El presidente Juan Orlando Hernández dio su último informe de logros como mandatario, ante el Congreso Nacional, elogiando su mandato por hacer crecer la economía hondureña, ser un referente en temas de salud y lucha contra el narcotráfico. Contracorriente chequeó los discursos.
Por Leonardo Aguilar y Vienna Herrera
El pasado lunes 25 de enero, durante la instalación de la IV y última legislatura del Congreso Nacional de la República, los presidentes de los tres poderes del Estado: Mauricio Oliva del Poder Legislativo, Rolando Argueta del Poder Judicial y Juan Orlando Hernández del Poder Ejecutivo, presentaron sus informes en discursos llenos de elogios, teorías conspirativas y promesas de campaña.
Mauricio Oliva, también candidato a la presidencia por el Partido Nacional, se dio una palmada en la espalda por la reciente aprobación de la reforma constitucional que blinda la prohibición del aborto y la del matrimonio igualitario al hacer los artículos 67 y 112 sujetos de cambio solamente con tres cuartas partes de los votos en el Congreso Nacional. Además atribuyó esto como un logro ante la escalada «del nuevo paradigma conocido como el transhumanismo universal donde la persona está expuesta a increíbles modificaciones genéticas apuntalado por la tecnología 5G afectando el ADN humano incluyendo sus valores donde la eutanasia y el aborto serían prácticas habituales». Oliva basó su discurso en una teoría conspirativa mundial que la AFP catalogó como desinformación en esta nota.
El presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, destacó en su informe los supuestos avances en materia de corrupción, además de los cambios que tuvo que realizar ese poder del Estado ante la pandemia por COVID-19, entre ellas el aceleramiento a la excarcelación de privados de libertad y la inversión en material de bioseguridad.
Por su parte, el presidente del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández argumentó que el país venía con un crecimiento constante en materia económica (que solo pudo ser frenado por los huracanes y la COVID-19). Además, dijo que Honduras ahora es un país más seguro, en donde se logró desarticular los carteles del narcotráfico y que, en cuanto a contingencias, su Gobierno manejó muy bien la pandemia y los ciclones tropicales Eta y Iota.
Contracorriente hizo un chequeo del discurso del presidente Hernández y del presidente del Poder Judicial Rolando Argueta, usando fuentes expertas para saber si lo expuesto por estos funcionarios fue «verdad», «verdad a medias» y «falso».
Juan Orlando Hernández (click al + para verificar)
VERDAD A MEDIAS.
El economista del Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, dijo este martes a Contracorriente que no es cierto que Honduras reportara un crecimiento anual constante y que, de hecho, Honduras, antes de la pandemia y de los ciclones tropicales, iba en una franca desaceleración económica producto de las políticas del Gobierno.
«Veníamos en una franca desaceleración económica, no solo por la pandemia, sino porque en el 2017 cerramos en 4.8 %, en el 2018 en 3.7 % y en el 2019 en 2.7 % (datos del Banco Mundial). En el 2017 se tuvo un crecimiento por encima del 4 %, pero claro, lo que pasa es que Latinoamérica no crece tanto, entonces no es una realidad, sino algo estrictamente metodológico, es decir, Honduras ha sido señalado por usar metodologías no actualizadas en dinámicas económicas», explica Zepeda.
El Banco Mundial apunta que Honduras tenía la segunda tasa de crecimiento económico de América Central, superada solo por Panamá. Sin embargo, agrega, que «el país enfrenta altos niveles de pobreza y desigualdad. Un 48.3 % de las personas viven en pobreza en el país (2018, con las líneas oficiales de pobreza actualizadas) y el porcentaje de personas viviendo en pobreza en zonas rurales (60.1 %) es mayor que en zonas urbanas (38.4 %). La desigualdad (GINI 52.1 en 2018, entre los más altos de la región y del mundo) también resultó en una de las clases medias más pequeñas en América Latina (11 % en 2015, en comparación con el promedio regional de 35 %)».
Zepeda, añade que en lo único que tiene razón el presidente Hernández es en haber manifestado que Honduras enfrenta su peor caída en el PIB durante los últimos 100 años.
VERDAD.
El PAI es considerado a nivel nacional e internacional como un programa exitoso, de acuerdo a resultados avalados por la OPS/OMS, en Gestión Efectiva de Vacunas (GEV) con un puntaje de 97 %. Se indicó, en una publicación de la OPS, que Honduras ha alcanzado logros importantes como la certificación de erradicación de la poliomielitis, la eliminación del sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénita (SRC), el control de la difteria, tos ferina, meningitis tuberculosa, hepatitis B y tétanos no neonatal, así como la introducción exitosa de nuevas vacunas, que son atribuidas al buen desempeño del PAI.
El doctor Marco Tulio Medina —neurólogo, científico, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras— dijo a Contracorriente que el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), como se le conoce al programa de Honduras en vacunación, ha tenido el respaldo de los organismos internacionales de Salud, como la OMS y la OPS, incluso colocándolo a la par de países de América Latina muy avanzados como Chile y Argentina.
Sin embargo, el científico establece que estamos enfrentando una situación inédita en Honduras, en donde se requiere de una capacidad de gestión más agresiva, en lo que corresponde al tema de vacunación. Esto implica que este sistema de vacunación debe buscar, en este momento, no solamente el auxilio de Covax de la OMS, sino hacer arreglos o convenios bilaterales con diferentes tipos de vacuna.
Para Medina, hay que incluir los mecanismos de las vacunas más publicitadas a nivel mundial, como son las vacunas Pfizer, Moderna y Astrazeneca, pero también las otras vacunas como las desarrolladas por China y Rusia.
«Se requiere seguir el mismo camino de países como Costa Rica y Panamá en el área centroamericana; en el área latinoamericana México, Argentina y Chile. Tenemos un sistema de un programa ampliado de inmunización que ha sido eficiente, pero ante esta nueva etapa se requiere replantear muchos aspectos», argumenta Medina.
Por su parte, la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, expresa que es correcto que Honduras tenga un programa de vacunación exitoso, pero que eso se debe a que el 20 % de las vacunas no las compra el Estado de Honduras, sino que son donaciones de la comunidad internacional. Además, advierte que si el Gobierno de Hernández continúa manipulando este sistema, terminará echándolo a perder.
Verdad a medias.
Según el mapa de la Universidad Johns Hopkins, Honduras tiene un índice de letalidad de 2.44 % menor que el de Madrid por poco, que tiene un índice de letalidad del 2.49 % o el de Nueva York que tiene un 3.15 %.
La presidenta del CMH, Suyapa Figueroa, aseguró a Contracorriente que no es cierto que tengamos una tasa de letalidad más baja que otros países desarrollados, porque Honduras está ocultado las cifras, al igual que la han ocultado otros países en donde las dictaduras han hecho que esos datos no trasciendan, por ejemplo, Nicaragua, que según Figueroa, es otro claro ejemplo de ello.
«El Gobierno nuestro las oculta y por eso es que dice que tenemos una baja cantidad de muertos. Lo que no puede ocultar son las cifras del personal sanitario que ha fallecido. Eso evidencia que hay más definiciones de lo que ellos dicen, porque incluso hay un subregistro de los médicos que han perdido la vida, no están todos anotados como muertes por COVID-19 en el sistema de información del país. Nosotros podemos demostrar de forma fehaciente que las estadísticas del Gobierno no están apegadas a la realidad», explica Figueroa.
Por su parte, el científico Marco Tulio Medina manifiesta que el Gobierno de Honduras debe tomar en cuenta la pirámide de la población hondureña, ya que es una población en donde más del 50 % está debajo de los 18 años. En ese sentido, tenemos una población más joven comparada con las poblaciones de España, Francia e Italia.
Coincidiendo con la doctora Figueroa, el doctor Medina explica que existe un subregistro de muertes por COVID-19, de acuerdo con los datos proveídos por diferentes líneas que ha evaluado la universidad.
Verdad a medias.
Para darle auxilio al sector productivo por el COVID-19, el Gobierno de Honduras autorizó endeudarse hasta por 2500 millones de dólares, y le encargó a un banco estatal dar las garantías y créditos que favorecieran a la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, una investigación de Contracorriente encontró que, a pesar de las promesas, el dinero ha beneficiado más a la banca privada, conglomerados empresariales y compañías medianas. A la microempresa casi no ha le ha llegado alivio oficial.
Esperanza Escobar, presidenta de la Asociación Nacional de Medianas y Pequeñas Industrias de Honduras (Anmiph), asegura que cuando las autoridades dicen que han favorecido a la Mipyme con cierta cantidad de créditos, o que han exportado o que el Estado les ha comprado determinados millones. En todos esos casos no se refieren a las Mipyme.
Puedes leer la siguiente la investigación de Contracorriente: La soledad de los pequeños empresarios hondureños, que hizo parte de la colaboración transfronteriza Siguiendo el dinero de la COVID-19, junto con la alianza Guateleaks de Guatemala, Contracorriente de Honduras, el Canal 13 Noticias de Costa Rica y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
Falso/ sin datos.
En noviembre de 2020, miles de hondureños quedaron a la intemperie, producto de la depresión tropical Eta (la primera en golpear al país). La tardía respuesta de los entes del Estado provocó que comandos de ciudadanos asumieran un rol de asistencia que debía tener el Gobierno. Denuncias ciudadanas indicaron que protocolos del Gobierno impidieron que muchos siguieran brindando la ayuda.
El Gobierno respondió con lentitud a la emergencia. Al parecer no había plan, pese a que una posible catástrofe por la llegada de Eta fue anunciada por el Centro Nacional de Huracanes de Miami con suficiente anticipación.
Si quieres comprobar lo que ocurrió, puedes leer nuestra nota: Brote de solidaridad ante incompetencia gubernamental.
Las tormentas Eta y Iota provocaron la muerte de 96 personas, según cifras oficiales, sin embargo, el testimonio de una familia devastada comprobó que las cifras reales de víctimas no se conocen debido a la falta de un registro confiable por parte de las autoridades.
Verdad a medias.
En 2019 Honduras se convirtió en el país más violento de Centroamérica con una tasa de 41.2 homicidios por cada 100,000 habitantes, según el informe Balance de InSight Crime, de los homicidios en 2019.
Para el 16 de marzo el Gobierno de la República decretó toque de queda en todo el país, impidiendo así la circulación de los ciudadanos, esto produjo la disminución de la violencia ya que se registraron 7.71 crímenes diarios, arrojando un total de 239 asesinatos en el mes, pero en mayo los datos nuevamente aumentaron reportando 8.68 fallecidos al día con un total de 269 en el mes, según el Departamento de Estadística Policial.
Para el mes de agosto de 2020 las cifras aumentaron reportando 10.31 fallecidos al día para un total de 314 en el mes.
Los datos puedes verlos en la publicación que hicimos en diciembre del año pasado: Honduras cerrará el año como el más violento de Centroamérica a pesar del confinamiento y los desastres naturales
Falso.
Si bien es cierto no podermos confirmar si el presidene está o no sorprendido por su falta de credibilidad, lo que no es cierto es que solamente los narcotraficantes lo acusan (sin motivos) de su involucramiento con el narcotráfico.
El presidente Juan Orlando Hernández fue mencionado como CC-4 durante los debates y desarrollo del juicio por narcotráfico contra su hermano Antonio «Tony» Hernández, exdiputado por el Partido Nacional, quien fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami y declarado culpable el 18 de octubre de 2019 de todos los cargos.
Las acusaciones contra «Tony» y las referencias a CC-4 no solo se han hecho por narcotraficantes, que no obstante tienen un valor importante para la justicia norteamericana, sino que también fiscales estadounidenses han sugerido y señalado supuestas relaciones del mandatario hondureño con redes del narcotráfico.
Los señalamientos, incluso, han venido de congresistas de Estados Unidos como Norma Torres, quien dijo en Twitter en septiembre de 2019 «¿Alguien puede explicar por qué @realDonaldTrump cree que es una buena idea llegar a un acuerdo con un narcotraficante acusado para alojar a los refugiados en uno de los países más violentos del mundo?», refiriéndose al tratado de Tercer país seguro, del que Honduras sería signatario. Pero la falta de credibilidad del Gobierno hondureño se hace explícita en la carta que Torres junto con el congresista Albio Sires de New Jersey envió al nuevo presidente de EE. UU., Joe Biden, en la que instan al nuevo Gobierno a brindar ayudas a Honduras, tras la crisis humanitaria provocada por dos huracanes, pero que estas no sean canalizadas por el Gobierno hondureño sino por instancias de sociedad civil y trabajadores de la salud. Además pidieron aplicar la ley Magnistsky para sancionar a los oficiales corruptos y robustecer la lucha anticorrupción en los países de Centroamérica.
Rolando Argueta (click al + para verificar)
Falso
El Poder Judicial debió funcionar a toda su capacidad desde que inició la cuarentena y no hasta junio, sin suspensión de labores. Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una entrevista, mencionó la importancia de que organismos judiciales nunca detengan su trabajo: «el acceso a la justicia que es un derecho que en ninguna situación de emergencia puede quedar relegado, la necesidad de proteger a los periodistas que hacen las investigaciones necesarias para revelar casos de violaciones a derechos humanos. La justicia, aún en la situación de emergencia, tiene que funcionar a pleno, porque si no funciona quiere decir que no hay un Estado de derecho que funcione».
Las dificultades en cuanto a la atención del Poder Judicial tuvieron repercusiones en los casos de violencia doméstica, aunque Argueta diga lo contrario. Organizaciones de mujeres y mujeres víctimas de violencia doméstica entrevistadas por Contracorriente en 2020 denunciaron que se les negó atención en casos de violencia doméstica: no se les interpusieron medidas de seguridad e incluso que algunas no pudieron extender órdenes de alejamiento vencidas en ese período de tiempo.
En la inauguración de la tercera legislatura en 2020 el Poder Judicial dijo haber resuelto 1148 casos de violencia doméstica, los datos de 2020 señalan que solo se realizaron 715 audiencias lo que indica una reducción dentro del Poder Judicial, pero en el contexto de cuarentena por la pandemia por COVID-19 las denuncias por violencia doméstica aumentaron cuando las mujeres se vieron confinadas con sus agresores.
Solo hasta agosto de 2020, el Sistema Nacional de Emergencia 911 registró 50,000 denuncias de violencia doméstica, esto indicaría que solo el 1.43 % de esas denuncias llegó a audiencia, sin tomar en cuenta las denuncias realizadas la otra mitad del año.
Verdad a medias.
De acuerdo con los datos, aunque se hayan resuelto 346 casos en los Tribunales de Sentencia de Corrupción, las resoluciones nos señalan que existen más sentencias absolutorias que condenatorias.
Algunas de las decisiones del organismo judicial en 2020 fueron cuestionadas por considerar que se favorece la corrupción, el 19 de junio la Corte de Apelaciones le concedió sobreseimiento definitivo a 22 imputados en el caso Caja de Pandora, presentado por lo que fueron la Misión de Apoyo contra la Corrupción e impunidad (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial Contra la impunidad y la corrupción (Ufecic) en el cual se les acusaba del desvío de 282 millones de lempiras (aproximadamente 12 millones de dólares) provenientes de fondos públicos que fueron utilizados para campañas políticas del Partido Nacional y liberal en 2013.
De igual manera, el 23 de julio el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción revocó la medida cautelar de prisión preventiva a la exprimera dama, Rosa Elena de Lobo y a Saúl Escobar, ambos involucrados en el caso de la Maccih-Ufecic, denominado La caja chica de la dama, acusados del desvío de 12 millones de lempiras (500,000 dólares) hacía cuentas personales.
El 16 de diciembre la Sala de lo Constitucional otorgó el recurso de amparo a 10 de los 16 imputados en el caso de Maccih-Ufecic denominado Fraude en el Gualcarque, acusados de favorecer a la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) con una concesión dada a través de trámites ilegales y omisión de informes.
Esto mismo ocurrió con el Caso Patuca III donde 9 implicados fueron sobreseídos, así como en diciembre un Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción absolvió a 14 exdirectivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, entre ellos Ramon Bertetty y Mario Zelaya, por los delitos de prevaricato administrativo y violación a los deberes de los funcionarios, estos últimos acusados por el desfalco al IHSS de unos 7000 millones de lempiras (300 millones de dólares).
Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), unidad creada después de la Ufecic, a través de Twitter Los sobreseimientos y la libertad de imputados por casos de corrupción, ocurre a vista y paciencia de los ciudadanos, Sociedad Civil y Cooperación Internacional que ha puesto muchos fondos para combatir este flagelo. Es triste la desatención aprehendida en la que hemos caído».
Verdad a medias.
El dato sobre las excarcelaciones salió en medios de comunicación desde octubre, eso quiere decir que durante los últimos meses del año no se hicieron más excarcelaciones.
Además, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado en 2019 ya planteaba la precaria situación de las personas privadas de libertad durante los últimos 20 años, «se caracteriza por altos niveles de hacinamiento (con una sobrepoblación del 88 %), excesivo uso de la prisión preventiva (53 % del total de la población carcelaria), militarización de la función penitenciaria, y condiciones deplorables de detención».
Una investigación de Contracorriente reveló que, hasta el cinco de mayo, el Poder Judicial había emitido resoluciones de preliberación para 1087 personas, si bien las órdenes fueron dadas al INP, eso no significa que las personas fueron liberadas. La abogada Glenda Ayala del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura le dijo a Contracorriente en mayo que, en su inspección por los centros penales, los directores desconocían la resolución judicial.
Verdad a medias.
En octubre de 2020 existieron denuncias públicas sobre un brote de casos positivos de COVID-19 en el Poder Judicial. De acuerdo con las declaraciones de empleados en un medio al menos 84 eran positivos: 50 del Juzgado de lo civil, 15 de Juzgados de la niñez y 19 del edificio de la Defensa Pública. Sin embargo, el director de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, dijo en esa ocasión que no sabían cuántos eran, pero que el Juzgado de lo Civil solo eran 29 positivos y no 50, como denunciaban los empleados.
El mismo presidente del Poder Judicial estuvo fuera de su cargo por un mes cuando resultó positivo para COVID-19, en junio.
Por su parte, la Asociación de Jueces por la Democracia pidió a través de un comunicado en septiembre, que se ampliaran las medidas de bioseguridad con «la instalación de paredes plásticas en las salas de juicio, en los despachos donde se realizan audiencias públicas, en las oficinas que impliquen atención al público o donde se compartan espacios varios empleados o funcionarios (…), cuyo costo no es oneroso en relación a otros implementos que se pueden considerar y que si requieren una constante renovación. También la adquisición de aparatos purificadores de aire acondicionado que aseguren que se están higienizando los ambientes donde se labora».
