Solo en 2023 se entregaron 211,151,000 lempiras, unos 8.5 millones de dólares, a diputados y diputadas propietarios y suplentes en el Congreso Nacional, por concepto de subvenciones. A pesar de que este Congreso alardea de haber eliminado leyes como la del Fondo Departamental –por la cual, a través de subvenciones y apoyo a ONG, se desfalcó al Estado– continúa con prácticas que mantienen el clientelismo y la opacidad en el uso de fondos públicos.
Texto: María Celeste Maradiaga y Jennifer Avila
Con reportes de Vienna Herrera
Portada: Jorge Cabrera
«No es cierto que aquí se les dé pescadito o que se le regale dinero a alguien. (…) Este poder del Estado aprobará proyectos que se van a ejecutar, y qué bueno que el pueblo hondureño se beneficia de estas aprobaciones. Todo pasa por el presupuesto que se aprueba en este poder del Estado, así mismo el tema de proyectos y el tema de subvenciones», dijo el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en la sesión del 12 de marzo en el Congreso Nacional, en la que aprovechó para advertir a medios y periodistas que puede ejercer acciones legales en su contra «porque inventan cada cosa». Esto ocurre cuando faltan pocos días para el feriado de Semana Santa, y poco después de la aprobación de subvenciones a diputados, algo que ha generado críticas por la falta de transparencia que caracteriza el uso de estos fondos.
Las subvenciones en el Congreso Nacional se aprueban para ejecutar proyectos sociales, con la condición de que los fondos sean liquidados por cada congresista; de lo contrario, serán deducidos de su sueldo. Sin embargo, las liquidaciones siguen sin ser públicas, y la falta de transparencia genera dudas sobre el uso de estos fondos, que podrían destinarse tanto para el clientelismo como para la compra de voluntades dentro del Poder Legislativo, sobre todo en negociaciones clave.
Según el plan de subvenciones, son 100 mil lempiras los que se entregan a cada congresista cada mes. Sin embargo, hay unos cuantos puntos que aún no quedan claros. Uno de ellos es que los congresistas pueden acumular subvenciones si no las reciben cada mes, es decir, recibir más de 100 mil lempiras por meses acumulados. Según las ejecuciones presupuestarias del Congreso en 2023, es en meses festivos, feriados o en momentos clave como elecciones dentro del Congreso cuando se hacen las transferencias de dinero más significativas.
Por ejemplo, en el mes de marzo de 2023, para la Semana Santa, se ejecutaron más de 40 millones de lempiras en subvenciones; en noviembre, cuando se eligieron de forma interina el fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público, más de 42 millones; y en diciembre, mes de las fiestas navideñas, más de 55 millones.
Silvia Ayala, diputada por el Partido Libertad y Refundación, explicó que no es la misma cantidad todos los meses porque «funcionan a través de la solicitud de un diputado o diputada; esto quiere decir que en un mes puede que haya 50 diputados que hayan ejecutado subvenciones, y al mes siguiente 150, porque acceden a ella los propietarios y los suplentes. Cada liquidación se debe subir antes de obtener una nueva subvención», dijo. Además, agregó que los diputados tienen el compromiso de publicar en sus redes sociales los proyectos en los que invierten las subvenciones.
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A pesar de que la diputada dijo que las subvenciones se suben al portal de transparencia y que esto es requisito para solicitar otra subvención, las liquidaciones no están publicadas en el portal, según pudo corroborar este medio. Apenas hace unos días, el Congreso subió la ejecución presupuestaria del 2023, después de que el Portal Único de Transparencia estuviera fuera de servicio desde diciembre del año pasado. Consultamos a otros congresistas de diversos partidos políticos, pero no quisieron dar declaraciones sobre el tema.
Donaciones a ONG
En la ejecución de este 2023 están también las donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro, desde marzo de ese año. En diez meses se hicieron transferencias por 10 millones 588 mil lempiras bajo esta denominación. Solicitamos a través del sistema de acceso a información pública la lista de organizaciones beneficiarias de este fondo; sin embargo, el Congreso Nacional —específicamente su secretario, Carlos Zelaya— nos respondió que no llevan ningún registro del listado de asociaciones que reciben transferencias. Es decir, que el gasto de más de 10 millones de lempiras del año pasado no tiene un destino registrado.
Recordemos que, a pesar de que el gobierno de Xiomara Castro ha dicho en reiteradas ocasiones que los gobiernos anteriores dejaron saqueado al Estado, los presupuestos del Congreso Nacional han aumentado considerablemente cada año. La asignación presupuestaria para este poder del Estado en 2022 y 2023 fue de 1,448 millones de lempiras, aumentando 200 millones de lempiras con respecto al presupuesto de 2021, y en 2024 hubo un pequeño aumento, de un millón 523,300 lempiras.
En abril de 2022 se determinó en el Congreso que los diputados serían también «gestores de proyectos», lo que recordó casos de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) como el de la red de diputados, que implicó a más 60 congresistas acusados de malversación de fondos públicos, transferidos del Poder Ejecutivo a organizaciones no gubernamentales ligadas a estos diputados.
Según investigaciones anteriores de este medio, el dinero, asignado para ser utilizado en proyectos sociales, terminó en las cuentas bancarias de casi la mitad de los congresistas de ese período, incluyendo al entonces presidente del Congreso Nacional, el nacionalista Mauricio Oliva.
Luis Redondo eliminó el Fondo Departamental por dar lugar a corrupción, como fue denunciado por la Maccih, pero creó un «fondo social» en diciembre de 2022, con el nombre de Ley Especial para el Desarrollo de Proyectos Solidarios de las Comunidades, que ha dado origen a estos gastos millonarios por subvenciones.
Redondo, quien además ha sido cuestionado anteriormente por el uso indiscriminado de tarjetas de crédito en gastos no aplicables y sin transparencia, no ha aclarado públicamente los cuestionamientos sobre las subvenciones. Por el contrario, amenazó a los medios de comunicación con iniciar acciones legales en su contra, citando varios temas que él considera se han abordado de manera equivocada, como el uso del dinero de subvenciones, o lo que se ha llamado popularmente en este momento «el bono del pescado seco». «Se ha llegado al grado de difamar; aquellos que recibían 380 millones en pauta usan sus espacios de difusión para emitir declaraciones perversas. Como aquí hay leyes, también hay acciones que se pueden hacer. Les quiero recomendar que pongan las barbas en remojo», dijo Redondo, sin dar más explicaciones sobre la falta de transparencia en el uso de estos fondos.
