Un juez autorizó asegurar 33 inmuebles, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros al núcleo familiar del expresidente Juan Orlando Hernández. Sin embargo, los bienes de Hernández, valorados en 7.8 millones de dólares, en realidad doblan esa cantidad. Hace algunos días, se denunció que la ex primera dama buscó resguardar algunos de estos, al transferir bienes valorados en 60 millones de lempiras a un banco local en concepto de dación, supuestamente para honrar una deuda lo cual imposibilita por ahora al Ministerio Público el aseguramiento de esos bienes, mientras los fiscales investigan si el banco y Ana García actuaron de buena fe para que quedar exentos de culpa.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotos: Archivo CC/ Fernando Destephen y Jorge Cabrera
Una resolución de un juez de privación de dominio prohibió este viernes cualquier acción registral de celebración de actos y contratos sobre los bienes incautados al núcleo familiar del expresidente Juan Orlando Hernández. Además, se explicó que la operación de aseguramiento incluye bienes y productos financieros.
El juez ordenó asegurar la totalidad de los bienes solicitados por el Ministerio Público, que actuó tardíamente ya que el juez natural había autorizado la extradición de Juan Orlando Hernández desde el 16 de marzo.
Para el abogado Juan Carlos Aguilar, esa tardanza tiene una explicación: «La Corte y el Ministerio Público siguen siendo parte de la estructura institucional cooptada por Juan Orlando Hernández, por eso fue que sí actuaron rápido en el caso de los Rosenthal».
A Juan Orlando Hernández le aseguraron este viernes 33 inmuebles ubicados en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros.
En marzo de 2021, EE. UU condenó a cadena perpetua al exdiputado nacionalista Antonio Hernández, mejor conocido como Tony –quien es hermano de Juan Orlando Hernández-. Sin embargo, pasó mucho tiempo para que se le incautaran bienes casi insignificantes, a pesar de que en el juicio de Nueva York fue considerado un narcotraficante a gran escala.
La CSJ y el Fiscal General, trabajaron de la mano con Juan Orlando Hernández. Estos terminan sus funciones el próximo año, pues son designados en sus cargos por un período de siete años. Actualmente, hay intenciones del Congreso Nacional de realizarles un juicio político, señalando existir una confabulación con el expresidente Hernández.
El rol de Ana García de Hernández
En la noche del pasado miércoles, Ana García de Hernández, la ex primera dama, fue vista en las afueras de la Dirección de Fuerzas Especiales en una vigilia en favor del expresidente, su esposo, capturado el 15 de febrero y quien está a punto de ser extraditado a los Estados Unidos después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el máximo órgano jurisdiccional en Honduras, autorizó enviarlo a EE. UU. para que responda por tres delitos relacionados con el narcotráfico.
Pero Ana García no solo se ha movido durante la noche. Una denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reveló que ella, en los últimos días, resguardó algunos bienes de la familia, obviamente, antes de que el Estado ordenara a través de un juez la incautación de bienes.
«La ex primera dama, aparte de estar rezando, también estaba negociando, es decir, negociando cómo protegía sus bienes y cómo cancelaba deudas», dijo a Contracorriente el economista José Luis Moncada, expresidente de la CNBS.
Y es que el CNA denunció una transferencia que puso en el foco de atención al sistema financiero nacional, al Poder Judicial, a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y al Ministerio Público, quienes han tenido el reto de asegurar, incautar y, de comprobarse el orígen ilícito, privar de estos bienes a la familia Hernández García. En ese caso, los bienes deberán pasar a ser administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
El 21/03/2022, a siete días de conocer la resolución final sobre su extradición, Ana García -en nombre de Juan Orlando Hernández e Inversiones del Río S. de R.L.- trasladó bienes valorados en un aproximado L 60 millones a un banco hondureño en concepto de dación en pago. pic.twitter.com/0hRuobPe9M
— CNA Honduras (@cnahonduras) March 29, 2022
Una investigación del sitio digital Criterio.hn indicó que la familia Hernández García registró cerca de 60 bienes inmuebles y siete empresas, con un valor cercano a 7.8 millones de dólares, en las ciudades de Tegucigalpa, Lempira y Olancho, ubicados en la zona central y oriental. La investigación encontró registros desde el 2010, año en que Hernández asumió la presidencia del Congreso Nacional.
El Ministerio Público explicó en un comunicado que los bienes otorgados en dación de pago por Ana García a una institución financiera no fueron objeto de aseguramiento, porque «se debe examinar la debida diligencia y acreditación de una tercería de buena fe exenta de culpa, mientras que sobre el resto de bienes han recaído inversiones en concepto de mejoras que entran en el periodo de investigación y por tanto constituyen una mezcla de capitales».
Para el abogado Juan Carlos Aguilar, lo que debería de hacer el Ministerio Público es «una investigación financiera orientada a dar cuenta de si existía una obligación [de la familia Hernández García] o de si el banco se está prestando para el ocultamiento de esos bienes».
El expresidente de la CNBS, José Luis Moncada, explicó que la dación de pago es una figura que normalmente es bastante transparente. «La persona que tiene un crédito, aunque tenga una hipoteca y no puede pagarla, entonces entrega ese bien en dación de pago por todo el crédito».
Moncada piensa que cuando Ana García realizó el movimiento «todavía no había una resolución de la CSJ que indicara una extradición del expresidente, es decir, que todavía no se reconocía de parte del Estado de Honduras que existían suficientes pruebas para que este fuera enjuiciado en EE.UU.»
Moncada agregó que la actividad se hizo sin llamar la atención porque se entiende que es un expresidente, pero «el banco no tiene ninguna limitación legal en ese momento».
El doctor en economía Nelson Ávila expone que, en cuanto a la operación de Ana García, cuando ocurre la dación en pago tiene que haber una operación histórica de préstamo de la entidad con estos bienes. Tenía que «existir un compromiso previo y al mismo tiempo una gestión de recuperaciones de la entidad», explica.
«Si no ocurre eso, no es más que un acuerdo entre partes para proteger o protegerse. Pero en todo caso, eso tiene la clásica actitud, sobre todo cuando se da después de que es evidente de que se va a dar un proceso de aseguramiento de bienes de algunas personas, si lo hace una entidad financiera entonces ahí hay confabulación de parte del mismo grupo que pretende en consecuencia generar un lavado de activos de bienes que a todas luces saben que provienen de personas que tienen conflictos con la justicia y que después recuperarán esos recursos. ¿A quién dañan?, bueno, dañan a la nación porque la nación debía asegurar eso. En cierta medida se le está quitando parte de la riqueza a la nación», afirma Nelson Ávila.
Sobre los bancos que acceden a otorgar hipotecas a personas ligadas con el narcotráfico, Nelson Ávila establece que «tiene que procederse conforme a ley y considerar que esas operaciones, si se hacen antes de la decisión de aseguramiento, hay que considerarlas como parte de un acto criminal».
El economista hondureño Claudio Salgado establece que, si usted da en dación de pago un bien inmueble, entonces la institución financiera debe evaluar si ese bien inmueble está debidamente registrado, investigar la procedencia del bien, no solamente el aspecto legal, hay que ir más allá y determinar si el inmueble procede de una situación normal o atípica. «Obviamente cuando el banco ya evalúa todos los riesgos posibles, decide si acepta o no acepta».
José Luis Moncada afirmó que la CNBS es una institución adscrita a la presidencia de la República, desconcentrada, con presupuesto propio y en su creación se buscó que fuera un ente eminentemente técnico, similar al BCH, pero su período coincide con el periodo presidencial, lo que facilita su politización. «Porque tiene que tener una objetividad y un manejo totalmente independiente y sobre todo con profesionales que conozcan la materia», explica Moncada.
Moncada sugiere que la ley de la CNBS se reforme y se establezca un requisito más estricto para asegurar la independencia de la comisión en temas de subordinación política.
«El narcotráfico no solo utiliza al sector financiero para su lavado, utiliza a otros sectores, puede haber construcciones de edificios, puede haber comercios, tiendas, ganadería, hay una gran cantidad de otras actividades en donde el narcotráfico hace lo que corresponde al lavado de esos ingresos ilegales que tiene», asegura Moncada.
El sistema financiero y su rol en el narcotráfico
En octubre de 2015, el Departamento del Tesoro inició un proceso para limitar las transacciones y actividades del Banco Continental. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos indicó que todas las actividades y transacciones para liquidación y cierre de la familia Rosenthal estaban permitidas hasta las 12:01 am del 12 de diciembre, horario estadounidense.
Casi de inmediato, las autoridades hondureñas incautaron cerca de 20 empresas y viviendas del grupo financiero Continental. Días más tarde, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) inició un proceso para cerrar el Banco Continental, afirmando obedecer una orden del Departamento del Tesoro después de que se dijera que en el banco se facilitaron sus instalaciones para lavar dinero del narcotráfico.
En agosto de 2020, Yani Rosenthal, uno de los miembros de la familia Rosenthal regresó al país para postularse como candidato a la presidencia. Venía de cumplir una pena de 3 años en los Estados Unidos por participar en un esquema derivado del lavado de dinero procedente del narcotráfico, específicamente del cártel de los Cachiros, quienes lograron realizar varios contratos con el Estado de Honduras.
En marzo de 2022, la OFAC retiró a Yani Rosenthal de su lista negra después de más de cuatro años de haber cumplido su condena, según informó a los medios de comunicación su equipo legal.
El economista Claudio Salgado dice que en el caso de la familia Rosenthal, EE. UU. se señaló que el Banco Continental había facilitado el lavado de activos, no que ellos lavaran activos directamente. «Facilitaron estos establecimientos para el lavado de activos, conociendo la procedencia de los recursos que se plantaban. De eso fue lo que la OFAC acusó a la institución bancaria».
Claudio Salgado dijo que cuando ya entra la OFAC, se procede a que se haga una revisión de todas las operaciones de Banco Continental y, en este caso, lo que hizo la CNBS fue suspender las operaciones de ese banco y proceder a su liquidación.
«Cuando usted entra a la OFAC prácticamente usted es un muerto en vida financieramente», expuso Salgado, quien afirmó que el Banco Continental estaba en un lugar muy bajo en el índice de capital, en el que un banco debería estar por encima del 10 %. «Si no mal recuerdo, el banco, al quitarle los activos, caía en este índice. Entonces, la ley establece que cuando usted tiene un nivel más bajo de lo recomendado por la CNBS, entonces se procede a la liquidación».
Salgado dice que un grupo de personas hicieron operaciones irregulares en Banco Continental. «Recibían pagos en cheques, entonces esto lo depositaban en una institución financiera y esta institución financiera sabía de la procedencia de los recursos de esos cheques. Y sabían quiénes eran los depositantes», explicó Salgado.
Sin embargo, Claudio Salgado explicó también que existe una diferencia entre lavar activos o facilitar un banco para lavar activos. «No se puede hablar directamente de lavado de activos [en el caso de los Rosenthal], porque el lavado de activos es cuando usted recibe dinero de fuentes dudosas, pero en ese caso no se puede decir que el Estado era una fuente dudosa».
Sobre si el desmantelamiento de una red financiera ligada al narcotráfico puede ayudar al Estado mismo a mejorar las finanzas o si, por el contrario, genera consecuencias catastróficas, Salgado argumentó que esa es una discusión que siempre se ha tenido, pero la verdad es que el narcotráfico trae acciones no deseables para ninguna sociedad. «Si se tiene una gran presencia del narcotráfico dentro de un Estado, los principales puestos públicos son ocupados por estas personas y escalan en tribunales, policías, militares y la justicia. Y hasta pueden llegar a la presidencia, lo cual es peor porque desde el mismo Estado se promueve esta actividad ilícita».
Una investigación del Centro de Estudios para la Democracia en Honduras (CESPAD) titulada El silencio del Sistema Bancario sobre el dinero que los corruptos depositan en los bancos del país, indica que durante el periodo de vigencia de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) se documentaron más de 10 casos, entre estos el de narcopolítica, en donde persiste un denominador común: en todos se utilizó el sistema bancario en el cual se depositó un mínimo de 350 millones de lempiras.
El doctor en economía, Nelson Ávila, dijo a Contracorriente que la CNBS está obligada a dar un informe de cómo se encuentra el sistema financiero hondureño y acerca de las operaciones que se consideran ilegales para proceder a actuar contra todos los que actúan criminalmente y que están violentando las disposiciones de confianza establecidas, implícitamente, en la creación de los bancos.
«Aquí cierran instrumentos de cualquier naturaleza financiera o llegan a obstaculizar a todas aquellas personas que son adversarios políticos, y a los demás, a sus amigos, para ellos si no existe la ley», manifestó Ávila en referencia a las disparidades en las actuaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Sobre la posibilidad de que el sistema financiero hondureño haya sido totalmente cooptado por el narcotráfico al tener un presidente que, según los fiscales estadounidenses, convirtió a Honduras en un narcoestado, Nelson Ávila dijo que los «fiscales estadounidenses lo investigaron desde el 2004 y llegaron a esa conclusión sobre todo desde el 2013 y ya sabían de la construcción de este narcoestado”.
Pero no solo el sistema financiero debe ser objeto de análisis. Nelson Ávila dijo que también deben serlo las actuaciones del Instituto de la Propiedad.
El asesor en materia de comunicaciones de Casa Presidencial, Milton Benítez, denunció en su cuenta de Twitter que en estos días el núcleo de los Hernández hizo movimientos en el Instituto de la Propiedad.
En las oficinas de @CamiloAtala se escrituraron en tiempo récord bienes inmuebles del Cártel de “Los Hernández”, confirmado en exclusiva al equipo de investigación de El Perro Amarillo por Dario García, director de IP.
— Milton Benítez (@MiltonBeniteztv) March 31, 2022
Nelson Ávila dijo que hay que identificar a través del mismo Instituto de la Propiedad si se han traspasado bienes inmuebles de forma irregular, porque no por casualidad fue intervenido por parte del «narcoestado», en ese caso por el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz.
«Ebal Díez estuvo ahí, en el Instituto de la Propiedad, y debe hacerse una investigación forense de lo que ha ocurrido con todas las transacciones de tierras ejidales, nacionales, porque de ahí fue donde sacaron toda la información para la creación de las ZEDES, que eran estructuras que estaban siendo creadas, de un estado dentro de otro estado, para operar el narcoestado, con apoyo de otros sectores del exterior», manifestó Nelson Ávila.
Ávila también opinó que es imperativo que se ofrezca una investigación completa de todas estas transacciones, porque en algunas de ellas «se trasladaron propiedades del Estado, tierras nacionales, en manos de personas (particulares)», dice.
El sistema financiero, manifestó Nelson Ávila, es fundamental para que exista la concreción o la materialización de los «beneficios» que les genera a los narcotraficantes su actividad ilícita «porque necesitan legalizar sus actividades ilegales.
¿Y cómo lo hacen? Ávila explicó que aquello que se conoce como lavado de activos o blanqueo de activos, es la acción de hacer ver lo que fue obtenido por la vía ilegal como algo obtenido por la vía legal y ahí, sostiene, «evidentemente entra en juego el sistema bancario».
Nelson Ávila subrayó que eso lo logran «captando préstamos» que finalmente benefician a los bancos porque «las instituciones (bancarias que) se prestan para ello, cobran la comisión correspondiente y reciben los recursos sin hacer investigaciones del origen de los fondos».
«De forma tal que los sistemas financieros corruptos son fundamentales para que opere sin problemas el proceso de legalización o de lavado de activos, y eso ocurre en infinidad de países y Honduras no es la excepción», agregó Nelson Ávila.
Nelson Ávila estuvo de acuerdo con que es imposible gestionar los millonarios beneficios del narcotráfico sin que exista la complicidad de los bancos: «Es casi imposible. Porque todas las transacciones en primera y en última instancia se hacen por la vía de pagos mediante cheques o transferencias bancarias».
«Algunas personas lo que hacen es que utilizan el sistema de pago directo en efectivo en algunas transacciones, pero la persona que recibe ese recurso en realidad sabe que está siendo expuesta a esas posibilidades», agrega.
A la pregunta de si el dinero del narcotráfico pudo haber llegado incluso de forma derivada al Banco Central de Honduras, Nelson Ávila dijo que sí. «Puede derivar porque sería parte de los depósitos. Le adelanto, en la historia, muchísimas ciudades muy importantes en estos momentos, le puedo mencionar, Miami, Ciudad de Panamá, Las Bahamas, muchas de esas ciudades se erigieron sobre la base del lavado de activos».
Para el expresidente de la CNBS, José Luis Moncada, la banca nacional tiene vías de prevención para no ser utilizada en lavado de activos, ya sea por los distintos orígenes que tenga, sea narcotráfico o cualquier otra fuente.
Agregó que existe la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia adscrita a la Presidencia de la CNB, que «trabaja muy de cerca con el Ministerio Público y otras unidades de investigación, también con la CSJ y los juzgados en esta temática».
Sobre el caso de la familia Rosenthal, José Luis Moncada dijo que la justicia se ensañó con la familia Rosenthal: «Recordamos que en casos anteriores se operaba con anticipación, incluso faltaron a los derechos y a los principios de la familia Rosenthal, donde los expropiaron sin haber sido sentenciados. Entendería que la OFAC y el gobierno de Estados Unidos nunca solicitaron el cierre de Banco Continental, más allá de afectar a los dueños propietarios afectaron a la banca, a los depositantes y demás», explica.
Para Juan Carlos Aguilar, se desconoce qué ha pasado con los bienes del narcotráfico incautados anteriormente porque «hemos estado con un velo de opacidad a través de la Ley de Secretos, con el ocultamiento de información y la no publicación de información pública».
