Autoridades del Congreso Nacional ocultaron a la sociedad civil y al pleno de congresistas los expedientes para el nombramiento de cargos en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Mientras eso pasa, el Partido Libre, el Partido Liberal y el Partido Nacional han puesto sobre la mesa de negociaciones la ratificación del fiscal general interino Johel Zelaya. Algunos congresistas han reconocido incluso que se ha planteado impunidad para actores corruptos. Por otro lado, la colocación de piezas claves en órganos electorales y contralores es el común denominador de las tres fuerzas políticas mayoritarias.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
La Comisión Permanente del Congreso Nacional, que terminó su período el 25 de enero, inició el proceso de convocatoria de postulantes a ocupar cargos para Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) el pasado 21 de noviembre de 2023, tras conformar la Comisión Especial para el nombramiento de magistrados del TSC. Se esperaba que se llevara a cabo un proceso transparente para elegir a los tres magistrados que permanecerán durante siete años en sus cargos, los cuales debieron ser seleccionados el año pasado para cumplir el período 2023-2030, pero eso no fue posible por la falta de acuerdos en el Legislativo.
La Comisión Especial para el nombramiento de magistrados del TSC está presidida por la secretaria del Congreso Nacional, Angélica Smith, e integrada por un total de 11 diputados. Dicha comisión recibió 48 postulaciones de aspirantes al TSC que nunca se hicieron públicas. Se filtró una lista de 21 que aparentemente habían cumplido con todos los requisitos, pero de otros 27 nunca se conocieron los nombres.
Este proceso ha violentado normativas nacionales de elección de segundo grado debido a la falta de transparencia, ya que ni los mismos diputados ni la sociedad civil pueden hablar sobre la idoneidad de los aspirantes porque sus expedientes no han sido publicados y sus hojas de vida se desconocen.
Una fuente al interior del Congreso Nacional le confió a Contracorriente que la comisión solamente se reunió en tres ocasiones, siendo la última el 15 de diciembre. Fue ahí cuando algunos miembros de la comisión le consultaron a la diputada Smith si el listado con las 48 personas debía hacerse pública, a lo que ella, enfáticamente, respondió que el listado no se publicaría «porque había unos [aspirantes] que tenían que subsanar».
Mes y medio después, el Congreso Nacional publicó un comunicado para darles plazo a los aspirantes al TSC que todavía no han completado sus requisitos. Todo esto se ha hecho a espaldas del pleno del Congreso y sin que la sociedad civil pueda acceder a las hojas de vida de los aspirantes.
🏛️📄 | 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎
— Congreso Nacional de Honduras (@Congreso_HND) February 2, 2024
En el uso de las facultades que la Constitución de la República y la Ley le confieren, el presidente del Congreso Nacional, @Lredondo, comunica lo siguiente: pic.twitter.com/zUxkIUNuin
«Todos estuvieron de acuerdo con que fueran públicas, incluso yo también. Pero es que al final, mira, al final esto es complicado porque en la Comisión podemos tener la buena intención, pero al final son los dueños de los partidos políticos los que se ponen de acuerdo», expuso la fuente, que accedió a conversar con nosotros, pero que por su seguridad mantendremos en el anonimato.
La misma fuente agregó que «Angélica Smith le ha remitido esta información a otra gente como parte de algún proceso de socialización, aunque no sea público; pero es interno».
Contracorriente buscó la versión de la diputada Smith. Se logró contactar a su asistente, quien prometió concertar una entrevista; sin embargo, no hubo más comunicación.
El diputado Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal e integrante de la comisión especial para el nombramiento de magistrados del TSC, le dijo a este medio que el listado de 48 postulantes solo se le entregó a la «Comisión Permanente que preside Luis Redondo, quien mandó a pedir el informe».
A la pregunta de por qué no se hizo público el informe con los postulantes, Segura respondió: «No sé por qué no se ha hecho público. Eso tendría que preguntárselo a la abogada Smith, ella es la presidenta de la comisión».
Juan Carlos Aguilar, miembro de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dijo que la participación de organizaciones en veeduría en este proceso es completamente nula.
«No existe la participación de sociedad civil en el Congreso Nacional, a lo mucho sabemos que hubo convocatoria y que se amplió el plazo para presentar la etapa curricular. Pero más allá de eso no ha existido ningún tipo de comunicación en el Congreso. No hay publicidad ni veeduría, y así es imposible que la sociedad civil participe en estos procesos de selección», dijo Aguilar.
Por su lado, la diputada independiente Ligia Ramos dijo a Contracorriente que ni ella ni ningún otro diputado ajeno a la comisión ha tenido acceso a ningún currículum ni expediente de ningún autopostulado al TSC. «Sabemos lo que se oye por los medios de comunicación, de que existen algunas personas que son impulsadas por partidos políticos», explicó Ramos.
Congreso Nacional: un club donde se negocia impunidad y se reparte el poder
Era 24 de enero de 2024. A menos de veinticuatro horas para la instalación de la III Legislatura del Congreso Nacional, la temida Comisión Permanente estaba en reunión. En los pasillos del Congreso Nacional, que lucían repletos de reporteros, camarógrafos y guardias de seguridad, había incertidumbre porque una decisión de los nueve diputados que integraban la Comisión Permanente podía hacer que Honduras cayera nuevamente en una nueva crisis legislativa. No obstante, la Comisión Permanente cesó en sus funciones a las 11:59 p.m. de ese mismo día sin que sucediera lo que se temía.
Ese temor era que la Comisión Permanente que presidió el diputado Luis Redondo decidiera, con apenas 9 votos, nombrar interinamente los siguientes cargos: Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), más conocida como Unidad de Política Limpia (UPL), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y Consejo Nacional Electoral (CNE).
Pero había entonces certeza de una cosa, que si la Comisión Permanente decidía no hacer esos nombramientos era porque las negociaciones entre el Partido Libre, Partido Nacional y Partido Liberal estaban avanzadas. «Si la Comisión Permanente elige esos cargos sin pasar por el pleno, mañana todo va a ser caótico. Pero si nada de eso pasa es porque ya todo estará negociado», dijo la diputada independiente Ligia Ramos a este medio.
El 25 de enero, el Congreso Nacional instaló el período ordinario de sesiones con la instalación de la III Legislatura en un entorno de calma y festividad.
Los congresistas de las principales bancadas de oposición, Partido Nacional y Partido Liberal, que juntos superan más de 60 votos, permanecieron tranquilos en sus curules. No hubo agresiones ni insultos ni reproches. Los presidentes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial —Xiomara Castro, Luis Redondo y Rebeca Ráquel, respectivamente— presentaron sus informes sin ninguna novedad.
Al finalizar la instalación de la III Legislatura, la congresista Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH), se acercó a la prensa y le dijo a Contracorriente que por fortuna la Comisión Permanente no había decidido autoritariamente hacer nombramientos ignorando al pleno; sin embargo, lamentó que todo eso fue gracias a negociaciones entre Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional y el Partido Liberal.
«Sabemos que Libre ya negoció con el Partido Nacional y el Partido Liberal la repartición de cargos», expuso Mena, quien agregó sentirse enormemente preocupada por estar «claramente frente a un proceso de repartición del poder en donde cada partido va a poner su cuota».
Fátima expuso que es lamentable que se dejen de lado los procesos de selección para la elección de altos funcionarios.
«Aquí lo que hay es una clara componenda entre partidos para repartirse una instancia que debería de tener personas con un alto perfil técnico, pero más que carácter técnico deben de tener independencia, autonomía e integridad, porque recordemos que ellos son al final los responsables de contarles las costillas a todos aquellos que administran fondos del erario público, por lo tanto, que se esté repartiendo el poder realmente una situación que preocupa», expuso Mena.
Acuerdo del Partido Libre para que la oposición ratifique al fiscal general Johel Zelaya
A cambio de llegar a arreglos con la oposición para el nombramiento de altos cargos, el oficialista Partido Libre está negociando que se ratifique al fiscal general interino Johel Zelaya; al menos así lo dijo el diputado Rasel Tomé, quien forma parte de la junta directiva. Rasel expuso que su instituto político se dispone a ceder al Fiscal Adjunto como parte de las negociaciones con la oposición.
Si las negociaciones no se rompen —tal como ocurrió el año pasado con algunos pactos suscritos cuando se estaba eligiendo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que incluían entregar la Dirección de Fiscales a la oposición—, el fiscal general adjunto interino Mario Morazán (militante del partido de Gobierno) no será ratificado en su cargo, y el director de fiscales pasará a manos de la oposición.
Contracorriente contactó al diputado Jorge Zelaya, congresista de Francisco Morazán por el Partido Nacional, para confirmar esta versión. El diputado explicó que esto es verdad y que «definitivamente se ha estado dialogando; en ese caso, el fiscal adjunto interino Mario Morazán estaría siendo no ratificado, y solamente se ratificaría a Johel Zelaya como fiscal general».
«La ratificación de Johel Antonio Zelaya como fiscal general es casi un hecho. El fiscal adjunto y director de fiscales estaría, de acuerdo a las conversaciones, que no han finalizado en un 100 % pero que ya están muy avanzadas, el no ratificar a Mario Morazán porque es de la misma línea de Partido Libre, sino que todo pasa posiblemente por Marcio Cabañas y Pablo Emilio Reyes; este último es de tendencia de nuestro Partido Nacional. Todos sabemos que Marcio es de tendencia del Partido Liberal. Otra cosa es que nadie puede desconocer que muchos sentimos simpatía por la abogada Jenny Almendares, a quien desafortunadamente el Partido Libre no ha querido que ella sea ni siquiera fiscal adjunto, ni mucho menos directora de fiscales», expuso Jorge Zelaya.
También se están negociando cargos claves durante los procesos electorales, los cuales se estarían consensuando con un enfoque totalmente partidista, para defender y velar por los intereses solamente de estos tres institutos políticos.
En el caso del TSC, el diputado Mario Segura dijo que los miembros de la comisión se limitaron a revisar las hojas de vida y dar calificaciones de acuerdo a los méritos. «Considero que debía hacerse público el informe (con los 48 expedientes de los aspirantes al TSC), pero recuerde las circunstancias», dijo Segura.
En su condición de jefe de la bancada del Partido Liberal, Segura ha sido parte de las negociaciones tanto con el Partido Libre como con el Partido Nacional, y aceptó que, hasta ahora, las negociaciones han girado en torno a intereses de partidos políticos y no para beneficio colectivo.
«Hemos negociado lo que a los partidos nos conviene, pero creo que deberíamos negociar lo que al pueblo le conviene», reconoció Segura, quien expuso que sí existe un consenso para escoger la mayoría de cargos, pero no una fecha.
El Partido Liberal realizó una reunión a lo interno y los congresistas decidieron que su propuesta para magistrado del TSC sea Jorge Medina.
Segura explicó que Medina fue escogido «por sus méritos», ya que en la bancada «se hizo un estudio de todos ellos; luego la bancada hizo un voto secreto entre Óscar Caballero y Jorge Medina».
Lo anterior evidencia que los candidatos, antes de llegar al pleno para votarlos de manera oficial, son escogidos previamente en reuniones informales de cada partido y no dentro del Congreso Nacional.
Además, existe un bloqueo a la información en perjuicio de los diputados de otras bancadas que no pertenecen a los tres partidos mayoritarios; estos congresistas no conocen cuáles son los candidatos y por lo tanto no los pueden evaluar ni incidir en proponer otras opciones. Tampoco la sociedad civil ha podido evaluar perfiles de ningún aspirante, siendo un ejemplo el caso del TSC.
“Estamos esperando la elección del Fiscal General con 86 votos”: Laura Dogu https://t.co/6LNA6AoMxJ pic.twitter.com/vwzvKF1aAy
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 31, 2024
Estas negociaciones se llevan a cabo sin las mínimas condiciones de transparencia, sin seguir principios básicos como publicidad, capacidad e idoneidad, sino que los congresistas están negociando dentro de sus bancadas para colocar a un funcionario de su confianza. Incluso, la propuesta del Partido Nacional para uno de estos cargos es uno de sus mismos diputados en propiedad que, de ser escogido, tendrá que abandonar su curul y tomar su nuevo puesto.
Pero no todos dentro del Partido Nacional estuvieron de acuerdo en que un diputado de su partido fuese la propuesta para integrar al TSC.
«Yo fui muy claro con mis compañeros diputados al decirles que yo no tenía nada personal contra el diputado Marco Velásquez, pero les dije que es un diputado y que yo nunca lo acompañaría. Se presentaron siete candidatos… y uno respeta al final la decisión de la mayoría», dijo el diputado Jorge Zelaya.
¿Impunidad para David Chávez, expresidente del Partido Nacional?
El pasado 31 de enero de 2024, el medio TN5 le consultó al diputado Pedro Chávez si el retorno de su hermano David Chávez —prófugo de la justicia— está dentro de la mesa de negoción con el Partido Libre y Partido Liberal, a lo que este respondió: «Totalmente, si es que él es inocente… que él retorne a casa porque no ha hecho nada malo… él es el presidente del partido, de la institución más grande política que existe».
Pero un día después, Pedro Chávez públicamente se retractó de sus palabras y expresó que sus declaraciones habían sido «mala información».
#TN5| Partido Nacional negocia con Libre el retorno de David Chávez, según su hermano Pedro Chávez pic.twitter.com/JdxnfYNO4Z
— TN5 (@TN5Telenoticias) February 1, 2024
Ante la pregunta de si se está negociando impunidad en el Congreso Nacional, Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal, negó que su institución política fuese parte de eso.
«De parte nuestra, no. Más bien hemos dicho que nosotros no acompañamos temas de impunidad. Se ha dicho, y a mí no me consta, que la impunidad la está pidiendo el Partido Nacional y es el pleito que se tienen con el Partido Libre».
Es importante mencionar que líderes importantes del Partido Nacional han sido liberados durante estos días; por ejemplo, en el caso Pandora II, que fue abierto por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), que dirige el fiscal jefe Luis Javier Santos, el expresidente Porfirio Lobo Sosa fue sobreseído definitivamente esta semana de lo que se le acusaba. Este es un caso que también involucra al expresidente Juan Orlando Hernández y a otros influyentes políticos.
Asimismo, por no acreditar con el mínimo de indicio racional de la prueba la participación de Porfirio Lobo, Johny Handal y Roberto Zúñiga en los hechos indicados en el requerimiento, se dicta Sobreseimiento Definitivo por Fraude y Violación de los Deberes de los Funcionarios. pic.twitter.com/gulR2hRx5b
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) February 1, 2024
Contracorriente le consultó al diputado nacionalista Jorge Zelaya si el Partido Nacional ha negociado impunidad para David Chávez, quien está prófugo de la justicia después de que el 28 de noviembre pasado un juzgado librara una orden de captura en su contra por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios por actos de corrupción que se le atribuyen durante el tiempo en que fungió como director del Instituto de Formación Profesional (Infop), entre los años 2010 y 2013.
«Sí, escuché eso a modo de especulación», dijo Jorge Zelaya a Contracorriente; no obstante, agregó que él no ha estado en ninguna reunión y tampoco es jefe de la bancada.
«Sería mentiroso si le digo que se ha pedido algo relacionado con el expresidente del partido David Chávez, bueno, presidente todavía, porque por ahora está la vicepresidenta al frente del partido», explicó el congresista.
Jorge Zelaya reiteró que no conoce «si en las conversaciones al más alto nivel del partido se está manejando esa posibilidad de que regrese David Chávez y que se le pueda dispensar algunas de estas cosas de las cuales están hablando».
Propuestas oficiales por los partidos políticos para el TSC
El diputado nacionalista Jorge Zelaya dijo que el Partido Nacional ya tiene listos a sus candidatos para integrar el TSC. «Ya está definido, el Partido Liberal tiene sus candidatos, nosotros también como Partido Nacional y el Partido Libre también».
Hasta ahora, el Partido Nacional y Partido Liberal han hecho públicos los nombres de sus candidatos para integrar el TSC, Marco Velásquez por el lado de los nacionalistas y Jorge Medina por los liberales.
El Partido Libre aún no hace oficial su propuesta para integrar el TSC, y el único nombre que ha sonado públicamente es el del subsecretario de Gobernación y Descentralización, Sergio Vladimir Coello, de quien se dice que será postulado por Libre para integrar el órgano contralor.
«Sergio Vladimir Cuello tiene como padrino dentro del Congreso Nacional a Carlón [Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional]. Es el viceministro de Gobernación. A este hay que tenerle mucho cuidado. Es un peón muy bueno en hacer todo este tema de la política vernácula, especialmente en cubrir todos los espacios que deja la política partidaria, él es experto para eso», dijo a Contracorriente un experto que solicitó permanecer anónimo.
Propuestas para otros cargos
Para optar a la UFTF, más conocida como Unidad de Política Limpia, se ha conocido públicamente, desde agosto de 2023, que Ivonne Ardón es la propuesta por el Partido Liberal, Emilio Hércules por el Partido Nacional y Vladimir Mendoza por el Partido Libre. Todos ellos resultaron bien evaluados en agosto del año pasado, durante la fase de audiencias públicas en la que únicamente participaron 13 aspirantes.
Cabe señalar que Vladimir Mendoza y Ivonne Ardón son actuales comisionados del IAIP y que, a pesar de la falta de transparencia del Congreso Nacional actual, decidieron premiar a esta institución otorgándole el 100 % de transparencia.
Secretaria del Congreso Nacional, @angelicaS_HN, participó en la presentación del Informe de Verificación de Portales de Transparencia, correspondiente al I Semestre del año 2023, del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
— Bancada Libre (@BancadaLibre) October 27, 2023
El Congreso Nacional, alcanzó el 100 por… pic.twitter.com/92gMI0PYF4
En estos procesos solo han mediado las negociaciones entre partidos políticos, pero no se ha permitido a la sociedad civil que revise los expedientes de las personas que han postulado a los cargos.
La propuesta del Partido Nacional para el Tribunal de Justicia Electoral es el exdiputado por Comayagua, Gerardo Martínez.
Los partidos mayoritarios no han dado a conocer todavía el listado completo de sus aspirantes al IAIP.
El Partido Libre y el Partido Liberal tampoco han aclarado públicamente quiénes serán propuestos ante el pleno para que se conviertan en consejeros y magistrados de las instituciones electorales TJE y CNE.
Están negociando «un solo paquete»
La diputada Ligia Ramos le dijo a Contracorriente que a su juicio el tema más importante que se está negociando es lo relacionado con el fiscal general, pero que las negociaciones han avanzado lento porque de fondo se está cocinando «todo un paquete» sobre los demás cargos.
«Hay que nombrar al fiscal general y fiscal adjunto en propiedad, a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, aunque a estos todavía les falta un tiempo. También está lo referente al Tribunal Superior de Cuentas, que es un ente importantísimo en materia de transparencia y de investigación del uso de los fondos públicos. Entonces, pareciera como que se está haciendo todo un paquete y tratando de llegar a un acuerdo en un paquete total, que nos obstaculiza que lleguemos acuerdos, porque ahí hay negociaciones que van más allá», expuso Ramos.
Ligia Ramos es una de las pocas voces que afirman que una de las principales razones por las cuales las negociaciones han sido tan difíciles es debido a que el presidente Luis Redondo se ha opuesto a muchas de las intenciones de los tres partidos políticos mayoritarios.
«Negocian impunidad, negocian dinero, y yo he visto cómo les ha costado, precisamente porque el presidente Luis Redondo no cede a negociaciones de impunidad; eso es muy fácil de verlo, todo el mundo habla de la incapacidad que tiene él como presidente, pero realmente yo considero que es porque él tiene un límite duro en cuanto a la impunidad. Hay algunas cosas que él no se ha podido meter, por ejemplo con la Corte Suprema de Justicia, ahí él fue como espectador, pero yo creo que ahorita que con lo del Ministerio Público, eso es muy delicado. Entonces Redondo ha tenido que hacer algunas peripecias para evitar esa negociación de impunidad. Pero bueno, esa es mi percepción», expuso Ramos.
Mientras los congresistas se entrampan en negociaciones y se reúnen a puertas cerradas para colocar a sus militantes en cargos que son trascendentales para la democracia hondureña y persecución penal, el país se encamina una vez más a perder una oportunidad de que personas independientes se desempeñen en estos cargos, desde donde podrían garantizar el respeto a la institucionalidad, al voto ciudadano y al Estado de derecho.
