Las últimas investigaciones que hizo Juan López apuntan a empresas vinculadas a estructuras criminales beneficiadas por el alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez. Previo a su asesinato, el 14 de septiembre de 2024, Juan López investigaba a Xiomara Lideny Molina Tábora, quien recibió contratos millonarios de la alcaldía de Tocoa. Once meses después del crimen, Contracorriente revela que tres empresas vinculadas a Molina y a familiares de la presunta banda criminal «Los Tábora» recibieron pagos por más de 4,6 millones de lempiras solo en 2024. Con esto, Juan pretendía evidenciar los vínculos del alcalde Adán Fúnez con la corrupción y personas relacionadas a supuestos grupos armados, pero fue silenciado.
Texto: Jared Olson y Fernando Silva
Edición: Jennifer Avila
Fotografía: Fernando Destephen y Seth Berry
Un día de agosto de 2024, cuando le quedaba poco menos de un mes de vida, Juan López llegó a la casa de un empleado de la municipalidad de Tocoa, Colón; el pueblo en la costa norte donde ambos vivían. Juan, quien era reconocido en su comunidad como un ferviente defensor del agua y luchador social, había logrado ganar un puesto como regidor municipal y estando dentro de ese sistema había encontrado algo grave: documentos que podían comprometer al gobierno local con corrupción y la operación de un grupo armado en la zona. Y es que la alcaldía de Tocoa había sido ya en repetidas ocasiones señalada por activistas como Juan como una mafia que garantiza el poder de empresas extractivistas transnacionales. Entonces ese día, en casa de este empleado a quien no podemos identificar por riesgos a su seguridad, Juan quería confirmar con él la información que tenía para denunciar públicamente a una estructura corrupta en la alcaldía y advirtió que sentía que cargar esos documentos era como portar una sentencia de muerte.
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En 2018, Juan López se volvió una de las caras más visibles de la lucha en contra de la empresa minera Inversiones los Pinares, un proyecto que envenenó y secó el Río Guapinol, cuya expansión ilegal provocó un auge de represión, violencia, desplazamiento y miedo en los pueblos cercanos. López conoció esa represión de primera mano: fue encarcelado por 13 días en 2019 como parte de un grupo de 32 defensores del agua procesados judicialmente de manera arbitraria y también le tocó enterrar a cinco compañeros de lucha después de ser asesinados.
El saqueo extractivista fue sostenido por la municipalidad bajo el liderazgo de Adán Fúnez, alcalde por el Partido Libre, quien según varias investigaciones, maneja esta institución de poder local como una mafia de clientelismo y corrupción que aseguró el control de la empresa minera.
Así fue como en agosto de 2024, Juan López consiguió pruebas de supuesta corrupción interna en la municipalidad de Fúnez, quien además es protegido por la cúpula familiar del partido oficialista. Según la fuente consultada, las pruebas que cargaba Juan mostraban supuesta malversación de caudales públicos.
Lo que se perdió en el fuego
La noche del 4 julio de 2024 hubo un incendio que inició en la sección de «Tributación» en la municipalidad de Tocoa. Para ese entonces ya se había corrido la voz sobre unos documentos que generaban preocupación en quienes manejaban las arcas municipales. Según testimonios, los guardias fueron advertidos de que habría «un sabotaje», pero también se les aseguró que no sufrirían consecuencias si permitían que ocurriera.
Fue después de ese fuego cuando Juan López y otros regidores municipales de oposición exigieron la planilla de salarios del año fiscal 2024, que incluía el sueldo del propio alcalde. Menos de un mes después, un denunciante anónimo apuntó que había empleados que cobraban salarios sin asistir a sus labores y fondos públicos estaban siendo desviados a través de una mujer vinculada con Fúnez, para financiar un negocio en Quebrada de Arena relacionado con un grupo armado.
Según documentación obtenida por López, una comerciante llamada Xiomara Lideny Molina Tábora habría usado fondos municipales para financiar un pequeño restaurante en Quebrada de Arena —un local que vende jugos, baleadas y comida típica—. Para Juan, los pagos a empresas relacionadas con Molina eran una muestra clara del clientelismo presupuestario que Fúnez promovía para beneficiar a personas vinculadas con grupos denunciados por operar como bandas criminales.
Documentos de contrataciones del portal de transparencia de la municipalidad de Tocoa confirman lo que López investigaba. Entre febrero y diciembre de 2024, el alcalde Adán Fúnez emitió 38 órdenes de compra a favor de Servicios e Inversiones Lideny, ubicada en Quebrada de Arena, propiedad de Xiomara Lideny Molina Tábora, y en cuyas facturas figuran su correo electrónico y su registro tributario numérico (RTN). En total, ese año el negocio recibió 3.1 millones de lempiras, casi en su totalidad por servicios de alimentación en eventos y actividades de la municipalidad y de otras instancias financiadas por la alcaldía.
Los documentos del portal de transparencia también revelan inconsistencias que podrían haber motivado la investigación de Juan López. En abril de 2024, Fúnez firmó una orden de compra a favor de la empresa de Xiomara Molina para pagar 103,500 lempiras por 400 almuerzos para el personal de la Unidad Técnica Municipal (UTM) durante un supuesto levantamiento de base en varias comunidades, en este caso, en la comunidad de Prieta.
Aunque no todos los procesos de compra cuentan con respaldo documental en el portal, este pago —realizado en septiembre pese a que la orden se emitió en abril— incluye 5 listados de 20 personas que supuestamente integraban la UTM. Sin embargo, según las planillas oficiales publicadas en el mismo portal, la unidad está conformada por 8 personas, de las cuales 4 son técnicos. Los listados también muestran inconsistencias pues aparentan haber sido llenados y firmados por una sola persona.
Molina Tábora, residente de Quebrada de Arena, ha sido cercana al alcalde Fúnez desde inicios de los años 2000, según cinco fuentes consultadas. Esa relación también se refleja en un documento de cancelación de gravamen del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) de 2016, que registra un préstamo hipotecario a favor de Fúnez con Xiomara Lideny Molina Tábora y su padre, José Rosa Molina, como avales o garantes hipotecarios.
Molina Tábora también es familiar de «Los Tábora», como se le conoce en la comunidad de Ceibita a una supuesta banda criminal con vínculos con la alcaldía. Uno de sus presuntos líderes y tío de Xiomara Molina, Luis Alonso Tábora Henríquez, reemplazó en 2018 a Otoniel Flores, un extrabajador de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) que después trabajó en las empresas del empresario minero, Lenir Pérez. Tábora Henríquez fue asesinado en 2019, tras haber sido deportado de los Estados Unidos.
Xiomara Molina no solo ha estado vinculada a contrataciones con la municipalidad de Tocoa a través de Servicios e Inversiones Lideny. Un documento de agosto de 2024, sobre una contratación en el Centro Nacional de Educación para el Trabajo, la identifica como contacto de su madre, María Juventina Tábora Henríquez, propietaria del Comedor Nayali. Entre febrero y diciembre de 2024, este negocio recibió 4 órdenes de compra correspondientes a pagos por 545,545 lempiras de parte de la municipalidad dirigida por Adán Fúnez.
María Juventina Tabora Henriquez es hermana del exlíder de «Los Tabora» Luis Alonso Tábora Henríquez, y a su vez está vinculada con la empresa Servicios Tecnológicos Computacionales Molina (Sertecm) propiedad de Nolvia Iris Molina Tábora. Las facturas de los dos lugares presentadas ante la municipalidad comparten el correo electrónico sertectocoa@gmail.com.
El 22 de julio, tras el incendio, la municipalidad de Tocoa emitió una orden de compra a favor de Sertecm por 275,390 lempiras para «la compra de equipo y mobiliario de oficina para el departamento de Tesorería». En total, entre febrero y diciembre de 2024, Sertecm se benefició con 16 órdenes de compra correspondientes a pagos por 906,970 lempiras de parte de la municipalidad de Tocoa.
La documentación de los procesos de compra entre abril y los primeros días de julio de ese año no fue subida al portal de transparencia; en su lugar, se colocó una nota aclaratoria que indica que el incendio consumió la totalidad de los documentos desde 2015. La última carga de información al portal había sido el 2 de julio de 2024, con procesos correspondientes hasta marzo. Sin embargo, al final de la última nota aclaratoria de julio se detallan algunos de los cheques emitidos en los primeros días de ese mes: fueron 10, y la mitad correspondió a pagos para Xiomara Molina por un total de 278,737 lempiras.
Después del asesinato de López, un exfuncionario municipal en el exilio aseguró que «Adán tiene a su disposición un grupo de sicarios que son familiares de Xiomara Molina» y que esto era particularmente sospechoso tras el crimen de alto impacto contra López.
En los meses cercanos al asesinato de Juan López, los pagos a estas empresas siguieron fluyendo desde la alcaldía de Tocoa. Entre agosto y octubre de 2024, Servicios e Inversiones Lideny, propiedad de Molina, cobró 723,237 lempiras por servicios de alimentación. En ese mismo periodo, el Comedor Nayali recibió 63,928 lempiras por el mismo concepto y Sertec facturó 480,025 lempiras por la venta de mobiliario y papelería.
«Los Tábora» han sido señalados por actos de violencia durante la represión contra los defensores del ambiente que se opusieron a Inversiones Los Pinares entre 2018 y 2019. Años más tarde, Molina fue señalada por fuentes locales como una figura cercana a Fúnez con vínculos hacia «Los Cachos», una banda criminal acusada de estar implicada en múltiples asesinatos y ataques armados. Esta banda forma parte de una estructura criminal más amplia que incluye a exmiembros de «Los Tábora».
Otros miembros de la familia Molina también han sido vinculados al alcalde y a redes criminales. En enero de 2024, Mario Molina, primo hermano de Xiomara, se presentó como exmiembro del movimiento campesino y quería hablar con nosotros sobre supuestos abusos internos. Sin embargo, evitó grabar la entrevista incluso bajo anonimato. Ahora tiene una órden de captura pública por su supuesta participación en ataques armados vinculados a «Los Cachos» en enero.
No es nueva la acusación de que Adán Fúnez apoya a grupos armados para intimidar, desaparecer o asesinar a opositores de los intereses extractivistas. En febrero de 2025, Fúnez reconoció haberse reunido con Juan Carlos Lizama, líder de «Los Cachos» durante una manifestación en marzo de 2024 contra la instalación del basurero municipal en la zona de Quebrada de Arena. Afirmó haber actuado como «mediador». En los 2010, Fúnez fue señalado como un aliado de un grupo paramilitar vinculado a un militar contratado como asesor de seguridad para Corporación Dinant en La Confianza, a unos minutos de Tocoa, donde residentes aseguran que solían ver al alcalde reuniéndose con sicarios en sus casas.
Según el expediente de Juan Carlos Lizama, obtenido por Contracorriente, el supuesto sicario salió de la cárcel en Olanchito en febrero de 2023 con la ayuda de Karen Elencoff, una abogada vinculada al Partido Liberal quien representó a Ramón Lobo en un caso de malversación de fondos, y obtuvo una «constancia de trabajo» proveída por la municipalidad de Tocoa.
El Ministerio Público a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) allanó la municipalidad de Tocoa por dos denuncias de corrupción en febrero de 2025. Hasta el momento no se ha emitido orden de captura sobre este caso y no se ha hecho público los detalles del mismo.
Contactamos a través de llamada telefónica y mensajes de whatsapp al alcalde Adán Fúnez y a la comerciante Xiomara Molina a dos de sus celulares registrados en los procesos de contratación pública, ninguno de los dos respondió a nuestras peticiones de entrevista sobre el tema.
También se contactó al Ministerio Público a través de Edgardo Cruz, coordinador de Relaciones Públicas, quien informó que la Atic ejecutó el secuestro de documentos en febrero de este año como parte de una investigación por la falta de pagos de la municipalidad al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Añadió que todas las diligencias investigativas han continuado su curso pese al incendio ocurrido en julio de 2024 en el edificio municipal.
Juan en el Aguán
Juan López vivió toda su vida en medio del conflictivo valle del Aguán, una zona asediada no solo por el narcotráfico sino por las guerras sucias recurrentes sobre el control de megaproyectos mineros y fincas palmeras.
Religioso y aguerrido, siempre con un libro en la mano, Juan hablaba constantemente con periodistas, académicos, activistas y feligreses de la iglesia sobre cómo desmantelar las injusticias en Honduras desde su experiencia en las luchas comunitarias en defensa del agua, el territorio y los derechos humanos. Su filosofía quedó plasmada en decenas de ensayos que escribió y envió a sus contactos de whatsapp sobre Dios y la obligación moral de proteger el planeta y a los pobres de los estragos del capitalismo. Su activismo lo llevó a una confrontación con las empresas transnacionales y con las familias terratenientes poderosas que encontraron en el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, un aliado inclaudicable.
Un mes después de que Juan hiciera el descubrimiento de posibles actos de corrupción en la alcaldía, el medio Insight Crime publicó un video, filmado por un narcotraficante contratado por la DEA, que explotó como una granada en el escenario político hondureño. En el video, filmado desde un reloj especializado en 2013, se ve a Adán Fúnez, tranquilo, sentado a la par de Carlos Zelaya, platicando sobre pagos de un narcotraficante para la campaña presidencial de Xiomara Castro. Con la confirmación de sospechas públicas sobre su corrupción publicadas y más evidencia en la mano, López decidió ir a la ofensiva: llegó el momento de derrocar a la mafia política detrás de la minería.
El 2 de septiembre de 2024, López y varios líderes comunitarios del Valle del Aguán se reunieron en las oficinas de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) para una conferencia de prensa. La oficina parece un búnker: después de que fue invadida por sujetos desconocidos en 2019 que saquearon el lugar, el edificio ubicado frente a una calle polvosa de Tocoa fue asegurado con un muro imponente, alambre de púas y cámaras de vigilancia. Allí, Juan dio su último discurso, en un video que fue ampliamente difundido se le ve leyendo con firmeza resuelta la exigencia de renuncia de Adán Fúnez, diciendo que «ya no era la persona indicada» para liderar la comunidad. No paró ahí: exigió, además con la misma fuerza, que Fúnez y Carlos Zelaya debían de ser expulsados del Partido LIBRE.
Después de la conferencia, Juan, quien ya sentía el riesgo inminente, habló en privado con un militante de Libre con el que había compartido sus investigaciones. «Me dijo que había un plan para asesinarnos… y que él estaba preocupado porque todos estábamos indefensos», relató la fuente, cuya identidad se resguarda por motivos de seguridad.
Días después, esta persona estaba en una reunión en otra ciudad, cuando López le escribió con un mensaje urgente, le decía que no regresara a Tocoa. «Se rumorea que… somos culpables de lo que le pasa a Adán Fúnez», le escribió, refiriéndose a la exposición del narco video en el que Fúnez salía implicado. A Juan y sus compañeros ya los habían inculpado de cosas similares en el pasado, como cuando sujetos desconocidos prendieron el fuego que consumió una parte de la municipalidad que contenía documentos importantes.
«Necesito que todos salgamos de acá de la zona porque están súper molestos», le dijo López al militante de Libre y le mostró una conversación en un chat de whatsapp del Sector San Pedro, en el que varios supuestos sicarios de un grupo armado en Cayo Sierra, cuya existencia confirmaron otras cinco fuentes de la zona, comentaron el vídeo del discurso de Juan denunciando a Fúnez y Carlos Zelaya diciendo que: «Ese barbalana se la iba a pagar por bufón» porque ninguna persona, nadie, pudo hablar de Fúnez así sin consecuencias.
López le insistió a su confidente que se fuera aunque este le dijo que seguro él estaba más en riesgo. Juan le dijo que ya tenía planes de irse y que solo le faltaban algunas tareas que realizar antes de subirse a un avión a los Estados Unidos gracias a que le habían comprado un boleto. Nunca llegaría a ese vuelo. Estaría muerto dos días después.
El sistema que Juan intentó desmantelar sigue intacto
Las circunstancias inmediatas que desembocaron en la muerte de Juan López, según múltiples fuentes, comenzaron en enero de 2024, con la planificación de un cabildo abierto en la aldea de Ceibita, al otro lado del río Guapinol. El objetivo de este cabildo era obtener apoyo comunitario para la expansión de una planta termoeléctrica que el gobierno de Xiomara Castro impulsó como una fuente de energía que pudiera «abastecer hasta 40 mil hogares en la región». Este proyecto, según Juan y otras organizaciones como COPA, era parte del megaproyecto minero de Los Pinares, la empresa multi inversiones a la que él se enfrentó por años.
El 31 de enero, la comunidad en contra de esta planta de energía bloqueó la carretera CA-13. Subido en una máquina Caterpillar —decorada con carteles contra la mina y bloqueando la calle— Juan hablaba de uno de los cambios más significativos en la región en los últimos años: la creciente conexión entre el movimiento campesino y el movimiento ambientalista, entre las zonas rurales y urbanas.
El hecho de que el cabildo no pudiera realizarse por las protestas fue, según una fuente local, «un problema serio» para el alcalde Adán Fúnez. Esta fuente subrayó que la urgencia por concretar la asamblea ciudadana venía de intereses mucho más poderosos detrás del edil. «Adán tenía que cumplir con la empresa. Ejecutar ese cabildo, costara lo que costara».
Y costó: el evento fue reprogramado para julio y se llevó a cabo bajo un fuerte despliegue de seguridad. Más de 300 manifestantes que llegaron al desvío hacia Ceibita fueron recibidos por un cerco de la Policía Militar. Para el párroco de Tocoa, Carlos Orellana —amigo de Juan López—, la presencia de las fuerzas del orden indicaba que «el señor alcalde sabía que iba a haber una manifestación».
Pocos manifestantes lograron ingresar al poblado, ubicado a la sombra imponente de la fábrica procesadora de Inversiones Los Pinares: un complejo de ocho pisos, con estructuras metálicas expuestas, columnas humeantes y cintas transportadoras, visible desde medio kilómetro de distancia. Ceibita, además, era conocida por haber sido el hogar de «Los Tábora».
Ese día, la expansión de la planta de energía fue aprobada. Adán Fúnez se retiró escoltado por una línea de policías con escudos antimotines. También estuvieron presentes varios funcionarios de alto rango del gobierno de Xiomara Castro: entre ellos, el entonces ministro de MiAmbiente, Lucky Medina, un representante de la Procuraduría General de la República y un delegado del CONADEH. Medina es ahora el coordinador de campaña de Rixi Moncada, la candidata oficialista a la presidencia.
Fue una confirmación más de que el gobierno se alineó rápidamente con una política que favorecía los intereses de la industria minera, a pesar de su discurso socialista.
Diez días después, la alcaldía de Tocoa fue parcialmente consumida por el fuego. Las oficinas de Medio Ambiente, Control Tributario y Tesorería —que contenían registros salariales y documentos clave sobre el proceso de expansión minera— fueron destruidas. Al día siguiente, bajo un árbol frondoso frente al cascarón calcinado del edificio municipal, se convocó a una reunión de empleados. Allí se les ordenó guardar silencio sobre lo ocurrido y evitar hablar con la prensa.
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El padre Carlos Orellana no pudo creer la noticia cuando la escuchó. Eran poco más de las 8 de la noche del sábado 14 de septiembre. Su asistente le dijo: «Padre», le dijo, «asesinaron a Juanito», «¿Cuál Juanito?» respondió, luego corrió a la escena. Allí afuera de la iglesia en el barrio Fabio Ochoa de Tocoa estaba aún inclinado, con el pecho empapado de sangre, su amigo Juan.
Solo pasaron doce días entre su denuncia pública contra Adán Fúnez y el asesinato. Tras el crimen, pasaron dos semanas, y la policía de Honduras capturó a los tres autores materiales. Seis meses después, el medio Infobae publicó que Adán Fúnez fue señalado como el autor intelectual del crimen, dejando a la luz que habían incautado un video de una cámara de seguridad en el que se podía ver al alcalde platicando con uno de los sicarios horas antes de matar a Juan. El Ministerio Público se ha negado a dar información sobre sus investigaciones.
El alcalde Adán Fúnez sigue sin ser requerido y sigue sin ser expulsado del Partido Libre, al igual que Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta de Honduras.
El 14 de agosto de 2025, a once meses del asesinato de Juan, la audiencia preliminar en contra de los supuestos asesinos del ambientalista se suspendió debido a la solicitud de la defensa de los imputados que alegó que no tuvo acceso a algunas pruebas presentadas por el Ministerio Público, el jueves 21 de agosto está previsto que esta audiencia preliminar se reanude. Mientras tanto, el Aguán que dejó Juan sigue pidiendo justicia.
1 comentario en “Juan López investigó corrupción en la alcaldía de Adán Fúnez antes de ser asesinado”
Soy de tocoa y lo que más me da coraje, que siguen apoyando a este mismo partido,.que le dieron muerte a nuestro hermano y amigo Juan López. (.)