En el Valle de Sula, cada año durante abril, las nubes se pierden y las sustituye un cielo gris a causa del humo que provoca la quema de cañaverales, una práctica que ni las medidas de encierro por COVID-19 han pausado. El calor es intenso y hoy es viernes de la Semana Santa, con toque de queda absoluto, en esta zona del país. Acaban de ser comprobados 265 casos positivos de COVID-19 que en Honduras ya cobró la vida de 23 personas, 22 de ellas residentes del departamento de Cortés. La ciudad que produce aproximadamente el 63 % del producto interno bruto (PIB), San Pedro Sula, se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Honduras, rompiendo el mito de que en temperaturas altas el virus no sobrevive.
La medida de cerrar el departamento de Cortés y la ciudad aledaña de El Progreso, Yoro, fue anunciada a través de una cadena nacional el domingo 5 de abril de 2020, luego de comprobar que los días de circulación asignados para todo el país no estaban siendo funcionales para ciudades como San Pedro Sula y Villanueva, que representan puntos críticos de la pandemia. Durante la semana antes del cierre, muchos comercios habían conseguido operar de manera remota: a domicilio y autoservicio, un factor determinante para la propagación del virus. Además, en las primeras semanas de la emergencia, varias empresas maquiladoras no cerraron operaciones.
El aislamiento o período de cuarentena que se lleva hasta el momento no es suficiente, indica el doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). «Hemos entrado a la fase cuatro, cuando el contagio es exponencial y autóctono. Cuando empecemos a reportar mil casos cada tres días, entonces habremos entrado a la fase cinco de la enfermedad y hasta que no se haga una cuarentena total, no se logrará reducir la curva», enfatiza Umaña. También indica que una cuarentena total quiere decir que las empresas que elaboran alimentos no deben estar operando o movilizándose, hasta que no se cumplan periodos de cuarentena con estos empleados. «Claro, en otros países ha sido posible porque son países desarrollados y esperaría que esto no tenga que suceder acá. Espero no tengamos que llegar a la situación de que las empresas improvisen albergues adentro, para mantener la cuarentena de sus empleados y poder seguir trabajando», dice Umaña y asegura que los casos van a seguir aumentando y que no se verán resultados de la cuarentena, hasta la primera semana de mayo.
Según las Proyecciones y recomendaciones en el marco de la pandemia COVID-19 en Honduras, realizadas por la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), se estima que los casos podrían incrementarse a 16,558 casos a nivel nacional para el 30 de abril de 2020.
La medida de aislamiento se inició el 20 de marzo de 2020 a nivel nacional. No obstante, las medidas de circulación no fueron tan restrictivas como ahora, que se cuenta con una tasa de mortalidad del 6.02 % y una economía colapsada que no estaba preparada para este escenario. Según estimaciones de la Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Industria de Honduras (ANMPIH) se espera que alrededor del 25 % de las micro empresas en el país cierren operaciones.
Para Esperanza Escobar, presidenta de esta asociación en San Pedro Sula, lo que está sucediendo es un reto pero también una oportunidad de demostrar lo resiliente que puede ser la microempresa. «Nosotros tenemos experiencia en este sistema, si quebramos hoy en un negocio, pues mañana abrimos el otro. Estamos para mantener a nuestras familias y no nos estamos yendo del país, y esas convicciones que tienen los empresarios que deciden abrir una pequeña empresa».
Esperanza tiene el optimismo de que la microempresa logrará adaptarse a esta nueva era. También es consciente que no se logrará sin el apoyo del Estado de Honduras. Considera que en muchas ocasiones el apoyo que brindan o el dinero que destinan para equilibrar y apoyar a la empresa privada, no están destinados a los que realmente tienen la experiencia en el manejo de fondos. Es por eso que, desde la asociación junto a más de trescientos microempresarios, han empezado jornadas de trabajo a través de llamadas telefónicas y video llamadas en internet para presentar un proyecto en el que solicitan 300 mil lempiras al Estado. Esto vendría a apoyar a estas microempresas a pagar planillas, gastos de energía eléctrica y capital de trabajo que les permita continuar con sus empresas abiertas.
Según la encuesta de análisis de resiliencia empresarial ante crisis por #COVID-19, elaborada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés junto a organizaciones del sector privado y la UNAH, indica que alrededor del 11 % de la pequeña y microempresa en el Valle de Sula ya cerró sus operaciones. El resto se prepara para cerrar en unos meses más, si no se encuentra una forma viable de hacerle frente a esta crisis.
«Somos empresas pequeñas, a las cuales les ha costado abrirse camino en la banca. No somos personas que vienen con herencias o que conocen todo lo riguroso del sistema bancario. Por eso hemos estado impulsando las cajas de ahorro, con las que hemos logrado que muchas iniciativas se formalicen», explicó Escobar. La ANMPIH está incidiendo para que el gobierno además de apoyarles con el proyecto de los 300 00 lempiras, también pueda incidir en la banca para que les brinden el congelamiento de cuotas de préstamos, por lo menos para los próximos 3 meses, algo que el gobierno ya anunció como medida económica, pero que no se ha implementado aún.
El presidente Juan Orlando Hernández, a través de sus redes sociales, mediante vídeo, el 7 de abril anunciaba: «En las últimas horas hemos tomado la decisión de reducir las inversiones obligatorias a través del Banco Central de Honduras o lo que le llaman el encaje legal, que hacen los bancos y entidades financieras». Con estas medidas los bancos, las cooperativas y las entidades financieras serán más flexibles y ágiles para prestar dinero en mejores condiciones, con tasas más bajas, por ejemplo, explicó Hernández.
Por su parte, el Banco Central de Honduras (BCH) mediante un comunicado de prensa del 8 de abril indicó: «En el marco del Programa Monetario 2020-2021, en el cual se estableció como medida monitorear permanentemente los impactos del COVID-19 sobre la economía nacional y adoptar de manera oportuna las medidas adicionales, que permitan reducir el impacto en la economía hondureña, el Directorio del BCH aprobó un conjunto de medidas de política monetaria tendientes a continuar flexibilizando las condiciones financieras, facilitando el funcionamiento del sistema financiero y de pagos del país al disponer de liquidez para atender las necesidades de los agentes económicos en estos momentos de alta demanda, y a su vez propiciar el acceso al crédito a los distintos sectores económicos, que ayuden a mitigar el impacto derivado de la pandemia».
Aunque el sector gobierno ya ha declarado dichas acciones, la banca y seguros de Honduras aún no han comunicado que llevarán a cabo estas medidas propuestas por el BCH. Para Escobar, de la ANMPIH, esto es sumamente importante para poder garantizar que la microempresa continúe operando. Considera que la banca debería estar atendiendo durante este período, para que cuando las medidas de restricción sean suspendidas, las empresas ya tengan asegurado el capital para trabajar. «Necesitamos crear nuevas plataformas financieras, que sean disruptivas para que esta población pueda acceder a fondos» indica que los cambios deben ser en paralelo, considerando que la microempresa y pequeña empresa, está lista para trabajar y reinventarse a esta nueva etapa, pero que será imposible sin poder tener una estabilidad financiera que solo la banca puede brindar en estos momentos. La ANMPIH representa el 76 % de la microempresa en Honduras y según sus estadísticas genera alrededor del 70 % a 80 % de empleo incluyendo a trabajadores informales.
Según la encuesta de análisis de resiliencia empresarial ante crisis por COVID-19, en San Pedro Sula, el 31 % de microempresas han tenido que negociar la suspensión de sus empleados en promedio. Estas empresas generaban alrededor de veinte empleos de los cuales, al menos, seis contratos de empleados permanentes han sido suspendidos.
Los invisibles en las estadísticas económicas
Todas estas medidas están alejadas de personas como Gilberto Paredes, quien luego de trabajar 11 años sin contrato formal y sin derecho a seguro social, décimo cuarto y aguinaldo, se ha quedado sin trabajo y junto a él, 34 familias más a quienes les despidieron recientemente de una empresa que se dedica a la producción y distribución de productos de la canasta básica, a través de una contratista. Este despido se da luego de no haber accedido a quedarse hasta el amanecer cargando furgones con producto para exportación. «Nosotros nos quedamos hasta tarde, pero no pudimos quedarnos más, estábamos cansados. Hemos estado trabajando jornadas extendidas y sin que nos garanticen derechos o permisos para andar circulando. El día que nos despidieron llegamos temprano a trabajar y terminar de cargar el camión y lo que recibimos fue esta noticia», relata Paredes.
Los días que Gilberto y sus compañeros estuvieron yendo a trabajar, tuvieron que ingeniárselas para que los retenes militares no les pararan o terminaran detenidos 24 horas por infringir la ley de circulación. Hasta el momento 6 000 hondureños han sido detenidos por no respetar el toque de queda absoluto durante la emergencia por el coronavirus, informó este miércoles el portavoz de la Secretaría de Seguridad, comisionado Jair Meza. En algunas ocasiones, cuenta Gilberto, no les dejaban pasar dentro de la fábrica, porque no llevaban mascarillas y guantes, algo que según él era imposible cumplir cuando hubo escasez de estos productos, apenas tenían dinero para comprar la comida del día.
Trabajos como los que realizaba Gilberto, no están regulados por un contrato de trabajo directo con la empresa, sino que a través de una contratista quién también ha quedado sin trabajo. Gilberto cuenta que en los peores días lo más que lograba generar eran 60 lempiras ($2.5) diarios y en los mejores días 114 lempiras ($4.6), que representaban un ingreso semanal de 800 lempiras ($32.5) para mantener a sus dos hijos y pareja. «Imagínese, tanto tiempo callándome para no perder la única entrada de dinero, callándome que no me daban mis derechos o no había formalidad, yendo a trabajar en medio de todo esto, arriesgándome porque ni implementos nos daban para protegernos, siendo fumigados sin mascarilla, para que el producto vaya bien, rociado de químicos», cuenta mientras hace una pausa larga. El grupo de exempleados ha decidido organizarse para llevar este caso al Ministerio de Trabajo.
El día que conocí a Gilberto, estaba junto a un amigo y su hijo esperando, en su carro de paila, que le dieran noticias de su hermano que había llegado deportado y tenían en cuarentena en un plantel de la 33 calle de San Pedro Sula. «Vengo por mi hermano menor, vengo a ver si me lo dan para que vaya a despedirse de mi otro hermano en mi pueblo. Él está muriendo y no quiere irse hasta que no vea al que vino. Espero que acá me ayuden y pueda pasar los retenes hacia la casa de mis papás», me decía a través de su mascarilla.
Gilberto esperaba a su hermano que había sido deportado en el primer vuelo registrado de Estados Unidos a Honduras, durante el cierre de fronteras. En este primer vuelo hubo 92 deportados quienes fueron puestos en una cuarentena de 14 días en un plantel de la empresa privada Tranycop S.A, en San Pedro Sula y custodiada por militares. El hermano que agonizaba era quien trabajaba con él en Choloma y le habían diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré. «A él esa enfermedad le llegó de pronto. En menos de una semana ya estaba muy mal y en el Catarino (Hospital Mario Catarino Rivas) nunca supieron decir qué era lo que tenía. Decidí llevarlo al Hospital del Valle, para ver qué tenía, pero casi que me salía 200 000 lempiras de hospitalización y sin mucha esperanza de vida. Por eso me lo llevé para el pueblo. Realmente es decepcionante cómo nos toca vivir», relataba mientras se limpiaba el sudor de la frente.
Gilberto me dijo ese día afuera del plantel, que tenía miedo de brindar declaraciones y que cuando estuviera listo me llamaría. Me llamó esta semana al enterarse que luego de estar trabajando 11 años lo despedían sin ningún beneficio. Su hermano trabajaba con él en la misma empresa, murió sin atención de salud con calidad. Gilberto siente que las condiciones en que trabajaba son las que al final mataron a su hermano de manera abrupta.
Protestas, deportados y miedo al virus
El Valle de Sula, en especial ciudades como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, son conocidas por sus altos índices de violencia. Según un informe difundido por medios de comunicación nacional el 4 de febrero de 2020, las ciudades con mayores índices de homicidio eran San Pedro Sula y El Progreso con 27 y 12 asesinatos respectivamente, aunque han reducido durante la cuarentena. En los barrios históricamente excluidos, las normas sociales de los grupos delictivos siguen siendo las que se obedecen, así que si a esto le sumamos que hay un miedo intensificado por la sobreinformación y noticias falsas alrededor del COVID-19, muchos lugares que aún siguen esperando el apoyo del Estado de Honduras, han decidido imponer sus propias reglas.
En el sector Rivera Hernández, pasajes y colonias enteras han decidido regular la entrada y salida de los transeúntes, como una medida de prevención del contagio del virus, para algunas personas que habitan en este sector, los vecinos solo tienen miedo y están confundidos de cómo funciona el contagio. «Acá hay personas que ya tenían enfermedades respiratorias, pero hubo un señor que, seguramente por el estrés, se puso mal del pecho (dificultad al respirar). La gente empezó a decir que ya tenía el virus y que tenían que sacarlo de la colonia, gracias a Dios consiguió una nota médica que decía que él tenía otra enfermedad. Pero la gente se volvió loca, ni siquiera dejaron entrar muertos al cementerio, porque decían que tenían COVID-19 y que preferían meterle fuego antes de dejar pasar gente» relata una joven que, por seguridad, ha decidido no brindar su nombre real y le llamaremos Karen.
Karen, relata lo sucedido el 2 de abril: vecinos del sector Rivera Hernández con palos y piedras bloquearon el paso al personal de COPECO que se dirigía a enterrar a una de las personas fallecidas en el Leonardo Martínez, aduciendo que solo ahí iban a enterrar a las personas que fallecían por la infección. «En efecto hay pobladores de algunos lugares, particularmente de la colonia Rivera Hernández, donde no permiten el ingreso de cadáveres que vengan por muerte de coronavirus, Se ha hablado con estos pobladores para que puedan permitir el acceso a estos cadáveres, pero las autoridades de salud tienen diferentes accesos a otros cementerios y de esa manera se ha permitido enterrarlos en otros lugares», señaló el subcomisionado Hugo Miranda, jefe noroccidental de comunicación estratégica de la Policía Nacional.
En sectores como la López Arellano y Quebrada Seca en Choloma han decidido salir a realizar protestas con bloqueos de calles, quema de llantas y carteles exigiendo apoyo del gobierno y comida. En varios de los rótulos se podía leer «Tenemos hambre», rótulos que desde que inició la cuarentena se han podido leer en diferentes sectores del departamento de Cortés.
Ayer, las manifestaciones terminaron al cabo de una hora, mientras que la de hoy, 10 de abril de 2020, se mantuvo más de una hora y sin acatar las medidas impuestas del toque de queda absoluto. Las personas se aglomeraron en la carretera que dirige a Puerto Cortés, quemaron un vehículo y rodearon un supermercado que pretendían abrir. Ante esto. las autoridades publicaron una nota que decía que los días de circulación o medidas para abastecerse de comida, que se mencionaban en el comunicado de ayer, no eran aplicables para los municipios de Cortés y la ciudad de El Progreso, Yoro. Desde las 8:30 a. m. hasta las 11 a. m. las personas empezaron a ser reprimidas por parte de la Policía Nacional, quienes llegaron con una tanqueta de agua y dispararon gases lacrimógenos.
Archivo: Toque de queda en Choloma como solución a la violencia
Varios vecinos lograron grabar en el momento que los policías le daban persecución a los pobladores que se manifestaban. También el 29 de marzo los pobladores de Aldea El Carmen en San Pedro Sula, se habían organizado para exigir comida al estado de Honduras. Al preguntarle ayer al subcomisionado Miranda, sobre estos posibles saqueos, indicó que las medidas son claras y que no pueden circular, que debemos comprender que la ciudad podría llegar a presentar alrededor de mil casos de COVID-19 diarios, sino se toman las medidas correspondientes.
En la 13 calle del barrio Medina en San Pedro Sula, varias personas se juntaron a recibir la bolsa solidaria que se está brindando con el programa Honduras Solidaria. Se podía observar la molestia y desesperación, ya que no a todos les llegó la bolsa o por la inconformidad de que la provisión no les ajustará para 15 días.
En medio de protestas, patrullajes y demás acciones rutinarias de la Policía Nacional, se están ejecutando varias órdenes de captura por asesinato. Algunas de estas órdenes son de personas que están viniendo en vuelos de deportados de Estados Unidos, según el subcomisionado comisionado Miranda. «Hay personas capturadas en estos vuelos. De igual manera, la Dirección Policial de Investigaciones está trabajando para poder ubicar personas que tengan orden de captura. En ese sentido se están capturando por lo menos dos personas diarias en la ciudad de San Pedro Sula por tener orden captura pendiente por diferentes delitos», manifestó.
Miranda además confirmó algo que hemos preguntado en varias ocasiones a la Cancillería de la república y no hemos obtenido respuesta: alrededor de cuatro a cinco vuelos de deportados, de aproximadamente 100 personas cada uno, están llegando al país en medio de la crisis. Todas las personas a excepción de quienes tienen orden de captura son revisadas por las autoridades correspondientes. Se les llena una ficha y se verifica que no tengan o presenten síntomas de coronavirus para que puedan ser despachados a sus casas. Miranda también agregó que la mayoría de ellas han estado en albergues de tres a cuatro meses antes de ser deportados, por lo que en dichos lugares las autoridades también verifican que no presenten síntomas.
Un reporte de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos, indica que hay, al menos, cuatro migrantes que han dado positivo por COVID-19 en sus centros de detención. Dado lo anterior, organizaciones y familiares han exigido la liberación de los detenidos. Los deportados que han llegado no han sido reportados por las autoridades correspondientes de migración. Desde el primer vuelo de marzo, se solicitaron entrevistas en los lugares claves como el aeropuerto, albergues improvisados, pero no se obtuvieron respuestas. En la mayoría de los casos, quienes atendieron a Contracorriente fueron la policía migratoria y policía militar, que indicaron no tener autorización para brindar declaraciones. De igual manera, se contactó a personal de ACNUR y OIM para conocer su posición ante esta crisis de salud y de migración. Al menos para saber si tenían conocimiento de las condiciones en que se encontraban estas personas. No obtuvimos respuestas, ya que ambas instituciones indicaron tampoco tener información.
Crisis sanitaria ya existente
El sistema de salud en Honduras ya estaba colapsado antes de la pandemia, durante meses en 2019 el sector de educación y salud, iniciaron una serie de protestas ante la posible privatización del sistema educativo y salud. Los médicos en aquel momento junto a estudiantes de medicina que hacían su trabajo social exigían al gobierno mejores condiciones de trabajo, exigían implementos para poder atender con mejor calidad a la población hondureña.
Actualmente los médicos han decidido dividir sus esfuerzos para no dejar de atender otras personas que no estén infectadas con el COVID-19, pero que sí presenten otro tipo de enfermedad. «Los médicos estamos luchando con dos patologías, una es la patología normal como vesículas, hernias, apendicitis, accidentados en motos, carros que no deberían de haber pero hay, han habido como 3 accidentes que hemos atendido , una gran cantidad de cesáreas que siempre existen y estamos luchando contra el COVID. El Hospital Catarino Rivas y el Seguro Social están divididos para atender ambas patologías, y evitar que pacientes que llegan por otras enfermedades o atenciones se infecten. Es preocupante, pero no tenemos otra alternativa porque muchos de los pacientes deben ser vistos en los hospitales, como los hipertensos, diabéticos entre otros. Estamos trabajando en guardias de 12 horas continuas para que el personal de salud no esté expuesto también a la enfermedad del COVID-19», expresa Umaña, haciendo hincapié en que el sector salud está haciendo su lucha, pero que necesita que las personas comprendan la importancia de la cuarentena.
Actualmente, el Seguro Social está realizando alrededor de 50 pruebas diarias. «Nos están llegando bastantes personas. Las pruebas no se le hacen a cualquier persona, ya que se busca primero algo que se llama rasgo epidemiológico, como por ejemplo si ha estado con una persona que estuvo tosiendo, si viene de una ciudad donde el COVID-19 estuvo presente y con ese criterio hemos estado realizando la pruebas rápidas, las confirmatorias, tengo entendido que en el país se están haciendo de 400 a 500 pruebas diarias».
El miércoles 8 de abril, durante una cadena nacional, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), brindaba declaraciones que la población interpretó como un mensaje de que el lunes 12 de abril, algunos comercios se reactivarían. Esto causó una conmoción en las redes sociales y generó que tanto el COHEP como también el titular de Cámara de Comercio de Industrias de Cortés, Pedro Barquero, quien en su cuenta de twitter publicó una encuesta sobre qué pensaban de reactivar la economía hondureña, aclararan que en ningún momento se había pretendido o se había insinuado que se suspende la cuarentena y que los únicos que podían determinarlo eran los profesionales de la salud.
«Honduras va a tener que reactivar esto, lógicamente, pero va a suceder cuando la curva se aplaque, o sea cuando usted empiece a ver que bajen los casos y usted va a poder regresar a trabajar. Lo que se tiene que hacer es poco a poco ir re-incorporando la industria y el comercio informal. La expresión de que el COVID-19 está entre nosotros y se quedó a vivir con nosotros, es correcta, Nos tenemos que acostumbrar a vivir con él, porque mientras no exista una vacuna, que creemos los expertos va a venir como en febrero del próximo año, la humanidad se va a seguir infectando, Se calcula que más o menos el 60 % de la humanidad va a infectarse, de ese 60 % el 7 % va a morir», dice Umaña.
Uno de los factores por los cuales la zona norte ha sido el foco de la epidemia es debido a su actividad comercial. «Hay cientos de miles de personas trabajando en las maquilas y un comercio bastante importante en centros comerciales, pero quizás el aspecto más importante es el comercio informal. Tenemos una gran cantidad de vendedores ambulantes en las carreteras, en las ciudades y bastantes mercados. Esto hace que sea un caldo de cultivo para el virus , la gente se aglomera, son abundantes emprendedores. En cambio en Francisco Morazán, no es así, allí está la sede del gobierno central. Si bien es cierto una cantidad de vendedores, no tantos como acá en el norte del país, y aunque hay centros comerciales también tiene que ver la distribución, no hay tantas plazas como allá y no existen carreteras que conecten tantos municipios como aquí la carretera CA-5», según el doctor Carlos Umaña esto influyó mucho en la toma de decisiones de la cuarentena.
Muchos negocios al inicio de marzo, siguieron abriendo y operando de manera normal, a pesar de que existía una alerta roja por parte del gobierno, una medida que sin duda afectaría posteriormente a la zona norte del país, cuando lo ideal hubiese sido haber restringido la circulación tal cual sucedió en el sur del país.
Ahora, con la mayoría de casos de COVID-19 en Honduras, el Valle de Sula, en medio de la incertidumbre y la sorpresa, cerró sus entradas y salidas. Es verano y en las calles de San Pedro Sula solo se escucha el parlante de la patrulla que da indicaciones para que los vecinos, que salen por las tardes a observar las calles vacías, no estén en grupos. La famosa Tercera Avenida y sus puestos de baleadas 24/7 llevan cerrados un mes. La ciudad no es la misma, el parque lo han tomado policías municipales que no permiten se acerque nadie, ni siquiera periodistas.
Y, aunque no es la misma, en los alrededores de la ciudad, a orilla de la carretera, hay una industria que se resiste a apagarse. Los deportados siguen llegando, los siempre olvidados ahora salen a protestar. Gritan que no los olviden otra vez después de ser sustituidos por uniformados de la policía nacional y militar en las calles donde antes se ganaban la vida.
