El 22 de febrero de 2023 se cumplió un año del acuerdo entre el Gobierno, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y la Plataforma Agraria que incluye investigar violaciones a los derechos humanos y una investigación que determine la tenencia de las tierras en disputa en el Valle del Aguán, al norte de Honduras. Mientras el acuerdo sigue sin dar resultados, la violencia escala y en los últimos meses han sido asesinados cuatro campesinos involucrados en las tomas de tierra.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera
«Los acuerdos firmados el 22 de febrero de 2022 han servido, porque la Policía no está actuando de una forma violenta con los campesinos; pero no nos está apoyando en defendernos», dice Raúl Ramírez, dirigente de la Plataforma Agraria. Lo anterior es relevante porque en los últimos dos meses, según datos de dicha organización, siete activistas —entre campesinos y defensores del territorio— han sido asesinados en el sector del Valle del Aguán, ubicado en la zona norte de Honduras. Los hechos violentos han continuado a pesar de que varias de las víctimas estaban adscritas al Sistema Nacional de Protección (SNP).
Los primeros dos asesinatos se registraron el sábado 7 de enero, cuando los ambientalistas de Guapinol, Alí Domínguez (35) y su amigo Jairo Bonilla (28), originarios de Tocoa, Colón, fueron emboscados y posteriormente ejecutados. Posteriormente, el 17 de enero de 2023, el líder campesino de la Plataforma Agraria de Colón, Omar Cruz Tomé y su suegro Andy Martínez, fueron asesinados dentro de su vivienda. Más tarde, el 28 de enero, la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) denunció el asesinato de Ricardo Arnaúl Montero, quien también gozaba de medidas de protección nacional. El último de los hechos fue, el pasado 12 de febrero, en la comunidad de Ilanga, Trujillo, departamento de Colón, fueron asesinados a disparos el líder campesino Santos Hipólito Rivas y su hijo Javier.
Hipólito Rivas era el fundador de la Empresa Asociativa Campesina de Producción «Gregorio Chávez» y un reconocido dirigente campesino que durante décadas participó en tomas de tierra en medio de un conflicto agrario que ya ha dejado más de un centenar de víctimas.
Desde el 28 de marzo de 2019, Hipólito fue incluido en un programa de medidas de protección nacional debido a su papel de dirigente campesino en este contexto hostil, sin embargo, según Raúl Ramírez, dirigente de la Plataforma Agraria, Hipólito se vio obligado a viajar hasta Tegucigalpa para informarle personalmente a los encargados del mecanismo de protección que estaba siendo perseguido, que le estaban dando seguimiento desde su casa y que la protección estaba fallando. «El Estado no hizo absolutamente nada. Y luego, lo que ocurrió a las 11 de la mañana en la comunidad de Ilanga fue un hecho terrorífico que busca amedrentar a los líderes campesinos para que se termine la lucha, pero como dicen los familiares de Hipólito, la lucha no se para, los mismos familiares lo manifestaron durante el entierro», expuso Ramírez.
Ramírez —que en ocasiones se refiere a Hipólito como Polo, como amistosamente lo llamaban en vida— recordó que al líder campesino le habían facilitado un número telefónico de emergencia para llamar en caso de ser necesario, sin embargo, Ramírez detalló que las llamadas no le dieron resultado a Hipólito, pues la Policía de la zona siempre llegaba tarde.
«Le dieron una línea para llamar, él llamaba a emergencias porque le daban vigilancia a su casa, le daban seguimiento cuando él salía, entonces, al no llegar rápido la policía, él fue hasta Tegucigalpa y tuvo una reunión allá en el mecanismo para informarles de esa persecución que él tenía. Luego tuvo reunión con nosotros como Plataforma, también nos dijo que él temía bastante por su vida y que lo estaban persiguiendo. Nosotros sabemos que el Estado no hace nada, aunque existe una orden para que el Estado proteja a los defensores, sin embargo, aquí no existe nada de eso. Creemos que la mayor protección que puede dar el Estado es que desarticule a grupos criminales».
«Cuando han llegado al Valle del Aguán, nosotros le hemos reclamado a la ministra Natalie Roque, le preguntamos que por qué se hizo presente hasta la muerte de Omar, y ella nos respondió: “es que cuando yo vengo aquí veo todo tranquilo”. Y luego se puso a pelear ahí con los policías porque la estaban grabando a ella misma, la estaban irrespetando. Ella estuvo aquí por una semana, luego vino la viceministra de Seguridad (Julissa Villanueva), estuvieron como tres semanas. Luego, la otra semana ya no llegaron y apareció el crimen de otro campesino. Es que no hay una estrategia real para la defensa de parte del Estado», expresó Ramírez y agregó que esperan el cumplimiento de los acuerdos, la instalación de una mesa tripartita y la desarticulación de bandas criminales que según él ya están denunciadas con nombre y apellido.
La Comisión Tripartita, que esperan los campesinos que se instale en el Valle del Aguán, fue ordenada por la presidenta Xiomara Castro en agosto del año pasado y estaría integrada por la Presidencia de la República, el alto Comisionado de los Derechos Humanos y por abogados internacionales propuestos por la Plataforma Agraria, según informó el Gobierno a través de su medio de prensa.
Contracorriente intentó en reiteradas ocasiones contactar a la ministra Natalie Roque y también a la abogada Blanca Izaguirre, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh); con ambas fue imposible conversar. Contactamos entonces al vocero policial de Tocoa, Colón, Adamin Rodríguez, quien no quiso referirse a las investigaciones sobre los asesinatos argumentando que ese tema no se maneja en Colón y que él estaba en su día libre. También buscamos la reacción del Ministerio Público de La Ceiba, Atlántida, que a través de su vocero Selvin Fernández Pineda, expresóque la investigación sobre el asesinato de Hipólito y de su hijo «se está manejando a través de la Fiscalía Regional, distribuidos entre la fiscalía Tocoa y la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán a nivel nacional».
Selvin Fernández agregó —a través un mensaje de WhatsApp, en donde no admitió más preguntas—, que en los asesinatos del Valle del Aguán contra campesinos «se ha pedido a la dirección de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a nivel nacional que brinde mayor apoyo a la DPI (local) y a la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán para la realización de las diligencias investigativas y que se sume también la Fuerza de Tarea Conjunta de Delitos Violentos de Tegucigalpa adscrita a la Embajada Americana».
El vocero del Ministerio Público de La Ceiba añadió que se están llevando a cabo las «diligencias investigativas y en el caso del señor Hipólito Rivas; se sabe que él tenía medidas del Mecanismo de Protección de Derechos Humanos que eran verificadas por la misma Policía Nacional y también, en torno a eso, se está indagando sobre el cumplimiento de esas medidas de protección que se daba por parte de la Policía Nacional».
A mediados de 2019, la Plataforma Agraria de Honduras, compuesta por más de 35 empresas asociativas campesinas y movimientos campesinos, denunció ante el Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla, a un grupo armado a quien hoy atribuyen la responsabilidad del asesinato en perjuicio de Hipólito y de su hijo. «El Estado en materia de seguridad está quedando en rojo en el Aguán, porque a los grupos criminales se les ha denunciado con nombres y apellidos, se sabe quiénes son los que integran esas bandas criminales en la región del Aguán, pero la Policía, los militares, el ministro de Seguridad, no han querido accionar para desarticular esas bandas criminales que existen en la región del Aguán. Están avalados ahí por esas empresas dirigidas por los que dicen llamarse empresarios, pero nosotros les decimos que son bandas de criminales», expuso Ramírez.
Más denuncias, y sobre todo advertencias de que más muertes continuarán ocurriendo en el Valle del Aguán, continuaron en octubre de 2022, cuando la Plataforma Agraria, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia junto al Bufete Estudios para la Dignidad, emitieron una carta pública en donde manifestaban que existía «un plan para asesinar a la dirigencia campesina en el Aguán». En un reciente comunicado, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos estableció que, a pesar de los compromisos en materia de derechos humanos adquiridos por la presidenta Xiomara Castro, las agresiones y asesinatos contra quienes defienden los derechos humanos continúan su curso.
«Al menos 7 personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas desde enero de 2023, entre ellas los miembros de la comunidad de Guapinol Aly Domínguez y Jairo Bonilla. Además, el Estado no sólo ha sido negligente en la prevención de la violencia contra las y los defensores de derechos humanos, sino que ha desmantelado de manera activa el SNP (Sistema Nacional de Protección) a través de despidos del personal técnico y falta de dotación de recursos financieros y humanos adecuados», indica un fragmento de dicha publicación.
Firma de los acuerdos
Video en el que hace un año daban declaraciones Francisco Funes, ministro del Instituto Nacional Agrario (INA) y el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón. Video de Youtube, Informativo de Colón.
El pasado 22 de febrero, cuatro ministros y un viceministro se sentaron a dialogar con la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y con otros 15 movimientos campesinos y empresas asociativas que forman parte de la Plataforma Agraria del Aguán. El objetivo de esta reunión fue suscribir acuerdos para avanzar en el cumplimiento de una promesa de campaña: el proceso para una nueva reforma agraria. Entre los representantes del Estado que acudieron a esa reunión estaba el titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), José Carlos Cardona; el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón; el ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), José Francisco Funes Rodríguez; el viceministro Rafael Alegría; y el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales.
Francisco Funes, hace exactamente un año, dijo en Tocoa, Colón, que el acuerdo consistía, en primera instancia, en «dar la paz al Bajo Aguán» y permitía también que los grupos campesinos pudieran producir y comercializar la palma. «Hoy hacemos un compás de espera, hay una comisión jurídica que va a interpretar todos los títulos que se tengan, los procedimientos que siguieron para obtener la tierra, mientras las empresas y el Gobierno se comprometen a no desalojar mientras trabaje esa comisión jurídica». Ante la consulta de cuánto tiempo tendría esa comisión jurídica para investigar y emitir un dictamen, Funes no dio un plazo específico pero afirmó que «tiene un plazo estipulado».
A un año de ese acuerdo, Raúl Ramírez consideró que el punto positivo con el cambio de gobierno y, sobre todo con la firma de los acuerdos, ha sido la interrupción de los desalojos forzosos, sin embargo, destacó que «hay cosas pendientes» y una de estas es la instalación de una «comisión tripartita para el proceso de investigación de las violaciones a los derechos humanos en la región del Aguán». Ramírez consideró que a un año de los acuerdos «apenas se ha avanzado y desarrollado en dos puntos: en la comisión jurídica y en la comisión técnica», esta última, según Ramírez, ayuda a revisar el proceso de administración de las tierras y de las fincas.
En un texto anterior de Contracorriente, Roger Pineda, representante de la empresa Dinant y representante de los intereses de la familia Facussé en el Aguán, dijo que ellos no estaban interesados en entrar al acuerdo que el Gobierno suscribió con los campesinos y agregó que, según sus cuentas, «la cantidad de tierra que está tomada en el Aguán es bastante, si no me equivoco son alrededor de 13,500 hectáreas y, en el caso puntual nuestro, de esas hay alrededor de 5,300 tomadas».
Jhonny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria regional del Valle del Aguán, dijo a este medio que han sufrido al menos «180 asesinatos de campesinos en los últimos años y ahorita con la firma de los acuerdos, y con todo este proceso que hemos intentado implementar, pues al parecer los agroindustriales se han vuelto más agresivos con sus grupos criminales que están ejecutando a los defensores». Datos obtenidos por Contracorriente, atribuidos a organizaciones de derechos humanos de la zona, indican que entre 2008 y 2016 unas 130 personas fueron asesinadas en el marco del conflicto agrario.
Rivas afirmó sentirse preocupado porque los órganos encargados de velar por el cumplimiento del Mecanismo de Protección, como la Secretaría de Derechos Humanos y el Conadeh, «no están tomando las medidas necesarias para prevenir que otros defensores también sean asesinados, de igual manera lamentamos la inoperancia del Ministerio Público y los cuerpos de investigación con relación a esclarecer y dar con el paradero de los hechores materiales e intelectuales de estos asesinatos. Pareciera que los agroindustriales tienen control absoluto de los cuerpos de investigación».
Sobre el papel de Rafael Alegría, viceministro del INA, quien ha sido un militante del partido Libertad y Refundación (Libre) y coordinador general de Vía Campesina, Jhony Rivas afirmó que «las autoridades del INA han estado haciendo dobles esfuerzos para alcanzar los cambios que se necesitan para devolverle justicia a este pueblo y especialmente al sector campesino, pero falta mucho todavía por hacer. El INA tiene en su mandato constitucional de ser el ente regulador de los procesos de reforma agraria en el país, con respaldo en los artículos, del 344 al 350 de la Constitución y ese es el mandato, brindar asistencia técnica y titulación a las tierras productivas».
Jhony Rivas dijo que en el Valle del Aguán fueron asignadas para procesos de reforma agraria unas «40 mil hectáreas, que son tierras que pertenecen a los campesinos, es decir, las tierras de la reforma agraria solamente las pueden ocupar aquellas personas que cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de la reforma agraria».
Rivas reveló a Contracorriente que el pasado 21 de julio, un equipo jurídico de la Plataforma Agraria presentó una propuesta legal y técnica a la presidenta Xiomara Castro. En este documento «se le informó (a la presidenta Castro) que el acaparamiento de tierras se dio creando toda una estrategia de despojo, abuso de autoridad e irrespeto al debido proceso para haber desarrollado esos contratos de compraventa. Esos contratos deben ser declarados nulos. Son 17 artículos de ley los que se violentaron para acaparar las tierras de la reforma agraria», expuso Rivas.
Rivas agregó que esa propuesta se hizo atendiendo al punto número 5 de los acuerdos sobre «hacer una investigación para elaborar un informe de parte del equipo jurídico y este iba a determinar los métodos y procedimientos utilizados para el despojo de la tierra, sin embargo no se llegó a investigar el mero fondo de este asunto porque los abogados de los empresarios no estuvieron de acuerdo».
Entonces, continuó manifestando Rivas, «se optó por hacer una propuesta de solución por cada uno de los sectores, es decir, nuestros abogados presentaron esta propuesta a la presidenta Xiomara Castro, en donde se establece la argumentación constitucional que tiene el Estado de Honduras o el Gobierno de Honduras para tomar una determinación».
Rivas manifestó que para la entrega de la tierra a los agroindustriales «irrespetaron procesos debidos, por ejemplo, no se dio ningún permiso por parte del INA para que pudieran hacerse las ventas considerando que los proyectos cooperativos eran asuntos de Estado y las tierras de reforma agraria no las podían utilizar personas que no cumplieran con los requisitos para ser beneficiarios de las tierras de la reforma agraria, por tanto, los agroindustriales no cumplen los requisitos porque no son personas de escasos recursos».
Rivas afirmó que para ser beneficiario de la reforma agraria «hay que ser hondureño por nacimiento, dedicarse al trabajo del campo, ser de escasos recursos y cuando no se cumple con esos requisitos pues la tierra no cumple la función para la cual fue adjudicada».
En el marco del intento para que se respete el derecho a la organización de 14 cooperativas del Valle del Aguán, Jhony Rivas informó que esta semana, el pasado lunes 20 de febrero, se movilizaron representantes de 14 cooperativas hasta las oficinas del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop), ubicadas en Tegucigalpa, para presentar la «reinscripción» de 14 asociaciones campesinas. De acuerdo con Rivas, de lograr el reconocimiento legal del Estado, a través de Consucoop, se estaría demostrando que las cooperativas no han sido disueltas y eso garantizará el derecho a la libertad de organización.
«Son cooperativas que están firmantes de los acuerdos y son cooperativas que están en proceso de reivindicar su derecho que tienen a través de su título que tienen de propiedad. Sin embargo, la parte jurídica lo que reconoce es la estructura orgánica, Consucoop eso es lo que reconoce. De ahí, si tiene tierra adjudicada o no (una cooperativa) ya no es competencia de Consucoop. Las cooperativas existen de hecho, tienen su junta directiva, tienen vida orgánica, tienen áreas productivas», explicó Rivas, quien agregó que el reconocimiento de Consucoop está ligado a los acuerdos en el punto número 8, en donde «el Gobierno se comprometió que a través de la Secretaría de la Presidencia se iban a hacer las diligencias debidas para reinscribir las cooperativas en el Consucoop».
Raúl Ramírez de la Plataforma Agraria dijo que la violencia se ha recrudecido este 2023 porque, tras la firma de los acuerdos que suscribieron el 22 de febrero de 2022, la Plataforma Agraria ha encontrado que «las tierras de la reforma agraria nunca se pudieron vender, o sea, nunca se pudieron vender legalmente y eso significa que las cooperativas tampoco han sido disueltas y liquidadas».
Ramírez continuó manifestando que, en consecuencia, la empresa privada a través de la corporación Dinant, Reinaldo Canales y René Morales, están liderando tierras que nunca debieron comprar, «porque despojaron a los campesinos de las tierras de una forma fraudulenta y engañosa».
Posición del sector privado
El abogado Olvin Mondragón, parte de la gerencia de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), dijo a Contracorriente que el 22 de febrero de 2022 la empresa privada participó en las mesas de diálogo en donde se acordó «firmar un convenio entre sector palma (sector privado agroindustrial), plataforma agraria y Gobierno. Dicho acuerdo no fue firmado por el sector privado. Sin embargo, siempre, desde este sector, tanto empresas del sector Palma como Cohep, hemos estado abiertos al diálogo» dijo.
Mondragón agregó que el sector privado presentó «toda la documentación» en agosto de 2022, misma que «se supone está en manos de la Presidenta». Además subrayó que «a quien le compete asegurar la propiedad privada y que regrese la seguridad jurídica es al Estado de Honduras», ya que, según sostuvo, el Gobierno solo logra emplear al 15 % ó 20 % de la población y «si se aleja la inversión con esta problemática de las invasiones, se pierden empleos y divisas para desarrollar programas sociales de educación, vivienda y salud».
«Como parte de las discusiones de las mesas de diálogo se propuso conformar una comisión jurídica para revisar la documentación de cada una de las partes. Dicha comisión fue propuesta por todas las partes y nunca hubo seguimiento. A pesar de todas estas mesas de diálogo, el sector privado ha entregado toda la documentación que en su momento fue solicitada para que el gobierno decidiera los pasos a seguir y a la fecha seguimos esperando que el INA y demás instituciones nos definan la estrategia a tomar para solucionar esta problemática», agregó Mondragón.
El abogado Mondragón aseguró que, en su momento cuando las tierras fueron adquiridas por empresarios en el Valle del Aguán «muchas cooperativas y campesinos vendieron sus tierras, pero las vendieron no produciendo; después, estas fueron preparadas por los empresarios para hacerlas producir y, ya cuando las empresas las tenían listas y las hacían producir, empezó el flagelo de las invasiones. Ellos no se han dirigido a invadir tierras ociosas. Hasta cuando estaba la producción caminando, es que comenzaron con este tipo de invasiones», dijo.
Mondragón subrayó que actualmente existen «alrededor de 30 mil manzanas de tierra invadidas» en siete departamentos de Honduras: Colón, Choluteca, Yoro, Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán y Atlántida. «Esos -según consideró Mondragón- son los departamentos que están sufriendo invasiones de tierra, pero entre el 80 % y 85 % de los casos que se han dado, se han registrado en el departamento de Colón». Desde la empresa privada, ven con buenos ojos tres desalojos ordenados judicialmente este 2023: «Uno de esos desalojos se dio en la ciudad Mel Zelaya, en Choluteca; otro se dio en La Masica, Atlántida y en esta semana se dio un desalojo en el departamento de La Paz. Miramos con buenos ojos que la justicia esté dando respuesta, porque al final es un juez de Ejecución el que da la orden», expresó.
Aparte de la comisión tripartita que anunció la presidenta Xiomara Castro en el Valle del Aguán, el pasado jueves 23 de febrero se dio a conocer públicamente que la presidenta nombró otra comisión para investigar la ocupación de tierras a nivel nacional, la cual estará integrada por representantes de la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público y el INA.
El objetivo de esta comisión según Hugo Suazo, uno de los viceministros de la Secretaría de Seguridad y quien lidera dicha comisión, es «contrarrestar ese apoderamiento de bienes inmuebles por parte de personas que se dedican a andar invadiendo propiedades que luego mercantilizan o venden por lotes, y luego se desaparecen». En ese sentido -añadió el subsecretario- «ayer (el miércoles) tuvimos una reunión para tratar este tema en donde tiene que ver el INA, Gobernación y Justicia, el Ministerio Público y la Secretaría de Derechos Humanos».
El viceministro Hugo Suazo destacó en Hable con Habla (HCH) el trabajo de la comisión que se ha ordenado para que trabaje el Valle del Aguán en donde dijo «se están dando las invasiones».
Hugo Suazo criticó a la dirigencia campesina del Valle del Aguán y aseguró que «por parte de los campesinos, hay grupos o dirigentes que incitan a las invasiones, que no pueden ver una propiedad que esté libre porque la invaden, a estos nosotros les llamamos invasores de oficio. Se dedican a ese menester. Engañan a los campesinos, les sacan dinero y se lucran de ellos», expresó Suazo, quien no quiso entrar en detalles sobre las investigaciones sobre los líderes campesinos asesinados pero dijo que le parecía importante manifestar que la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), “está trabajando en la investigación para identificar a estas personas (líderes campesinos considerados por la Policía como invasores de oficio) que se dedican a estos actos delictivos”.
Mientras los acuerdos para solucionar los conflictos del Aguán avanzan a contrarreloj, los campesinos del Valle del Aguán piden protección al Estado de Honduras. «Nos están matando, mataron al presidente activo de Los Laureles, miembro activo de la Plataforma Agraria; a Omar Cruz y a su suegro. Sigue la persecución, el compañero Hipólito había interpuesto denuncias ante el Ministerio Público de Tocoa y luego fue hasta Tegucigalpa al Ministerio Público. Él tenía medidas cautelares al igual que nosotros, el Estado estaba obligado a protegerlo y no fue así», afirmó Ramírez, quien agregó que tres días antes del asesinato de Hipólito, de acuerdo con información que le fue proporcionada a él por campesinos de la finca Panamá, «la Corporación Dinant sostuvo reuniones con jefes de la Policía y con jefes de los militares y creemos que desde ahí planearon (planificaron el asesinato). Lo mismo pasó antes de que asesinaran a Omar, ellos hicieron reunión y después de la reunión, 24 horas después, vino el asesinato. Ellos se reúnen y planifican para cometer estos asesinatos».
