El Poder Ejecutivo autorizó a Casa Presidencial realizar contrataciones directas para contratar, sin licitación, servicios de proveedores privados, por ejemplo, empresas encuestadoras, con el argumento de «seguridad nacional». Ante esa polémica, se abrió el debate porque el Congreso Nacional también tenía listo, en su proyecto de Presupuesto General 2023, un capítulo para que los secretarios de Estado realizaran contrataciones y compras sin licitación y sin que la presidenta Xiomara Castro tuviera conocimiento.
Texto: Leonardo Aguilar
Con reportes de Fernando Destephen y Fernando Silva
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
El titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Edmundo Orellana Mercado, lució incómodo este miércoles ante las preguntas que cuestionaron las inconsistencias que presenta el Decreto Ejecutivo 04-2022, emitido el pasado 17 de noviembre, con el que el Ejecutivo autorizó a Casa Presidencial para realizar —argumentando razones de seguridad nacional— contrataciones directas para la adquisición de suministros y servicios de transporte terrestre y aéreo, de alimentación, mantenimiento de las instalaciones, vigilancia, servicios y equipos tecnológicos, de inteligencia, servicios y equipos informáticos, de comunicación, estudios, encuestas, seguros y otros.
«Si la presidenta no tiene la certeza de quién le va a vender las cosas, la pueden envenenar, la pueden hasta matar, ¿usted quiere eso para la presidenta?», dijo Orellana cuando se cuestionó la transparencia en la contratación directa de los rubros anteriormente mencionados. Es de resaltar que el ministro se limitó a rechazar los cuestionamientos en compras de comida e instalación de equipos de vigilancia, para decir que «¡es necesaria la contratación directa!».
Orellana aseguró que, si los que van a preparar y servir los alimentos y hacer labores de mantenimiento no son personas de confianza, la Presidencia está en el derecho de buscar gente de confianza, porque «si no van a inundarla de micrófonos y de cámaras ahí. Sería una estupidez».
Después de una publicación de Contracorrienteel pasado viernes 9 de diciembre, el debate se amplió en diferentes medios de comunicación y alcanzó al Congreso Nacional. El propio Orellana, quien buscó minimizar que el decreto ejecutivo que presenta inconsistencias al autorizar también la contratación directa de encuestas y otros servicios que no entran en la categoría de seguridad nacional, indicó que es más preocupante la intención del Congreso Nacional de permitir compras directas a todas las instituciones descentralizadas y desconcentradas del Gobierno, sin seguir las normativas vigentes.
«¿Sabe por lo que debería preocuparse?, por las disposiciones generales, por esas sí, la contratación directa de todo el Presupuesto General de la República, pero ustedes se pierden cazando moscas, deben cazar buitres, andan en pequeñeces», respondió, muy incómodo, el ministro de Transparencia.
Contracorriente conversó también con el titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, quien coincidió con Edmundo Orellana en la importancia que reviste que el Congreso Nacional establezca límites en cómo se manejará el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2023. No obstante, Luis Javier Santos reconoció que el decreto ejecutivo 04-2022 abarca rubros que no se justifican con el argumento de la seguridad nacional.
Por otro lado, la actual ministra de Finanzas, Rixi Moncada, ante el debate surgido por las compras directas derivadas del decreto ejecutivo en cuestión, mostró a través de las redes sociales, su apoyo para que a la Secretaría de Finanzas se le suprima la posibilidad de hacer compras directas.
«El Procedimiento Especial para Compras y Cont. [contrataciones] aprobado y vigente en Pres. [Presupuesto] 2022, y reformado por el Congreso para incluir instituciones descentralizadas; la SEFIN no tiene ninguna objeción para que, en 2023, la Comisión de Dictamen @hnoepino, dentro de sus competencias, lo suprima», explicó Moncada en su cuenta de Twitter.
Honduras cuenta con la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la cual es un órgano técnico y consultivo del Estado que tiene la responsabilidad de dictar normas e instructivos de carácter general para desarrollar o mejorar los sistemas de contratación administrativa en sus aspectos operacionales, técnicos y económicos. Además, la prestación de asesoría y la coordinación de actividades que orienten y sistematicen los procesos de contratación del sector público.
Luis Javier Santos expuso que hay situaciones entendibles para realizar compras directas y que están contempladas como excepciones. Afirmó, por ejemplo, que es entendible que si se va a contratar una empresa de aseo, esta tiene que ser de la confianza de Casa Presidencial, pero aseguró que si se va a contratar una agencia publicitaria, en donde se va a controlar toda la publicidad, eso debe de ser sometido a una licitación. «No tiene que ser de manera directa; si se va a contratar la compra de equipo de oficina de Casa Presidencial, tiene que hacerse una licitación».
«Hay situaciones que se pueden justificar y otras que no, por ejemplo, el tema de la publicidad, ¿cuánto dinero no se ha saqueado de Casa Presidencial por temas de publicidad?», se preguntó Luis Javier Santos, quien recordó el Caso Hermes que involucró a decenas de periodistas que recibieron dinero de Casa Presidencial durante la administración de Juan Orlando Hernández a cambio de emitir opiniones favorables al Gobierno de turno. En ese sentido, Santos afirmó que «hay otros casos [similares al caso Hermes] que van a ir saliendo, en donde se sacan grandes cantidades de dinero con base en ese rubro».
Luis Javier Santos aseguró que, si en verdad se está justificando con la seguridad nacional, se deben entonces establecer los rubros exactos de qué es lo que significa seguridad nacional, «porque hay situaciones que yo pude observar [en el decreto ejecutivo] que no caben dentro de esa excepción».
El fiscal jefe de la UFERCO afirmó que el hecho de que se esté autorizado a hacer compras directas también está sujeto a ciertas limitaciones. Afirmó que, por ejemplo, no se puede hacer compras directas a los parientes de los funcionarios. Agregó que las compras deben estar establecidas en ONCAE.
Contracorriente intentó comunicarse con varios diputados del partido de Gobierno, sin embargo, ninguno de estos accedió a conversar con este medio.
Según unapublicación de Proceso Digital, Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional, adelantó que procederán a eliminar un capítulo del proyecto del Presupuesto General 2023 sobre compras y contrataciones directas. Esa marcha atrás de los congresistas hondureños se ha dado después de que surgieron denuncias sobre posibles actos de corrupción en la administración actual si se continúan permitiendo compras directas saltándose la Ley de Contratación del Estado. Además, en el artículo 289 del proyecto de presupuesto actual, se permite a los secretarios de Estado, dependientes de la presidenta Xiomara Castro, que puedan realizar compras directas, aún sin estar en períodos de emergencia y sin pedirle autorización a la mandataria.
Luis Javier Santos afirmó que se debe establecer un límite para hacer compras o contrataciones directas. Agregó que ese límite lo tiene que establecer el Congreso Nacional a través de las disposiciones generales en el presupuesto que se apruebe para el 2023.
«Hay excepciones, la pandemia era una excepción, ya lo establece la misma ley de contrataciones. Otra excepción es Casa Presidencial al momento de contratar ciertos servicios, es decir, si Casa Presidencial quiere contratar cámaras en todas sus oficinas no va a contratar cualquier empresa, sino que tiene que ser una empresa de su confianza; si compra bocadillos también, porque si no corre el riesgo de que puedan introducir algún tipo de veneno. Para esas compras hay excepciones en la ley para hacerlas de manera directa. También en la Policía Nacional, cuando compran sus armas y chalecos no se los pueden comprar a cualquier proveedor, tienen que hacerlo a un proveedor específico y de confianza por seguridad nacional», expresó Santos.
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El fiscal de la UFERCO dijo que lo anterior está en discusión ahora en el Congreso Nacional. «Entonces va a ser el Congreso Nacional quien va a fijar ese límite. Ha habido límites en Gobiernos anteriores hasta de un millón 800 mil lempiras, límites de un millón, y hay otras disposiciones generales que han sido mucho más restrictivas y han fijado límites en medio millón de lempiras o 200 mil lempiras; siempre tiene que haber un margen en los montos para poder realizar contrataciones directas, porque si no, la administración se estancaría. Lo que no puede hacer el Congreso, es dejar abierto todo para hacer ciertas contrataciones y compras directas, porque ahí sí estaría abriendo una puerta para actos de corrupción».
Santos criticó también que los estados de excepción actuales faciliten actos de corrupción. «Cuando se declara estado de emergencia, por eso los gobiernos han estado declarando estados de emergencia, se les abre una puerta con sus amigos, con sus allegados, con sus parientes, con sus políticos, eso es lo que se abre: muchas posibilidades de contrataciones», sostuvo.
Luis Javier Santos concluyó que el solo hecho de que el Congreso Nacional deje abierto el camino para hacer contrataciones directas no constituye ningún delito. No obstante, explicó que el delito viene con la persona que va a ejecutar esas normas, aunque dejó claro que si la persona que lo ejecuta lo hace de manera transparente, no constituye un acto irregular. «La cosa es que el Congreso, teniendo la posibilidad, tiene que regular; no lo puede dejar abierto. ¿Se imagina controlar a todos los funcionarios que manejan el presupuesto y que puedan hacerlo de manera directa? Eso jamás se ha visto en el país y no creo que esa sea la intención del Congreso».
