La corporación municipal de San Pedro Sula ordenó en la mañana de este martes un desalojo que terminó con un joven asesinado a balazos, unos cuarenta lesionados —entre ellos dos que requirieron de hospitalización— y varias casas destruidas. Los habitantes de esta zona, a orilla de carretera y en el bordo de un río han logrado sobrevivir a la furia de dos huracanes, tormentas tropicales y a la pandemia de COVID-19. Ahora a la represión del Estado de Honduras.
Texto: Leonardo Aguilar
Con reportes y fotografías de Catherine Calderón
Trinidad Hernández, madre de ocho hijos, se bajó del carro de la funeraria, se arregló el cabello y respiró hondo. Venía de la morgue donde había dejado a su hijo Rafael Hernández, de 24 años de edad, asesinado unas horas antes, según testigos, por un policía municipal. Caminó un poco desorientada por la acera y se sentó en una banca cerca del carwash en donde ella y su familia lavaban carros y se soltó en llanto. «Espero que este sea el primero y el último que asesinan de mis hijos».
Había confusión. Niños y niñas con sus madres trataban de entender qué había pasado, pues, en el momento del desalojo, muchos de ellos habían tenido que tirarse al río desde el bordo para escapar del humo y el gas lacrimógeno. Algunos, niños preguntaban por Rafael y algunas niñas jugaban con las cápsulas de las bombas lacrimógenas ya vacías.
Rafael Flores Hernández, de 24 años de edad, fue ultimado a balazos cuando la Policía Municipal de San Pedro Sula acompañada por militares ejecutaron una resolución de desalojo ordenada por la alcaldía presidida por el nacionalista Armando Calidonio. La víctima era dueño de un pequeño carwash ubicado en la orilla del río. Según los vecinos, Flores Hernández intentó defender su negocio para que no fuera destruido por los tractores municipales que llegaron al sitio.
A raíz de la muerte violenta de Flores Hernández y de varios heridos de bala, los pobladores de estos bordos bloquearon el paso por varias horas con llantas y piedras del tamaño de pelotas de fútbol. Ambos carriles del bulevar del norte estaban tapados, lo que generó, entre otras cosas, que los policías municipales fueran auxiliados por elementos de la Policía Nacional y más militares. Pronto comenzó un enfrentamiento desigual, en el que las fuerzas de seguridad pública, tanto municipales como nacionales, disparaban y lanzaban bombas lacrimógenas. Los vecinos respondieron lanzando piedras a los agentes, y en el lugar, finalmente, quedaron pedazos de vidrio y un manto de piedras de todo tamaño.
José Alfredo Ponce, gerente de seguridad y movilidad urbana de la Alcaldía sampedrana, reconoció que desde hace un año buscan retirar de los bordos a estos pobladores que, con recursos propios, desde hace más de cinco años, se han instalado en las orillas de Río Blanco. La pandemia engrosó este grupo de personas que se ubican entre el puente, la calle, el río, pulperías, negocios de carwash o puestos para lavar vehículos, y que han hecho sus viviendas a lo largo de la ribera.
Ponce agrega que una resolución municipal ordenaba esta mañana proceder al desmantelamiento de chozas, casas, negocios y pulperías ubicadas en esos bordos. Para ejecutarla sacaron maquinaria tipo tractor, con la que lograron derribar tres viviendas, tras haberles dado —según este servidor municipal— dos horas para abandonar sus hogares, sacar sus pertenencias y reinstalarse en otro lugar. Todo esto sucedió apenas tres semanas después de que los huracanes Iota y Eta afectaran a más de 2 millones de hondureños y dejaran a más de 200 000 personas en albergues en esta misma ciudad.
Este gerente de seguridad de la municipalidad de San Pedro Sula agregó que las personas ubicadas en este bordo están causando contaminación ambiental en la zona y que cada día se expanden más, pues continúan en su pretensión de sobrevivir a como dé lugar: instalando negocios y avanzando por la parte sur del bulevar del norte, en las cercanías del proyecto Jaraguá (construido de forma arbitraria en las faldas de la cordillera El Merendón), cerca de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) y el centro comercial Altara, donde también se ubica el parque tecnológico Altia Business Center, propiedad del empresario Yusuf Amdani, el hombre más rico de Honduras, según la revista Forbes.
Aunque las autoridades municipales dicen que comenzaron el desalojo a las 8:30 a. m., los pobladores dicen que la maquinaria estaba lista para el desalojo desde las 6 a. m. Además agregaron que las autoridades no mostraron orden escrita y sin dialogar comenzaron a lanzar gas lacrimógeno en el interior de las casas en donde había niños y niñas.
La reacción de los pobladores de los bordos en Río Blanco fue semejante a revolver un hormiguero, algunos de los habitantes hicieron todo lo posible por defenderse de los agentes municipales y policiales que tenían como objetivo sacarlos y luego demoler con tractores sus viviendas.
Pero otros pobladores pensaron en proteger a sus seres más indefensos, como es el caso de Lesly Suyapa Ramos, quien se encontraba cuidando a su abuelo cuando ultimaron al joven Rafael Hernández. Contó que, simultáneamente con el homicidio, los tractores embestían las casas para destruirlas. Mientras tanto, agentes municipales y policiales lanzaban bombas lacrimógenas en las viviendas, sin importar la presencia de niños. «Él (Rafael Hernández) estaba lavándose la cara en una pila porque le había caído gas, cuando acordó, le salió uno de la Policía Municipal por el lado de atrás. ¡Solo a dispararle vino!», explicó Ramos.
Algunos padres de familia, que daban por hecho que sus casas serían destruidas, intentaban en una carrera contra el tiempo rescatar algunas cosas antes de que fueran demolidas. De esa forma construirían en otro lugar. Es el caso de Luis Tejeda, un comerciante hondureño que con las botas puestas cuenta que terminó enfrentándose a golpes contra varios agentes municipales cuando intentaba al menos llevarse las láminas que le habían servido para construir una pulpería.
«Yo vendo fresco, churros y jugos. Cuando miré que venían botando las casas, subí al techo de mi casa para desclavar las láminas, pero vino un policía irresponsable y estando mis cuatro niños adentro lanzó una bomba lacrimógena en el interior de mi casa. Cuando miré eso, me bajé del techo a sacar a mis niños que estaban abajo, pero el hombre irresponsable se me abalanzó. Me tuve que defender, aunque ni lo toqué, porque eran bastantes, me dieron con un tolete en la mano. ¡Me zafaron la mano!», explica Tejada, mostrando el vendaje en su mano y resume: «Mataron al muchacho y se alejaron. Venían a lo que venían».
Tejada reveló a Contracorriente que en la zona habitan unas 500 personas que subsisten de los carwash y negocios que se han instalado ahí, algo que —a su criterio— han construido con esfuerzo durante más de cinco años. «Acá era un botadero de muertos, un barranco y un basurero. Y nosotros, que teníamos un dinerito para invertir y generar trabajo, hicimos planteles. Somos 75 dueños de carwash que generamos empleos a más de 400 personas».
La imagen del botadero de muertos que menciona Tejeda retrata la violencia por la que ha sido conocida San Pedro Sula. Esta ciudad, la más importante del departamento de Cortés, y que desde hace décadas ha sido uno de los más golpeados por masacres a nivel mundial, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), cerró hasta el 31 de diciembre de 2019 con doce masacres.
En julio de este año, la directora de ese observatorio, Migdonia Ayestas, advirtió a Proceso.hn que la tasa de homicidios para este 2020 rondará los 44.4 registrados en 2019, todo eso pese al confinamiento por la pandemia. «No dista mucho del año pasado que sin pandemia había también nueve homicidios diarios. Siempre siguen siendo los municipios de más alta concentración poblacional (San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma, La Lima y Catacamas), los que tienen mayores índices de violencia», explicó.
Unas 18 000 familias de San Pedro Sula viven en asentamientos irregulares, es decir, un sector de la población que vive en vías públicas, solares en litigio o bordos. Un estudio de Hábitat para la Humanidad, publicado en octubre de 2019, revela que en el Valle de Sula lograron identificar 133 asentamientos irregulares de los cuales 25 están ubicados en la capital industrial. Son, específicamente, familias en riesgo que habitan en bordos en la orilla de los ríos.
Alberto Benítez, director ejecutivo de Hábitat para la Humanidad, en una publicación que recoge Elpaís.hn sugiere que dicho estudio «ha permitido buscar algunas estrategias para apoyar a estas familias y hemos estado trabajando en el programa multianual de reubicación, presentamos la propuesta de desarrollar un programa de 12 años en el que se iniciaría un proceso para implementar varios proyectos porque no se trata solo de reubicarlos sino de que tengan medios de subsistencia».
La relación entre los vecinos de los bordos de Río Blanco y las autoridades municipales de San Pedro Sula nunca ha sido amistosa, cuenta Tejeda, porque la Policía Municipal siempre ha tenido «una actitud agresiva e intransigente».
El abogado Omar Menjívar, especialista en derecho penal y exfiscal del Estado, se hizo presente al lugar para recabar información y acuerpar jurídicamente a estas personas. Aunque Menjívar anteriormente estuvo alejado de la política partidaria, este 2020 se anotó en una corriente interna, por un partido opositor al Gobierno, en busca de convertirse en el próximo Alcalde de San Pedro Sula.
«La Alcaldía tiene que venir a dialogar con la gente. A exponerle la problemática, la intención de la Alcaldía y su preocupación por las personas. Debió haberles explicado que querían salvar sus vidas, alejándolos de una zona de riesgo, y dándoles mejores condiciones de vida. Además, tenían que llegar a un acuerdo, porque si la intención de la Alcaldía era desalojarlos, tenían que ofrecerles una alternativa de a dónde se moverían. Porque no podían simplemente venir a destruirles el único espacio que tienen para vivir, y trabajar. Además, porque la Alcaldía no les da trabajo ni promueve condiciones ni espacios laborales a esta gente que no sean los que, por su propia iniciativa, tienen estos pobladores que —en este caso— es lavar carros», argumenta Menjívar.
El profesional del derecho añade que «si de entrada vienen con maquinarias para destruir las casas, y con un aparato de represión constituido por decenas de policías bien armados, dispuestos a matar a bala viva, como ocurrió hoy, es claro que la intención no es ayudarles. No es entrar en un proceso para deshacerse de esto, que les parece un paisaje feo para su gusto, que seguramente incomoda al propietario o la universidad, esta que está acá al lado, o al centro comercial que está más adelante, Altia y Altara. Es probable que esas sean las intenciones de la Alcaldía, lo cual, por supuesto es reprochable, porque la alcaldía tiene que pensar en los seres humanos, no en ataques criminales como lo que hizo hoy».
Menjívar, quien fue fiscal de la República en su momento, afirmó que si existe un Ministerio Público independiente ya deberían tener un expediente de investigación para determinar responsabilidades desde el alcalde Armando Calidonio, quien en octubre del presente año fue juramentado, en su búsqueda por la reelección municipal, por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, líder del movimiento nacionalista Juntos Podemos.
La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenó esta tarde el uso desproporcionado de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad en el desalojo ocurrido hoy, y reiteró al Estado de Honduras su obligación de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de uso de la fuerza. Enfatizó que «durante una pandemia los desalojos forzosos son aún más detestables y pueden constituir una grave violación de la ley humanitaria», citando palabras del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal.
La Oacnudh además instó al Estado de Honduras a realizar una investigación en línea con los estándares internacionales que permita esclarecer los hechos ocurridos esta mañana en San Pedro Sula.
Las zonas más vulnerables de San Pedro Sula, la periferia donde se amontonan miles de casitas de láminas y madera, han sido las más golpeadas por las tormentas el último mes. La situación allí ya era desesperante cuando la pandemia los puso en un modo de supervivencia aún más extremo. En el bordo del río Blanco ahora la gente se amontona para abrazar a doña Trinidad, la madre de Rafael quien ahora es un mártir. «Murió en batalla», decían algunos, en su lucha por sobrevivir en una ciudad desigual y violenta.
