El presidente del Partido Nacional, David Chávez, está prófugo de la justicia de Honduras después de que hoy en la madrugada, intentara salir del país vía aérea. Chávez, con denuncias por corrupción desde el 2018, dijo ayer lunes ser «víctima» de persecución política después de que recibiera una citación por otro caso, este último relacionado con supuesta violencia y tratos denigrantes en perjuicio de la presidenta Xiomara Castro. Con esta orden de captura, suman cinco altos líderes nacionalistas acusados en el mes de noviembre, justo después del cuestionado nombramiento del fiscal general interino Johel Zelaya, quien ha sido la apuesta del partido de Gobierno.
Texto: Leonardo Aguilar y María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
Este martes se libró una orden de captura contra el actual presidente del Partido Nacional, David Chávez, quien es señalado por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios tras irregularidades registradas en el tiempo en que fungió como director del Instituto de Formación Profesional (Infop), entre el 2010 y el 2013.
La orden de captura, firmada por un juez con jurisdicción nacional, se emitió hoy mismo contra Chávez, quien en horas de la madrugada intentó salir vía aérea rumbo a EE. UU. desde el aeropuerto internacional de Palmerola. Sin embargo, agentes de Migración lo bajaron del avión por portar dos pasaportes, y Chávez abandonó el aeropuerto tras derribar la tranca de seguridad, según informaron autoridades migratorias.
Autoridades de la Policía Nacional han manifestado que están detrás de David Chávez para darle captura. Ayer, el propio David Chávez afirmó en una comparecencia pública ser víctima de persecución política, argumentando que la Fiscalía de la Mujer lo había citado por incitación a la discriminación, violencia contra la mujer, trato degradante, injurias y calumnias en perjuicio de Xiomara Castro, delitos por los cuales Chávez fue denunciado a finales de 2021.
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Requerimiento contra Chávez salió de la FETCCOP
Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, confirmó a Contracorriente que el requerimiento fue presentado contra David Chávez por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), y corresponde a los delitos de malversación de fondos públicos a raíz de una licitación que realizó Chávez mientras era director del Infop.
Mora detalló que esta denuncia fue interpuesta por el Consejo Nacional Anticorrupción en 2016, y que en ella se señala a David Chávez de haber malversado una licitación de 75 millones de lempiras, la cual estaba destinada a equipar los centros regionales del Infop en Juticalpa, Puerto Lempira y San Pedro Sula.
El portavoz del Ministerio Público señaló que una vez que Chávez sea capturado, este tiene que comparecer ante un juez para la audiencia de declaración de imputado y seguir con el procedimiento respectivo. Además, indicó que hasta el momento desconocen de otros requerimientos fiscales en contra de funcionarios de la administración anterior.
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«Los requerimientos nosotros no los conocemos hasta que están presentados, porque los fiscales no nos dan información para evitar que se filtre información, que se vayan a fugar o por otras cosas, así que hasta el momento no tenemos información de otros requerimientos», aseguró Mora.
En 2018, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó un informe en el que se denunciaba la participación de David Chávez en actos de corrupción cuando fue director del Infop. El CNA indicó que en ese entonces David Chávez ocasionó un perjuicio en contra del Estado por 21 millones de lempiras, al sobrevalorar un contrato de suministros junto a una red de funcionarios.
¿El caso de Chávez es cosa juzgada?
En octubre de 2022, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emitió un oficio que eximió de responsabilidad administrativa, civil o penal a David Chávez en el caso del Infop.
El abogado Raúl Pineda Alvarado, analista y exdiputado del Partido Nacional, dijo a Contracorriente que, aunque el decreto que facultaba al TSC ya está derogado, al momento de emitir la resolución a favor de David Chávez todavía estaba vigente.
“El hecho fundamental ahora es que Libre ha tomado la decisión de hacer a un lado el Estado de derecho y el modelo garantista, y va con todo a aplastar a la oposición política. Lo que menos juega un papel importante, es el respeto a la ley”, expuso Pineda Alvarado.
«Muy convenientemente para los intereses del Gobierno han reactivado una serie de expedientes que estaban retardados en la Fiscalía; ojalá que puedan sacar también algunos que quedaron desde el 2009, donde también hubo una serie de actos de corrupción», señaló.
Sobre los delitos imputados al presidente del Partido Nacional, el abogado Pineda expuso que el procedimiento ha sido «normal y legal» sin embargo, consideró que detrás de la orden de captura están los «intereses políticos del Gobierno», que está empeñado en una labor de «neutralizar» a la oposición política y gobernar a través del temor.
«Todo está sucediendo convenientemente a los intereses del partido Libre, que está manifestando que va a reactivar los ilícitos cometidos durante el Gobierno anterior. Hay una coincidencia que no se puede negar. ¿Si es legal? Sí, es legal. ¿Si es bueno? No, no es bueno, porque se hace con interés de atemorizar y no de hacer justicia», expuso Alvarado.
El abogado Omar Menjívar, militante del Partido Libre, experto en derecho penal y actual vicealcalde de San Pedro Sula, dijo a Contracorriente que, si aspiramos a que funcione un Estado de derecho basado en el principio de legalidad, el trato debe ser igual para todos y todas, y en ese sentido deberíamos ver como normal lo que le está pasando a Chávez.
«Es frecuente que usen el argumento de la persecución política cuando se les acusa de algo. Se acusa al señor Chávez por dilapidar fondos del Infop, no se le acusa por ser el presidente del Partido Nacional», expuso Menjívar.
Sobre el oficio del TSC en favor de Chávez, Menjívar dijo que los titulares de dicha institución no gozan de credibilidad, y que pudo conocer del mal proceder de estos cuando, como abogado independiente, le tocó defender a uno de los imputados en el caso Pandora.
«Mi representado, Fernando Suárez, brindó información calificada y de primera mano al Ministerio Público sobre cómo funcionaba esta red y toda esta operación. Se reveló que en el TSC había funcionarios, al menos cuatro, que después de las 4 de la tarde se iban a Casa Presidencial a cuadrar cuentas para que a la hora de una intervención formal del TSC todo resultara sin problema y resultaran en finiquitos de absolución para todos los que pudieran ser investigados», dijo Menjívar.
Por tanto, argumentó el vicealcalde sampedrano, «no se puede confiar en un finiquito que haya emitido el TSC durante ese período, durante ese régimen, y asumo que si el MP ha decidido presentar la acusación es porque tiene evidencia de que se cometió el ilícito».
Menjívar cree que, más allá de esa constancia del TSC, que para él es una mera formalidad, es necesario «descubrir una verdad material de los hechos, objetiva, técnica y que se establezca si hubo delitos, exista o no exista esa constancia del TSC».
Menjívar explicó, por otra parte, que las investigaciones antes de emitir requerimientos fiscales deben ser objetivas y profesionales, «y si resulta que alguien ha cometido delito, hay que presentar una acusación, pero por supuesto que el Ministerio Público debe tener cuidado y saber distinguir cuando se trate de acciones que su impulso sea un interés eminentemente político».
David Chávez, un líder nacionalista más en ser acusado en noviembre
Chávez es el quinto político nacionalista de renombre en ser acusado durante el mes de noviembre, coincidiendo con la salida del exfiscal general Óscar Chinchilla y con el cuestionado nombramiento del fiscal general interino Johel Zelaya, este último una apuesta del Partido Libre. Zelaya fue juramentado el 1 de noviembre únicamente por nueve diputados de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
Aunque Honduras no cuenta con un fiscal general en propiedad, bajo el mandato de Johel Zelaya se han librado requerimientos fiscales contra: la exministra de Finanzas, Rocío Tábora (detenida en la frontera con Nicaragua); la exministra de Salud, Consuelo Flores (pendiente de captura); y contra los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa (cuya audiencia fue fijada para el 13 de diciembre). Aparte de estos casos, hay otros exfuncionarios, no tan conocidos, que también figuran en requerimientos fiscales.
Desde el nombramiento de los fiscales interinos, el ambiente de polarización se ha profundizado en el país, pues se han registrado algunas protestas protagonizadas por el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), del que David Chávez forma parte. Además, cerca de 70 diputados del Congreso Nacional se han opuesto a las decisiones de la Junta Directiva que preside Luis Redondo.
Luego de que se conociera que Chávez estaba siendo requerido, líderes, activistas y militantes del Partido Nacional brindaron una conferencia de prensa en la que expresaron su apoyo al presidente de esa institución política.
El activista nacionalista Kilvett Bertrand expuso que esta conferencia de prensa era para dar a conocer el posicionamiento y las rutas a seguir por parte del Partido Nacional luego de que se conociera el requerimiento fiscal en contra de su máximo líder.
Bertrand no se opuso a los señalamientos concretos que la Fiscalía hace a Chávez, pero indicó que existe mucha confusión en el proceso contra el líder nacionalista. «Hay muchas cosas que están lejos de estar claras, lo de una fiscalía general que actúa de manera ilegal porque no fue electa como lo establece la ley», dijo.
Hasta el momento, añadió Bertrand, el Partido Nacional no ha determinado quién ocuparía la presidencia del Partido Nacional en caso de efectuarse la captura de Chávez.
Jorge Zelaya, diputado nacionalista que aspira a convertirse en candidato presidencial, aseguró a Contracorriente que no hay temor de que se presenten requerimientos fiscales en contra de nacionalistas, siempre y cuando sean enmarcados dentro de la Ley.
«Si son enmarcados dentro de la ley no hay ningún problema, lo que pasa es que se está abusando de ello y es evidente que hay un tinte político. Si se reactivan algunos casos y sí son reales, pues ni modo», indicó Zelaya.
Zelaya manifestó que, luego del nombramiento de los fiscales interinos, ha sido evidente la persecución política a los funcionarios de oposición. Además, agregó que la falta de consensos en el legislativo prevalecerá luego del requerimiento presentado contra David Chávez.
Crispación entre la Embajada de EE. UU. y el Gobierno de Honduras
El nombramiento de los fiscales interinos también ha generado crispaciones entre el Gobierno de Xiomara Castro y la Embajada de Estados Unidos en Honduras.
La embajadora estadounidense, Laura Dogu, manifestó este miércoles que la situación de Honduras es difícil, pues según ella los fiscales interinos están extralimitándose en sus funciones. «Es un momento muy difícil en Honduras, porque un grupo muy pequeño ha nombrado un fiscal supuestamente interino, pero esta persona está tomando decisiones que no son de una persona interina, entonces creo que es un momento difícil para el país. La mayoría del pueblo ya no tiene la oportunidad de participar en este proceso porque un grupo pequeño de diputados ha tomado esa decisión», expuso Dogu.
Dogu dio estas declaraciones a pesar de que, semanas atrás, el canciller Enrique Reina le pidió no emitir juicios sobre la democracia hondureña. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió en su cuenta de X y dijo que los fiscales interinos sí tienen las mismas atribuciones como si fueran fiscales en propiedad.
Redondo posteó en su cuenta de X que las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, no son correctas, porque «el Fiscal General y Fiscal General Adjunto interinos tienen las mismas facultades y/o atribuciones que aquellos que son electos en propiedad. No existe ningún artículo constitucional, ni legal que reduzca, restrinja o les disminuya dichas facultades. Por lo que las actuaciones de los Fiscales están enmarcadas en la Constitución y las Leyes».
En vista que las declaraciones en algunos medios de comunicación por la embajadora de Estados Unidos Laura Dogu @USAmbHonduras no son correctas, se aclara lo siguiente:
— LUIS REDONDO 🇭🇳 (@Lredondo) November 28, 2023
La elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto del artículo 233 de la Constitución no es la misma que…
Hasta el momento no se han confirmado otros requerimientos fiscales ni otras órdenes de captura en contra de funcionarios de la administración anterior o actual; sin embargo, las miradas están centradas en el ambiente de polarización que aumenta cada vez más en un sector de la ciudadanía.
