Honduras, en el 2020, gastó cerca de 6000 millones de lempiras (unos 248,8 millones de dólares) en atención a la pandemia. Sin embargo, aunque la promesa era que con ese presupuesto se construirían hospitales y se comprarían vacunas, más de un año después, no se ha logrado construir ni un solo hospital y la única compra realizada para infraestructura hospitalaria fue la de siete hospitales móviles que resultaron ser un fraude. En cuanto a la vacunación, Honduras es actualmente el país más atrasado de Centroamérica.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Martín Cálix
*Este reportaje fue desarrollado con el apoyo de la Fundación Thomson Reuters
A mediados de marzo de 2020, cuando apenas había unos pocos casos de COVID-19 en Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández prometió construir 95 nuevos centros hospitalarios, que estarían disponibles y serían distribuidos en todo el territorio hondureño para combatir la pandemia.
«El día de hoy he sancionado un decreto que envié al Congreso y que fue aprobado por una amplia mayoría», dijo Hernández, el pasado 13 de marzo de 2020, refiriéndose a la aprobación de una ley que permitirá acceder a 420 millones de dólares (unos 10,000 millones de lempiras).
El decreto de emergencia que firmó Hernández autorizaba a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h) —una unidad de gestión de proyectos adscrita a la Coordinación General de Gobierno— a contratar directamente obras, bienes y servicios para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia.
El Congreso Nacional hizo su parte. En tiempo récord reformó la ley orgánica de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y de esa forma autorizó que el 70 % de las utilidades netas del ENP desembocaran en Invest-h, para mejorar la infraestructura hospitalaria.
Sin embargo, en el año 2020 y hasta el 11 de febrero de este año, no se ha construido ni un solo hospital nuevo, según información revelada por la Secretaría de Salud, tras una consulta que realizó Contracorriente a través de una solicitud de acceso a la información pública.
Más de un año después de la firma del decreto solo se han recibido dos hospitales móviles comprados por Invest-h en concepto de «transferencia de bienes», según consignó la Secretaría de Salud en el marco de la consulta efectuada por este medio.
Un informe de la Secretaría de Finanzas establece que, durante la pandemia, Honduras ha desembolsado más de 6000 millones de lempiras (unos 248,8 millones de dólares). La lista la encabeza Invest-h que, sin expertos médicos en su equipo, ha gastado 2117 millones de lempiras (88,3 millones de dólares), seguido de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) con 978,7 millones de lempiras (40 millones de dólares); mientras que la Secretaría de Salud ha gastado 527,5 millones de lempiras (22 millones de dólares).
«Mamá, si no me recupero de aquí al lunes, sáqueme de aquí»
La madre de Yasser Cuéllar, doña Nidia Fuentes, una abogada de 53 años, sentada a la par de su esposo, Carlos Arita, un comerciante de 52 años, lamenta y llora de impotencia cada vez que recuerda haber ingresado a su hijo a un hospital móvil.
«Mi hijo decía que estudiaría medicina para ayudar a los demás», dice doña Nidia, quien se encuentra en la segunda planta de una plaza comercial, ubicada frente al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a escasos metros del lugar en el que falleció su hijo el 14 de febrero de 2021 a las 4:23 p. m.
El día de su nacimiento, Yasser Cuéllar, el primogénito de un parto doble registrado en agosto de 1993, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro, luchó para sobrevivir en un hospital que no contaba con una sala especializada para neonatos. Pero su hermano gemelo —que pesó menos de 5 libras— no contó con la misma suerte y falleció 48 horas después.
Yasser sobrevivió en aquella oportunidad, pero 27 años después, a un día de finalizar su servicio social como doctor en cirugía y medicina, murió de coronavirus en el interior de una especie de contenedor de camión, más conocido como hospital móvil, que fue instalado en San Pedro Sula. Esta instalación, a pesar de haber llegado en mal estado desde Turquía a un precio de 15.9 millones de dólares, sigue funcionando como hospital precario.
Honduras compró un total de siete hospitales móviles y siete plantas de tratamiento procedentes de Turquía, a un precio de 47,5 millones de dólares (unos 147,5 millones de lempiras). Estas estructuras ingresaron a Honduras en fechas 10 de julio, 11 de octubre y 20 de noviembre de 2020 y desembarcaron en Puerto Cortés, según el requerimiento fiscal al que Contracorriente tuvo acceso.
El 18 de julio de 2020 se realizó la primera inspección. Esta fue realizada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) a los hospitales que se instalarían en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Los equipos venían usados y en mal estado, incluso había equipo caducado entre los años 2012 y 2016, según establece la acusación del Ministerio Público.
Debido a las pocas opciones para ser atendido en una unidad de cuidados intensivos (UCI), en sus últimos días de vida, Yasser solicitó ser ingresado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero según cuenta su madre el cupo le fue negado porque no estaba afiliado en ese instituto.
En lugar de eso, se le concedió una cama en uno de los siete hospitales móviles, cuya compra es investigada por la Justicia como un enorme fraude por el cual guardan prisión preventiva los abogados hondureños Marco Bográn, exdirector de Invest-h, y Alex Moraes, gerente financiero de esa misma institución, por violación de los deberes de los funcionarios y dos delitos de fraude. Contracorriente intentó en reiteradas ocasiones contactar a la defensa de Marco Bográn y Alex Moraes, para obtener su versión sobre estas acusaciones, sin embargo, no obtuvimos respuesta.
En el marco de la investigación judicial, el Ministerio Público de Honduras ha solicitado también una orden de captura internacional en contra del guatemalteco Axel Gamaliel López Guzmán, de 59 años, de nacionalidad estadounidense, quien es el representante legal de ELMED Medical Systems INC, más conocida como hospitalesmoviles.com, institución que sirvió de intermediaria para comprar esos hospitales.
El hospital móvil de San Pedro Sula, en donde murió Yasser, es el único de los siete que está funcionando, porque el que se instaló en Tegucigalpa (capital de Honduras), apenas funcionó mes y medio, hasta que se determinó que no cumplía con las exigencias y fue reacondicionado para cirugías.
Los cinco hospitales restantes —que todavía no entran en funcionamiento— debían ser instalados en las ciudades de Choluteca, Santa Rosa de Copán, Juticalpa, Danlí y La Ceiba (zonas sur, occidente, oriente y norte del país), pero llegaron con severos daños en su infraestructura física, equipo mojado en su totalidad, con perforaciones dentro de las estructuras y con algunos módulos totalmente oxidados. «El fabricante no contaba con la capacidad ni la experiencia necesaria (…) para el manejo adecuado para los pacientes con COVID-19», estableció el ingeniero biomédico que realizó la inspección, según consta en el requerimiento fiscal.
Según el Ministerio Público, la inspección realizada el pasado 17 de febrero de 2021 al hospital móvil de San Pedro Sula —tres días después de la muerte de Yasser— determinó que «el acondicionamiento no era el adecuado de acuerdo a lo que exigen las normas internacionales de bioseguridad».
El ingeniero biomédico que realizó las inspecciones encontró que estos hospitales no contaban con ventiladores mecánicos ni con monitores de signos vitales, no traían planos eléctricos, ni estructurales, ni un sistema para el manejo de gases médicos, aire acondicionado, flujo de pacientes, ni ningún otro tipo de documentación técnica.
Los hospitales móviles instalados en Tegucigalpa y San Pedro Sula, en áreas críticas como emergencia, triajes y pasillos de ambos hospitales, solo cuentan con lavamanos en los baños, lo que dificulta el cuidado en la desinfección de manos y manejo adecuado de pacientes, según el requerimiento fiscal.
Tras la muerte de Yasser, sus padres conocieron detalles de lo que pasaba dentro del hospital móvil de San Pedro Sula: «Los ratones mordían los cables, la energía eléctrica se iba a cada rato, y las personas que estaban conectadas a oxígeno —cuando se iba la energía en un momento— se descompensaban», cuenta Carlos Arita, al tiempo que su esposa, doña Nidia, agrega: «Tienen una planta, pero tarda cinco minutos en arrancar, así que imagínese: ¡cinco minutos sin oxígeno!».
Según un comunicado del Sistema Nacional de Riesgos (Sinager) del 20 de mayo de este año, en Honduras (un país de 9 millones de habitantes) han fallecido 2859 personas por COVID-19 durante el año 2021, esto hace un total de 6093 desde que llegó la pandemia al país.
No obstante, según datos de la Asociación Nacional de Funerarias, recogidos en una publicación de Diario Tiempo, en Honduras mueren 1100 personas mensualmente a causa de la pandemia. Esta asociación asegura que el Gobierno hondureño esconde sus cifras, ya que hasta abril del presente año son 15,000 personas las que han sido enterradas bajo protocolos de COVID-19.
Transferencias millonarias
El 8 de abril de 2021, el Ministerio Público de Honduras acusó formalmente a Marco Bográn y Alex Moraes de ser los autores directos de ese fraude, mientras que solicitó la captura del guatemalteco Axel López por considerarlo el enlace directo al ser, supuestamente, un cooperador necesario.
Según el requerimiento fiscal, el 25 de marzo de 2020, cinco días después de que el Estado de Honduras hiciera el pago del 100 % de los dos primeros hospitales móviles, Axel López realizó una transferencia internacional por un valor de 5 millones de dólares y una vez que se le realizó el segundo pago, hizo otras cuatro transferencias en fechas 6, 13 y 29 de abril y una última el 22 de mayo de 2020, esto fue ejecutado desde la cuenta de Elmed Medical Systems, INC a la cuenta de Vertisa Cevre LTD STI / Turkiye Garanti Bankasi A. S.
La factura original emitida por Vertisa Cevre reflejó que los hospitales móviles tenían un costo total de 5,000,000 pero Honduras pagó 15,900,032 de dólares, encontrándose una diferencia de 10,900,000 de dólares entre lo pactado y el precio real.
Según una publicación del medio guatemalteco Agencia Ocote, basadas en el libro autobiográfico Cómo hacer negocios exitosos en América Latina, que escribió el propio Axel López —quien se autodenomina un experto en marketing y un consultor de negocios en América Latina—, este empresario que fue secuestrado siendo joven en México cuando buscaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos (EE. UU.) como indocumentado. Según el libro, su familia en EE. UU. pagó el rescate, lo introdujeron secretamente en la parte trasera de una camioneta y lo cruzaron de contrabando por la frontera. En ese texto, el propio López se jacta de sus logros empresariales que le han valido algunos apodos, entre ellos «Mr. Cash King» (Señor rey del dinero), «The Hispanic Guru» (El gurú hispano) y «Mr. HispanoPreneur™» (Una contracción entre hispano y emprendedor en inglés).
El millonario guatemalteco negó conocer a Marco Bográn y a ninguna otra persona con la que selló el acuerdo. Sin embargo, Axel López aseguró que fueron representantes diplomáticos hondureños en EE. UU. quienes lo recomendaron: «La Embajada de Honduras en Washington pasó la información a Honduras para que nos contactaran», dijo el guatemalteco en una entrevista al diario El Heraldo de Honduras.
Luego de esta entrevista, circuló una fotografía de Axel López estrechando la mano de María Antonieta Guillén de Bográn (tía de Marco Bográn), quien fungió como exdesignada presidencial durante el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), lo que confirmó que el guatemalteco sí conocía a la familia del exdirector de Invest-h.
Marco Bográn fue separado de Invest-h el pasado 27 de junio de 2020. Cuando estaba al frente de esa entidad era uno de los funcionarios mejor pagados de Honduras, devengando un salario de 231,932 lempiras mensuales (un poco más de 9500 dólares).
El pasado 7 de mayo —mientras se realizaba una jornada de vacunación contra la COVID-19 al personal de primera línea en la Universidad Católica de San Pedro Sula— el subsecretario de Salud Roberto Cosenza, dijo a Contracorriente que el hospital móvil sampedrano tenía ingresados a 33 pacientes diagnosticados con dicha enfermedad.
Al ser consultado sobre qué pasó con los seis hospitales móviles, Cosenza, un tanto molesto, respondió: «la señora ministra de Salud (la licenciada en pedagogía Alba Consuelo) es la que está encargada en este proceso». Cosenza agregó que, para que no vuelvan a ocurrir casos como los de Yasser, se está vacunando a los internos y médicos de servicio social que están en primera línea: «Estos ya se pueden presentar a trabajar en los diferentes hospitales y centros de salud», afirmó.
Ángel Chiessa, presidente de la asociación de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs), dijo a Contracorriente que a pesar de que la gran mayoría de sus compañeros en servicio social e internos han recibido la vacuna, todavía quedan compañeros de quinto y sexto año a los que no los han inmunizado.
«La muerte de Yasser conmovió a toda la comunidad estudiantil. Llegamos a un momento de impotencia, no sabíamos qué hacer. Hemos desarrollado actividades para exigirle al Estado que nos vacune y que nos dote de equipo de protección personal», sostuvo Chiessa.
El pasado 14 de mayo se reportó la muerte de otro estudiante de medicina, el cual fue identificado como Carlos Alberto Flores Cruz, quien cursaba el séptimo año de su carrera y estaba realizando su internado rotatorio en el área de pediatría en el Hospital de Occidente. La facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) emitió un acuerdo de duelo por el fallecimiento del joven.
El Colegio Médico de Honduras ha reportado, hasta el pasado 14 de mayo, un total de 87 médicos fallecidos a causa de la COVID-19. Pero en lugar de mejorar su infraestructura hospitalaria y vacunar rápidamente a la población, el Gobierno de Honduras ha cerrado, en las últimas semanas, más de 70 triajes a nivel nacional, debido a la falta de fondos, según lo ha denunciado ante medios de comunicación la doctora Suyapa Sosa, presidenta de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como Hospital del Tórax.
El pasado 7 de mayo, mediante un video publicado en redes sociales, siete alcaldes hondureños hicieron una desesperada petición de vacunas al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dado el afán por inmunizar y detener la ola de contagios y muertes en sus municipios. Tras conseguir un sí de Bukele (que no tiene buenas relaciones diplomáticas con Juan Orlando Hernández), uno de los alcaldes denunció amenazas de parte del canciller hondureño Lisandro Rosales.
Los alcaldes hondureños consiguieron recibir las primeras 17,000 dosis de una donación de 34,000 que prometió el Gobierno de El Salvador, que, por cierto, había adquirido esas vacunas a través de una donación de parte del mecanismo Covax.
Durante el primer trimestre de este año, en Centroamérica el país con mayor porcentaje de población vacunada es El Salvador, que ha inmunizado al 10.4 % de su población, le siguen Panamá y Costa Rica con números similares. En tanto, Honduras apenas ha vacunado al 1 % de su población.
De acuerdo con un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), según datos proporcionados por las Secretarías de Salud de cada país, hasta mayo de 2021, El Salvador ha vacunado a 1,851,080 personas, Costa Rica a 1,381,875, Panamá a 837,580, Nicaragua a 411,000, Guatemala a 336,600 y Honduras, en el último lugar, apenas ha logrado inmunizar a 248,600 personas con la primera dosis.
Doña Nidia aseguró que ella y su esposo, al día siguiente de la entrevista concedida a Contracorriente, harían un viaje a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, para aplicarse la vacuna de Moderna, ya que —debido a sus comorbilidades, diabetes e hipertensión, y a la falta de oportunidades para aplicarse la vacuna en Honduras— veían el alto riesgo de fallecer por COVID-19.
El pasado 24 de mayo, el Congreso Nacional aprobó un contrato suscrito el 13 de mayo entre el Gobierno de Honduras y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de 35,000,000 dólares para recursos destinados a financiar la ejecución del programa de apoyo para la implementación del plan nacional de introducción de la vacuna contra la COVID-19 en Honduras.
Medio millón de lempiras pedían para recibir a Yasser en una clínica privada
«Me acuerdo que el Día la Mujer Hondureña (el 25 de enero) él comenzó con unos dolores en la espalda y le dije yo: “¿hijo qué te pasa?”, me dijo: “no sé mamá, me ha estado dando calentura y me ha estado doliendo el cuerpo”, entonces le dije yo: “andá hacete la prueba del covid”», recuerda doña Nidia.
Yasser se realizó una prueba el 27 de enero a las 11 p. m., según relata doña Nidia, y lo hizo en la clínica privada Hospital del Valle. Sin embargo, a pesar de que la prueba dio resultado negativo, los síntomas no se detuvieron. «En la casa él empeoró. Y él era bien radical por ser médico, ellos no entienden de medicinas caseras. Yo quería darle té de manzanilla. Él me decía: “mamá eso no funciona”. Entonces mi esposo lo llevó a hacerle un TAC torácico a una clínica y le salió que ya tenía el 30 % de daño en un pulmón», asegura doña Nidia.
Yasser, sin ningún resultado que confirmara su enfermedad, pasó a ser tratado en casa por un médico particular, quien dijo que para entonces sus síntomas no eran tan graves, pero advirtió que si continuaba agravando tendría que ser trasladado a un centro asistencial. «Pero horas después comenzó a complicarse, incluso el oxígeno de 15 que tenía no le ajustaba. El oxígeno que necesitaba era de 30 o de más», recuerda doña Nidia.
«En la Clínica Bendaña me pidieron 500,000 lempiras (20,739.51 dólares) de entrada para internar a mi hijo. Y me dijeron que después tendría que pagar 250,000 lempiras (10,369.75 dólares) diarios por el tiempo que él estuviera ahí», reveló doña Nidia.
La propuesta de Juan Orlando Hernández de construir casi 100 hospitales sonaba alentadora, pero nunca se puso la primera piedra. Desde su fundación como Estado, Honduras apenas ha podido construir 32 hospitales públicos, y de estos, como ocurre en la zona norte de Honduras, los principales están siendo administrados por fundaciones y no por el Estado, lo que algunos sectores sociales consideran como pasos previos para la descentralización y posterior privatización de la salud.
Las clínicas privadas durante la pandemia no representan una opción para la clase media, y mucho menos para la abrumadora población en pobreza, porque los precios que ofrecen son exorbitantes cuando se requiere que un paciente con coronavirus acceda a una sala UCI.
Un estudio realizado por la UNAH indica que la pobreza en Honduras pasó del 59.3 % en 2019, al 70 % en 2020, debido a la pandemia de la COVID-19 y dos huracanes que azotaron gran parte la zona norte del país, según recoge el sitio La Tribuna.
Un sábado 7 de febrero, Yasser se puso grave. El video de su madre pidiendo auxilio se hizo viral. Ella le manifestó a su médico de cabecera que temía que su hijo muriera si no era atendido en una clínica convencional.
«Que me lleven al seguro social, sé que me van a atender ahí, porque yo también soy médico», recuerda doña Nidia que le decía su hijo. Sin embargo, ella asegura que estuvo llamando al Servicio de Emergencias 911 desde las 7 p. m. hasta las 3:40 a. m. sin recibir ninguna ambulancia. «Solo me decían: ya se la voy a mandar. Yo les decía: “mi hijo es médico, tienen que moverlo”. Entonces mi otro hijo, Israel, junto a otras cinco personas, me ayudaron a bajarlo, porque mi casa es de dos plantas. Fue subido al carro y como no quisieron recibirlo en el Seguro Social, fue llevado al hospital Leonardo Martínez. En el Leonardo Martínez lo atendieron bien. En los dos primeros días le habían quitado una mascarilla de reservorio y mi hijo hablaba bien», asegura doña Nidia.
Yasser es trasladado a uno de los hospitales móviles
En el hospital público Leonardo Martínez, el segundo hospital más importante de la zona norte de Honduras, que es manejado por una fundación, Yasser parecía mejorar: «Inclusive pedía libros para estudiar. Le consulté a los doctores que estaban ahí si era necesario moverlo, me dijeron: “mire, tiene sus ventajas y sus desventajas”». comenta doña Nidia. Sin embargo, confiesa que para entonces el joven estudiante tenía un 80 % de daño en sus pulmones. Además recuerda que se continuaron haciendo gestiones para mandarlo al seguro social, donde sí contaban con buenas salas de UCI, pero luego surgió la última opción: el hospital móvil de San Pedro Sula.
«Jamás creí que lo movería solo para que muriera. Mil veces lo hubiera dejado en el Leonardo Martínez, porque ahí me lo atendían sus compañeros. Pero finalmente logré moverlo al hospital móvil del Mario Catarino Rivas», revela la madre de Yasser.
El Congreso Nacional, a través de la Ley de Auxilio al sector productivo y los trabajadores, autorizó a Invest-h para realizar compras directas, además exoneró de impuestos las compras de esta institución, incluso le permitió suscribir contratos por medios electrónicos.
Para el Ministerio Público todo estaba planificado, ya que Marco Bográn, a través de un chat denominado «Alta gerencia Invest-h», hacía referencia a que tenían que comprar 10 hospitales móviles, sin haber recibido la solicitud formal por parte de la Secretaría de Salud para la adquisición de los hospitales de aislamiento.
Posteriormente, la secretaria de Salud de Honduras, Alba Consuelo, solicitó a Marco Bográn que construyera o adecuara obras de infraestructuras médicas provisionales. Entre estas, la adquisición de siete hospitales de aislamiento para la atención de pacientes de COVID-19 y que estos contaran por lo menos con 200 salas de UCI. El mismo día que Marco Bográn recibió la solicitud de la Secretaría, envió al grupo de chat «MCA Honduras, Alta Gerencia» los enlaces de los hospitales móviles a adquirir y explicó que se haría bajo un contrato «Llave en mano», sin dar mayores explicaciones.
Yasser, un joven atleta sin enfermedades de base
Doña Nidia cuenta que su hijo Yasser, un joven saludable y con mucha energía, además de estudiar medicina, había sacado un curso para chef y cursaba la carrera de derecho y conjuntamente frecuentaba un gimnasio.
Aseguró que Yasser, un 26 de marzo de 2016 sobrevivió a un accidente de tránsito que lo dejó 11 días en UCI: «Cuando despertó, Yasser, lo primero que dijo es que Dios le había dado la oportunidad de vivir para terminar la carrera que a él le gustaba», recuerda Nidia. Esta madre añade que aquel accidente hizo que Yasser se atrasara más de un año en la continuación de sus estudios, lo que provocó que su servicio social lo desarrollara en medio de la pandemia.
Durante su servicio social, Yasser fue asignado en el aeropuerto internacional de San Pedro Sula, el que más vuelos con migrantes retornados recibe: «Yasser a veces pagaba las mascarillas y su equipo con su propio dinero», recuerda su madre.
Nidia agrega que cuando comenzó la pandemia le dijo que se cuidara porque en principio lo mandaron al congestionado centro de salud Paz Barahona: «Luego lo cambiaron al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales para que recibiera a los deportados. Yo le dije que mejor perdiera el año porque el sistema no le estaba dando lo que necesitaba y que se podía contagiar, pero me dijo: “mami, ya voy a terminar y me faltan pocos días”», revela doña Nidia.
Según datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, en los primeros tres meses de este 2021, fueron deportados a Honduras 13,139 inmigrantes desde EE. UU. y México. Muchos de los deportados hondureños a los que atendió Yasser, no venían con sus respectivas pruebas de COVID-19 ni tampoco se respetaban los protocolos de bioseguridad.
Axel López transfirió el dinero a la empresa turca hasta después de recibir el pago de Honduras
En el chat, Marco Bográn, le expuso al grupo de «Alta Gerencia» que los precios de los hospitales oscilaban en un valor entre 6 a 8 millones de dólares, sin ningún soporte formal por parte del proveedor.
El 17 de marzo de 2020, una persona que se identificó como el representante legal en Honduras de la empresa HospitalesMoviles.com —cuyo nombre aparece tachado en requerimiento fiscal— envió un correo a Marco Bográn con la oferta de adquisición de los hospitales móviles y adjuntas una orden de compra o contrato (en idioma inglés) y una factura, pero no se determinaban las especificaciones técnicas, características, equipo médico, camas, capacidad de atención, ni los precios por dichos hospitales móviles.
La orden de compra violó la ley de la contratación del Estado porque debió ser emitida por Invest-h, en idioma español, pero antes debió haberse hecho una negociación y formalización correspondiente para buscar precios más ventajosos. Marco Bográn no sometió a discusión el precio ante el Consejo Directivo de Invest-h previo a la suscripción del contrato, ni tampoco la aprobación del monto.
Bográn suscribió dos contratos con HospitalesMoviles.com a través de dos órdenes de compra, la primera para la compra de dos hospitales móviles el 19 de marzo de 2020, ambos con capacidad para 91 camas, por un monto de 15,900,032 dólares equivalente en lempiras a 392,784, 440.51.
La segunda compra fue ejecutada el 2 de abril de 2020 para la adquisición de los restantes cinco hospitales, cada uno con capacidad para 51 camas y siete plantas de tratamiento, por un precio de 31,562,532 dólares (781,731,323.82 lempiras).
La contratación de esas sumas millonarias fueron hechas a través de simples correos electrónicos, procedimiento que era ilegal al momento de la suscripción de las órdenes de compra porque la reforma sobre Ley de Firmas Electrónicas se hizo hasta el 3 de abril de 2020.
En ambas fechas el dinero se pagó completo, en total una cantidad de 47,512,564 dólares (147,517,764.33 lempiras). El pago fue autorizado por Bográn y ejecutado por Alex Moraes, omitiendo exigir al proveedor una garantía de anticipo de fondos, garantías de mantenimiento de ofertas, garantía de calidad, como lo establece la ley de contratación del Estado.
El dinero para la compra de los hospitales móviles fue sustraído de la Tesorería General de la República registrada en el Banco Central de Honduras, estos provenían del presupuesto de la ENP.
Los funcionarios utilizaron el procedimiento de Oficio de Compra de Divisas (OCD) que fueron transferidos por medio de Citibank EE. UU., banco que a su vez transfirió los fondos a una cuenta a nombre de Elmed Medical Systems, INC en el banco JPMorgan Chase, de Orlando, Florida, EE. UU., y en donde tenía firma autorizada Axel López.
«No me están poniendo los medicamentos»
Una vez que doña Nidia internó a su hijo en el hospital móvil de San Pedro Sula, esta le dio un teléfono para mantener contacto. «Con ese teléfono él mismo me decía: “mire mami, a mí no me están poniendo los medicamentos, aquí me dejan inconcluso, pero usted no se vaya a quejar porque voy a tener problemas”», revela doña Nidia, y también recuerda: «Eso fue un sábado. Él me puso en el mensaje: “mire mami: si no me recupero de aquí al lunes sáqueme de aquí”. Entonces lo que hice fue comenzar a moverme para sacarlo. Era un sábado, pero ya me dijeron los doctores que no lo podía mover», recuerda.
Doña Nidia asegura que el 14 de febrero, el día que murió Yasser, él estaba saturando 96 de oxígeno y todavía no se explica qué pasó: «Cuando le fui a dejar un medicamento, me dijeron que estaba estable. Como a la 1 p. m. me están llamando que necesitaban un medicamento y que tenía que llevárselo. Anduve buscándolo por todos los lugares, cuando ya no lo encontraba me dijeron: “su hijo ya está saturando 53”. Después me dijeron: “su hijo está saturando 13”. Y a las 4:23 p. m. me llamaron para decirme que mi hijo estaba muerto».
Agrega que en el hospital móvil le devolvieron la bolsa con varios frascos del medicamento que tanto había buscado: rendesivir (indicado para pacientes hospitalizados con neumonía, que manifiestan necesidad de oxígeno) que, según doña Nidia, obtuvo por 8500 lempiras cada frasco (unos 352.55 dólares). «¡Entonces al cipote no le pusieron la medicina!», lamenta.
Doña Nidia cuenta que le pagaba a un médico para que le pusiera los medicamentos a su hijo y le cambiara el pañal. «Pero ni eso hacían. Mi hijo permanecía sucio. Esa persona me dijo: “mire abogada si aquí solo hay seis enfermeras y en ese momento había como 57 a 60 pacientes. No se dan abasto”», contó doña Nidia. También asegura que ese doctor —al que ella pagaba por información— le reveló que en el hospital móvil «andan ratones encima de los pacientes».
Doña Nidia revela que el teléfono de su hijo le fue devuelto, sin embargo, ya habían borrado toda la información. «Estaba todo borrado. (…) No sé qué pasa dentro de esos hospitales móviles», asegura.
Tegucigalpa en la misma situación
El Hospital Escuela Universitario (HEU), el más grande de Honduras, apenas tiene cupo para atender a 145 pacientes con COVID-19, de los cuales, solamente 16 pueden tener acceso a la UCI y únicamente otros 16 pueden tener la oportunidad de recibir oxígeno de alto flujo.
El 1 de febrero de 2021, uno de los primeros pacientes atendidos en el hospital móvil de Tegucigalpa, identificado como Franklin Díaz, falleció, justo el mismo día de la inauguración.
Organizaciones de derechos humanos amenazaron con llevar el caso al Ministerio Público argumentando negligencia médica estatal. Mes y medio después, el director del HEU, Osmín Tovar, aseguró que el Hospital Modular o Móvil de Tegucigalpa ya no atendería pacientes con COVID-19.
La vocera del HEU, Juliett Chavarría, le explicó a Contracorriente que «se vio que el hospital modular no cumplía en su totalidad con las condiciones para atender a estos pacientes. Y como el hospital modular pertenece al Hospital Escuela, se tomó dicho lugar como un centro quirúrgico».
Chavarría le confiesa a Contracorriente que no han existido nuevas construcciones en ese centro hospitalario, sino que se han realizado algunas remodelaciones en áreas como morgue, pediatría, consulta externa y radiología: «La sala UCI para pacientes con COVID-19 ha estado en un 100 % en las últimas semanas, actualmente está en su capacidad máxima. Si queda un cupo es de una persona que fallece y en el instante está otro esperando ese cupo».
La falta de oxígeno de alto flujo y de camas de las salas de UCI en Honduras ha provocado que un hondureño muera cada 30 minutos, según los datos brindados por el presidente de médicos en San Pedro Sula del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos Umaña.
Chavarría informó que el hospital móvil de Tegucigalpa se habilitó en el mes de marzo para pacientes con COVID-19, con apenas 12 cupos. Durante su corto funcionamiento atendió únicamente a 36 pacientes, sin embargo, este nunca cumplió con los estándares que la emergencia ameritaba.
Contracorriente hizo un recorrido por el portón número 6 del HEU, lugar por donde ingresan a los pacientes. Ahí, José Antonio Gutiérrez, un capitalino que tenía internada desde hacía cuatro semanas a su madre con neumonía en un 90 %, aseguró que su progenitora ya estaba estable.
Sin embargo reveló que él tuvo suerte: «La semana pasada vino una señora, pero no halló cupo. La ambulancia tuvo que llevársela para otro lado», dijo Gutiérrez. quien al ser consultado si sabía a dónde se la llevaron, solo se encogió de hombros.
