Para que se instale una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) es necesario que se produzcan reformas y se eliminen decretos que por ahora protegen y benefician a actores corruptos. También está pendiente hacer nombramientos en las siguientes dependencias: Fiscalía General de la República —que cuenta con autoridades interinas—, Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Unidad de Política Limpia y Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Analistas sugieren que la polarización en el Congreso y la falta de voluntad política pueden complicar la aprobación de las reformas y enmiendas pendientes.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera
El 27 de enero, en su discurso de toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro lanzó 22 promesas ante los miles de presentes en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera de Tegucigalpa. La décima tenía que ver con que en los 100 días siguientes se tomarían medidas urgentes, como la pronta instalación de una «Comisión Nacional e Internacional para el Combate Frontal a la Corrupción y la Impunidad en Honduras con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas».
Casi dos años después, Alice H. Shackelford, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, fue consultada en una rueda de prensa acerca de la fase en que se encuentran las negociaciones y de los conflictos entre el oficialismo y la oposición política que mantienen paralizadas, en el Congreso Nacional, algunas reformas necesarias para instalar el mecanismo anticorrupción.
«Estamos ya en el intercambio de notas para la extensión del memorándum de entendimiento (…) A mí no me gusta dar la responsabilidad a un grupo u otro, especialmente en un contexto de alta polarización política, la responsabilidad la tienen todos y todas; la responsabilidad que, como oposición, como gobierno y sociedad civil se haga un esfuerzo por encontrar diálogos y construir verdaderamente un mensaje de encuentro», dijo Shackelford.
El abogado Alex Navas —coordinador jurídico nacional de Cristosal en Honduras y ex funcionario de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih)— dijo que la instalación de una CICIH es diferente a como fue la instalación de la Maccih, porque esta última, al ser un mecanismo de la OEA, contaba con «menos laberintos políticos» que los que genera Naciones Unidas.
El ministro de la Presidencia de Honduras, Rodolfo Pastor, dijo a mediados de noviembre que la instalación de la CICIH tardaría «varios años», no obstante, al siguiente día, retomó el tema indicando que sus palabras habían sido «malinterpretadas» y prometió que la CICIH se instalaría en Honduras durante la administración de la presidenta Xiomara Castro.
Navas coincidió en el hecho de manifestar que la instalación de una CICIH no ocurrirá de un momento a otro y que el proceso será largo.
«Tiene razón el ministro Pastor en cuanto a los procesos de Naciones Unidas. Yo fui funcionario de Naciones Unidas en un momento con el PNUD, y los procesos son bastante dilatados y engorrosos», opinó Navas.
Las miradas para avanzar hacia la instalación de un mecanismo internacional anticorrupción están puestas en el Gobierno que lidera la presidenta Xiomara Castro, que llegó al poder de manos del Partido Libre, institución política que tiene el control del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Para instalar el mecanismo internacional, primero deben producirse reformas en el Legislativo, presidido por Luis Redondo, en donde existe una evidente polarización política que paralizó al Congreso durante tres meses, este 2023.
A los desafíos para instalar la CICIH se sumó el nombramiento del fiscal general interino Johel Zelaya —favorito del Partido Libre—, nombrado con nueve votos de una Comisión Permanente que encabeza Luis Redondo y que estará desempeñándose hasta el próximo 24 de enero cuando finalice el periodo de vacaciones. Para nombrar un fiscal general en propiedad, se requiere de 86 votos del pleno.
El nombramiento de Johel Zelaya, si bien no fue ilegal, ha sido señalado como antidemocrático y como un posible tropiezo para la instalación de la CICIH, según algunos analistas.
Desde que Johel Zelaya asumió el poder se han desengavetado acusaciones que estaban pendientes, por ejemplo, los requerimientos fiscales contra los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa.
También se giró una orden de captura contra el presidente del Partido Nacional, David Chávez y contra las exfuncionarias nacionalistas Rocío Tábora y Consuelo Flores.
Asimismo se acusó a un implicado en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres —que según el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh)— es el empresario Daniel Atala, miembro de una de las familias más poderosas de Honduras.
Navas consideró que, aunque el fiscal Johel Zelaya y el fiscal Morazán «están haciendo un buen trabajo, desengavetando casos que la Maccih y Ufecic [ahora Uferco: Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción] trabajaron hace alrededor de 7 años, esos son casos que ya se venían trabajando, como el Caso Pandora II, Narcopolítica II y Red de Diputados II».
Navas dijo que Honduras necesita de una comisión internacional contra la impunidad.
«Naciones Unidas dice que el Gobierno tiene la pelota en su propia cancha», dijo a Contracorriente el abogado Navas, tras analizar el comunicado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el posible establecimiento de una CICIH.
Para Navas, no se puede esperar una transformación en el Ministerio Público solamente cambiando a los fiscales generales o a las autoridades de la dirección del Ministerio Público, sino que se tiene que hacer un trabajo integral.
«El Ministerio Público necesita una profilaxis y una renovación de cuadros certificados y capacitados para enfrentar los desafíos que tiene el Ministerio Público (…) esto no se arregla con cambiar a fiscales generales o fiscales generales adjuntos, sino que se necesita una reconstrucción o reformulación del paradigma de administración de justicia, una transformación total», expuso Navas.
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Negociaciones entre ONU y Gobierno de Honduras avanzan a paso lento
En el comunicado publicado por Naciones Unidas el pasado 2 de diciembre, se explicó que la Secretaría de la ONU y el Gobierno hondureño han acordado «explorar una extensión del Memorándum de Entendimiento para continuar cooperando».
Este Memorándum tiene una vigencia de seis meses y fue firmado el 15 de diciembre de 2022. El mismo había sido ampliado la primera vez en junio de 2023.
Naciones Unidas explicó que la Secretaría ha desplegado «en cuatro ocasiones» a un equipo de expertos de las Naciones Unidas en Honduras y que «sus contrapartes hondureñas» ya fueron comunicadas sobre cuáles son las reformas básicas que se necesitan para avanzar rumbo a la instalación de la CICIH.
«Estas reformas incluyen aquellas que permitieran establecer un mecanismo futuro y funcionar eficazmente dentro del marco jurídico hondureño. Si bien se han logrado avances, aún quedan por aprobar importantes reformas para cumplir con las garantías y requisitos legales mínimos», indicó Naciones Unidas.
Obstáculos, importancia y retos para instalar una CICIH
En un reciente artículo publicado por Ana María Méndez Dardón, Directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), se indicó que la presidenta Xiomara Castro hizo campaña con promesas de combatir la corrupción, pero «casi dos años después de su presidencia ha habido pocos avances».
Desde que el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a miembros del poder Legislativo en la «lista Engel» —explicó Méndez— el Congreso derogó los decretos 57-2020 y 116-2019 y reformó el 93-2021, que tenían que ver con el impedimento para incautar documentos a personas acusadas de corrupción, con el lavado de activos y con el blindaje de funcionarios públicos ante investigaciones de la fiscalía.
La Directora para Centroamérica de WOLA agregó que «según los expertos de la ONU, el Congreso de Honduras debería derogar las disposiciones del Decreto 130-2017 del Código Penal, que reduce sustancialmente las penas por corrupción y delincuencia organizada, y el Decreto 117-2019, que incorpora la inmunidad parlamentaria».
Méndez destacó que entre los obstáculos para instalar la CICIH está que el gobernante Partido Libre colocó a su «candidato preferido» como interino al frente del Ministerio Público.
«En medio de la violencia y los desacuerdos, se instaló una Comisión Permanente del Congreso que celebró una sesión extraordinaria para designar a Johel Zelaya como Fiscal General de la Nación y a Mario Morazán como Fiscal General Adjunto, ambos como interinos», en ese sentido, consideró Méndez, «un Congreso dividido y la falta de voluntad política del presidente podrían complicar la aprobación de las reformas y enmiendas pendientes».
Méndez sostuvo que en Guatemala se implementó con éxito una CICIG, entre 2007 y 2019, pero que en el caso de Honduras poner en marcha la comisión «requerirá que el Congreso apruebe reformas impopulares».
Naciones Unidas busca evitar en Honduras lo sucedido en Guatemala
El abogado Alex Navas expuso a este medio que, a su criterio, las Naciones Unidas aprendieron de las lecciones de los mecanismos internacionales anticorrupción que fueron desmantelados en el pasado, tanto en Honduras como en Guatemala, y que están buscando la forma de tener garantía de que eso no vuelva a suceder.
«Hubo muchos problemas cuando el Estado guatemalteco cerró filas para sacar a la CICIG, porque esta había llegado a investigar a grupos élites de poder que dominan Guatemala, incluyendo entidades políticas y económicas. Le cerraron las puertas a la CICIG y la sacaron abruptamente», expresó.
Navas consideró que Naciones Unidas está buscando «todos los respaldos y todas las garantías de que lo que le sucedió en Guatemala no le vaya a suceder en Honduras» y que también están al tanto de la experiencia con la MACCIH.
Para Navas, hay otras reformas que Naciones Unidas ha visualizado a través de este grupo de expertos, tales como: la aprobación de la ley de colaboración eficaz, la revisión de apartados del Código Penal con respecto a los delitos contra la administración pública y revisión del tema de la amnistía de enero de 2022 con respecto a algunos funcionarios del Gobierno del expresidente Zelaya.
«Y debo hacer hincapié que en esos momentos del Golpe de Estado no habían garantías para el juicio justo, pero ese es un requerimiento de Naciones Unidas en este momento», explicó Navas.
Navas expuso que existen sectores que han lanzado una alerta amarilla para la instalación de la CICIH porque hay asuntos pendientes como la elección del Fiscal General en propiedad, la selección de los miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), de la Unidad de Política Limpia y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
«Estas son las instituciones que están en la primera línea de combate a la corrupción. Creo que ahí transita el tema de la instalación, que todavía en el comunicado de Naciones Unidas dice que el Gobierno tiene la pelota en su propia cancha y que ya el Estado hondureño tiene que tomar las medidas necesarias para que estos requisitos se cumplan», expuso Navas.
Contracorriente consultó a Navas si en el mandato, la CICIH también debería perseguir delitos de narcotráfico, a lo que contestó que «no se puede desconocer que el narcotráfico ha permeado estructuras del Estado y que, utilizando la corrupción, generó un debilitamiento institucional y casi un Estado fallido, por lo tanto creo que las líneas de trabajo de la CICIH también deben ir encaminadas a desmantelar estructuras relacionadas con el crimen organizado, tráfico de personas, tráfico de armas y otras».
El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) publicó un informe en noviembre pasado titulado: «El perfil deseado de la CICIH, una mirada desde la Sociedad Civil» en donde concluyó que la CICIH «debe ser un mecanismo imparcial, independiente y autónomo para que se pueda garantizar la persecución penal en contra de las redes de corrupción».
A criterio de Cespad, la sociedad civil debe ser parte del proceso de instalación, a través de mecanismos de participación a lo largo de la vigencia del trabajo y que «es urgente que el Gobierno reconozca en la ciudadanía un aliado y garantice espacios de interlocución para la entrega de propuestas».
