Seis de los miembros de la actual Junta de Dirección Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) pretenden reelegirse en un proceso que ha sido señalado por estudiantes y docentes como «ilegal e ilegítimo». Al mismo tiempo, dentro de los espacios estudiantiles han aumentado las denuncias de violencia política, hostigamiento y acoso contra las mujeres. Ante la falta de consensos, la posibilidad de una crisis a mayor escala por el control de la UNAH parece cada vez más cercana.
Texto: Daniel Fonseca
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
Tras varios años de autoridades interinas, el Consejo Universitario convocó — por iniciativa del rector Francisco Herrera — a elecciones para nombrar a una nueva Junta de Dirección Universitaria (JDU), órgano encargado de administrar la universidad. Tanto estudiantes como docentes han denunciado que en el proceso se está violentando la Ley Orgánica de la UNAH.
Los movimientos estudiantiles argumentan que, debido a que antes de esta fecha no había representantes estudiantiles en el Consejo, todas las decisiones tomadas por este órgano carecen de legalidad y legitimidad. Entre las resoluciones cuestionadas está la conformación de la actual JDU en 2019, cuyos miembros pretenden reelegirse. «Fueron electos de manera ilegal, porque no se llevó correctamente el proceso que contempla la Ley Orgánica para la elección. Es el Consejo [Universitario] que lo tiene que conformar y el Consejo no tenía representación estudiantil», explicó a Contracorriente Angie Hernández, presidenta de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho.
Esta ley establece que los integrantes de la JDU serán nombrados en sus cargos de manera escalonada, es decir, cuatro puestos son nombrados cada cuatro años y tres puestos cada dos. Las elecciones de autoridades tendrían que haberse realizado en 2020, pero debido a la pandemia por COVID-19 se aplazó hasta después de las elecciones estudiantiles realizadas en abril de 2022.
Con el objetivo de finalmente elegir de forma oficial a las autoridades de la UNAH, el Consejo Universitario convocó en junio de este año las autopostulaciones para la JDU y nombró a una comisión compuesta por estudiantes, docentes y autoridades para darle seguimiento al proceso.
El 11 de octubre la «Comisión para la ampliación del proceso público de selección de siete miembros de la Junta de Dirección Universitaria» presentó un informe en el que se detalla que, de 53 aspirantes a la JDU, 31 candidatos pasaron los filtros establecidos en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la UNAH que incluye ser hondureño mayor a 35 años, tener un título universitario avalado por la UNAH, amplio reconocimiento académico, honorabilidad y gozar de los derechos políticos. Por otro lado, esa ley inhabilita para postularse a los miembros del Consejo Universitario y a quienes ostenten un rol de dirección en un partido político.
La actual JDU está compuesta por Carlos Alberto Pérez, Juan Carlos Ramírez Flores, Raúl Orlando Figueroa, Efraín Aníbal Díaz, América del Carmen Alvarado, Marilyn Carolina Ramírez y José Ramón Ramírez. Todos se autopostularon en la convocatoria y todos, salvo José Ramón Ramírez, fueron seleccionados por la Comisión para continuar en el proceso.
En la tabla de valoraciones del informe al que Contracorriente tuvo acceso, se asigna un porcentaje al nivel académico del postulante, sus publicaciones o investigaciones, que haya recibido premios y reconocimientos y la cantidad de años de servicio en la UNAH. La tabla también considera el nivel de conocimiento sobre la legislación y administración universitaria, entre otros puntos. Lo que no incluye el informe son las actas de evaluación de cada candidato.
«Nosotros somos fieles creyentes de que esas ponderaciones fueron sesgadas con el objetivo de sacar a gente de la que se postuló y también dejar a otra que estaba ahí con el deseo de reelegirse», dijo Luis Sandoval, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH).
Si bien la Ley Orgánica de la UNAH y el reglamento de la JDU enumeran los requisitos e inhabilitaciones para ser parte de la JDU, no detalla un mecanismo para elegir a quienes integrarán la Junta. Ante la falta de un marco jurídico claro para realizar las elecciones, la Comisión recomendó en su informe realizar una presentación oral y pública donde los aspirantes deberían presentar al Consejo Universitario «una visión de lo que podría ser su trabajo como miembro de la Junta de Dirección Universitaria».
Una vez escuchados los aspirantes, el Consejo Universitario deliberaría la forma de votación. Esa misma propuesta fue la que se intentó implementar durante las sesiones extraordinarias del 27 de octubre y el 12 de noviembre, las cuales no llegaron a resolución luego de ser interrumpidas por protestas estudiantiles.
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Wilfredo Girón, representante del claustro de maestros de ciencias y secretario de la Comisión, contó que tanto la elaboración del informe como las recomendaciones finales, fueron impuestas por las autoridades, quienes estaban en su mayoría en la comisión y propusieron dicho mecanismo con el fin de reelegir a los actuales miembros de la Junta, supuestamente afines a sus intereses y a los del rector Herrera. «El problema es que la Comisión, la mayoría eran las autoridades, nosotros [estudiantes y docentes] éramos la minoría, entonces ni modo, por mayoría se van las cosas. Yo planteé algunas cosas pero no pasaron», dijo.
Por su parte, los representantes estudiantiles en el Consejo Universitario propusieron la elaboración de un mecanismo de desarrollo de la sesión en la que se elegirá a la JDU. Esta solicitud no ha sido atendida.
«Como sector estudiantil hemos sido enfáticos y enérgicos que no vamos a dar paso a las entrevistas si no hay un mecanismo legal que menciona la Ley Orgánica para elegir a cualquier miembro de este órgano de dirección tan importante de la UNAH», le dijo a Contracorriente Ana Barahona, representante estudiantil ante el consejo universitario.
Los estudiantes no son los únicos que denuncian irregularidades. Para Wilfredo Girón no hay duda de que la intención del rector interino Francisco Herrera es reelegirse y está usando este proceso con ese fin. «Estoy completamente seguro. Él, todo el esquema lo colocó para eso, ¿y cómo lo hizo? Con los interinatos, interinatos ilegales, porque la mayor parte de las autoridades fueron nombradas a dedo [sin pasar por un concurso público]», aseguró el docente.
El actual rector, doctor Francisco Herrera, empezó su carrera dentro de la UNAH como docente de la asignatura de Patología en el campus del Valle de Sula. En el año 2013 fue escogido como director de ese centro y para 2017 fue nombrado por la JDU de aquel entonces como rector interino de la Universidad, sustituyendo a la socióloga Julieta Castellanos. Al momento de asumir su cargo, decenas de estudiantes enfrentaban procesos penales como resultado de las protestas ocurridas durante la rectoría de Castellanos.
Una Junta de Dirección Universitaria llena de irregularidades
Según el artículo 11 de la Ley Orgánica de la UNAH, la Junta de Dirección Universitaria es el órgano administrativo principal de la institución; responsable de la planificación, organización, control administrativo y seguimiento de los resultados operativos de la institución. Su importancia dentro de la UNAH y el alcance de sus funciones han propiciado luchas internas por alcanzar un puesto dentro de la Junta. También ha generado varios conflictos y denuncias por irregularidades y falta de transparencia que se remontan hasta su conformación.
Cuatro de los integrantes de la JDU fueron colocados en su puesto durante el mandato del doctor Herrera, sin un concurso público y sin representación estudiantil escogida democráticamente en el Consejo, como manda la Ley Orgánica de la UNAH, dejando así una junta directiva con una legitimidad cuestionada. Una situación cada vez más habitual en el país.
En la sesión extraordinaria del 22 de agosto de 2019 se removió de sus cargos en la JDU a Aleyda Romero, José Manuel Torres, Valerio Gutiérrez y Martha Arguijo por «faltas administrativas», según detalla el acuerdo No. CU-E-109-08-2019.
En esa misma sesión se nombró y juramentó de manera interina a América Alvarado, Marylin Ramírez, Efraín Díaz y José Ramón Martínez «hasta que sea nombrada la nueva JDU en propiedad, a fin de garantizar el normal funcionamiento del órgano administrativo de la UNAH». Los cuatro ahora buscan la reelección.
Además de estos nombramientos, en mayo de 2019, el director interino de la JDU, Raúl Orlando Figueroa, remitió un oficio a Arquímedes Zelaya, secretario del Consejo Universitario, solicitando que se aclare ante el CU una solicitud de ajuste salarial para los miembros de la JDU «en virtud del trato injusto del que hemos venido siendo objeto al no tramitarnos el ajuste correspondiente», expresó Figueroa en el documento.
Tras una resolución del Consejo Universitario en junio de 2019, los miembros de la JDU pasaron de ganar entre 60,000 y 70,000 lempiras a devengar un salario de 103,315.55 lempiras, una suma similar a la de algunos de los funcionarios mejor pagados de Casa Presidencial.
También se destaca el caso de Juan Carlos Ramírez Flores, que ha sido parte de la Junta de Dirección Universitaria desde 2013, pese a que la Ley Orgánica de la UNAH dice que su periodo es de cuatro años con la posibilidad de ser reelectos una sola vez. De oficializarse en el poder podría estar hasta ocho años más en la Junta.
El presidente de la FEUH, Luis Sandoval, dijo a Contracorriente que otro de los puntos por los que los estudiantes se han manifestado es una auditoría realizada de forma interna por la UNAH a la JDU, cuyos resultados no han sido publicados. Según Sandoval, los consejeros estudiantiles han realizado cinco solicitudes de sesión extraordinaria para discutir dicha auditoría, pero sus solicitudes no han sido respondidas. Además, aseguró que solicitaron el informe a través del Portal de Transparencia del Instituto de Acceso de Información Pública desde hace más de un mes sin obtener ninguna respuesta.
«Lo están maquillando y lo digo con nombre y apellido, porque lo están maquillando. Lo hemos solicitado a través de la universidad, a través del Tribunal Superior de Cuentas y ninguna solicitud ha sido respondida y han vencido los plazos de los 10 días hábiles que manda la ley; han violentado el artículo 80 del derecho a la petición de información, han violentado el Código de ética del funcionario público porque no han sido nada transparente», dijo Sandoval.
Wilfredo Girón se sumó a las denuncias de opacidad dentro de la Autónoma por existir múltiples barreras para el acceso de información de la UNAH, tanto en procesos administrativos como académicos. «Definitivamente hay un problema de transparencia dentro de la Universidad», aseguró. Contracorriente intentó contactarse con los siete miembros de la JDU, pero al cierre de esta publicación no se recibió respuesta.
Disputa por el control de la UNAH
La UNAH tiene una función relevante en la política hondureña. Constitucionalmente tiene asignado un 6 % del Producto Interno Bruto; el titular de la Rectoría ocupa la vicepresidencia del Consejo Nacional de Educación y la presidencia del Consejo de Educación Superior. Además, la UNAH acoge a diversos observatorios e instituciones investigativas como el Observatorio Nacional de la Violencia o el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad.
Dentro de sus responsabilidades está convocar al claustro de docentes de las facultades de Derecho para escoger a su representante ante la Junta Nominadora de aspirantes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cargo que este 2022 fue asumido por Waldo Rivera.
La participación de la UNAH en la elección de una nueva CSJ no se ha limitado a convocar al claustro. La universidad prestó sus espacios físicos para que se instalara la Junta Nominadora y para realizar las pruebas toxicológicas a los aspirantes a magistrados, además brindó un sistema digital para realizar la prueba de conocimientos, proceso que es señalado por supuestas fallas técnicas y filtraciones de información.
Nelson Ávila, dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), excandidato presidencial y actual aspirante a rector de la UNAH, consideró que en la universidad hay intereses del actual Gobierno y de la administración anterior y añade que los interinatos de las autoridades responden a acuerdos preelectorales que hubo con el Gobierno de Juan Orlando Hernández. «La Universidad es de las instituciones donde el narcoestado está presente. Toda esta gente fueron puestas en la época de Juan Orlando Hernández», le dijo a Contracorriente Nelson Ávila.
Haciendo eco de las denuncias estudiantiles, el excandidato presidencial consideró que las autoridades universitarias fueron colocadas en su puesto sin seguir la ley. «Esa Junta de Dirección Universitaria es ilegal y en consecuencia todos los que forman parte de esa Junta también debería aplicarseles una acción jurídica correspondiente», expresó.
El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro no se ha pronunciado sobre la situación dentro de la UNAH, aunque el rector Herrera ha publicado en su Twitter las reuniones que ha tenido con la presidenta.
Tampoco se han manifestado los diputados del Congreso Nacional, a pesar de que a principios de este año el tema universitario entró a discusión en el Legislativo luego de que el diputado Rasel Tomé propuso eliminar la Prueba de Aptitud Académica (PAA).
Ávila señaló con extrañeza las reuniones entre la presidenta Xiomara Castro y Francisco Herrera, pues según él no es habitual que un presidente se reúna en tantas ocasiones con el rector de la UNAH. «Es sintomático que en ocho meses de gestión del actual presidente el rector se reunió cuatro veces [con la Presidenta]. No sé si habrá en la historia de la universidad una frecuencia de reuniones de esa naturaleza. La frecuencia llama poderosamente la atención», expresó.
Añadió que el rector se ha reunido con el presidente del Legislativo, Luis Redondo, y con diputados del Partido Libre, instituto político del que Ávila es parte. Estos señalamientos también han surgido por parte de sectores estudiantiles como la FEUH, quienes aseguran que los intereses de las autoridades van desde privatizar la universidad hasta asegurar intereses económicos personales dentro de la institución.
Contracorriente intentó contactarse con el rector interino Francisco Herrera para consultarle su postura sobre la elección de la JDU, su posible reelección y las denuncias realizadas por estudiantes y docentes. Sin embargo, la encargada de comunicaciones de la UNAH respondió que el rector no daría entrevistas.
Luis Sandoval coincidió con Ávila en que el rector Herrera se había reunido con importantes figuras políticas del país. En este caso con el excandidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Zelaya; el ministro de Educación, Daniel Sponda y el vicepresidente del Congreso Nacional, Edgardo Casaña — señalado en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos — quienes, según Sandoval, «se limitaron a darle una promesa de apoyo».
Según el dirigente estudiantil, el apoyo sería para oficializar en su puesto al actual rector, lo cual ha sido el detonante de las protestas de los diversos movimientos desde antes de las elecciones de abril de este año.
Historial de conflictos en la UNAH
La lucha por la UNAH y la elección de una nueva JDU ha llevado a protestas estudiantiles que han escalado hasta la violencia, fenómeno que ha sido habitual en los conflictos universitarios de la última década.
Semanas después de la presentación del informe, el Consejo Universitario intentó realizar la elección con los 31 candidatos aptos para postularse a ser miembros de la JDU. La sesión extraordinaria del 27 de octubre se llevó a cabo en el Consultorio Jurídico Gratuito, un edificio anexo a la UNAH. La sesión fue detenida por manifestantes, quienes se tomaron el bulevar Villa Olímpica.
No se conoce el desarrollo de esa sesión, pues el único acceso a la prensa lo tuvo UTV, el canal de televisión de la universidad, que removió la transmisión de sus redes sociales poco después de que la sesión fue suspendida.
El segundo intento de realizar las elecciones fue el sábado 12 de noviembre a las ocho de la mañana. Al igual que en el intento anterior, la sesión extraordinaria se llevó a cabo en el Centro de Arte y Cultura (CAC-UNAH) ubicado en Comayagüela, fuera de la Ciudad Universitaria en donde habitualmente se realizan las sesiones del Consejo.
Mientras los postulantes leían al Consejo Universitario un discurso explicando por qué debían ser electos, decenas de estudiantes protestaban afuera del CAC intentando que la sesión fuera detenida. Para las once de la mañana, los manifestantes lograron su objetivo y la sesión se detuvo.
El rector Francisco Herrera fue atacado por los manifestantes con piedras y botes de agua mientras intentaba salir del CAC. Tras este incidente, el periódico de la UNAH denunció que un empleado había sido herido en la cabeza como resultado de las agresiones. De momento no se han presentado cargos contra ningún estudiante.
Estas crisis y el historial de conflictos estudiantiles, se han caracterizado por luchas violentas, represión y criminalización en las que la rectoría ha sido una pieza central. En 2017, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) publicó un comunicado tras la condena de tres estudiantes universitarios criminalizados por protestar en la UNAH en el 2015.
En el comunicado la Oacnudh denunció que había observado que este recurso penal «estaba siendo utilizado de manera reiterada en procesos penales incoados particularmente contra defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, garífunas y campesinos, alentando su criminalización y enjuiciamiento». Además, señaló a las autoridades universitarias por incumplir los acuerdos de reconciliación entre las partes involucradas.
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Para los movimientos estudiantiles, los responsables de la represión y criminalización son las autoridades universitarias, especialmente el rector Francisco Herrera y su predecesora, Julieta Castellanos, quien según ellos pretende seguir controlando la UNAH.
En ambas sesiones extraordinarias, tanto estudiantes como algunos docentes manifestaron su inconformidad con el proceso para nombrar a una nueva JDU. Carlos Lagos, representante del claustro de profesores de ingeniería, alertó que continuar podría desembocar en un conflicto mayor. «Estamos viviendo la crónica de una crisis anunciada», sentenció.
Violencia y acoso dentro de los espacios estudiantiles
Sumado a las problemáticas en la elección de la JDU, estudiantes y docentes han asegurado que los espacios estudiantiles se encuentran fraccionados por luchas de poder internas, pero también han habido denuncias por agresiones contra las estudiantes.
La exsecretaria de la FEUH, Susan Dubón y María José Aguilar, prosecretaria de relaciones de este órgano estudiantil, denunciaron violencia política dentro de la Federación, lo que llevó a que ambas presentaran la renuncia de sus cargos.
Dubón relata que el motivo de su salida de la FEUH se originó por conflictos internos dentro de los movimientos estudiantiles Gran Alianza Nacional Estudiantil (GANE) y Poder Estudiantil (Podés). «Fui observando que la competencia [era] específicamente entre hombres, porque son quienes lideran todo el proceso, lo que hay ahorita es con los puestos de representación estudiantil. Al final son ellos quienes tienen la palabra, tanto en GANE como en Podés, entonces cuando una no acata lo que te quieren imponer comienzan a difamarte y a inventar cosas tuyas», dijo Dubón, quien también fue candidata a la presidencia de la FEUH en abril de este año.
«La lucha de egos dentro de esos espacios impiden mucho el trabajo organizativo», dijo María José Aguilar, prosecretaria de relaciones de la FEUH y parte de Podés, quien se encuentra en el proceso de abandonar su cargo porque, según relató, sus posturas no eran tomadas en cuenta y existe una gran problemática de violencia política y de género hacia las mujeres en espacios estudiantiles. Eso y las denuncias por violencia sexual.
«Han denunciado violencia política, violencia de género, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo voy a ser enfático en este punto, son diferencias ontológicas que uno tiene, a final de cuentas», respondió Luis Sandoval, presidente de la FEUH, quien negó que hayan acusaciones por acoso dentro de la Federación. Donde sí hay denuncias es dentro del Consejo Universitario.
El 31 de octubre, los 18 representantes estudiantiles de centros regionales y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras remitieron una solicitud de convocatoria al Consejo Universitario para discutir una solicitud para inhabilitar al concejal estudiantil Josué Daniel Alemán, quien fue acusado de intento de abuso sexual, violencia psicológica, violencia política y difamación contra una estudiante de la facultad que él representaba.
María José Aguilar señaló al comité ejecutivo de la FEUH por defender a Josué Alemán. Según relata, el caso de Alemán — miembro de GANE, partido que ocupa la presidencia de la FEUH — causó aún más división entre los estudiantes. «¿Cómo es posible que nosotros, como líderes estudiantiles, les estemos hablando de todas estas situaciones [denuncias por agresiones] y para lo que nos debemos pronunciar no lo hacemos, pero cuando se trata de andar en rueda de prensa, de andar tirando imagen, ahí sí», expresó María Aguilar.
Según contó la prosecretaria de relaciones, el Comité Ejecutivo de la FEUH apoyó a Josué Alemán «por falta de pruebas» en la denuncia por intento de abuso sexual. «Estamos en una sociedad donde existen este tipo de abusos a diario y una mujer no va a andar con una cámara en su cuerpo para estar grabando todo lo que sucede», manifestó.
Luis Sandoval aseguró que no es responsabilidad de la FEUH acusar a alguien luego de una denuncia y que eso es responsabilidad de los órganos competentes dentro de la UNAH y añadió que «la comisión está trabajando en ese proceso de investigación con acompañamiento y asesoría de organismos de derechos humano y acompañamiento psicológico con un equipo multidisciplinario que haga las evaluaciones correspondientes que les permitan a ellos dar una resolución clara firme y con base en pruebas concretas».
Esta respuesta no ha sido suficiente para las estudiantes que han abandonado los espacios estudiantiles o que han manifestado su inconformidad con la FEUH y la gestión de Luis Sandoval. «Yo decidí retirarme porque ya me estaban difamando demasiado, violentando demasiado y pues la fuerza a las cuales nos estamos enfrentando son demasiado fuertes», dijo la exsecretaria de la FEUH, Susan Dubón.
Por su parte, María José Aguilar añadió que en la FEUH «había una situación tan horrible de violencia política que realmente era tan notable que solo a las mujeres no se les daba el derecho de voz, el derecho de opinar, de proponer».
Un estudio del Instituto Nacional Demócrata (NDI) titulado «Violencia contra las mujeres en la política» encontró que, si bien la participación de las mujeres en espacios políticos de Honduras ha aumentado en los últimos años, «persisten importantes brechas en el goce y ejercicio pleno — en igualdad y sin ningún tipo de discriminación — de sus derechos políticos».
Desde el retorno a la semipresencialidad, decenas de estudiantes denunciaron un aumento en los casos de violencia sexual contra las alumnas dentro del espacio universitario. Como agresores se han señalado a guardias de seguridad, maestros, personal administrativo y también a otros estudiantes.
Según datos del Ministerio Público, en los últimos 10 años se han registrado 7,654 denuncias por delitos sexuales solo en el departamento de Francisco Morazán. La mayoría de estos casos continúan impunes.
UNAH avanza hacia posible crisis
De momento las autoridades han creado una comisión de diálogo para llegar a acuerdos entre los tres sectores que componen la universidad. El concejal Wilfredo Girón considera que es muy probable que los estudiantes se integren al diálogo, pero según las declaraciones del sector estudiantil no están dispuestos a ceder en sus demandas.
Durante la sesión del 12 de noviembre varios estudiantes fueron enfáticos en ello y apuntaron a que, de no buscar otra salida, se iba a generar un conflicto mayor, aunque el conflicto, que ha alcanzado la violencia, ya ha escalado considerablemente desde que empezó en junio.
Dentro de la sala de actos del CAC, mientras la intensidad de la protesta iba en aumento, Yunior Núnez, consejero estudiantil, se dirigió al pleno de autoridades. «Están propiciando una crisis que ni ustedes van a poder sostener. Nosotros sí. Sí el rector ya sabe, hasta mandó a los militares a que nos dispararan en la universidad. Nosotros sí sabemos gestionar una crisis. Y la vamos a asumir».
