En la instalación de la tercera legislatura del Congreso Nacional, las autoridades de los tres poderes del Estado presentaron los informes de logros correspondientes al año 2023. Mientras Xiomara Castro y Luis Redondo dieron información falsa o engañosa sobre sus avances en transparencia y lucha contra la corrupción, Rebeca Ráquel Obando hizo una corta presentación sin propuestas concretas.
Texto: Fernando Silva, Allan Bu, Vienna Herrera
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
El pasado 25 de enero, la presidenta Xiomara Castro presentó su informe de gestión, por primera vez desde que asumió el poder, ya que el año pasado estaba fuera del país y en su lugar lo presentó la designada presidencial Doris Gutiérrez.
Al inicio del discurso, Castro señaló que no podía ser una fecha más conmemorativa por ser el Día de la Mujer Hondureña, pero evitó condenar la ola de violencia y tampoco mencionó acciones concretas para frenar los femicidios en el país. Mientras tanto, a pocos metros de distancia, las organizaciones feministas fueron reprimidas por retenes de policías que les impidieron el paso cuando se dirigían a protestar en los bajos del Congreso Nacional.
Por otro lado, Luis Redondo tomó más de la mitad de su discurso, que duró una hora, para hacer promesas que casi parecían de campaña política, y finalizó pidiendo un espacio para abrazar a su mamá, quien, confesó «lo obligaba a levantarse temprano para ir a la escuela».
Tanto el Ejecutivo como el Legislativo denunciaron ataques y campañas de desinformación contra sus gestiones.
Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, dio un discurso bastante escueto en el que, a pesar de que detalló la situación de los altos índices en femicidios y violencia doméstica, no explicó qué medidas concretas tomarán desde el Poder Judicial o en conjunto con otros poderes del Estado para mejorar la situación de las mujeres; tampoco abordó con profundidad el tema de la mora judicial.
Los informes se dieron en el marco del inicio de la tercera legislatura, después de que las sesiones en el CN se paralizaran entre agosto y octubre del 2023 por la falta de consensos para elegir al fiscal general y adjunto. Esta crisis resultó en la formación de una Comisión Permanente encabezada por Luis Redondo, la cual finalmente eligió a las autoridades interinas del Ministerio Público.
Xiomara Castro, presidenta de la República de Honduras
Verdad a medias
Hubo un aumento desmesurado de la deuda externa durante tres gobiernos del Partido Nacional, pero la presidenta Castro omite que durante los dos años de Gobierno de Libertad y Refundación, el país ha seguido endeudándose para financiar el presupuesto. De acuerdo con un informe del Banco Central de Honduras en el 2023, el sector público contrató préstamos por 554 millones de dólares (14,683 millones de lempiras).
Además, en su comparecencia ante el Congreso Nacional, la presidenta celebró la incorporación de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI); ambos convenios le abren la puerta a Honduras para obtener más préstamos. Adelantó que ya tiene firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un acuerdo para la construcción de dos hospitales de traumatología en San Pedro Sula y Tegucigalpa, lo cual implica más endeudamiento.
Durante la administración del presidente Ricardo Maduro (2002-2006), se logró un acuerdo para que organismos internacionales condonaran parte de la deuda, que en aquel entonces eran unos 5,000 millones de dólares. Tras ese acuerdo, los compromisos de Honduras —según Maduro– quedaron en 2,000 millones de dólares, cifra que aumentó en un 50 % durante el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009). Es preciso señalar que varios de los exfuncionarios de aquella administración han regresado al Gobierno de la presidenta Castro.
Verdad a medias
Si bien la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ubica a Honduras como la sexta economía con más crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en la región, lo hace en un contexto en que «la actividad económica de América Latina y el Caribe continúa en una senda de bajo crecimiento y en que todas las subregiones crecerán menos de lo que lo hicieron en 2022», de acuerdo con el balance preliminar que publicó la Cepal.
En promedio, América Latina y el Caribe crecerá 2,2% en 2023 y 1,9% en 2024, lo que implica una desaceleración del crecimiento regional respecto a los niveles observados en 2022. Entonces, sí hay un crecimiento, pero en una región que creció muy poco en el 2023 y se espera que crezca muy poco en el 2024.
Falso
Hay diversos ejemplos de que el Gobierno no ha sido totalmente transparente y, aunque los escándalos de corrupción han disminuido respecto a la administración anterior, esto no significa que se haya erradicado. Por ejemplo, en esta administración se han autorizado en diversas instituciones compras directas, una práctica que se ha vinculado con procesos poco transparentes.
Hay otros casos de falta de transparencia concretos; por ejemplo, Contracorriente publicó un reportaje sobre el uso de dos tarjetas en el Congreso Nacional en manos del presidente Luis Redondo y su secretario Edson Argueta. Pese a que se realizaron dos solicitudes de acceso a la información pública no se recibió lo solicitado.
El segundo caso es de diciembre de 2023, cuando se realizó en Dubái, Emiratos Árabes, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, en la que Honduras participó con una numerosa delegación. Contracorriente contactó a cuatro altos funcionarios del Gobierno de Xiomara Castro para confirmar el número de personas que viajó a ese evento, pero ninguno de los contactados respondió a lo solicitado, ni tampoco se publicó información al respecto en los portales de transparencia.
Durante la presente administración, Honduras dejó de formar parte de la iniciativa CoST Honduras (Construction Sector Transparency Initiative por sus siglas en inglés), que es un esfuerzo en la divulgación de datos sobre los proyectos de infraestructura. Al eliminar la iniciativa se desactivó el Sistema de Información y Seguimiento de Obras y Contratos de Supervisión (Sisocs), donde se encontraba una completa descripción de los proyectos, incluyendo inversión, compañía ejecutora y supervisora, tiempo de duración, lugar de ejecución y avance de la obra. Esta herramienta hubiese sido muy valiosa ahora que el Gobierno anuncia una inversión de 14,000 millones de lempiras en infraestructura.
Todo esto va en contra de la transparencia y la rendición de cuentas.
Engañoso
En junio del 2023, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) elevó la alerta roja en 140 de los 298 municipios que serían afectados por la sequía provocada por el Fenómeno del Niño. Incluso se advertía de los riesgos de caer en inseguridad alimentaria.
En el 2021, la cosecha de frijol fue de 2,800 millones de quintales y en el 2022 se produjeron 2,900 millones de quintales. Desde el 2016, la cosecha no había llegado de nuevo a esas cifras. Sin embargo, algunos analistas opinan que las cifras pueden no ser transparentes.
Dulio Medina, presidente de la Asociación de Productores de Grano Básicos (Prograno), manifestó que en realidad, los tres ciclos productivos del año anterior no llegaron ni a los 1,500 millones de producción nacional., «Yo pienso que la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) está sacando esos números para justificar el bono que ellos entregan, pero ese bono es un relajo, tal vez un 30 % llegue efectivamente a producción nacional», dijo. Añadió que las cifras dichas por la presidenta «no corresponden ni al 50 % de la producción nacional. Se lo puede decir cualquier otra persona que sabe la realidad».
En mercados y pulperías, el precio por libra de frijoles oscila entre 22 y 27 lempiras, precio que se ha mantenido en los últimos meses, lo cual no es coherente con la sobreproducción que anunció la presidenta en su discurso.
Verdad a medias
El mismo día que la presidenta Castro se jactaba de no otorgar más licencias ambientales, en San Pedro Sula, norte de Honduras, 40 organizaciones campesinas, indígenas y derechos humanos se reunieron para disertar sobre las actuaciones del Gobierno de Xiomara Castro al cumplir dos años.
Víctor Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), expresó que varios elementos frustran las expectativas que tenía el movimiento popular respecto al gobierno de Libertad y Refundación.
«En el tema ambiental, todo el modelo de licenciamientos ambientales para proyectos extractivos está siguiendo el mismo patrón. Hay una lentitud exacerbada en la Secretaría de Recursos Naturales y particularmente el modelo de concesiones corrupto que se configuró en los últimos 12 años se mantiene intacto. No hay ningún proyecto que haya sido revertido. Ni siquiera el proyecto que concesiona las aguas del río Gualcarque, que provocó el asesinato de Berta Cáceres; a pesar de eso, el proyecto está vigente», manifestó el abogado Fernández.
En el Bajo Aguán, el conflicto entre la comunidad de Guapinol e Inversiones Los Pinares no está resuelto. Pese a que se acordó la suspensión de las actividades de la mina por dos años –debido a la incapacidad de la empresa para pagar planilla– la empresa presentó en octubre del año anterior ante el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) una solicitud para ampliar por 30 años más la concesión minera.
Respecto al Lago de Yojoa, el Gobierno ha ordenado el retiro de los muelles relacionados con restaurantes locales. El ministro Lucky Medina anunció que en los primeros seis meses de 2024 varias empresas que se dedican a la producción de tilapias y que operan en el lago serán trasladadas a la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, más conocida como El Cajón.
Verdad a medias
Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), la tasa de homicidios durante el Gobierno de Castro sí descendió diez puntos, pasando de 41.71 a 31.14 muertes por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, esta cifra ha ido bajando consistentemente desde el año 2013, cuando se encontraba en 77.45, lo que representa una baja de 46 puntos en los últimos diez años.
Contracorriente publicó una historia sobre el sector Rivera Hernández en San Pedro Sula en la que diversas fuentes indican que la baja de homicidios en el sector no necesariamente es producto de la labor de la Policía Nacional, sino resultado del acuerdo entre grupos criminales organizados y el trabajo comunitario.
Si bien los homicidios descendieron en 2023, los femicidios continúan aumentando. Este dato fue omitido por la presidenta Castro durante su intervención en el Congreso Nacional. No se ve bien que un gobierno dirigido por una mujer –el primero en Honduras– no se pronuncie de forma enérgica contra la escalada de la violencia hacia las mujeres.
Falso
A finales del año anterior, la administración Castro anunció una inversión pública de más de 14,000 millones de lempiras para ejecutarlos durante 2024, pero este monto no está orientado exclusivamente a carreteras, sino también a otras obras de infraestructura.
De acuerdo con el portal Honduras Inversiones, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) tendrá un presupuesto para inversión pública de 9,429 millones de lempiras, y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) tiene asignados 1,592 millones, lo que hace un total de 11,021 millones de lempiras.
Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia
Verdad a medias
Si bien la mayoría de casos de muertes violentas de mujeres que no llegan a ser judicializados tienen que ver con la falta de investigación de autoridades de seguridad o de la fiscalía, el Poder Judicial tiene la responsabilidad de aplicar justicia, reconocer y actuar tipificando correctamente los femicidios que llegan a los juzgados bajo otras figuras penales, como homicidios o parricidios.
El año pasado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia negó un recurso de reposición y subsanación a un amparo que había interpuesto la representación de Keyla Martínez, la estudiante de enfermería que murió en una celda policial en 2021, para que el Tribunal de Sentencia que conoce el caso dicte sentencia por el delito de femicidio agravado y no de homicidio simple.
Este amparo había sido negado por una Corte de Apelaciones, por lo que la representación de Keyla solicitaba que la Sala de lo Constitucional se pronunciara al respecto. Al único acusado en el caso de Keyla, el policía de escala básica Jarol Perdomo, se le sentenció por el delito de homicidio imprudente, un delito que se da cuando una persona causa la muerte de otra por imprudencia y que en el Código Penal tiene una pena de entre 1 a 3 a años de prisión, si es leve, y de 3 a 7 años si es grave, en contraste con los 25 a 30 años de prisión que están contemplados dentro del delito de femicidio.
De acuerdo con analistas, tipificar un femicidio como otro delito tiene un impacto más allá de que los agresores consigan una disminución de penas; es también una violación a tratados internacionales que ha firmado Honduras, y es una falta de justicia para las familias de las víctimas. Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) manifestó en su momento que este caso se trata de un femicidio por las condiciones en que se dieron los hechos: hubo uso de una fuerza desigual porque los agentes de seguridad están entrenados, Keyla estaba en una situación de vulnerabilidad porque había consumido alcohol, con el agravante de que, en ese momento, la seguridad de Keyla era responsabilidad de todos los agentes en la posta policial.
Verdad a medias
Aunque el Poder Judicial registró 14,388 ingresos y 11,314 resoluciones, estas no son necesariamente correlativas. Es decir, algunas resoluciones que se dieron corresponden a procesos que habían ingresado en otros años; por tanto, no queda claro cuántos de los procedimientos que ingresaron se concluyeron el mismo año.
Por otro lado, de acuerdo al Observatorio del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), en 2023 el Sistema Nacional de Emergencia (911) registró 34,221 denuncias de violencia doméstica y 52,327 denuncias de maltrato familiar, antes conocido como violencia intrafamiliar. Esto quiere decir que al Poder Judicial solo llegaron 16.62 % de los casos que fueron denunciados en el año.
Verdad
La Mesa Técnica de Coordinación por el Acceso a la Justicia de las Mujeres, liderada por el Poder Judicial y la Comisión de Equidad de Género del Poder Legislativo, anunció que ya elaboraron el reglamento del registro de deudores alimentarios morosos, contemplado en una reforma a la Ley Especial para una Maternidad y Paternidad Responsable aprobada en 2019. Entre las sanciones que se impondrán, una vez que el pleno de la CSJ apruebe el reglamento, está la inhabilitación para adquirir o renovar licencias de conducir o pasaportes; tampoco podrán solicitar nuevas cuentas de banco, tarjetas de crédito, ni préstamos de ningún tipo.
Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional
Verdad a medias
Redondo actuó invocando el artículo 208 de la Constitución de la República y 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. El artículo 208 de la Constitución faculta a esta comisión, entre otras cosas, para convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias «a excitativa del Poder Ejecutivo o cuando la exigencia del caso lo requiera», y a elegir interinamente, en caso de falta absoluta, a los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional.
Entre las facultades de la comisión permanente —que según el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional debe estar presidida constitucionalmente por el presidente del Legislativo— están emitir un reglamento interno, preparar para someter a la consideración del Congreso Nacional los proyectos de reformas a las leyes que a su juicio demanden las necesidades del país, convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias a excitativa del Poder Ejecutivo o cuando la exigencia del caso lo requiera, entre otras.
En una nota de Contracorriente de noviembre de 2023, el analista juridico Rafael Jerez opinó que, si bien la conformación de la Comisión Permanente está prevista en la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso, generó suspicacia el interés de la Junta Directiva del Congreso para formar esta comisión, que tiene la facultad de nombrar de forma temporal los sustitutos de funcionarios nombrados por el Legislativo, entre ellos, el fiscal general y fiscal general adjunto.
Por otro lado, líderes políticos de las bancadas mayoritarias en el Congreso mencionaron la falta de voluntad de Redondo para poder llegar a los consensos necesarios, por lo que fue Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y secretario del Congreso, quien terminó liderando el proceso.
Verdad a medias
Aunque el momento de la votación en el pleno fue público, para llegar a esa instancia hubo un proceso intenso de negociaciones y cuatro intentos fallidos por elegir a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Dicho proceso implicó que los partidos políticos mayoritarios acordaran a puertas cerradas la repartición de instituciones públicas clave para la lucha contra el crimen y la corrupción, que son estratégicas de cara al próximo proceso electoral.
En la negociación entraron en juego la elección del fiscal general y adjunto, una reforma a la Ley del Ministerio Público, la eventual llegada de una comisión internacional contra la corrupción, y la repartición equitativa de otras instituciones que implican una elección de segundo grado. Sin embargo, expertos opinan que es imposible saber los detalles de esas negociaciones.
Joaquín Mejía, abogado e investigador de derechos humanos en Honduras, opinó en aquel momento que, aunque se dio a conocer que hubo una negociación y se expuso el documento de acuerdos que firmaron, la operación y los pactos acordados siguen siendo secretos porque no sabemos «exactamente qué negociaron».
«Sabemos claramente que los dueños de los partidos políticos se sentaron a negociar y luego lanzaron las líneas a los diputados y diputadas en el Congreso, pero no sabemos qué más negociaron. Creo que lo primero que se debería hacer es informar de manera transparente qué fue lo que se negoció», explicó Mejía.
Además, el acuerdo también definió la designación de seis «magistrados integrantes», o suplentes, repartidos en dos por cada partido político, una medida fue ampliamente criticada en su momento y que finalmente fue adoptada por decisión del nuevo pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
A pesar de las afirmaciones de Redondo sobre la transparencia y la ausencia de dádivas económicas para la elección de los magistrados, Contracorriente registró que, un mes antes de la elección de estas autoridades el Congreso Nacional otorgó 100 mil lempiras a diputados para «obras sociales».
Engañoso
Aunque el Congreso Nacional sí derogó en agosto de 2023 el decreto 116-2019, también llamado fondo departamental, que servía para blindar a diputados y diputadas, corporaciones municipales, instituciones públicas y descentralizadas, y permitía a oenegés recibir fondos del Poder Ejecutivo para programas sociales,; en el Congreso Nacional se siguen otorgando subvenciones para que los parlamentarios los destinen para «obras sociales».
Además, aunque se supone que los congresistas deben liquidar los fondos recibidos por las subvenciones, dichas liquidaciones no son públicas, por lo que es imposible saber quiénes sí han liquidado esos fondos y cuánto dinero han recibido.
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) Fatima Mena reveló a Contracorriente que esos fondos para obras sociales son utilizados para negociar, comprar votos y obtener obediencia al oficialismo.
Falso
Entre inicios de febrero y finales de abril de 2023, fiscales y personal administrativo del Ministerio Público se declararon en huelga, dejando sin operatividad al principal ente de denuncia, investigación y acusación en Honduras, uno de los países más peligrosos del mundo.
Los demandantes se tomaron las instalaciones del MP a nivel nacional con el objetivo de obtener aumentos salariales, pues muchos fiscales y personal administrativo llevaban más de 10 años con el mismo salario. La crisis aumentó a tal punto que los empleados del Ministerio Público anunciaron que no iban a realizar levantamientos de cuerpos, autopsias ni pericias forenses hasta que se cumplieran sus exigencias.
La derogación del pacto de impunidad no mejoró las condiciones en que opera el Ministerio Público, y tampoco ofreció una solución a los problemas de falta de personal y recursos técnicos y logísticos que, por ejemplo, Luis Javier Santos, fiscal titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) ha solicitado desde hace más de dos años. Debido a estas deficiencias, más de un centenar de líneas de investigación siguen estancadas.
Lea más en la nota: Fiscales protestan por precariedad institucional mientras negociaciones inician para elegir nuevo fiscal general
Falso
Aunque la intención de aprobar la ley para la transacción de bonos de carbono puede parecer legítima, las comunidades garífunas representadas por la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) han denunciado que la aprobación de dicha ley se realizó «sin haber sido consultada con los pueblos indígenas en Honduras, desconociendo una vez más el derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI); consignado en convenios y declaratorias, ratificados por el Estado hondureño».
Además, Ofraneh expresó su rechazo categórico a dicha ley que «impulsa proyectos para el despojo de nuestros territorios», y apuntó que la narrativa de conservación que promueven los organismos internacionales y Estados nacionales se ha convertido en una enorme farsa, que «paulatinamente viene saliendo a flote».
«Las grandes empresas verificadoras encargadas de las transacciones de los bonos de carbono, han sido señaladas por sus inciertas prácticas que colocan al descubierto un enorme fraude; mientras la contaminación continúa de forma insostenible», denunciaron en un comunicado.
Engañoso
Según los datos publicados en el portal web de la Secretaría de Finanzas y actualizados al 26 de enero de 2024, los datos mencionados por Redondo son inexactos.
Aunque la ejecución del presupuesto sí mejoró, según los datos, la ejecución del presupuesto del 2023 llegó hasta un 88.2 %, en comparación con el año anterior, que llegó a un 83.9 %, por lo que la frase «mejora significativa» es cuestionable.
En el apartado de inversión pública, la inversión social superó lo dicho por Redondo, llegando al 96.5 %, y la inversión productiva fue apenas menor, alcanzando un 76.5 % de ejecución.
Falso
En 2023 Contracorriente reportó en diversas ocasiones el bloqueo al acceso a la información sobre el manejo de los recursos públicos de diversas instituciones de Gobierno, y en especial del Congreso Nacional. Desde la falta de transparencia en la asignación y liquidación de subvenciones por parte de diputados y diputadas, hasta el uso de tarjetas de crédito para gastos personales en la oficina del mismo Luis Redondo.
Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito a nombre del Congreso Nacional revelan que solo en dos meses de 2022 se gastaron casi medio millón de lempiras en retiros en efectivo, compras en servicios de entrega a domicilio, supermercados, restaurantes, hoteles y vuelos.
Ninguna de estas facturas se encuentra en los portales de transparencia, y tampoco están los estados de cuenta de las tarjetas. En conferencia de prensa, el presidente del CN, Luis Redondo, dijo que estas eran utilizadas para hacer compras por internet con el objetivo de ahorrar costos a la institución, pero en los portales tampoco hay recibos de este tipo de compras.
Verdad a medias
Según los datos recogidos por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), la Secretaría de Infraestructura recibirá un incremento del 87 % del presupuesto en comparación a lo aprobado en 2023, seguido por incrementos sustanciales en la Secretaría de la Presidencia (93 %), Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (136 %), Administración Aduanera de Honduras (67 %) y la Secretaría de Gobernación (53 %); por otro lado, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud recibieron apenas aumentos de 7 % y 9 % respectivamente.
Además, datos del portal Honduras Inversiones indican que en la inversión pública por sector, educación recibirá apenas un 7.3 % del presupuesto y salud 11.1 %, en comparación con el sector carreteras, que recibirá un 25.4 % del total de inversión.
Por esa diferencia en los presupuestos, la afirmación de Redondo que menciona la construcción de hospitales, educación y salud como prioritarias para el Gobierno, son una verdad a medias.
Verdad
El pasado 14 de noviembre de 2023, el Congreso Nacional anunció una «aportación histórica» a la Federación de Fútbol de Honduras por 25 millones de lempiras, destinados a la construcción de la segunda fase de un complejo deportivo en Comayagua, y la reparación de la calle de acceso a un complejo de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) en Siguatepeque. Además, Redondo anunció la creación de una partida complementaria en el Congreso para apoyar a la selección de fútbol.
En la presentación de dicha aportación económica no se dio información sobre el origen de los fondos, o si hubo ningún tipo de votación en el pleno del Congreso para aprobarlos.
Tras esa «aportación», el 9 de diciembre la diputada Kritza Pérez, del Partido Liberal, se presentó al evento realizado por la Teletón para anunciar la donación de 5 millones de lempiras.
