A pesar de que el actual Gobierno denunció que la administración de Juan Orlando Hernández dejó un Estado en quiebra tras 12 años de autocracia, el Congreso Nacional aumentó desmesuradamente la semana pasada el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año 2022. Además, esta semana surgieron denuncias de que los diputados no solamente legislarán, sino que «serán gestores» de proyectos con fondos del Ejecutivo, lo que en gobiernos anteriores abrió las puertas para el clientelismo político y la corrupción.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
En el Presupuesto General de la República 2022, el Congreso Nacional recibió una asignación presupuestaria de 1,448 millones de lempiras, aumentando 200 millones de lempiras con respecto al presupuesto de 2021. Sin embargo, el martes de esta semana se conoció que los 128 congresistas propietarios y sus respectivos suplentes no solo se dedicarán a legislar, sino que actuarán como «gestores de proyectos» con fondos administrados por el Ejecutivo, lo que inmediatamente generó dudas y polémica.
Que los diputados se conviertan en «gestores» de proyectos abre la posibilidad de activar una red clientelista a favor de los congresistas y también es una eventual fuente de corrupción pública. La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) judicializó 13 casos y procesó a 113 personas durante el período 2016-2020, muchos de los cuales fueron diputados que «gestionaron proyectos».
Entre los casos conocidos por la Maccih, figuró el caso «Red de Diputados», que implicó a más 60 congresistas acusados de malversación de fondos públicos, transferidos del poder Ejecutivo a organizaciones no gubernamentales ligadas a ellos. El dinero, asignado para ser utilizado en proyectos sociales, terminó en las cuentas bancarias de casi la mitad de los congresistas de ese período, incluyendo al entonces presidente del Congreso Nacional, el nacionalista Mauricio Oliva.
Luis Redondo, actual presidente del Congreso Nacional, prometió en conferencia de prensa que eliminarán el Fondo Departamental —que dio lugar al caso denominado «Red de Diputados»—, pero agregó que en su lugar crearán el «Fondo Social», una iniciativa presentada el pasado 23 de diciembre con el nombre de Ley Especial para el Desarrollo de Proyectos Solidarios de las Comunidades, en la cual los diputados actuarán como «gestores de proyectos».
“Hoy sí los 128 diputados pueden presentar proyectos al Congreso Nacional; nosotros vamos a ayudarles a que se hagan realidad”, Luis Redondo.
Redondo puso como ejemplo la propuesta de una diputada que está buscando que se construya un muelle en Trujillo, en la zona del Caribe de Honduras. El presidente del Congreso explicó que ese proyecto se hará en coordinación con el Poder Ejecutivo y servirá para promover otros proyectos «en representación del pueblo».
La designada presidencial, Doris Gutiérrez —quien fue diputada durante los períodos 2006-2009 y 2014-2022— habló con Contracorriente y criticó duramente este anuncio del Congreso Nacional, afirmando que es exactamente lo mismo que hacía el Partido Nacional. «En realidad es la misma mica, pero en diferente palo, porque la Constitución de la República no establece que los diputados sean ejecutores ni gestores de fondos».
La Designada Presidencial agregó que los diputados ni siquiera se rebajaron los salarios y reveló que estos conservaron el privilegio de recibir fondos para gastos de viaje, violentando una disposición de la presidenta Xiomara Castro, que pidió reducir los salarios ostentosos.
«Es una doble moral. En un tiempo pregonaron una cosa y ahora están diciendo otra, queriendo darnos atol con el dedo», dice Doris Gutiérrez.
Gutiérrez afirma que «el dinero para el Fondo Social saldrá del Presupuesto General de la República, es decir de los recursos del mismo pueblo».
“El pueblo pagará para que ellos (los diputados) anden haciendo sus proyectos que se convertirán en objetivos de proselitismo político”: Doris Gutiérrrez.
Sobre el incremento de 200 millones al presupuesto del Congreso, Doris Gutiérrez dice que se desconoce en qué será usado ese dinero extra. «Nunca se ha dado rendición de cuentas de cómo el Congreso administra esos fondos. Hace poco dijeron que iban a dar un informe de cómo encontraron el Congreso, pero ahora dicen que no hallaron documentos».
Sobre la posibilidad de que esos 200 millones sean «gestionados» por diputados para proyectos, Doris Gutiérrez dice que dicha cantidad es muy pequeña para lo que se espera que gestionen los congresistas, ya que cada uno de los 128 diputados propietarios gestionará un millón de lempiras, mientras que cada uno de los 128 suplentes gestionarán 500 mil lempiras; lo que, sumado, supera los 200 millones de lempiras, afirma.
«No les ajustará esos 200 millones. Los fondos saldrán entonces del Presupuesto General de la República. Por donde le vea es una actitud poco congruente entre lo que quieren aparentar y lo que son los hechos», explica Doris Gutiérrez.
Salvador Nasralla, también designado presidencial, dijo a Contracorriente que, en realidad, los diputados se deben dedicar solamente a legislar. «Si hay un fondo social, este debe ser administrado por el Gobierno. Los diputados quizá pueden manifestar dónde se ocupa hacer inversiones».
Sin embargo, Nasralla explica que lo que ha sucedido es que esos fondos se han usado para campañas políticas. «Por eso los diputados y alcaldes se reeligen, porque con el dinero que les dan, con los fondos departamentales, se dedican a hacer campaña, entregan bolsas solidarias y la gente trabaja para reelegirlos. Lo que hacen es fomentar la dependencia y pobreza de la gente».
El jefe de bancada del Partido Liberal, el diputado Mario Segura, dijo a Contracorriente que, aunque no ha habido ninguna comunicación oficial en el Congreso Nacional sobre el retorno de los fondos departamentales —ahora «fondo social»—, a lo interno de su bancada ven muy bien poder «gestionar proyectos sin tocar fondos».
La «partida confidencial del Poder Ejecutivo» no fue eliminada, sino más bien fortalecida
El artículo 287 de la reestructuración del presupuesto autoriza a la Secretaría de Finanzas a reorientar fondos de la Tasa de Seguridad que deberán ser trasladados a la cuenta 449 Servicios Financieros de la Administración Central (SFAC), más conocida como «partida confidencial del Poder Ejecutivo».
Casos de corrupción como la Red de Diputados y Arca Abierta, surgieron tras la obtención de fondos a los que diputados del Congreso Nacional accedían a través de la cuenta llamada 449 SFAC, que concentró en una sola cuenta los sobrantes de todas las instituciones, algunos fideicomisos, acceso al Fondo de Protección y Seguridad Poblacional y al Fondo para la Reducción de la Pobreza.
Hay datos de que esa partida fue utilizada en el presupuesto de 2007 durante el Gobierno del expresidente José Manuel Zelaya, esposo de la presidenta Xiomara Castro. Para ese período la cuenta 449 SFAC apenas tenía un presupuesto de 501 millones de lempiras; tras una reforma en el año 2011, cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional, se autorizó a Finanzas transferir a la SFAC el 25 % de los valores no ejecutados de los fondos nacionales. Fue así que dicha cuenta comenzó a captar muchos más fondos, hasta llegar a tener un presupuesto de 5,034 millones de lempiras, que fueron aprobados en diciembre de 2021.
Una nota de Diario La Prensa, publicada en marzo de 2022, indicó que Xiomara Castro buscaba eliminar la SFAC, sin embargo, en esta restructuración de presupuesto, en lugar de eliminarla, se incrementó su presupuesto a 15,399 millones de lempiras, representando un aumento de 10,365 millones de lempiras.
El artículo 287 de la restructuración del presupuesto indica que por medio de la SFAC se busca «financiar proyectos de generación de empleo para jóvenes entre 18 y 30 años incluidos en el Plan de Gobierno para Refundar Honduras, excepto los asignados a las Secretarías de Estado en los Despachos de Seguridad y Defensa».
El mismo artículo autoriza a Finanzas para que del Presupuesto General de la República destinados al Fideicomiso del Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema, se reasigne el 100 % a la SFAC.
El jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, le dijo a Contracorriente que no están de acuerdo con ese aumento para la SFAC. «No estamos de acuerdo en 10 mil millones que se le está dando a Casa Presidencial, que era lo que se le estaba dando antes. Y criticamos que la información (el dictamen de la reestructuración) no llegó con anterioridad para hacer el análisis, solo tuvimos prácticamente seis horas para pronunciarnos sobre el presupuesto», explicó el congresista.
Sobre los fondos que maneja Casa Presidencial, Mario Segura explica que «ojalá que no signifique un lugar para albergar más paracaidistas o un clientelismo político».
Restructuración del presupuesto
El pasado viernes 8 de abril, con la secretaria de Finanzas Rixi Moncada sentada en la primera fila, el Congreso Nacional modificó el Presupuesto General de la República 2022 pasando por alto dos debates e incrementando el mismo de 308 mil millones a 360 mil millones de lempiras, lo que causó sorpresa en algunos economistas por significar un alza del 16.9 %, es decir, 52 mil millones de lempiras más que en 2021.
El Presupuesto para el 2022 ya se había incrementado de 288 mil millones a 308 mil millones de lempiras en diciembre de 2021 por el Congreso Nacional anterior, cuando este era dominado por el Partido Nacional. Ese incremento fue repudiado por el actual Gobierno.
Cuando asumió la Secretaría de Finanzas, la ministra Rixi Moncada dijo que el Estado estaba quebrado y calificó el presupuesto aprobado el año anterior como «falso» y «fuente de corrupción»; no obstante, el pasado viernes, Moncada dio vuelta a su discurso y dijo que ahora era necesario incrementar el presupuesto para el «arranque» y «construcción de un Estado socialista democrático».
El proyecto de reestructuración del Presupuesto General establece que se destinarán más recursos a la generación de empleo, educación, salud, seguridad, preservación del ambiente y la promoción de los derechos humanos.
Para el economista Ismael Zepeda, miembro del Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), si antes el presupuesto era inconsistente con la realidad económica, el de ahora posiblemente sea más inconsistente e incoherente con la realidad. «Ellos mismos mencionaron que hay un estado en quiebra», dijo.
El secretario de Desarrollo Económico del Ejecutivo, Pedro Barquero, explicó que una parte del incremento del presupuesto será financiado con mil millones de dólares de las reservas internacionales del Banco Central de Honduras (BCH). «Con una tasa bajísima y con condiciones que no se van a poder conseguir en ninguna otra parte», sostuvo.
Pero las dudas no tardaron en llegar. El gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera, explicó que esta restructuración presupuestaria «implica un incremento sustancial de la deuda» y «si la va a financiar el BCH, existe el riesgo de que el financiamiento sea inorgánico y que vaya a presionar más los precios, o sea, la inflación».
En la reestructuración que hizo el Congreso se incrementó sustancialmente el presupuesto a los sectores de Salud, Educación y Seguridad, lo cual ha sido bien visto por algunos sectores. En el caso de Salud, el incremento fue de 2,483 millones; en Educación, de 1,959 millones; y en Seguridad, de 995 millones de lempiras extras.
En ese sentido, a la Secretaría de Educación se le asignó un presupuesto de 35,512 millones; a Salud, un presupuesto de 24,735 millones; a Energía, un presupuesto de 19,217 millones; a Seguridad, un presupuesto de 7,850 millones; a Defensa, un presupuesto de 9,336 millones; a Gobernación y Justicia, un presupuesto de 6,516 millones; a Finanzas, un presupuesto de 2,729 millones; y a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), un presupuesto de 3,502 millones.
A pesar de esto, Ismael Zepeda expone que el incremento en el presupuesto fue desmesurado, ya que al hacerse por encima del 16 % existen peligros al tocar los recursos del BCH.
Zepeda explica que cuando se sustraen grandes cantidades de recursos de la política monetaria lo que se genera es inflación. «Es crear la ilusión de que no hay déficit, pero en realidad lo que tenemos es una gran cantidad de recursos inorgánicos. Los recursos inorgánicos se dan cuando no hay un respaldo productivo en la masa monetaria, es decir, en los billetes, como ha sucedido en otros países, se comienzan a emitir billetes y monedas, y eso dispara la inflación», explica.
Falta de transparencia
El diputado Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal, aseguró a Contracorriente que el día de la reestructuración del presupuesto advirtieron que «habría un mayor endeudamiento y que este subiría del 42 % al 58 %».
«Tenemos el mayor presupuesto a nivel de Centroamérica, a pesar de que hay países con economías más fuertes como el caso de Guatemala y El Salvador, pero estos países no tienen un nivel de endeudamiento en relación con el PIB tan alto como el de Honduras», explicó Mario Segura.
Ismael Zepeda explica que hay cosas que no han sido explicadas en este presupuesto y que todo eso está ligado al tema de transparencia.
«Ni siquiera subieron el anteproyecto resumen del presupuesto, cuando en años anteriores se subía el detalle de cada institución, el plan operativo, asignación de recursos, el plan estratégico y hoy no tenemos eso; es más, ni siquiera sabemos el presupuesto por objeto de gastos, es decir, no sabemos si se incrementan sueldos y salarios, no sabemos si hay incrementos en bienes capitalizables», afirma.
Presupuesto para las secretarías de Seguridad y Defensa
Una de las promesas de la presidenta Xiomara Castro es la formación de una Policía Comunitaria, más cercana a la gente y comenzar con el desmantelamiento de la militarización de la sociedad que dejó el expresidente Juan Orlando Hernández.
Actualmente Honduras es de los países de Centroamérica que más gasta en militares, sin embargo, en la última reestructuración, no se le redujo ni un centavo a la Secretaría de Defensa (dirigida por José Manuel Zelaya, sobrino político de Xiomara Castro).
La Secretaría de Defensa continuará administrando 9,336 millones de lempiras;más presupuesto que el asignado a la Secretaría de Seguridad, que cuenta con un presupuesto de 7,850 millones de lempiras.
Ismael Zepeda establece que existe una contradicción ideológica en la política del actual Gobierno, porque en campaña criticaron la militarización excesiva de la sociedad, pero en la práctica no redujeron el presupuesto en el gasto militar.
«Están aceptando de una u otra forma que esa gran cantidad de miles de millones de lempiras que maneja la Secretaría de Defensa ahora sí son necesarios. Contradicen su discurso ideológico, durante años han dicho que los militares eran una fuerza armada de la dictadura».
Zepeda va más allá y establece que el actual Gobierno no quiso siquiera recortar los recursos que fueron asignados a las Fuerzas Armadas para que trabajen en agricultura, algo que constitucionalmente no les compete. «Ni siquiera eso les quieren tocar, entonces ellos (los militares) siempre manejarán los 9 mil millones».
El secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, le dijo a Contracorriente que debido a la crisis económica mundial «existe una baja (en el rendimiento del presupuesto), recuerde usted que la inflación a usted le hace tener menor cantidad de presupuesto». Agrega que la Secretaría de Seguridad ha tenido un presupuesto diseñado para atender diferentes aspectos de la Policía Nacional, pero ahora se deben encontrar propuestas porque están retomando tareas que le habían sido atribuidas a los militares, como la administración de los centros penales, tareas en el agro y el manejo total de la seguridad pública.
«Ahora hemos explorado otras áreas y aceptado algunos retos, como el de las personas privadas de libertad, los centro penales, el área del agro. También estamos atendiendo el tema que se ha puesto de moda, que son las extradiciones, y todo eso implica recursos», explica Sabillón.
El secretario de Seguridad explica que han «retomado el control de algunas áreas que estaban en poder de las Fuerzas Armadas y que, mediante un retiro gradual, se está haciendo la transición de la seguridad pública a la seguridad ciudadana, como debe de ser. La seguridad del Estado misma ahora es tema de la Policía».
Inversión social y en el sector energía
El economista Claudio Salgado le dijo a Contracorriente que el incremento en el presupuesto es positivo porque «con los fondos del BCH se va a promover la inversión pública, tratando de reactivar los proyectos hidroeléctricos de Jicatuyo, El Tablón y los Llanitos, igualmente se le va a dar mayor énfasis al gasto social, sobre todo en salud y educación».
«Este presupuesto tiene una misión, no como el Gobierno anterior, que le daba mayor énfasis a la parte militar, entonces a mí me parece que es adecuado», sostiene Salgado.
Salgado afirma que está consciente de que tomar recursos del BCH puede ser arriesgado, aunque se muestra optimista. «Podría haber un riesgo inflacionario si el BCH estuviese emitiendo dinero sin respaldo, pero en esta ocasión el dinero va a estar respaldado en las reservas internacionales, y en los Derechos Especiales de Giro, que fue un préstamo que les dio el Fondo Monetario Internacional (FMI)».
«No va a haber el efecto inflacionario que está señalando la empresa privada», expresa el economista Claudio Salgado.
No obstante, Ismael Zepeda establece que la inversión en los sectores de Salud y Educación será importante si el Gobierno cuenta con una estrategia de reactivación clara para la restauración de escuelas destruidas y la construcción de más hospitales.
«La mayoría de recursos se los lleva la Secretaría de Energía, y posiblemente van a recuperar la empresa estatal, pero una cosa es tener una gran cantidad de recursos y otra es tener una gran estrategia, ¿dónde van a ser utilizados y cómo van a ser utilizados esos recursos?, ¿quiénes van a ejecutar estos proyectos?», se cuestiona Zepeda.
Nuevas Secretarías:
El 6 de abril de 2021, en Consejo de Secretarios de Estado, la presidenta Xiomara Castro reestructuró también la administración pública dejando en 24 las secretarías de Estado.
Se creó la Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (Stlcc), la Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica, la Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer; la Secretaría de Estado en los Despachos de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras; la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Secretaría de la Presidencia; la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social.
Para el economista Claudio Salgado, en la reestructuración presupuestaria se le está dando énfasis a la mujer hondureña. «Algunas unidades ahora se convirtieron en secretarías, como la Secretaría de Asuntos de la Mujer y como también lo es la Secretaría de Transparencia, eso significa que este Gobierno le está dando mayor énfasis a la mujer y a la transparencia de las finanzas públicas».
Las nuevas secretarías recibieron los siguientes presupuestos en lempiras: la SIT, 6,489 millones; Desarrollo Social recibió 2,830 millones; la STLCC, 150.9 millones; Planificación y estrategia, 220 millones; Asuntos de la Mujer, 53 millones; Cultura Artes y Patrimonio, 336 millones; Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Presidencia, 25 millones.
Se indicó que la SIT contará con dos Subsecretarías: la Subsecretaría de Obras Públicas y la Subsecretaría de Transporte. Asimismo, se informó que las atribuciones y competencias de la Inversión Estratégica/MCC-Honduras (INVEST-H), así como los programas y proyectos, pasarán a formar parte de la SIT, con excepción de los relacionados al sector salud y el sector agro.
Las secretarías quedaron agrupadas en el siguiente orden jerárquico:
Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia.
Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Social.
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.
Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia, Gobernación y Descentralización.
Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica.
Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico.
Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer.
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.
Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa.
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.
Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente.
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación.
Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos.
Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería.
Secretaría de Estado en el Despacho de Energía.
Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte.
Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social.
Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo.
Secretaría de Estado en los Despachos de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras.
Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas).
Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO).
Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Secretaría de la Presidencia.
Además, se ordenó suprimir las Secretarías de Estado y Programas de Gabinetes Especiales y Gabinetes Sectoriales siguientes:
1) Secretaría de Estado en el Despacho de Coordinación de Gobierno.
2) Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia.
3) Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales y la Dirección Nacional de Intervención Social, ambos organismos adscritos a la Secretaría de la Presidencia.
4) Subsecretaría II, Subsecretaría III, Unidad de Apoyo Técnico Presidencial, Programa Honduras, Programa de Viviendas y Obras Sociales, todos dependientes de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia.
5) Proyecto Especial Economía Naranja.
6) Escuela de Alta Gerencia Pública.
7) Consejo Presidencial de Economía Verde.
8) Sistema Presidencial de Gestión por Resultados (SPGR),
9) Despacho de Prioridades Presidenciales e Innovación Pública dependiente de la Presidencia de la República.
10) Gabinete Técnico para la Formulación de la Estrategia de Simplificación Administrativa.
11) Dirección de Transformación Digital, como un órgano permanente al interior de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (Sefin).
12) Inversiones Estratégicas/MCC-Honduras (INVEST-H).
13) Programa Vida Mejor.
14) Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP).
15) Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social.
16) Gabinete Especial para la reactivación Económica y Social.
17) Los cinco Gabinetes Sectoriales.
Desde el día en que la presidenta Xiomara Castro asumió el poder, aseguró recibir un Estado totalmente en quiebra. Sin embargo, el incremento en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2022 es una apuesta que, según los economistas, es arriesgada y podría derivar en inflación. Además, hay serias incongruencias en funcionarios, entre estos diputados, que continúan ganando ostentosos salarios y ahora se aprestan para gestionar proyectos que ponen, como mínimo, el clientelismo político en el tapete de la discusión.
1 comentario en “Diputados «gestionarán» proyectos sociales tras aumento desmesurado del 16 % al Presupuesto General de la República”
Qué gran trabajo periodístico; gracias por mantenernos informados.