Berta Isabel Cáceres fue asesinada hace 930 días; después de todo ese tiempo, entre petardos y rituales indígenas, inició el juicio contra ocho de los implicados en su asesinato. Media hora después, el juicio fue suspendido hasta nuevo aviso ante un recurso de recusación que los familiares y los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) interpusieron contra el tribunal de sentencia. Un tribunal de sentencia que las víctimas consideran ha fallado en garantizar sus derechos.
En esta primera audiencia oral y pública comparecerían ocho de los imputados por el crimen de la lideresa indígena, entre ellos Sergio Ramón Rodríguez quien al llegar a la sala donde se daría la audiencia se diferenció de entre los otros implicados al vestir con camisa de cuello y pantalones formales –los demás usaban un buzo de ejercicio y una camiseta blanca– también era el único que tenía un grupo de al menos cien personas pidiendo su liberación en las afueras del lugar donde se realizaba el juicio.
La noche anterior a la audiencia que nunca fue
Una noche antes de estos acontecimientos, representantes de pueblos indígenas de diversos puntos del país se apostaron frente a los portones de la Corte Suprema de Justicia para realizar una vigilia y solicitar el enjuiciamiento de los actores intelectuales en el asesinato.
“Vamos a seguir ratificando que el asesinato de Berta Cáceres fue un asesinato de Estado –decía Miriam Miranda quien fue su compañera en la lucha por muchos años– los verdaderos culpables son los grupos de poder económico que están instalándose vorazmente sobre muchos territorios en Honduras” agregaba.
Miriam Miranda es coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), y asegura estar consciente del peligro que representa defender el agua, la tierra y la vida en Honduras, pero una noche antes del inicio del juicio por el asesinato de su amiga, recuerda lo que en varias ocasiones platicaba con la líder Lenca: “alguien tiene que alzar la voz a pesar del peligro”. Miriam alzaba la voz y tocaba las maracas en una noche donde la mayoría de los asistentes eran garífunas.
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En 2016 el impacto del asesinato de Berta Cáceres fue mundial, por eso se espera que mientras dure el juicio, una representación de al menos 17 organizaciones de diferentes países del mundo se mantendrá observando el proceso, además de los representantes de los pueblos indígenas de Honduras. Lolita Chávez lideresa del pueblo Quiché en Guatemala mencionó: “Estamos exigiendo justicia cósmica, los asesinatos no se están dando solo por los perpetuadores materiales, aquí hay actores intelectuales, políticos y económicos”.
En todo el campamento que se apostó esa noche frente a la CSJ había un apellido que hacía eco entre la gente y Themis –la diosa de la justicia– que observaba en la oscuridad. La parte acusadora que defiende a las víctimas del asesinato propuso el testimonio de Daniel y Jacobo Átala como medios de prueba. Antes de comenzar el juicio, los jueces que llevan el caso declararon inadmisible dicho medio de prueba.
Laura Zúniga Cáceres al finalizar la audiencia del 4 de septiembre de 2018 en la Corte Suprema de Justicia, donde se acordaría dar inicio el juicio para el día 17 de septiembre.. Foto: Martín Cálix.
Los nombres ausentes
La reprogramación de una audiencia no es nueva en este caso, en la etapa anterior a la audiencia oral y pública se reprogramó la proposición de pruebas debido a que los abogados de la fiscalía del Ministerio Público no habían proporcionado toda la información tanto a la parte acusadora como a la defensa de los imputados.
Entre los medios de prueba que la parte acusadora presentó, estuvo el llamado a declarar de varios ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA): Daniel Átala y Jacobo Átala Zablah –presidente BAC Credomatic, uno de los grupos financieros más importantes del país– quienes según la familia de Berta Cáceres representaban “una esperanza de llevar a los autores intelectuales del asesinato”.
DESA es la empresa dueña de la concesión sobre el Río Gualcarque, para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Esta empresa es a la que se enfrentó Berta Cáceres y por la que sufrió criminalización y persecución.
En la audiencia de proposición de pruebas, los jueces, que entre risas hablaban en secreto cada vez que un medio de prueba era rechazado a la defensa privada de la familia de Berta Cáceres, finalmente rechazaron que estos directivos se presentaran a declarar.
“Con esto, se reduce todo solo al momento del 2 de marzo cuando disparan contra mi mami –mencionaba el 4 de septiembre Laura Zúniga Cáceres, hija menor de Berta Cáceres– se borra la autoría intelectual de este asesinato y nos preocupa que no se enjuicie a quienes pagaron porque la mataran.”
Según las investigaciones del Ministerio Público los involucrados en la noche del 2 de marzo, encargados de asesinar a Berta Cáceres y acusados de asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra el ambientalista mexicano Gustavo Castro son: Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte Meza, Óscar Arnaldo Tareas y Sergio Ramón Rodríguez.
Rodríguez, gerente de DESA es defendido por los abogados Celeste Cerrato y Jair López, abogados cercanos al exfiscal adjunto Rigoberto Cuellar quien también fue ministro de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA). Durante la audiencia de proposición de pruebas afirmaron que otros miembros directivos de la empresa no debían llamarse a declarar pues “el juicio no es contra DESA, aquí quien está sentado es Sergio Rodríguez, así que deben juzgarse solo las personas que están sometidas al proceso”. Sergio Rodríguez parece el eslabón más cercano a la intelectualidad del asesinato.
Organismos internacionales como las Naciones Unidas han acompañado las audiencias previas al juicio. Foto: Martín Cálix.
El cariño hacia un presunto asesino
El día que la audiencia de proposición de pruebas terminó, Sergio Rodríguez salió con una bolsa de comida rápida de la sala primera de juicios orales, solo durante el juicio se le ha visto con el semblante serio, casi siempre les sonríe a los conocidos que encuentra en la sala, incluso a varios periodistas.
Mientras se daba inicio a la primera audiencia –que luego procedería a suspenderse– un grupo de pobladores de tres aldeas aledañas al sector de Río Blanco se manifestaron con pancartas frente a la CSJ en apoyo a Sergio Rodríguez. Una de esas pancartas decía “Sergio Rodríguez te llevamos en el corazón”.
Según Aquilino Madrid Muñoz, uno de los asistentes a este plantón en favor del imputado, “así como se está haciendo un juicio para los que están inocentemente presos queremos un juicio en contra de los asesinos de varias personas de nuestra comunidad, queremos un juicio para los miembros del COPINH”.
“No andamos pagados, nos movemos por la injusticia –decía este hombre después de un pelea que tuvieron con poblaciones indígenas que permanecían en apoyo a la causa de Berta Cáceres– el único proyecto que nos estaba llevando desarrollo era el que él –Sergio- coordinaba”, finalizó.
Minutos después de este enfrentamiento se suspendería el juicio a causa del recurso de recusación que presentó el equipo legal de la familia Cáceres, donde se señala que los miembros del tribunal de sentencia han cometido abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y negación de justicia. Según Melvin Duarte, portavoz de la CSJ, no se puede señalar una fecha de continuidad hasta que la Corte de Apelaciones resuelva los amparos y la recusación.
Miembros de COPINH acompañan a Berta Zúniga Cáceres en el desarrollo de las audiencias previas al inicio del juicio pactado para el 17 de septiembre. Foto: Martín Cálix.
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