A pesar de que muchos sectores lo consideraban idóneo para el cargo de fiscal general, Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), fue excluido del proceso de elección por actores políticos vinculados al Partido Nacional, al alcalde de San Pedro Sula, y a una empresa recolectora de basura investigada por el Ministerio Público. Esta investigación de Contracorriente revela todas las presiones al proceso, incluida una maniobra impulsada por la Procuraduría General de la República, que culminaron con la expulsión de Santos de la contienda. Al final, los partidos no lograron escoger a un nuevo fiscal en el tiempo esperado (antes del 1 de septiembre) y el nombre de Santos es clamado por Libre para sacar al Ministerio Público del atolladero.
Texto: Fernando Silva
Con reportes de María Celeste Maradiaga
Fotografía: Amilcar Izaguirre, Fernando Destephen y Jorge Cabrera
Es muy probable que en Honduras los partidos políticos que manejan los hilos del poder no quieran al fiscal Luis Javier Santos. Por eso es curioso que ahora la mitad del poder político de Honduras clame porque sea él, el fiscal expulsado de la lista de finalistas propuesta por la Junta Proponente, quien realice una transición mientras no haya un titular electo para tomar la silla de fiscal general. Esta es la historia de cómo fue boicoteado el director de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), un fiscal que ha investigado a muchos políticos en tres décadas de carrera, y al que ahora quiere aferrarse el oficialismo para matizar la crisis política que ahora afecta la elección del Fiscal general y adjunto.
Santos integraba la lista de candidatos que analizaba la Junta Proponente para la elección del nuevo fiscal general, pero el 10 de julio, día en el que terminó la recepción de tachas y denuncias contra los postulantes, dos denuncias en su contra intentaron sacarle del camino. Contracorriente tuvo acceso a estos documentos que ponen al descubierto las presiones ejercidas por miembros del Partido Nacional, algunos investigados por actos de corrupción por la unidad que dirige Santos, para impedir —con éxito— que este fuera incluido como uno de los finalistas de entre los cuales el Congreso Nacional elegirá al fiscal general y a su adjunto. A la fecha, en el bloque que se opone a la propuesta de Libre para que sea la unidad que dirige Santos la que conduzca al MP de manera interina, se encuentran los diputados nacionalistas.
La primera denuncia contra Santos fue enviada por Walter Noé Maldonado Maldonado, acusado en mayo de 2019 por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) –como se llamó primero la UFERCO– en el caso Narcopolítica.
Según los requerimientos fiscales, Maldonado y otras 11 personas presuntamente formaban parte de una red que permitió el lavado de dinero del tráfico de drogas a través de obras otorgadas por la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) en favor de la empresa INRIMAR, perteneciente al cártel de narcotráfico Los Cachiros. La investigación de la UFECIC también incluyó a Fabio Porfirio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, quien cumple una sentencia por tráfico de drogas en Estados Unidos, y a Devis Leonel Rivera Maradiaga, cabecilla de Los Cachiros, también extraditado por delitos relacionados al narcotráfico.
Maldonado, quien ocupó el cargo de director de carreteras en SOPTRAVI, fue uno de los principales señalados en la investigación junto a Miguel Pastor, ex ministro, ex alcalde de Tegucigalpa y dirigente del Partido Nacional. Sin embargo, en diciembre de 2022, más de dos años después de la acusación, Maldonado recibió un sobreseimiento definitivo del Juzgado de lo Penal en materia de corrupción por los veintiún delitos de fraude y facilitación de lavado de activos por los que le habían acusado.
La parte de la denuncia a la que Contracorriente tuvo acceso describe «la mala experiencia vivida durante 6 años por una mala acusación realizada por el señor Luis Javier Santos Cruz».
El mismo 10 de julio, una segunda denuncia contra Santos fue presentada por un abogado que dijo actuar «a favor del señor Daniel Alberto Otero Muñoz» y como gestor oficioso de los señores Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula y Luis Cardona, regidor de esa ciudad por el Partido Nacional.
Daniel Otero, dirigente nacionalista, es un empresario del norte del país y actual suplente de Mauricio Oliva en el Parlacen. La denuncia fue presentada por el abogado Michael Bladimir Casildo Velasquez, quien fue representante legal del Partido Nacional en la solicitud que hicieron ante el Consejo Nacional Electoral para que Ana García, ex primera dama y esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, fuese nombrada como diputada suplente del Parlacen.
La denuncia describe que «se formula formal denuncia en contra del postulante Luis Javier Santos por encontrarse inmerso en la causal de «toda conducta de la persona postulante que pudiera directa o indirectamente indicar la existencia de conflictos de interes afectación de los valores democráticos; violación de los derechos humanos, que oportunamente se dicte resolución mediante la cual se declare con lugar la presente denuncia y en consecuencia se retire y excluya del proceso al postulante denunciado».
En la denuncia se acusa a Santos de colaborar en conjunto con Omar Menjívar, vicealcalde de San Pedro Sula, para socavar la posición de Contreras como alcalde de la ciudad.
La ofensiva de la PGR
A pesar de que la Junta no admitió las denuncias, recibieron un escrito enviado por la Procuraduría General de la República (PGR) en el que sugerían que Santos debía ser inhabilitado por su condición de demandante y demandado por el Estado.
A la cabeza de la PGR que presentó este otro bloqueo hay dos funcionarios surgidos de una elección cuestionada desde enero de 2023 por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Según la entidad, el ahora procurador, Manuel Antonio Díaz Gáleas, y su adjunto, Tomás Emilio Andrade Rodas, no cumplían el requisito de ser notario público y su elección fue realizada contrario a la Constitución. La moción para ese binomio fue presentada por Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libre y hombre de confianza de la familia Zelaya.
Tras su exclusión, Santos dijo a medios de comunicación que, según información que había recibido, el expresidente Zelaya no quería su llegada a la dirección del Ministerio Público, y dijo que «hay sectores políticos que no quieren que llegue».
Ante estas acusaciones, Mel Zelaya publicó en redes sociales que desmentía a Santos y que «no tenía ninguna queja en su contra».
Zelaya y Santos se conocen desde hace más de una década. El 7 de abril de 2008, en pleno gobierno de Mel, los fiscales Luis Javier Santos, Víctor Fernández, Soraya Morales y el actual diputado Jari Dixon montaron una huelga de hambre en los bajos del Congreso en protesta por el ocultamiento de investigaciones por casos de corrupción y por el despido y rotación de fiscales que estaban por presentar requerimientos por esa clase de delitos.
En ese entonces, el presidente Zelaya se unió a las exigencias de los fiscales y pidió la renuncia de las cabezas del MP. Dicha acción fue reprochada por sectores de oposición y señalaron que el entonces presidente pretendía imponer a funcionarios de su confianza para facilitar sus pretensiones reeleccionistas.
Tras la huelga, Santos y sus compañeros no lograron su principal cometido: la destitución de las autoridades, pero sí lograron que se aprobaran dos decretos para dar cumplimiento a las demandas de los fiscales de desengavetar 41 casos de investigación.
Cinco meses después, desconocidos intentaron matarlo al dispararle en nueve ocasiones mientras manejaba su vehículo acompañado de su hijo en una avenida de San Pedro Sula. Santos recibió disparos en sus pulmones, riñón e hígado. Exiliado, se recuperó en el extranjero.
Quince años después, Mel no acuerpó a Santos; ahora es asesor de su esposa, la presidenta del país, y junto a Libre impulsa marchas multitudinarias para exigir un fiscal a la medida del gobierno. Pero contra Santos las miras que más le apuntan son levantadas por dirigentes del Partido Nacional ligados a la empresa Sulambiente, la dueña de un contrato para la recolección de desechos sólidos por 14 años, que finaliza en 2028, y por el que la empresa recibe montos de entre 20 y 30 millones de lempiras mensuales. Esta sociedad ha sido investigada por el Ministerio Público.
Daniel Otero y las conexiones con el negocio de la basura
Daniel Otero es un político y empresario sampedrano del Partido Nacional que casi siempre opera tras personajes de mucha visibilidad y poder. Otero ha procurado alejarse del foco público, hasta ahora, en el que fuentes y documentos del registro mercantil lo ubican orbitando alrededor de líderes nacionalistas vinculados a Sulambiente.
El extracto de la denuncia contra Santos narra que se adjuntó un enlace de un video en el que «se acredita el actuar del señor Luis Javier Santos quien en confabulación con el señor Omar Menjívar pretenden inhabilitar al señor Roberto Contreras».
En noviembre de 2022, Contreras acusó a Menjívar y al fiscal de querer «darle un golpe» a través de una investigación que inició la Uferco en la alcaldía que dirige. Según denunció, intentaban arrebatarle la municipalidad y dársela a Menjívar, quien supuestamente ayudaría a Santos, con influencias de Libre, para convertirse en fiscal general.
En ese contexto, Contreras aumentó la tensión presentando una serie de videos en los que se ve a Menjivar, Santos y un presunto testigo protegido conversando en los juzgados de San Pedro Sula, y reiteró sus acusaciones en contra de ambos personajes.
Tras esas acusaciones, Menjívar explicó en una entrevista a Contracorriente que las acusaciones no eran correctas, pues la investigación de la Uferco no era dirigida en contra de Contreras sino que se estaba siguiendo la operación de un grupo que presuntamente ha logrado de forma irregular múltiples contratos en la Municipalidad.
Menjívar aseguró que ese grupo «ha manejado el monopolio de los más jugosos contratos desde los tiempos de [el alcalde] Óscar Kilgore[ 2002-2006], un grupo que metió en problemas a Kilgore, que lo hizo ir a situaciones de juicios penales y que lo hicieron estar preso varias veces».
En ese momento, las investigaciones contra Kilgore fueron lideradas por la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción encabezada justamente por Santos.
Según Menjívar, ese mismo grupo «tiene una capacidad de maniobra y maquinación que le garantiza quedarse con los contratos más jugosos. La Fiscalía está haciendo esa investigación, yo tengo interés que esa investigación culmine con éxito y que se libere a la municipalidad de la influencia de esa mafia. Porque incluso al alcalde lo pueden meter en problemas».
Una fuente que conoce el caso y que pidió se protegiera su identidad, aseguró a Contracorriente que Otero sería uno de los principales operadores de esta red. En los papeles oficiales, y en sus relaciones políticas, las conexiones de Otero se remiten a un vínculo comercial con un exrepresetante de Sulambiente y con políticos nacionalistas relacionados con la empresa.
Daniel Otero es socio mercantil en cinco empresas, y en dos de ellas, Valores Inversiones y Capitales S.A de C.V e Inmobiliaria Medina & Asociados S.A de C.V, es socio de José Manuel Gutierrez Guzman, quien en un informe del Tribunal Superior de Cuentas y reportes de medios de comunicación figuró como representante legal de Sulambiente entre 2013 y 2016.
Entre 2014 y 2016, Gutierrez también fue gerente general y presidente del consejo de administración de AGAC de Centroamérica, una sociedad en la que Nasry Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y excandidato presidencial por el Partido Nacional, figuró como socio entre 2005 y 2016. Tras ese periodo, los accionistas de la empresa dieron paso en ese mismo puesto a Johny Kafati Sugebre. Según el registro mercantil, todavía ocupa ese cargo.
Una investigación de Expediente Público reveló que en 2005 AGAC de Centroamérica adquirió las acciones del consorcio italiano Agac y Otros, empresa que en 2001 ganó la licitación para la recolección de la basura y que luego pasó a llamarse Sulambiente, después de ganar una demanda millonaria contra la municipalidad de San Pedro Sula.
Kafati ha sido mencionado en diversas publicaciones como un socio importante de Asfura. En 2020, ambos fueron vinculados en la administración de la empresa COSEMSA en una sentencia de solicitud de antejuicio presentada a la Corte contra Asfura. Kafati también ocupó el puesto de ministro asesor de Vivienda en el gobierno nacionalista de Ricardo Maduro entre 2002 y 2006 y actualmente es cónsul honorario de la Republica Checa en Honduras.
En el registro mercantil, Kafati también aparece como asesor del Consejo de Administración de Sulambiente, que ahora reclama impagos con la actual administración de la municipalidad de San Pedro Sula.
Contracorriente publicó una nota en junio de 2023 en la que explica que el 16 de abril de 2023, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emitió un informe en el que se recomienda a la municipalidad pagar a la empresa la suma de 817 millones de lempiras. Este documento salió a la luz después de que el alcalde Contreras solicitara al TSC una auditoría de los contratos, documentos, soportes y la operación de la municipalidad entre el año 2014 y 2022.
Entre todos los asuntos revisados está el contrato de la empresa Sulambiente, que provee los servicios de recolección de basura, barrido de calles y gestión del relleno sanitario en la ciudad. El alcalde se opuso públicamente al pago de dicha deuda e impugnó el informe del TSC.
Contracorriente intentó contactar a Contreras para conocer más sobre la denuncia contra Luis Javier Santos y la relación de la comuna que administra con Sulambiente y sus socios; sin embargo, hasta la publicación de este reportaje, no hubo respuesta. Contactamos además al empresario Daniel Otero, quien primero aceptó la solicitud de entrevista pero a último momento se excusó aduciendo motivos personales.
Tras la denuncia en contra de Santos, el alcalde Contreras anunció que buscará una candidatura a la presidencia en el Partido Liberal, esto tras romper una alianza política que recientemente había conformado con el designado presidencial y opositor del Gobierno, Salvador Nasralla.
La conexión directa con Nasry Asfura
Además de las conexiones con socios comerciales ligados a Sulambiente, el denunciante de Santos también estuvo vinculado en la campaña presidencial de Nasry Asfura en 2021 como coordinador de su movimiento Unidad y Esperanza en San Pedro Sula.
En 2021, para el especial transnacional Pandora Papers, Contracorriente reveló que Asfura no aparece en los registros como socio accionista o parte de la junta directiva de COSEMSA, pero sí figura como garante para la adquisición de un crédito por USD 2 millones con la empresa Crédito Inmobiliario (CI) Jacaleapa, creada en 1986. Asfura figura como administrador general de CI Jacaleapa y su hermana, Mary Ivette Asfura Zablah, figura como secretaria general.
Luis Javier Santos lideró una investigación en contra de Asfura en 2020, cuando la Uferco presentó una solicitud de antejuicio contra él y la cuarta regidora, Nilvia Castillo, por presuntos actos de corrupción en sus gestiones dentro de la alcaldía municipal del Distrito Central entre 2017 y 2018.
La Uferco acusó a los funcionarios por los delitos de lavado de activos, fraude, malversación de caudales públicos, uso de documentos falsos y violación a los deberes de los funcionarios en un desvío de fondos públicos de 28 millones de lempiras, aproximadamente 1.2 millones de dólares.
En febrero de 2021 la solicitud de antejuicio fue aceptada por la Corte de Apelaciones de lo Penal en materia de corrupción; sin embargo, el 1 de junio de ese mismo año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras revocó la resolución.
Cuatro meses después, la Corte de Apelaciones remitió al TSC el expediente investigativo y el proceso quedó anulado. La defensa de Asfura se amparó en que el TSC debió realizar y agotar las investigaciones primero, «debido a que, es el único que tiene competencia y está facultado para la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, las municipalidades y cualquier otro órgano que administre recursos públicos».
Contracorriente buscó a Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional y uno de los promotores de la campaña política de Asfura, para consultare sobre la exclusión de Santos, y si las denuncias presentadas por dirigentes del partido respondían a una postura institucional. Al cierre de este reportaje no hubo respuesta.
Tras formar parte de la campaña política de Asfura, Otero también se ha vinculado con otro candidato presidencial del nacionalismo: Mauricio Oliva, expresidente del Congreso Nacional. Asfura y Oliva se enfrentaron como precandidatos a la presidencia del Partido Nacional en 2021, resultando ganador el ex alcalde capitalino; sin embargo, Oliva no se quedó sin una cuota de poder ya que en las elecciones generales fue electo como diputado del Parlacen. Ahí, su suplente es Daniel Otero.
En enero de 2018, Juan Jimenez Mayor, vocero de la MACCIH, dijo que estaban investigando a más de 60 diputados y diputadas del Congreso Nacional por drenar fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales y que entre los sospechosos también estaba Mauricio Oliva.
Las investigaciones de la MACCIH eran lideradas por la UFECIC, cuyo jefe era el abogado Luis Javier Santos.
Después de que se hizo pública la investigación en contra del entonces presidente del Congreso, Oliva presentó a través de sus representantes legales un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional en el que argumentó que se le estaban violentando los derechos constitucionales. La investigación fue suspendida y se ordenó informar a Oliva la razón de la indagación.
Daniel Otero también está relacionado con personajes investigados por corrupción en el pasado. Entre 2002 y 2006 fue asesor del exalcalde de San Pedro Sula, Oscar Kilgore, aquel al que rememora el vicealcalde Menjívar para señalar una red de corrupción en dicha comuna.
Kilgore ha enfrentado diversas causas por más de 15 años y ha sido absuelto en 12 ocasiones. En uno de esos procesos, en 2021, fue encontrado culpable por el delito de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración publica junto a tres de los funcionarios que lo acompañaron en su periodo como alcalde: José María Ávila Soleno, Óscar Guerra Ocampo e Ingmar González Figueroa.
Daniel Otero e Ingmar González Figueroa habían trabajado juntos para formar la empresa Renta S.A en 1997. Luego, Gonzáles trabajó en la administración de Kilgore como gerente financiero de la municipalidad y en noviembre de 2006 se asociaron de nuevo con Otero para formar Valores, Inversiones y Capitales S.A de C.V. Finalmente, en 2007, formaron Inmobiliaria Medina y Asociados.
Otero e Ingmar también unieron fuerzas en 2005 para querellar al periodista Manuel Santiago Cerna, quien, según medios de comunicación, acusó a los entonces funcionarios de ser responsables de una serie de amenazas que recibió por sus posturas críticas a la gestión municipal.
Otero también es presidente vitalicio del club de fútbol hondureño Marathón y, según una fuente consultada por Contracorriente, mantiene un vínculo estrecho con la familia Rosenthal, quienes han sido directivos históricos del equipo deportivo.
En su cargo como presidente vitalicio, Otero comparte constantemente con Yankel Rosenthal, expresidente de este club, empresario y exministro de inversiones de Juan Orlando Hernández, quien en 2017 se declaró culpable por el delito de tentativa de compra de un bien con dinero producto del narcotráfico en Florida.
¿Un fiscal independiente?
Para el diputado nacionalista Jorge Zelaya no hubo presiones externas contra Santos. Si eso hubiese existido, dice, Santos y el otro postulante excluido, el abogado Mario Urquía, habrían sido incluidos en la nómina por «ser» afines al Partido Libre.
«Pintaban para ser buenos fiscales, pues tienen todas las acreditaciones; sin embargo, el fiscal, fiscal adjunto, un director de fiscales deben de representar al pueblo no a un partido político o a sectores. Eso es lo que deberíamos de ir cambiando y a la gente le cuesta entender eso, pero desde las posiciones al más alto nivel se tienen que ir acostumbrando a la independencia», aseguró Zelaya, quien recientemente ha anunciado su precandidatura a la presidencia por el Partido Nacional.
Zelaya también explicó que en el periodo de tachas y denuncias hay sectores que presentan denuncias por querer perjudicar y que muchas de esas denuncias pudieron ser evacuadas, pero que él no conoce el trabajo de la Junta y por qué tomaron ciertas decisiones.
Rafael Jerez, oficial de asesoría legal del Consejo Hondureño para la Empresa Privada (COHEP), dijo que las expectativas que tienen es que todo el proceso resulte en la elección de un fiscal realmente independiente.
«No sólo es una independencia de sectores políticos, también de sectores económicos. Ningún actor del componente económico debe tener injerencia en el trabajo de un fiscal general, en eso debemos ser categóricos y coherentes también», apuntó.
Jerez también dijo que esperan que un fiscal pueda tener la disponibilidad de colaborar ante la eventual instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). En el COHEP esperan, puntualmente, «la transformación integral del Ministerio Público en una institución que pueda llevar a cabo una tarea de persecución penal independiente y técnica, pero que fortalezca la institución no sólo a nivel de presupuesto, sino que también en el diálogo que exista con los fiscales».
La tacha de Santos
El abogado Luis Javier Santos logró desestimar las dos denuncias en su contra; sin embargo, una notificación enviada por la Procuraduría General de la República constató que el fiscal era demandante del Estado y que en otro proceso también estaba demandado por el Estado, siendo esto una inhabilidad si ambos procesos no habían sido declarados ante la Junta Proponente.
Cuando presentó su candidatura, Santos sí informó su participación en una demanda laboral colectiva por la reducción de sueldos que sufrió el personal del MP que antes era parte de la Ufecic y que pasó a trabajar en la Uferco tras la finalización del convenio de la MACCIH en el año 2020.
Lo que Santos nunca supo y por eso no pudo informarlo, según sus palabras, es una demanda en su contra que la PGR tenía engavetada desde 2013 y que salió a relucir 10 años después. En esa demanda, Santos y otras 15 personas son cuestionadas luego de que en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera una sentencia contra del Estado hondureño por la responsabilidad internacional de violar el derecho a la vida y por incumplir su obligación de investigar y juzgar el asesinato de la ambientalista Jeannette Kawas de manera diligente. En la investigación del crimen, ocurrido en 1995, participó Santos que, asegura, sí hizo su trabajo y no tuvo reparos de la CIDH.
Una de las organizaciones demandantes en este caso, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), publicó el 22 de julio de 2023 que «el abogado Luis Javier Santos fue uno de los fiscales que intervino en la investigación del asesinato de Kawas Fernández, pero fue el único que logró que se librara una orden de captura en contra de un policía involucrado por alterar la escena del crimen. Esta cuestión puede ser corroborada en la propia sentencia Kawas Fernández Vs. Honduras de la Corte IDH».
Además, mostraron su respaldo al fiscal Santos ya que, según su análisis, su intervención en el caso fue clave para impulsar la orden de captura contra un policía y demostrar ante la Corte IDH la participación de agentes estatales en el crimen contra la ambientalista.
Un experto consultado por Contracorriente afirmó que, según el Código Procesal Civil, en este caso aplicaba la declaración del abandono por inactividad procesal ya que el expediente tenía varios años sin ninguna diligencia; sin embargo, la Junta Proponente no tomó en cuenta esta salvedad.
Una publicación del Centro de Estudio para la Democracia indica que la Junta excluyó a Santos aplicando una norma que no está en la Constitución de la República ni en la Ley del Ministerio Público, sino que fue una «interpretación extensiva».
El documento cita que «los requisitos para ser fiscal general y adjunto están definidos por el artículo 233 de la Constitución de la República; y en el 19, 20 y 22 de la Ley del Ministerio Público. Ninguno de ellos expone que tener demandas con el Estado es un factor inhabilitante».
De los siete de miembros de la Junta, sólo dos votaron en contra de la expulsión de Santos. Según Rafael Jérez del COHEP, este caso expone la ambigüedad y la discrecionalidad en la toma de decisiones, puertas abiertas para que fuerzas externas inclinen una balanza y descarten candidatos.
«La influencia que una persona como Manuel Zelaya, David Chávez o Yani Rosenthal, como coordinadores de su partido pueden tener, se mitiga en la medida en que se verifique el perfil de las personas que conforman la Junta Proponente, porque ese perfil es lo que te va a garantizar que las evaluaciones van a ser independientes y por ende el comportamiento de la persona ahí, pero no se habló mucho de eso», explicó Jérez.
El abogado Edy Tábora, del Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos coincide con Jérez sobre la ambigüedad del proceso y la discrecionalidad, «cualquier profesional como Luis Javier ya que es un perfil sumamente completo y reúne características de un Fiscal General que puede por lo menos reorientar a la institución, aunque también hay que decir que el Ministerio Público no va a cambiar solo por una persona».
En marzo de 2023, en plena huelga de los fiscales, Santos compartió con Contracorriente su cansancio. Uno que provoca el maltrato y la falta de apoyo para él y sus colegas de oficio. Uno que ya había reclamado también en 2008, antes de sufrir un atentado. ¿Qué motiva a Santos? Quizá en ese cansancio haya una respuesta. «Mientras los abogados de la defensa traen dos asistentes que les acomodan sus pruebas, les llevan agua, les llevan café, y ganan quizá 10 veces más de lo que uno puede ganar en todo un mes, a los fiscales nos piden hasta tres cotizaciones para comprar almuerzo. Entonces mejor decidimos comprarlo de nuestra bolsa», dijo.
Quienes hablan de él hablan de un fiscal con convicciones. Y en su prontuario, el trabajo que ha realizado puede ser un obstáculo para las pretensiones de impunidad de los tres partidos políticos que controlan el Congreso Nacional.
Desde su retorno al MP, cinco años después del atentado que sufrió, Santos no ha parado. Entre 2018 y 2020 colaboró como jefe de la UFECIC en la presentación de los 14 casos de corrupción que resultaron en requerimientos fiscales contra funcionarios y políticos hondureños. Esa investigación fue realizada en alianza con la MACCIH.
Tras su exclusión del proceso para la titularidad del MP, Santos presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que fue aceptado para trámite, pero que no suspende el proceso de elección del nuevo fiscal general. Es decir, Santos sigue estando fuera de la contienda, aún y cuando el Congreso no haya logrado definir a un nuevo fiscal. Y él lo tiene claro.
«Desde el momento que presenté la postulación sabía que no tendría el apoyo de todos los diputados del Partido Libre, y que lo único a lo que le apostaba es que diputados del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH, porque ellos sí han mostrado coherencia en su actuación», dijo a Contracorriente días antes de la elección. Ahora Santos es el más buscado, pero él guarda silencio.
