El decreto que deroga la normativa conocida como «Ley de Secretos» está en proceso de ser sancionado por el Poder Ejecutivo para ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Las instituciones que ocultaron información apegándose a esta ley, tienen un plazo de dos meses para explicar por qué la reservaron, de lo contrario, toda la información que fue clasificada durante la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022) debe ser publicada en los portales de transparencia bajo la supervisión del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera, Fernando Destephan
En julio de 2014, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, encabezado por el expresidente Juan Orlando Hernández, emitió la resolución CNDS 069/2014 —conocida como la resolución 69— que autorizó a varias instituciones del Estado a declarar como reservada cierta información, apoyándose en la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional —también conocida como la Ley de Secretos—. No obstante, el pasado 1 de marzo, el Congreso Nacional, tras una petición expresa de la presidenta Xiomara Castro, derogó esta ley.
Presidente Luis Redondo y Junta Directiva firmaron decreto aprobado por este CN sobre la derogación de la "Ley de Secretos"; y se envió al Poder Ejecutivo para su respectiva sanción y posterior publicación en La Gaceta. pic.twitter.com/27w0Wu79lD
— Congreso Nacional (@Congreso_HND) March 3, 2022
Con esta ley —aprobada el 24 de enero de 2014 en una jornada catalogada como «hemorragia legislativa»— se hizo posible ocultar información sobre el manejo de fondos públicos. Esta fue la última acción de Juan Orlando Hernández (actualmente solicitado en extradición por acusaciones de narcotráfico) como presidente del Congreso Nacional (2010-2014).
Ivonne Ardón, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), quien fue convocada por el Congreso para exponer sobre la importancia de la derogación de la Ley de Secretos, dijo a Contracorriente que para que la información sea desclasificada, solo falta que la presidenta Xiomara Castro sancione el decreto que fue aprobado en el Congreso Nacional el pasado 1 de marzo.
La comisionada del IAIP agregó que la resolución 69, emitida por el Consejo de Defensa y Seguridad, facultó a 20 instituciones para que reservaran información aduciendo que eran temas de seguridad nacional. Sin embargo, explica que no tienen certeza de sí las 20 instituciones reservaron o no información ni tampoco conocen qué clase de información es la que se clasificó como reservada.
«Tampoco podemos confirmar qué tipo de información fue la que reservaron porque esto nunca fue reportado ante el instituto», sostiene Ardón.
La Ley de Secretos, en su artículo 7, clasificaba la información como «reservada» hasta por un período de 5 años; la información “confidencial” por 10 años; la “secreta” por 15 años y la “ultrasecreta” por 25 años. El mismo artículo facultaba la desclasificación de dicha información solamente al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, presidido por el titular del Ejecutivo (en ese momento Juan Orlando Hernández), a petición exclusiva del Fiscal General de la República,Óscar Fernando Chinchilla.
La Ley de Secretos creó un paralelismo normativo frente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LTAIP, e institucional frente al IAIP. Debido a presiones, esa ley fue declarada inconstitucional de forma parcial por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 5 de noviembre de 2019.
El 27 de enero de este año, el día de su toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro mostró su apoyo público hacia el actual presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Además, dijo que allanaría el camino para la eventual llegada de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
No obstante, el gobierno de Castro ha sido cuestionado en los últimos días porque el Congreso Nacional, al que ella respalda, aprobó un decreto de amnistía que, a pesar de que beneficia a defensores del ambiente y luchadores sociales, absuelve de responsabilidad penal a exfuncionarios acusados por corrupción que formaron parte del gabinete de gobierno que presidió su esposo, el expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009).
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Aunque la derogación de la Ley de Secretos constituye un avance sustancial, aún existen artículos contenidos en algunas normas que pueden ser utilizados para restringir el derecho a la información pública, entre estos, el 18 y 19 de la Ley de Inteligencia Nacional, en vigencia desde enero de 2013.
También hacen posible restringir información los artículos del 17 al 21 de la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, existen algunas disposiciones generales que han sido declaradas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República en las que se reserva información.
Otra forma de ocultar información ha sido a través de las compras directas que ha realizado la Secretaría de Defensa, un ejemplo de esto fueron una serie de compras para equipar el Hospital Militar que se hicieron durante la pandemia, gastos con dinero público que no tenían nada que ver con equipo bélico. En 2011, Juan Orlando Hernández autorizó a la Secretaría de Defensa realizar compras directas y además estableció que existía dentro de las Fuerzas Armadas equipo que se consideraba de seguridad nacional, por lo que la adquisición del mismo, así como materiales, partes y repuestos se debían catalogar como «secretas».
También restringe información el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en la que se prohíbe a los miembros, funcionarios y empleados del Tribunal divulgar y suministrar el contenido de las declaraciones, informaciones y documentos, así como de las investigaciones y demás actuaciones de esa institución.
La comisionada Ardón dice que le explicaron al Congreso Nacional cuáles deben ser los procedimientos a seguir por las instituciones para reservar la información que en realidad necesita permanecer bajo reserva.
«Solamente se va a reservar cuando las instituciones hagan el procedimiento ante el IAIP, pero si ellos no presentan ninguna petición, toda la información debe de estar publicada en el portal de transparencia», Ivonne Ardón.
Ardón reconoce que los artículos que van del 17 hasta el 21 de la LTAIP, restringen determinada información e indica que en dichos artículos se establecen los mecanismos para poder reservarla. «Estamos claros que debe de haber excepciones al acceso a la información en ciertos temas y en ciertos casos», establece.
Ardón argumenta que existen otras leyes que reservan información tales como el Código del Comercio que contempla el secreto bancario. Este último, expone, solo puede ser suspendido a través de una orden judicial. «Pero igual, el secreto bancario, como lo es el patrimonio [personal], se considera un dato confidencial y por lo tanto esa información no puede ser publicada de manera oficiosa por las instituciones del Estado».
Ardón también cita el artículo 267 del Código Penal, que establece que mientras el Ministerio Público esté en proceso de investigación, la información debe mantenerse en calidad de reserva. «Esta [clasificación] sí está alineada con la ley de transparencia», comenta y agrega que hay otras leyes que restringen información, como «la ley de propiedad intelectual y la ley de inteligencia».
«Hay aproximadamente unas 18 leyes que reservan información, pero algunas de estas deberían de revisarse, actualizarse, para que estén alineadas a lo que ya establece la ley de transparencia»: Ivonne Ardón.
Al ser consultada sobre cómo será el proceso de desclasificación de información, Ardón dijo a Contracorriente que la información va a ser publicada por cada institución en el portal de transparencia. Agrega que el proceso de desclasificación de esa información se hará «supervisado y vigilado» por el IAIP.
Sobre la tardanza en la publicación de la derogación en el Diario Oficial La Gaceta, Ardón dijo: «Recuerde que una vez que se derogó, esto tiene que pasar a una comisión de estilo para que le dé la última revisada, para que la redacción vaya correcta y habría que hacerle algunas incorporaciones [de cómo debe hacerse la desclasificación] de lo que surgió de la discusión en el pleno», explica.
«Todo lo que son compras y contrataciones debe ser información pública. Las erogaciones que se hacen son públicas porque son fondos del Estado, al igual que todo lo que manejaba la Tasa de Seguridad»: Ivonne Ardón.
Ardón, por otro lado, dice que hay información que no debe revelarse, por ejemplo, no puede ser público dónde están ubicados los satélites para monitorear las aeronaves que pueden ser utilizadas para el tráfico de drogas, así como los planes estratégicos para luchar contra el crimen organizado.
«Esos planes se mantienen en reserva, pero ya la propia ley dice que cuando estos planes se dejan de utilizar, se tornan públicos. Existe una periodicidad que le va a permitir a las instituciones analizar qué sí y qué no debe de ser público. Pero todo lo que tiene que ver con gasto debe de ser público, eso no es discutible ni negociable con ninguna institución», explica.
La comisionada de policía en condición de retiro y exdiputada María Luisa Borjas le dijo a Contracorriente que en todos los países hay secretividad en asuntos que tienen que ver con la seguridad del Estado, pero en Honduras, se abusó de ese principio y se utilizó la ley de secretos para aplicarlo en todas las instituciones.
«Con esto lo que pretendían era tapar todos los actos de corrupción que se han venido dando en el gobierno anterior, porque el pueblo tiene derecho de conocer en qué se están invirtiendo los fondos del Estado», dice Borjas.
«La implementación de la tasa de seguridad fue impuesta a todos los hondureños que manejamos nuestras cuentas de ahorro, desde ahí viene un abuso de autoridad, pero fue superlativo el hecho de no dar cuenta de un dinero que ni siquiera provenía del presupuesto del Estado sino de los bolsillos de los hondureños», agrega la comisionada.
Un primer paso para el combate contra la corrupción
La diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, quien presidió la comisión de dictamen para derogar la Ley de Secretos, dijo a Contracorriente que esta era un obstáculo para la lucha contra la impunidad y la corrupción. Añade que fue por eso que en la discusión para derogar esta normativa estuvieron actores como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la coalición contra la corrupción, la coalición contra la impunidad, el fiscal Luis Javier Santos, entre otros.
«Se derogó en su totalidad la Ley de Secretos, aparte de eso se establece un artículo, en donde se ordena la desclasificación inmediata de toda la información» Fátima Mena.
Fátima Mena expone que la Ley de Secretos no solamente ocultaba información a la ciudadanía, sino que además era imposible que la misma institucionalidad pública pudiera acceder a ella, incluyendo al propio Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas, entre otros órganos contralores del Estado.
Además, Fátima Mena confirmó que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, recibió presiones para no derogar esa ley. «Luis Redondo manifestó que hubo presiones para que no se derogara la ley o para que solo le hicieran modificaciones». No obstante, ni Fátima Mena ni Luis Redondo dieron a conocer de dónde provenían estas presiones.
El gobierno pasado, para evitar la Ley de Contratación del Estado, ejecutó varios fideicomisos. Uno de estos fue el de la Tasa de Seguridad: Fátima Mena.
Como uno de los obstáculos para judicializar casos de corrupción ha sido que el Ministerio Público no puede acceder a información pública clasificada, la vicepresidenta del Congreso sostuvo que durante el gobierno de Xiomara Castro se dejarán claras las funciones que tendrán las instituciones que combatan la corrupción y, por otro lado, las atribuciones que tendrá el IAIP, esto para evitar que nuevamente se oculte información a los fiscales hondureños.
Mena asegura que la semana anterior presentó ante la Junta Directiva del Congreso Nacional un proyecto para realizar una reforma constitucional para garantizar el derecho humano de acceso a la información pública y además para elevar a rango constitucional al IAIP.
«Queremos evitar que en el futuro se puedan generar mecanismos alternos como lo que sucedió con la ley de secretos», Fátima Mena.
El ejemplo de la anterior Casa Presidencial
Esta semana, las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) declararon sin lugar una petición que fue realizada en mayo de 2021 por el excoordinador general de Gobierno, Carlos Madero, quien pidió mantener bajo secreto los gastos de la familia presidencial, en este caso, los gastos personales del núcleo familiar de Juan Orlando Hernández.
El IAIP explica que le pidieron a la Coordinación de Gobierno ser más explícitos sobre qué información pedían declarar en reserva. Ante el silencio, en noviembre pasado el IAIP declaró sin lugar la petición de reservar la información en vista de que la Coordinación de Gobierno no pudo argumentar a qué gastos se referían y nunca aclaró si los gastos que pedían ocultar eran cubiertos con el presupuesto general de la República o si eran gastos cubiertos con fondos privados. Es decir, con el dinero del expresidente Juan Orlando Hernández y de su núcleo familiar o con fondos del Estado de Honduras.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) protege los datos sobre el patrimonio personal, sin embargo, establece que los funcionarios públicos están en la obligación de reportar los gastos que hagan con recursos del Estado.
El Director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis Daniel León, expone que cuando se aprobó la ley de secretos, esta tenía dentro de sus características la obligatoriedad de que la ley de transparencia y el mismo IAIP debían aprobar lo que se iba a clasificar, pero explica que, al momento de ejecutar esa ley se produjo la arbitrariedad por parte de los funcionarios públicos que declararon la información como seguridad nacional y la ocultaron.
«Ahora con la derogación se da la oportunidad de conocer cuál es esa información que se ocultó, ¿qué fue lo que se escondió? Es evidente que esta ley lo que buscaba es blindar las posibles acciones de corrupción que se daban en el gobierno, vetándolas hasta [por] 20 y 30 años de secretividad», argumentó León.
«Esta derogatoria es importante, para permitir la investigación de actos de corrupción y para evitar que a futuro pueda ocultarse información que pueda traducirse en mal manejo del Estado», Luis Daniel León.
«La Policía Nacional argumentaba seguridad nacional para no decir en qué gastaban los combustibles y la alimentación para operativos, porque decían que los delincuentes no podían saber dónde iban a ejecutar el operativo, pero una vez ejecutado el operativo ya no había necesidad de ocultarlo, sin embargo, lo ocultaban. Lo que se hizo fue un uso excesivo para cubrir las malas acciones que se hacían en el gobierno», sostiene León.
León dice que de nada sirve si la derogación de la Ley de Secretos solo queda en opiniones. «Ahora el asunto no solo pasa por conocer lo que pasó, sino por ver la capacidad de investigación, requerimiento fiscal y judicialización».
