El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), fue capturado este martes en su casa de habitación en Tegucigalpa por un grupo de policías hondureños y llevado hacia el Comando de Fuerzas Especiales, después de que Estados Unidos solicitara su arresto preventivo con fines de extradición por cargos de narcotráfico.
Texto: Leonardo Aguilar, Vienna Herrera, Jennifer Ávila, Fernando Silva, María Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
El expresidente Juan Orlando Hernández, solicitado en extradición por Estados Unidos (EE. UU.), fue capturado este martes en un operativo de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Honduras, comandado por el ministro de Seguridad, el general Ramón Sabillón. Los agentes policiales y militares habían mantenido acordonada la casa de habitación del expresidente desde ayer en horas de la tarde, para evitar una posible fuga. Esto después de que EE. UU. solicitara a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país, un formal arresto provisional del exmandatario señalado por tres cargos de narcotráfico.
Esposado de pies y manos, con una gorra negra, mascarilla azul, un chaleco antibalas, el expresidente hondureño fue escoltado por agentes de la Policía Nacional hacia una camioneta y posteriormente llevado hacia el Comando de Fuerzas Especiales en un helicóptero.
Esposado de pies y manos salió de su casa Juan Orlando Hernández pic.twitter.com/pj0Z36UD36
— Joan Humberto Suazo ✌️ (@suazorjoan) February 15, 2022
En un comunicado, la Policía Nacional de Honduras explicó que la captura del expresidente Juan Orlando Hernández se hizo siguiendo instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, quien ordenó la estricta aplicación de la ley y en coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA). Se indicó que se siguió el protocolo policial para garantizar la seguridad del expresidente.
El secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, detalló que Juan Orlando Hernández quedaría con prisión preventiva en el Comando de Fuerzas Especiales, también agregó que este miércoles a las 10 a. m. será trasladado a la CSJ para su primera audiencia en donde le harán lectura de sus cargos.
El expresidente Juan Orlando Hernández, en un audio de voz que fue publicado en su cuenta de Twitter, dijo en horas de la madrugada que había enviado un mensaje a la Policía Nacional en el que les comunicaba que estaba listo para presentarse voluntariamente una vez que la CSJ hiciera la designación de un juez natural para que conociera su caso.
«Son las 5:45 a. m., les mando un mensaje a todos los que me han acompañado con sus oraciones y con sus buenos deseos. Muchísimas gracias. No es un momento fácil. A nadie se lo deseo. Pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje de que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento en el que el juez natural que designe la Corte Suprema de Justicia así lo decida. Para poder enfrentar esta situación y defenderme. Saludos a todos y a todas», manifestó Juan Orlando Hernández.
— Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) February 15, 2022
El general Ramón Sabillón —quien estuvo exiliado durante la administración de Hernández—, explicó más temprano durante una conferencia de prensa que después de ser emitida la orden de captura en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, este deberá ser presentado ante el juez natural correspondiente. También señaló que los delitos por los que se le acusa al expresidente son narcotráfico, tráfico de armas y asociación ilícita.
Sabillón agregó que todo el procedimiento se llevará a cabo de acuerdo con la ley y que la Policía Nacional tiene un procedimiento normal para estos casos de extradición, y que este proceso contra el exmandatario Hernández no va a ser la excepción. «La instrucción de la presidenta (Xiomara Castro) es que nos apeguemos al estricto cumplimiento de la ley, para que esta se ejecute», explicó.
Honduras y EE. UU. firmaron un tratado bilateral de extradición en enero de 1909 y, además de eso, una convención adicional con fecha de febrero de 1927. No obstante, como la Constitución de la República no permitía la extradición de hondureños, esta fue reformada en 2012 para permitir la entrega de ciudadanos hondureños acusados por narcotráfico, lavado de activos y terrorismo. Según esta reforma, le corresponde al Poder Judicial nombrar un juez para revisar la documentación de una extradición y emitir una orden de captura. Es por esto que el pleno de magistrados se reunió esta mañana vía Zoom para nombrarlo. El vocero de la CSJ, Melvin Duarte, confirmó que el pleno de magistrados designó a un juez natural para que conociera la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández y este firmó posteriormente la orden de captura, considerando que había un resguardo policial encabezado por el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón.
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Duarte aclaró que en ninguno de los 32 procesos anteriores de extradición se dio a conocer el nombre del juez natural. No obstante, se filtró que el magistrado que conoce dicha solicitud es Edwin Francisco Ortez Cruz.
Duarte agregó que la CSJ ha realizado 32 procesos de extradición desde 2014 y que de estos, solo el proceso de un extraditable se ha atrasado por razones extraordinarias. Sin embargo, manifestó que en todos los casos el proceso ha demorado aproximadamente entre cuatro y cinco meses.
El equipo de defensa legal del expresidente hondureño emitió un comunicado de cuatro puntos: en el primero, reiteraron la disposición de su defendido de presentarse voluntariamente; en el segundo, manifestaron que estaban a la espera del nombramiento de un juez natural tal y como lo manda la Constitución de la República y el tratado de extradición; en el tercero, el cumplimiento a los derechos humanos y en cuarto y último lugar indicaron que esperaban que el proceso a Juan Orlando Hernández se desarrollara de la misma forma en que han seguido 32 procesos de extradición anteriores.
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«Siguiendo lo que establece el auto acordado aprobado por el Poder Judicial, para estos casos, el proceso de extradición se ventila en dos audiencias: en la primera se comunica al pedido en extradición los cargos de los que se le acusa, y un mes después se desarrolla la audiencia de presentación de pruebas. Posteriormente se espera la resolución judicial que puede ser emitida en un período que el juez considere oportuno, que en el pasado ha sido de 2 o 3 meses más. Frente a la resolución cabe un recurso de apelación», indica el comunicado de la defensa del expresidente Hernández.
Un mensaje para la clase política hondureña
El Partido Nacional (partido al que pertenece Hernández), emitió un comunicado en donde se solidarizan con el expresidente y en donde solicitan que se respete el debido proceso, asimismo a las autoridades de seguridad del país «garantizar un trato respetuoso al expresidente de Honduras».
Comunicado Partido Nacional sobre solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández 👇🏻 pic.twitter.com/Xxg2keTx1T
— Arnold Burgos (@Arnold_Burgos) February 15, 2022
En febrero de 2021, una investigación original de Insight Crime publicada en Contracorriente, titulada Un partido, muchos crímenes: el caso del Partido Nacional de Honduras, reveló que el Partido Nacional que gobernó a Honduras desde 2010 hasta 2022 se convirtió en una federación que acoge a políticos y funcionarios involucrados en empresas ilícitas, desde madera hasta narcotráfico y malversación de dineros públicos.
En los últimos años varios políticos pertenecientes al Partido Nacional han sido sancionados por la Ley Magnitsky e incluidos en la Lista Engel según la Ley H.R 2615 aprobada en el Gobierno de Joe Biden en Estados Unidos. Estas leyes sancionan a actores corruptos, antidemocráticos y violadores de derechos humanos y los hace inelegibles para obtener una visa para viajar a los EE. UU.
Uno de esos políticos sancionados tanto por la Magnisky como incluido en la Lista Engel es el exdiputado Oscar Nájera, quien ocupó un curul en el Congreso Nacional como diputado nacionalista durantre 30 años y perdió su puesto en las pasadas elecciones. En entrevista con este medio aseguró que la solicitud de extradición del expresidente hondureño es «un asunto más que todo mediático, la izquierda internacional tiene una estrategia para la destrucción de la democracia, todo esto sale de Honduras, de estos pícaros que viven de las ONG, eran voceros de Juan Orlando y ahora ni la cabeza sacan».
Nájera y Hernández fueron incluidos al mismo tiempo en la Lista Engel de agentes corruptos y antidemocráticos en Centroamérica emitida por el Departamento de Estado. Sin embargo, en el caso del expresidente fue hasta el pasado 8 de febrero de 2022 que se conoció su estatus. Aunque Najera ha apuntado en el pasado que Honduras efectivamente es un narco-Estado, asegura no tener conocimiento sobre las acusaciones que hacen en contra del exmandatario hondureño.
«Yo estoy solidario con el presidente Hernández Alvarado, si él cometió algún acto irregular sabrá por qué lo hizo y tendrá sus consecuencias, a mí me da pesar por él y más que todo por su madre y sus hijos, la verdad yo nunca me di cuenta del presidente Hernández, yo me di cuenta por los medios de comunicación, yo me considero amigo de su hermano, pero nunca me imaginé», apuntó. Cuando habla de su hermano se refiere a Antonio «Tony» Hernández quien fue condenado a cadena perpetua más 30 años en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos de tráfico de drogas y armas.
Najera concluyó asegurando que admira mucho al sistema de justicia en EE. UU. porque exigió que le investigaran y aun así «ninguno de mis enemigos me han logrado destruir».
La cronología de los cargos contra Hernández, según documento filtrado con traducción no oficial
Un documento filtrado desde Cancillería a medios de comunicación (que señalan como una traducción informal), explica que la Embajada de Estados Unidos se puso en contacto con Cancillería para hacer la formal solicitud de extradición a Hernández por los delitos de: 1) conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos, fabricar y distribuir esa sustancia y poseer con la intención de distribuir esa sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en Estados Unidos; 2) Usar y portar armas de fuego o ayudar e instigar al uso del porte y posesión de armas de fuego incluídas las ametralladoras y 3) Conspiración para usar o portar armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos durante y con relación a la importación de narcóticos.
El documento señala que, desde 2004 hasta 2022, Hernández participó en el tráfico de aproximadamente 500,000 kilogramos de cocaína hasta EE. UU., enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares, por rutas aéreas y marítimas.
«Hernández recibió millones de dólares por sobornos y ganancias de múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares. A cambio Hernández protegió a los narcotraficantes de la investigación, detención y extradición», cita el documento y añade que para esto utilizó tanto fuerzas policiales como militares de Honduras y permitió que se cometieran actos brutales de violencia.
La información presentada en la filtración explica que en 2005, cuando Hernández era diputado electo por el Partido Nacional y buscaba reelegirse, aceptó USD 40,000 del narcotraficante Víctor Hugo Díaz Morales (alias el Rojo) a través del hermano del expresidente, el sentenciado por narcotráfico a gran escala, Juan Antonio Hernández, conocido como Tony Hernández. El Rojo fue testigo de la Fiscalía de EE. UU. en el juicio contra Tony.
En 2009 Hernández habría recibido USD 100,000 del Rojo cuando buscaba convertirse en presidente del Congreso Nacional para su campaña y a cambio, Hernández le otorgó información sobre las operaciones de las fuerzas de seguridad para ayudar al narcotráfico. Solo en ese tiempo que trabajaron juntos, el documento señala que el Rojo y Hernández transportaron 140,000 kilogramos de cocaína a EE. UU.
También aseguran que en 2009 Hernández trabajó junto al expresidente Porfirio Lobo Sosa y recibió aproximadamente USD 2 millones del también acusado por narcotráfico y extraditado, Amílcar Alexander Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso, Copán. A cambio, Lobo y Hernández prometieron un puesto en el Gobierno a él y a un primo, con lo que garantizaban protegerlo de una detención y aseguraban contratos a compañías ficticias controladas por el narcotráfico para lavado de dinero.
Para la campaña presidencial de Hernández en 2013, señalan que el expresidente aceptó USD 1 millón provenientes del narcotraficante Joaquín Guzmán a cambio de proteger las actividades del cártel de Sinaloa en Honduras. En ese tiempo, Hernández ordenó a Ardón Soriano para que sobornara a determinados políticos y funcionarios electorales, quién viajó a varios municipios que no apoyaban a Hernández para manipular el recuento de votos a favor de Hernández y así garantizar el triunfo en las elecciones de 2013.
Durante su primer gobierno, Hernández se asoció con Geovanny Fuentes Ramírez quien le proporcionó USD 25,000 a cambio de protección e información sobre las actividades de las fuerzas de seguridad. Hernández le dijo a Fuentes que quería tener acceso a uno de sus laboratorios de cocaína debido a su proximidad a un puerto de Honduras y acordó con Fuentes el uso de personal de las Fuerzas Armadas para su uso personal.
En 2017 cuando el expresidente hacía campaña para su reelección inconstitucional, Hernández le pidió a Ardón Soriano apoyo y este utilizó aproximadamente USD 1,500,000 dólares del narcotráfico para sobornar a funcionarios electorales y políticos para que apoyaran a Hernández, quién fue reelegido como presidente de Honduras.
Mientras se encontraba en proceso el caso en contra de su hermano, el expresidente coordinó con narcotraficantes en Honduras, según asegura el documento. Detallan que el 29 de mayo de 2019 o cerca de esa fecha, Fuentes Ramírez visitó la residencia de Juan Orlando Hernández y a partir de entonces acordó pagarle los sobornos directamente para su protección.
Aproximadamente una semana después de la condena a Tony Hernández, unos presos armados con machetes y armas de fuego asesinaron a Magdaleno Meza (CC-2) en una prisión hondureña, con el fin de evitar la posible cooperación contra Hernández.
Sobre las acusaciones apuntadas en el documento de solicitud de extradición filtrado por Cancillería, el expresidente Porfirio Lobo en una entrevista brindada a Contracorriente, justificó que nunca tuvo una relación de amistad con Hernández, pero que en la relación política que tuvieron nunca identificó alguna acción sospechosa que indicara las actividades con el narcotráfico de Hernández, así como tampoco se relacionó con otros políticos acusados como el exalcalde Alexander Ardón.
«Ese señalamiento de que yo estaba metido con Ardón Soriano de El Paraíso no es cierto, yo nunca he estado con él en ninguna sesión particular, jamás. Yo no tengo nada que ver», apuntó el expresidente Lobo.
Lobo asegura que nunca hizo nada en su gobierno para proteger a narcotraficantes, sin embargo, esta no es la primera vez en que se menciona su nombre en señalamientos por actividades ilícitas. El 11 de octubre de 2019, el exjefe del cártel de Los Cachiros, Devis Leonel Maradiaga Rivera, declaró en el juicio en contra de Tony Hernández que pagó entre 500,000 y 600,000 dólares al expresidente a cambio de que le protegiera de la extradición a EE. UU., además, en 2016 su hijo Fabio Lobo se declaró culpable en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el cargo penal de conspirar, con conocimiento de hecho e intencionalmente, para la importación decocaína a EE. UU.
Sumada a la lista de las menciones por actividades ilícitas en las que ha sido mencionado, Lobo, en julio de 2021 también fue agregado a la Lista Engel de actores corruptos en Centroamérica, y fue mencionado en la investigación Pandora Papers, que hicieron Contracorrienteen Honduras y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)liderados por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en la que se encontró que Lobo tenía tres empresas de papel en Panamá cuando era presidente, su esposa manejó otra offshore cuando era primera dama y su hijo y su mano derecha buscaron crear sociedades en paraísos fiscales.
Sobre la posibilidad de que la próxima solicitud de extradición tenga su nombre, Lobo asegura que no tiene temor e incluso está dispuesto a presentarse voluntariamente si se llega a dar el caso.
«Yo no temo nada, no debo nada y aquí cuando fui mencionado en 2017 me personé ante la Fiscalía general del Estado pidiendo que me investigaran, me comunique con la embajada americana para decir que estaba a la orden y el abogado que tenía en ese momento se apersonó en EE. UU. y que no es fácil que lo atiendan ahí (…), incluso ahí en la Lista Engels, que es un copia y pegado de lo que hizo la Maccih, volví a la Fiscalía a pedir que me investigaran y desde 2017 están avisados. Ya que lo requieran a uno pues ni modo, lo que sí le garantizo es que yo voy y vengo», concluyó.
Juan Orlando Hernández no actuó solo
En los casos armados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha quedado claro que Honduras se convirtió en un narco-Estado al patrocinar y permitir, desde las instituciones del Estado, el tráfico de drogas a gran escala. Algunas de esas instituciones fueron la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, encargadas (al contrario), de la lucha contra el narcotráfico. Ahora, a menos de un mes de la toma de posesión de un nuevo gobierno, se ve una diligencia inmediata de estas instituciones para llevar a cabo una captura ejemplar del expresidente Juan Orlando Hernández.
En las afueras de la residencial donde se encontraba el expresidente en Tegucigalpa, se desplegó un fuerte operativo de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, Policía de Tránsito, Policía Preventiva y Policía de Frontera. A pesar de que fueron los primeros en acudir a la residencia de Hernández, la Policía Militar (la que él creó e intentó sin éxito elevar a rango constitucional) fue retirada poco a poco a más de 200 metros de distancia de la entrada de la residencial. El nuevo ministro de Seguridad y exdirector de la Policía el general Ramón Sabillón lideró el operativo a la espera de la orden judicial que le permitió capturar al expresidente Hernández con sus propias manos y con el respaldo de una institución que tiene el enorme reto de limpiarse.
En estos momentos, resuenan las denuncias de Alfredo Landaverde, quien fue el director de la Lucha contra el Narcotráfico y el primero en comenzar a desenredar los hechos que convertirían a Honduras en un narco Estado. Landaverde fue asesinado en 2011 por esas denuncias, Hilda Caldera quien era su esposa habló con nosotros en este momento histórico en el que parece materializarse la extradición contra Hernández y dijo que en este caso existe demasiada gente implicada: «Es un caso de una magnitud muy grande, por lo que evidentemente se necesita un apoyo extra nacional, de Estados Unidos, porque internamente hay mucha gente involucrada con poder e influencia del país».
«La sangre de los mártires reclama justicia. Mi esposo fue el primero en abanderarse, él vislumbró esto que estaba pasando, y estos son los tipos de hechos que le dan honor a él. Por algo él se inmoló y se enfrentó siendo una persona sola, se enfrentó al poder del narcotráfico que es tan grande», dijo.
«No quiero estar en los pies de la familia del señor Hernández, pero si se ponen a ver la cantidad de muertos y la cantidad de víctimas del narcotráfico, la cantidad de gente que consume droga, esto no tiene perdón. Alfredo me decía: “al narcotráfico no se le puede otorgar perdón porque a quien más afecta es a los jóvenes”. Esta es una rueda de sufrimiento. Yo soy una entre tantas víctimas», agregó.
Hilda Caldera establece que lo importante ahora es que caiga toda la red que estaba con Juan Orlando Hernández. «Porque él estaba en el máximo puesto, en el de mayor poder. Eso quiere decir que había una red muy grande que definitivamente esperamos que sea desmantelada. Habría que ver toda la trama que él montó», dijo.
Por otro lado, el abogado Josué Murillo, analista internacional, dijo a Contracorriente que no es de extrañarse el proceso contra Juan Orlando Hernández porque la congresista estadunidense Norma Torres ya lo había anunciado. «Después de perder su investidura presidencial, Juan Orlando quedó a merced de la justicia no solo nacional sino internacional. Lo que estamos esperando más allá de una exposición pública es que se imparta justicia respetando el debido proceso, pero que se le dé certeza al pueblo hondureño y al pueblo de EE. UU. que se ha visto afectado por las acciones y omisiones de Juan Orlando Hernández a quien se le ha pasado la factura».
Josué Murillo piensa que ahora la red que rodeaba a Juan Orlando Hernández será objeto de la justicia: «El entorno más cercano tanto político como personal de Juan Orlando Hernández está bajo el escrutinio de la justicia de los EE. UU. y también bajo la lupa del pueblo hondureño y sabemos que no actuó solo. Esa impunidad casi absoluta que tuvo él durante su gobierno estuvo de la mano con varios actores que estuvieron en su gabinete y que también están en las fuerzas de seguridad. Considero que van a ser sujetos también de investigaciones, serán investigados, en su momento y si hay suficientes elementos para ser sometidos a la justicia».
Juan Orlando Hernández pasó, después de dejar el poder, inmediatamente a ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) que en su reglamento estipula inmunidad diplomática para sus miembros, sin embargo, expertos consultados por Contracorriente coincidieron en que dicho privilegio no es ningún obstáculo para evitar una extradición.
