Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
Con colaboración de Leonardo Aguilar
Después de reunirse en el Congreso Nacional, los jefes de bancada decidieron que el 10 de febrero se llevará a cabo la elección de los próximos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Mientras tanto, en Contracorriente continuamos perfilando a los candidatos cuestionados y que figuran en las listas de los distintos partidos políticos para ser las próximas autoridades del Poder Judicial.
Entre las candidatas y los candidatos que tuvieron tachas y denuncias en contra y que están dentro de la lista que presentó el Partido Libertad y Refundación el 25 de enero están: Milton Jiménez Puerto (Partido Libre), Anny Belinda Ochoa (Partido Nacional) y Gaudy Alejandra Bustillo (Partido Nacional).
En el caso de la lista sugerida por el Partido Salvador de Honduras (PSH) y anunciada el 1 de febrero previo a la reunión de jefes de bancada, los candidatos y candidatas cuestionados son: Milton Jiménez Puerto, Gaudy Alejandra Bustillo, Roxana Liceth Morales y entre otros postulantes a considerar, Linda Patricia Reyes.
Casi todas las resoluciones declaradas sin lugar en contra de estos candidatos, fueron resueltas por unanimidad de votos en la Junta Nominadora. Sin embargo, en el caso de las denuncias en contra de la candidata Anny Belinda Ochoa y el candidato Milton Jiménez Puerto, los representantes de sociedad civil votaron en contra de declarar sin lugar sus tachas, por lo que estas fueron desvirtuadas por mayoría de votos y no por unanimidad.
Raúl Pineda, abogado constitucionalista y expostulante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo a Contracorriente que todavía no se han revelado las interioridades que se dieron dentro de la Junta Nominadora para la elección de las próximas autoridades del Poder Judicial, y que, al final, pareciera que la nómina de 45 candidatos y candidatas fue algo que creó muchas expectativas y que al final no se vio reflejado en el esfuerzo de la Junta.
«Yo creo que todavía no se han revelado algunas interioridades que se dieron en el proceso de la Junta y que al final la nómina resultó de una especie de ´El parto de los montes´ (título de una fábula de Esopo, fabulista de la Antigua Grecia, referente a acontecimientos que se anuncian como algo más grande de lo realmente termina siendo) donde hubo mucho ruido, muchas esperanzas, muchas expectativas pero que al final no valió la pena para tanto esfuerzo y tanto sacrificio por parte de los miembros de la Junta Nominadora y de la sociedad en general», expuso Pineda.
«Yo conozco casos, el caso al menos de una persona que no pasó el examen de conocimientos pero que la siguiente semana estaba totalmente habilitado para continuar su participación en la competencia, parientes de postulantes que trabajaban con la Junta y otra serie de cosas que no nos parece correcto. Siento que pudo haber sido mejor el trabajo de la Junta, pero el equipo de respaldo y técnico no estuvo a la altura», manifestó el abogado.
La Junta Nominadora estuvo integrada por representantes de siete sectores, entre ellos: Olban Valladares y Helui Castillo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep); Waldo Rivera y Julissa Aguilar del Claustro de Profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; Mario Urquía y Reina Nájera del Colegio de Abogados de Honduras (CAH); María Elena Sabillón y Joel Almendarez de la Conferderación de Trabajadores; Josue Padilla y Daysi Rodriguez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y Martha Dubón y Tomás Andino de la sociedad civil. En la secretaría técnica estuvieron Gustavo Solorzano, Ariel Díaz y Karol Bobadilla, Karla Alegría y Rafael Jeréz.
Además, Pineda aseguró que la Junta Nominadora actuó en favor del partido de Gobierno, siendo un ejemplo de esto la nómina presentada por el Partido Libre en la sesión legislativa del 25 de enero, y que, aunque existan sectores dentro de la Junta que obedecían a otros partidos políticos, podrían ahora obedecer a los intereses del partido actual, pues «nadie en su afán de sobrevivir quiere enfrentarse al poder», dijo.
Presentamos aquí cada una de las denuncias, los descargos y las resoluciones de la Junta Nominadora sobre los candidatas que continúan en el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ):
Gaudy Alejandra Bustillo Martínez
Denuncia:
Según la denuncia TD-PCSJ-60-2022 se le acusó de ser funcionaria pública y al mismo tiempo ofrecer servicios como notaria pública, es decir, de ostentar distintos cargos públicos a la misma vez. Algo que está prohibido en el Código del Notariado, pues cuando los notarios ostentan cargos públicos, tienen el deber de cerrar sus protocolos.
Descargo:
Bustillo alegó que su protocolo de notaria estaba debidamente cerrado, y que mientras fue comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) solicitó una licencia sin goce de sueldo en el Instituto de Previsión Militar (IPM) mientras además era docente a medio tiempo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).
Resolución:
Tacha declarada sin lugar por unanimidad de votos.
Roxana Liceth Morales Toro
Denuncias:
Acusada de negarse a pagar el fuero sindical a trabajadores del Sindicato del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos, Alcantarillados y Similares (Sitrasanaays) cuando esto ya se había garantizado vía resolución en 2019 (TD-PCSJ-4-2022). También fue acusada de otorgar 21 cartas de libertad al expresidente Leonardo Callejas en la denuncia TD-PCSJ-120-022.
Descargo:
Sobre la denuncia TD-PCSJ-4-2022 en la que la candidata es acusada de vulnerar los derechos laborales de trabajadores del Sitrasanaays, Morales respondió que no solo su criterio fue tomado en cuenta, sino el de todos los colegiados de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán.
Sobre la segunda tacha (TD-PCSJ-120-022), la candidata aseguró que no es cierto que haya otorgado 21 cartas de libertad al expresidente Callejas debido a que no formó parte del Juzgado de Letras Primero de lo Criminal en Tegucigalpa, en donde fueron imputados los delitos en contra de Leonardo Callejas, y ella en ese tiempo integraba el Juzgado Segundo de lo Criminal.
Resolución:
Denuncias declaradas sin lugar por unanimidad de votos.
Anny Belinda Ochoa Medrano
Denuncia(s):
Entre las nueve denuncias presentadas en su contra están: no entregar a tiempo la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras (CAH); omitir realizar una investigación en contra de dos funcionarios judiciales mientras era Supervisora General del Poder Judicial y, mientras desempeñaba ese cargo, dejar impunes actos de responsabilidad administrativa de jueces allegados a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Partido Nacional.
La postulante también fue denunciada por dictar un fallo sin atender un proceso investigativo, en el cual dictaminó una adopción en favor de una familia de alta posición política y económica del país. Además, se le acusó de negar realizar investigaciones mandadas por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) en contra de tres magistrados que dictaron sobreseimiento a los 22 imputados en el Caso Pandora mientras era Inspectora General de Tribunales en 2018.
Descargo:
Sobre las denuncias TD-PCSJ-06-2022, TD-PCSJ-23-2022 y TD-PCSJ-86-2022 en las que señalan que la postulante Anny Ochoa no se retiró del cargo como presidenta del CAH (cuando debía hacerlo el 30 de abril de 2020 y lo hizo hasta septiembre de 2020), la candidata respondió que se resolvía un recurso de amparo mientras ella continuaba siendo la presidenta del CAH y esto hizo que las autoridades continuaran de manera provisional. Ya resuelto el recurso, se procedió a hacer el traspaso a Fredis Cerrato.
Sobre la denuncia TD-PCSJ-41-2022, sobre la omisión de Ochoa de realizar una investigación contra dos funcionarios judiciales mientras ella era Supervisora General del Poder Judicial, la candidata respondió que ella no tuvo conocimiento de ese asunto, sino la Inspectora Adjunta.
En el descargo de la denuncia TD-PCSJ-88-2022, sobre haber dejado impunes actos que conllevan responsabilidad administrativa de jueces y servidores judiciales allegados a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Partido Nacional (precisamente en el caso de la abogada Ingrid Monzón López), Ochoa respondió que esta denuncia no cuenta con ningún medio de prueba que acredite su mal proceder, pero aun así hizo referencia al principio de independencia judicial.
En la tacha TD-PCSJ-87-2022 se denunció a la candidata por el mal manejo de un expediente que conocieron en la Corte de Apelaciones de lo Civil, el cual enviaron de forma tardía. Ochoa contestó que, como la denuncia no era en contra de una persona específica, se investigaron a todos los empleados y funcionarios que están asignados al despacho.
Sobre la tacha TD-PCSJ-42-2022 en la que se acusó a Anny Ochoa de no atender un proceso investigativo mandatorio en el caso de niñez en el que ella omitió informar al Instituto Hondureño de la Niñez y Familia (Ihnfa) sobre el caso de una menor que estaba siendo conocido por ella como juez y terminó concediendo una adopción a favor de una familia con alta posición política y económica, Ochoa respondió que sí conoció el expediente registrado bajo el número 280-2012 que trataba de una menor en situación de riesgo social pero estableció que su actuación fue en el marco de la Ley para salvaguardar los derechos de la menor y que finalmente ella no concedió la adopción.
Sobre la denuncia TD-PCSJ-135-2022, sobre que Ochoa, siendo Inspectora General de Tribunales (2018), se negó a realizar investigaciones a tres magistrados por el delito de prevaricato por órdenes de la Uferco, la candidata explicó los parámetros establecidos en la Ley de la Carrera Judicial (artículo 5) establecen que «se exceptúan de la aplicación de este régimen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia», por lo que, en su función como Supervisora, se limitó a la aplicación de esta Ley. Además, Anny afirmó que no existe denuncia del fiscal Luis Javier Santos sobre ese asunto en la Supervisión General del Poder Judicial.
En la denuncia TD-PCSJ-32-2022 se acusó a la candidata de recibir al abogado Mauricio Velazco Laínez mientras era presidenta del CAH quien pidió el apoyo de la institución para solicitar al fiscal general Oscar Chinchilla iniciar investigaciones sobre amenazas en su contra y de su familia, lo que habría obligado a Velazco a dejar Honduras. Esta solicitud se realizó el 23 de noviembre de 2018 y al no recibir respuesta se volvió a realizar el 25 de enero de 2019 y el 30 de mayo de 2019. Sobre esto, Anny respondió que, en efecto, todo lo de la denuncia es cierto, ella recibió a Velazco, pero indicó que la Junta Directiva del CAH que ella recibió en el periodo 2018-2020 no contaba con una normativa que amparara actuaciones en materia de prevención, seguridad y atención a los abogados en situaciones de amenaza. Fue por eso que hasta la asamblea del 30 de abril de 2019 se aprobó el reglamento para decretar las medidas de protección de los abogados lo cual fue publicado hasta el 26 de julio de 2019; pero que de igual forma se realizaron las acciones sobre este tema al hablar con autoridades del Ministerio Público y se logró firmar un convenio con la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
Resolución:
En cuanto a la denuncia sobre el caso de la abogada Ingrid Monzón, la junta estableció que esta resolución tiene un razonamiento contradictorio, y que cualquier observador podría considerar que la conducta de Anny Belinda Ochoa es reprochable, «pero a renglón seguido la exonera de cualquier responsabilidad», además, la Junta admitió que existe una falta de diligencia de la abogada postulante, pero que «estas son situaciones que pueden ser analizadas en la matriz de evaluación técnica de este proceso de selección».
En la votación, la Junta declaró por unanimidad sin lugar las denuncias TD-PCSJ-06-2022, TD-PCSJ-023-2022, TD-PCSJ-86-2022 y TD-PCSJ-88-2022; y por mayoría de votos declaró sin lugar las denuncias TD-PCSJ-41-2022, PD-PCSJ-42-2022, TD-PCSJ-87-20222 y TD-PCSJ-135-2022, en las que no estuvieron de acuerdo los representantes de la sociedad civil.
Linda Patricia Reyes Interiano
Denuncia:
El denunciante indicó que Reyes Interiano se encuentra con una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por el delito de prevaricato judicial (denuncia TD-PCSJ-44-2022).
Descargo:
Sobre la denuncia interpuesta por la abogada Milena María Castellón contra la candidata por prevaricato judicial, Linda Patricia Reyes indicó que, según el informe de la Secretaría de la Corte de Apelaciones de lo Civil en San Pedro Sula, han existido dos recursos de apelación impetrados por la abogada Castellón en los que ella ha tenido que ser magistrada propietaria y que han sido dictadas conforme a derecho, y aseguró que existe una confusión en cuanto a nombres y las acciones judiciales que se han entablado.
Resolución:
Declarada sin lugar por unanimidad de votos de la Junta.
Nelson Danilo Mairena Franco
Denuncias:
En la denuncia TD-PCSJ-39-2022 se le acusó de tráfico de influencias para resolver a favor de su esposa, quien actúa en representación de la empresa Publicidades Garnier S.A., en el que el Juzgado de lo Civil de Francisco Morazán que consiste en la prohibición de innovar y celebrar actos y contratos, que por su numeración conoció la corte segunda de lo civil, en el cual el abogado Mairena Franco cedió el poder a Yesica del Carmen Miranda para simular que no influiría en la sentencia, pero esto se evidenció para la manipulación del derecho y el abogado Mairena con el cargo que ostentaba; pero logró que se revocara una medida cautelar irrevocable. También la denuncia señala que Nelson Mairena realizó una transacción de compra venta de un inmueble propiedad del representado de la denunciante utilizando como testaferro a su esposa y a una empleada doméstica.
Descargo:
Ante la denuncia, Danilo Mairena respondió que él es magistrado integrante de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, pero que no es funcionario ni tiene oficina ni sueldo en el poder judicial, sino que se integra a la Corte cuando se lo solicitan y se le paga una dieta por la audiencia a la que haya asistido. Además, Mairena señaló que no es cierto que haya influenciado en el pleito en cuestión, debido a que la primera sentencia fue favorable a la denunciante y que en la segunda sentencia que se le señala por tráfico de influencias fue la denunciante quien no interpuso recurso contra la mencionada sentencia, por lo que quedó firme.
Resolución:
Denuncias declaradas sin lugar por unanimidad de votos de la Junta.
Milton Danilo Jiménez Puerto
Denuncias:
En las dos denuncias (TD-PCSJ-80-2022 y TD-PCSJ-108-2022) se le acusó de actos irregulares mientras era comisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y Canciller de la República. Además, se le acusó de problemas con las fuerzas de seguridad y de infracciones a la Ley de Tránsito.
Descargo:
En su descargo Milton Jiménez Puerto respondió que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR) le han remitido constancias que constatan que no tiene ningún tipo de responsabilidad firme ni existe intervención alguna por presunción de enriquecimiento ilícito, así como no tener registros de denuncia penal en el Ministerio Público, ni demandas contra el Estado de Honduras según la PGR.
Sobre la denuncia TD-PCSJ-108-2022, Jiménez Puerto dijo que los altercados con la Policía Nacional se debieron a detenciones arbitrarias y que en ningún caso se le ha acusado de manejar un vehículo infringiendo las leyes de tránsito y que él logró probar su inocencia en cuanto al delito de portación ilegal de armas indicando que en las ocasiones que ha sido detenido ha sido objeto de brutalidad policial debido al escrutinio público por el ejercicio de su función pública por hechos acaecidos durante los años 2007, 2008, 2009 y 2013.
Resolución:
En la votación, la junta declaró sin lugar las denuncias por mayoría de votos, en lo que fue disidente la sociedad civil.
José María Díaz Ávila
Denuncia:
Según la denuncia TD-PCSJ-38-2022, se acusó a José María Díaz de no brindar respuesta a un profesional del derecho que solicitó «protección solidaria y gremial» para su vida y profesión mientras el candidato era presidente del Colegio de Abogados de Honduras en 2016.
Descargo:
En su respuesta, José María Díaz dijo que las solicitudes y comunicaciones deben remitirse a la secretaría del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), por lo que el denunciante obvió la utilización de los canales correspondientes, y dijo que el tema era más familiar que del denunciante y no era algo por el ejercicio de su profesión.
Resolución:
Declarada sin lugar por unanimidad de votos de la Junta.
Edin Yobany de la O Ramos
Denuncia:
El denunciante indicó que el abogado Ramos «favoreció a corruptos con sobreseimientos definitivos a cambio de obtener el exequátur del notariado en 2022», y que además ha gozado de beneficios como carros blindados para uso personal, tiene vínculos personales y profesionales con el expresidente acusado de narcotráfico Juan Orlando Hernández y ahora dice militar en el Partido Libre (denuncia TD-PCSJ-64-2022). En la otra denuncia (TD-PCSJ-110-2022) se le acusa de cometer el delito de prevaricato en el caso Caja Chica de la Dama determinando que la ex primera dama «no era funcionaria».
Descargo:
Sobre las denuncias Edin Yobany respondió que él obtuvo su exequátur de notario luego de catorce años de haber presentado su solicitud y veinticuatro años en el ejercicio de la profesión, y añadió que las resoluciones judiciales se han emitido de forma colegiada y en el marco de la ley, atendiendo la imparcialidad e independencia judicial y con la debida fundamentación y motivación jurídica, e hizo un resumen de cada una, aclarando que hay un proceso en el que no integró el pleno de la Corte de apelaciones en razón de una excusa que presentó.
Edin Yobany aceptó que, de manera verbal y con el fin de optimizar los recursos y la agilización de los procesos penales, le planteó al magistrado presidente del Poder Judicial la necesidad de unificar juzgados, tribunales de sentencia y cortes de apelaciones de los circuitos de crimen organizado y corrupción, pero nunca se presentó ese proyecto. Además, aclaró que no es cierto que haya sido favorecido con vehículos blindados, que tampoco ha sido beneficiado por múltiples viajes al extranjero, solo los ha hecho en su condición de magistrado, pero por invitación de organismos internacionales.
El candidato también añadió que tampoco es cierto que celebró una fiesta privada con el expresidente Juan Orlando Hernández y que tampoco es asesor oculto del presidente de la CSJ; lo que sí reconoció fue que ha integrado plenos judiciales de la CSJ cuando no existe en el pleno de la CSJ.
Resolución:
Denuncias declaradas sin lugar por unanimidad de votos de la Junta.
Yuri Fernando Melara Berlioz
Denuncia:
Conforme a las denuncias TD-PCSJ-61-2022, 103-2022, 128-2022, al abogado notario se le acusó de seguir un procedimiento viciado de nulidad y de obstrucción a una investigación mientras fungía como Fiscal General Adjunto. Además, al postulante le fue revocada la visa americana, y se le denunció de intervenir para obstruir las investigaciones sobre actividades en la tala ilegal de árboles supuestamente realizadas por Comercial Noriega, algo ordenado por el expresidente Ricardo Maduro.
Descargo:
Yuri Melara respondió sobre la TD-PCSJ-13-2022 que los argumentos en su contra se sustentan en un «artículo sensacionalista e irresponsable de El Pulso», quedando desmentidos por la institucionalidad del Estado de Derecho a través de sus órganos competentes, los cuales hace más de 18 años se pronunciaron a su favor. Además, el candidato señaló y acompañó una resolución en forma de auto de desestimación emitida por el Ministerio Público a través de la Fiscalía especial contra la corrupción y luego de 5 años de investigación, la misma resolvió desestimar la denuncia contra Yuri Melara.
Sobre la denuncia de la visa, Melara no comentó las razones por las cuales se le revocó la visa.
Resolución:
Declarada sin lugar por unanimidad de votos de la Junta.
Daniel Arturo Sibrián Bueso
Denuncia:
Se le presentaron cuatro denuncias en contra. Sobre la TD-PCSJ-22-2022, señala que ha tenido una negativa a la hora de dar cumplimiento a la orden del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que había sido denegada por otro miembro del Ministerio Público, y la denuncia asegura que no solo cometió abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, sino que también demostró desapego a los derechos humanos.
En la denuncia TD-PCSJ-56-2022 se señala que el señor Sibrían Bueso ha violentado de manera reiterada los derechos humanos de la persona denunciante, especialmente el derecho al acceso de la información pública, más cuando se ha querido vulnerar su independencia periodística cuando en algunos escritos de denegatoria ha querido dar instrucciones sobre cómo plantear las solicitudes. Las denegatorias y ocultamiento de información han sido especialmente en casos que tienen que ver con hechos contra los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, como el asesinato de Keyla Martínez en una posta policial, y la muerte sospechosa de un policía frente a las instalaciones de la MACCIH-OEA.
Sobre la denuncia TD-PCSJ-109-2022, se indica que Sibrián, en su condición de Fiscal Adjunto, ha cometido actos delictivos al criminalizar protestas y manifestaciones ciudadanas, así como ejecutar persecución judicial contra los defensores de derechos humanos.
En la denuncia TD-PCSJ-129-2022, la persona denunciante manifestó haber sido víctima de sistemáticas violaciones de garantías y derechos fundamentales, laborales, sociales, y económicas por denunciar públicamente las irregularidades y ocultamiento de las autoridades del Ministerio Público.
Descargo:
Sobre la denuncia TD-PCSJ-22-2022, Sibrián respondió que fue un error de él y este fue corregido inmediatamente mediante el uso recurrente del sistema.
Sobre la denuncia TD-PCSJ-72-2022, al tratarse de los mismos señalamientos, la persona postulante argumentó actuar con debida diligencia y manteniendo el respeto sobre las directrices relacionadas con reserva.
En la denuncia TD-PCSJ-109-2022, señalo que él no tiene facultades que se le imputan, y que actúa por designación expresa de Fiscal General y no ha girado instrucciones arbitrarias. Aseguró que él publicó unos tweets, pero que en esos no se pide criminalizar ninguna protesta, sino el resguardo policial de las instalaciones del Ministerio Público.
Sobre la TD-PCSJ-129-2022, el candidato señaló que al momento de estos hechos él era el jefe de división legal del Ministerio Público y que la denuncia trata de una función administrativa y no tiene relación con los procesos de investigación penal.
Resolución:
La Junta admitió que existe un conflicto laboral no resuelto en el caso de la doctora Senma Julissa Villanueva (denuncia TD-PCSJ-129-2022) , pero que no es posible concluir que Sibrian haya irrespetado la Ley. Las denuncias fueron declaradas sin lugar por unanimidad de votos de la Junta.
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