De 185 postulantes, 105 aspirantes continúan en la carrera por llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La Junta Nominadora, debido a su poca independencia presupuestaria, ha tenido que delegar en la Superintendencia la realización de las pruebas toxicológicas, psicométricas y los estudios socioeconómicos. El proceso ha estado manchado por el escándalo de la filtración de las respuestas de los exámenes de conocimiento, plagado de trabas en la emisión de constancias y marcado por el enorme filtro del notariado.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
Es viernes 28 de octubre y el secretario de Transparencia de Honduras, Edmundo Orellana Mercado, es uno de los invitados para hablar sobre democracia en el Foro Centroamericano de Donantes 2022 que se lleva a cabo en Tegucigalpa.
Cuando le preguntan al ministro Orellana cómo contrarrestar la desconfianza en una población que no confía en las decisiones tomadas en el Congreso Nacional —sobre todo cuando está próxima la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2023-2030— el ministro lanza una modesta respuesta: «Se ha avanzado».
El recuerdo más fresco que tiene la ciudadanía hondureña sobre cómo el Congreso Nacional elige altos funcionarios está impregnado de patadas, gritos, insultos y amenazas de muerte. Fue en enero de 2022, cuando se escogió a la actual Junta Directiva del Congreso Nacional con menos de los 65 votos que manda la Constitución.
Los diputados, sin escarmientos, escogieron más tarde al Procurador General de la República, saltándose otra vez la Constitución y colocando en ese cargo a un abogado del bufete del diputado Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional que fue incluido en la Lista Engel por actos de corrupción pública.
Orellana —el primer fiscal general que tuvo Honduras— ha venido repitiendo desde hace varios días que su esperanza no radica en los diputados, sino en la Junta Nominadora. Fue Orellana el encargado de convocar a la Sociedad Civil para que escogiera a sus dos representantes (titular y suplente) que forman parte de la Junta Nominadora junto con representantes del Colegio de Abogados, Centrales Obreras, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Claustro de Derecho y de la Corte Suprema de Justicia.
Pero en la Junta Nominadora no dejan de existir conflictos de interés, hay nominadores y aspirantes a magistrados de la Corte Suprema con estrechas relaciones de afinidad o amistad. Por esa razón, existe un reglamento que ordena a los nominadores recusarse en el caso de que les toque puntuar a candidatos cercanos.
Adjuntamos el listado de las personas que siguen en el proceso, aprobando las tres pruebas reguladas en el art. 17 de nuestra Ley. pic.twitter.com/v7cX55qmHO
— Junta Nominadora de la Corte Suprema de Honduras (@JNominadoraHN) November 19, 2022
De 185 postulantes que se postularon desde un inicio —53 mujeres y 132 hombres—, solamente 105 quedan vigentes, según informó el pasado 20 de noviembre la Junta Nominadora. Los anteriores quedaron en el camino tras la revisión y análisis documental, las pruebas toxicológicas y psicométricas, y finalmente, las pruebas de conocimiento.
Filtración de información confidencial
El martes 15 de noviembre, el abogado peruano y exvocero de la extinta Misión de Apoyo Anti Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) Juan Jímenez Mayor, observador internacional del trabajo de la Junta Nominadora, se mostró más optimista que nunca: «Este proceso de selección de magistrados a la Corte Suprema Justicia de Honduras es el más transparente de la región», decía Jiménez Mayor, tras conversar públicamente con varios miembros de la Junta Nominadora.
Un día antes, el 14 de noviembre, la Junta Nominadora había aplicado las pruebas de conocimiento a los aspirantes a magistrados y, al no contar con la capacidad técnica ni tecnológica, tuvo que recurrir a utilizar la plataforma de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Junto a Jiménez Mayor, también observaban el trabajo de la Junta Nominadora los abogados Edison Lanza, exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Claudia Martin, codirectora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y profesora residente de la Facultad de Derecho de American University (Washington D.C.).
Pero el entusiasmo de Juan Jiménez se fue debilitando poco a poco en la medida que algunos periodistas le hacían preguntas, como por ejemplo, ¿qué pensaba él de que la Secretaría del Congreso Nacional, por ley, debía tener una copia de los expedientes de los aspirantes mucho antes de tener en sus manos el listado final con por lo menos 45 candidatos?
El artículo 16 de la Ley de la Junta Nominadora establece: «(…) La Junta Nominadora deberá remitir a la Secretaría del Congreso Nacional copia de cada solicitud y documentos presentados por los postulantes, dicha remisión se hará al día siguiente hábil de su recepción».
En julio pasado, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, —hermano del expresidente Mel Zelaya— afirmó que como políticos «nunca vamos a esconder nuestra preferencia política; de frente decimos que vamos a defender a esos funcionarios que van en esa dirección, a postularse como candidatos de la Corte Suprema de Justicia».
El aspirante Luis Miguel Lara Hernández interpuso un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, argumentando que él solicitó revisión de su examen al igual que otras 21 personas a las que les aparecieron preguntas de selección múltiple sin opciones para responder correctamente.
La Junta Nominadora había informado el 18 de noviembre que —de las 22 quejas que se presentaron— solamente «una cumplió con los requisitos para el cambio de nota».
Otro incidente relevante se registró el martes 22 de noviembre, cuando la secretaria de la Junta Nominadora, María Elena Sabillón, denunció públicamente que durante la madrugada «abrieron su carro, moviendo sus objetos personales, en aparente búsqueda de documentos o su computadora, dejando todas las puertas abiertas y sin que falte dinero u otros objetos de valor».
Filtración de preguntas
El 17 de noviembre la Junta Nominadora recibió un duro golpe. Algunos postulantes a la Corte Suprema denunciaron que, antes de la aplicación de los exámenes de conocimiento, se habían filtrado las respuestas del banco de preguntas.
En las redes sociales circulaban 24 imágenes que contenían preguntas y respuestas en formato de selección múltiple. En cada imagen aparecían las respuestas correctas marcadas en color amarillo.
Tomás Andino, suplente de sociedad civil ante la Junta Nominadora, expresó en ese momento —según una nota que fue publicada en el estatal Canal 8 y posteriormente borrada— que se estaba investigando la filtración «ante dicha evidencia pública»; agregaba que se procedería a hacer «una depuración interna» y advertía sobre la posibilidad de que los exámenes se repitieran.
Durante ese momento, en la radio y televisión nacional se debatía también la posibilidad de que el Congreso Nacional disolviera la Junta Nominadora y escogiera directamente a 15 magistrados.
El aspirante Wilfredo Guevara, de 60 años, quien quedó fuera del proceso, reveló a Contracorriente que la filtración se dio antes de que se sometieran al examen. Agregó que «muchos» notarios lograron «obtener» y mantener en «su poder la filtración» de estas preguntas antes del examen.
«Preguntas que me salieron en las pruebas las conocí hasta después en un chat que me mandaron. Preguntas taxativas que estaban en el banco de datos», dijo Guevara a Contracorriente.
Una fuente de adentro de la Junta Nominadora aseguró a Contracorriente, en condición de anonimato, que la filtración se hizo hasta después de realizadas las pruebas y que probablemente se denunció eso para anular el proceso y repetir los exámenes para favorecer a candidatos cercanos a los partidos políticos que salieron aplazados en la prueba.
El presidente de la Junta Nominadora, Mario Urquía, manifestó el lunes 21 de noviembre que se conformó una Comisión para investigar lo sucedido. Agregó que esta será presidida por Olban Valladares, representante del Cohep.
Tomás Andino, aunque en principio contemplaba la posibilidad de repetir las pruebas, se retractó de sus declaraciones iniciales y dijo que lo se filtró es «algo viejo, no actual», además sostuvo que no existe forma de repetir las pruebas de conocimientos.
El artículo 27 del reglamento establecía que la calificación de aprobación en el examen escrito era del 75 %, sin embargo, en el caso de que el número de personas postulantes que aprobara hubiese sido inferior a 60 personas postulantes, se tomarían las notas dentro de un rango entre 65 % y 74 %.
El criterio de evaluación «idoneidad y la capacidad técnica» representa el 55 % del puntaje total en la matriz evaluadora, mientras que la «ética personal» tiene un puntaje de 20 % y la «integridad personal» un 25 %.
La matriz de evaluación técnica fue modificada en el Congreso Nacional, en el mes de julio, cuando los diputados estaban discutiendo la ley.
El dictamen inicial estipulaba que los porcentajes de evaluación estarían repartidos en un 30 % a la integridad personal y profesional, un 40 % a la ética profesional, y un 40 % a la idoneidad y capacidad técnica.
Con las modificaciones —tras las sugerencias del presidente Luis Redondo— la idoneidad y capacidad técnica se elevó hasta el 55 %, dejando casi todo a la suerte del examen de conocimientos.
A los aspirantes se les dio un temario bastante general, lo cual puede comprobarse en el portal de acceso a la información pública.
El 18 de noviembre, en una entrevista concedida a varios medios de comunicación, antes de abandonar Honduras, Juan Jiménez Mayor —quien no fue recibido en el Congreso Nacional— dijo estar preocupado por las denuncias sobre la filtración: «Me voy un poco preocupado por lo que ha acontecido, pero espero que la Junta Nominadora pueda dar señales claras de lo que está ocurriendo».
Tratos preferenciales
El sábado 12 de noviembre —en un evento no programado— cuatro aspirantes a magistrados estaban reunidos con varios miembros de la Junta Nominadora, lo que causó asombro porque la reunión se daba justo en el momento en el que miembros de la Junta estaban estaban preparando las pruebas de conocimiento que se aplicarían dos días después, el lunes 14 de noviembre.
El vocero de la Junta Nominadora, Josué Padilla, en un intento por calmar las aguas, dijo al medio de comunicación Hoy Mismo que estaban en reunión cuando de pronto aparecieron miembros de La Unión de Notarios a consultar si podían ser atendidos porque tenían algunas dudas con respecto a la «logística del examen, el parqueo y otras inquietudes».
La Junta Nominadora no los debió recibir; esto es intromisión. ¿Inhabilidades para los autopostulantes que no respetan el proceso legal? pic.twitter.com/CJZK61dPh0
— Claudia Herrmannsdörfer (@claudia_ejdh) November 13, 2022
Entre los aspirantes que estuvieron ese día en esa reunión estaban María Elena Bonilla Galindo, Milton Jiménez Puerto y Fredis Alonso Cerrato Valladares. Todos estos lograron aprobar sus exámenes de conocimiento.
María Bonilla, en marzo pasado, lideró el equipo de defensores del expresidente Juan Orlando Hernández cuando éste permanecía encarcelado a la espera de su extradición a EE.UU.
Fredis Cerrato es el actual director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y en el pasado fungió como ministro de Industria y Comercio durante el Gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009).
Milton Jiménez Puerto es el notario que solicitó la aplicación del decreto de amnistía en favor de Enrique Flores Lanza, asesor presidencial del Ejecutivo con un salario mensual superior a los 80,000 lempiras. Lanza tenía un proceso judicial abierto acusado de haber sustraído cerca de 40 millones de lempiras en efectivo de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) cuando fungía como la mano derecha del expresidente Manuel Zelaya.
Flores Lanza es un político de interés público. Fue quien revisó, en secreto, el decreto de amnistía que se le aplicaría a él mismo. En el proceso actual, hay dos abogadas cercanas al asesor presidencial Enrique Flores Lanza que todavía aspiran a convertirse en magistradas de la Corte Suprema: su hermana, Tirza Flores Lanza, y su esposa, Sonia Dubón.
La enorme influencia de la Superintendencia: pruebas psicométricas dejaron fuera a 17 aspirantes
Entre los temas que mayor tiempo tomó debatir a los miembros de la Junta Nominadora fue el tema de las pruebas toxicológicas y psicométricas.
El acta correspondiente al 12 de octubre muestra que Julissa Aguilar solicitó que se consignaran los nombres de las personas que se habían reunido con la Junta Nominadora, entre estos estaba una comisión de OACNUDH y las psicólogas de la Corte Suprema.
Había preocupación y mucho debate por la discrecionalidad y sobre quién tomaría el control de las pruebas toxicológicas y psicométricas.
En el acta del 22 de septiembre, el representante del Cohep, Olban Valladares, pidió la palabra y señaló que muchas personas toman medicamentos por enfermedades preexistentes.
Ese mismo día se mencionó la «posibilidad de realizar las pruebas en un laboratorio privado», pero Tomás Andino afirmó que eso es peligroso por los fraudes en los laboratorios privados.
Helui Castillo y Gustavo Solórzano rechazaron el argumento de Tomás Andino, coincidiendo en que «no creen que los laboratorios se sometan a fraudes, y perder su prestigio y reputación». Karol Bobadilla (asistente de la Secretaría Adjunta, propuesta de sociedad civil), sugirió que se juramentara a alguien de Medicina Forense para que verificara la confiabilidad de dichos laboratorios privados.
Martha Dubón, representante de Sociedad Civil ante la Junta Nominadora, dijo a Contracorriente que las pruebas toxicológicas finalmente quedaron en manos de la Superintendencia para la aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza. Explicó que esta es una instancia de la Secretaría de Seguridad.
El artículo 17 de la Ley de la Junta Nominadora permite hacer la solicitud de cooperación a la Superintendencia —un órgano del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS)— que «se pondrá a disposición de la Junta de manera inmediata e incondicional» pero se aclara que la Superintendencia «no estará sujeta a la Ley General de la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza», pues en su normativa aparte de las pruebas socioeconómicas, patrimonial, psicométricas y psicológicas también contemplan pruebas de polígrafo, esta última descartada.
El pasado 1 de septiembre, la presidenta Xiomara Castro, reunió por primera y, hasta ahora, única vez, al CNDS, un órgano que tal y como está propuesto violenta la Constitución de la República al superponer al Ejecutivo sobre los demás poderes, Legislativo y Judicial, que quedan subordinados a la figura presidencial del Ejecutivo.
Una nota previa de Contracorriente, explica que tras conversar con diversas fuentes sobre cuál fue el motivo de la reunión urgente, las respuestas se limitaron a señalar que existía la necesidad de hacer cambios o de actuar para lograr el funcionamiento de algunas instituciones que dependen del CNDS.
En la reunión del último Consejo, la presidenta Xiomara Castro hizo cambios en el CNDS. Nombró al director y al subdirector adjunto de la DNII, los comisionados Raúl Mejía Erazo y Ángel Josué Luque, respectivamente.
El comisionado Mejía Erazo pasó a sustituir al comisionado Alex Edgardo Madrid Padilla en la dirección de la DNII. Por su parte, el comisionado Raúl Mejía Erazo se había venido desempeñando como el jefe de Protección y Servicios Especiales de Casa Presidencial durante la nueva administración, pues a mediados de febrero fue designado en ese cargo por el titular de la Secretaría de Seguridad, Ramón Sabillón.
«La Superintendencia es la que va a realizar pruebas psicológicas y psicométricas, esta es una parte muy importante que se discutió mucho. Acudimos al Colegio de Psicólogos, a Barra de Psicólogos privados, a la misma carrera de Psicología de la UNAH, y por último que apareció la Superintendencia diciendo que ellos habían aplicado las pruebas en el período anterior y, más que todo, también por una cuestión de tiempo y costos; la Superintendencia fue el único que nos propuso entregarnos en tiempo y forma los resultados y prácticamente solo tenemos un espacio de 10 días hábiles para aplicar las pruebas y ver los resultados», explicó Martha Dubón.
“La prueba toxicológica no es el problema porque esa se entrega en el mismo día el resultado, sino la psicométrica por las valoraciones psicológicas que hay que hacer (…) nosotros no vamos a decir nombres de los que salieron reprobados por estas pruebas, vamos a dar datos generales para no exponer asuntos personales”: Martha Dubón.
La participación de la Superintendencia finalmente fue determinante: 17 aspirantes quedaron fuera del proceso al no superar las pruebas psicométricas, a pesar de que 11 de ellos habían superado las pruebas de conocimiento.
El vocero de la Junta Nominadora, Josué Padilla, según Proceso Digital, indicó que 17 personas de los 174 postulantes no superaron las pruebas psicométricas aplicadas por la Superintendencia; aunque aclaró que ninguno de ellos resultó reprobado en las pruebas toxicológicas.
Pruebas socioeconómicas en manos de la Superintendencia
Pero la tarea de la Superintendencia no terminó con la aplicación de pruebas psicométricas y toxicológicas, sino que se extiende ahora a los estudios socioeconómicos que deberá realizar a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema.
La Junta Nominadora informó que las 105 personas postulantes que continúan en el proceso serán sometidas, desde el lunes 21 de noviembre, a un estudio socio económico que consistirá en entrevista personal, visita domiciliaria e investigación en bases de datos y fuentes abiertas.
“La entrevista se llevará a cabo en las instalaciones de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, en el edificio de la División de Certificación de Confianza”, informó la Junta Nominadora.
1/4 Comunicado sobre la metodología de la fase de investigación socio-económica. pic.twitter.com/zAnvVsWTZd
— Junta Nominadora de la Corte Suprema de Honduras (@JNominadoraHN) November 20, 2022
Los parentescos y los aspirantes militantes
El pasado 18 de julio, el Congreso Nacional eliminó —a la medianoche y con polémica— varios incisos del artículo 15 de la propuesta original para la nueva ley en donde se establecía que los candidatos autopostulados no debían tener «vínculo de parentesco en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros de la Junta Nominadora, con diputados del Congreso Nacional y altos funcionarios del Estado».
Además, la propuesta original inhabilitaba a los aspirantes a magistrados en el caso de ser miembros activos de un partido político o de haberlo sido en los dos años anteriores a su autopostulación. Todo eso se borró de la Ley que finalmente se aprobó.
Los diputados también suprimieron otro obstáculo: si algunos de los aspirantes a magistrados hubieran sido condenados por delitos dolosos, por violencia doméstica o por incumplimiento de deudas alimentarias, igualmente quedaban fuera, sin embargo, los congresistas agregaron la palabra «sentencia firme», lo que, con la mora judicial e impunidad existente en Honduras, tarda muchísimo tiempo en concretarse.
Finalmente, el artículo 15 de la Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora abrió la puerta para que magistrados militantes de partidos políticos, funcionarios públicos y hasta condenados (sin sentencia firme) se autopostularan a la Corte Suprema.
Lo anterior gracias a una sugerencia del diputado y jefe de bancada de Libre, Rafael Sarmiento —familiar de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento.
La propuesta original para la aprobación de esta ley fue enviada desde el Poder Ejecutivo y elaborada con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) junto con el titular de la Secretaría de Transparencia, el ministro Edmundo Orellana.
El 30 de octubre, faltando un día para que cerraran las autopostulaciones, Martha Dubón dijo que aplicarían «la ley tal cual, así como se establece; va a ser un tema de mucha discusión, porque esas inhabilidades del artículo 15 no podemos sobrepasarlas».
Martha Dubón agregó que en el reglamento se reafirmaron algunas posturas con el objetivo de mantener algunos principios que la ley traía ya de fondo, pero afirmó que «lastimosamente la ley no fue aprobada tal cual como se hubiese querido; estamos tratando de mantener al pie de la letra lo que la ley establece», expuso.
El director para asuntos centroamericanos de la Seattle International Foundation (SIF), Eric Olson, dijo a Contracorriente que en casi todos los países los procesos de selección de magistrados y jueces son muy complicados y hay muchas presiones, pero lo idóneo, afirmó, «es que haya un proceso basado no en alianzas políticas sino en base a las calificaciones de cada candidato».
Olson expuso que «todo es una negociación política y por eso la prensa independiente, la sociedad civil, los ciudadanos, todos, tenemos que velar para que eso no ocurra, que no vuelva pasar ni en Honduras ni en ningún otro lado».
Además, agregó que la ONU está observando cómo proceden estos procesos de selección tanto de magistrados como del próximo fiscal general, porque la comunidad internacional no va a llegar a Honduras «a solucionarlo todo».
El Director en Honduras del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, por sus siglas en inglés), Luis Daniel León —quien ha sido veedor de este proceso—, dijo el lunes 14 de noviembre a Contracorriente que a su juicio la Junta Nominadora ha hecho «un muy buen trabajo», tratando de cumplir con los cronogramas y los tiempos establecidos de forma correcta.
“Creo que este proceso ha sido un poco mejor (que el del 2016). Esperemos que no nos pase como con lo del Fiscal General, que la Junta Nominadora hizo su trabajo y al final el Congreso decidió reelegir al Fiscal (Óscar Chinchilla) cuando no estaba ni en la lista”: Luis Daniel León, director del NIMD.
«Ayudó mucho que, en la nueva ley, ya no salgan las propuestas desde los partidos políticos, porque antes los candidatos tenían que defender a la organización y al sector que los postulara. Ahora han sido autopostulaciones, no significa que no existan padrinazgos, pero ha sido un poco más limpia la posibilidad de competir», explicó León.
Sin embargo el asunto de la autopostulación también tuvo sus problemas y excepciones, por ejemplo, el último día para postulaciones (31 de octubre) fue postulado por sus familiares el abogado René Velásquez Díaz, quien falleció el 18 de octubre y que estaba reuniendo las constancias para autopostularse. Los familiares argumentaron que lo postularon como un homenaje póstumo, pues Velásquez Díaz siempre soñó con ser magistrado. Según Diario La Prensa, la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, acompañó a la familia ese día.
Problemas con el portal de información pública
«La información pública producida por la Junta Nominadora (actas de sesiones, cronogramas, listados de postulantes, expedientes públicos) se sube al Portal de Transparencia con retrasos considerables en relación con la fecha de creación y aprobación», indica el primer informe de veeduría al Proceso de Elección de Magistrados/as de la Corte Suprema de Justicia, realizado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Fundación para el Debido Proceso y Abogados sin Fronteras (Canadá).
El informe explica que esta práctica ha sido recurrente, sobre todo en lo relacionado con la subida de las actas de las sesiones de la Junta Nominadora. Señalaron que, si esa mala práctica continúa, «limitará el escrutinio riguroso y expedito por parte de los veedores nacionales, internacionales, medios de comunicación y la ciudadanía en general».
Este estudio, además, determinó que la Junta Nominadora no fue capaz de solicitar constancias ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia, Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) —también conocida como Unidad de Política Limpia—, eso impide conocer cuántos de estos aspirantes a magistrados fueron candidatos en las últimas elecciones. Se desconoce entonces si estos aspirantes a magistrados pudieron haber financiado sus campañas con dineros de la corrupción o del narcotráfico.
«Este filtro le permitiría a la JN (Junta Nominadora) evaluar en el listado a los postulantes que no rindieron su informe y que se encuentran en incumplimiento administrativo con la UFTF», indica el informe del Cespad.
Contracorriente habló con el comisionado de la Unidad de Política Limpia, Javier Franco, quien dijo que esa unidad nació en el marco de la Maccih como un mecanismo anticorrupción y en pro de la transparencia, y, por lo tanto, están en la disposición de brindar información en el caso de que la Junta Nominadora la solicite.
“En los últimos días la Unidad de Política Limpia se ha concentrado en hacer pública la información a través de los medios del comportamiento de los candidatos; pero no hemos hecho un cruce con los aspirantes enlistados por la Junta Nominadora, porque no son facultades que la ley nos da”: Javier Franco, Unidad de Política Limpia.
Franco explicó que solamente el 70 % de los candidatos a elección popular presentó informe.
Los informes de la UFTF sirven para generar denuncias, vinculaciones y judicializaciones por haber financiado campañas políticas con dinero proveniente de actos de corrupción, narcotráfico o crimen organizado.
El pasado 3 de octubre de 2022, según consta en el acta correspondiente a ese día, el representante de la Corte Suprema de Justicia, Josué Padilla, solicitó que las sesiones fueran solamente grabadas y no transmitidas en vivo: «Ya que no hay logística para hacer transmisiones en vivo de 8 horas, para esto se piensa en mandar una nota a Carlos Javier Estrada, subsecretario de Comunicación del Gobierno, y que se pueda coordinar con canal 8 o el Canal del Congreso».
El informe de auditoría a la Junta Nominadora reveló que un aspecto importante y clave para la transparencia y publicidad del proceso es que la población cuente con la posibilidad de conocer, observar directamente y con detalles, más allá de lo que reportan los medios de comunicación.
«Esta situación se resolvió a partir del 11 de octubre del 2022, fecha en la que se hizo la primera transmisión íntegra de la sesión mediante las redes sociales. Desde entonces, las sesiones han sido accesibles en tiempo real, a toda la ciudadanía e incluso a la observación internacional», expuso el informe de auditoría a la Junta Nominadora.v
Aspirantes a magistrados señalados por corrupción
Muchos aspirantes a magistrados pudieron pasar el primer filtro, la etapa de revisión legal y documental, a pesar de tener hojas de vida cuestionables.
Las denuncias más graves —aunque el proceso de tachas y denuncias todavía no inicia— han venido del abogado Luis Javier Santos, fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).
Aunque no dio los nombres, el fiscal Santos dijo, el pasado 7 de noviembre, que él ha identificado a seis notarios que se autopostularon, los cuales están vinculados con la corrupción o con el narcotráfico, y, por lo tanto, consideró, la Junta Nominadora debe hacerlos a un lado porque estos defienden redes de corrupción.
El lunes 14 de noviembre, el notario Luis Miguel Lara Hernández (excluido del proceso tras no aprobar la prueba de conocimiento), reconoció haber participado en el proceso de criminalización de un grupo de defensores del agua en Guapinol, Tocoa, departamento de Colón. Lara Hernández es abogado de la empresa Inversiones Los Pinares.
#EleccionesCSJ
— Libertad para el río Guapinol (@guapinolre) November 14, 2022
🛑Según el aspirante a magistrado, Miguel Lara, abogado de Inversiones Los Pinares, es ético ser parte en un caso de criminalización como litigante privado.
👉🏽Lara ayudó a que 8 defensores del agua de #Guapinol pasaran 2+ años ilegalmente en la cárcel ... pic.twitter.com/6xyfFe6bhp
También quedó fuera del proceso tras la prueba de conocimiento, la aspirante a magistrada Erika Yolanda Cálix Hernández (hermana del narcotraficante Mario José Cálix Hernández, alias Cubeta). El 2018, le promovieron un antejuicio por abuso de autoridad, cuando se desempeñaba como jueza en la ciudad de Gracias, Lempira.
Magistrados de la CSJ buscan la reelección
Son seis actuales magistrados los que buscan la reelección y que lograron superar los tres primeros filtros.
La diputada Fátima Mena afirmó a Contracorriente que, en el caso de que estos magistrados lleguen a quedar entre los 45 candidatos, no piensa apoyar a ninguno de ellos.
Los seis magistrados que buscan reelegirse son Jorge Alberto Zelaya, Edwin Francisco Ortez, Jorge Abilio Serrano, Edgardo Cáceres Castellanos, María Fernanda Castro y Rafael Bustillo Romero.
Entre estos seis magistrados hay tres de la Sala de lo Constitucional, quienes son juez y parte en el proceso, pues con resolver los dos recursos de inconstitucionalidad pueden destruir a la Junta Directiva del Congreso Nacional.
Los magistrados de la Corte Suprema actual son mal vistos por las decisiones tomadas en el contexto Maccih, que ayudó a que se pudieran judicializar 13 casos y procesar a 113 personas, la mayoría funcionarios públicos.
La Maccih hizo posible sacar a luz casos como «Red de Diputados», que implicó a más 60 diputados acusados de malversación de fondos públicos, supuestamente transferidos del poder Ejecutivo a organizaciones de la sociedad civil ligadas a ellos y luego a las cuentas bancarias de los diputados. Sin embargo, modificaciones legislativas hicieron que la Corte Suprema suspendiera este caso y lo remitiera al Tribunal Superior de Cuentas.
Luego vinieron otros casos emblemáticos, como el «Pacto de Impunidad», en donde se acusó a dos diputados de falsificar documentos, abusar de su autoridad y de delitos contra la forma de gobierno. También se conoció el caso «Caja de Pandora», en donde los magistrados otorgaron medidas sustitutivas a la prisión a la mayoría de los procesados. Los recursos presentados por la defensa y la Fiscalía General permanecieron engavetados desde el año 2018.
El fiscal jefe de Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, sobre los magistrados que buscan la reelección, asegura que estos «tuvieron siete años para demostrar que estaban comprometidos con el país, con impartir justicia, y todos sabemos, no es necesario repetirlo, el papel que han tenido estos jueces en los casos de alta corrupción», dijo.
Problemas en la independencia presupuestaria de la Junta Nominadora
La falta de presupuesto hacia la Junta Nominadora ha puesto en ventaja al sector empresarial, representado por el Cohep dentro de Junta; esta institución maneja el dinero y ha podido posicionarse en espacios técnicos debido a su solvencia económica. Al menos así lo ven desde Sociedad Civil.
El artículo 10 de la ley que rige a la Junta Nominadora establece que los gastos de funcionamiento de la Junta, así como sus operaciones logísticas, serán cubiertos y distribuidos equitativa y proporcionalmente a sus medios entre las siete instituciones y organizaciones integrantes.
La abogada Martha Dubón, representante de Sociedad Civil, en conversación con Contracorriente, describió así la fuerza del Cohep dentro de la Junta Nominadora: «El Cohep, ustedes saben, es la fuerza económica del país, llegó desplegándose, diciendo que ellos tenían equipo técnico; incluso nos ganaron la Secretaría Técnica por tema de recursos, luego vino una discusión de quién administraba los fondos de la Junta, lo volvió a ganar el Cohep».
«Lo que sí fue señalado –asegura Dubón–, es que, si estamos eligiendo a un poder del Estado, debería ser el Estado el que destine los fondos para el funcionamiento para la elección y funcionamiento de la nueva Corte. Ante los altos costos que ha representado el funcionamiento de la Junta, se dirigió una solicitud al presidente del Congreso Nacional por la cantidad de un millón de lempiras, que a la verdad va a ser corto».
Es preciso señalar que la Presidencia de la Junta recayó en Mario Urquía, quien representa al Colegio de Abogados; la Secretaría en María Sabillón de las Centrales Obreras y la vocería en Josué Padilla, de la Corte Suprema.
Trabas en constancias y el filtro del notariado
Algunos autopostulantes sufrieron innumerables trabas para reunir las constancias que formaban parte de los requisitos para postularse. Algunos analistas e incluso varios miembros de la Junta Nominadora esperaban más de 200 autopostulaciones, pero solo recibieron 185, de los cuales 53 son mujeres y 132 hombres.
El tema de género será importante en esta elección. En la última parte del artículo 22 de la Junta Nominadora, referente a la entrega de la nómina de candidatos al Congreso Nacional, se establece que «en su elección final, el Congreso Nacional mantendrá la paridad de género eligiendo no menos de siete (7) mujeres como magistradas de la Corte Suprema de Justicia».
Para Martha Dubón, representante de Sociedad Civil, el trabajo de la Junta había transcurrido con normalidad, salvo algunos inconvenientes presentados al inicio. Lamentó, por ejemplo, el retraso causado por algunas instituciones para otorgar constancias a los notarios que querían postularse.
«Una de ellas fue la Policía», dijo Dubón, y explicó que para sacar estas constancias había que pagar primero en Banco Atlántida, pero esta institución bancaria permaneció con el sistema caído durante varios días.
Luego vinieron las trabas en la emisión de otras constancias por parte de otras organizaciones o instituciones del Estado, como el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y el Colegio de Abogados a través del Tribunal de Honor. Martha Dubón detalló que, ante esos problemas, en esos días, tuvieron que reunirse con la Unión de Notarios.
Esos retrasos, y lo engorroso de los trámites, provocaron resultados catastróficos: apenas el 2 % de los 2,700 notarios que hay en Honduras se autopostularon para aspirar a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los principales obstáculos para contar con candidatos idóneos para la Corte Suprema de Justicia en Honduras es el requisito que la Constitución exige a los aspirantes: ser notarios.
El artículo 309 de la Constitución de la República, numeral 3, establece que hay que ser «Abogado Notario debidamente colegiado». Eso es un filtro en extremo negativo, pues la función de notariado no está relacionada con las funciones administrativas que demanda ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Otro obstáculo es que para ser notario la acreditación debe ser realizada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes se han convertido en un mecanismo de control con intereses políticos. Estos bloquean el camino a muchos profesionales del derecho y los dejan sin la posibilidad de acceder al notariado.
Faltaba un día para que cerraran las postulaciones. Era domingo 30 de octubre y apenas había 55 notarios en la lista; el último día, el lunes 31 de octubre, llegaron 130 aspirantes de golpe a presentar sus postulaciones. Debido a los problemas en emisión de constancias, alargaron el tiempo para que estos 185 aspirantes completaran sus constancias a más tardar el viernes 4 de noviembre.
Con una Junta Nominadora con problemas de presupuesto y con deficiencias en la capacidad técnica, es evidente que la avalancha de autopostulaciones fue difícil de manejar.
El abogado y analista político Josúe Murillo dijo a Contracorriente que eso pudo ser inclusive una estrategia para que, en un cortísimo tiempo, evaluaran un montón de propuestas y se filtraran un «montón de impresentables» que al final pueden terminar en ese listado que van a enviar al Congreso Nacional.
Josué Murillo, cuando solo se conocían 55 candidatos, mostraba su preocupación: « Me he encontrado con tres juristas de muy alto nivel, y les pregunto, ¿se van a postular?Y me dicen que no, porque no quieren pasar por la pena de ser marginados en el proceso y que personas sin competencias sean las juramentadas».
Habiendo tan pocos notarios en Honduras, militantes de partidos políticos han sido los que han optado por lanzarse a la Corte, entre estos, cuatro expresidentes del Colegio de Abogados y el actual: José Valladares, Any Ochoa, Fredis Cerrato, José Díaz y Rafael Canales (presidente actual). Además se postularon el fiscal adjunto Daniel Sibrián y el magistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Roy Pineda.
En la búsqueda de una magistratura también se lanzaron dos de las tres actuales magistradas del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Gaudy Bustillo, Miriam Barahona y Hermes Moncada, este último comisionado presidente del Instituto de Acceso a Información Pública (IAIP).
Dos bloques dentro de la Junta Nominadora
Hay dos bloques bien marcados en esta Junta Nominadora, el primero aglutina a cuatro sectores conservadores: el Claustro de Docentes, la Corte Suprema, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh); mientras que, por otro lado, está el bloque más cercano al partido de Gobierno: Sociedad Civil, el Colegio de Abogados y las Centrales Obreras.
Estos bloques representan 700 puntos, 100 por cada organización, por lo que el elemento político sigue siendo determinante. Y ahí habrá una batalla para escoger a los que queden, a los que pasen las pruebas psicométricas y las pruebas toxicológicas, los exámenes de conocimiento y las audiencias públicas.
El ministro de Transparencia insistió en explicar que este proceso «se hará de acuerdo a una matriz estrictamente técnica y esta no va a ser como en el pasado, en donde se escogía por votación». Agrega que, antes, si un candidato a magistrado obtenía un 100 % en la calificación y su más cercano competidor un 0 %, pero contaba con apoyo político, el menos calificado terminaba reemplazando al mejor evaluado.
Con dos bloques que han tomado posturas dentro de la Junta Nominadora, según lo que contó a Contracotriente Martha Dubón, existe el peligro de caer en negociaciones políticas si cada uno de estos sectores quiere tener en juego a sus candidatos.
“Estos pueden decir: yo le doy los puntos a tu candidato, pero vos le das los puntos al mío, estamos hablando de un total de 700 puntos, significa que hay 400 puntos en juego, porque los otros 300 los tendríamos el Colegio de Abogados, Centrales Obreras y Sociedad Civil”, dijo Martha Dubón, representante de Sociedad Civil.
Para Luis Daniel León poner a la Junta Nominadora dividida 4-3 o 3-1-3, no es correcto, pues a su juicio hasta este momento lo que tenemos es una especulación de las divisiones «porque vieron al presidente de la Junta Nominadora (Mario Urquía) en una marcha de Libre, porque la titular del Conadeh (Blanca Izaguirre) es de corte nacionalista, y en Honduras tendemos a sectorizar todo. Yo quiero creer que la Junta Nominadora no está sectorizada».
Pero en las orillas de este proceso hay políticos como Manuel Zelaya —quien, aunque no es diputado, es una figura que tiene a cargo las negociaciones políticas de la bancada de Libre dentro Congreso Nacional—; Tomás Zambrano es otro actor importante como jefe de bancada del Partido Nacional; también es clave en estas negociaciones el empresario Yani Rosenthal, presidente del Partido Liberal y quien proviene de una familia con altos intereses en controlar el Poder Judicial; su padre, el ya fallecido empresario Jaime Rosenthal, controló por muchos años la Corte.
Manuel Zelaya dijo que la elección de la Corte es un proceso eminentemente político que se va definir en el Congreso Nacional. «Mel», contrario a lo que pensaba en enero de su correligionario Jorge Cálix, a quien tildó de traidor por sentarse a negociar la Junta Directiva del Congreso con diputados del Partido Nacional, ahora dice que sin sentarse a negociar con los nacionalistas no se puede aprobar nada.
«Entiendo que sin el voto de los nacionalistas no se podría elegir una Corte, y entraríamos en una crisis, porque nos quedaríamos con una corte de facto. Y pienso que se tiene que llegar, en el mes de diciembre, a acuerdos civilizados», dijo el sábado 12 de noviembre a Radio HRN.
Jorge Zelaya, diputado nacionalista, dijo el lunes 14 de noviembre en Radio América que, aunque él no habla en nombre de la bancada del Partido Nacional, él no aceptará esas negociaciones que se están haciendo antes de que la Junta Nominadora extienda un listado con los 45 candidatos al Congreso: «A mí no me van a venir a decir que de afuera están arreglando y en el pleno nos van a decir: estos son los candidatos. ¡Que se olviden de eso!».
Jorge Zelaya, por otro lado, consideró que el partido Libre (como partido de Gobierno) —por un asunto de tradición política— debería obtener la Presidencia de la Corte como antes la han obtenido el Partido Liberal y el Partido Nacional, pero que a lo máximo, afirmó, debería alcanzar solamente 5 representantes y no mayoría absoluta, que en este caso serían 8 magistrados.
El 28 de octubre, Contracorriente consultó a Fátima Mena, diputada del PSH, si los diputados están moviendo piezas mientras la Junta Nominadora hace su trabajo. Ella respondió: «¿Qué papel está jugando el Congreso Nacional en esta etapa previa? Estamos llamados a mantenernos lo más al margen posible como institución e incluso como partidos políticos», expresó.
A raíz de la influencia en la bancada del Partido Libre por parte de Mel Zelaya, ha surgido información, no oficial, sobre la posibilidad de que Mel Zelaya se convierta en asesor del Congreso Nacional.
“¿Cuál es el papel del expresidente Zelaya?, el de ser coordinador general del partido Libre. Pero que él se convierta en asesor del Congreso Nacional, siendo asesor del Poder Ejecutivo, estoy en contra”: Fátima Mena, diputada del PSH.
Fátima Mena aseguró que ella está segura que Mel Zelaya continuará ejerciendo influencia en los diputados de Libre: «Lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Carlos Zelaya, el secretario del Congreso, es su hermano, así que no miro ningún problema en que dialoguen, pero no estoy de acuerdo en que él deba asumir el liderazgo o la coordinación de una negociación de la Corte. Me parece que más bien ese tipo de acciones lo que genera es desconfianza».
Hace algunos meses, cuando la presidenta Xiomara Castro emitió un PCM que ordena concentrar el discurso público y monitorear medios de comunicación, Salvador Nasralla —designado presidencial y fundador del PSH— afirmó que eso significaba el inicio de una dictadura en Honduras. Las palabras de Nasralla provocaron la ruptura oficial de la alianza entre Libre y el Partido Salvador de Honduras (PSH).
Fátima Mena dijo que esa ruptura no acarreará consecuencias en el Congreso Nacional y explicó que existen 6 fuerzas políticas, todas independientes: Libre con 50 votos, el Partido Nacional con 44 votos, el Partido Liberal con 22 votos, el PSH con 10 votos, el Partido Anticorrupción con 1 y la Democracia Cristiana con 1.
«Si analizamos las votaciones históricas del CN, ¿quién tiene una alianza? ¿Cuáles son los partidos aliados dentro del CN? Libre y PSH, y eso va a continuar independientemente lo que diga el expresidente Zelaya, de lo que digan personeros de los diferentes partidos, porque como PSH estamos interesados en el desarrollo del país», puntualizó.
Uno de los momentos más difíciles para la Junta Nominadora fue cuando Olban Valladares, representante del Cohep ante la Junta, cuestionó la legalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional, paradójicamente la instancia que aprobó la ley y juramentó a la Junta Nominadora de la que él forma parte.
«Dentro de la Junta (hay quienes) no reconocen la legitimidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Cohep es uno de esos», dijo Marta Dubón.
Dubón sostuvo que ahora sacan a luz unos recursos que no fueron presentados en forma reciente, recursos contra la Ley de Amnistía que buscan cuestionar la legitimidad del ente que legalizó y aprobó dicha ley. Explicó que el trasfondo es que la Junta Nominadora no sería legal si la juramentó una Junta Directiva ilegal.
En marzo de este año, la jueza Karla Romero, la funcionaria judicial que juramentó el pasado 27 de enero a la presidenta Xiomara Castro cuando todavía se dudaba de la legalidad y legitimidad de Luis Redondo, interpuso un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del decreto de la amnistía política aprobado por el Congreso Nacional.
Martha agregó que este tipo de señalamientos y acusaciones tienen que ver con el tipo político: «No nos quepa duda de que hay un trasfondo político de desestabilizar todo el trabajo».
Para Josué Murillo, abogado y analista político, más allá de la discusión de si la Junta Directiva es legal o no, la coyuntura se presta para pensar que el cuestionamiento a estas alturas es un boicot al proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia.
«Ellos buscan negociar, mantener el poder, cuotas de poder; mire a los grupos que actúan tras bambalinas, son los que tienen la plata en el país, son los que tienen la influencia, los que mueven los hilos del poder como los llamaba la Maccih en Honduras y la Cicig, en Guatemala, ellos son los que están tratando de desestabilizar el proceso, a través de quién, de sus tontos útiles, de un montón de diputados del Partido Nacional, de otro montón de diputados del Partido Liberal y algunos de otros partidos», consideró Josué Murillo.
Murillo también dijo que no puede dar fe de que en la Junta Nominadora haya solamente «ciudadanos impolutos», porque a su juicio hay también diversos intereses.
¿Una Asamblea Nacional Constituyente si se declara ilegítima la Junta Directiva del Congreso?
En medio de este proceso de la Junta Nominadora, ha despertado el fantasma de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Para Honduras, ese tema es sensible. En 2009, el asunto terminó con un golpe de Estado en contra del expresidente Zelaya.
A inicios de noviembre, el tema de la ANC salió a relucir luego de que Edmundo Orellana advirtiera, en Radio América, que «si rompen el orden constitucional, el próximo presidente será Manuel Zelaya». Edmundo añadió que, para él, Mel Zelaya es el único líder en el país.
Para bajarle la presión al asunto, Mel Zelaya, atento a su contexto, reaccionó en Twitter a las palabras de Edmundo: «No tengo aspiraciones de ser nuevamente presidente de la República, y repito no hay ambiente en Honduras para una constituyente».
El diputado nacionalista Tomás Zambrano, en una comparecencia pública, indicó que le parece que los de Libre empiezan a quitarse la máscara para querer «instalar una Asamblea Nacional Constituyente y perpetuarse en el poder y romper el orden constitucional, quienes lo quieren hacer son ellos y hoy avalados por Edmundo Orellana», expresó.
Edmundo afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto, pues él se estaba refiriendo a una ruptura del orden constitucional en el sentido de que la actual Sala Constitucional resuelva los dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos en contra del decreto de amnistía que, de ser resueltos, invalidaría a la Junta Directiva del Congreso Nacional que dirige Luis Redondo.
Edmundo reiteró que no se estaba refiriendo a la posibilidad de que fracasara el sistema de nómina en enero de 2023 —como lo interpretó Tomás Zambrano—, algo que ya sucedió el 2016 cuando la elección de la Corte se prolongó durante dos semanas.
Tomás Zambrano teme que se repita de nuevo lo que sucedió con la Junta Directiva del Congreso Nacional, cuando en enero pasado se convocó a turbas a que se tomaran los bajos del Congreso Nacional, lo que obligó a varios diputados a no presentarse a sesionar por miedo ante las amenazas de muerte.
«Una vez elegida la Corte Suprema de Justicia, se debe blindar el Congreso Nacional con seguridad para evitar que Libre imponga sus ideas», sostuvo Zambrano a medios de comunicación.
En medio de estas turbulentas aguas, Edmundo Orellana intenta mandar un mensaje de calma a la sociedad hondureña: «En épocas anteriores a estas alturas ya se sabía quiénes eran los próximos miembros de la Corte. Sin embargo, hoy, ningún partido político está seguro cuál va a ser su magistrado».
