La crisis luego del nombramiento de las nuevas autoridades del Ministerio Público se ha extendido a lo interno de esta institución. Según fuentes consultadas por Contracorriente, la estructura afín a los fiscales salientes Oscar Chinchilla y Daniel Sibrián busca mantenerse, lo que ha desatado acciones como fuga de información en investigaciones en contra de funcionarios del gobierno anterior, designación de familiares en altos cargos por parte de funcionarios, y división en el personal de la institución.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
El nombramiento de Johel Zelaya y Mario Morazán como fiscales general y adjunto en calidad de interinato agravó la polarización política en Honduras. Mientras funcionarios y congresistas del partido de Gobierno mostraron su respaldo político en el nombramiento de estas autoridades, la oposición —integrada en su mayoría por políticos y activistas del Partido Nacional, Salvador Nasralla, del Partido Salvador de Honduras (PSH), y generales en condición de retiro como Romeo Vásquez Velásquez— salió a marchar para mostrar su inconformidad por la designación de ambos como máximas autoridades del Ministerio Público.
Además de la confrontación política, la elección de los nuevos fiscales desencadenó la sanción por parte de Estados Unidos a funcionarios que avalaron este procedimiento, y por los actos violentos que se registraron previo y durante la elección. Sin embargo, hasta el momento no han oficializado la lista de congresistas a quienes el gobierno estadounidense les retiró la visa como sanción.
Un empleado del Ministerio Público contó a Contracorriente que el nombramiento de los fiscales interinos trajo esperanza para la mayoría de los que laboran en la institución, pero que ha generado una pugna no solo a nivel de empleados, sino de direcciones y fiscalías.
«La estructura de [Óscar] Chinchilla sigue vigente, por eso hay intranquilidad y división en el personal del Ministerio Público, ya que los subalternos han denunciado a sus jefes por abusos, acoso, hostigamiento, lo que ha hecho difícil la convivencia dentro de las áreas», detalló el empleado.
Esta persona también señaló que la remoción de Ricardo Castro como director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y su reasignación como subjefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) generó expectativas sobre los cambios en las direcciones y fiscalías del MP, y esperaban que así cambiarían los operadores, investigadores y coordinadores de fiscalías. Sin embargo, el empleado indicó que todo apunta a que los fiscales generales están esperando a ser ratificados en el Congreso Nacional para realizar más movimientos, lo cual ha traído incertidumbre para quienes están en contra de la estructura afín a los fiscales anteriores.
Además, en el comunicado emitido por el Ministerio Público el 9 de noviembre no solo se anuncia la destitución de los directores de la ATIC, sino la destitución del jefe de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), Héctor Antonio Morales, con el propósito de lograr una «mejoría en los procesos de investigación e imputación final y con el fin de evitar errores».
Comunicado del Fiscal General de la República (I) pic.twitter.com/uNs1PeqK6y
— Ministerio Público (@MP_Honduras) November 9, 2023
Mientras esta elección con mayoría calificada sigue suspendida dentro del hemiciclo legislativo, el empleado dijo a este medio que los casos de alto impacto a los cuales ha dado trámite el Ministerio Público en los últimos días no han sido decisión exclusiva de los fiscales generales, sino de una comisión integrada por los jefes de las distintas fiscalías y direcciones de la institución, contrario al proceso investigativo de las denuncias que recibe el MP.
Este proceso consta de recepción de la denuncia; luego se califica el posible delito, se asigna a qué fiscalía pertenece y esta recibe la denuncia; posteriormente el fiscal jefe asigna el caso a un investigador, elaborando un auto de requerimiento de investigación; el investigador determina el modus operandi de los implicados en la investigación, y una vez se tengan los elementos necesarios se elabora un proyecto de requerimiento donde el fiscal decide si la investigación procede o no; de proceder, se remite al director de fiscales del Ministerio Público.
Para este empleado, la determinación de conformar una comisión entre todas las fiscalías del Ministerio Público para dar trámite a los casos de alto impacto social representa algo positivo, considerando que casos de corrupción que han estado engavetados por años ahora están siendo resueltos; pero también hizo cuestionamientos, considerando que está conformada por fiscales que por años no «pasaron» esas investigaciones, entre ellos el director de fiscales, José Mario Salgado, y la subdirectora María Tejada Pineda.
Otra fuente consultada por Contracorriente confirmó esta información, y además agregó que es la subdirectora de fiscales, María Tejada, quien está presentando requerimientos en contra de parejas sentimentales de fiscales, con la finalidad de hacer presión dentro de la institución para ostentar la dirección de fiscales.
Pocos días después de que los fiscales Johel Zelaya y Mario Morazán asumieran como autoridades, circuló por medios de comunicación el despido de la jefa de personal de la institución, Dara Paola Anchecta. Sin embargo, el empleado reveló que la funcionaria no fue despedida, sino que fue regresada al puesto en que laboraba antes, al que renunció posteriormente.
La decisión de remover a Anchecta como jefa de personal, según este empleado, se da después de que ella autorizara aumentos de salario de hasta 40 mil lempiras a empleados afines al exfiscal adjunto, Daniel Sibrián, antes de que los nuevos fiscales interinos fueran nombrados. Según la fuente, una de las empleadas que Anchecta buscaba favorecer era una sobrina de Sibrián, quien actualmente labora como asistente jurídica, pero busca ser asistente de la fiscalía general y así acercarse al nivel superior de la institución.
Según el empleado, entre las acciones que promueven los fiscales interinos están unificar los distintos módulos del Ministerio Público, entre ellos la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para colaborar en la creación de un solo archivo en los mismos casos que llevan estas unidades y así aminorar el costo en los gastos de las investigaciones. Para este empleado, uno de los nombres más sonados para asumir la jefatura de esta unidad sería el actual jefe de la Uferco, Luis Javier Santos.
Para el abogado penalista Fernando González, los movimientos dentro del Ministerio Público responden al relevo generacional que siempre se hace cuando hay un nuevo jefe en cada una de las instituciones del Estado, y que, en este caso, se desconfía de todo aquel vinculado al Gobierno anterior.
«Todo aquello que huela a Juan Orlando, todo aquello que huela a Chinchilla y todo lo que huela a Sibrián va a ser removido. Acordémonos [de] que todos estos jefes de departamento, fiscalías, unidades especiales del Ministerio Público, estuvieron más de 10 años o casi 10 años viviendo la buena vida, usando carros blindados, resguardo policial y gozando de otras comodidades», dijo el abogado González a Contracorriente.
Para el abogado, el Ministerio Público viene de un momento «neurálgico» en el que los operadores de justicia también gozaron de los bienes obtenidos mediante delitos o crimen organizado. Entre estos está el caso de 22 policías que hurtaron 1.3 millones de dólares del botín que escondían los Valle en el occidente de Honduras, en 2014.
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El abogado también mencionó como ejemplo el caso de las incautaciones a Los Cachiros, en el que «abogados y abogadas hacían incautaciones o tomaban objetos de valor de las casas de los señalados por narcotráfico, y después lucían estos artefactos».
¿Qué hay detrás de la reasignación de Ricardo Castro, exdirector de la ATIC?
Una fuente que tiene conocimiento del funcionamiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal aseguró a Contracorriente que la reasignación a la Uferco del director y subdirectora de la ATIC, Ricardo Castro y Kenya Patricia Reconco, fue algo que tomó por sorpresa a los empleados, considerando que Castro había liderado esta unidad desde sus inicios.
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) fue creada en el primer gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, en marzo de 2014, para conformar un cuerpo independiente de la investigación penal e investigar delitos graves de alto impacto social en los que se prohíbe dictar medidas sustitutivas, entre ellos: secuestro, extorsión, asesinato, femicidios, lavado de activos y narcotráfico. Además, cuenta con su propio reglamento.
Esta fuente aseguró que una de las razones por las cuales se reasignó a Castro a la Uferco es por la filtración de información sobre investigaciones de alto impacto relacionadas con funcionarios de la administración anterior, entre ellos, la captura de la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, y la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores, a quienes se les giró una orden de captura el 9 de noviembre de este año. De las dos exfuncionarias solo se ha capturado a Rocío Tábora, y se desconoce el paradero de Alba Consuelo Flores.
La fuente señaló que es notoria la cercanía entre Castro y el fiscal general interino Johel Zelaya, la cual se ha visto reflejada también en la reasignación de elementos de seguridad de Castro, que ahora están al servicio de Zelaya. Además, Castro continúa teniendo injerencia en la agencia por medio de su cuñada, quien se desempeña en el departamento de Investigación de Delitos Contra la Administración Pública y Patrimonial de la ATIC, e informa a Castro sobre las investigaciones que están resolviendo en la ATIC y solicita su visto bueno, aseguró la fuente.
Una de las primeras en pronunciarse en contra del nombramiento de Castro como subjefe de la Uferco fue Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad, quien en su cuenta de X cuestionó si este movimiento se podría tratar de un error de los nuevos fiscales o «una negociación para la entrega de los ampones [hampones] del crimen organizado y del narcogobierno qué ellos fueron cómplice» [sic].
Villanueva también ha denunciado por años la inoperancia del abogado Ricardo Castro en el caso de la agente de investigación de la ATIC, Sherill Yubissa Hernandez, quien falleció de forma violenta en circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas.
Las nvas autoridades del @MP_Honduras el día de hoy han desmantelado parte de la estructura cómplice criminal de ATIC eso favorecerá para la reapertura del homicidio de #sherill Hernández y los múltiples casos de mujeres acosadas sexualmente q aun están en impunidad entre muchos pic.twitter.com/n7Ztq18JIp
— Dra.Semma Julissa Villanueva B. (@villanuevasemma) November 10, 2023
Otra información que recibió este medio en condición de anonimato es que existen denuncias en contra de Ricardo Castro por acoso, ya que una de sus prácticas mientras se desempeñaba como director de la ATIC era acosar sexualmente a investigadoras de esta unidad. Si las investigadoras o subalternas del exdirector de la ATIC ponían un alto o denunciaban el acoso recibido por parte de Castro, este las reasignaba a San Pedro Sula como castigo.
Sobre estos señalamientos, el abogado y exdirector de la ATIC, Ricardo Castro, aseguró a Contracorriente que el caso de la agente Sherill Hernandez es algo en lo que no tiene nada que ver, y que la única denuncia que ha enfrentado es por acoso laboral vertical.
«Ahí está el cierre de esa denuncia, y se trata de acoso laboral vertical, por el tema del trabajo, es cuando uno le llama la atención a los empleados porque tienen que trabajar», dijo el abogado Castro a este medio.
Además, señaló que el caso de la agente Hernández quienes «deciden cerrarlo son los fiscales, cuatro fiscales de delitos contra la vida que después de un análisis deciden hacer un cierre del caso, yo no tengo nada que ver en eso. Es un tema que quieren sacarlo cada vez que quieren levantarle el perfil a alguien».
El exdirector de la ATIC niega que desde la agencia mientras él estaba al mando se haya filtrado información a las exfuncionarias, Rocío Táábora y Alba Consuelo Flores, requeridas por el caso de los hospitales móviles, señalando que fueron ellos (la ATIC) quienes declararon en este caso y quienes estuvieron primero en la inspección de los hospitales cuando llegaron a Puerto Cortés con equipo técnico y pericia técnica-científica.
«¿Por qué no dicen cuantas operaciones hicimos nosotros para combatir la corrupción en contra de las maras y pandillas? También resolvimos casos como el de Berta Cáceres, del fiscal Orlan Chávez, el de Fredy Mármol y hospitales móviles. Nosotros devolvimos la investigación al Ministerio Público con casi 138 operaciones con éxito y con condena», manifestó Ricardo Castro.
Por otro lado, la fuente consultada por este medio detalló que la falta de dirección en la ATIC ha ocasionado que la carga en los investigadores incremente exponencialmente, algo que la agencia ya experimentaba hace dos años. Según esta fuente, desde ese entonces la estrategia en la presentación de casos de alto impacto de la ATIC ha estado paralizada, y aproximadamente 40 agentes se han retirado debido a que el abogado Castro no daba trámite a sus investigaciones.
«Son aproximadamente 226 agentes los que existen en la ATIC; si existieran 200 y cada uno presentara un caso cada mes, como es lo debido, se estarían presentado 2,400 investigaciones al año, y lo máximo que se presentan son 960», indicó esta fuente, quien además agrega que actualmente cada agente de la ATIC tiene asignados entre 50 a 70 casos, y que en este momento existen 5 vehículos asignados por cada 20 investigadores.
Además, la fuente aseguró que es así como casos de alto impacto quedan impunes, y que es urgente que las nuevas autoridades en la fiscalía general se rodeen de nuevos asesores, no los mismos que sirvieron al exfiscal general Óscar Chinchilla y buscan fortalecerse en la institución.
«Da importancia estar dentro del sistema de investigación criminal y tener que luchar con los jefes para tener libertad de investigación; por eso, en parte, es que se necesita que el nuevo fiscal general valore cambiar la estructura dentro del Ministerio Público», indicó la fuente.
Según el abogado Castro, exdirector de la ATIC, la rotación de personal en la agencia es algo normal y no ha impedido su buen funcionamiento. El ahora subjefe de la Uferco expresó que si el personal se va de esta agencia es porque obtienen mejores posiciones, mejores trabajos y mejores condiciones. Además, detalló que de las cuatro promociones que se han graduado de la ATIC han resultado 252 agentes, y que todo investigador tiene libertad de investigación.
«Ningún director maneja los expedientes, son los agentes investigativos; en ATIC jamás un caso lo llevaba un director o directora», aseguró Ricardo Castro.
En este sentido, el exdirector de la ATIC apuntó que su reasignación a la Uferco no debe de sorprender ni causar sospecha, debido a que la llegada de nuevos fiscales a la institución siempre representa cambios en toda la estructura.
«Cuando a usted lo nombran en una dirección ahí se queda durante un tiempo —manifestó Castro—; eso lo establece la ley, está con un periodo de licencia, y una vez que vence su licencia vuelve a su función normal, la de ser fiscal. Todos somos así, cuando dejamos de ser directores volvemos a ser fiscales y a llevar una carga normal como cualquier fiscal», afirmó.
Con esto, Castro sostuvo que los fiscales buscan rodearse de gente de confianza, y que los cambios, despidos, renuncias o destituciones dentro de la institución son normales debido que dentro del Ministerio Público el personal se rige por el principio de jerarquía y ellos, como subalternos, están sometidos a respetar esas decisiones.
Para el exdirector de la ATIC no existe una pugna dentro del Ministerio Público. Cuando se le pregunta si la estructura del exfiscal general, Oscar Chinchilla, busca afianzarse dentro de la institución, él prefiere no referirse al tema, afirmando que dentro del MP «nosotros no somos políticos, aquí han pasado varios fiscales, liberales, nacionalistas, de todo, nosotros estamos para trabajar casos y nada más».
