El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, juramentó de forma interina a Johel Zelaya como Fiscal General y a Mario Morazán como Fiscal General Adjunto después de que una comisión permanente con 9 diputados propietarios, la mayoría del partido oficialista, aprobara su moción. El primero fue siempre la apuesta del Partido Libre, mientras que el segundo es un exfuncionario del Gobierno del expresidente José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). Ambos permanecerán en sus cargos hasta que el pleno de diputados alcance un consenso de 86 votos. La oposición llamó a sus seguidores a protestar y los colectivos del Partido Libre han llamado a defender la posición de la comisión.
Texto: Leonardo Aguilar
Con reportes de María Celeste Maradiaga
Fotografía: Fernando Destephen
En medio de serios cuestionamientos, una Comisión Permanente del Congreso Nacional eligió este miércoles a Johel Zelaya en el cargo de Fiscal General y a Mario Morazán, como Fiscal General Adjunto. Las autoridades del Legislativo explicaron que ambos permanecerán en sus cargos en condición de interinato hasta que los diputados de las distintas bancadas alcancen consensos para lograr una mayoría calificada de 86 votos.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien preside la Comisión Permanente, dijo que no iban a permitir que continuara a la cabeza del Ministerio Público un exfiscal general adjunto que permitió la reelección constitucional, la violación de la soberanía y el narcotráfico, en referencia a Daniel Sibrián, quien venía ejerciendo funciones de Fiscal General después de que pasara el tiempo para elegir autoridades en esa institución.
Sibrián tomó las riendas del ente acusador durante casi dos meses, después de que el exfiscal general Óscar Chinchilla –cuestionado por no actuar contra el narco-Estado encabezado por el expresidente Hernández– abandonara su cargo y el país, para integrar la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) cuya sede se encuentra en Nicaragua y en donde funge como vicepresidente.
En un comunicado emitido este miércoles, el Ministerio Público, todavía en manos de Daniel Sibrián, sugirió la posibilidad de considerar aplicarle un juicio político al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por sus opiniones vertidas en Canal 11 en donde desconocía la autoridad de Sibrián y argumentaba «falta absoluta» de autoridades en el ente acusador del Estado.
La falta absoluta de autoridades en el Ministerio Público era un requisito necesario para que la Comisión Permanente hiciera el nombramiento de los fiscales interinos.
El abogado Raúl Pineda Alvarado, exdiputado del Congreso Nacional, dijo a Contracorriente que el nombramiento de Johel Zelaya y Mario Morazán es ilegal porque la Comisión Permanente no tiene facultades para nombrarlos porque «esas facultades surgen cuando se da la situación de ausencia absoluta».
El analista explicó que, no concurriendo esta circunstancia de la ausencia absoluta, entonces no opera la atribución.
«El fiscal Sibrián está en su cargo, lo mismo que otros funcionarios de la fiscalía, y la ausencia absoluta se da cuando hay muerte, incapacidad física y cuando hay inhabilitación judicial. Además cuando hay un revocatorio. Entonces estos fiscales interinos, entre comillas, porque los van a dejar por cinco años, son fiscales electos ilegalmente», explicó Pineda Alvarado.
El analista agregó que las consecuencias políticas que esto tendrá es el de la persecución política a opositores, bajo el argumento de que se está combatiendo la impunidad.
Pineda expuso que los diputados hondureños «le dieron el carpetazo» (es decir que le dieron cierre) a temas como la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) y la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), de esta última dijo, su llegada es «si no difícil, imposible que se haga realidad en el país».
Pineda Alvarado subrayó que cerrándose el período de sesiones ordinarias, este Congreso ya no puede ratificar la derogación de reformas constitucionales que permitieron las ZEDEs.
Al ser consultado sobre si el tema de las ZEDEs pudo haber sido una negociación entre congresistas y representantes de élites políticas y económicas de Honduras, Pineda Alvarado expuso: «no le puedo dar una respuesta sobre eso. No lo creo. Pero está dentro de lo posible».
El diputado del Partido Libre, Edgardo Castro dijo a Contracorriente que él siempre estuvo seguro que los fiscales, general y adjunto, se iban a elegir ya sea con consensos o no. «Yo siempre dije: habrá fiscal quieran o no quieran».
Castro fue más allá en sus declaraciones y no descartó que los fiscales interinos puedan convertirse en fiscales definitivos una vez que termine el período de validez de la Comisión Permanente, el 24 de enero de 2024. Para eso, dijo que bastará un «decretito» que les dé la categoría de fiscales permanentes.
«Recuerde que la Comisión permanente del Congreso queda instalada hasta el 24 de enero [de 2024], entonces les da chance para acercamientos. Si no hay acercamientos para elegir los fiscales de forma perenne, [la introducción de un decreto para elegirlos definitivamente] va a ocurrir», indicó Castro.
El Fiscal General interino Johel Zelaya fue siempre la apuesta del Partido Libre, fue puntuado por una Junta Proponente con el 80 % y avanzó a pesar de que, en la declaración jurada, los candidatos debían acreditar no haber tenido participación política durante años recientes, sin embargo, Zelaya pasó todos los filtros a pesar de que actualmente funge como servidor público, pues es regidor del municipio de Reitoca, Francisco Morazán, por el Partido Liberal.
El Fiscal General Adjunto interino Mario Morazán, en el 2006 fue nombrado por el expresidente Manuel Zelaya —actual asesor presidencial— como ministro consejero de la Embajada de Honduras en Costa Rica.
El Congreso Nacional terminó sus sesiones ordinarias con tres asuntos pendientes de resolver: la ratificación de la derogación a los artículos constitucionales sobre las Zedes, la elección de un nuevo fiscal general con 86 votos y la aprobación del presupuesto general para el 2024.
El Congreso Nacional estuvo dos meses paralizado y retomó las sesiones en un clima altamente polarizado en donde el presidente Luis Redondo eligió a las nuevas autoridades del Ministerio Público, prescindiendo de los 86 votos requeridos y recurriendo a las facultades que la Constitución de la República le otorga a la Comisión Permanente, que según el artículo 208, numeral 11, establece que esta puede “Elegir interinamente en caso de falta absoluta los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional”.
La Comisión Permanente fue integrada por nueve diputados propietarios, 8 de los cuales pertenecen al Partido Libre. Sus miembros fueron juramentados este miércoles, justo cuando se entró en el receso legislativo, comprendido del 1 de noviembre de 2023 al 24 de enero de 2024. Con esto, el Legislativo puso fin a las sesiones ordinarias.
En un intento por frenar la instalación de esta Comisión Permanente, la oposición, que alcanzó 71 votos, seis más de los que necesitaba para alcanzar el quórum, desarrolló ayer martes una sesión extraordinaria en la que aprobó un decreto para ampliar la vigencia de las sesiones ordinarias hasta el 24 de enero de 2024, sin embargo, al tratarse de un decreto, para entrar en vigencia se requiere que este sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta, una instancia que no cuenta con autonomía suficiente como para atender el decreto promovido por la oposición política.
El artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en la última parte, señala que «Una vez terminada las sesiones del Congreso Nacional, la Comisión Permanente se debe reunir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de la última sesión, la cual está integrada por el Presidente del Congreso Nacional, un Vicepresidente, el Primer Secretario, y miembros propietarios y alternos». Una vez elegida la Comisión Permanente, debe establecer el calendario de reuniones y los mecanismos para evacuar las responsabilidades que por ley le corresponden y sus decisiones se toman por mayoría simple de sus miembros.
Antes del nombramiento de los fiscales, el Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols, compartió el mensaje de la Embajada Americana en Honduras llamando a la calma e instando al diálogo. Además hizo un llamado para que Honduras elija a un Fiscal General y Adjunto, «con los 86 votos requeridos».
Con menos que conseguir, las cosas se facilitaron para el Partido Libre, que tras las elecciones de noviembre de 2021, alcanzó 50 diputados en el Congreso Nacional, mientras que el Partido Nacional 44, el Partido Liberal 22, Partido Salvador de Honduras (PSH) 10. La Democracia Cristiana y el Partido Anticorrupción (PAC) alcanzaron uno cada uno.
El Partido Nacional reaccionó a través de su presidente David Chávez, quien además es miembro del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC). Este convocó a las bases de su partido y a otros sectores de la ciudadanía para presentarse a las instalaciones del Ministerio Público con el objetivo de impedir que tomen posesión los recién nombrados como fiscal general y fiscal general adjunto interinos.
Líderes del Partido Libre también convocaron a sus colectivos a las instalaciones del Ministerio Público, lo que puede incrementar la violencia política, como la registrada ayer durante la sesión en donde resultaron heridos algunos diputados opositores y en donde además, se dieron otros incidentes peligrosos, tal como el protagonizado por el diputado nacionalista Mario Pérez, quien sacó un arma de fuego y amenazó a uno de los guardias de seguridad del hemiciclo Legislativo.
