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La bolsa solidaria de $20 y la deuda millonaria del Estado ante pandemia COVID-19

El gobierno de Juan Orlando Hernández, autorizó la transferencia de 355,372,000.00 lempiras a las alcaldías municipales por medio de la Secretaría de Finanzas, ya que estas se han sumado a la operación denominada «Honduras Solidaria». Esta campaña se lleva a cabo con el fin de comprar alimentos y equipo de higiene para distribuirlo en los municipios a más de 750 mil familias en hogares de mayor vulnerabilidad, ante la pandemia de COVID-19. 

Referente a este desembolso, la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) ha dicho mediante un comunicado posteado en sus redes sociales, que el gobierno debe enfocarse en los hogares más pobres, atendiendo la indicación de proveer como mínimo 500.00 lempiras ($20) por familia en raciones alimenticias para un periodo de 15 días. También ha solicitado que se integre al equipo de entregas a las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA). Si se revisa el portal donde han subido las transferencias municipales, podemos ver que el número de hogares multiplicado por 500 da como resultado es el total transferido por el programa Honduras Solidaria, es decir, que 500 lempiras es el valor fijo para cada bolsa solidaria, unos 20 dólares. 

«El problema grande que se puede encontrar con las alcaldías, es que no cuentan con una estructura que les permita hacer una distribución transparente. Entonces lo que hacen ellos es tomar listados de su partido político y ya. Además un saco con 500 lempiras de alimentos no va a ser suficiente para poder enfrentar esta crisis que empeora cada vez más», expresó el exregidor del Distrito Central, Cárlenton Dávila, uniéndose a las múltiples voces que exigen una auditoría a la entrega de este presupuesto. 

Rocío Tabora, Ministra de Finanzas, ha dado a conocer que en el marco de la crisis se autorizó un presupuesto de  3,804 millones de lempiras de los cuales ya han sido ejecutados un aproximado de 1,700 millones, sobre todo por la Secretaría de Salud, Copeco e Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) en la compra de equipo médico para atender a la población en general. Además, esta semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó en su plataforma web que las autoridades hondureñas «accederán a recursos por un monto de 143 millones de dólares que se encuentran disponibles bajo el Acuerdo Stand-by (SBA) y el Acuerdo de Facilidad de Crédito (SBA/CFA), aprobado en julio de 2019 por un total de 312 millones de dólares».  

El trabajo del gobierno no deja de ser cuestionado por diferentes organizaciones. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ha hecho un llamado a activar mecanismos de vigilancia social para evitar que se continúen cometiendo actos de corrupción, ya que sostienen que Honduras cuenta con uno de los sistemas de salud pública con mayor precariedad en la región, sin olvidar los actos de corrupción de los que ha sido víctima. El CNA ha presentado 35 líneas de investigación desde 2014 a la fecha y han concluido que 2,100 millones de lempiras fueron malversados, «este dinero pudo ser utilizado para la compra de 100,000 respiradores artificiales», puntualizó en un comunicado divulgado en sus redes sociales. De igual manera, el presidente Juan Orlando Hernández informó en cadena nacional, el pasado 31 de marzo, que este dinero será auditado por organizaciones como el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), representantes de la iglesia católica, la confraternidad evangélica y el Fondo las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Las ciudades que fueron afectadas en los primeros días de la pandemia: Tegucigalpa, Choluteca, La Ceiba, San Pedro Sula, Villanueva y Choloma, serán atendidas de manera centralizada. Es por esta razón que a sus municipalidades no se les deposita ninguna cantidad económica para la emergencia, ya que los alimentos están siendo enviados directamente por parte del gobierno para ser distribuidos por miembros del programa «Vida Mejor» en compañía de las Fuerzas Armadas.

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Son 20 mil raciones las que se distribuirán en Villanueva, Cortés, con un presupuesto de 500 lempiras cada una, según datos brindados a nuestro medio de comunicación por parte del alcalde de ese municipio, Walter Perdomo. 293 Municipalidades son las que han recibido las transferencias, todas con diferentes cantidades, según las necesidades de cada una. Las transferencias fueron realizadas el 31 de marzo para que los alcaldes iniciaran el proceso de compra de víveres y a la vez la distribución de los mismos. 

Una pareja conversa en una banca del parque central de Villanueva en el departamento de Cortés mientras esperan ser atendidos con el alcalde de la ciudad, han llegado para solicitar su ayuda para poder comprar comida y pañales desechables, tienen un familiar enfermo, postrado en una cama, Villanueva, Cortés, 2 de abril de 2020. Foto: Jimmy Girón.

Según datos brindados por el alcalde Perdomo, en Villanueva, Cortés son aproximadamente 25 mil familias afectadas, las cuales viven en calamidad y están sufriendo las consecuencias por esta cuarentena decretada por el gobierno de la república. Estas familias viven del día a día. En este sector el miedo es inminente, hasta la fecha se han contabilizado 24 pacientes positivos de COVID-19, tres fallecidos y 30 que se encuentran en aislamiento por ser contactos directos de los casos positivos. «Es por eso que las autoridades de este municipio hemos hecho una alianza en conjunto con los entes policiales, bomberos, Cruz Roja, Salud pública, la municipalidad y otras organizaciones, para enfrentar esta situación todo con fondos propios de la alcaldía municipal, los cuales son el pago de impuestos de la población», afirma Perdomo.

Mientras tanto, el Distrito Central que también es uno de los municipios más afectados en el territorio y el único en el departamento de Francisco Morazán, cuenta con aproximadamente 1 millón 200 mil habitantes. En algunos sectores de Tegucigalpa, y según el recuento de la organización Aci Participa durante las tres semanas de estado de excepción, se han realizado 41 protestas pacíficas solicitando a las autoridades alimento a los hogares más vulnerables.  Intentamos hablar con el Alcalde Nasry Asfura Zablah sobre el manejo de la emergencia y, aunque es el único autorizado en brindar información sobre el presupuesto y el manejo del programa Honduras Solidaria en la capital, no respondió a nuestras solicitudes. 

Algunas personas protestan exigiendo ayuda del gobierno de Juan Orlando Hernández a la altura del bulevar Fuerzas Armadas en el sector de El Carrizal, Tegucigalpa, 1 de abril de 2020. Foto: Martín Cálix.

Los comités de emergencia Municipal al frente de la alerta roja  

El representante del Comité de Emergencia Municipal (CODEM), del Distrito Central, Mario Reyes, informó que ellos continúan laborando, ya que están distribuyendo de 40 mil a 50 mil galones de agua a diario en la capital. Asimismo realizan el lavado y desinfección en las calles de diferentes sectores como en mercados públicos y privados citadinos, entre ellos el San Isidro, Colón, Las Américas, San Miguel, Quinta y Séptima Avenida de Comayagüela, Los Dolores, San Miguel, Barrio Guanacaste, Jacaleapa, Perisur, la Feria del Agricultor y el Artesano ubicada a inmediaciones del Estadio Nacional y las ferias del agricultor de las colonias Villa Nueva y la Alemán. Han realizado este mismo trabajo en los centros asistenciales de la capital.

El agua que ha sido utilizada para el lavado de calles y centros hospitalarios ha sido extraída de pozos. El líquido que se está distribuyendo es parte del proyecto denominado «Agua para vivir» del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)  para ser distribuido en diferentes barrios y colonias de la capital, según el gerente del CODEM. Se presume que las raciones que serán distribuidas por estas municipalidades incluirán arroz, sardina, azúcar, café molido, frijoles, harina de maíz, harina de trigo, manteca, pasta alimenticia, pasta de tomate, sal yodada, sopa de pollo, cubitos, gel antibacterial, jabón para lavar ropa y jabón para lavar platos.

En Honduras el 70% de la población económicamente activa es parte del comercio informal (el sector más golpeado ante la pandemia), quienes han tenido que abandonar sus trabajos y regresar a casa a la espera de una ayuda del gobierno o de otra mano solidaria que se acuerde de ellos.

Existe miedo por parte de la población. Doña María Ponce, quien reside en el sector de La Lomita, en el barrio La Sosa de Tegucigalpa, tiene dudas sobre quiénes lograrán recibir la ayuda. Ella tiene 68 años y desde hace más de 15 años se dedica a la venta de tortillas en su barrio, uno de los más violentos de la capital. Con este negocio, que se ha visto severamente afectado por las medidas de encierro por la pandemia, ha sostenido a sus dos hijos quienes presentan trastornos psicológicos desde su niñez y necesitan medicamentos que no siempre ha podido proveerles el hospital psiquiátrico Mario Mendoza. Ahora está preocupada que esa bolsa solidaria de apenas 500 lempiras no llegue a su casa. «Yo tengo miedo que a mí no me den una ayudita, porque yo no soy del partido de ellos y las señoras que van a repartir lo que puede llegar aquí, no son mis amigas», expresa doña María. Para ella la distribución de ayudas se trata de un proceso de clientelismo político, del que tenga «cuello» para conseguir algo. 

El bulevar Centroamérica de la capital hondureña luce prácticamente vacío en horas de la tarde, el acostumbrado tráfico en este tramo de la ciudad está casi desaparecido debido al toque de queda producto de la declaratoria de emergencia nacional por COVID19, Tegucigalpa, 31 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Estado con otras prioridades

En los últimos diez años el gobierno de Honduras ha deprimido la inversión en la Secretaría de Salud. En 2010 esta secretaría representaba aproximadamente el 15% del presupuesto general del Estado. En 2020 representa nada más el 11%. Este resultado, más con la confirmación de 264 casos positivos por COVID-19 y 15 muertes por esta enfermedad, denota el colapso del sistema.

Representantes del Foro Social para Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) exigen que las medidas del aislamiento social, para poder prevenir la propagación del COVID-19 en el país, vayan acompañadas con medidas humanitarias. Con esto, se garantiza la alimentación a todas aquellas familias que hoy no cuentan con un empleo que les permita llevar el sustento a sus hogares. Además, condenan la sectorización de estas ayudas ya que solo están abriendo la puerta a una crisis humanitaria que puede llevar a un estallido social. Alejandro Kaffati, miembro de esta institución, enfatiza que el endeudamiento que ha adquirido Honduras a causa de esta pandemia, generará presiones fiscales que puede llevar a una reducción en el gasto social (principalmente educación e infraestructura productiva). 

Ayer, en el Congreso Nacional, se aprobó que la secretaría de finanzas para el ejercicio fiscal 2020-2021 pueda adquirir deudas directas hasta por un monto de 2,500 millones de dólares. Kaffati asegura que es un monto extraordinario y que es preocupante, ya que no existe una instancia veedora que goce de credibilidad por parte de la ciudadanía en medio de esta crisis sanitaria. 

La deuda del Estado de Honduras, a finales del 2019, era de 11,600 millones de dólares, de los cuales, 6,500 millones (aproximadamente) corresponden a deuda externa. Ahora, el país podría registrar niveles de endeudamiento hasta por el 58% del PIB que serían al menos unos 14,243 millones de dólares, principalmente con organismos internacionales, un pago que será trasladado a los contribuyentes que en Honduras, sin un pacto fiscal, seguirán siendo los que menos ingresos tienen. 

En el mercado de la colonia Kennedy de la capital hondureña, un joven intenta vender alcohol en gel en botellas de agua, guantes y mascarillas de tela, insumos médicos que han sido vendidos hasta agotar las existencias en las farmacias del país, Tegucigalpa, 27 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

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