El pasado 16 de marzo, mientras un magistrado autorizaba la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández —reclamado por cargos de narcotráfico y uso ilegal de armas— el exmandatario se sentó a grabar un video en la silla del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este incidente no sentó nada bien en la Comisión Especial de Extradición del Congreso Nacional, que un día antes se había reunido en esa misma sala con varios de los magistrados de la CSJ, incluyendo al propio presidente Rolando Argueta Pérez.
Texto Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera
Aquella noche del 16 de marzo, el expresidente Juan Orlando Hernández —solicitado en extradición por narcotráfico y uso ilegal de armas— acababa de enterarse de que un juez había autorizado su extradición a Estados Unidos, país que lo considera un narcotraficante a gran escala al igual que su hermano Antonio Hernández, más conocido como “Tony”, quien fue encarcelado y cumple una sentencia de cadena perpetua en una cárcel neoyorquina. Pero en lugar de mostrar un rostro desencajado o de preocupación, en un acto inverosímil, el expresidente hondureño se grabó en un video sentado en la silla presidencial del Poder Judicial, con el rostro tranquilo, vestido de saco y corbata, afeitado y mostrando buen ánimo.
Esa mañana, Juan Orlando Hernández tuvo un día agitado, a última hora los agentes que lo cuidaban decidieron subirlo a un helicóptero para presentarlo a la audiencia programada para las 9:00 a.m. afirmando que existía un plan para obstaculizar su traslado vía terrestre. El comisionado Miguel Pérez Suazo, jefe de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (Tigres), indicó que en las instalaciones de la CSJ había 280 efectivos que lo estaban custodiando y en la sala de audiencia alrededor de 50 más.
Extendiendo los brazos Juan Orlando Hernández agradeció a los que habían orado por él y procedió a hacer una lista de cosas que no le habían gustado: se quejó de la forma cómo la policía lo capturó, de que su abuela murió mientras él estaba en prisión, de las limitaciones para acceder a un teléfono y denunció que no se le habían respetado sus garantías constitucionales.
«Estamos a minutos de entrar en la parte final de esta audiencia, en donde el juez va a dar a conocer algo que ya aparentemente los medios saben y [que] yo no sé, pero cualquier decisión, como le he pedido a Dios, que sea su voluntad», dijo Hernández en el inicio de ese inesperado discurso que grabó, un mes después de haber sido capturado en su casa de habitación el martes 15 de febrero y llevado esposado de pies y manos a una celda.
Juez de Primera Instancia otorga la solicitud de Extradición que involucra a el Ex Presidente Hernández Alvarado. pic.twitter.com/SSdXBHs9ob
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Hernández, que pidió que su caso sea estudiado por estudiantes y académicos para que «el mundo sepa lo que pasó», aprovechó incluso el momento para decir que su captura se debió a una «venganza», que estaba orgulloso de dejar un país «más seguro» y hasta agradeció a los «miles» que habían orado por él en las afueras del batallón de Fuerzas Especiales, en donde permanece preso.
Luego habló de él mismo en tercera persona. «Se ha planteado ante el juez, de parte de mis abogados, argumentos de mucho peso, no lo digo como Juan Orlando Hernández, que es una persona que está siendo defendida por ellos, sino como abogado».
#VTVSomosTodos | Mensaje del expresidente #JuanOrlandoHernández minutos antes de que el juez autorizara su extradición a #EEUU. pic.twitter.com/2uRlNsal80
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La silla de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde estaba sentado Juan Orlando Hernández, es actualmente ocupada por Rolando Argueta Pérez, quien antes de presidir ese poder del Estado fue director de fiscales del Ministerio Público.
Actualmente, Rolando Argueta es criticado por su tibio papel en contra de la corrupción y el narcotráfico en Honduras. Incluso, los actuales diputados han hecho pública la intención de hacerle un juicio político. Tanto Argueta Pérez como Juan Orlando Hernández han hecho pública su amistad, al ser ambos originarios de Gracias, Lempira y militantes del Partido Nacional.
Contracorriente conversó con la abogada Silvia Ayala, una de las siete personas que integran la Comisión Especial para Extradición, designada por el Congreso Nacional para elaborar un informe que rinda cuentas sobre papel jugado por la CSJ, el Fiscal General, la Secretaría de Seguridad y la Cancillería de la República. El informe se presentará al pleno del Congreso Nacional para que este último tome decisiones.
La diputada Silvia Ayala comentó que un día antes de que el juez natural autorizara la extradición de Juan Orlando Hernández, ellos estuvieron en la misma sala en la que Hernández grabó el video el pasado 16 de marzo, escuchando a los magistrados rendir su informe sobre los procesos de extradición.
«Sí, es la misma silla que le corresponde al presidente (Rolando Argueta), y le digo porque el día anterior habíamos estado en esa misma sala con el presidente de la Corte Suprema» Silvia Ayala.
La diputada hondureña afirma que el Congreso Nacional nombró a dicha comisión especial porque ya se conocía que a no todos los extraditables se les da el mismo trato. Y explicó que el evento del video de Hernández será incluido en el informe.
«Hemos visto cómo a otras personas en cuestión de horas o de días se les realizan sus audiencias, se aprueba la solicitud y son entregadas a las autoridades del país requirente», expone la congresista.
Ayala agrega que con el caso de Juan Orlando Hernández ha existido favoritismo: «Hemos visto también y eso nos lo confirmó la CSJ, que en algunos casos las personas son remitidas a los centros penitenciarios, a las cárceles de máxima seguridad, pero en otros casos, las personas son remitidas a un batallón o, como en el caso de Juan Orlando Hernández, que estaba detenido en la habitación de un oficial de la Policía en condiciones preferenciales».
«Nos llamó la atención que en la misma sala en donde nos recibió el presidente de la Corte, en esa misma sala se permitió al extraditable Juan Orlando Hernández que grabara un video y que estuviera transmitiendo desde ese poder del Estado, cuando esa sala es de uso exclusivo para magistrados y magistradas», sostuvo Ayala, sorprendida por lo sucedido durante la etapa final de la audiencia.
Al consultarle si la comisión piensa incluir este hecho como propuesta para deducir algún tipo de responsabilidad a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Ayala responde que «ese análisis se va a realizar en conjunto por los siete integrantes de esta comisión especial, porque el informe que presentaremos va a ser elaborado de manera colegiada. Por eso le digo que una vez recabada toda la información, se elaborará un informe en donde se va a incluir la respuesta a esta pregunta».
La diputada sostiene que, al estar detenido, Juan Orlando Hernández nunca debió contar ni con un aparato celular ni con otros dispositivos el día de su segunda audiencia, ni mucho menos estar realizando ese tipo de transmisiones.
«Se pudo ver que en la Corte Suprema de Justicia le brindaron todas las facilidades para que Juan Orlando Hernández realizara esa transmisión», argumenta la congresista.
La Procuraduría General de la República (PGR), a través del Procurador General, instó el 17 de marzo al Ministerio Público a proceder de manera inmediata a solicitar ante el órgano jurisdiccional competente, medidas de aseguramientos e incautación de todos los bienes que posea a su nombre el ciudadano Juan Orlando Hernández.
La PGR a través del Procurador General, Instó al Ministerio Público para que proceda de manera inmediata a solicitar ante el órgano jurisdiccional competente medidas de aseguramientos e incautación de todos los bienes que posea a su nombre el ciudadano Juan Orlando Hernández pic.twitter.com/UVGAkg1V3m
— PGR Honduras (@PGRHonduras) March 17, 2022
No obstante, un día después, la PGR emitió otro comunicado en donde daba marcha atrás a la petición, argumentando «respeto al debido proceso y legalidad, en vista del recurso de impugnación presentado por el ciudadano Juan Orlando Hernández».
¿Se le han violentado garantías constitucionales a Juan Orlando Hernández?
Contracorriente consultó al doctor en derechos humanos y derecho internacional, Joaquín Mejía Rivera, quien considera que a Juan Orlando Hernández no se le han violentado garantías.
El doctor Joaquín Mejía afirma que las audiencias de extradición no constituyen un juicio para determinar la culpabilidad o inocencia de Juan Orlando Hernández, sino que simplemente se trata de un procedimiento administrativo para determinar si la solicitud de extradición de EE.UU. reúne todos los requisitos.
«¿Requisitos como cuáles?. Que exista una relación jurídica entre Estados Unidos y Honduras a través de un tratado de extradición, que exista una petición formal y que también exista una denuncia de parte del estado requirente, en este caso EEUU, en contra de personas que estén en el Estado hondureño», expone.
Joaquín Mejía establece que no solamente se ha garantizado el debido proceso de Juan Orlando Hernández, sino que incluso tuvo la posibilidad en estos tres días de apelar la decisión del juez natural de la extradición.
La defensa de Juan Orlando Hernández, compuesta por 12 abogados, apeló la decisión del juez natural. Dicho recurso tendrá que ser resuelto por el pleno de magistrados de la CSJ, exceptuando al magistrado que conoció el caso en primera instancia.
Defensa técnica de ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado presenta Recurso de Apelación contra resolución de Juez de Extradición de Primera Instancia. La documentación fue oficialmente recibida por la Secretaría correspondiente a las 4:32 pm. pic.twitter.com/RvNgNv9Wgt
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) March 19, 2022
El abogado constitucionalista, exdiputado y antiguo aliado de Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional, Raúl Pineda Alvarado, dijo a Contracorriente que Honduras no es un paraíso de paz y seguridad como lo afirmó Hernández en el video.
«La oportunidad de demostrar si se trata o no de una venganza de narcotraficantes, la tendrá en el juicio. Este proceso de extradición es administrativo en sede judicial, aquí solo se va a ver la formalidad de la solicitud», explica.
El informe de la Comisión Especial para Extradición podría derivar en un juicio político al fiscal General y a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia
Contracorriente conversó también con el abogado Ramón Enrique Barrios, quien preside la Comisión Especial para Extradición, que tiene como misión brindar un informe luego de que se reúnan con la CSJ, Fiscalía General, Secretaría de Seguridad, Embajada Americana y Cancillería de la República.
Tanto la diputada Silvia Ayala como Ramón Enrique Barrios, entrevistados por separado, brindaron detalles sobre el contenido de los informes presentados por el Fiscal General y por los magistrados de la Corte, las dos instancias con las que ya se han reunido. Los informes recabados tienen que ver sobre las actuaciones de los magistrados y fiscales en torno a las órdenes de extradición.
Ayala agregó que en el informe presentado por la Corte se explica que, hasta el momento, existen 97 personas que han sido pedidas en extradición y que de estas hay todavía 32 órdenes de captura pendientes de ejecutar.
La congresista hondureña afirmó que desde el Poder Judicial, los magistrados sostuvieron que varios extraditables no fueron capturados porque la Secretaría de Seguridad no procedió mientras estuvo administrada por el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández.
En cuanto a la reunión que sostuvieron con el Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla, la diputada Silvia Ayala indica que el Ministerio Público argumentó no tener un papel determinante en el proceso de extradiciones, en el sentido de que «es otro Estado el que pide en extradición a un ciudadano hondureño».
Sin embargo, según explica Ayala, el Ministerio Público, en dos oportunidades, ha participado en algunos operativos para dar captura a algunos extraditables.
«En la Fiscalía General nos expresaron que algunas de las personas que se encuentran condenadas en EEUU se les había presentado requerimiento fiscal en nuestro país, pero que la justicia hondureña los había absuelto», explica la congresista, y agrega que una vez extraditados a EE. UU. «estas personas admitieron culpabilidad de los hechos por los que la justicia de nuestro país los declaró inocentes».
«Entonces eso es parte de lo que hay que verificar, ¿por qué estas personas en Honduras fueron absueltas y en EEUU la justicia norteamericana encontró las pruebas suficientes para condenarles» diputada Silvia Ayala.
Honduras reformó su Constitución en el año 2012 para permitir la extradición de hondureños vinculados con el narcotráfico, terrorismo y criminalidad organizada. Sin embargo, los crímenes que cometen dentro del territorio hondureño los extraditables —si el Ministerio Público no realiza diligencias— por lo general quedan en la impunidad.
Estados Unidos solicita a ciudadanos que se encuentran en Honduras cuando considera que estos han cometido o conspirado para cometer delitos en territorio estadounidense.
Ayala también dice que la Fiscalía intentó justificar su falta de eficacia aduciendo que no querían interferir en el proceso de extradiciones. Y es que, en Honduras, no se puede extraditar a un ciudadano mientras tenga un proceso judicial pendiente dentro del territorio nacional.
«Había otros casos en que las personas que estaban pedidas en extradición, pero aducen [en la Fiscalía General] que no presentaron requerimientos para que esto no sirviera de obstáculo para que el pedido de extradición fuera concluido”, expresa.
Silvia Ayala reveló que para esta semana están programadas otras reuniones, entre estas con la Embajada Americana, Secretaría de Seguridad y una tercera con la Cancillería de la República.
¿Hay alguna solicitud formal o algún anteproyecto de juicio político para el Fiscal General o CSJ?
Silvia Ayala dice que no existe todavía en el Congreso Nacional una petición oficial o algún anteproyecto de juicio político contra los magistrados o contra el Fiscal General.
«Todavía no se habla de juicio político, porque la comisión no puede adelantar el resultado ni los efectos de este informe. Porque, en todo caso, eso lo decidirá el pleno del Congreso Nacional. Puede ser una propuesta de la comisión, pero [es] una decisión del pleno”, afirma Ayala.
El diputado Ramón Enrique Barrios, quien preside esta comisión, dijo a Contracorriente que la comisión especial busca establecer una línea en el tiempo de cómo han ido los procesos de extradición, qué actores, qué agencias y qué instituciones del gobierno son las encargadas de tramitar las solicitudes de extradición, comenzando desde el ministerio de Relaciones Exteriores, que es a donde llega la solicitud de parte del Departamento de Estado, hasta terminar con la resolución de la CSJ, en la que se ordena la extradición y entrega de la persona solicitada al país requirente, como ha ocurrido en el 90 % de los casos.
Barrios dijo también están analizando por qué a algunos extraditables se les incautan los bienes y por qué a otros no.
«Para eso hemos tenido conversaciones con la CSJ, Fiscal General del Estado y por eso nos reuniremos con el Departamento de justicia de EEUU en la Embajada Americana, con el secretario de Seguridad y el de Relaciones Exteriores», subraya Barrios.
Ramón Barrios establece que el objetivo de esta comisión es elaborar un informe para «deslindar responsabilidades, encontrar falencias y crear oportunidades para que los procesos de extradición sean más expeditos y en igualdad de condiciones para todos, para que no se les incaute bienes a unos y a otros no, para que no se engavete en favor de unos, y se actúe en contra de otros».
¿Es Juan Orlando Hernández un capo de la droga de la misma talla del Chapo Guzmán o Pablo Escobar?
En una consulta hecha por este medio, Raúl Pineda Alvarado argumentó tajantemente que no está de acuerdo con lo que han dicho algunos sociólogos sobre que Juan Orlando Hernández llegó a ser un narcotraficante comparable con Pablo Escobar o con El Chapo Guzmán.
«No, yo creo que es una hipérbole, una exageración (que JOH sea un narco de la misma talla que Pablo Escobar), yo creo que el expresidente Hernández, si se metió en esto, fue por una mezcla de ignorancia provinciana y de ambición» Raúl Pineda Alvarado, abogado constitucionalista
Raúl Pineda explica que Juan Orlando se equivocó porque fue un hombre que venía de las provincias. «En la malicia y el conocimiento que dan las grandes ciudades, de repente lo tocaron para meterse en un lío del que muy difícilmente va a poder salir. Convirtiéndolo en un hombre que defraudó a su país, a su partido, a su familia y a la patria».
Sobre el papel jugado por la ex primera dama, Ana García, quien ha encabezado una lucha argumentando que su esposo es víctima de una venganza, Raúl Pineda dice que «doña Ana es la otra cara de la moneda de lo que en un momento fue doña Xiomara Castro, que en su momento defendió también a [el expresidente José] Manuel Zelaya, cuando la crisis política. [Pero] lo de Juan Orlando es una reiteración de mentiras».
Joaquín Mejía, por su parte, dijo que Juan Orlando Hernández no es cualquier extraditable. «Estamos hablando de un expresidente de la República que se reeligió de manera ilegal y que estuvo ocho años como presidente del Ejecutivo y además cuatro años como presidente del Congreso Nacional».
Joaquín Mejía Rivera agregó que Juan Orlando Hernández necesitaba poner una pieza clave y la puso en esa corte. «Rolando Argueta no fue elegido ahí por sus méritos, fue elegido porque era una pieza que Juan Orlando tenía que tener. Ocupaba a alguien que garantizara sus intereses y los intereses de las estructuras a las que representa Juan Orlando Hernández».
Joaquín Mejía sostuvo que Juan Orlando solo representa la cara visible de esta estructura criminal, pero que hay que poner atencióna lo que dice Kevin Castel, que Honduras es un narcoestado.
«Y un narcoestado implica que hay una institucionalidad al servicio del narcotráfico y Juan Orlando Hernández no hizo las cosas solas. Hay jueces, hay empresarios que lavaron el dinero, ¿dónde fue a parar el dinero del narcotráfico?, está en el sistema financiero nacional. Hemos visto una complicidad del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia».
El narcotráfico en Honduras no se detendrá y la violencia aumentará, dice Raúl Pineda
Raúl Pineda dijo que la peor corrupción es la que viene del narco. Es un negocio ilícito que genera un 2000 % de utilidad, desde que se compra la droga hasta que llega al gran mercado de EEUU.
Pineda aseguró que con la captura de Juan Orlando Hernández el narcotráfico en Honduras no se va a detener.
«No crea que porque Juan Orlando Hernández vaya a ser enjuiciado la actividad del narcotráfico se va a paralizar, lo que va a pasar es que se va a segmentar en grupos pequeños, se va a aumentar la conflictividad, pero en lo que respecta al paso de la droga, la droga va a seguir pasando por el territorio hondureño» Raúl Pineda, abogado constitucionalista.
Pineda manifestó que ahora Honduras ha evolucionado en el trasiego de la droga y dijo que Honduras es también productor de clorhidrato de cocaína y también productor de drogas sintéticas y hasta posee laboratorios de cocaína.
«El problema antes es que las plantas de [coca con las que se produce la] cocaína en Honduras no se desarrollaban arriba del metro y medio, pero en Colón ahora hay plantas hasta de dos metros como en los mejores territorios de Bolivia, Perú y Colombia».
Pineda sostiene que Colón es un departamento muy apto para las plantaciones de coca y que el país se va a seguir comprometiendo más, por lo menos en el cultivo de la planta para producir la cocaína. «Es un problema serio que debe ser estudiado por las universidades», expuso.
Sobre el papel de Estados Unidos en todo esto, Raúl Pineda Alvarado sostiene que el proceso de extradición de Juan Orlando Hernández «es su mecanismo de defensa, [pero] tampoco en este tema [los Estados Unidos] son niños de doctrina”.
