Por defender el bosque atentan contra ambientalista en Santa Rosa de Copán

Lara contó a Contracorriente que en los últimos meses él ha formado parte de un equipo que está en defensa de un bosque en la parte alta de Santa Rosa de Copán. En ese lugar se han deforestado más de seis manzanas de bosque, se sospecha que con fines habitacionales.

Lara mencionó que aunque uno de los señalados de ser responsable de la deforestación manifestó que es para hacer milpa y sembrar café, la gente de la comunidad está convencida de que en la zona quieren hacer un complejo habitacional. «Estamos apoyando la lucha de una comunidad que se llama El Carrizal, ellos están luchando por detener una deforestación en la parte alta porque afecta a cuatro fuentes de agua», dijo Lara, quien en ese momento comentó que no se encontraba en su casa como una medida de seguridad. 

Lara explicó que esta deforestación tiene lugar en una zona de recarga para un fuente que provee a Santa Rosa de Copán el 25 % del agua que se consume. El ambientalista sospecha que sus acciones en defensa del bosque lo han puesto como blanco de los dueños de este terreno: «Aparentemente los propietarios de esa deforestación han mostrado su malestar a la comunidad por estar protestando, han tratado de intimidar y la comunidad pasa esos mensajes y quiérase o no genera un impacto negativo», dijo. 

La defensa del medio ambiente sigue siendo uno de los oficios más peligrosos en Honduras. Los defensores del ambiente como Ramiro Lara, viven en permanente riesgo. 

En lo que va de 2023, ocho activistas han sido asesinados en Honduras. Estos crímenes permanecen en impunidad. Antes de esto, de acuerdo con la oenegé Global Witness, entre los años 2012 y 2021, 117 ambientalistas fueron asesinados en el país. 

En el 2016, fue asesinada en su vivienda la luchadora ambiental Berta Cáceres,  por cuyo asesinato la justicia hondureña condenó a siete personas—las sentencias van de 30 a 50 años— pero la familia continúa exigiendo que se juzgue a los autores intelectuales. En la década de los 90, se registraron las muertes de Jeannette Kawas y Carlos Escaleras.

De hecho, no es la primera vez que Ramiro sufre un atentado. En el 2018 su vida corrió peligro. En aquella ocasión, él cree que los autores de las amenazas estaban vinculados a la empresa Minerales de Occidente S.A, subsidiaria de la canadiense Aura Minerals, que opera en el occidente del país.

Esta empresa tiene una operación de minería a cielo abierto en el municipio de la Unión, Copán. Ahí, para sacar oro de las entrañas de la tierra, desplazaron a una comunidad de un sitio a otro y después, buscando más oro, incluso quisieron mover el cementerio de la comunidad de Azacualpa. Exhumaron cadáveres hasta que fueron detenidos por un amparo. 

Después del atentado, Lara estuvo con medidas del mecanismo de protección, que le fueron retiradas en 2019 cuando se estimó que las amenazas se habían reducido.  «Ellos hacen una evaluación y al bajar la intensidad del riesgo, toman la decisión de suspender las medidas, en ese momento el riesgo venía del sector minero», dijo el ambientalista.

Lara expuso que en aquella ocasión pasó por alto hacer la denuncia ante la Policía Nacional, pero esta vez, el sábado 16 de septiembre, fue acompañado por un amigo, a poner en conocimiento a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de este nuevo atentado. Dijo que las autoridades ya han iniciado las investigaciones y que le manifestaron que había un  contingente «pendiente» de cualquier movimiento frente a su casa. 

Ramiro está dedicado a la defensa de los derechos humanos y el ambiente desde el 2000, actualmente trabaja con la Red de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras (Asonog), que emitió un comunicado condenando el atentado y explicando que Lara en los últimos meses ha estado involucrado en la lucha contra la «alarmante deforestación en sitios aledaños a Santa Rosa de Copán». El comunicado apunta que la valiosa labor de denuncia realizada por Ramiro «ha provocado un acto cobarde en su contra».