Aproximadamente en un mes se podría conocer el destino del expresidente Juan Orlando Hernández, solicitado en extradición para Estados Unidos por tres delitos relacionados al narcotráfico. Mientras, grupos de simpatizantes salen a las calles a orar por él y acompañarlo. Analistas opinan que difícilmente podrá evadir la extradición.
La opinión de economistas y abogados sobre la derogación de la Ley de empleo por hora está dividida. Hay quienes coinciden en que solo debe revisarse y obligar a la Secretaría del Trabajo a realizar inspecciones para evitar violaciones laborales, y por otro lado están los que sostienen que debe derogarse ante la incapacidad de supervisión estatal. Los que sí muestran una posición clara, aunque antagónica entre sí, son los obreros y los empresarios. Las centrales obreras aseguran que dicha ley debe derogarse porque solo beneficia a los patronos, mientras que los empresarios, por su parte, sostienen que debe mantenerse porque de lo contrario Honduras podría perder más de 350,000 empleos.
El pasado 15 de febrero el Poder Ejecutivo presentó al Congreso Nacional un proyecto para declarar en estado de emergencia fiscal y financiera a Honduras, ese mismo día fue aprobado. Distintos parlamentarios aseguran que el decreto fue ratificado sin la discusión debida, sin embargo, Rodolfo Pastor de María, secretario de la Presidencia, indica que esto era necesario debido a que el Estado de Honduras está en quiebra.
El 15 de febrero de 2021, aproximadamente a las 2 p. m., en un operativo de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Honduras, fue capturado el expresidente Juan Orlando Hernández, solicitado en extradición por Estados Unidos (EE. UU.). Hernández es señalado por los crímenes de tráfico de drogas, tráfico de armas y asociación ilícita. De ser encontrado culpable podría ser condenado a cadena perpetua.
Aunque se anunció un acuerdo interno del partido Libertad y Refundación que daría por finalizada la crisis en el Congreso Nacional, sigue sin estar ratificada legalmente la junta directiva y en el hemiciclo ya se encuentran en discusión y en proceso de aprobación algunos proyectos de ley. La crisis en el legislativo también destapó que aunque Honduras tenga el gobierno de la primera mujer presidenta, son los hombres quiénes están detrás de las crisis, las negociaciones y la violencia política.
El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), fue capturado este martes en su casa de habitación en Tegucigalpa por un grupo de policías hondureños y llevado hacia el Comando de Fuerzas Especiales, después de que Estados Unidos solicitara su arresto preventivo con fines de extradición por cargos de narcotráfico.
Policías rodearon este lunes la casa del expresidente Juan Orlando Hernández después de que la Cancillería de la República informó que EE.UU. solicitó la extradición de “un político hondureño”. Diversas fuentes han confirmado que se trata del expresidente Juan Orlando Hernández. El abogado del exmandatario, Hermes Ramírez, ha confirmado que Juan Orlando Hernández sí se encuentra en su casa y que se pretende darle captura sin la orden de un Juez Natural. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez, convocó de emergencia al pleno de magistrados para conocer la solicitud de extradición realizada por EE.UU.
Anarella Vélez, quien recién fue nombrada por el Gobierno de Xiomara Castro como titular para Cultura, Arte y Deportes, ha sido docente, escritora y, durante años, ha llevado adelante Ediciones Paradiso y el Café Paradiso, ubicado a metros de la Plazuela (El arbolito) en Tegucigalpa. Ahí es donde habitualmente se reunían y se siguen reuniendo muchos de los artistas de la ciudad, donde se presentan libros y donde funciona un pequeño centro cultural. También, allí fue donde vivió, junto con ella durante muchos años, su esposo, el también poeta Rigoberto Paredes (mención honorífica del Premio Casa de las Américas y fallecido en 2015).
Esta crisis se extendió a la aprobación de diversos decretos con vicios de ilegalidad; uno de ellos es un decreto que condena al golpe de Estado, el cual incluye una amnistía para presos políticos y presos de conciencia, entre estos, funcionarios del gobierno del expresidente Zelaya.
El 1 de febrero, el ministro de Educación, Daniel Sponda dio por inaugurado el año escolar 2022. Sin embargo, desde el 31 de enero maestros interinos realizaron protestas en diferentes puntos del país para exigir su contrato permanente y el cumplimiento del decreto 100-2021, que dejó la administración de Juan Orlando Hernández días antes de salir. Asimismo, el magisterio enfrenta otro problema, esta semana se conoció que fondos millonarios del Inprema fueron a dar al proyecto Palmerola, cuestionado incluso por la presidenta Xiomara Castro de constituir un monopolio a favor del empresario Lenir Pérez.
La presidenta Xiomara Castro anunció en su primer día de funciones un subsidio a 1,3 millones de hondureños que consuman menos de 150 kilowatts. Representantes de la clase empresarial manifestaron su acuerdo con la medida, pero piden «formas creativas» para cumplirlo. Hasta ahora la Secretaría de Energía en Honduras permanece acéfala.
Diputados oficialistas que apoyan a Luis Redondo como presidente del Poder Legislativo sesionaron este miércoles en el Congreso Nacional y aprobaron varios decretos que cumplen con algunas promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro. En ese contexto, se aprobó una ley propuesta por el diputado Rasel Tomé, que condena el golpe de Estado, 12 años después de los acontecimientos. Dicha ley incluye un decreto de amnistía que favorece a defensores de la soberanía, tierra y fuentes de agua, pero que también daría impunidad a funcionarios públicos del periodo entre 2006 y 2009, a quienes se les podrían extinguir causas por delitos relacionados con corrupción.
Esta semana comenzó a funcionar el gabinete de gobierno de Xiomara Castro que, si bien es cierto, no presenta nepotismo desde el punto de vista jurídico, ha abierto el debate sobre la ética de nombrar a familiares en puestos claves. Los secretarios del Ejecutivo navegan en medio de una crisis legislativa que se ha extendido desde el 21 de enero y que tiene al esposo de la presidenta –el expresidente José Manuel «Mel» Zelaya Rosales–, entre los principales negociadores.
El pasado 27 de enero, durante su asunción, la presidenta de Honduras prometió la libertad para los defensores del río Guapinol, a quienes calificó como «presos políticos» y esta semana, el Congreso Nacional aprobó un decreto para una amnistía que tiene un amplio abanico de eventuales beneficiados. Múltiples organizaciones nacionales e internacionales, así como expertos en derechos humanos, consideran que este juicio se trata de una criminalización ejecutada por el Poder Judicial, pero orquestada por la empresa Inversiones Los Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez y de su esposa Ana Facussé.
Aunque Leonel Sauceda no pudo desvirtuar el delito de lavado de activos —pues estuvo preso desde hace dos años porque no había podido justificar 13,8 millones de lempiras que circularon en trece de sus cuentas bancarias entre 2006 y 2017—, según el Poder Judicial, el Ministerio Público no pudo comprobar la existencia del delito de malversación de caudales públicos, un delito precedente a la acusación de lavado de activos, por lo que determinó absolver a Leonel Sauceda también del delito de lavado de activos.
Xiomara Castro asumió el 27 de enero como la primera mujer presidenta de Honduras en un emotivo acto repleto de simbolismos que invocaban el regreso del poder popular tras doce años desde el Golpe de Estado en contra de su esposo, el expresidente Manuel Zelaya. Castro prometió respeto a los derechos de las mujeres, energía gratis para los pobres, disminución de los costos del combustible, atención a las necesidades de pueblos indígenas y comunidad LGTBI y la instalación de una comisión internacional contra la impunidad en los primeros cien días de su gobierno. Sin embargo, esas promesas se enfrentan a lo que ella apunta como un país quebrado.
El pasado 9 de enero Pablo Hérnandez, líder indigena y comunicador social, fue asesinado en la aldea de Tierra Colorada, municipio de San Marcos de Caiquín, Lempira. Hernández denunciaba constantemente los actos de corrupción de las autoridades del municipio; entre ellos, la venta de territorios ancestrales y la complicidad de otros líderes indígenas en esto, según fuentes confidenciales. Las autoridades pertinentes aún no presentan avances en la investigación de los autores criminales e intelectuales de su asesinato.
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández -señalado fuertemente por tener nexos directos con el narcotráfico- fue juramentado este jueves como diputado al Parlacen con lo que obtiene prerrogativa, privilegio e inmunidad. Hernández fue juramentado el día de hoy por el presidente del Parlacen a través de una sesión realizada a través de zoom. Esta semana la congresista estadounidense, Norma Torres, recomendó al Departamento de Justicia de EE.UU. extraditar al ex mandatario por tráfico de drogas.
Xiomara Castro se reunió ayer por la noche con Jorge Cálix, quien ha encabezado a un sector del Congreso Nacional opositor integrado por diputados del
El Partido Libertad y Refundación (Libre), ganador de las elecciones presidenciales en noviembre de 2021, también se impuso en las alcaldías de San Pedro Sula, Choloma y La Lima, que estaban en manos del Partido Nacional y Partido Liberal. Pero el proceso de transición no ha comenzado fácilmente.
Ante la crisis legislativa producida por el nombramiento de dos juntas directivas del Congreso Nacional —una liderada por el diputado Luis Redondo del partido Salvador de Honduras (PSH) y la otra encabezada por Jorge Cálix, expulsado del partido Libertad y Refundación (Libre)—, analistas señalaron ayer en un Twitter Space organizado por Contracorriente que se debe solventar este problema a través de un pacto político, pues no existen las condiciones apropiadas en el país para plantear una solución a través de los canales jurídicos competentes.
Los «Castro» salieron hace un mes de Nicaragua huyendo del Gobierno autoritario de Daniel Ortega, pero el camino hacia un lugar que podría convertirse en su refugio en el norte de América ha comenzado lento y con muchas espinas.
Dos juntas directivas del Congreso Nacional fueron juramentadas este domingo en Honduras. Una de ellas, elegida por 79 diputados propietarios a más de 30 kilómetros de la sede del Congreso Nacional. La otra fue elegida en la sede del Congreso sin energía eléctrica y con el respaldo de menos de 50 diputados propietarios con presencia de cientos de ciudadanos. Según algunos analistas, la primera tiene el respaldo legal pero la segunda cuenta con la legitimidad que le da la presidenta electa Xiomara Castro. Este conflicto tendría que ser dilucidado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
En 2020 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por US$50 millones para la contención y respuesta de casos de Covid-19 en Honduras. Con este fondo fue contratado personal médico para combatir el virus en primera línea. Sin embargo, de septiembre a noviembre de 2021 más de 5, 000 trabajadores de la salud fueron despedidos, aún cuando existe un decreto para su nombramiento permanente.
Durante 12 años, el Legislativo contó con el apoyo del Ejecutivo y con la protección especial del Poder Judicial, cuya Corte Suprema de Justicia (CSJ) jugó un papel notorio al proteger a decenas de diputados que fueron acusados por corrupción, lavado de activos o enriquecimiento ilícito por el Ministerio Público. Pero antes de marcharse, los diputados salientes aprobaron una decena de contratos y se aseguraron de blindarse lo mejor posible.
El Congreso Nacional (CN) eligió, con 85 votos provenientes de todas las bancadas, a Jorge Cálix del partido Libertad y Refundación (Libre) como presidente de la junta directiva provisional. Sin embargo, la junta fue promovida en contra de los procedimientos de ley y de los consensos de la dirigencia de Libre que apoyaba a Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras, como parte de los acuerdos previos a la alianza de oposición que ganó las elecciones.
Luego de que el sector magisterial se pronunciara en contra de la inversión de 110 millones de dólares del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) en el proyecto del Aeropuerto Internacional Palmerola ahora pone en manos del nuevo Gobierno de Xiomara Castro definir una nueva ruta para el Inprema.
Han pasado casi dos años desde que la Secretaría de Educación suspendió las actividades académicas tras confirmar los primeros casos de Covid-19 en marzo de 2020. La pandemia obligó al sistema educativo a desarrollarse en la virtualidad en un país con alarmantes índices de pobreza y estancamiento tecnológico; actualmente Honduras figura como el único país en Latinoamérica que aún no retorna a clases presenciales.
El 15 de enero, desde la terminal de buses de San Pedro Sula en Honduras, salió la primera caravana migrante de 2022 . Es un grupo de 600 migrantes. Casi la mitad son nicaragüenses huyendo del régimen de Daniel Ortega.
El pasado 10 de enero, Daniel Ortega tomó posesión como presidente de Nicaragua después de reelegirse por cuarta vez de forma consecutiva en unas cuestionadas elecciones desarrolladas en noviembre pasado. La toma de posesión contó solamente con la presencia de los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández; de Venezuela, Nicolás Maduro; de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de un puñado de representantes de países aliados, entre ellos Rusia y China.
El pasado 5 de enero trascendió en medios nacionales e internacionales un comunicado de la Comisión de Transición del nuevo Gobierno que afirmaba: «Las cuatro barras históricas (del fútbol hondureño) firmaron un compromiso de paz y de trabajo conjunto en la mejora de las relaciones de la juventud fanática del deporte en el país». Sin embargo, tres de los cuatro líderes de estas barras confirmaron a Contracorriente que lo que se logró fue un acuerdo de no agresión para asistir a una reunión en la que expondrían sus necesidades al nuevo Gobierno.
El actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Tito Livio Moreno, concluye este martes su periodo al frente de la institución castrense, por lo que ha anunciado al comandante José Fortín Aguilar como su sustituto. Moreno deja la institución tras dos años en los que incrementaron los señalamientos por el involucramiento de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos en el narcotráfico. Ahora, se tienen las promesas de Xiomara Castro de quitar protagonismo a las FF.AA. en la seguridad pública.
El próximo 27 de enero tomará posesión en la presidencia de la república Xiomara Castro quien ha prometido un Gobierno de unidad y reconciliación. Pero esto dependerá de qué tanto la alianza «de hecho» que firmaron Libre y el Partido Salvador de Honduras (PSH) se mantenga después de definir quién presidirá el Congreso Nacional, si se cumple la promesa de que Salvador Nasralla elija al presidente de ese poder a pesar de que su partido no está logrando una bancada numerosa.
Miembros de organizaciones de sociedad civil en la lucha anticorrupción se reunieron con la Comisión de Transición del nuevo Gobierno para dialogar sobre una posible misión internacional contra la corrupción y los retos que podría enfrentar el Gobierno de Xiomara Castro, como la derogación de leyes que favorecen a la impunidad.
Rocío Walkiria Reyes, se sostiene de pie sobre una plataforma de madera que flota en mar abierto. Saca de su bolsillo una pequeña pastilla blanca, la coloca en su boca y la traga. Ha tenido que llegar hasta allí para tomar una píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) cuyo uso en Honduras está prohibido desde el golpe de Estado en 2009.
Casa Presidencial publicó desde su cuenta de Twitter que «10 personas pueden ir de Palmerola a Miami por lo que se paga desde Toncontín». Sin embargo, el dicho con el que el Gobierno quiere destacar la obra del aeropuerto de Palmerola es falso.
Los representantes de los Gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador no fueron invitados a la Cumbre por la Democracia presidida por el Gobierno de Estados Unidos, en un claro mensaje de rechazo a las medidas autocráticas que han tomado los gobernantes del llamado «triángulo norte». Ahora, con la llegada de un nuevo Gobierno en Honduras, que ha sido recibido local e internacionalmente como una promesa de cambio, el Gobierno de EE. UU. apuesta por Honduras como un aliado estratégico en una región que se le ha salido de las manos.
Andrés Pastrana Arango, expresidente de Colombia (1998-2002), atendió como panelista al Foro Frente a Frente el lunes 22 de noviembre, seis días antes de las elecciones generales en Honduras. Pastrana hizo acusaciones en contra del Partido Libertad y Refundación (Libre) en televisión nacional, asegurando que el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya (2006-2009), trabaja para Petrocaribe.
Roberto Contreras, alcalde electo de San Pedro Sula, ha prometido construir un hospital materno y comprar el edificio de un antiguo hotel para centralizar las oficinas municipales y reducir las pérdidas millonarias que se pagan en concepto de alquiler. Pero la promesa más importante del Partido Libre durante la campaña fue derogar el proyecto de Siglo XXI, la conformación del nuevo Congreso no deja tan claro si será posible su cumplimiento.
Faltando días para entregar el poder, la administración de Juan Orlando Hernández Alvarado ordenó otorgar plazas permanentes a miles de empleados que estaban bajo contratos definidos. No obstante, expertos afirman que de otorgarse estas plazas se estaría incurriendo en responsabilidades administrativas. Por otra parte, el gobierno saliente busca aprobar una ley de protección especial de funcionarios y exfuncionarios en situación de “peligro o riesgo inminente”, que en la escala piramidal tiene a los presidentes del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a los altos mandos de las Fuerzas Armadas.
Xiomara Castro no solo se convertirá en la primera presidenta en la historia de Honduras, ganó las elecciones asumiéndose como una mujer feminista. Meses antes de las elecciones firmó una agenda política de mujeres y feministas, en su plan de gobierno incluyó los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre ellos el aborto por tres causales, lo que produjo una campaña de odio de parte del Partido Nacional. Castro iniciará su Gobierno con todas las esperanzas de las mujeres en ella, frente al desafío de liderar un país aún muy conservador.
El próximo Congreso Nacional de Honduras tendrá cuatro bancadas importantes, las cuales enumeramos en orden jerárquico: Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras (PSH). A pesar de que a nivel presidencial se dio una aplastante derrota al oficialismo, en el Legislativo de 2022 no habrá concentración de poder ni de Libre ni del Partido Nacional. Actualmente hay denuncias de fraude que están favoreciendo al Partido Nacional, lo cual, según algunos analistas, obedece a un arreglo extra electoral.
Al menos diez casos de imputados por lavado de activos ─entre ellos dos involucrados en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), cuatro personas vinculadas a «Los Cachiros» y un exalcalde─ fueron absueltos después de las reformas a la Ley de Lavado de Activos aprobadas en el Congreso Nacional, como un blindaje de impunidad tras revelaciones de «Pandora Papers».
La jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (Moe-ue) en Honduras, Zeljana Zovko, presentó este martes un informe preliminar durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa, capital de Honduras, en donde se destaca que el pueblo hondureño mostró su compromiso con el proceso democrático, a pesar de una gestión «altamente politizada» y una campaña electoral violenta.
Con el 53.13 % de las actas procesadas en su municipio, Leopoldo Crivelli, alcalde de Choloma por cuatro períodos, está siendo derrotado en su búsqueda de un quinto mandato. Por otro lado, en San Pedro Sula, la derrota del alcalde Armando Calidonio parece inminente. La población de estas ciudades afectadas por las tormentas de 2020 se sintieron abandonadas por sus gobernantes y les pasaron factura en las urnas.
Durante toda la jornada electoral solo se hablaba de dos cosas: ganas de cambio y miedo al fraude. San Pedro Sula votó por inercia, pero sin mucha fe en los resultados, lo que muestra la desconfianza en el sistema político. El triunfo de Xiomara Castro desató la euforia en unas calles que se preparaban para el toque de queda y los enfrentamiento
En las cuentas oficiales del Partido Nacional de Honduras informaron este domingo que su candidato presidencial, Nasry «Tito» Asfura, conocido como «Papi a la orden», ganó las elecciones generales. No obstante, el anuncio se hizo a las 5:00 p.m., hora en que todavía no se había comenzado el escrutinio en las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este domingo a través de sus canales oficiales que uno de sus servidores fue atacado. «Está en proceso de investigación la caída de la página web del CNE para la consulta del censo, y en la primera información recibida se refleja un ataque al servidor ubicado en las instalaciones del consejo», indica en su comunicado el máximo órgano electoral.
La página web del máximo órgano electoral de Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE), amaneció caída este domingo 28 de noviembre dejando a la ciudadanía sin información oficial de en dónde ejercer su voto en un ambiente histórico en el que 14 candidatos presidenciales buscan llegar a la presidencia, 128 candidatos buscan un puesto en el Congreso Nacional y en el que además se eligen autoridades en 298 municipios de Honduras.
En la aldea El Calán en Villanueva una bandera azul ondea en lo alto de un árbol de mango. Bajo su sombra hay cuatro casas que fueron entregadas a damnificados por Eta y Iota. Fueron las únicas en un sector donde sus habitantes fueron afectados por las tormentas pero aún permanecen en total abandono. A pocas horas de las elecciones, las familias quebradas de las comunidades afectadas ven su voto con escepticismo y desesperanza.
En el Valle de Sula, la zona más productiva de Honduras, miles de pobladores permanecen en incertidumbre por el resultado de las próximas elecciones. Esta zona fue donde se registraron más protestas tras el fraude electoral en el 2017. Un recorrido realizado por Contracorriente en las ciudades de San Pedro Sula, El Progreso, Pimienta y Villanueva refleja que las personas temen que el caos vuelva y están preparándose.
A tan solo una semana de las elecciones que definirán un cambio de gobierno, el testigo protegido y también imputado por el Caso Pandora, Fernando Suárez, desapareció. Hoy un tribunal de sentencia le dictó orden de captura inmediata y lo declaró en rebeldía, el Ministerio Público, a través de la Dirección del programa de testigos protegidos, sostiene que Suárez abandonó al programa, sin embargo aún no hay un informe que determine qué pasó con él.
A pocos días de las elecciones generales los hechos de violencia política incrementaron en comparación con los comicios generales de 2017. Organizaciones de sociedad civil argumentan que esto no solo afecta a los candidatos a cargos de elección popular, sino a toda la población hondureña.
En Honduras, tanto la Iglesia católica como la Iglesia evangélica han formado parte de la toma de decisiones públicas en el país. Esto marca definitivamente las posiciones de los aspirantes a cargos de elección popular en temas como la educación sexual, la enseñanza de la Biblia en las escuelas y los derechos sexuales y reproductivos.
El pasado 3 de noviembre, la Dirección General de la Marina Mercante anunció un préstamo que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le concedió al Estado de Honduras por 207 millones de dólares, para la construcción del puente vehicular marítimo en el sur del país. La construcción del puente es un paso más de la promesa del Gobierno por convertir a Honduras en el «Centro Logístico de las Américas», sin embargo, para las comunidades, este puente es una amenaza latente.
Los gobiernos de Honduras y Nicaragua firmaron el acuerdo de «Límites Marítimos en el Mar Caribe y aguas afuera del Golfo de Fonseca», suscrito en Managua el 27 de octubre de 2021. Mediante este tratado ambos Estados dan cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Este tratado tiene como objetivo principal «una ruta de paz y prosperidad», sin embargo, los conflictos en el Golfo de Fonseca cuentan otra historia.
El Salvador es sede de la conferencia “Adopting Bitcoin”, un evento con 75 ponentes y unos 600 participantes que se lleva a cabo en el hotel Sheraton, de San Salvador. Este martes 16 noviembre, un grupo de inversionistas extranjeros presentaron en inglés su proyecto de ciudades privadas: pedazos de tierra que se rigen por un contrato y en las que el Gobierno es una empresa, una especie de isla dentro de un territorio que se administra sola y en la que el Estado no interviene. Uno de los inversores dijo que les gustaría trabajar con El Salvador.
Hace ya un año desde que Eta y Iota causaron devastación en su paso por el Valle de Sula, principalmente en cuatro municipios controlados por alcaldes que buscan reelegirse, pero que no contemplan en sus planes de gobierno a estos sectores olvidados. Contracorriente visitó el municipio de La Lima en donde una gran cantidad de personas continúan sin un hogar estable, sin empleo o ingresos económicos regulares. Algunas viviendas fueron reconstruidas con desechos plásticos, madera y viejos trozos de láminas.
El miércoles 3 de noviembre, Ana Paola Hall, consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), en una reunión del pleno, votó en contra de la inscripción de Roberto Contreras como candidato de la alianza municipal en San Pedro Sula, integrada por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH).
En plena campaña electoral, el Gobierno aprobó 1350 millones de lempiras para la entrega del Bono Vida Mejor-Bicentenario, a través del Programa Vida Mejor de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), cuestionada por vínculos con actos de corrupción y por utilizar los fondos con fines clientelistas utilizando a activistas del Partido Nacional, un panorama parecido a las elecciones de 2013 y 2017.
El excapitán de las Fuerzas Armadas (FF. AA). de Honduras, Santos Rodríguez Orellana, fue capturado por el Ministerio Público (MP) en la mañana del 4 de noviembre por supuestos «vínculos con la criminalidad organizada y tráfico de drogas». Santos Rodríguez aspira a la presidencia de la República por el Partido Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (MIDE) en las elecciones del próximo 28 de noviembre.
El 27 de octubre, Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), participó en el foro «Panorama global, tendencias y rol de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción e impunidad en el Triángulo Norte de Centroamérica» que se desarrolló en la ciudad de Washington, Estados Unidos. En la reunión, Castellanos expuso cómo funcionan las redes de corrupción en Honduras y mencionó que el mecanismo que tienen «presenta como principal actor al señor Juan Orlando Hernández», actual presidente de la República.
Falta menos de un mes para las elecciones generales en Honduras, y los desacuerdos entre candidatos a elección popular de distintos partidos políticos crecen, pero si hay algo en lo que todos concuerdan es en no hablar acerca de sus parientes dentro de la política partidista.
El pasado miércoles 27 de octubre, miembros de la Red de Sindicatos de la Maquila Hondureña afiliada a las centrales obreras, se pronunciaron en conferencia de prensa acerca de la construcción de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Ciudad Morazán, que amenaza al sector de Choloma, Cortés, en la zona norte de Honduras.
La alianza municipal de San Pedro Sula —conformada por tres candidatos que lograron ponerse de acuerdo para buscar vencer a Armando Calidonio— tiene pronósticos alentadores, no obstante, está en peligro luego de que se ha anunciado que el dictamen del Consejo Nacional Electoral (CNE) impediría su registro. Mientras tanto, en Tegucigalpa, los principales líderes de oposición de nivel municipal no han podido ponerse de acuerdo y se diluyen las esperanzas para una alianza robusta que busque frenar a David Chávez, quien se posiciona como favorito.
El anteproyecto de la Ley de Casas Refugio en 2018 fue dictaminado por el Congreso Nacional, pero desde entonces no ha entrado en debate. La ley busca que las diez casas refugio existentes en el país tengan financiamiento estatal para funcionar y no sobrevivan solo con la cooperación internacional, esto ocurre a pesar de que en agosto de 2020 el Gobierno aprobó el decreto de emergencia contra la violencia de género, en respuesta al incremento de casos observado durante la pandemia por COVID-19.
Tras dos años de demora desde la fecha original de entrega, este 15 de octubre se realizaron los actos de inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Palmerola. Sin embargo, la terminal aérea aún no está lista para iniciar operaciones, y ahora se emitió un decreto ejecutivo para asignar más recursos que no fueron pactados en el contrato y que supuestamente ayudarán a acelerar la puesta en marcha del proyecto.
El 9 de octubre la Policía Nacional anunció en medios de comunicación que la diputada Olivia Zúniga Cáceres, había sido víctima de un atentado en su vivienda. Horas después aclaraban haber detenido a un hombre que era su pareja sentimental y cuestionaban la denuncia inicial. La diputada Zúniga días posteriores publicó un vídeo en redes donde muestra haber sido víctima de violencia doméstica y denuncia la filtración de información falsa, que la puso en riesgo. Para analistas, el caso de la diputada muestra una revictimización múltiple tanto por ser mujer, como por participar en la vida política del país.
La noche del miércoles 13 de octubre llegaron 11 buses transportando migrantes deportados que viajaron en un avión de Estados Unidos a México y luego en un bus hacia la frontera de Guatemala con Honduras. Llegaron y nadie del Gobierno estaba para registrarlos. De acuerdo con organizaciones no gubernamentales que reciben a los deportados en la frontera, desde mediados de septiembre cada noche llegan entre 250 y 450 deportados procedentes de Estados Unidos.
La alianza «de hecho» entre los partidos Libertad y Refundación (Libre), Innovación y Unidad (PINU) y Salvador de Honduras (PSH), anunciada el 13 de octubre, cambia las posibilidades electorales en noviembre. La alianza es de hecho porque los tiempos para que fuera legal concluyeron hace 140 días. A pocas semanas de las elecciones generales, aún quedan interrogantes sobre cómo integrarán los planes de gobierno de tres partidos que tienen propuestas muy diferentes.
Esta madrugada, la diputada del Partido Libre Olivia Zúniga, hija de Berta Cáceres (asesinada en marzo de 2016) denunció un atentado contra su vida. Su esposo fue detenido por el hecho que ocurrió a pesar de que Zúniga Cáceres tiene medidas de protección y debía estar custodiada por la Policía Nacional. Apenas habían pasado unas horas desde que el candidato a alcalde de Yusguare por el mismo partido, Nery Reyes, fuera asesinado en Choluteca.
Apenas cinco días después de que se revelaron los Pandora Papers en Honduras, en una sesión cuestionada por diputados de oposición, el Congreso Nacional aprobó reformas a la Ley de Lavado de Activos. Una de ellas define como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a organizaciones de sociedad civil que realizan veeduría, investigación, evaluación o análisis de la gestión pública y otras quitan potestad al Ministerio Público de investigar corrupción.
Pese a que el Partido Libertad y Refundación (Libre) y la Unidad Nacional Opositora de Honduras (Unoh), presentaron sus propuestas de gobierno, la propuesta de despenalización del aborto es la que ha copado espacios en la agenda nacional.
El presidente Juan Orlando Hernández usó su investidura y la mayor parte de su tiempo en los discursos ofrecidos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Celac para defenderse de las acusaciones por narcotráfico que se hacen en su contra en tribunales de EE. UU. Esto hace ver al mandatario como un personaje «cobarde», «egoísta» y «demagógico» que se defiende en el lugar equivocado, coinciden analistas.
Honduras y Centroamérica conmemoraron el pasado 15 de septiembre, 200 años de la separación de la Corona española. Pero contrario a lo que debería ser una fiesta, miles de ciudadanos en varios puntos de Honduras salieron a manifestar, entre otras cosas, que no somos totalmente independientes y a externar su preocupación por la instauración de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el lunes 6 de agosto la adjudicación del contrato con Smartmatic, empresa que se encargará del sistema biométrico para las elecciones generales de noviembre, sin embargo, a pesar de la preparación electoral, el voto de más de un millón de hondureños sigue en riesgo.
La Secretaría de Salud, Sesal, le negó a Contracorriente el contrato con la farmacéutica Pfizer amparándose en el decreto aprobado el 7 de septiembre sobre la reserva de la información en compra de vacunas, pero la solicitud se había realizado el pasado 6 de agosto.
Las estadísticas muestran que Honduras es un país sin oportunidades de empleo y ahora el Gobierno, a través de las ZEDE o zonas de empleo (como las llaman en medios de comunicación y comparecencias), promete que solucionará este problema.
En medio de las irregularidades que envuelven a Inversión Estratégica Honduras (Invest-h), su presidente comisionado, José Ernesto Leva, recibió del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) tres reconocimientos por «cumplimiento en un 100 % en la información que de oficio debe publicar en sus portales de transparencia».
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facussé, conversó con Contracorriente sobre el panorama político del país de cara a las elecciones de noviembre 2021, y también externó su opinión sobre las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Este lunes en Tegucigalpa, sindicatos y organizaciones de sociedad civil aglutinados en la Convergencia contra el Continuismo, realizaron una protesta multitudinaria sin precedentes desde el inicio de la pandemia. La consigna fue el rechazo a las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE). En otras ciudades del país también hubo acciones.
El pasado 23 de agosto inició el juicio público contra 6 de los 16 implicados en el caso de la concesión del Río Gualcarque en Intibucá. Este se considera la continuación de la lucha de la líder indígena y activista ambiental Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016.
El Congreso Nacional aprobó, en cuestión de minutos y sin mostrar los votos, una serie de contratos y préstamos que han sido catalogados como dañinos para los intereses ciudadanos. Diputados opositores que no se conectaron a la sesión virtual denunciaron que no hubo cuórum y que existió usurpación de funciones.
Aunque la criptomoneda se está abriendo paso en varios países, incluído El Salvador (el primero del mundo en autorizar su curso legal) la implementación en
Diversas instituciones se han pronunciado en contra de los hechos de violencia política dados en el acto de apertura que realizaba el Consejo Nacional Electoral para el sorteo de posiciones en la papeleta electoral. Estos hechos resultaron en la invasión del espacio destinado para el evento por parte de activistas del Partido Nacional, y la posterior militarización del sorteo.
La Corte-idh se opone a la reelección presidencial indefinida y establece que es contraria a la convención y declaración americana. El doctor Joaquín Mejía dice que los exmagistrados que la permitieron deben ser investigados criminalmente, que la reelección de Juan Orlando Hernández fue ilegítima y la nueva Sala Constitucional debe revertirla.
El Poder Legislativo recientemente promovió una reforma al Artículo 1 del Decreto Legislativo 10-2015, que avala la utilización de los fondos de pensión de los institutos de previsión nacionales públicos y privados para invertirlos en generación de energía en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Los contagios siguen en ascenso en todo el país, los centros hospitalarios abarrotados y aproximadamente solo el 10 % de la población elegible ha completado su proceso de inmunización. Mientras tanto, la Secretaría de Educación impulsa un regreso a clases semipresenciales.
Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) abarcan cada vez más territorio hondureño. A casi tres meses de las elecciones generales, tres partidos políticos aseguran estar en contra de su desarrollo, sus propuestas concretas para desarticularlas dependen de ganar el Poder Legislativo y el Ejecutivo en las próximas elecciones.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) denunció a la Empresa Energía Honduras (EEH) por incumplimiento de contrato en el componente de distribución y flujo. Su objetivo era la reducción de pérdidas de la estatal y cinco años después, en lugar de reducirse, han aumentado.
El Proyecto Identifícate, en ejecución desde 2019, planeaba el enrolamiento masivo de 5,5 millones de hondureños en edad para votar en las generales de noviembre, sin embargo, con las elecciones a la vuelta de la esquina 1,7 millones de los documentos aún no han sido entregados.
De enero a junio de 2021 no se reportó ningún muerto por COVID-19 en la aldea San Antonio, municipio de Sulaco, zona norte de Honduras. Pero a partir de julio, los contagios y muertes aumentaron. Desde entonces han fallecido, en promedio, un total de seis personas a la semana, la mayoría en la aldea, a pesar de que esta solo cuenta con 7000 habitantes.
Carolina Echeverria, candidata a diputada por el Partido Liberal de Honduras para el departamento de Gracias a Dios, fue asesinada en su casa, ubicada a dos cuadras de Casa Presidencial en Tegucigalpa, la noche del domingo 25 de julio. Este crimen oscurece el panorama electoral por la gran influencia que ejercía Echeverría, y por ser alguien que incluso llegó a ser considerada parte de la familia de Yani Rosenthal, actual aspirante a la presidencia por los liberales.
Las denuncias por la politización de vacunas por parte del Partido Nacional se han agudizado en Honduras. Pero no solo se está denunciando el mal accionar del Gobierno central, también el de algunos alcaldes que están aprovechando la situación para obtener simpatías y traducirlas en votos en las elecciones generales, programadas para el último domingo de noviembre.
El pasado miércoles 28 de julio, Contracorriente, con el apoyo de la Seattle International Foundation (SIF), presentó la plataforma web Abriendo Datos Honduras. En esta se encuentran datos e información de carácter público relacionados con contrataciones públicas, concesiones mineras y financiamiento de partidos políticos.
Durante el foro virtual ¿Cómo es la libertad de expresión en Honduras?, se presentó el manual La regulación de la libertad de expresión en Honduras, con la presencia del abogado Edy Tábora, autor de dicho documento. En este manual se aborda todo lo relacionado con los contenidos protegidos y no protegidos, y se explica cuáles son las herramientas disponibles para exigir información pública, que usualmente es negada.
Un grupo de diputados del Congreso Nacional, todos afines al Partido Nacional, modificaron un dictamen enviado por el CNE y propusieron que solo su representante en esa institución pueda dar resultados el día de las elecciones, también amenaza con cárcel a los demás consejeros que se atrevan a dar resultados preliminares.
Asciende constantemente la incredulidad en la población hondureña sobre el manejo de contagios de COVID-19 por parte del Gobierno de la República. Para el plan de contención de la pandemia se han aprobado presupuestos millonarios en el Legislativo, sin embargo, se han cerrado 109 de 298 centros de triaje a nivel nacional en los últimos meses.
Un niño hondureño de dos años fue encontrado abandonado en México el 28 de junio. Viajaba con su padre, un campesino de 27 años, que apenas ganaba para sobrevivir. No se sabe cómo fueron separados, pero el niño ya fue deportado y su padre sigue preso en México.
Todos los días, estos hombres tienen que presentarse a las 7 a. m., aunque no saben la hora a la que saldrán. Durante años no se atrevieron a reclamar y se conformaron con trabajar en condiciones infrahumanas. Ahora preparan una demanda.
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