Organizaciones hondureñas y el Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS) de la Universidad de California, presentaron una petición urgente al Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, alertando sobre proyectos legislativos y extractivos en Honduras que ponen en riesgo la seguridad alimentaria, la soberanía territorial y los derechos de comunidades campesinas e indígenas. Entre esas amenazas se cuenta la falta de atención estatal efectiva a la violencia contra defensores y defensoras del ambiente, y la reaparición de la «Ley Monsanto», que busca limitar el uso de semillas tradicionales por parte de la población indigena y campesina.
Texto: Abigail Gonzales
Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC
El 18 de junio de 2025, tanto organizaciones nacionales como internacionales presentaron una petición ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, solicitando que inste al Estado de Honduras a detener el avance de iniciativas legislativas las cuales representan una amenaza directa al derecho a la alimentación. Asimismo, advierten que dichas políticas podrían afectar a las comunidades que dependen de la agricultura local y de sus territorios ancestrales para la subsistencia.
En la petición participó el Centro Hondureño para la Promoción del Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE), la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CONROA) y el Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS) de la Universidad de California.
En el documento identifican tres áreas críticas: la falta de acceso a la tierra y la emergencia climática minan los medios de subsistencia de indígenas y campesinos; las políticas del Estado hondureño amenazan el derecho a la alimentación de los pueblos campesinos e indígenas; y la violencia contra miembros de estas poblaciones que defienden sus tierras.
La falta de acceso a la tierra y la emergencia climática minan los medios de subsistencia de indígenas y campesinos.
Las organizaciones, señalan que los altos niveles de desnutrición y la falta de soberanía alimentaria en Honduras están vinculados a una historia de despojo de tierras que afecta a comunidades indígenas y campesinas. Este proceso, indican, se ve agravado por la alta vulnerabilidad del país ante los efectos del cambio climático.
Además, sostienen que en Honduras la tierra tiene arraigo cultural, económico y espiritual para pueblos indígenas y campesinos. En el caso de los pueblos indígenas, el vínculo con el territorio está relacionado con conocimientos tradicionales y la administración ancestral de la tierra. Por su parte, los campesinos han mantenido una conexión con la tierra a través de generaciones de cultivo y organización colectiva para asegurar su acceso y propiedad.
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En una entrevista para Contracorriente, Donald Hernández, director de CEHPRODEC, explicó que en el país persiste una visión reduccionista del acceso a la tierra, obviando su valor vital como sustento alimentario y derecho cultural.
Además, cuestionó la falta de interés del Estado hondureño en atender el impacto de la crisis climática, a pesar de que sus efectos son evidentes en los territorios. Señaló que no existe una apuesta institucional por estudiar estos impactos ni por desarrollar acciones que los prevengan.
Asimismo, señaló que presentaron al relator, Fakhri, información sobre la escalada de violencia y criminalización contra quienes defienden la tierra y los recursos naturales. Explicó que esta represión se vincula directamente con la lucha por el derecho a la alimentación. «Exigir que haya un plato de comida en la mesa de las familias en los territorios conlleva a preguntarnos qué está pasando con el agua, con la semilla, con la tierra, que son elementos determinantes para garantizar ese derecho», subrayó.
Las organizaciones recuerdan que el Estado de Honduras reconoció, mediante el establecimiento de reservas nacionales, los territorios indígenas y el otorgamiento de ciertos derechos comunitarios. Además, destacan el papel de las cooperativas campesinas durante la vigencia de la Ley de Reforma Agraria de 1974 que impulsó la propiedad colectiva y promovió asentamientos campesinos en regiones como el Bajo Aguán.
Sin embargo, sostienen que estos derechos fueron debilitados de forma sistemática tras la aprobación de la Ley de Modernización del Sector Agrícola en 1992. Esta normativa, señalan las organizaciones, permitió la adquisición agresiva de tierras por parte de intereses privados, incluyendo territorios que estaban destinados a la propiedad colectiva, lo cual redujo el acceso de las comunidades campesinas a tierras comunales.
De acuerdo con el documento, la implementación de esta ley fue acompañada por prácticas de desposesión impulsadas tanto por agentes estatales como privados. Entre ellas se mencionan la manipulación de los procesos de titulación, la violación de límites legales sobre la propiedad, la aplicación sesgada de la ley y el uso de la violencia. Se afirma que instituciones como el Instituto Nacional Agrario (INA) actuaron en beneficio de grupos económicos influyentes.
Las organizaciones también señalan que, tras la aprobación de la ley, líderes campesinos fueron presionados o engañados para vender tierras de propiedad colectiva, a pesar de las normas que prohíben estas ventas individuales. Además, señalan que cooperativas campesinas fueron forzadas a endeudarse y que se facilitó el financiamiento estatal a empresas agroindustriales, especialmente en el sector de la palma africana. Como consecuencia, el documento indica que menos del 5% de los propietarios controlan más del 60% de las tierras fértiles del país.
En una entrevista para Contracorriente, el director de ANAFAE, Octavio Sánchez, explicó que esta ley facilitó una concentración de tierras que agravó el despojo en zonas campesinas. Según detalló, «las cooperativas de la reforma agraria, con la Ley de Modernización Agrícola de los años 90 impulsada por el expresidente Rafael Callejas, abrió la ventana para que, algunos campesinos vendieran sus tierras, pero a otros los amenazaron, los obligaron a vender y, en algunos casos, incluso los mataron para que los demás tuvieran miedo y vendieran» expresó.
Sánchez señaló que esta situación coincide con lo ocurrido en el Bajo Aguán, donde, afirma, que «tres familias, entre ellas la de Miguel Facussé y la familia Morales, son dueñas de la mayoría del territorio». Añadió que también en el Valle de Sula se registra una alta concentración de tierras por parte de empresas productoras de palma africana, banano y caña de azúcar.
El informe señala que muy pocos pueblos indígenas y campesinos cuentan con títulos formales y colectivos sobre la tierra, y que la mayoría depende de sistemas de tenencia consuetudinaria, es decir que poseen y usan la tierra según las costumbres y normas tradicionales de sus comunidades, sin tener un documento oficial que lo certifique ante el Estado.
Según la petición, los intentos por formalizar estos derechos han sido obstaculizados por instituciones estatales consideradas ineficientes y corruptas, como el INA y el Instituto de la Propiedad (IP) lo que ha dejado a estas comunidades en una posición de mayor vulnerabilidad frente a la pérdida de tierras.
Además, el informe señala que a pesar de que Honduras contribuye con menos del 0.1 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, ha sido uno de los tres países más afectados por fenómenos meteorológicos extremos entre 1993 y 2022.
Los huracanes, sequías prolongadas, inundaciones y el aumento del nivel del mar representan amenazas constantes para la seguridad alimentaria del país. Ante este panorama, organizaciones internacionales han denunciado la falta de medidas estatales de adaptación climática dirigidas a las poblaciones más expuestas, especialmente comunidades indígenas, campesinas y costeras.
En una entrevista para Contracorriente, la abogada Julie Bourdoiseau, del CGRS, subraya que el Estado de Honduras no sólo ha hecho caso omiso en su obligación de apoyar proyectos de resiliencia climática, sino que ha adoptado políticas que profundizan los impactos de la crisis y señala que la responsabilidad mínima es de no agravar aún más la situación.
Además, Bourdoiseau agregó que, aunque fenómenos como las sequías ya destruyen cosechas en varias regiones del país, el impacto se multiplica cuando se aprueban proyectos extractivos que contaminan o agotan las escasas fuentes de agua.
El impacto de las políticas estatales en el derecho a la alimentación de pueblos indígenas y campesinos
Según las organizaciones, entre las políticas estatales que afectan el acceso a la alimentación, se ha promovido la expansión de megaproyectos industriales sin garantizar procesos adecuados de evaluación ambiental ni mecanismos de consulta comunitaria. Esta situación ha generado afectaciones directas sobre los medios de vida sostenibles, el acceso a fuentes de agua, la biodiversidad y la capacidad de producción de alimentos de las comunidades afectadas.
La concesión de tierras y recursos a empresas multinacionales, sin procesos de participación significativa de las comunidades locales, ha generado despojo de territorios y desplazamientos forzados.
Bourdoiseau, coincide que la falta de consulta y evaluación ambiental en los megaproyectos vulnera el derecho a la alimentación y genera desplazamientos forzados.
Por su parte, Donald Hernández, señala que «el gobierno sigue cediendo ante las presiones empresariales, pero lo que era malo antes sigue siendo malo hoy: el desplazamiento, la contaminación, el despojo» enfatizó.
Agregó que, además de estos problemas, persiste la preocupación por otro factor que impacta directamente en la producción y el acceso a alimentos en los territorios: el avance de los procesos vinculados a la ley de minería. Según explicó, «la presidenta de la República, Xiomara Castro, se comprometió a eliminar la minería a cielo abierto, pero en diciembre del año pasado, contrario a lo que prometió en campaña, hubo un interés de Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) de aprobar una nueva política minera».
Dicha propuesta, dijo Hernández, promueve a la minería como «beneficiosa y que va a generar una gran cantidad de empleos, y se empezó a trabajar un plan que, si no hubiese sido porque nos movimos y mandamos comunicaciones a la presidenta, se hubiese concretado». Aunque la iniciativa no prosperó, advirtió que «la presión está ahí».
Asimismo, las organizaciones alertan sobre la Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental, que permitiría aprobar licencias ambientales mediante un proceso administrativo «simplificado», sin garantizar consultas previas.
Esa Ley fue presentada el 7 de mayo de 2025, por el presidente del Congreso Nacional (CN) Luis Redondo, y según él mismo, la iniciativa busca establecer un marco jurídico especial para «agilizar los trámites de licenciamiento ambiental en proyectos considerados de alto potencial productivo, económico y social».
Según el presidente de la Cámara de Comercio de Industria de Cortés (CCIC), Karim Qubain, esta ley permitiría liberar más de 400 licencias ambientales y facilitar inversiones por un valor estimado de 4,000 millones de dólares, con impactos positivos en la generación de empleo. Según una publicación en las redes sociales del Congreso Nacional, esta propuesta se ha dado a raíz de una colaboración entre ese poder del Estado, la empresa privada y la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Serna).
Será justamente la Serna la entidad encargada de aplicar este mecanismo especial y deberá priorizar aquellos proyectos que generen empleo, representen inversiones significativas o mejoren infraestructura esencial.
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Por su parte, Hernández, señaló que esto representa un retroceso, ya que uno de los grandes logros de las organizaciones ambientalistas en el país es que «no se entreguen las licencias ambientales como cartas de invitación» expresó.
También advirtió que este tipo de políticas pone en riesgo los recursos naturales y a las comunidades: «estos candados han permitido que no se continúe depredando el bosque, contaminando las comunidades, contaminando las aguas a costa de un interés económico».
Asimismo, el documento señala que Honduras no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, evidenciando una débil protección de los derechos ambientales.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional adoptado en 2018 y vigente desde 2021, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en decisiones ambientales y el acceso a la justicia en estos temas. El acuerdo también promueve la cooperación y el fortalecimiento de capacidades para proteger el derecho de las personas, presentes y futuras, a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Congreso Nacional reactiva y da nuevo rostro a la «Ley Monsanto»
Además, las organizaciones han advertido sobre la posible reactivación de la denominada «Ley Monsanto», una normativa derogada en 2021 tras varios años de oposición por parte de sectores campesinos y organizaciones como Anafae.
La ley, oficialmente conocida como Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, fue aprobada por el Congreso Nacional en 2012. En el contexto de Honduras, esta Ley obligaba a las ciudadanas y ciudadanos a realizar un proceso para hacerse obtentor de una especie vegetal, gozando sólo de esta forma con los derechos de producción y de transmisión de esta.
En 2015, Anafae presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el cual fue rechazado en 2017. Posteriormente, en 2018, interpuso un segundo recurso, argumentando que la ley atenta contra el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria. Este fue admitido y, finalmente, la CSJ declaró la norma inconstitucional a finales de 2021.
Sin embargo, el director de Anafae, explicó que en marzo de 2025, fue contactado por una representante del CN, quien le informó sobre la creación de un Comité Técnico de Semillas con el objetivo de retomar la derogada Ley Monsanto y trabajar en una nueva Ley de Semillas. «Me invitaron a la reunión y yo les pedí que me explicaran los objetivos, porque no iba a legitimar algo con lo que no estoy de acuerdo. Después de eso, ya no me volvieron a invitar», aseguró.
Según Sánchez, el comité estaba integrado por personal del Congreso, representantes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano y de al menos una organización no gubernamental.
Ante esta situación, Anafae lanzó una campaña de información pública a través de redes sociales, con el fin de advertir sobre los riesgos de una nueva legislación que limite el uso de semillas tradicionales por parte de comunidades campesinas e indígenas.
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Asimismo, las organizaciones señalaron la promulgación de una nueva ley de semillas en Honduras que podría restringir el uso y conservación de semillas tradicionales, afectando la capacidad de las comunidades campesinas e indígenas para producir alimentos adaptados a sus condiciones agroecológicas.
En este sentido, Sánchez, señaló que, actualmente, la única legislación vigente en materia de semillas en Honduras es la Ley sobre Producción y Comercio de Semillas aprobada en 1980. Posteriormente, en mayo de 2021, durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, se elaboró el Reglamento General de Semillas.
Ante esto, Sánchez, señaló que ese gobierno intentó, vía reglamento, volver a restringir el uso de semillas por parte de campesinos y comunidades indígenas. Explicó que, si bien no se oponen a que los productores compren semillas certificadas en establecimientos comerciales, históricamente las comunidades han conservado y utilizado sus propias semillas como parte de sus prácticas agrícolas tradicionales.
Hernández informó que Anafae realizará un estudio para documentar las distintas formas en que los pueblos originarios y campesinos almacenan semillas como maíz, frijol, arroz, yuca, camote y maicillo entre ciclos productivos. Afirmó que el reglamento propuesto representaba un retroceso, razón por la cual distintas organizaciones realizaron movilizaciones y un plantón frente a Casa Presidencial en 2023. A raíz de esa acción, la presidenta Castro, ordenó a Ángel Aguilar director del Senasa a reunirse con las organizaciones para revisar el reglamento.
Sánchez, señaló, que se creó una comisión conjunta entre el gobierno y representantes campesinos e indígenas, lo que permitió modificar el reglamento vigente. La versión actual establece que el Estado regula el comercio de semillas certificadas, pero reconoce que el reglamento no se aplica a las semillas campesinas e indígenas, y garantiza el derecho de estas comunidades a continuar utilizando sus propios materiales.
Violencia contra campesinos e indígenas que defienden sus tierras.
Las organizaciones también denunciaron la creciente violencia y criminalización que enfrentan campesinos e indígenas hondureños que defienden sus territorios frente a proyectos extractivos. Según el documento, esta situación ha empeorado a medida que se han debilitado las protecciones legales sobre los derechos colectivos a la tierra.
El informe señala que Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos para los defensores de la tierra. En 2023, se registró la tasa per cápita más alta del mundo en asesinatos contra estos defensores y defensoras, y las agresiones incluyen tortura, asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos.
El 26 de febrero de 2025, un padre y su hijo que se oponían a la tala ilegal fueron asesinados y descuartizados, en un hecho que reflejó la grave situación de violencia que enfrentan los defensores de la tierra en Honduras. Y en septiembre de 2024 fue asesinado el ambientalista Juan López, pese a que contaba con medidas de protección ordenadas por el Estado.
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Entre otros casos, también se documenta el asesinato de un defensor lenca en 2022, quien fue torturado y asesinado por oponerse a proyectos extractivos en las cercanías del río sagrado Gualcarque; y ese mismo año, un defensor tolupán fue asesinado en Comayagua, mientras que, en el departamento de Yoro, varios líderes indígenas recibieron amenazas de muerte.
Además de la violencia física, el documento resalta el uso del sistema judicial como mecanismo de criminalización. Defensores campesinos e indígenas han sido detenidos preventivamente durante años sin juicio, y enfrentan cargos por delitos como usurpación o asociación ilícita. Las organizaciones afirman que se han registrado casos de manipulación de pruebas y prolongación deliberada de procesos judiciales, lo que impide la defensa efectiva de sus derechos.
Finalmente, advierten sobre los riesgos que plantea el proyecto de prospección petrolífera en el Caribe hondureño, que avanza sin consulta previa con los pueblos potencialmente afectados. Según la presentación, la exclusión de las comunidades de los procesos de decisión y la falta de evaluaciones ambientales incrementan la posibilidad de represión legal o violenta contra quienes se opongan a estos desarrollos.
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