viéndole la cara a la muerte. Y mucha sangre, manchándonos a los dos.»

— Mario Vargas Llosa, La Fiesta del Chivo.

 

Los amantes se reúnen después de dos semanas sin dirigirse la palabra. Ambos pensaron que todo había terminado, quizás por los espinosos choques, por esas largas pausas que parecían estancar el amor, que alguna vez se avizoraba interminable.

Ella quería que él la visitara el día que regresó deportado de Houston. Él pensó que iría a verla una vez hubiese sorteado los reclamos de su familia, del dinero que le habían prestado, de la vergüenza de haber sido pillado antes de cumplir seis meses, antes de haber podido obtener una muestra, cualquier muestra, de que había valido la pena ese año que pasó en México, durmiendo en una tienda de campaña frente un refugio en el que no le permitían dormir por ser un hombre solo, aun cuando él se moría por esa mujer, su flaca, a la que no dejaba de enviarle largas notas de voz, prometiendo pronto volver a su lado.

Solo iría a Houston por un año, solo lo suficiente para ahorrar y poner un negocio, una fuente de bienestar, un peldaño de una posible vida juntos. Quizás un emprendimiento que les permitiría ahorrar para una boda, una ceremonia no como una más de las de su pueblo, sino una celebración especial y de la que podrían hablar por muchos años venideros.

Pero ella hubiera querido haberlo visto el día de su retorno. No había esperado tantos meses solo para que él decidiera que era más urgente ver antes a su familia. Al fin y al cabo, si ellos se convirtiesen en un nosotros, con un devenir infinito, o por lo menos continuo, él ya debería de haber internalizado esa máxima de las sagradas escrituras, esa que exhorta al hombre a abandonar a su madre y a la mujer a abandonar la casa de su padre. Pero más bien parecía que él solo lograba dominar el arte de la fuga, del escape de la realidad que los acechaba día a día, pero en ese deslizamiento, que él justificaba como una búsqueda de un futuro mejor, no lograba acercarlos.

Ella se sentía cada vez más excluida de un proyecto que él no dejaba de describir como conjunto. Esos meses que él pasó en México habían sido para ella incomprensibles. Al menos en Honduras tenía un trabajo, claro que quizás solo pagaba cuatro dólares al día y era excesivamente demandante a nivel físico. Él era un niño brillante que en otras circunstancias habría llegado a ser ingeniero, pero en su pueblo solo podría aspirar a llegar a ser capataz o supervisor de la plantación de caña de azúcar o de la fábrica, una vez que se hubiese mostrado a los jefes como un hombre de confianza, pero no demasiado ambicioso. 

Sin embargo, en México él solo consumía los ahorros de su familia, la deuda que había adquirido con unos amigos de ocupaciones cuestionables, y el dinero que decía haber empezado a guardar en una cuenta de la cooperativa que serviría para un futuro juntos, porque, aunque no lo decía explícitamente, ella había entendido que para él era obvio que tendrían un futuro juntos. Ella no estaría con alguien con quien no pudiese proyectarse hacia la eternidad, o la versión más cercana a la que los simples mortales pueden aspirar.

Cuando él no la visitó ese fin de semana, ella dudó del futuro de su amor. Quería, sobre todo, que él quisiera verla antes de aterrizar en los vericuetos de la realidad. Por eso había dejado de hablarle por dos semanas, porque no concebía que él no hubiese tenido la necesidad desmedida, la urgencia física, la sed insaciable de verla, que hubiese, en vez, podido poner en espera un impulso vital que ella sentía como incontenible. Ella interpretaba esa contención como falta de amor. Pero no podía seguir ignorando los WhatsApp de él, tenía que verlo, abrazarlo, saber a ciencia cierta si todo estaba perdido.

Cuando se vieron, no lograron decirse nada. Solo se abrazaron. Se besaron con el hambre de quien no ha comido por días, pero que tiene que comer despacio, por temor a que esos primeros bocados le derrumben, o le envuelvan en una crisis gastrointestinal. Esa noche, después de hacer el amor primero despacio y luego salvajemente, se quedaron hablando hasta la madrugada. Ella le pidió un plan para el futuro. Él le propuso retomar la plática en tres meses, después de encontrar algún balance con su familia, la que no dejaba de hostigarlo.

Ella se fue por la mañana, sabiendo que no volverían a besarse —esa estrategia no podría sostener el amor. Por eso, le dijo que se quedara en cama cuando él ofreció levantarse para acompañarla a la puerta.  Ella sabía, y él lo sabría más tarde, sin haberlo dicho jamás en voz alta, que, detrás de esa despedida no dicha, pesaba el secreto que compartían, quizás la verdadera razón por la que él se ausentaba en planes, supuestamente colectivos, pero que lo aislaban de la relación.

En realidad, sin que los amantes lo supieran, ese secreto, meses atrás, había sido el fin. Ahora solo quedaba la distancia, la ruptura, el fin del amor.

Texto y portada por Persy Cabrera

En la colonia donde viví durante más de veinte años iniciaron la búsqueda de un «ambiente más seguro» colocando una caseta con guardias de seguridad en la entrada vehicular. Luego instalaron un portón, dos portones, tres, y pronto todas las entradas peatonales estaban bloqueadas. 

En el bloque donde viví hay una cancha que tiene un aro de baloncesto, y la base metálica de este sirvió como portería de fútbol durante muchos años, en la pared del fondo está dibujado –si no es que se ha borrado con el tiempo– un rectángulo que hizo de portería rival. Durante mi adolescencia ese fue mi punto de encuentro con cipotes de esa y de otras colonias y, por supuesto, de otras realidades. Antes de irme hace un año, ya como un adulto, esa cancha no era más que un portón cerrado con candado.

En Tegucigalpa los capitalinos pasamos nuestro tiempo de ocio en centros comerciales. Caminamos, caminamos y caminamos en círculos hasta detenernos cada cierto tiempo para ver a través de los vidrios enormes de las vitrinas. El tiempo de ocio del hondureño se pasa en el mall y el acceso a espacios públicos de esparcimiento está obstaculizado por portones, inseguridad y militarización.

Esto lo apuntó Ixchel Ayes, arquitecta con una maestría en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la Universidad Católica de Chile, en una entrevista que le realicé sobre el crecimiento vertical de Tegucigalpa en octubre de 2024. De acuerdo con ella, un centro comercial ni siquiera debería ser un edificio muy grande porque la fórmula, como lo llama ella, de las plazas comerciales pequeñas también funciona y se ha extendido en toda la capital.

En una entrevista reciente, Ayes me dijo que el espacio público no es solo aquel que usamos para movilizarnos, también lo es aquel que nos sirve de descanso, recreación y encuentro. El espacio público «en el sentido amplio, es importante porque es todo el espacio que se comparte y donde es posible construir  vínculos comunitarios, fortalecer el tejido social y por ende asumir roles ciudadanos en torno a lo que se conoce como “bienes comunes”» apuntó la arquitecta.

«Durante los últimos 30 años, los espacios públicos son cada vez más comercializados y han sido sustituidos por edificios privados o semipúblicos» dice un documento sobre el espacio público tras Hábitat III, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenido realizada en 2016. 

Aquella cancha fue importante para mí. Todos los días en la tarde pedía permiso (o no) para salir a jugar. Jugué al fútbol con niños, adolescentes, incluso un par de adultos que hacían deporte para no «oxidarse». Algunos de ellos venían de colonias categorizadas como lugares peligrosos, que probablemente lo eran y todavía lo son. Mi mamá decía que los cipotes con los que jugaba eran unos «tapudos» porque pronunciaban «malas palabras» que yo no podía decir. Jugamos mucho fútbol durante mucho tiempo, botamos muchas pelotas a varios patios vecinos, incluido el de mi casa.

¿Habría que construir más canchas? 

Hace unas semanas la presidenta Xiomara Castro inauguró la cancha de fútbol número 60, la construcción y reparación de la infraestructura del país ha sido uno de los trabajos que más ha resaltado el oficialismo. Un artículo periodístico de Allan Bu en Contracorriente detalló que, a pesar que desde el Gobierno se comunicó que la asignación de fondos para esta labor no depende del color político, la inversión es mucho mayor en los municipios afines al Partido Libertad y Refundación (Libre).

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Desde 2017 hasta el final de su periodo de gobierno en 2022, el expresidente Juan Orlando Hernández, promovió los «parques para una vida mejor». Su propuesta eran estos espacios con canchas multiusos, máquinas de ejercicios, ciclovías, internet gratuito, y por supuesto militarizados, colocando como guardianes de la entrada a agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) para garantizar un «espacio seguro».

Durante la administración de Ricardo Álvarez como alcalde de la capital se promovieron los «barrios seguros», que permitieron a la población poner portones, candados, cadenas, o lo que fuera para mantener el control de ingreso a las calles de acceso a las colonias y barrios del Distrito Central. Normalizamos vivir encerrados.

La arquitecta Ixchel Ayes me dijo que las canchas son necesarias pero insuficientes y además «atienden necesidades recreacionales para personas que están en condiciones de hacer deporte de alta movilidad, pero no atiende recreación y actividades deportivas para personas con movilidad reducida, personas con discapacidad, personas de tercera edad ni infancias». Además, ella considera que no es una solución buscar «cercar áreas verdes y parques, y dejarles una única entrada y salida». Concluyó diciendo que  «la seguridad no es permanecer encerrados ni constantemente vigilados, nos sentimos seguros y seguras cuando vemos a otros y otras con quienes tenemos cosas en común usando el espacio en libertad, ahí percibimos que podemos hacerlo también».

Así llegamos a los malls o centros comerciales, o a las versiones mini de estos: las plazas comerciales, que ahora se extienden por toda la capital. Llegamos ahí a pesar que estos espacios son excluyentes porque todas las actividades que coexisten ahí requieren dinero y muchas ni siquiera son baratas. Si nos buscan en nuestros tiempos libres, probablemente estaremos en un mall, porque es el único espacio que se acomodó a la seguridad que exigimos. Porque algunos lugares icónicos de la ciudad para reunirse y tener vistas más verdes y en los que se puede respirar un aire más fresco, tienen más obstáculos para alcanzarlos.

Necesitamos más espacios públicos incluyentes, verdes, sin muros, sin candados o portones.

Entre 2017 y 2023, los tres partidos mayoritarios en Honduras no reportaron gran parte del origen del financiamiento de sus campañas políticas, pese a los antecedentes de financiamiento ilícito demostrados en casos de narcotráfico en EE. UU. Además, de cara a las elecciones primarias de 2025, solo 374 candidatos han presentado informes y abierto cuentas bancarias para la transparencia del proceso, a pesar de que ya se han gastado alrededor de 19 millones de lempiras en actividades de campaña, según un informe de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD).

Texto: Abigail Gonzales
Fotografía: Fernando Destephen

Los principales partidos políticos de Honduras no reportan un gran porcentaje del origen de los fondos de sus campañas políticas, de acuerdo con un informe de la Red de Defensa de la Democracia (RDD) presentado el miércoles 28 de enero. En ese sentido, el 76.9 % de los fondos del Partido Liberal, el 50.5 % del Partido Nacional y el 40.7 % del Partido Libre no tienen una fuente identificada.

Según el informe, en las elecciones primarias de 2021, más de la mitad de los candidatos no reportaron el origen de sus recursos financieros; además, destaca que muchos precandidatos y precandidatas han realizado actividades de campaña que han generado costos elevados sin claridad sobre su financiamiento. Además, expresaron sus preocupaciones acerca de la falta de avances significativos para erradicar la corrupción relacionados con la promesa de la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) y la suspensión del tratado de extradición.

Para los representantes de la RDD, la transparencia y la correcta administración de los recursos destinados a las campañas políticas son fundamentales para establecer la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral. Sin embargo, los informes sobre el origen de recursos utilizados en las campañas han mostrado grandes inconsistencias. 

En las elecciones primarias de 2021, de un total de 4,065 candidatos, solo 1,437 presentaron informes sobre el origen de sus financiamientos. De estos, solo 6 fueron sancionados por no cumplir con la normativa. Por otro lado, en las elecciones generales de 2021, de los 4,879 candidatos, 1,747 candidatos no cumplieron con la presentación de informes o tenían inconsistencias en los mismos, por lo que fueron sancionados, aunque aún no se han ejecutado dichas sanciones.

Para las elecciones primarias de 2025, de los 5,971 candidatos, solo 374 han abierto sus cuentas bancarias y presentado los informes correspondientes.

Además, según el informe, los tres principales partidos recibieron financiamiento ilícito para sus campañas políticas desde 2004. Estos datos surgen a raíz de los procesos judiciales por narcotráfico en Estados Unidos, en los que han estado implicados varios políticos hondureños, como el expresidente Juan Orlando Hernández y el exdiputado del Partido Liberal Midence Oquelí Martínez. Asimismo, en septiembre de 2024, se reveló que el exdiputado de Libertad y Refundación, Carlos Armando Zelaya, sostuvo una reunión con narcotraficantes en 2013.

Datos presentados por la Red de Defensa de la Democracia y el Observatorio de la Democracia sobre el financiamiento de los partidos políticos. Tegucigalpa, enero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

En una entrevista para Contracorriente, la diputada del Partido Liberal Claudia Ramírez expresó que «es vergonzoso que quien está en la cumbre de esto es el Partido Liberal, y esto solo refleja que debemos de hacer una depuración dentro del partido». También dijo que la junta directiva del partido es la que debería explicar el alto porcentaje de financiamiento ilícito recibido. «Creo que quien debe dar la mejor explicación son las autoridades partidarias, y la junta directiva que está en este momento. Recordemos que son seis años que abarcan administraciones pasadas y actuales», apuntó.

Asimismo, Ramírez instó a los actores políticos a trabajar con transparencia.  «Abran sus cuentas y demuestren a la población hondureña de dónde viene el dinero para las campañas políticas, no compren conciencias, Honduras no necesita eso, lo que necesita es salud, educación y seguir adelante», expresó la diputada.

Según los datos presentados por la RDD y el Observatorio de la Democracia, los precandidatos y precandidatas llevaron a cabo 291 eventos solo en el 2024, que representaron 19 millones de lempiras en actividades de campañas electorales. Los costos incluyen inversiones en publicidad tradicional, impresión de afiches, organización de eventos públicos y publicidad en redes sociales y medios alternativos.

De igual forma, se ha identificado que la inversión en pautas publicitarias a través de  redes sociales supera más de un millón de lempiras, según Meta. Respecto a la inversión en pautas de campañas publicitarias en redes sociales entre los precandidatos, los datos muestran que Jorge Cálix ha destinado 730,041 lempiras, Carlos Urbizo 198,498 lempiras, Maribel Espinoza 145,733 lempiras, Luis Zelaya 9,000 lempiras y Rasel Tomé 3,525 lempiras.

Carlos Hernández, director de Asociación para una Sociedad Justa (ASJ), en una entrevista para Contracorriente indicó que «este informe nos dice que se realizaron casi 300 eventos públicos valorados en casi 20 millones de lempiras, pero no se sabe cuál es el origen. En un país donde el narcotráfico sigue presente en la política, se requiere que den cuentas y eso justamente es lo que nos preocupa, y es el mensaje que la RDD está dando. Lo mínimo que pueden hacer es aplicar la ley».

La falta de avances sustanciales en el combate a la corrupción ha generado preocupación en la RDD. Durante su campaña política, el actual gobierno prometió la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) como uno de los pilares fundamentales de su gestión. Sin embargo, hasta la fecha, no se han implementado medidas concretas para cumplir con este compromiso. En lugar de ello, se han aprobado amnistías políticas y se denunció el  tratado de extradición con Estados Unidos.

César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) en el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), cuestionó la decisión de denunciar el tratado de extradición y apuntó que considerando la efectividad del tratado en Honduras «ahora se busca limitar la capacidad para desarticular redes criminales». El coordinador agregó que no se puede pasar por alto la situación del país indicando que «no podemos decir que Honduras ya dejó de ser un narco-Estado».

El Observatorio de la Democracia de la RDD también cuestionó el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos para «atacar y amenazar», y destacó que el 63.8 % de sus posteos en redes sociales se realizan en horas laborales. Entre los funcionarios que utilizan sus redes con este fin se destacan Ricardo Salgado, con un 89.6 % de publicaciones que incluyen ataques, seguido de Milton Benítez con un 68.6 % y Roberto Quesada con un 53.9 %.

Finalmente, la Red por la Defensa de la Democracia instó al Gobierno a cumplir con los compromisos asumidos en el fortalecimiento del sistema de justicia.

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Por Stephen McFarland
Portada: Persy Cabrera

La primera visita al exterior del secretario de Estado de un nuevo gobierno de Estados Unidos siempre manda una señal clara de las prioridades norteamericanas. En su primera visita, el secretario Marco Rubio, conocido exsenador, llegará a Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. Esto se debe a que el gobierno del presidente Trump ve a estos países como actores que lo pueden apoyar en los temas de la migración irregular hacia Estados Unidos, la presencia de China en la región, y las relaciones con Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Esta visita ocurre justo después del choque entre Estados Unidos y Colombia por la forma en que fueron deportados algunos colombianos. 

Este reciente enfrentamiento ilustra dos aspectos clave para entender al nuevo gobierno del presidente Trump. Primero, la importancia del tema migratorio para el presidente en una relación bilateral, aún cuando la relación incluye muchos otros temas importantes. La migración irregular pasó de ser uno de varios temas importantes en la política interna norteamericana de 2016 a 2020, a ser el tema que impulsó la victoria de Trump en 2024. Quienes pensaron que Trump iba a implementar más mesuradamente sus políticas migratorias después de ganar las elecciones se equivocaron. Segundo, la rapidez –en menos de un día– con la cual Trump mandó a elevar aranceles a las exportaciones colombianas, cancelar visas, y ejecutar otras sanciones económicas. Quienes pensaron que la diplomacia norteamericana continuaría aplicándose de forma moderada también se equivocaron. 

Si se añade a lo anterior las recientes declaraciones sorpresivas del presidente Trump sobre México, Canadá, Groenlandia y Panamá, es evidente que los países de la región se enfrentan a una relación con Estados Unidos distinta a la que han tenido por muchas décadas. Esta relación será mucho más transaccional y enfocada en el corto plazo, y será a veces cambiante y más confrontativa. 

Por otro lado, el presidente Trump también ha puesto en marcha un proceso que disminuirá su influencia y poder en la región. Se trata de la suspensión de por lo menos tres meses de los proyectos de asistencia del Departamento de Estado y de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid). Estos proyectos potencian, entre otros, a las fuerzas policiales, a los grupos de la sociedad civil que apoyan al Estado de derecho y se oponen a la corrupción, a pequeños empresarios y a entidades que proveen servicios básicos de salud. A la larga estos programas permiten a los países ofrecer una alternativa a la migración.

En Guatemala, el secretario Rubio encontrará un gobierno que en su primer año ha aumentado la cooperación con Estados Unidos en temas de migración y la lucha contra el narcotráfico, y que podría estar dispuesto a incrementarla. Guatemala toma decisiones que coinciden con intereses claves con el país del norte: mantiene firmes sus relaciones con Taiwán, a diferencia de los otros países que visitará Rubio, y apoya a Israel, donde el presidente Arévalo estudió. Guatemala también reconoce la victoria de Edmundo González en Venezuela, al que el presidente Arévalo recibió este mes en Guatemala. 

Sin embargo, el Estado guatemalteco es débil, en gran medida por la corrupción a gran escala cultivada durante los cuatro gobiernos anteriores. Esta ola de corrupción ha dejado como resultado deficiencias en infraestructura, seguridad, salud y trabajo, factores que coinciden con la ola migratoria guatemalteca desde 2013. Actualmente, la economía guatemalteca sobrevive en gran parte gracias a las remesas que los migrantes de ese país aportan, que superan los mil quinientos millones de dólares al mes y representan el 19 % del Producto Interno Bruto. 

En 2023, los guatemaltecos votaron contundentemente por Bernardo Arévalo, quien prometió luchar contra la corrupción. Los ciudadanos de a pie, especialmente de los pueblos indígenas, protestaron para defender los resultados electorales. Ese diciembre, el entonces senador Rubio emitió una declaración que ayudó a poner fin a los esfuerzos de la fiscal general Consuelo Porras y del llamado «pacto de corruptos» para invalidar la victoria de Arévalo. Sin embargo, la fiscal general y sus aliados continúan afanados en evitar a cualquier costo que Arévalo nombre a un nuevo fiscal cuando termine el período de Porras en 2026. 

El poder de la fiscal general y sus aliados radica en su control total del Ministerio Público y de una buena parte de la judicatura que han bloqueado o terminado las investigaciones en alegatos de gran corrupción. Sus debilidades son la poca credibilidad que tienen como proyecto político –de ahí su fracaso en bloquear la toma de posesión de Arévalo– y la falta de una alternativa de gobierno creíble que reduzca la presión para emigrar hacia el norte.

Para el gobierno del presidente Arévalo, la visita del secretario Rubio es una oportunidad tanto de proponer una mayor colaboración para frenar humanitariamente la migración, mejorar las condiciones que provocan la migración, como para proponer visas temporales para trabajadores agrícolas, así como continuar con los programas de asistencia que favorecen al país y a su gente, y posiblemente acordar una mayor cooperación militar. Para el secretario Rubio, la visita ofrece una oportunidad para ver cómo una Guatemala democrática y los Estados Unidos pueden trabajar juntos, y para profundizar la cooperación entre los dos países. 

Ciudad de Panamá, 31 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inicia esta semana en Panamá un viaje que lo llevará también a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana, países aliados de EE.UU., con una agenda marcada por la migración, uno de los asuntos prioritarios del presidente Donald Trump, y la amenaza de «recuperar» el Canal de Panamá.

El secretario de Estado tiene previsto reunirse, en su viaje entre el 1 y el 6 de febrero, con los mandatarios de esos países para abordar, principalmente, el asunto migratorio, buscando «detener la migración ilegal y a gran escala», según anunció este viernes el Departamento de Estado en un comunicado, después de que la semana pasada comenzaran las polémicas redadas y deportaciones contra migrantes en Estados Unidos.

También se informó, como objetivos del viaje, que buscará «luchar contra el flagelo de las organizaciones criminales transnacionales y los narcotraficantes, (y) contrarrestar a China».

De Panamá a República Dominicana

Se espera que Rubio llegue a Panamá el sábado. Su visita se da en medio de la polémica promesa de Trump de «recuperar» el canal por la supuesta influencia china en la vía, algo que el Gobierno panameño niega, aunque analistas panameños como Rodrigo Noriega opinan que este viaje podría «bajar la tensión».

También, según expertos consultados por EFE, se espera que aborde la crisis migratoria en la peligrosa selva del Darién, la frontera natural con Colombia que cruzan a diario cientos de migrantes en su camino hacia Norteamérica. La situación en la frontera sur de Panamá ha sido atajada con duras políticas del Gobierno de José Raúl Mulino, entre ellas vuelos de devolución pagados por Estados Unidos.

En su visita a El Salvador, el país «podría pretender negociar un trato más benigno para los migrantes salvadoreños en Estados Unidos a cambio de recibir migrantes de otras nacionalidades, incluso extracontinentales», según señaló a EFE la salvadoreña Celia Medrano, periodista y experta en temas migratorios.

Rubio también viajará a Costa Rica en una visita calificada por el presidente Rodrigo Chaves como «excelente» y que servirá para ratificar al país centroamericano como un «socio estratégico» del Gobierno norteamericano.

En Guatemala, Rubio se reunirá por su parte con el presidente Bernardo Arévalo de León y el canciller Carlos Martínez para conversar sobre los objetivos estratégicos conjuntos, como “el mantenimiento de la estabilidad democrática, fortalecimiento de la seguridad fronteriza, gestión migratoria y la profundización de los lazos de gobierno», principalmente, según la información oficial.

Se espera que el 5 y 6 de febrero Rubio cierre en República Dominicana su gira por la región, para abordar la crisis en el vecino Haití y la migración a Estados Unidos, con unos 2 millones de dominicanos en territorio estadounidense.

Ante las denuncias por presuntos malos tratos a los migrantes al ser deportados, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país caribeño reconoce que si bien la política migratoria es un derecho soberano de los Estados, debe existir el pleno respeto de los derechos fundamentales de los dominicanos.

Ni Honduras ni Nicaragua

Rubio, sin embargo, no viajará a Nicaragua u Honduras, ambos un paso obligado para transeúntes de todo el mundo que se dirigen desde Suramérica hacia Estados Unidos, pero también emisores históricos de migrantes, al vivir en territorio estadounidense más de un millón de hondureños y nicaragüenses, entre residentes legales e indocumentados.

Debido a las masivas deportaciones anunciadas por Trump, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció esta semana un programa oficial «Hermano, vuelve a casa» que dará a los migrantes retornados un bono económico de 100 dólares, alimentación y capital semilla para poner en marcha emprendimientos por valor de 1.000 dólares.

Además advirtió que si Trump ordena una masiva deportación de hondureños, la base militar que Estados Unidos tiene en Honduras, desde hace más de 40 años, no tendría razón de existir, aunque ha anunciado su disposición «al diálogo constructivo y amistoso».

Esas deportaciones migratorias por Estados Unidos, tras llevar a cabo redadas, han elevado las tensiones entre algunos países como Colombia, que se negó a recibir a los aviones debido a que -argumentaban- los migrantes no recibían un trato «digno».

En medio de ese «impasse», superado por ambos países, Castro había convocado una reunión «urgente» en «formato híbrido» de presidentes y jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para tratar entre otros el tema migratorio, que finalmente fue cancelada.

Respecto a Nicaragua, Rubio ha sido enfático desde que era senador contra el presidente Daniel Ortega, quien se encuentra en el poder en Nicaragua desde 2007, al señalar que tiene «las manos manchadas de sangre» y que dicho Gobierno es una «dictadura criminal que tortura a presos políticos».

El ahora secretario ha criticado la falta de oposición y solicitó en su momento a la Organización de los Estados Americanos (OEA) una investigación sobre la violencia de las protestas de 2018, que dejó 352 muertos, atribuidos a Ortega y a las fuerzas policiales.

La oposición nicaragüense aplaudió por su parte en noviembre pasado la designación de Rubio como Secretario de Estado, destacando que podría ser una pieza clave contra el Gobierno del sandinista Ortega al «conocer a los dictadores» (en referencia a su origen cubano).

“Marco Rubio conoce a los dictadores, sabe cuáles son las formas de trabajar, sabe que no son de paños tibios, sino que hay que trabajar con fuerza, mostrar fuerza para generar cambios. Así que, obviamente, los dictadores de Venezuela, Cuba y de Nicaragua, Daniel Ortega, deben de estar sumamente preocupados”, comentó, por su lado, el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro.

A diario la Policía Nacional presenta estadísticas sobre los resultados de la aplicación del estado de excepción, vigente desde el año 2022 en Honduras. Todos los días, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) presenta ante los medios de comunicación a personas capturadas, supuestamente  la mayoría por cobro de extorsión o narcomenudeo. El promedio semanal de detención de la Dipampco es de 45 a 50 capturas, y según ese cuerpo policial, al menos la mayoría de las personas capturadas este 2025 ya tienen la medida de prisión preventiva, hacinados en un sistema penitenciario diseñado para 13,000 personas, pero ya alberga a alrededor  de 20,000.

El estado de excepción se ha extendido 17 veces, y en la última ocasión solo por mandato presidencial, sin la aprobación del Congreso Nacional. Esta medida no ha sido popular entre los diputados, y se ha dicho que no ha generado avances significativos en la reducción de la incidencia de delitos como la extorsión y la asociación ilícita. 

Pero no solo los diputados han señalado irregularidades con el estado de excepción. Por ejemplo, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT) sistematiza las capturas y sus datos contradicen la efectividad de los operativos. Esta organización señala que la Dipampco realiza capturas arbitrarias, con implantación de pruebas y amenazas. Según el CPTRT, las personas pasan ocho horas detenidas sin que sus familiares sepan su paradero hasta la presentación en un centro de detención, como la estación policial Core 7 en Los Dolores, o la posta del barrio El Manchén en Tegucigalpa

El CPTRT también ha identificado que hay patrones en las capturas de la Dipampco, por ejemplo, que vuelven a capturar a las personas que después de un proceso judicial recobran la libertad en el marco de los allanamientos avalados por el estado de excepción. Según denuncias que han recibido por parte de familiares de privados de libertad, este hostigamiento se debe a que los agentes de la Dipampco tienen acceso a los expedientes en el juzgado de ejecución, y así se dan cuenta de las personas que han salido con preliberación o ya cumplieron pena o cualquier proceso que los ha llevado a libertad. 

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Aunque Honduras ha reducido su tasa de homicidios a la más baja de su historia reciente, con 26.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, según datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la extorsión ha incrementado en los últimos años; solo el sector transporte reportó haber pagado 500 millones de lempiras en el 2024. Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) contabiliza 700 denuncias contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado desde que se instauró el estado de excepción en diciembre del 2022 a octubre del 2024, y 108  desapariciones forzadas en las que se identifica a agentes del Estado como perpetradores. 

En medio de este contexto, el estado de excepción se ha prolongado incluso hasta ahora, cuando solo faltan 38 días para el primer proceso electoral del 2025. 

El retorno del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri, tras años huyendo de la justicia, agrega una ficha más al mapa político de San Pedro Sula. Mientras Roberto Contreras mantiene altos niveles de popularidad, el liderazgo del Movimiento 28 de Junio (M-28) defenestró a Rodolfo Pastor de María y Campos para ofrecer la candidatura a Padilla Sunseri, sin importar que este haya estado prófugo y que un juez le negó acogerse a la amnistía tras ser condenado en 2022 por el delito de prevaricato. 

Texto: Allan Bu
Con reportes de Catherine Calderón
Fotografía: Catherine Calderón y redes sociales
Portada: Persy Cabrera

«¡Viva nuestro alcalde Rodolfo Padilla Sunseri, ya está en nuestra tierra!», repitió varias veces una mujer vestida con una camisa del Movimiento 28 de Junio; la emoción la desbordaba. El sábado 18 de enero de 2025, activistas y líderes del Partido Libertad y Refundación (Libre) prepararon un gran recibimiento en el aeropuerto de San Pedro Sula para el excalcalde Rodolfo Padilla Sunseri, quien regresó al país después de permanecer ocho años en el extranjero, huyendo de la justicia hondureña. 

Padilla Sunseri retornó al país después de acogerse a la Ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, que concedió una amnistía «general, amplia e incondicional» en favor de exfuncionarios que tenían procesos de investigación en los tribunales por supuestos delitos cometidos entre el 27 de enero de 2006 y el 28 de junio de 2009. La amnistía también alcanza a personas que protestaron en contra del Golpe de Estado y a defensores de los territorios y la soberanía nacional. 

En el 2017, mientras enfrentaba un proceso judicial, Padilla cumplía prisión domiciliaria. El exalcalde huyó cuando se emitió una orden de captura en su contra y permaneció prófugo hasta el sábado 18 de enero de 2025. Antes, en el 2022, Padilla quiso adherirse a la amnistía tras ser acusado por el delito de malversación de caudales públicos, pero el beneficio le fue negado por la Segunda Sala del Tribunal de Sentencia en San Pedro Sula. 

La defensa del exedil presentó dos recursos de reposición que fueron resueltos a favor por la Corte de Apelaciones de lo Penal el 14 de diciembre de 2024, con lo que se anuló la orden de captura que pendía sobre Padilla. No obstante, el 27 de diciembre del mismo año, el Juzgado de Ejecución de lo Penal en San Pedro Sula negó la solicitud de amnistía para el delito de prevaricato administrativo en perjuicio de la administración pública, delito por el que ya fue condenado, y que sin recibir la amnistía lo inhabilita políticamente por seis años. 

Contracorriente contactó al abogado René Altamirano, quien es el encargado de la defensa de Padilla Sunseri. Se le consultó si el exalcalde ya no tiene procesos de investigación pendientes y si ya está en pleno goce de sus derechos políticos, pero hasta el momento de la publicación de este artículo, no había respondido. 

El abogado Altamirano declaró a medios de comunicación que se interpuso un recurso de revisión contra la condena de Padilla Sunseri. Explicó que en 2017 fue condenado por abuso de autoridad, pero la defensa recusó el fallo en ese momento. Luego, en 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso y cambió el delito a prevaricato administrativo, lo que, según Altamirano, «es desde todo punto de vista inconstitucional».

Parece que a buena parte del liderazgo en Cortés no le importan los problemas con la justicia que ha tenido Padilla. En el aeropuerto lo recibieron como su salvador y lo proclamaron como nuevo alcalde. Rixi Moncada, la inminente candidata presidencial de Libre, tampoco ha ocultado su deseo de que Padilla sea el candidato del M-28 en San Pedro Sula. 

La llegada del exalcalde ha sacudido el mapa político en San Pedro Sula, pues hasta diciembre de 2024, la principal apuesta de Libre para la alcaldía sampedrana era el exministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, quien hace unos meses asumió el reto a propuesta del liderazgo de Libre.

 «Yo soy sampedrano, me importa mi ciudad, y en ese sentido me parece una oportunidad interesante. En el Gobierno de la presidenta, habíamos comprobado la capacidad de fungir bien y yo no tenía intención de aspirar a un cargo de elección popular, había decidido permanecer con la presidenta Xiomara Castro, pero se identificó obviamente la necesidad de plantear una alternativa para San Pedro Sula, ya que es una ciudad muy importante para el país», dijo Pastor.

Aunque Pastor, quien fue uno de los funcionarios más influyentes del actual Gobierno, no menciona a los liderazgos que le ofrecieron la oportunidad de ser candidato a la alcaldía sampedrana, lo cierto es que la cúpula del partido se ha regocijado con el regreso de Padilla Sunseri. Por ejemplo, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ahora miembro activo del partido oficialista, publicó una foto en la que aparecen él, Manuel Zelaya Rosales, Rixi Moncada y Padilla Sunseri. 

«Es un honor recibir a Rodolfo Padilla Sunseri, quien, tras 15 años de persecución política por el golpismo, regresa a Honduras, propuesto ahora para recuperar la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula», anunció el presidente del Legislativo, quien aspira a la reelección en su curul como primer candidato del M-28. 

Rodolfo Padilla Sunseri fue recibido por una multitud en el aeropuerto Ramón Villeda Morales. San Pedro Sula, 18 de enero de 2025. Foto CC/ Catherine Calderón.

La candidata presidencial Rixi Moncada también mostró en la red social X su alegría por el retorno de Padilla Sunseri «para participar en las próximas elecciones primarias, seguro fortalecerá nuestra unidad y las victorias de Libre y la resistencia en 2025. Bienvenido, compañero. No lo pudieron vencer 15 años de exilio y persecución de quienes no volverán. ¡Venceremos!».  

Estos mensajes sugieren que Rodolfo Pastor ya no es la opción de la cúpula que lo invitó a la contienda por la alcaldía de San Pedro Sula. 

La corrupción en la alcaldía sampedrana no es algo nuevo. El nacionalista Óscar Kilgore (2002-2006) fue enviado a prisión por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de deberes de los funcionarios, mientras que Padilla Sunceri fue condenado por abuso de autoridad y en el 2020, según el Ministerio Público, tenía pendientes otras causas por 87 delitos de abuso de autoridad, malversación desviatoria y evasión.

Pero los señalamientos no se limitan a esos dos períodos. En agosto de 2024, el vicealcalde Omar Menjívar le dijo a Contracorriente que en las administraciones anteriores y también en la actual, ha habido un grupo de personas que hicieron y siguen haciendo maniobras reñidas con la ley para quedarse con los contratos más jugosos en la comuna sampedrana. Además, en 2024 el MP inició una investigación sobre contratos otorgados en la municipalidad a una constructora propiedad del tío del yerno del alcalde Roberto Contreras, Steve Fajardo. La empresa existe, pero el alcalde negó que hubiese dolo o tráfico de influencias en la operación. 

Foto tomada del perfil de Luis Redondo en X.

Las disputas en Libre

Rodolfo Pastor reconoce, aunque no totalmente, que no es la opción del liderazgo de Libre para San Pedro Sula. Era el candidato del M-28, pero ahora dice que tuvo diferencias con la dirigencia de este movimiento y dejó la candidatura. Luego quiso ser candidato del Pueblo Organizado en Resistencia (POR) de Mauricio Ramos, quien no aceptó su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Tuve una diferencia muy fuerte con un sector del liderazgo del M-28 de Junio aquí en el municipio. Rompí por diferencias muy claras, ellos practican la política de una manera con la que yo no comulgo. Han maltratado y marginado a la base del partido y a quienes se identifican con otros movimientos del partido», dijo Pastor. 

El M-28 es el más poderoso a nivel del partido en el Gobierno; la mayoría de las bases y los puestos burocráticos están en sus manos. Pastor reconoce que romper con este movimiento a nivel municipal —durante la entrevista siempre hizo la salvedad que era a nivel municipal, aunque las acciones reflejan que es a nivel nacional— tiene un costo, pero dice que él se siente honrado de poder platicar con las bases del partido «que exigen respeto, unidad y inclusión». 

La influencia del M-28 en el Gobierno se observa en la planilla de diputados por el departamento de Cortés, encabezada por siete congresistas actuales que pretenden reelegirse bajo la bandera de este movimiento: Luis Redondo, Scherly Arriaga, Netzer Mejía, Iris Pineda, Ramón Barrios, Linda Donaire y Samuel Madrid.

Le consultamos a Pastor si es difícil ganar una elección en Libre sin la bendición de Manuel Zelaya, y respondió así: «El M-28 sí se identifica como un movimiento con mayor capacidad, tiene una estructura muy fuerte y han tenido una relación más fuerte con el alto mando del partido. Tienen en las instituciones del Estado una presencia muy importante y eso les da una serie de recursos y ventajas, pero no es cierto que no existan otros movimientos con posibilidades reales de llevar representantes al partido». 

Natividad Reyes, candidato a diputado por el M-28, fue una de las personas que recibió a Padilla Sunseri en el aeropuerto, y cree que es el hombre que San Pedro Sula necesita para combatir sus problemas. «Él tenía años de estar fuera del país, pero ahora tiene la oportunidad de regresar a su patria y cumplir con su aspiración de ver a San Pedro Sula convertida en una ciudad propia y digna de todos sus ciudadanos. Aquí está todo su pueblo recibiéndolo con la esperanza y la certeza de que lo vamos a convertir en el próximo alcalde de San Pedro Sula», dijo. 

Al ser consultado sobre las razones por las cuales Padilla es el hombre idóneo para San Pedro Sula, Reyes respondió que «es un político humilde, que aunque fue alcalde nunca se alejó de su gente. Padilla Sunseri es la persona que necesitamos para salir adelante». 

Como suele suceder en la política, cada competidor dice tener el favor de las masas antes de la llegada a las urnas. Por ejemplo, Armando Antúnez, quien es precandidato a diputado por la corriente Somos Más, aseguró que las bases de Libre acompañan a Rodolfo Pastor, el candidato que ha trabajado por más de seis meses en barrios y colonias de San Pedro Sula. «Las bases lo están aceptando porque hemos caminado con él, creo que la tiene difícil Padilla, aún siendo un gran elemento», advirtió.

Antúnez cree que el caudal político de Padilla Sunseri ha disminuido debido a que algunas de las bases están controladas por el regidor liberal José Antonio Rivera, y otro grupo ha pasado a formar parte de la estructura de Roberto Contreras, quien busca la reelección con el movimiento de Jorge Cálix. Menciona la cercanía de las elecciones primarias que se realizarán el 9 de marzo de 2025, y asegura que después de 15 años fuera de la política, «la juventud ya no lo conoce». 

«Padilla está investigado, ¿cuál es la percepción que tiene la gente de su candidatura? Hay mucho rechazo de su candidatura dentro del partido», afirmó Antúnez, quien agregó que al exalcalde lo están convenciendo para que acepte la precandidatura, pero que una decisión acertada de su parte sería apoyar el proyecto de Pastor. 

«Se decía que ni Mel ni Rixi lo aceptaban (a Pastor), era una mentira disfrazada por intereses particulares, y ese interés era esperar a Padilla Sunseri para inscribirlo por el M-28», aseguró Antúnez. 

Pastor fue muy mesurado para referirse al caso de su eventual adversario en las internas de Libre. Afirmó que es muy positivo que regrese a su país para estar con su familia, y calificó como importante el legado que dejó a la ciudad. «La gente que ayudó le mantiene cariño y simpatía», manifestó. 

Además, sobre los procesos ante la justicia hondureña que Padilla Sunseri ha tenido que enfrentar, dijo que «es víctima de la persecución que comenzó después del golpe de Estado»; sin embargo, agregó que determinar si el exalcalde tiene cuentas pendientes con la ley le corresponde al aparato de justicia. 

Sostuvo que de momento es solo un rumor que Padilla tenga la intención de competir, aunque tiene la certeza que el M-28 le ha ofrecido la candidatura, pero que no ha aceptado. «Pero si fuera el caso y terminara aceptando la candidatura del M-28, para mí sería muy interesante poder competir contra un liderazgo tan importante como el de don Rodolfo, igual como vamos a competir contra don Adeliano Amaya [Fuerza de Refundación Popular (FRP)] y Ricardo Panchamé [Movimiento Renovación Nuevas Alternativas (Morena)]», mencionó. 

Rodolfo Pastor manifestó que él tiene el apoyo de las bases y cuenta con la propuesta más sólida para recuperar San Pedro Sula y transformarla en «una ciudad que sea más justa, que le provea a sus habitantes el bienestar y la dignidad a la que tienen el derecho y se les ha negado».

San Pedro Sula y el alcalde

Hay más de una decena de precandidatos a la comuna sampedrana, y la mayoría se arropan bajo la bandera de los tres partidos mayoritarios del país. Entre estos figuran el actual alcalde Roberto Contreras (liberal) y el exalcalde Armando Calidonio (nacionalista). Hay otras figuras importantes como Rodolfo Pastor y Adeliano Amaya en Libre, el diputado nacionalista Yaudeth Burbara, y como candidato independiente ha anunciado su participación el abogado Víctor Fernández, un reconocido defensor de los derechos humanos. 

Rodolfo Pastor describe a San Pedro Sula como una ciudad plagada de problemas, que ha crecido rápidamente pero de forma desorganizada y sin ninguna planificación, sometiendo a su población a condiciones que son inaceptables para la ciudad económicamente más próspera del país; «la mayoría de la población vive en pobreza», dijo.

Contracorriente contactó sin éxito al alcalde Contreras para buscar su perspectiva del actual contexto político en la ciudad en la que muchos activistas y ciudadanos lo colocan como el favorito en las próximas elecciones. Aunque tampoco le faltan las críticas; destacan su fuerte presencia en redes sociales, pero le reclaman el descuido en muchos aspectos de la ciudad, especialmente el estado de las calles, ya que hay sectores que necesitan una reparación con urgencia. 

Mientras en las redes sociales y por otros medios la ciudadanía le pide a Contreras la reparación de calles en varios barrios y colonias, el alcalde anunció la aprobación de 100 millones de lempiras para el concreto hidráulico en un segmento del segundo anillo periférico de la ciudad, dejando claro que el «Gobierno central no pudo».

Por otro lado, Pastor pone en tela de juicio el compromiso de Contreras respecto a la administración de la municipalidad sampedrana: «Tengo claro que tiene capacidades histriónicas no solamente para entretener sino, yo diría, para distraer a la población de nuestros problemas reales, que es evidente que no han sido atendidos; los problemas reales él los ha ignorado y ha pretendido distraernos con sus payasadas. Y yo propongo que seamos serios», aseguró Pastor. 

El alcalde Contreras, quien en la elección anterior se convirtió en el alcalde más votado en la historia de San Pedro Sula, ganando las elecciones con más de 150,000 votos, llegó al poder en una alianza con Libre y el Partido Salvador de Honduras (PSH). En ese momento, Contreras no contaba con estructuras ni bases, pero esa realidad puede cambiar ahora que tiene una plataforma desde la municipalidad. 

No obstante, Armando Antúnez cree que el próximo alcalde será de Libre, como lo dijo Mel Zelaya después de las elecciones de noviembre de 2021, y que será Pastor. Sostiene que Contreras traicionó a la base de Libre que trabajó con él y que marginó totalmente al vicealcalde Omar Menjívar, al punto de excluirlo de las reuniones de la corporación. 

Concluyó que ha sido un mal administrador de la municipalidad que hace espectáculos para atraer adeptos. «La estructura de él no existe, más que la poca gente que lo siguió. No tiene base sólida, solo es un pensamiento suyo, que tiene 150 mil votos y de eso que se olvide, no los va a tener. El voto duro vuelve a su partido», dijo. 

La presidenta Xiomara Castro no estuvo presente en la instalación de la IV Legislatura del Congreso Nacional, el pasado 25 de enero, y tampoco la mayoría de secretarios y secretarias de Estado, quienes participan activamente en la campaña política de Rixi Moncada, precandidata a la presidencia por el Partido Libre y ministra de la secretaría de Defensa. En cambio, sí estuvieron presentes algunas personalidades que en los últimos meses han sido señaladas por distintos actos de corrupción.

 Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen

En tiempos de elecciones, la propaganda y el discurso político no solo se han llevado a giras de campaña electoral, sino que también se difunden en eventos oficiales en los que las máximas autoridades deben rendir cuentas sobre su gestión año con año. Esto fue lo que más destacó en la instalación de la IV Legislatura del Congreso Nacional, la última de este período de gobierno.

En este evento, se convoca a los presidentes de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para brindar datos e información sobre los desafíos u obstáculos que enfrentaron en su administración en el último año. Sin embargo, Renato Florentino, designado presidencial en representación de la presidenta Xiomara Castro, y Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, omitieron dar detalles sobre su desempeño y, en su lugar, prometieron cumplir las demandas de la ciudadanía, siempre y cuando continúen en el poder.

«Pueblo hondureño, en este 9 de marzo, en las elecciones, tenemos la oportunidad de demostrar que el poder del pueblo sigue siendo nuestra mayor fuerza», expresó el designado presidencial Renato Florentino en su intervención, haciendo referencia a las elecciones primarias.

El designado presidencial, Renato Florentino durante su intervención en la instalación de la IV legislatura del Congreso Nacional. Tegucigalpa, enero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen.

De las cuatro legislaturas que se han instalado en esta administración, la presidenta Xiomara Castro solo ha asistido a la de 2024, ya que en la de 2022 aún no había tomado posesión y en 2023 fue sustituida por la designada presidencial Doris Gutiérrez. Contracorriente consultó a la ministra de la presidencia, Sarahí Cerna, sobre la ausencia de la mandataria en la instalación de esta legislatura; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Además, la mayoría de secretarios de Estado no estuvieron presentes, a excepción de Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Erick Tejada, ministro de la Secretaría de Energía y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y Tomás Vaquero, ministro de la Secretaría de Gobernación, Descentralización y Justicia (SGDJ), quien fue acompañado por su esposa Pamela Blanco, incluida en la «Lista Engel» de actores antidemocráticos y corruptos publicada en diciembre de 2024.

Blanco, quien no había asistido antes a la instalación de una legislatura en el Congreso Nacional, fue señalada en la lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos en diciembre del año pasado por «socavar procesos e instituciones democráticas al presionar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones para obtener ciertos resultados, además de usar sus conexiones con funcionarios del gobierno para ejercer influencia».

En Contracorriente hemos revelado los nexos irregulares de Pamela Blanco Luque en las distintas esferas del poder en Honduras, al ser socia del bufete legal que representa a las empresas de Lenir Pérez, empresario minero investigado por el FBI y dueño de un conglomerado empresarial  que ha causado el despojo y criminalización de defensores del ambiente en el Bajo Aguán, al norte de Honduras. Además, es apoderada legal de la corporación Hanes Brands, señalada por incumplimiento de derechos laborales y explotación, según organizaciones de sociedad civil y empleados de este sector.

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En cuanto a los ministros que no estuvieron presentes, algunos asistieron a la concentración política de la precandidata a la presidencia de Libre, Rixi Moncada. A la precandidata, que a su vez está al mando de los militares en el país en su cargo de ministra de Defensa, la acompañó la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luther Castillo.

Formación de cadetes de la Academia Nacional de la Policía durante los actos de instalación de la IV legislatura del Congreso Nacional. Tegucigalpa, enero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen

Para Joaquín Mejía, abogado especializado en materia de derechos humanos, la rendición de cuentas del ejecutivo debió haber sido distinta, apuntar a las cosas que se han cumplido y a las que no, y potenciar las promesas de campaña que la presidenta Castro ha logrado cumplir en los últimos tres años, en vez de presentar un discurso político.

Entre las promesas de campaña que la presidenta no ha cumplido en más de tres años de administración destacan la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). Para su instalación, uno de los requerimientos es la derogación de los artículos 4 y 8 del decreto 04-2022, que blindan a actores políticos acusados de corrupción en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, expresidente y actual asesor presidencial. 

Otra de las promesas incumplidas y, en este caso, revertidas, ha sido la desmilitarización de la seguridad ciudadana. En su lugar, la presidenta ha dado múltiples facultades a los militares, entre ellas, el control del sistema penitenciario y la asignación de la protección del medioambiente.

Según el designado presidencial, Renato Florentino, el ejecutivo ha beneficiado a 1.2 millones de campesinos mediante la entrega del bono tecnológico, cafetalero y ganadero a nivel nacional a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). También dijo que se ha beneficiado a 900,000 hondureños mediante el subsidio de energía, y que nueve departamentos han sido declarados libres de analfabetismo mediante el programa «Yo sí puedo».

«En los próximos meses declararemos a Honduras libre de analfabetismo», anunció el designado presidencial, quien agregó que, desde que la presidenta Xiomara Castro tomó posesión, se han reconstruido cinco mil centros educativos, se han construido 61 canchas a nivel nacional y se redujo la pobreza en un 8 %.

Sin embargo, en septiembre de 2024 Contracorriente comprobó que, a pesar de los anuncios del Gobierno, no todos los habitantes de Santiago de Puringla, en el departamento de La Paz, uno de los municipios de más difícil acceso, aprendieron a leer y escribir al 100 % con la metodología del programa «Yo sí puedo». Además, algunas fuentes también denunciaron sobrecarga laboral en los docentes a cargo de este programa en las comunidades.

Renato Florentino no se refirió a datos específicos del 2024, y más bien hizo un recuento de los programas o acciones implementados por el gobierno desde 2022. Además, instó a que el Congreso Nacional aprobara el presupuesto general de la República y la Ley de Justicia Tributaria. Por otra parte, anunció que se implementará el programa «Hermano, vuelve a casa» ante las deportaciones masivas ordenadas por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Un Congreso Nacional «débil, frágil y desprestigiado»

En medio de la falta de consensos para la aprobación del Presupuesto General de la República para este 2025, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, dijo en su discurso que «actualmente, estamos ante un Estado débil, frágil y desprestigiado», y que esto «no puede ser corregido en tres años que lleva el gobierno actual».

Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, durante su participación en la instalación de la IV Legislatura del Congreso Nacional. Tegucigalpa, enero de 2025. Foto CC/ Fernando Destephen

En una intervención que duró el doble en comparación a la de los otros informes, Redondo tampoco brindó muchas cifras del año pasado. El presidente del Congreso se limitó a decir que durante 2024 se llevaron a cabo 520 reuniones de comisiones del Congreso Nacional y se aprobaron 99 decretos «con énfasis en materia de seguridad», haciendo referencia a la renovación constante del estado de excepción, que está en vigencia actualmente sin la aprobación del legislativo y que ha sido cuestionado por no tener fecha de caducidad.

Sobre los años anteriores, Luis Redondo, quien ahora es precandidato a diputado por el Partido Libre en el departamento de Cortés, dijo que se han realizado 211 sesiones y se ha sesionado durante 1,208 horas desde 2022 a 2024. Además, aseguró que se ha ahorrado un total de 1,473 millones de lempiras en los últimos tres años, debido a que «no se le han pagado coimas a medios de comunicación ni periodistas».

Sin embargo, el Congreso Nacional sí ha utilizado dinero del Estado a discrecionalidad. En octubre de 2023, Contracorriente reveló el estado de cuenta de una tarjeta de crédito utilizada por este poder del Estado, con la que se gastaron casi medio millón de lempiras en retiros en efectivo, compras en servicios de entrega a domicilio, supermercados, restaurantes, hoteles y vuelos. Aunque el presidente del Congreso dijo que estas tarjetas eran utilizadas para compras en internet con el objetivo de ahorrar costos a este poder del Estado, no existe información detallada al respecto en los portales de transparencia.

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Además, la entrega de subvenciones a congresistas para ayudas sociales continúa en la opacidad. De enero a noviembre de 2024, el Congreso Nacional erogó más de 300 millones de lempiras en subvenciones para congresistas en concepto de ayudas sociales, donaciones a asociaciones sin fines de lucro, municipalidades y unidades del gobierno central, según las transferencias efectuadas mensualmente que están disponibles en el Portal de Transparencia de este poder del Estado.

No existe claridad sobre los proyectos ejecutados con estos fondos, cuáles son las asociaciones sin fines de lucro que reciben  estas donaciones y quiénes son los diputados que hacen uso de este fondo. A pesar de que en las transferencias mensuales del Congreso Nacional se dice que esta información estará disponible en el Portal de Transparencia de este poder del Estado, allí no están  los listados detallados, y tampoco se atienden  las solicitudes de acceso a la información.

«Yo creo que debemos seguir insistiendo en que los diputados y diputadas están para legislar, no para manejar fondos públicos; eso sin duda alguna es criticable. Obviamente, por un lado, es responsabilidad de las bancadas, pero también una responsabilidad individual. La pregunta es: ¿quién controla a esta gente en relación con la rendición de cuentas?», cuestionó el abogado Joaquín Mejía.

Sobre las comunicaciones de este gobierno y la forma de dirigirse a la población, Mejía asegura que ese ha sido «uno de los mayores problemas que tiene este gobierno», y que esto demuestra la falta de coordinación entre la presidenta y las distintas Secretarías e instituciones.

«Mucha gente del gobierno no ha entendido que, en primer lugar, desde el momento en que asumen un cargo público se exponen de manera voluntaria a un escrutinio más profundo por parte de la sociedad, y en ese sentido tienen que tener mayores niveles de tolerancia a la crítica, incluso aquella crítica que molesta y que es ofensiva, porque eso forma parte de la libertad de expresión que tenemos como sociedad», opinó el abogado.

«Los grupos de poder se han visto perjudicados, por lo que han querido implementar en el imaginario colectivo que somos el peor Congreso Nacional», expresó el presidente Luis Redondo en su discurso.

Además, destacó que en este último año se aprobaron proyectos como la Ley Procesal Electoral, el presupuesto de las elecciones internas y la Ley de Debates Presidenciales, una normativa que podría dar el control al gobierno sobre los debates en las próximas elecciones y generar restricciones en los candidatos seleccionados.

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Cifras opacadas por la corrupción

Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, centró su discurso en las cifras de muertes violentas de mujeres, violencia doméstica y denuncias por deudores alimentarios morosos durante 2024.

«Se aprobó el reglamento de registro de deudores alimentarios morosos, que ya se está implementando y se ha socializado con distintos actores de justicia», dijo la presidenta de la Corte en la presentación de su informe, y explicó que este reglamento bloquea solicitudes de pasaporte, licencias de conducir y préstamos bancarios a personas que están en el registro de deudores.

Según Ráquel, en 2024 se registraron 14,000 demandas de alimentos, lo que significó un aumento del 15 % en relación al 2023. Además, el Poder Judicial contabilizó 14, 254 denuncias por violencia doméstica, de las cuales el 57 % fueron admitidas, lo cual representó un aumento del 7 % en comparación al 2023.

De las 230 muertes violentas de mujeres contabilizadas por el Poder Judicial durante 2024, el Ministerio Público presentó a los juzgados 140 casos, lo que representó 61 % de judicialización de los crímenes; sin embargo, solo 28 muertes violentas de mujeres fueron presentadas bajo la figura penal del femicidio.

En materia penal, según el informe, se contabilizaron 37,583 casos, lo que representa un incremento del 13 % de los delitos en comparación a 2023, siendo el delito de tráfico de drogas el de mayor incidencia. Además, la presidenta del Poder Judicial destacó que la creación del circuito de Corrupción, Medioambiente y Crimen Organizado ha sido positivo, ya que gracias a esto se aumentaron en un 44 % las sentencias, y que el tiempo de espera para los juicios orales y públicos pasó de cuatro años a cuatro meses en 2024.

Sin embargo, en este último año, los señalamientos por corrupción a este poder del Estado también han incrementado. En agosto del año pasado fue capturado el abogado Marco Vallecillo, quien fue coordinador del circuito de Corrupción, Medioambiente y Crimen Organizado, junto al abogado Nelson Omar Sierra, por presuntamente extorsionar a un testigo protegido.

La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) presentó en la audiencia inicial en contra de Vallecillo vaciados telefónicos, grabaciones de seguimiento efectuadas por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y dos testigos protegidos. Vallecillo, Sierra y otro abogado, Reynaldo Leiva Suazo, fueron acusados de extorsionar a un empresario, asegurándole que iba a ser requerido por la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco).

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Además, a mediados de enero de este año se conoció una denuncia en contra de los magistrados Mario Díaz y Nelson Mairena por recibir 3.5 millones de lempiras para beneficiar a una persona condenada por el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Aunque se desconocen los avances en este caso, el fiscal general, Johel Zelaya, confirmó a los medios de comunicación que sí existía una investigación contra dos altos jueces, sin revelar nombres.

A pesar de lo anterior, estos dos magistrados estuvieron presentes en la instalación de la IV Legislatura en el Congreso Nacional, un evento que contó con la presencia de figuras cuestionadas en la política hondureña, la ausencia de ministros que hacen campaña política mientras desempeñan cargos públicos, y discursos con promesas políticas que se anteponen a las exigencias de transparencia y rendición de cuentas de la ciudadanía.

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