Dos personas socias de la cooperativa campesina Gregorio Chávez fueron asesinadas en el Bajo Aguán, al norte de Honduras, tras una serie de ataques, secuestros y emboscadas de las que han sido víctimas otras organizaciones campesinas por parte de un grupo criminal armado que, según las denuncias, responde a los intereses de la empresa agroindustrial más importante de la zona: Corporación Dinant. Mientras tanto, el gobierno ha sido criticado por su respuesta lenta ante estos hechos.
Texto: Abigail Gonzales
Fotografía: Archivo CC
El viernes 31 de enero de 2025 fueron asesinados José Luis Hernández y Suyapa Guillén en la comunidad de Rigores, zona del Bajo Aguán, departamento de Colón, mientras se transportaban en una camioneta. Ambos eran miembros de la Empresa Asociativa de Campesinos Gregorio Chávez. En un comunicado emitido el pasado 1 de febrero, las organizaciones del movimiento campesino y de derechos humanos declararon «territorio de emergencia por riesgo mortal» en las cooperativas Camarones, El Tranvío y El Chile, debido a los ataques de grupos armados. El comunicado señala que los sicarios son «apoyados por guardias bajo la responsabilidad de la Corporación Dinant que están desplazando y asesinando a campesinos y campesinas con el fin de desalojarlos de las tierras».
«Desde ahora señalamos que el Gobierno de la presidenta y sus funcionarios son cómplices de la agresión, el desplazamiento, la persecución, la criminalización y el asesinato de las familias que están bajo fuego en el suelo sagrado de Honduras, que prometieron defender, pues estando plenamente informados sobre la gravedad de la situación, no responden a la altura de la crisis letal», enfatizaron las organizaciones que suscriben el comunicado.
Mientras tanto, en una entrevista para Contracorriente, la ministra de Derechos Humanos Angélica Álvarez dijo que esa Secretaría ha estado presente en el Bajo Aguán en conjunto con la Secretaría de Seguridad. Afirmó que «hay 11 policías heridos en ese enfrentamiento y es importante rescatar, porque son seres humanos que han intervenido a solicitud de la Secretaría de Derechos Humanos, como Secretaría de Seguridad, para poder resolver esa problemática».
Asimismo, mencionó que mañana se reunirán las instituciones estatales y la Plataforma Agraria para definir soluciones ante el conflicto: «Mañana tenemos una reunión con las diferentes instituciones del Estado, junto a la plataforma Agraria, para el abordaje de este problema, para presentar soluciones ante esa problemática».
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras condenó el crimen y exigió una investigación inmediata y efectiva. «Este lamentable acto de extrema violencia forma parte de la escalada de agresiones contra varias cooperativas campesinas del Bajo Aguán, iniciada con la incursión de grupos armados», señaló la Oacnudh en el comunicado. Además, instó al gobierno a adoptar medidas urgentes para prevenir nuevos ataques y garantizar la protección de las familias campesinas. Según datos de la Oacnudh, en lo que va de 2025 se ha registrado el desplazamiento forzado de al menos 150 familias debido a la violencia en esa región del país.
En ese contexto, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, reconoció la gravedad del problema y calificó el conflicto en el Bajo Aguán como «complejo». Sin embargo, no anunció acciones concretas para enfrentar la situación. En ese sentido, Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán, en una entrevista para Contracorriente afirmó que, aunque en la zona existe presencia policial y recursos como las tanquetas y vehículos tácticos Black Mamba, no están siendo utilizados de manera efectiva.
Rivas agregó que alrededor de 60 personas armadas están teniendo control de la zona. Además, saquearon una tienda de consumo valorada en 1.8 millones de lempiras, propiedad de los 180 socios de la cooperativa.

«Han desplazado a las personas de su tierra, es el área donde está la agroindustria de Dinant, (la empresa) es quien está detrás de todo esto», aseguró el vocero de la Plataforma Agraria. Rivas también detalló que «el grupo criminal de Los Cachos está actuando en presencia de la policía, no sabemos lo que está pasando, pero las autoridades no están actuando».
La Corporación Dinant ha sido acusada de ser cómplice de estos ataques; además, organizaciones campesinas denuncian que las autoridades favorecen a estas corporaciones, ignorando las violaciones de los derechos que sufren las comunidades.
El 22 de febrero de 2022, la presidenta Xiomara Castro firmó un acuerdo con la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) para abordar las causas estructurales del conflicto agrario en la zona. El acuerdo incluía la creación de una Comisión Tripartita destinada a investigar las violaciones de derechos humanos en la región y establecer mecanismos de reparación y garantías de no repetición. Además, se contemplaba la instalación de una comisión jurídica que presentaría propuestas de solución tanto del sector campesino como de las empresas agroindustriales.
Pese a la firma de los acuerdos, el Gobierno no ha cumplido, lo que ha llevado al movimiento campesino del Aguán, junto con diversas organizaciones sociales del país, a reiterar su denuncia sobre el incumplimiento de estos compromisos.
El 1 de noviembre de 2024, durante su última visita al país, una delegación de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó a grupos paramilitares y un alto riesgo para defensores y defensoras de derechos humanos en el Aguán, a la vez que urgió al Estado para que implemente una política de desarme para reducir la violencia y controlar a las agencias de seguridad privada que operan para las empresas agroindustriales en la zona.
Sobre estas preocupaciones, hay antecedentes de violencia que respaldan a la CIDH. En octubre de 2023, fue asesinado Kevin Meza, un joven de 24 años, miembro de la Empresa Asociativa Isletas (EACI), cuando la Policía Nacional y la seguridad privada de de la Empresa Agrícola Santa Inés, subsidiaria de la transnacional Dole Food Company, organizaron una emboscada contra miembros de la cooperativa que iniciaban una recuperación de tierra en las fincas Guanacaste, La Paz y Esperanza, ubicadas en la comunidad de Isletas.
El 24 de noviembre de ese mismo año, por una orden judicial, se desalojó a por lo menos a 100 familias de la EACI. Aproximadamente 900 policías y miembros del comando de fuerzas especiales Cobra llevaron a cabo el desalojo.
El director del Instituto Nacional Agrario, Francisco Funes, declaró recientemente que grupos criminales y alcaldes estarían detrás del conflicto en el Bajo Aguán. Vale la pena mencionar que Adán Fúnez, alcalde de Tocoa y operador político del actual Gobierno en el Bajo Aguán, apareció en un video negociando financiamiento con narcotraficantes junto a Carlos Zelaya, cuñado de la expresidenta y exsecretario del Congreso Nacional. Fúnez, además, se opone al desarme general en la zona.
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La violencia en el Bajo Aguán tiene raíces profundas. Desde los años noventa, con la implementación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola por parte del Gobierno de Rafael Callejas, miles de campesinos han sido despojados de sus tierras. Según la Plataforma Agraria, en la última década más de 200 campesinos han sido asesinados en la región. La violencia en el Bajo Aguán sigue escalando, y representa graves amenazas a la seguridad y derechos de las comunidades campesinas. A pesar de los esfuerzos y acuerdos previos, la falta de acciones efectivas mantiene la incertidumbre en la zona.