Capítulo II – El gobierno escuchaba cuando los policías mataban
Durante cuatro años y cuatro meses, los investigadores de la Fiscalía y de la División Élite contra el Crimen Organizado de la PNC (DECO) escucharon y siguieron los pasos a los miembros de Los Exterminio en la zona oriental de El Salvador. Sus investigaciones revelan el amplio uso de recursos policiales para consumar los asesinatos: Los Exterminios obtenían chalecos antibalas de la PNC, uniformes, lograban la movilización encubierta de patrullas ad hoc, recibían acceso a fichas policiales o a información que permitiera localizar a potenciales blancos de los asesinos y obtenían mano de obra numerosa con los agentes que participaban materialmente de los homicidios. Tal como sucedió con la matanza en El Basil Tropical.
A las 12:16 del 9 de abril de 2016, dos hombres se comunicaron por teléfono y empezaron a planificar una masacre. Uno de ellos era Luis Antonio Lara del Cid, alias “Toño”, a quien la Fiscalía salvadoreña tenía ocho meses siguiéndole la pista y había identificado como líder de Los Exterminio. Acerca de Toño, pocas personas dan referencias por temor. Unos dicen que es empresario, otros que es ganadero. Todos coinciden en que es un hombre con dinero. El otro hombre era José Wilfredo Estrada Cedillos, alias “Will La Perra”, un empresario del oriente de El Salvador, uno de los principales financistas y miembro del grupo.
-Para hoy tenemos el tiro. Prepárese para eso de las 2:30. A esa hora entramos. Empecemos a coordinar ahí -dijo Toño, y colgó.
La matanza que planificaban ocurriría 13 horas más tarde en El Basil Tropical. Después de aquella primera llamada, ambos hombres comenzaron a contactar con otros en una serie de llamadas que estaba siendo escuchada por investigadores de la Fiscalía.
A las 5:55 de la tarde, Toño llamó por teléfono al agente policial José Isidro Vásquez y le preguntó si otro agente, de apellido Aragón, estaba trabajando ese día. Vásquez le contestó que sí.
-Entonces prepárense porque tenemos fiesta en Chilanguera (distrito costero del departamento de San Miguel) -dijo Toño a Vásquez.
-También están de turno el sierra y el sargento. Acuérdese que al sargento le gusta ir a esos eventos -sugirió Vásquez.
-A ver si me puede contactar con el cabo porque le he estado llamando y no me contesta.
Dos horas después, a las 7:59 p.m., el agente Vásquez se comunicó nuevamente con Toño para informarle que ya había hablado con el jefe del puesto policial de El Cuco, aquel situado a escasos 85 metros de El Basil Tropical. Le proporcionó el número del jefe. Toño le agradeció y le respondió que un colega de él, un investigador destacado en San Miguel, le había dado información de que en esa zona había una mujer que tenía una cantina y que ahí era el “recoledero de esos cabrones”, es decir, un punto de reunión.
-Ahí está esa vieja cerota y un cabrón al que le dicen Gallinita.
-No hay que dejarlo escapar -respondió Vásquez.
-No se preocupe-, respondió Toño.
A las 8:06 p.m., otro agente, identificado como Jaime Ernesto Bonilla, alias Jaimito, contactó a Toño. Con Bonilla eran ya siete agentes u oficiales de la PNC conspirando para ir a cometer asesinatos.
-¿Están listos? -preguntó Toño.
-Aquí estamos de toque -respondió Jaimito-. Aquí esta gente solo es ganas.
Jaimito advirtió a Toño que antes de acompañarlos a “la fiesta”, debían pasar haciendo “un tirito” por la zona de El Tránsito, pero que tenían que ver si todo salía bien porque se habían enterado de que una patrulla se andaba moviendo por esa zona.
Jaimito además preguntó a Toño si existía la posibilidad de que le hiciera un préstamo.
-¿No nos prestara usted un cuerno de chivo para llevarlo? -preguntó Jaimito a Toño. “Cuerno de chivo” suelen llamarle los amantes de las armas al fusil de uso privativo de la Fuerza Armada AK-47.
-Véngase, aquí se lo voy a encaminar a San Pedro para que lo llegue a recoger.
Toño, a juzgar por aquella plática, parecía tener acceso a un arsenal cuantioso, porque su interlocutor siguió pidiéndole armas.
-¿Y unos dos fusilitos no tiene? -añadió Jaimito.
-¿Para qué hora?
-Ahorita vamos saliendo de San Miguel.
-¿Quiere uno o dos? -preguntó Toño.
-Si puede dos, los dos- dijo Jaimito.
-Dele pues.
A las 9:25 p.m., cuatro horas antes de la matanza, Jaimito llamó a Toño de emergencia. Le dijo que había ocurrido un problema, que luego de salir de la zona de El Tránsito se habían encontrado a la patrulla y los agentes los habían revisado.
-Ahorita nos vamos a ir a encuevar (a esconder) porque el hijueputa nos pidió los nombres y nos tuvimos que identificar. Más que andaban dos camaradas uniformados conmigo. Le tuve que decir que andábamos ubicando unas casas para hacer un allanamiento.
-¿Y cómo hizo? -preguntó Toño.
-Le dije que ahí andaba a la víctima en el carro y todo. Ya tengo a una víctima lista por si acaso siguen preguntando. Y también ya hablé con el jefe, el subinspector José Nelson Alvarenga, para que diga que sí andábamos en eso por si alguien llega a preguntar -dijo Jaimito. Con el subinspector Alvarenga eran ocho, como mínimo, los policías involucrados o que al menos estaban enterados de aquella operación.
-¿Entonces siempre se va a echar el tiro? -preguntó Toño.
-No puedo. Lo que pasa es que van a decir que yo fui porque me vieron con chaleco y todo -insistió Jaimito.
-No se preocupe -dijo Toño.
-Pero ahí le pega unos dos machetazos de mi parte a ese hijueputa gordo y a esa vieja hijueputa. Ahí ustedes pueden entrar tranquilos. Ya tenemos todo arreglado y no hay tos con la ley -dijo Jaimito.
A las 00:39 del siguiente día, 10 de abril de 2016, faltaba menos de una hora para la matanza. En ese momento Toño llamó a otro hombre identificado como Ángel Ramírez Mercado, alias La Bonita.
-¿Y entonces? -preguntó Toño.
-Ahorita vamos de camino -dijo Ángel
-Ahorita salgo yo también -dijo Toño.
Aquella fue la última llamada que los investigadores de la Fiscalía escucharon aquella noche. Los hombres con ropas oscuras, con uniformes de policías y soldados, salieron rumbo a la playa El Cuco.
A la 1:30 de la madrugada, aquellos hombres vestidos con ropas de policías y militares llegaron a bordo de dos pickups y se estacionaron frente a El Basil Tropical, a solo 85 metros del puesto policial de El Cuco. Media hora después huían tras haber macheteado a cinco personas, incluida una mujer. Una de las víctimas sobreviviría.
A las 9:08 de la mañana, la pantalla del teléfono celular de Toño se iluminó. Quien llamaba era una mujer preguntándole si ellos habían sido los de “la fiesta de anoche”.
-Nosotros no comemos pescado en Semana Santa -respondió Toño, en tono jocoso.
La plática continuó y Toño aseguró que los muertos de la noche anterior “eran la mera mata”. La mujer advirtió a Toño que uno de los cinco había sobrevivido y que probablemente iba a declarar a la Policía todo lo que había pasado.
-No se preocupe. Así como quedó ese fulano ya se va a pelar (morir) -dijo Toño. Y colgaron.
A las 3:01 p.m. de ese mismo día fue el agente Jaimito quien llamó a Toño.
-¿Qué pasó? ¿Abonó la milpa? -preguntó Jaimito a Toño.
-Sí. Ahí la trabajamos -respondió Toño.
-¿Cuántas lacras? -preguntó Jaimito.
-Cinco, pero a un baboso lo mandamos algo alocado (sobrevivió), pero no creo que aguante tanto.
-¿Y la vieja?
-Esa se fue de un solo con visa -respondió Toño. Y colgaron.
El 13 de abril, tres días después de la masacre de El Cuco, un hombre identificado como Pioquinto llamó a Ángel, el hombre que a escasos minutos de ejecutar la masacre había avisado a Toño que iba en camino a El Basil Tropical. El motivo de la llamada era para reclamarle por el error de dejar a una de las víctimas con vida.
-Ey, aquella noche la regó, compa -dijo Pioquinto.
-No´mbre, es que yo estaba cansado y dándole de un lado para otro y no me dejaban trabajar a gusto. Además que de presto me llaman para decirme que nos fuéramos y usted sabe que a mí no me gusta que me hablen cuando estoy trabajando -respondió Ángel.
-Vaya, de hoy en adelante cuando salgamos cada quien va a llevar su propia cuma (machete), porque eso pasó porque no le ayudaron a usted y el compromiso es de todos, pues -dijo Pioquinto.
-Sí, en otra vez hay que hacer las cosas bien. Pero de allá arriba me mandaron a decir que estaba bien, que todo diez, solo un pequeño errorcito nomás -dijo Ángel.
Y colgaron.
La investigación fiscal a la que este medio tuvo acceso no identifica quién es Pioquinto, ni precisa su papel dentro de la estructura de Los Exterminio.
Los investigadores de la Fiscalía documentaron en tiempo real, mediante escuchas telefónicas, cómo Los Exterminio planearon y consumaron no solo el asesinato de por lo menos 54 personas, sino también la planeación y ejecución de robos a mano armada a empresas de gas, a una agencia del Banco Azteca, a una de Western Union… y tampoco hicieron nada por impedirlo.
De esta misma manera, tanto los investigadores de la Fiscalía Salvadoreña como los agentes de la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía salvadoreña que siguieron esta investigación durante cuatro años y cuatro meses, documentaron y siguieron paso a paso la muerte de al menos 79 personas, entre ellas un nicaragüense asesinado el 15 de octubre de 2020 en un taller de motocicletas en La Unión. Además escucharon la planificación para la ejecución de al menos 54 personas más y el intento de homicidio de una más. Los investigadores además documentaron en tiempo real la planificación y ejecución de robos a mano armada por parte de Los Exterminio a empresas de gas, a una agencia del Banco Azteca, a una agencia de Western Union, a casas comerciales, telefónicas y otros negocios establecidos en el oriente del país. Y nunca hicieron nada para impedirlo.
GatoEncerrado tuvo acceso a tres carpetas de investigación de la Fiscalía en las que se documentan casos de homicidios atribuidos a Los Exterminio que van más allá de los 279 asesinatos que llegaron al buzón de correo electrónico de la subinspectora Guevara en septiembre de 2021.
La primera investigación empezó el 14 de agosto de 2015, tras una masacre ocurrida sobre la calle que conecta los cantones Tierra Blanca y El Carao, en el departamento de San Miguel. Los casos se presentaron ante un juzgado especializado en la cabecera departamental. Las pesquisas fueron conocidas en los pasillos judiciales como “Casos Exterminio”, requirieron tres etapas y la última culminó el 22 de diciembre de 2020.
La mayoría de las víctimas de Los Exterminio en los siete años de operación, hasta ya casi avanzada la primera mitad del gobierno de Nayib Bukele, fueron hombres jóvenes, jornaleros o trabajadores informales etiquetados por los mismos delincuentes como miembros de pandillas gracias a información que de manera informal filtraban los policías e investigadores que colaboraban con el grupo.
Venganza
El 14 de agosto de 2015, la calle rural que conecta los cantones Tierra Blanca y El Carao, en el sur del departamento de San Miguel, amaneció llena de muertos. Siete cuerpos fueron encontrados atados de pies y manos en tres escenas diferentes sobre la misma calle de polvo. Los periódicos llenaron sus portadas con la noticia. En aquel momento, la policía se limitó a informar a los periodistas que acudieron a la escena que se trataba de siete pandilleros de la MS-13 que habían sido secuestrados y ejecutados probablemente por miembros de su misma pandilla. Las víctimas eran seis hombres y una mujer asesinados a machetazos.
El Salvador es un país acostumbrado a la muerte violenta. Solo en el año 2015 fueron asesinadas 6,656 personas, es decir, un promedio de 18 al día. Aquel fue el año más violento desde la guerra civil salvadoreña. Y aunque la mayoría de homicidios fueron cometidos presuntamente por pandilleros, los grupos de exterminio integrados por policías y ganaderos contribuyeron notablemente a engordar aquella cifra, a poner personas muertas sobre los 21 mil kilómetros cuadrados de El Salvador.
La masacre de aquel 14 de agosto fue tan grave que espantó a las mismas autoridades. La investigación la asumió la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil. Los investigadores comenzaron a recoger testimonios y todos coincidían: la matanza había sido perpetrada por un grupo de exterminio. Los informantes añadieron que se trataba de una venganza.
De acuerdo con los relatos de los informantes y las investigaciones de la Fiscalía a la que GatoEncerrado tuvo acceso, el grupo de exterminio estaba integrado por exmilitares, exguerrilleros y campesinos organizados “para autoprotegerse y matar pandilleros o colaboradores” en los distritos de Chirilagua y El Delirio, en el departamento de San Miguel. La investigación añade que el grupo estaba liderado por un ganadero, Rodolfo Lara del Cid, a quien apodaban El Ninja.
Una noche antes de aquella masacre, el 13 de agosto, El Ninja sufrió un atentado de parte de pandilleros que lo identificaron como el líder del grupo de exterminio. Lo emboscaron y lo hirieron. Al día siguiente, la respuesta de El Ninja fue contundente: secuestró a siete pandilleros de la MS-13 y los mató a machetazos.
La investigación por aquella masacre culminó con la captura de diez personas, entre ellas varios oficiales y agentes de la PNC, acusadas de formar un grupo de exterminio. Los detenidos fueron presentados ante los tribunales a principios de julio de 2016 y los fiscales les atribuyeron la muerte de 17 personas, incluidas las siete que aparecieron regadas en aquella calle de tierra. En una conferencia de prensa el 8 de julio de ese año, el fiscal general de entonces, Douglas Meléndez, dijo que el número de víctimas mortales de aquel grupo podría ascender a 40.
Después de aquella masacre en el camino de tierra, la Fiscalía intervino los teléfonos de las personas mencionadas por los informantes y así determinó que aquel grupo tenía la entera colaboración de miembros de la PNC para asesinar.
Los investigadores identificaron como líderes del grupo a Rodolfo Lara del Cid y a su hermano, Luis Antonio Lara del Cid. Este es el Toño que coordinó la operación para cometer la masacre en El Basil Tropical. Luego de meses de espiarles, los investigadores vincularon a 20 personas más, entre agricultores, empresarios, policías y soldados, implicadas en los homicidios ocurridos en aquella zona. Meses después de que iniciara la investigación, Rodolfo Lara del Cid falleció, según las escuchas telefónicas producto de las lesiones que le provocó el ataque de los pandilleros
El requerimiento fiscal en contra de este primer grupo secciona la investigación en nueve casos que suman diez homicidios, homicidios en grado de tentativa y otros delitos como proposición y conspiración para cometer homicidio y revelación de documentos por empleado oficial. El primer caso, identificado como “Caso Número Uno”, es la masacre en El Basil Tropical, en la playa El Cuco.
Azul, el ex alto mando policial que participó en aquellas investigaciones, recuerda bien las asperezas que generó dentro de la Policía que la Fiscalía pusiera al descubierto la operación de Los Exterminio, con participación de agentes policiales. Esa molestia truncó varias investigaciones, dice, incluso algunas posteriores que involucraban a policías con asesinatos. Como el caso del asesinato de la agente Carla Ayala por parte de sus compañeros del Grupo de Reacción Policial, el 29 de diciembre de 2017. “En el caso Carla Ayala llegamos a un punto en que no nos podíamos reunir porque no llegábamos a un acuerdo. A veces a las reuniones solo llegaban un fiscal y un representante de la Policía, pero los demás miembros del equipo no. No había confianza. Más bien había una disputa”, relata Azul.
Estas dificultades se tradujeron en que la investigación contra Los Exterminio apenas avanzara. “Tuvimos problemas para coordinarnos con los investigadores de la Fiscalía porque ellos no confiaban. Pero todo empeoró cuando la fiscal encargada del caso de Carla Ayala (fiscal Guadalupe Echeverría) llegó a decir que la Fiscalía iba a crear su propia policía para investigarnos. Eso me molestó bastante y hubo un entrampamiento en la investigación”, añade Azul.
En la operatividad diaria de la investigación del caso, la disputa entre la Policía y la Fiscalía se traducían en graves retrasos. “Por ejemplo, una diligencia tan sencilla como pedir un acta o un video de una cámara o hacer una entrevista con algún testigo se volvía algo que tardaba semanas o meses”, recuerda Azul.
Cacería con lista en mano
Las fuentes consultadas por GatoEncerrado coinciden en otra cosa: Los Exterminio portaban una lista, una especie de cuaderno con fichas que contenían información importante de sus víctimas como dirección, alias y los delitos que se les imputaban, si es que se les imputaba alguno.
Según la investigación fiscal presentada ante los tribunales en 2016, uno de los empresarios que financiaba a Los Exterminio era Wiliam Hernández Marroquín, un ganadero residente del cantón La Canoa, en el distrito de El Tránsito, en San Miguel. Cuando agentes de la DECO allanaron la casa de Hernández Marroquín, encontraron varias armas de fuego y un documento que contenía el perfil policial de un pandillero.
El perfil correspondía a Jaime Fernando Escobar Guzmán, y era un folder en cuya parte superior se lee manuscrito en azul “Nota: Lesionado en intercambio de disparos con agentes de la PNC. Refugiado en Chirilagua (San Miguel). Posee cinco órdenes de captura vigentes, homicidio agravado, extorsión, agrupaciones ilícitas, portación ilegal de arma de fuego”. Esta ficha policial fue una de las pruebas que la Fiscalía presentó como evidencia de la participación de personal de la Policía en los grupos de exterminio.
Los Exterminio asesinaban con lista en mano: según las investigaciones de la Fiscalía y la PNC, agentes u oficiales policiales facilitaban a los asesinos información que les permitiera localizar a potenciales blancos de atentados. La Fiscalía acusó a un jefe policial de filtrar información a Los Exterminio. Hoy, este oficial está a cargo de una delegación de la PNC en el Área Metropolitana de San Salvador. “Mi caso se sobreseyó definitivamente”, dice.
Ese mismo año, un joven que trabaja desde hace varios años en una funeraria de San Miguel tuvo un encuentro con Los Exterminio y sufrió el terror de saberse buscado en aquella lista que andaban consigo los asesinos cuando salían a operar. Marlon no es su verdadero nombre, pero pide que se le llame así en este relato por temor a represalias debido a lo que va a contar.
Marlon asegura que en 2016 tuvo un encuentro con Los Exterminio. Dice que su trabajo lo suele llevar a lugares peligrosos con frecuencia, y casi siempre de noche. Marlon es responsable de llevar servicios fúnebres a donde se le requiera. Una noche de agosto de 2016 iba con un compañero a dar servicio a un velorio cerca de las 8:00 de la noche en la zona de Chirilagua y de súbito en la calle se toparon con un vehículo que bloqueaba el camino con las luces encendidas. Cerca del automotor aguardaban varios hombres con ropas oscuras y gorros navarone que les cubrían los rostros.
“Al principio yo pensaba que eran policías porque estaban vestidos igual. Pero después vi que no, porque nos llegaron apuntando con los fusiles. Días antes se le había caído el letrero de funeraria al carro y lo andábamos en la cama del pickup, tirado. Los encapuchados nos pararon y nos dijeron que nos bajáramos”, cuenta Marlon.
Uno de los hombres les preguntó si eran pandilleros y hacia dónde iban. Ellos, preocupados, le respondieron que a dar un servicio fúnebre. Pero los uniformados estaban escépticos. Uno de ellos, según Marlon, abrió el vehículo que bloqueaba la calle, sacó un folder y comenzó a buscar en él sus nombres.
“A mí se me fueron los colores. Sacaron un folder grueso y uno de ellos comenzó a buscarnos por el nombre del dui (documento único de identidad). Al final no nos encontraron y nos dejaron ir. Yo ya había oído hablar de ellos, pero nunca jamás me imaginé que me los iba a topar”, dice Marlon.
El joven agrega que él atendió el sepelio del hijo de uno de los ahora acusados de pertenecer al grupo. Marlon habla del hijo de William Hernández Marroquín. La Fiscalía tiene documentado este caso. Hernández Marroquín fue capturado el 6 de mayo de 2016 por el delito de homicidio culposo. La investigación detalla que el ganadero dejó desatendida un arma de fuego sobre una mesa en su casa y su hijo se disparó por accidente.
Una Inspectoría General casi inexistente
Las autoridades salvadoreñas han mostrado un desdén por depurar a la Policía salvadoreña. De hecho, el trabajo de la Inspectoría General se ha vuelto casi inexistente, según señalan algunos elementos policiales que conocen de dichas investigaciones y que solicitaron ocultar su nombre por temor a represalias.
Un documento elaborado por Asuntos Internos de la PNC al cual GatoEncerrado tuvo acceso registra que, entre el 13 de marzo de 2015 y el 24 de marzo de 2022, la institución registró 120 demandas contra agentes de la PNC por los delitos de feminicidio, homicidio, extorsión y tortura. Todos estos casos registrados antes de la entrada en vigor del régimen de excepción. De esos 120 casos, según el mismo documento hasta la fecha en que fue generado, solo seis habían llegado a juzgados. Los demás estaban en condición de “Archivados” o “Sin información”. Del total de expedientes, 30 fueron abiertos entre los años 2019 y 2022.
La policía salvadoreña tuvo un giro importante en los últimos 15 años. Pasó de ser una policía estrictamente civil, con total independencia respecto de la Fuerza Armada, a convertirse, en la práctica, en un cuerpo de espíritu militar, con estrechos vínculos operativos con el ejército salvadoreño y con cientos de acusaciones por violaciones a los derechos humanos.
Esta policía, que nació en 1993 producto de los Acuerdos de Paz, se mantuvo relativamente libre de contaminación militar hasta la llegada de Mauricio Funes a la presidencia de El Salvador. Su gobierno (2009-2014) dio pie a un agudo involucramiento de los militares en la seguridad pública y colocó a dos generales a conducir, uno esa rama del Ejecutivo, y el otro asumió la dirección de la PNC. En 2013 la Sala de lo Constitucional le ordenó sustituir a los dos generales por personas civiles porque sus nombramientos violaban la disposición constitucional de que la seguridad pública y la PNC son estrictamente civiles.
Funes pactó bajo la mesa una tregua con las pandillas para que estas bajaran la incidencia de asesinatos. La tregua terminó en 2014 y en 2015, el sucesor de Funes, Salvador Sánchez Cerén, anunció una guerra contra las pandillas. Y las pandillas respondieron ese año asesinando a 81 policías, 18 soldados y a numerosos guardias penitenciarios. 2015 es también el año cuando cunden estructuras paramilitares y escuadrones de la muerte para enfrentar a las pandillas. Al menos tres miembros de estas organizaciones con quienes GatoEncerrado habló afirman que fue ese año cuando comenzaron a operar de forma más habitual y estructurada. Uno de ellos, Leñador, asegura que las circunstancias facilitaron que en 2015 se forjara una relación de estrecha colaboración con miembros de la Fuerza Armada y de la PNC.
Sin embargo, tanto la violencia de las pandillas como la de los grupos de exterminio se vio considerablemente mermada para 2019, con la llegada de Bukele a la presidencia. A pesar de eso y de que las pandillas han sido perseguidas y sus estructuras, junto con miles de inocentes, puestos tras las rejas, las estructuras criminales integradas en gran parte por policías siguen operando.
GatoEncerrado envió el jueves 10 de octubre de 2024 peticiones de entrevistas al despacho del fiscal general, Rodolfo Delgado, y al del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. A estos funcionarios se les deseaba preguntar sobre las expectativas de superar la condición de casi absoluta impunidad en que se encuentran los centenares de homicidios en los que abundan los indicios o pruebas de participación policial, y sobre las posibilidades de que la PNC pueda tener medios para autodepurarse. Hasta este 15 de octubre no había respuesta.
Ocho años después de la masacre de El Basil Tropital y tres años después de que la subinspectora Guevara constatara que la misma información oficial de la PNC podía atribuir a agentes policiales la comisión de 279 asesinatos entre 2019 y septiembre de 2021, no hay ni un atisbo, ni una señal de que la Policía esté intentando depurarse. Es esa misma Policía cuyos agentes fueron investidos de mayor poder cuando desde 2020 el gobierno de Bukele de facto les dio la calidad de ”jueces de la calle”, atribución que les permite decidir según su arbitrio a quién privar de libertad y enviar a prisión.
Entre aquellas más de 120 personas que fueron acusadas o investigadas por la Fiscalía de ser parte de la organización de exterminio o de colaborar con ella está al menos un oficial de la PNC. Esta persona, el inspector Jesús. Antonio Maradiaga, detenta hoy la jefatura de la Policía en el puesto policial del distrito de Mejicanos, en el Área Metropolitana de San Salvador.
Sobre Maradiaga, la investigación de la Fiscalía lo acusa de haber filtrado información a Los Exterminio valiéndose de su cargo como jefe de la Unidad Antiextorsiones en San Miguel. De acuerdo con la Fiscalía, el inspector entregaba perfiles de presuntos pandilleros a Los Exterminio para que estos localizaran a sus víctimas.
Este 14 de octubre, GatoEncerrado llamó a Maradiaga a su teléfono personal para preguntarle sobre el caso. El inspector respondió que ahora está asignado a la jefatura de la delegación policial de Mejicanos y que ha quedado sobreseído definitivamente.
