De las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) fueron sustraídos ilegalmente al menos 88.6 millones de lempiras en distintos momentos desde el 2019. Hasta ahora, dos personas han sido imputadas y una detenida, la fiscal auxiliar Francia Sofía Medina, a quien han señalado de 38 delitos de falsificación de documentos públicos y otras imputaciones más. También se libró una orden de captura contra el fiscal Germán Silva a quien los medios atribuyen ser pareja sentimental de Medina. Expertos consultados afirman que el hecho no pudo realizarse sin la participación de empleados del BCH y tampoco sin la complicidad de autoridades del Ministerio Público. El caso ha sido declarado en secretividad, mientras que en la opinión pública este caso de corrupción ha sido tratado como un escándalo más y el escarnio público en contra de la fiscal pareciera más importante que conocer las fallas y complicidades que permitieron el desfalco y sus víctimas.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera, Amilcar Izaguirre
Francia Sofía Medina, una fiscal auxiliar de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), está siendo procesada judicialmente bajo secretividad. Fue detenida el miércoles 29 de noviembre por ser sospechosa de retirar 88.6 millones de lempiras del Banco Central de Honduras.
En Honduras, los casos declarados en secretividad han revelado —meses o quizá años más tarde—, la existencia de redes de corrupción y actores muy importantes detrás de ellos. Algunos ejemplos incluyen el caso del asesinato de Berta Cáceres, que en su momento fue declarado en secretividad; el proceso judicial contra el estadounidense Gary Lee Johnston acusado por el delito de trata de personas en modalidad de explotación sexual comercial; las audiencias por el asesinato del aficionado del Real España, Wilson Pérez, por el que cuatro policías guardan prisión; el proceso judicial por el asesinato de la fiscal del ambiente Karen Almendares y el juicio por el asesinato de la joven Keyla Martínez, quien murió en custodia de la Policía Nacional.
En casi todos los procesos anteriores, las familias de las víctimas continúan exigiendo que se actúe contra los autores intelectuales que, en algunos casos, los sospechosos son reconocidos empresarios hondureños o integrantes de redes de corrupción nacionales o transnacionales. Estos implicados, por lo general, no han sido mencionados en los comunicados del Ministerio Público y mucho menos en medios de comunicación.
En contraste, la imagen de la fiscal Francia Sofía ha sido utilizada para que medios de comunicación mantengan a sus audiencias pegadas a las pantallas utilizando calificativos que nada tienen que ver con los delitos que le imputan, entre estos: la «barbie fiscal», «esbelta», «exuberante», «que tuvo un impresionante cambio físico», «la guapa», la «glamurosa» entre otros. A esos calificativos se adjuntó un sinfín de fotos de la profesional del derecho en donde aparece con poca ropa.
Al volverse un caso mediático, por la magnitud del saqueo y el tratamiento sensacionalista, las cosas se pusieron difíciles tanto para el BCH como para el Ministerio Público.
A varios días desde que el caso de Francia Sofía se declaró en secretividad, la única orden de captura que se conoce es contra el fiscal German Silva a quien los medios de comunicación han señalado como «la pareja sentimental» de la fiscal. Las autoridades han dicho que no se brindará más información al respecto, pero se ha manifestado en diversos espacios de comunicación que «la pareja» aprovechó el hecho de ser fiscales para sustraer evidencias del BCH.
A Francia Sofía la acusan de lavado de activos, sustracción, destrucción, ocultación e inutilización de documentos en custodia, además de uso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito y 38 delitos de falsificación documentos públicos.
El Ministerio Público informó que presentó más de 22 medios de prueba que la vinculan con el retiro de al menos 88 millones 600 mil lempiras «sin seguir los procedimientos legales que establece la norma jurídica».
Pero hay preguntas en el aire, por ejemplo, ¿qué responsabilidad tuvo el BCH? ¿Cuál es la responsabilidad del Ministerio Público? ¿Cómo es que la fiscal Francia Sofía pudo, aún si hubiese recibido ayuda de su pareja, lavar activos, sustraer, destruir, ocultar, utilizar documentos en custodia y usar información privilegiada?
Estas interrogantes intenta responderlas el doctor en economía y también sociólogo, Julio Raudales, quien dijo a Contracorriente que es «probable» que en este caso «los delincuentes hayan quebrantado y logrado superar las medidas de seguridad de auditoría interna y del área de vigilancia del Banco Central. Es muy evidente que tiene que haber participación de alguna gente del Banco Central para que esto haya sucedido», expuso.
Raudales agregó que, aunque no conoce los procesos para la devolución de bienes en custodia del BCH, el banco estatal cuenta con las medidas de seguridad como cualquier otro banco privado. «Como el BCH tiene estas facilidades, el Ministerio Público deposita estos valores en las bóvedas del banco central», expresó Raudales.
El BCH indicó en un comunicado que la ley faculta a la institución para la custodia de valores y bienes a entidades estatales que lo requieran de forma oficial y explicó que estos «son almacenados y entregados en la misma condición física que fueron recibidos».
El comunicado defiende a su personal y apunta a que «el personal del BCH que gestiona los retiros de valores y bienes en custodia cuenta con una amplia hoja de servicio y experiencia laboral superior a los 20 años dentro de la Institución».
El BCH informó que están colaborando y que la información que hasta la fecha ha sido solicitada por el Ministerio Público, a través de la Sucursal de San Pedro Sula, relacionada con los retiros de valores en custodia, los cuales datan de 2019 a la fecha, «ha sido proporcionada de inmediato».
El abogado penalista de San Pedro Sula, René Altamirano, dijo a Contracorriente que para que un caso se declare en secretividad este debe estar orientado a investigaciones hacia personas con el objetivo de evitar que se divulgue y estas puedan evadir la justicia. «Pero en este caso, que se ha tratado tanto por los medios de comunicación, realmente no tiene sentido la secretividad».
Para Altamirano hay algo todavía más complicado pasando en este caso que involucra al Ministerio Público en San Pedro Sula. «Aquí más bien es a la inversa, sucede que las personas que son sospechosas de participar en la actividad delictiva son los mismos a los que les toca realizar las investigaciones y acusar».
El profesional del derecho argumentó que como el Ministerio Público tiene el monopolio de la acusación penal, «solo ellos pueden presentar acusaciones, y ahí nos tienen esperando para ver si los mismos fiscales se acusan a sí mismos, yo creo que lo correcto aquí era, primero, que quienes realizaran esta investigación no fueran los mismos fiscales de la regional de San Pedro Sula, porque son ellos, también, de alguna manera, sospechosos o sujetos a investigación, y ahí pueden haber actividades de encubrimiento».
«En segundo lugar, particularmente me parece que es imposible que la señora Francia Sofía haya realizado esa actividad ella sola, porque uno de los requisitos para hacer esas devoluciones es que sean los jefes y directores de ellos los que autorizan la devolución. Generalmente el fiscal que va a allá [al BCH], va a ejecutar una resolución de un superior al ir a hacer el trámite de devolución», expresó Altamirano.
El penalista sampedrano calificó la situación para la fiscal Francia Sofía como «peligrosa» en el sentido de que su integridad corre peligro. «Si por ejemplo en estos momentos, no estoy sugiriéndolo, pero es lo que escucho en los juzgados y tribunales todos los días, si le pasara algo a esta señora, el caso se resolvería indicando que ella solita realizó toda la actividad de retirar 88 millones».
El abogado sostuvo que en Honduras se suelen «resolver» casos de corrupción para encubrir a los verdaderos responsables. «De manera que yo creo que se debería tomar en serio este asunto, hacer una intervención desde la misma Dirección Nacional del Ministerio Público».
Altamirano sostuvo que existe una mafia que ha estado saqueando los almacenes de evidencias y el Banco Central, misma que está incrustada en el Ministerio Público, porque solo ellos conocen la información clasificada para acceder a estos valores. «Están ahora mismo en un período de protegerse y evadir la responsabilidad en un proceso en donde todo está encaminado a dejar como única responsable a esta fiscal, que es a la que más han exhibido en este caso».
A Francia Sofía, después de su captura, le aseguraron 36 bienes muebles e inmuebles y productos financieros que supuestamente están conectados a ella, entre las que destacan nueve cuentas bancarias, siete bienes inmuebles y 20 automóviles.
En principio, Francia Sofía fue acusada por el Ministerio Público de sustraer «63 millones de lempiras [evidencias en dólares]», pero luego se le acusó de «sospechas de haber retirado del Banco Central de Honduras (BCH), más de 88 millones de lempiras».
El Ministerio Público explicó que la fiscal estaba incapacitada por «estrés laboral desde julio de 2023» y que no se siguieron los procedimientos administrativos porque ella, al tener incapacidad, «ya no era fiscal de la Fescco», al tiempo que se detalló que está en marcha «un proceso de depuración de fiscales, agentes y otros empleados de la institución que se dediquen a cometer hechos delictivos».
Exposición mediática de la fiscal Francia Sofía
Una activista defensora de los derechos de las mujeres en Honduras, que pidió anonimato, indicó que más que individualizar el caso de la fiscal Francia Sofía, la sustracción de dinero del BCH nos devela un sistema que durante cuatro años no funcionó y no generó mecanismos de control.
«Mediáticamente se ha intentado ver esto como un acto individual, en donde obviamente quien ha salido a la palestra ha sido la fiscal Francia, pero también, y eso de alguna forma, quita el dedo del renglón de que es un acto de corrupción de una institución y no de una persona, no de una mujer nada más, y por otro lado toda la información se ha vaciado de una mirada misógina, sexista, en donde se han filtrado fotos de la fiscal, de su cuerpo, y se ha utilizado y definido su forma de ser, de vestir, si se hizo cirugías o no, cosas que a nadie le importan pero que sí evidencian el tipo de sociedad que tenemos», expuso la defensora.
Reveló que la mirada sobre el caso de Francia Sofía debe estar centrada en las instituciones y en los actos de corrupción.
«Evidentemente el trato que se le da a los hombres delincuentes desde esa mirada pública no es la misma que para las mujeres. Estamos claros de que como pueblo estamos exigiendo que cualquier persona, hombre o mujer, que haya cometido un acto de corrupción, sea señalado y enjuiciado. Pero eso no ocurre igual que con las mujeres, los medios de comunicación tienen un tratamiento totalmente diferente cuando se trata de hombres, hace poco a un diputado se le dio horas para contrarrestar los ataques en contra de él, lo que no se le da a las mujeres», expuso.
Francia denunció a un exjefe de acoso sexual el 2019
En 2019 fue conocido públicamente que cuatro fiscales del Ministerio Público, entre las que se encontraba Francia Sofía, denunciaron al entonces coordinador de fiscales de Comayagua, Adrián Octavio Rosales, de los delitos de hostigamiento sexual, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.
Contracorriente consultó a una abogada, que también pidió preservar su identidad, que conoció de cerca ese caso en esos días.
La profesional del derecho manifestó que «esa fue una situación que la fiscal Francia sufrió junto a otras de sus colegas. En ese momento decidieron interponer una denuncia en contra del coordinador de fiscales de Comayagua por los delitos de hostigamiento sexual, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios».
La abogada indicó que se inició un proceso tanto a nivel interno del Ministerio Público como a nivel de los juzgados. «Se conoció tanto la identidad de las fiscales que denunciaron como del acusado. Los superiores del Ministerio Público atendieron la denuncia e hicieron un proceso de audiencia de descargo en ese momento. Así mismo, hubo un requerimiento fiscal desde la fiscalía de la mujer para dar trámite», recordó.
«Desde la información que manejo no hubo una separación del cargo, lo que se realizó en varias ocasiones fue remover del lugar a las fiscales denunciantes, es decir que quienes estaban desempeñando su cargo en una ciudad fueron cambiadas a otra. El agresor continúa en sus funciones», expuso la fuente anónima.
Procedimientos “rigurosos y seguros” dependiendo del caso
El abogado Altamirano, en el año 2016, defendió a la reconocida paleontóloga Lee Susan Hendrickson, de nacionalidad estadounidense y francesa, quien fue retenida y acusada en Honduras de lavado de activos por fiscales del Ministerio Público, que le decomisaron 63 mil dólares.
Altamirano dijo que su defendida salió libre con un sobreseimiento provisional a los seis días, pero que les tocó esperar cinco años para solicitar el sobreseimiento definitivo y la devolución del dinero.
«Cuando transcurrieron los cinco años, solicitamos el sobreseimiento definitivo, lo otorgaron e inmediatamente se comenzó a tramitar la devolución de los 63 mil dólares que le habían decomisado y que fueron enviados a la bóveda del Banco Central en SPS», expuso Altamirano, que detalló que estuvieron solicitando la devolución del dinero durante dos años más, y fue hasta hace un mes cuando le dieron trámite final al asunto.
«Hace como un mes, solo estábamos esperando que el fiscal enviara una nota al BCH y que el Banco Central nos dijera en qué fecha iba a realizarse la devolución y quiénes eran las personas autorizadas para entrar a esa actividad, porque es bien restringida. Mi clienta ha estado desde ya tiempos molesta por el retraso, y unos días antes de que ocurriera esto, me pidió que yo acudiera y explicara que si no se hacía la devolución, ella iba a solicitar el auxilio del FBI para que investigara cuál era la razón por la cual no se le devolvía el dinero», reveló Altamirano.
Como dos días después de que se anunciara que se pediría el auxilio del FBI, Altamirano manifestó que fue llamado al Ministerio Público. «Me atendió el Coordinador de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, el abogado Immer Maradiaga, y me indicó que el dinero ya había sido retirado. De hecho, me preguntó que si me lo habían entrado a mí. Obviamente le expliqué que yo no tenía la capacidad de recibirlo y que eso solo lo podía recibir la propietaria porque yo no tenía poder para representarla en una actividad que implique recibir dinero».
«El día siguiente, el mismo señor Maradiaga me explicó que esta señora Francia Sofía Medina había retirado ese dinero y que eso había sucedido en mayo de 2022», reveló Altamirano.
Altamirano le explicó a Contracorriente que él como profesional del derecho, previo a este caso, ha comparecido en diferentes ocasiones a solicitar bienes en custodia en el BCH, por lo que el tema no le es ajeno y lo conoce muy bien.
«El trámite es riguroso, para empezar, se solicita que se señale la fecha en que el BCH lo va a atender a uno, y en una nota, el Ministerio Público indica quiénes van a comparecer. Se establece el nombre, número de identidad y firma, porque allá, antes de entrar, entra uno a una salita y ellos verifican que se trate de la persona que va en el oficio, en qué condición actúa, en el caso mío, como abogado de tal o cual persona; o si es el caso, de la persona que va a recibir los valores; entonces después se pasa a otro lugar donde vuelven a revisar eso y parece que programan la hora en que se abre la bóveda, y luego, al abrir la bóveda, hacen un acta que tienen que firmar todos, y cada uno se lleva una copia; entonces, es por eso que piden la identificación y las firmas. Y entiendo que hay firma autorizada para acudir a recibir, es un trámite que usualmente se tarda, a veces, hasta un día, o un mínimo de tres a cuatro horas, para ejecutar la devolución».
Altamirano es de la opinión que los bienes que son asegurados o que están sujetos a aseguramiento los debe manejar y autorizar la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). «Antes de que existiera la OABI [Oficina Administradora de Bienes Incautados] se acudía al BCH para que prestara un servicio al Ministerio Público y a los juzgados, para guardar valores como fianzas, depósitos y evidencias. Creo que una vez que se instaló la OABI no tiene sentido seguir mandando una bolsa al BCH».
Mientras la fiscal Francia Sofía continúa siendo procesada en secretividad, dentro del Ministerio Público se libra una batalla interna en muchas regionales de dicha institución en Honduras. Este caso muestra cómo las redes de corrupción, que la misma institucionalidad reconoce que es necesario depurar, se protegen en aras de no ser expuestas al escarnio que sí ha sufrido Francia Sofía.
