Durante 12 años, el Legislativo contó con el apoyo del Ejecutivo y con la protección especial del Poder Judicial, cuya Corte Suprema de Justicia (CSJ) jugó un papel notorio al proteger a decenas de diputados que fueron acusados por corrupción, lavado de activos o enriquecimiento ilícito por el Ministerio Público. Pero antes de marcharse, los diputados salientes aprobaron una decena de contratos y se aseguraron de blindarse lo mejor posible.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Archivo Congreso Nacional
El Congreso Nacional 2018-2022 terminó su período el pasado jueves 20 de enero, marcado por haber violentado el principio de independencia de poderes tras haber permanecido bajo el dominio del expresidente del Ejecutivo Juan Orlando Hernández Alvarado, quien sale del poder este 27 de enero. También fue marcado por haber interferido con los operadores de justicia tras aprobar leyes que bloquean autonomía.
La junta directiva del Congreso Nacional fue presidida durante los últimos dos períodos por Mauricio Oliva, del Partido Nacional. Los nacionalistas en realidad han liderado durante 12 años consecutivos el hemiciclo Legislativo. Durante el período 2010-2014, el presidente de este poder del Estado fue Juan Orlando Hernández. Desde entonces, múltiples debates se han dado en medio de un rechazo generalizado y reprobación ciudadana por repetitivos actos de corrupción.
Tal y como ocurrió en enero de 2014, con la denominada “hemorragia legislativa”, los diputados salientes sesionaron en enero del presente año en horarios extraordinarios para aprobar una decena de contratos a favor de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y de esa forma favorecer a grupos empresariales.
Se aprobó un contrato de Rayos X a la empresa ALUTECH, del grupo EMCO, por un monto de 25.7 millones de dólares (624 millones de lempiras). La propia empresa emitió un comunicado afirmando que no tenía la suficiente experiencia en el rubro y que por lo tanto habían subcontratado a una empresa de EE.UU. para que brinde asesoría.
El grupo EMCO es presidido por el empresario Lenir Pérez quien también es responsable del cuestionado proyecto Palmerola International Airport (PIA) y de la empresa minera Los Pinares que ha generado un conflicto social y ambiental en Tocoa, Colón. Por este conflicto ocho defensores del río Guapinol están encarcelados, a pesar de que decenas de organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos han exigido una inmediata liberación al considerar que se están violentando derechos fundamentales.
El proyecto de Palmerola surgió de un contrato firmado en marzo de 2016 entre Lenir Pérez y el expresidente Juan Orlando Hernández con un monto inicial de $163 millones. No obstante, el 29 de mayo de 2019, dicho presupuesto fue modificado por el Congreso Nacional en medio de protestas de los diputados de oposición.
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Los diputados salientes también pretendieron esta semana —sin éxito— otorgar a la empresa Puente Alto Energy, propiedad del grupo empresarial EMCO de Lenir Pérez, un contrato de energía a base de carbón para ejecutar un proyecto valorado en $654 millones, unos L16,000 millones de lempiras. Este fue engavetado por la presión mediática ya que el proyecto no cumplía con los principios de legalidad ni con normas ambientales.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, dijo en una entrevista al noticiero Hoy Mismo que a pesar que ellos apoyan la inversión privada, el proyecto de la empresa Puente Alto Energy no cumple con los requisitos.
Algunos proyectos ligados a Lenir Pérez han sido declarados como lesivos no solo por algún sector de la ciudadanía sino por la propia presidenta electa Xiomara Castro. La mandataria prometió que revisará el convenio contractual de Palmerola cuando asuma la presidencia.
Los monopolios son prohibidos constitucionalmente y lesivos al interés nacional. Palmerola es un contrato ilegal y un monopolio que cierra toncontin afectando al pueblo que me otorgó su mandato de defenderlo. Ese contrato elimina competencia y será revisado y modificado en ley.
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 11, 2021
Luis Daniel León, director del Instituto Holandés para la Democracia (NIMD), dijo a Contracorriente que es preocupante que siempre que van a haber cambios en Honduras se aprueban cosas y se hace a la carrera, sabiendo que están poniendo en riesgo la gobernanza del siguiente Congreso Nacional. Afirma que estas son prácticas que deberían eliminarse y ser más respetuosos con el relevo del poder y la toma de decisiones.
En el Congreso Nacional 2018-2022, el Partido Nacional gobernó con 61 de los 128 diputados electos y además contó casi siempre con el respaldo del Partido Liberal, que permaneció con 26 diputados. En cambio, el opositor Libertad y Refundación (Libre), con sus 30 curules, nunca pudo hacer una oposición sustancial.
Tanto los congresistas nacionalistas como los liberales fueron más señalados por su corrupción que por su eficacia legislativa. Estas bancadas, siempre que lo quisieron, lograron mayoría simple (65) y calificada (85) para aprobar temas a pesar del amplio rechazo ciudadano como las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE), que quitan soberanía territorial o un nuevo Código Penal que rebajó penas por corrupción pública, lavado de activos y narcotráfico.
«El Congreso saliente se fue en contra de lo que la sociedad pedía. Se le pedía que no aprobara el nuevo Código Penal, se aprobó; aquí se pedía que no se aprobaran las ZEDE, se aprobaron; se le pedía al Congreso que aprobara la nueva ley electoral y se tardaron seis meses en aprobarla, después de un proceso de casi dos años», expresó León.
León añade que la adjudicación de contratos como, el de los rayos X, otorgado a la empresa de Lenir Pérez, y otros más, están totalmente fuera de lugar. Primero porque no se sabe lo que la nueva administración quiere hacer y segundo, porque están dejando nombramientos y compromisos a destiempo. Lo único que eso revela, a juicio de León, es una imagen de poca transparencia.
Diputados vitalicios y el legado de impunidad que deja el Congreso
En enero de este año, el Congreso otorgó la categoría de diputados vitalicios a tres congresistas. Esta categoría, a pesar de no devengar honorarios, les permite inmunidad frente a posibles acusaciones por actos de corrupción pública.
Uno de los beneficiados es Oswaldo Ramos Soto quien fue rector de la Universidad Autónoma de Honduras, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y se desempeñó como diputado desde enero de 2006 hasta enero de 2022. Durante su etapa como rector universitario se le señaló de haber perseguido a docentes y estudiantes con ideas progresistas.
También fue declarado como diputado vitalicio el diputado Óscar Nájera, con más de 30 años en el Congreso Nacional. Nájera ha sido confrontado públicamente por el gobierno de EE.UU. por actos de corrupción y presuntos vínculos con el cartel de narcotráfico “los Cachiros”. Su nombre ha sido mencionado en las Cortes de Nueva York durante los juicios por narcotráfico y figura en la lista Engels, la lista Magnitsky y la lista del Departamento del Tesoro de EE.UU.
También se le otorgó la distinción de diputado vitalicio a Carlos Lara Watson, nacido en diciembre de 1952, quien representó al departamento de Choluteca por el Partido Liberal de Honduras.
Dictamen en primer debate |
— Congreso Nacional (@Congreso_HND) January 20, 2022
-Aprobado en su totalidad #SesiónLegislativa pic.twitter.com/lyYJGnXmK4
En las filas del Congreso Nacional, 2014-2018, estuvo Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, quien fue condenado en EE.UU. a cadena perpetua más 30 años de prisión por delitos de narcotráfico a gran escala. Los fiscales que lo acusaron dijeron que no pudo haber actuado solo sino con ayuda de su hermano, el expresidente Hernández
Hernández, antes de ocupar la silla presidencial, presidió el Congreso durante el período 2010-2014. Luego asumió el expresidente Mauricio Oliva Herrera (2014-2018 / 2018-2022) quien quedó fuera del presente Congreso al lanzarse como aspirante presidencial en estas últimas elecciones y no lograr siquiera convertirse en candidato de su partido. Otros renombrados nacionalistas ya no serán más diputados: Rossel Renán Inestroza Martinez, Oswaldo Ramos Soto, David Chávez, Óscar Nájera, entre otros.
El expresidente Mauricio Oliva se convirtió en diputado del Parlamento Centroamericano violentando procedimientos de ley. Con esa investidura, Oliva tendrá cierta inmunidad frente a posibles acusaciones.
El sociólogo Julio Navarro le dice a Contracorriente que este Congreso Nacional saliente (2018-2022) nunca cumplió con el papel asignado, sino que se convirtió en un «simple tramitador» del Poder Ejecutivo.
«Sin ningún nivel de discusión o de controversias que se podrían dar, los últimos días los dedicó a cumplir las últimas voluntades del Ejecutivo y todas esas voluntades del poder legislativo giraron en función de mantener, consolidar y garantizar que la corrupción que aplicó este gobierno siga con buena salud y reproduciéndose», explicó Navarro.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) judicializó, durante el período 2016-2020, 13 casos y procesó a 113 personas, muchos de estos diputados. Entre estos figuró el caso «Red de Diputados» que implicó a más 60 diputados acusados de malversación de fondos públicos, supuestamente transferidos del poder Ejecutivo a organizaciones de la sociedad civil ligadas a ellos y luego a las cuentas bancarias de los congresistas.
No obstante, en enero de 2017, el Congreso Nacional aprobó una serie de modificaciones a la Ley Orgánica del Presupuesto en las que le exigió al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizar auditorías preliminares e investigaciones especiales de todos los casos de malversación de fondos en los que estén implicados miembros del Congreso Nacional.
Esas modificaciones del Congreso Nacional hicieron que la Corte Suprema suspendiera el proceso y se limitaron las capacidades al Ministerio Público para investigar a diputados señalados de cometer delitos.
ATENCIÓN: EN EL CN SE ACABA DE APROBAR LA AMPLIACIÓN DE 3 A 4 AÑOS PARA QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS NO PUEDA AUDITAR EL USO DE FONDOS PÚBLICOS A ALCALDES, DIPUTADOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS DEL ESTADO. CON ESTA ACCIÓN SE BLINDAN DESCARADAMENTE
— Doris Gutierrez (@Doris_Gutierrez) January 20, 2022
«Este congreso se va con una deuda jurídica y una deuda casi delincuencial por la que le deben de ajustar cuentas, porque la mayoría de cosas que ese Congreso ha aprobado en los últimos 12 años ha sido en detrimento de los intereses ciudadanos», sostuvo Navarro.
La designada presidencial Doris Gutiérrez, que fue diputada durante más de una década en el Congreso, denunció esta semana en su cuenta de Twitter que el Congreso saliente amplió el plazo de 3 a 4 años, para que el TSC no pueda auditar el uso de fondos públicos a alcaldes, diputados y demás funcionarios del Estado.
En ese sentido, el fiscal Luis Javier Santos, beligerante por su actuación como fiscal al frente de la UFECIC cuando tuvo el apoyo la extinta MACCIH, denunció que esto viene a dificultar aún más su trabajo como jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).
Por un lado, amplian plazo al TSC para auditar fondos y por otro, mediante decreto 57-2020 reducen a 5 años el acceso a informacion financiera, al final, aun cuando el TSC audite el 100% de fondos, de nada servirá, porque al @UFERCO1 MP le sera imposible investigar… pic.twitter.com/G1rkrQs305
— Luis Javier Santos Cruz (@Luis_Santos_C) January 21, 2022
Congreso 2022-2026 ¿Cómo será?
Este 25 de enero iniciará una nueva etapa en el Congreso Nacional cuando los nuevos congresistas tomen posesión en medio de un ambiente totalmente sombrío y polarizado.
Libre ganó en las elecciones pasadas 50 diputados, pero ahora está dividido tras expulsar a 18 de ellos; el Partido Nacional cuenta con 44 congresistas, el Partido Liberal 22, Partido Salvador de Honduras (PSH) 10, mientras que la Democracia Cristiana y el Partido Anticorrupción (PAC) cuentan con uno cada uno.
Y es que Libre, que llegó como la bancada más robusta a este nuevo Congreso Nacional, arrastrando divisiones internas y luchas de poder, terminó expulsando a 18 de sus diputados tras acusarlos de alta traición, luego que los disidentes decidieron nombrar a su correligionario Jorge Cálix como el presidente provisional del Congreso Nacional, desobedeciendo a una petición de la presidenta del Ejecutivo, Xiomara Castro, quien pidió apoyo para el diputado Luis Redondo.
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Jorge Cálix, quien podría ser ratificado como presidente del Congreso Nacional el domingo 23 de enero, comenzó su carrera dentro de Libre y ahora es señalado por miembros de su mismo partido de tener afinidad con el Partido Nacional y con grupos empresariales. Asimismo, es acusado, sin pruebas, de haber repartido dinero para llegar a la presidencia del Congreso.
Todavía está por verse el camino y el papel que jugarán estos 18 diputados que fueron expulsados de Libre, ya que ahora no pertenecen oficialmente a ningún instituto político. Por otro lado, Libre tiene el desafío de lograr acuerdos internos y con otras bancadas sin recurrir a más expulsiones.
