Entrevista. El abogado Alex Navas, coordinador jurídico nacional de Cristosal en Honduras y ex funcionario de la Maccih, dijo a Contracorriente que el requerimiento fiscal recién librado contra un implicado en el asesinato de Berta Cáceres le recuerda las investigaciones de la Maccih sobre los miembros de una familia con mucho poder económico en Honduras: los Atala y cómo la élite empresarial hondureña reaccionó ejerciendo sus influencias en la justicia hondureña. El Ministerio Público, actualmente dirigido por dos fiscales interinos, tiene el reto de conseguir legitimidad tras su controversial elección a tiempo que la Corte Suprema de Justicia tiene el reto de hacer justicia en casos emblemáticos, como el de Berta Cáceres.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
A mediados de julio de 2017, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), a través de su jefe, el abogado Juan Jiménez Mayor, cuestionó el rápido crecimiento del capital de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (Desa), ya que pasó de 25 mil lempiras en mayo de 2009 a 381 millones de lempiras en febrero de 2014. Esa fue la primera vez que oficialmente se sospechó de algunos miembros de la familia Atala, pues según el abogado Jiménez Mayor, era importante analizar la legitimidad del significativo aumento del capital de Desa para ver si no estaba relacionado con el lavado de activos. Jiménez Mayor fue más allá ese día y mencionó a quiénes estaban al frente de la empresa Desa: «Roberto David Castillo Mejía, como presidente, Jacobo Nicolás Atala Zablah, como vicepresidente y Pedro Atala, como vocal», sostuvo.
Después de seis años de ocurrido lo anterior, ayer el Ministerio Público sorprendió con un requerimiento fiscal nuevo contra otro implicado en el asesinato de Berta Cáceres. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cuya coordinadora era Berta Cáceres y ahora es liderado por su hija Berta Zúniga Cáceres, reveló que Daniel Atala —quien fungió en su momento como gerente financiero de Desa— fue acusado por el Ministerio Público por su participación en el asesinato de Berta Cáceres, hecho ocurrido el 3 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá.
Se ha presentado un requerimiento contra de Daniel Atala por su participación en el crimen contra #BertaCáceres. El #COPINH y las hijas/o de Berta esperamos q esto no sea solamente una exhibición mediática y que el @MP_Honduras cumpla responsablemente en probar su participación. pic.twitter.com/jya9n5kND0
— COPINH (@COPINHHONDURAS) December 2, 2023
En un comunicado publicado anoche, el Ministerio Público informó que la Fiscalía de Delitos Contra la Vida presentó el requerimiento con orden de captura contra el «nuevo involucrado».
Sin embargo, Daniel Atala fue llamado como testigo en junio de 2021 durante el juicio contra David Castillo, quien fue encontrado culpable y sentenciado a 22 años y 6 meses de prisión por ser coautor intelectual del asesinato de Cáceres. Pero Atala se negó a declarar en aquel momento, argumentando que él también estaba siendo objeto de investigación por el asesinato de Berta.
En un comunicado, con fecha 11 de mayo de 2020, el Copinh exigió que Daniel Atala fuera enjuiciado y castigado por el asesinato de Berta Cáceres, con la siguiente petición: «Daniel Atala fungió como gerente financiero de la empresa DESA y dirigió junto a David Castillo las acciones ilegales con el objetivo de construir la represa Agua Zarca, que resultaron en el asesinato de 6 personas incluyendo Berta Cáceres. Es hijo de José Eduardo Atala Zablah, y sobrino de Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah miembros de la junta directiva de dicha empresa, máximos responsables de las decisiones tomadas».
Ante este requerimiento fiscal, Contracorriente (CC) conversó con el abogado Alex Navas (AN), quien hizo memoria de las líneas de investigación abiertas por la Maccih en contra de Desa, sobre la influencia de la familia Atala, el papel de los fiscales interinos y la polarización actual que atraviesa Honduras.
CC: Recientemente el Ministerio Público publicó un comunicado en donde informa de un requerimiento fiscal por el asesinato de Berta Cáceres que, según el Copinh, es contra uno de los miembros de la familia Atala. ¿Cuál es su opinión al respecto?
AN: Yo fui funcionario de la Maccih durante cuatro años, ahí se llevó el famoso oficio «Fraude en el Gualcarque», que no era específicamente sobre el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres sino por el tema de corrupción en las licencias sobre el río Gualcarque. En ese tiempo, Juan Jiménez, en una conferencia de prensa leyó un comunicado en donde había personeros que ahora están guardando prisión y otros que eran de una familia muy importante, incluyendo la familia Atala, quienes eran los principales de la empresa DESA. Creo yo que es importante que después de esa conferencia de prensa, y ahora que han pasado más de cinco años, se siga haciendo justicia. Y que esas líneas de investigación que tenían que ver con autores intelectuales en el asesinato de Berta Cáceres, así como el tema de vinculación de mecanismos de corrupción y las licencias ambientales, se impulsen desde el Ministerio Público de forma efectiva, [así como] esos requerimientos fiscales y que por fin se llegue a los autores intelectuales de toda esta trama que dio con el asesinato de Berta Cáceres.
CC: ¿Qué sabe usted de Daniel Atala? quien es señalado por el Copinh como el nuevo acusado
AN: Lo único que sé yo es que él era socio de la empresa DESA y que tuvo un muy cercano trabajo con el señor David Castillo y con algunas personas que ya están vinculadas en el tema del asesinato de Berta Cáceres. Así que me imagino que es uno de los principales sospechosos en este caso de los autores intelectuales de todos estos delitos que se le imputan.
Aunque el Ministerio Público no lo menciona directamente, el Copinh dice que es Daniel Atala [autor intelectual del asesinato] y es importante que se dé con la captura de él y que se hagan las investigaciones del caso, que se le den todas las garantías judiciales pertinentes y que se haga justicia lo más pronto posible.
CC: La familia de Berta, en conjunto con los apoderados legales de ellos, se adhirieron como acusadores privados para apoyar al Ministerio Público en las acusaciones. ¿Qué significa que este caso se presente hasta ahora con la salida de Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián y ahora con la entrada de los nuevos fiscales interinos Johel Zelaya y el señor Morazán?
AN: Mire yo lo que le puedo decir es que el mismo día que se hizo la conferencia de prensa de la Maccih haciendo señalamientos de esta familia vinculada al tema de corrupción, ese mismo día, en la tarde, tuvimos la visita de toda la plana de poder, la ANDI (Asociación Nacional de Industriales), haciendo algunas observaciones sobre por qué se había mencionado a esta familia en este caso, me sorprendió porque estaba toda la plana mayor del Cohep, toda, y esto quiere decir, estimado periodista, que aquí se habla mucho de las influencias políticas y de los entes operadores de justicia, pero también hay influencia de entes corporativos empresariales que tienen bastante influencia o capacidad de maniobras para presionar a fiscales generales y fiscales adjuntos para que ciertos personajes vinculados, y que tienen una infinidad de delitos, no sean investigados y no sean procesados.
En estos casos, por ejemplo, de alto impacto, normalmente quienes caen son los bandos intermedios, como David Castillo, por ejemplo. Él era un gerente de una empresa donde realmente no tenía todas las capacidades para la toma de decisiones. Y los tomadores de decisión en este caso eran otros, familias importantes a nivel económico de este país y que al final son o fueron, de alguna forma, intocables. Yo alabo lo que el actual Fiscal General [Johel Zelaya] está impulsando procesalmente estos casos.
Falta que articulemos un poco más el tema de las capturas y el tema de inteligencia, porque los requerimientos fiscales no tienen ningún efecto si estas personas no son presentadas ante los entes jurisdiccionales; por lo tanto, creo yo que se debe afinar este tipo de temas.
No podemos obviar que el saliente fiscal Chinchilla y el abogado Sibrián, de alguna forma, y no lo estoy viendo con sesgo político, retuvieron ciertos casos para guardarles las espaldas a ciertos actores políticos y a ciertos personajes del mundo empresarial que todavía tienen o tenían control sobre instituciones del Estado que tienen que ver con la justicia.
CC: ¿Cuál es la responsabilidad de la banca? Tanto la banca nacional como la banca internacional en apoyo y respaldo a estos proyectos que han terminado no solo con el asesinato de Berta Cáceres, sino que también hay otras personas que resultaron asesinadas o vulneradas en sus derechos, hechos que se derivan del apoyo de estos organismos financieros.
AN: Yo, en este país, con serios problemas económicos, veo que crecen —y así lo dicen los datos de CEPAL o Banco Mundial— solo tres rubros: infraestructura energética, telecomunicaciones y banca. No crecen otros rubros económicos que no sean estos tres; ¿por qué? porque los bancos son como un pulpo que han creado diferentes aspectos de inversión y han cooptado la mayoría de estos espacios, y tienen una alta responsabilidad, porque el dinero invertido en un proyecto daña tierras ancestrales, bienes o recursos que pertenecen a los pueblos indígenas y a la mayoría de los pueblos, y pueden dañar también el tema de la subsistencia de estas comunidades y también violan derechos humanos. Aquí hay que ver no solo la parte de la banca nacional, de la que son dueños la familia Atala, sino también el Banco Holandés, por ejemplo, que dio mucho financiamiento a estas empresas.
Tendrían que hacer una investigación los entes encargados de esto, como el Ministerio Público, para ver si ellos no tuvieron la debida diligencia sobre estos proyectos que violentaban derechos humanos, garantías constitucionales y estaban vinculados a temas de corrupción al momento del otorgamiento de las licencias y permisos requeridos, creo que debería haber una investigación del caso y sacar las deducciones de responsabilidad pertinentes.
De alguna forma, los derechos humanos fueron concedidos en una primera línea para proteger los derechos de las personas, pero estos derechos fueron reorientados o posicionados para defender la voracidad del capital. Y ha habido un tema de corrupción a cielo abierto y eso de dejar hacer y dejar pasar nos está pasando una factura que se traduce en violación a los derechos humanos y garantías esenciales para que la gente pueda subsistir y desarrollarse. Han llegado al extremo de asesinar a personas que se oponen a estos megaproyectos que solo dejan luto, hambre, pobreza y desolación.
CC: Ya se está hablando de que este caso será una prueba de fuego para la Corte Suprema de Justicia en virtud de que anteriormente en el país no se han girado requerimientos fiscales contra familias que, además del poder político, ostentan poder económico. ¿Cuál es su opinión al respecto de la situación por la que está pasando la justicia, ahora con la nueva Corte Suprema que tenemos en el país?
AN: Cuando llegó la Maccih, en el país nunca se habían tocado grandes intereses políticos y empresariales; el caso Pandora, por ejemplo, narcopolítica o red de diputados, cambió el paradigma de la persecución penal. La viga quedó bastante alta con esos casos de la Maccih y de la Uferco, demostrando valentía, independencia y capacidad en la presentación de requerimientos fiscales y ahora será una prueba de fuego más, aquí no estamos hablando de Juan Pérez ni de María Rodríguez, sino de una de las familias más influyentes del país, que tienen no solo bancos, infraestructura y telecomunicaciones sino que incluso la Selección de fútbol, así que será una gran prueba para la Corte Suprema de Justicia validar lo que dice la constitución que todos somos iguales ante la ley y que si alguien comete un delito debe ser investigado y procesado, y en caso de encontrarlo culpable, castigarlo con todo el caso de la ley.
Así como exponen a una persona que se roba una gallina o comete un delito menor y le ponen todo el peso de la ley, así a estas familias que están vinculadas a temas de corrupción y alto impacto, supuestamente ¿no?, o a delitos que tienen que ver con la planeación de un asesinato como el de Berta Cáceres, deben de ser investigados y procesados con todas las garantías de la ley.
Hay que saber que aquí hay valentía de parte de los fiscales, porque meterse con estas familias no es cosa fácil, tienen capacidad económica y cuentan con actores políticos, militares y policías trabajando bajo su mando, y esto debería ser tratado con la mayor cautela posible pero sabiendo que hay una ciudadanía y una sociedad que está esperando que se haga justicia en este caso, y ojalá este sea el principio para cambiar el paradigma de persecución penal, y que cualquier familia, sea de un grupo económico, político, social y religioso que comete un delito, sea procesado por las instituciones hondureñas.
CC: La comisionada en condición de retiro María Luisa Borjas leyó un informe en donde mencionaba la participación de parte de la familia Atala en el asesinato de Berta Cáceres y ella fue acusada de delitos contra el honor y posteriormente condenada; en el marco de todo ese poder, y ahora que tenemos un contexto de polarización bastante grande en donde algunos actores recurren a argumentar persecución política, ¿cómo sitúa usted su análisis? porque evidentemente en Honduras tenemos un ambiente marcado por la extrema polarización y falta de claridad en muchos aspectos y por otro lado también está la influencia y poder de estas familias.
AN: La diosa Temis está con los ojos vendados y por mucho tiempo lo estuvo pero para favorecer a grupos políticos, empresariales o corporativos de este país, espero que ahora con el nuevo cambio de la nueva Corte Suprema de Justicia —porque yo creo que la junta nominadora lo hizo medianamente bien y además tenemos también fiscales interinos, eso hay que recalcarlo— estos de alguna forma han impulsado casos que estaban engavetados, y ahora, creo yo, ojalá que la diosa Temis siga guardando la tela en sus ojos pero para impartir la justicia con la espada que tiene en la mano, no importando que esto sea de uno u otro lado, sino que se imparta justicia amén de cualquier relación política o económica que tenga la persona que esté siendo investigada.
No se le puede llamar persecución política a los que cuando entraron al poder utilizaban transporte público para llegar a las instituciones del Estado y después salieron siendo grandes terratenientes, con grandes casas y grandes privilegios. No se le puede llamar persecución política a los que desviaron fondos públicos destinados para la salud y la educación y los drenaron para intereses particulares, eso se llama corrupción y esta debe ser combatida sea del partido rojo, azul o verde, tiene que ser combatida de forma frontal y abierta. Es la única forma de construir una democracia apegada al Estado de derecho que se sustente en la justicia.
La justicia, decían los griegos, es darle a cada quién lo que merece; si con esos fondos de la corrupción se hubieran construido escuelas o carreteras definitivamente tendríamos un país mejor, pero poniéndolo en el otro lado, que las personas que cometen delitos también tienen que tener su castigo y ser investigadas con todos sus procesos y garantías que tienen la constitución.
