Todo está listo para que 128 diputados —varios de ellos miembros de partidos vinculados a redes de corrupción y narcotráfico— elijan a la próxima Corte Suprema de Justicia de Honduras, conformada por 15 magistrados que serán vitales, entre otros asuntos, para la concreción de más extradiciones a EE. UU. y para determinar el éxito o fracaso que pueda tener una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (Cicih).
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Fernando Destephen
El proceso de evaluación llevado a cabo por la Junta Nominadora llegó a su fase final y solamente le resta presentar un listado de por lo menos 45 candidatos y candidatas que deberá ser enviado al Congreso Nacional entre este viernes y el próximo lunes 23 de enero de 2023.
La lista final saldrá de 82 aspirantes que continúan en el camino, los cuales están siendo filtrados basándose en una matriz técnica de evaluación.
Los analistas más críticos coinciden en que los nominadores —a pesar de algunos escándalos como la filtración del banco de preguntas y respuestas— han realizado un trabajo arduo, decente y han sabido resistir ante fuertes presiones, dejando en el camino a aspirantes que tenían nexos directos con narcotraficantes o grupos empresariales oscuros.
Sin embargo, el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, dijo a Contracorriente que, a pesar del arduo trabajo, todavía hay dentro de ese listado de 82 aspirantes algunos que tienen vínculos con grupos económicos o grupos políticos. «Esperamos que no sean incluidos en esta lista que envíen al Congreso Nacional», aseguró.
Hay otra valoración casi unánime que hacen tanto observadores internacionales, analistas hondureños y representantes de sociedad civil: las cosas pueden complicarse en el Congreso Nacional el 25 de enero, porque este cuenta con partidos políticos vinculados a redes de corrupción pública, crimen organizado y narcotráfico.
«El Congreso Nacional no podrá elegir a ninguna persona que no esté comprendida en la nómina entregada por la Junta Nominadora», establece una parte del artículo 22 de la ley que rige a la Junta Nominadora. Sin embargo, a pesar de que existe esta garantía expresa en la normativa, por los antecedentes conocidos, existe temor de que el Congreso Nacional tome rumbos distintos al camino de la legalidad.
El sacerdote jesuita Ismael Moreno, exdirector de Radio Progreso, también conocido como «El padre Melo», afirmó a Contracorriente que, evidentemente, existe una necesidad en los congresistas de protegerse y detalló que esto es propio no solo del Partido Nacional, sino de todas aquellas personas o grupos que de algún modo aparecen en algún tipo de listados que los vinculan con el narcotráfico y la criminalidad.
«Para eso necesitan estructuras oficiales y para eso la Corte Suprema de Justicia es el vehículo con el cual muchos de estos sectores van a tratar de blindarse. Y estarán buscando la manera de que haya condiciones para que el blindaje se garantice. Yo sí creo que los políticos en Honduras, bastantes de ellos, tienen cuentas pendientes, uno escucha de un partido y de otro partido de personas, de políticos con influencia, que estarán buscando la manera de protegerse, y la Corte es ese instrumento a través del cual van a querer alcanzarlo», expuso Moreno.
Escenario I
Un primer escenario, a criterio del padre «Melo», es que el Partido Libre haga una alianza con el Partido Nacional, por lo tanto, los dos partidos lograrían la mayoría calificada para la elección de los magistrados. «Ese es un escenario posible, evidentemente, si ese escenario se da, el Partido Nacional y el Partido Libre quedan de algún modo amarrados, porque después tendrán que continuar hacia la elección del Fiscal General y hacer otro tipo de acuerdos en el Congreso», dijo.
A la abogada Silvia Ayala, integrante de la Junta Directiva del Congreso Nacional y militante del Partido Libre, no le gusta la palabra «alianza», aunque reconoce que el partido de Gobierno tiene que pactar sí o sí para elegir la próxima Corte.
Ayala dijo a Contracorriente que «en el Congreso Nacional, de acuerdo a la conformación que tenemos, ningún partido tiene ni siquiera la mayoría simple (66 votos). Para elegir la Corte se requiere mayoría calificada (86 votos) y con mucha más razón tenemos que alcanzar consensos que van a partir del perfil y tipo de magistrado y magistrada que merece el pueblo hondureño».
Libre cuenta con 50 votos, el Partido Nacional con 44 votos, el Partido Liberal con 22 votos, el PSH con 10 votos, el Partido Anticorrupción con 1 voto y la Democracia Cristiana con 1 voto.
«La Junta Directiva del Congreso Nacional bajo ningún punto va a entrar en negociaciones de ningún tipo, precisamente porque el término negociación implica que se va a ofrecer algo para obtener otra cosa a cambio», prometió la congresista Ayala.
Una alianza entre Libre y el Partido Nacional implicaría negociar con diputados que estuvieron directamente judicializados por actos de corrupción pública contra las que luchó el fiscal jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, quien indicó que «si viviéramos en una sociedad en donde los niveles de ética fueran aceptables, lo mínimo que deberían de hacer estos diputados es hacerse a un lado y dejar a otros miembros o a sus suplentes para que participen en la elección de los magistrados».
«Acuérdese que el caso red de diputados implica o vincula a una serie de congresistas, ¡son más de 200 congresistas y excongresistas de varias administraciones!, estos se encuentran involucrados en esos casos y muchos de ellos se encuentran activos y tienen vínculos», expresó Luis Javier.
El fiscal también manifestó que las castas familiares de políticos en Honduras hacen que los conflictos de interés se incrementen. «¿Qué ha pasado en la política en Honduras?, pues que se va el político, pero queda la esposa, el hijo o el sobrino como diputado. Hay familias que históricamente ya se conocen en el país donde todos sus parientes en línea ascendente o descendente han sido parte del Congreso. Muchos de los diputados que fueron acusados en el caso red de diputados ya salieron, pero ahora hay parientes que sin ninguna duda van a favorecer con su voto a los magistrados que se presten para que estos casos sigan impunes», dijo.
Escenario II
El segundo escenario, planteado por el padre «Melo», es que el Partido Libre, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras (PSH) alcancen una alianza propia hasta lograr el número 86 que se necesita, incluyendo una negociación con unos dos o tres diputados del Partido Nacional. «Ese escenario creo yo que compromete a más partidos políticos que solamente el primer escenario y se abren más posibilidades de negociaciones futuras; más abiertas y no cerradas», afirmó. Para el padre «Melo», el pueblo hondureño pierde menos con el segundo escenario, pues se dan acuerdos interpartidarios en donde el Partido Nacional tiene menos capacidad y menos posiciones políticas a su favor. «Ese segundo escenario creo yo que no es el ideal, pero sería el escenario deseable para avanzar hacia la gobernabilidad», explicó.
Contracorriente consultó sobre el ambiente existente en el Congreso Nacional para llegar a estos consensos a la vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, quien expuso su preocupación por la incertidumbre procedimental para elegir a la nueva Corte y, además. expuso su inquietud porque el Congreso Nacional ha estado sesionando y aprobando cosas durante horas de la madrugada, por lo que consideró que, para generar transparencia en la elección de la Corte Suprema, lo primero que se necesita es que la elección se realice «a la luz del día y con información clara».
«Uno de los grandes retos que tenemos es que la ley que rige a la Junta Nominadora no regula el trabajo que se va a realizar en el Congreso Nacional, entonces, desafortunadamente, las reglas para el Congreso Nacional siguen siendo un poco inciertas, es por eso que yo presenté desde el mes de febrero del año pasado un proyecto orientado a la elección y selección de altos funcionarios, entre estos la Corte Suprema, Fiscal General, Tribunal Superior de Cuentas, Órganos electorales», sostuvo.
Fátima reveló que «hoy por hoy existe gran incertidumbre de qué va a hacer el Congreso, por eso le puedo decir, como miembro del PSH, como vicepresidenta de la Junta Directiva, que yo tengo las mejores intenciones, pero las intenciones deben trasladarse en reglas claras y el Congreso debe tenerlas. Lo correcto es que previo al inicio del proceso debíamos de conocer cuál es el rol y el procedimiento que se iba a seguir en el proceso».
Escenario III
Un tercer escenario, continúa manifestando el padre «Melo», es el caos al interior del Congreso Nacional, en donde ni Libre ni el Partido Nacional llegan a acuerdos o en el que Libre no alcanza acuerdos con las demás fuerzas políticas. «En este caso, los sectores que buscan más impunidad, como es el caso del Partido Nacional, pueden avanzar en el sentido que no se logra una elección y se continúa, se prolonga, la actual administración de la Corte Suprema de Justicia», expresó el sacerdote.
La diputada Silvia Ayala manifestó que el Partido Libre está comprometido en buscar ese consenso, y, si no lo hay, trabajarán para que lo haya. «Estamos preparados para cualquier escenario, mantenemos esa confianza de que las cosas se desarrollen de la manera más tranquila, como lo espera el pueblo hondureño, pero también estamos preparados para otros escenarios», expuso la congresista del Partido Libre.
«Esperamos que no fracase el sistema de nómina, estamos trabajando para que haya un ambiente tranquilo, de compromiso para el pueblo hondureño, para la elección, así que no queremos centrarnos en escenarios que son desfavorables. Trabajaremos para que se dé en el marco de la tranquilidad», detalló Ayala.
Ayala reaccionó ante la posibilidad de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelva dos recursos sobre el decreto de amnistía que podrían terminar determinando la inconstitucionalidad de la Junta Directiva del Congreso, lo que también crearía un enorme cisma.
«Eso sería un evidente ataque contra el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, contra la institucionalidad del país de estos magistrados (los seis magistrados que buscaban reelegirse y que no pasaron el proceso de tachas y denuncias), quienes han quedado afuera del proceso por las ejecutorias de sus mismos actos que los han caracterizado durante su gestión», sostuvo Silvia Ayala.
El Director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, Luis Daniel León, también contempló entre sus escenarios que pueda producirse un caos en el Congreso Nacional.
León explicó que eso ya sucedió en el año 2016, cuando fracasó el sistema de elección por nómina. «Nos llevó tres semanas de conflictos en donde se intentó la votación muchas veces y al final se terminó aprobando mediante negociaciones políticas, entonces tampoco es que el excelente trabajo que ha hecho la Junta Nominadora se va a traducir en una excelente elección», sostuvo.
Escenario IV
El cuarto escenario es planteado por Luis Daniel León, quien, a pesar de elogiar el trabajo de la Junta Nominadora, sostiene que el proceso entrará en otra lógica una vez que el listado pase a manos del Congreso Nacional.
Los políticos serán quienes se encarguen de ver quiénes están dentro de ese listado para escoger desde una visión partidaria y sesgada; por lo tanto, expone León, al escogerse a estos candidatos bajo criterios partidistas se pierde la calidad técnica y queda la «politiquería».
León advirtió que hay que estar atentos a todos los escenarios posibles, incluso a los más extremos, entre los cuales está que el Congreso Nacional no acate el listado enviado por la Junta Nominadora, tal y como pasó con la reelección del actual fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla.
«Una vez que el listado llegue a manos del Congreso Nacional, el proceso queda en manos de políticos, y existe un antecedente. Le voy a dar un ejemplo: el actual Fiscal General de la República, Óscar Fernando Chinchilla, fue reelecto por los políticos aún y cuando la Junta Nominadora, en el listado que enviaron, no lo contemplaba en el proceso. Nadie lo postuló, la Junta no lo hizo y él tampoco se autopostuló; él dijo que no tenía interés. Cuando llegó el listado de otras personas, hicieron a un lado ese listado y lo reeligieron a él», explicó León.
Silvia Ayala afirmó que el Partido Libre, al que ella pertenece, tiene «garantizados» los 50 votos del partido para poder escoger a los magistrados y magistradas de la próxima Corte. Lo anterior no es poca cosa, considerando que la bancada del partido de Gobierno, en enero del año pasado, se dividió a la mitad en un escándalo interno en el que un bando fue tildado de estar conformado por «traidores», entre ellos, dos de sus máximos exponentes, Jorge Cálix y Beatriz Valle.
Ayala prometió que como Partido Libre respetarán el listado, argumentando que fue precisamente en el Congreso Nacional que se aprobó la ley para la proposición de candidatos y candidatas de la Junta Nominadora. «Consideramos que la Junta Nominadora ha hecho un buen trabajo. Tenemos claro que solo podemos escoger a los 15 magistrados y magistradas de entre los al menos 45 candidatos que nos remitan», afirmó.
«El Partido Nacional ha solicitado que se militarice el Congreso Nacional, lo cual es injustificado, de sobra se sabe que, desde antes que asumiera Xiomara Castro, ella ordenó que se retiraran las vallas para que el pueblo hondureño tenga precisamente libre acceso a los bajos del Congreso, el argumentar que va a haber disturbios es una falta de respeto», detalló la congresista.
«Fortalecer la independencia judicial para no depender de Cicih ni de solicitudes de extradición»
La congresista de Libre, Silvia Ayala, afirmó que es necesario que en Honduras se fortalezca la independencia judicial y al Ministerio Público para no depender de la justicia de Estados Unidos ni de misiones internacionales.
«Esperamos que comencemos a construir un sistema de impartición de justicia que le dé confianza al pueblo hondureño, para que no tengamos que depender de figuras como la extradición, para esperar que otros jueces y juezas hagan lo que los nuestros no han sido capaces de hacer, que al menos paguen los delitos de narcotráfico en los que se han visto involucrados varios dirigentes del Partido Nacional, y que en Honduras nunca fueron sujetos de investigación ni de procesos penales», sostuvo Ayala.
Ayala agregó que es necesario fortalecer la Corte y el Ministerio Público para que «tampoco tengamos que solicitar la instalación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, porque no hay confianza en el Ministerio Público nuestro o porque no hay confianza en la investigación que se realiza para poder presentar requerimientos fiscales que vayan suficientemente sustentados».
La congresista señala que los conflictos de interés en el Congreso solamente ocurren con aquellos que «estuvieron sosteniendo una narcodictadura, los que estuvieron todavía en comunicación con Juan Orlando Hernández durante su proceso de extradición», sin embargo, no ve conflicto de interés en diputados de Libre que han sido incluidos en listas de corrupción pública o judicializados en casos por corrupción pública. «Tenemos casos en donde el sistema de impartición de justicia se ha dedicado a perseguir y judicializar a los que en aquel momento hicimos oposición política, se dieron ciertos casos que las comisiones calificaron como políticamente motivados».
En un ambiente político dentro del Congreso Nacional en el que los diputados y diputadas interpretan a su arbitrio a quiénes se debe juzgar y a quiénes no, el próximo miércoles 25 de enero se escogerá en el Congreso Nacional a la próxima Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hay mucho temor de que el proceso pueda ser manchado por el clima de polarización y el nivel de involucramiento en casos de corrupción de varios diputados y diputadas.
