El pasado 21 de septiembre, el exfiscal Óscar Fernando Chinchilla fue juramentado como el vicepresidente de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). Chinchilla salió sigilosamente de Honduras hacia Nicaragua a inicios de septiembre; más tarde se conoció que el Legislativo hondureño lo está investigando para determinar por qué, en muchos casos de alto impacto, el exfiscal general decidió no combatir ni la corrupción ni el narcotráfico.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Jorge Cabrera
El 3 de septiembre, tres días después de que fracasara el intento en el Congreso Nacional para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público, se conoció que el exfiscal Óscar Fernando Chinchilla abandonó su cargo como Fiscal General y abandonó también el país, pues salió rumbo a Nicaragua a través de la aduana de Guasaule, Choluteca, zona sur de Honduras.
La huida de Chinchilla se dio en un contexto de acusaciones de su presunta complicidad con el narcoestado hondureño que lideró el expresidente Juan Orlando Hernández, este último preso en una cárcel de Nueva York a la espera de su sentencia.
El pasado 21 de septiembre, la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) designó a Chinchilla como el nuevo vicepresidente de ese órgano. Aunque su función como vicepresidente culminará el 30 de junio de 2024, Chinchilla continuará siendo magistrado de la CCJ hasta 2027.
El exfiscal fue nombrado en 2017 como magistrado de la CCJ por la Corte Suprema de Justicia de Honduras para un período de 10 años, mismo que se termina el 2027, pero Chinchilla decidió no integrarse en aquel momento el órgano de justicia y en su lugar solicitó un «permiso especial» para continuar siendo Fiscal General, quedándose al frente del Ministerio Público en 2018 tras un proceso manchado por irregularidades.
Como vicepresidente de la CCJ, Chinchilla gozará de los «privilegios e inmunidades» que le corresponden, pues integra un órgano del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que según el artículo 28 del Convenio del Estatuto de la Corte, «los Magistrados, el Secretario General de la Corte y los funcionarios a quienes ella designe con el carácter de internacionales, gozarán de las inmunidades y privilegios correspondientes a su cargo».
Hasta el momento no se conoce públicamente que Chinchilla haya interpuesto una renuncia para abandonar su cargo como Fiscal General ante el Legislativo hondureño, lo que contraviene el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, normativa que mantiene en su cargo al Fiscal Adjunto, Daniel Sibrián.
Sibrián se mantiene en su cargo desde el 1 de septiembre, pues el Congreso Nacional no ha podido lograr consensos para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público. Pero existen presiones para que Sibrián renuncie, incluso el propio presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, le ha exigido públicamente que renuncie a su cargo y lo ha acusado de «usurpador». Sibrián ha contestado amparándose en resoluciones de la Corte Suprema.
A finales de agosto, Contracorriente reveló que un investigador del Ministerio Público descubrió las conexiones entre los hermanos Tony y Juan Orlando Hernández con el narcotráfico y decidió poner en conocimiento de esas conexiones al entonces fiscal general Chinchilla, sin embargo, este investigador reveló que el exfiscal general no hizo nada al respecto.
El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, reconoció recientemente que las acciones realizadas por la comisión legislativa que está investigando a Chinchilla no son vinculantes, porque como diputados no poseen la capacidad de judicializar a nadie.
El diputado Pino aseguró que la sociedad hondureña «tiene la necesidad de conocer cómo una institución tan importante como el Ministerio Público no combatió la corrupción y el narcotráfico».
El jurista y analista político Raúl Pineda Alvarado le dijo a Contracorriente que mientras no haya ninguna denuncia contra Chinchilla, «éste puede estar tranquilo en Nicaragua en donde se han ido a refugiar todos los sectores del Partido Nacional y del Gobierno anterior bajo el ala protectora de don Daniel Ortega, lo que significa que esto de las ideologías ya son cosa del pasado».
La CCJ tiene su sede en Managua desde el 12 de octubre de 1994 y su estatuto solamente ha sido ratificado por El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Está integrada por seis Magistrados Titulares para un período de 10 años. En este caso, los miembros son Carlos Guerra, que la preside, Óscar Chinchilla, vicepresidente; Silvia Bolaños, César Salazar, Edgar Hernán Varela y Vera Sofía Rubí.
Pineda explicó que actualmente los magistrados de la CCJ son nombrados por 10 años por parte de las cortes nacionales y los designados «ejercen conocimientos solamente en materia de integración, aranceles o cuando un conflicto se da porque un país aumenta los impuestos en materia de tránsito, relacionados con fronteras, por cobros de tasas y servicios, etc. Generalmente tienen poco trabajo», añadió.
Chinchilla fue muy criticado en el 2012, pues como magistrado de la Sala Constitucional fue el único de los cinco magistrados en no ser destituido por el Congreso que entonces presidía Juan Orlando Hernández porque votó en contra de un recurso de inconstitucionalidad —expediente RI-769-11— contra las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), también conocidas como ciudades modelo, proyecto que le quitaba soberanía al territorio nacional.
Al obtener la confianza del Partido Nacional, Chinchilla decidió interrumpir su magistratura en la CSJ para convertirse en Fiscal General el año 2013. Según Pineda Alvarado, con el caso de Chinchilla se cometió una ilegalidad, porque desde el 2017, éste ostentó dos cargos: como magistrado de la Corte Centroamericana y como Fiscal General. «Siendo fiscal no podía también ser magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia», dijo Pineda.
Pero la situación de Chinchilla —añadió Pineda— «perfectamente puede ser enmendada por la Corte Suprema de Justicia actual, haciendo una nueva propuesta debidamente fundamentada y sometiéndola al conocimiento de los demás magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia, y sería ésta la que decidiría si el magistrado Óscar Chinchilla puede ser destituido legalmente o no».
No obstante, el actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Walter Sabio, quien lidera la Sala de lo Penal, dijo que hasta el momento no existe «ningún motivo» para revocar el nombramiento del exfiscal general Chinchilla en la CCJ.
«Fue nombrado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia que vacó, y acá [a la nueva CSJ] no ha llegado ninguna solicitud. Podemos dar otro elemento y es que no existe un proceso en donde él haya sido vencido, como para poder considerar que hay que revocar su nombramiento como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia», dijo el magistrado Sabio a Hoy Mismo.
La Corte Centroamericana de Justicia tiene el objetivo de buscar que se respeten los tratados y protocolos del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), con atribuciones de interpretación, aplicación y consulta de las disposiciones de los instrumentos que regulan el Sistema, y además dirime los conflictos que surgen entre los Estados miembros.
Pineda dijo que integrar la Corte Centroamericana le da a Chinchilla la misma inmunidad que un embajador o agente diplomático y, además, explicó que Chinchilla podrá participar en la resolución de conflictos entre titulares y órganos de la integración centroamericana, así como controversias entre poderes del Estado cuando éstos sometan sus discusiones a la jurisdicción de la Corte.
«También tiene una facultad muy interesante y es la de emitir consultas que les hagan las cortes supremas de los diferentes países del área centroamericana», añadió Pineda, en relación con las funciones de la CCJ.
Sobre la diferencia en la inmunidad que ofrece el Parlacen Centroamericano [buscada en su momento por el expresidente Hernández] y la inmunidad que ofrece la CCJ, Pineda dice que «hay diferencias sustanciales», sobre todo porque los diputados del Parlacen tienen inmunidad fuera de Honduras, pero en Honduras carecen de inmunidad y por lo tanto los diputados del Parlacen están en la misma situación que los diputados nacionales.
«El señor Chinchilla no ha sido sujeto de ninguna acusación, al menos todavía, y puede estar desempeñando su cargo mientras no exista una causal o motivo suficientemente fuerte como para motivar una acción por parte de la Corte Suprema de Honduras, que es la que lo nombró y es la que puede promover su destitución», expuso Pineda.
El analista hondureño consideró que Chinchilla fue calculador, porque «actuó previendo las consecuencias de la conducta ilegal del expresidente Hernández, en el sentido de irse a refugiar a la Corte en donde actualmente es su vicepresidente».
Pineda concluyó diciendo que la CCJ no le genera ningún conflicto al Gobierno de Daniel Ortega, pues «Nicaragua vive una dictadura y todo lo que pueda significar una influencia externa y contraria a la ideología de la política del Gobierno de Ortega va a ser objeto de represión, pero la Corte goza de supranacionalidad y el Gobierno de Nicaragua ha mantenido una muy buena relación con la corte centroamericana».
