Por: Leonardo Aguilar
Fotografía: Archivo CC
«Libertad para los presos políticos de Guapinol», proclamó el pasado jueves 27 de enero la presidenta Xiomara Castro, durante la toma de posesión que la convirtió en la primera presidenta en Honduras. La mandataria se refiere a ocho defensores del río Guapinol, acusados por el Ministerio Público por el delito de privación injusta de la libertad en perjuicio de la empresa Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y de su esposa Ana Facussé, cuyo caso está en la etapa de conclusiones de un juicio oral y público que comenzó desde el 1 de diciembre de 2021 en el tribunal de Sentencia de la ciudad de Trujillo, Colón, zona norte de Honduras.
El abogado Edy Tábora, director del Bufete de Justicia para los Pueblos y parte del equipo de la defensa en el caso Guapinol, dijo a Contracorriente, que lo primero que hay que entender es que el Estado de Honduras tiene la obligación de responder a la petición del Grupo de trabajo sobre detención arbitraria de las Naciones Unidas.
Edy Tábora dice que el Gobierno de Juan Orlando Hernández omitió durante más de un año esa resolución. Así que el anuncio de parte de la presidenta Xiomara Castro –expone el abogado– viene relacionada en función de cumplir esa resolución. «Más allá de que exista una conciencia de qué significan estas personas privadas de libertad, lo más importante para la gente, es que el Estado debe reparar el daño causado a los defensores y a su familias», explicó.
El pasado 2 de febrero, la junta directiva del Congreso Nacional presidida por Luis Redondo aprobó un decreto de amnistía. En el artículo 1 de dicho proyecto, entre otras cosas, establece una «amnistía general, amplia e incondicional” en favor de quienes se haya ejercitado una acción penal pública, hayan sido procesadas o, finalmente, que se les haya dictado sentencia firme o esté en ejecución.
El proyecto pone como objetos de amnistía a tres grupos, primero, a los imputados que previamente fungieron como servidores públicos en el período comprendido entre el 2006-2009, es decir, desde el inicio del Gobierno del expresidente José Manuel Zelaya hasta el golpe de Estado que lo depuso; segundo, a personas que han sido criminalizadas por ejercer el derecho a la protesta social, y tercero, a las personas que han desarrollado actos en defensa de la soberanía nacional, democracia, sus tierras y fuentes de agua.
En ese sentido, Edy Tábora expone que la amnistía es una herramienta legislativa establecida en la Constitución, facultad del Congreso Nacional, que se puede convertir en un mecanismo de cierre de todos aquellos procesos arbitrarios e injustos. «Estas amnistías por supuesto no aplican para todos los casos, aplican para determinados casos, debe seguirse una forma para determinar lo que establece el decreto de amnistía con el caso concreto».
Al final de cuentas, expone Edy Tábora, la persona que está privada de libertad es la que decide si se aplica o no a una amnistía o en algún caso a un indulto, sin embargo, para equipo de defensa, en la etapa en la que se encuentra el caso, no constituye una opción inmediata. «En este momento, en el caso de Guapinol, estamos en la parte final del juicio. Entonces por lo pronto no vamos a hacer uso de ninguna de estas herramientas porque estamos concentrados en la etapa de conclusiones y la etapa del fallo en el juicio. Nosotros durante el juicio hemos logrado establecer, con la misma prueba de la fiscalía, que los defensores de Guapinol, son inocentes», explica Edy Tábora.
Edy Tábora expone que todas las herramientas, como la amnistía, sirven evidentemente para ponerle un alto para poner un alto a formas de detención arbitrarias. «Pues al final de cuentas, el Poder Judicial no ha servido de control efectivo sobre las ilegalidades que comete el Ministerio Público, sino que se ha convertido en parte de los mecanismos de criminalización», expuso.
Este viernes, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Trujillo, Colón, desarrollará las conclusiones del caso Guapinol. Una vez terminadas las conclusiones, el Código Procesal Penal indica que los jueces deben reunirse para deliberar, aunque no establece un plazo fijo de en qué momento.
«Deberíamos de entender que tendría que haber un fallo el mismo viernes, pero los tribunales últimamente necesitan tres o cuatro días posteriores a las conclusiones. Pensamos que el fallo va a ser hasta la otra semana y exigimos que los jueces se tomen el tiempo necesario para evaluar esas pruebas que no reúnen los requisitos necesarios porque son totalmente contradictorias», expuso Tábora.
El pasado lunes 24 de enero, en medio de alertas y denuncias graves sobre irregularidades, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Trujillo, Colón, continuó el desarrollo del juicio oral y público de la causa instruida contra los defensores del río. Defensores de derechos humanos denunciaron ese día que los fiscales del Ministerio Público llegaron acompañados de hombres armados privados, lo que se interpretó como un intento de intimidación durante el proceso judicial.
🚨#ALERTA| Nos encontramos en la sala de juicios, mientras el Ministerio Público intenta ingresar Guardias de Seguridad Privada para que pueda dar protección a uno de los peritos citado. pic.twitter.com/vhwkAyAwsw
— Observatorio Justicia Para Guapinol (@ObJusGuapinol) January 24, 2022
El 2013, el Congreso Nacional modificó la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, dando lugar a que dicha empresa minera obtuviera licencias para explotación de minería no metálica. Para el 2015, la comunidad organizada en Tocoa denunció que estas licencias se otorgaron de forma inconsulta. En 2018, centenares de agentes se presentaron para desalojar a un grupo de 200 personas que defendían a su comunidad, según datos recogidos en el informe Guapinol Resiste, publicado por la Alianza Centroamericana contra la Minería (Acafremin).
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A principios de 2019, el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra 31 personas acusadas por los delitos de incendio agravado, asociación ilícita y privación injusta de la libertad. Algunos de ellos recibieron sobreseimientos definitivos. Tras presentarse de forma voluntaria en plena pandemia, en 2020, la Corte de Apelaciones ratificó las medidas de prisión preventiva para 8 de los defensores acusados, después de revocar sobreseimiento definitivo a 5 de ellos.
Lenir Pérez, el propietario de la empresa Inversiones Los Pinares, es presidente del grupo EMCO, que también es responsable del cuestionado proyecto Palmerola International Airport (PIA). En enero de este año, mientras se desarrolla este juicio, este grupo empresarial recibió por parte del Congreso Nacional un contrato para brindar servicios de rayos X a la empresa Alutech, parte de este consorcio, por un monto de 25.7 millones de dólares (624 millones de lempiras).
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El abogado Camilo Sánchez, director de la Clínica de Derecho de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, quien ha seguido el caso Guapinol durante 2 años, dijo a Contracorriente que el proceso judicial contra los defensores de Guapinol ha sido bastante accidentado desde sus orígenes, ya que este proceso penal inició con irregularidades desde que se detuvo a los defensores imputados. «Fueron detenidos sin que se les dijera por qué cargos. Se les imputaron delitos que correspondían a unas cortes diseñadas para combatir el crimen organizado y no para lo que presuntamente se les perseguía», sostiene.
Camilo Sánchez agrega que durante el juicio oral y público, que inició en diciembre y en el que hubo que llegar a un receso por las vacaciones, también hubo otros incidentes, por ejemplo, se recusó a los magistrados y se interpuso un recurso de Hábeas Corpus hace más de un mes. Este último —asegura— ya debió haberse resuelto. Además explica que hay otro elemento más grave: «El Ministerio Público solicitó que se incluyera una prueba que la defensa ha considerado que es producto de un seguimiento ilegal y prohibido. Es un reporte que provenía de estos actos ilegítimos e ilegales de investigación», detalló.
De acuerdo con lo que ha podido observar, argumenta el abogado Sánchez, es un reporte realizado por una compañía de seguridad privada, es decir, no por una fuerza o un organismo de seguridad del Estado. «Para construir ese reporte estaban recopilando información sobre personas utilizando estrategias policial-militar, recopilando información de personas que estaban ejerciendo su derecho legítimo a la protesta, sobre quiénes eran, qué relaciones tenían, cosas de ese tipo».
El experto asegura que, de acuerdo con un principio internacional de derecho liberal clásico y muy acogido, las pruebas que son ilegales no pueden ser tomadas en cuenta en este proceso y todo tribunal, si ve que existe evidencia de que se ha cometido un delito en la recaudación de esa prueba, la debe poner en conocimiento del Ministerio Público o de quien corresponda y ordenar que se abra una investigación para que se determine qué sucedió y si hay responsabilidades.
La abogada Karol Bobadilla, parte del Observatorio por la Justicia de los Defensores del río Guapinol, explicó a Contracorriente que, en un primer momento, los acusados se venían defendiendo de un delito y que ahora se defienden de cuatro: los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad en contra del señor José Santos Corea, que es considerado víctima por el Ministerio Público, y por los delitos de incendio agravado y daños en contra de la empresa Inversiones los Pinares, que —a juicio de Bobadilla— es una empresa que está «instalada de manera ilegal».
«Cuando se reanudó el juicio vimos con preocupación el intento por parte del Ministerio Público de incluir pruebas que no reúnen los requisitos para ser consideradas como tal en un procedimiento penal ya que en este, primero, la empresa privada hizo una vigilancia ilegal en contra de los defensores de derechos humanos y, por otro lado, este informe estaba construido desde una lógica de inteligencia militar y no de investigación penal», indicó Bobadilla.
Para Bobadilla, la participación del Poder Judicial ha sido muy parcial. «En este caso se han presentado cuatro recursos de Hábeas Corpus, tres de ellos han sido declarados sin lugar. El Poder Judicial ha estado parcializado y el último de estos fue presentado el 15 de diciembre del año pasado y hasta la fecha no existe resolución, aunque la ley establece que esos recursos, por el tipo de temas que tratan, deben ser resueltos en 24 horas», recalcó.
Para Camilo Sánchez, este proceso penal debería detenerse, en primer lugar, en razón de haber iniciado con detenciones ilegales y, en segundo lugar, porque instancias internacionales como el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas de Detenciones Arbitrarias, la Relatora de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, el relator de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el grupo de trabajo sobre derechos Humanos y Negocios han pedido al Estado de Honduras que libere a estas personas porque no existen razones para mantenerlas detenidas. «El incumplimiento de seguir esas recomendaciones muestra que hay una persecución de estas personas», concluye.
La empresa Inversiones los Pinares, publicaron un comunicado de seis puntos, en donde hacen un «llamamiento a la paz, el respeto al debido proceso, derechos humanos de las víctimas y el respeto irrestricto de las víctimas», en donde afirman que son «una empresa responsable, comprometida con el bienestar y desarrollo de Tocoa y de Honduras en general».
